Hay que tener muy en cuenta los reportes internacionales, tales como los de Reporteros sin Fronteras y Freedom House, sobre las amenazas a la libertad de prensa en el Ecuador, los cuales a pesar de ser contundentes,  son minimizados por el régimen. "En Ecuador (108°, -13), la prometedora Ley Orgánica de Comunicación (LOC) mostró rápidamente sus limitaciones. La rectificación forzada de información se ha convertido en un modo de censura institucionalizada", dice el informe de RSF.
Ilustración:  El estado de la libertad de prensa según Reporteros Sin Fronteras.
El uso discrecional de la Ley de Comunicación amonestando y sancionando (incluso rayando en lo absurdo) a los medios independientes, a la vez que se deja impune cualquier acción de los medios públicos se mantiene al igual que la “excepcionalidad” de sabatinas, cadenas nacionales o cualquier declaración de funcionarios públicos.  La excepcionalidad en la aplicación de la ley no sólo se aplica a los medios gubernamentales, también a los “amigos” del régimen para los cuales las reglas (y el discurso oficial) pueden ser modificados. Después de años de predicar contra la concentración de medios de comunicación, el Gobierno de Correa llegó incluso a adaptar la normativa a favor del magnate extranjerode medios de comunicación Ángel González.
Una de las incógnitas es como se utilizará la recién aprobada Ley de Telecomunicación.
Pero el régimen no se conforma con perseguir personas jurídicas, la pedagogía de Correa siempre necesita de individuos concretos a los cuales aplicar sanciones que sirvan de ejemplo a los demás. Detrás de la persecución a estos individuos estaba la sanción al humor.  Estos fueron los casos del caricaturista Xavier Bonil y de Crudo Ecuador.  En el caso de Bonil, nuevamente, el ente sancionador fue la Supercom, con un agravante, el de hacer escalar el caso contra Bonil a la Fiscalía con la posibilidad de sanciones penales. Todo por una caricatura.  En el caso de “Crudo Ecuador” intervino el propio Presidente Corea pues por tratarse de un usuario digital, la Supercom no tenía injerencia. La persecución contra Crudo Ecuador llegó al clímax de las amenazas contra él y su familia, y su decisión de dejar de publicar los memes que tanto molestaron al Presidente.  Este caso demostró por una parte, que el repertorio de persecución e intimidación del régimen no se detiene en dudosas acciones legales y puede llegar a poner en peligro la integridad personal de los perseguidos y sus familias; pero por otra, también quedó en evidencia que la denuncia oportuna y la solidaridad nacional e internacional son las únicas herramientas con las que de momento se puede resistir al régimen. En el caso de Bonil, pese a que el diario y él fueron sancionados nuevamente por la Supercom, de momento aumentó el costo de proseguir con acciones penales en su contra.  En el caso de Crudo Ecuador, la alerta internacional incluyó desde la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH al comediante John Oliver.  El costo reputacional del Presidente Correa, fue enorme.  
Foto:  La censura al humor es una constante del presidente Rafael Correa. Aquí, un meme de Crudo Ecuador, quien está ahora retirado de la actividad en redes sociales.
Los temas de libertad de expresión y prensa no han sido las únicas causas de persecución del régimen, la criminalización de la protesta social ha generado víctimas durante este régimen.  En este último trimestre salió en libertad Javier Ramírez, dirigente anti minero de Intag, luego de que un juez lo sentenciara a cumplir el mismo tiempo que llevaba ya detenido esperando la sentencia, pese a la injusticia cometida, su libertad fue un triunfo de la comunidad movilizada.
Otra de las perseguidas del correísmo es la maestra Mery Zamora, exdirigente del magisterio, militante del MPD (ahora UP), Mery ha sufrido por cinco años la persecución del régimen. Declarada inocente en última instancia por la Corte Nacional del Justicia, el Presidente Correa no permitió que el asunto terminara ahí. Arremetió contra los jueces (que perdieron su curul) e hizo que el Fiscal General de la Nación invocara una acción extraordinaria de protección al revés. La acción de protección extraordinaria es un recurso constitucional a favor de los ciudadanos contra el Estado después de un fallo en última instancia; pero, a pedido de Correa, el Fiscal Chiriboga pidió que se invoqué en contra de una ciudadana, a favor del Estado. A partir de este sinsentido, la Corte Constitucional convocó a Mery Zamora a una audiencia por acción extraordinaria de protección del Estado contra su sentencia de inocencia.
La persecución contra Mery Zamora, sin embargo, no se limita al ámbito de lo legal.  Pocos días después de su audiencia, supuestas fotos suyas en situaciones íntimas fueron filtradas en las redes sociales por cuentas vinculadas a trolls gobiernistas. El acoso en redes fue denunciado pocas semanas después.
Foto:  La expresidenta de la UNE, Mery Zamora, ha sido duramente perseguida por el Régimen. La publicación en redes sociales de fotos íntimas fue el último gran golpe recibido.
Otros perseguidos, el asambleísta Cléver Jiménez y Fernando Villavicencio salieron de la clandestinidad, una vez que caducó su orden de prisión. Esto significa un revés para el régimen, pero como en el caso del veredicto de inocencia de Mery Zamora no sería raro que hubiera algún tipo de respuesta legal, más allá de las declaraciones de descontento del primer mandatario.
En cuanto a los escándalos de corrupción y otras noticias desfavorables, el Gobierno de Correa no ha podido ser del todo exitoso en evitar que estallen algunos escándalos. Sin embargo, hasta ahora ha logrado evitar que estos tengan consecuencias mayores.  Intencional o no, un escándalo tapa otro escándalo y la ciudadanía no tiene capacidad de procesar y mantener la atención en tantos frentes.  Para el gobierno cuando falla la estrategia del silencio, siempre queda la del ruido ensordecedor.  
La muerte de 14 trabajadores en el proyecto Coca Codo Sinclair a fines del año pasado, su sobreprecio de 600 millones de dólares, son reemplazados por la propaganda del proyecto.  La negativa del gobierno ecuatoriano de permitir la veeduría en el “sendero” que construyen en el Yasuní, es minimizada. Pero a veces un escándalo desentierra otro, la caída del cuarto helicóptero Dhruv, recordó a la ciudadanía el asesinato de quien denunció su compra: el Gral. Gabela y se conoció nueva información sobre las presiones de los ministros al perito forense extranjero para que omita aspectos de la investigación en su informe. Pero si bien esas noticias pueden salir de la atención ciudadana, las que no salen son las que tienen que ver con el ámbito económico.
En la esfera económica la situación siguió complicándose para el gobierno con anuncio de créditos que no terminan de llegar, la imposición de salvaguardias a las importaciones que generan encarecimiento y escases de ciertos productos y descontento ciudadanos, su estrategia de eliminar “peso muerto” negando la deuda del Estado con el Instituto de Seguridad Social y limitando derechos adquiridos de los trabajadores, todo ello expresado en su propuesta de Ley de Justicia Laboral.  Todas estas medidas tuvieron alto costo político y social, pero no sólo se prevé su insuficiencia para resolver la crisis de la caja fiscal sino que generan un entorno de expectativas negativas que llevan al país a un círculo vicioso donde las propias justificaciones de las medidas traen el fantasma de la desdolarización.
Foto:  La marea de votos a favor para la aprobación de la ley que quita el financiamiento estatal del 40% de las pensiones jubilares del IESS provino de los asambleístas de Alianza País. (Imagen: El Comercio).
Elementos a tener en cuenta este año: Las consecuencias de la crisis, el impacto social y político de medidas económicas y afectación de derechos a los trabajadores y jubilados, el fantasma de la desdolarización y la dinámica de control gubernamental y resistencia.
En este escenario, un proyecto como el nuestro, que promueva la transparencia y la rendición de cuentas mediante la recopilación, sistematización y análisis de información sobre la corrupción gubernamental; y, promueve el periodismo de investigación y fomente formas alternativas de ejercer la libertad de expresión y de prensa, tiene total sentido.

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