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Consulta 2011: cómo tapar el fraude con un escándalo cualquiera

  • mh
    30 de noviembre de 2015

Un hecho de suerte sepultó el peor escándalo electoral de la vida democrática del Ecuador. Para ser exactos fue un escándalo encubierto por otro.
Sucedió el 7 de mayo de 2011, cuando se realizó el referéndum y la consulta popular que impulsó y ganó el gobierno de Rafael Correa con el objeto de reformar la Constitución y meterle la mano en la justicia.
También logró la licencia ciudadana para crear un sistema para amordazar a la prensa y restringir la libertad de expresión. 
Imagen: La consulta popular del Ejecutivo se realizó el domingo 11 de mayo de 2011 y contó con un aparataje previo de propaganda costeado por el Estado.
Desde ese día, todas las organizaciones que se registraron como sujetos políticos para participar como actores en la consulta, denunciaron a gritos que sucedieron cosas por demás irregulares. Esa denuncia se convirtió en certeza el 12 agosto de 2012 (un año después), cuando el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), emitió el informe final sobre los comicios de mayo de 2011.
El informe de la OEA señaló que el 63,61% de las actas de escrutinio de esa elección, a nivel nacional, tenía inconsistencias numéricas. Se considera inconsistencia cuando el total de votos no es igual al total de sufragantes. Con ello se reconoció que se contabilizaron mal los votos  de 17 703 actas. Es decir, en términos concretos, hubo errores al contabilizar los sufragios de más de 7 millones de ecuatorianos.
Esa fue la razón por qué ningún ecuatoriano pudo determinar, en el momento, cómo quedaron los resultados de las mesas en que votaron y mucho menos contar con un mapa inmediato de resultados. De hecho la oficialización de estos duró dos meses.
¿A eso no se le llama fraude?
Sí. Pero en agosto de 2012, cuando se publicó el informe de la OEA, el Consejo Nacional Electoral ya había armado un nuevo escándalo que dejó en el olvido la consulta popular de mayo de 2011.
Dos semanas antes de que emita el informe definitivo, estalló el escándalo de las firmas falsas. Todas las organizaciones políticas en proceso de reinscripción fueron acusadas de presentar firmas falsas de sus afiliados o adherentes. El caso tenía dimensiones épicas, los noticiarios mostraban imágenes de grandes canchones, con centenares de computadores, en los que técnicos analizaban, escogían y aprobaban millones de firmas desde sus pantallas.
El caso tomó fuerza porque miles de ecuatorianos constataron que sus nombres fueron registrados en el sistema informático del CNE como afiliados o adherentes a organizaciones políticas de los que no eran parte.
Hubo detenidos, se habló de tráfico de bases de datos, se inculpó a las organizaciones políticas de actuar fuera de la ética al apoderarse de los nombre de los ecuatorianos, para registrarlos en sus partidos o movimientos.
Imagen: Afiche oficial de la consulta del Gobierno.
Entonces todos entraron en la lógica del CNE y en vez de exigir un control exhaustivo al sistema informático del ente electoral, se pusieron a recolectar, nuevamente, firmas para impedir que sus partidos salgan del juego electoral. En ese camino todos los organismos políticos que un año atrás protestaron por las irregularidades cometidas en la consulta, no se enteraron del informe final de la OEA.
Llamó la atención que nadie de los partidos políticos nacionales fue enjuiciado por el caso firmas falsas, incluso  hubo un movimiento que evidenció la falsedad de esos hechos cuando le probó al CNE que no presentó una sola firma para el proceso de reinscripción.
Cuestionado por la opinión pública, Domingo Paredes, recién asumido presidente del CNE, enfiló contra Omar Simon a quien criticó por haber adquirido un sistema barato.
Si el software usado en 2012 para calificar a los partidos no era el adecuado, ¿qué sucedió con sistema informático usado en elecciones pasadas?
Simon estuvo frente de los comicios presidenciales de abril de 2009, sobre estos la OEA emitió un informe poco favorable sobre la calidad del sistema informático. Pero en vez de mejorarlo, los ecuatorianos llegamos a la consulta popular del 2011 con un sistema que fue un verdadero misterio para los ciudadanos y todas las organizaciones políticas.

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