Durante el primer trimestre del 2015, se evidenció cómo se posicionaron las fuerzas políticas y los movimientos políticos y sociales frente al poder, ya sea que el horizonte sea la próxima marcha o movilización, las reformas constitucionales o las elecciones generales del 2017.
Foto:  Los asambleístas de AP hicieron una marcha hacia la Corte Constitucional para dejar las propuestas de enmienda a la Constitución redactadas por el Ejecutivo (Imagen de El Universo).
El presidente Rafael Correa tiene controlada la situación: tiene en el Poder Legislativo. La Asamblea  se dedica a aprobar todas las leyes que él envía. Iniciado el año, los legisladores de AP (100, mayoría absoluta de entre 137 legisladores) aprobaron la Ley de Telecomunicaciones, continuaron con el debate de la ley de Tierras, entre otras y mientras diversos grupos de oposición se pronuncian sobre las enmiendas/reformas constitucionales, la Asamblea Nacional inicia en enero un proceso de “socialización” que arranca en la ciudad de Montecristi (emblemática cuna de la Constitución que se intenta cambiar). Este proceso es un mecanismo de intentar dar un ropaje de legitimidad a la futura aprobación de las reformas constitucionales, formuladas por el Ejecutivo.
En cuanto al Poder Judicial, la posesión de los nuevos jueces siguió el mismo guion que el país ya vio respecto de la depuración de los asambleístas de Alianza País, solo hay lugar para los leales. El proceso no sólo fue cuestionado nacionalmente, Human Rights Watch envió una carta al Presidente del Consejo de la Judicatura expresando su preocupación por la independencia de la Justicia en Ecuador.
En ese esquema, el leal Procurador General de la Nación, Diego García Carrión, renovó un tercer período de cuatro años.
Tan preocupante como la justicia es lo sucedido con los nuevos poderes: el electoral y el ciudadano. Ante la renovación de las autoridades del Consejo Nacional Electoral, Paúl Salazar aprovechó la ausencia del país del Presidente para conseguir la presidencia del organismo electoral, el gusto le duró ocho días, a su retorno el Presidente Correa forzó a la institución a nombrar a su candidato, Juan Pablo Pozo, aunque para ello debieran violar su propia normativa.
La lección para propios y ajenos fue clarísima, solo la voluntad presidencial cuenta y un presidir el Consejo Nacional Electoral únicamente puede ser para alguien de probada lealtad como Pozo y no por un individuo que, aunque sirva al Gobierno, tenga agenda propia.
El renovado CNE continúo y profundizó la gestión de denegar solicitudes de consultas y revocatorias de mandato presentadas por quienes no eran afines al gobierno, ni siquiera aceptó el informe de la Contraloría General de la Nación sobre las irregularidades en el proceso de verificación de firmas de 2012.
Los cambios en el CNE contaminan el proceso de renovación del llamado Quinto Poder. Juan Pablo Pozo, a cargo de la convocatoria para renovar a los nuevos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), se rehúsa a publicar las carpetas de los postulantes, pese a que esto viola la Constitución que dice que este proceso debe estar sujeto a escrutinio público.  Como en el caso de la consulta para las reformas constitucionales, el blindaje de Correa no deja salida institucional ante la arbitrariedad.  La respuesta es la denuncia pública y levantar la indignación en redes sociales.
Foto:  Juan Pablo Pozo, presidente del CNE, feliz, tras hacer el anuncio de que no se harían públicos los perfiles de los postulantes al CPCC (Imagen: El Comercio).
La reputación del CNE es tal que el anuncio de la implementación del voto electrónico para 2017 generó la suspicacia de muchos que incluso pronostican desde ya que sería la receta para el fraude electoral.
Pero el régimen no se conforma con mantener control de todas funciones del Estado en el Ecuador, este trimestre el Presidente exhibió sus cartas con una audaz movida de cortejo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  Crítico acérrimo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al punto de irrespetar en varias ocasiones las medidas cautelares que esta dicta e intentar menoscabar su gestión, el Presidente Correa cambió su táctica ofreciendo financiamiento a la Corte, instancia superior, en el marco del fortalecimiento de la campaña a favor del candidato ecuatoriano, Patricio Pazmiño, ahora que la Corte renueva sus jueces.  De ser nombrado Pazmiño, actual Presidente de la Corte Constitucional del Ecuador con un historial de corrupción y complicidad con el régimen de Correa, él sería el “Caballo de Troya” en un espacio que los ecuatorianos perseguidos por el gobierno ven cada vez más como su último recurso.
Mientras Correa intenta expandir su control y limitar el ejercicio de derechos de sus ciudadanos más allá de sus fronteras, los movimientos políticos y grupos sociales también se mueven en el Ecuador.  Uno de los temas es el de la exigencia de consulta sobre las reformas constitucionales.
Quienes se oponen a las reformas han sido hasta ahora más eficaces en convencer a la población sobre la necesidad de la consulta que en articular una estrategia conjunta para enfrentar el bloqueo del Gobierno. En este trimestre varias propuestas de consulta popular han sido negadas en medio de un juego de va y viene entre el Consejo Nacional Electoral CNE y la Corte Constitucional finalmente dejando sin opciones institucionales a sus proponentes que optan por la organización y la movilización.  
Sin embargo, se van dando procesos de unidad, algunos de los cuales se enmarcan en el espacio de las “alianzas naturales” por afinidad ideológica (como las de los movimientos sociales, organizaciones obreras y la Conaie) y otras que pretenden superar esas barreras para estar a la altura que representa la concentración del poder de Correa.  
En enero estuvo la invitación realizada por Salvador Quishpe, prefecto de Zamora, un hito viniendo de un representante de izquierda. Lamentablemente, la reunión no tuvo la amplitud inicialmente planteada, en parte por la incomodidad de sectores más convencionales dentro de las fuerzas políticas.
La reunión que sacudió el escenario político nacional fue la realizada el 23 de febrero en la ciudad de Cuenca entre el Prefecto del Azuay y los alcaldes de Quito y Guayaquil  Escándalo en los sectores del oficialismo e inconformidad entre los opositores que no estuvieron presentes, pero un evento cuya evolución vale la pena observar.
Foto:  La reunión de la oposición en Cuenca: Doménica Tabacchi, vicealcaldesa de Guayaquil; Mauricio Rodas, alcalde de Quito; Paúl Carrasco, prefecto del Azuay; Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil. (Imagen: @mayraalvaradon).
En cuanto a los sectores sociales, los esfuerzos de Correa para montar estructuras paralelas a los maestros, trabajadores y movimiento indígena avanzan pero aún no muestra frutos significativos. Su amenaza de quitar su sede actual a la CONAIE (entregada hace décadas en comodato) generó solidaridad hacia la organización a nivel nacional e internacional y hasta ahora no se verifica el desalojo anunciado para inicios de año. Los esfuerzos de cooptación y amenazas de Correa a las centrales sindicales, antes efectivos, ahora resultan contraproducentes, mientras se esforzaba en sus estructuras paralelas se realizaba la Cuarta Asamblea Nacional de trabajadores el 5 de febrero 2015, la Cumbre de los Pueblos del Ecuador declaraba el año 2015 como año de resistencia y se iniciaba la consulta antiminera en la provincia del Azuay.
Foto:  Las marchas del #19M fueron multitudinarias. Los ciudadanos en general salieron a las calles.
Los sectores sociales han establecido diálogos y recuperado su poder de convocatoria como se reveló en las exitosas marchas de #19M (19 de marzo de 2015) que muestran una creciente acumulación de energía y deja sin piso a un gobierno que más allá de su propaganda, está perdiendo el enfrentamiento en la calle. De hecho, la convocatoria incluso rebasó a las organizaciones ante el fenómeno de los llamados “autoconvocados” y el universo de demandas fue ampliado por los asistentes. La “huida” del Presidente Correa a Riobamba y los sucesos de protesta en su contra suscitados en esa ciudad, así lo mostraron.
Ante este escenario social de confrontación el repertorio de represión del gobierno no ha variado, no parecen tener capacidad de replantear el curso de sus acciones en este punto.  

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