El ambiente que se vivió antes, durante y después del proceso electoral del 19 de febrero pasado fue de hostigamiento e intimidación hacia miembros de organizaciones no gubernamentales e incluso de agrupaciones de la oposición, así como también de obstáculos para determinadas misiones de observadores electorales. Y ese panorama podría repetirse en la segunda vuelta electoral.
Esto se colige del Informe Ejecutivo de cinco páginas, elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos del Instituto CASLA de la República Checa, sobre las elecciones celebradas en el Ecuador hace casi dos semanas.
Por qué? Ante las irregularidades registradas en todas las etapas de la organización de los comicios, el Instituto CASLA, que se dedica sobre todo a la promoción de los Derechos Humanos en los países de América Latina y que siguió el proceso electoral ecuatoriano con observadores independientes, formuló varias recomendaciones a las autoridades que van desde dar garantías para que el equipo de control electoral del candidato presidencial de oposición, Guillermo Lasso, pueda hacer su tarea, hasta que se permita la participación de delegados de la Unión Europea como observadores de la segunda vuelta electoral, pues esto fue impedido en las votaciones de febrero pasado.
Entre las observaciones previas a la contienda electoral, en el documento firmado por Tamara Suju, Directora Ejecutiva del Instituto CASLA, se destacan las inconsistencias que presentó el Registro Electoral, donde aparecieron personas fallecidas como habilitadas para votar, ciudadanos que poseen dos o más números de cédulas, personas domiciliadas en el exterior que aparecen como votantes, nombres de personas que pertenecen a movimientos irregulares como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y que constan como electores.
También se enfatiza que el padrón electoral, entregado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a los partidos de oposición en octubre del 2016, no tenía registradas las cédulas de identidad ni la fecha de nacimiento de los votantes. 
Por si esto fuera poco, de los 2.875 observadores “nacionales” acreditados por el gobierno, 1.200 fueron funcionarios del propio Estado ecuatoriano, es decir de instituciones donde el Ejecutivo tiene representación directa como la Defensoría del Pueblo o el Consejo Nacional de Discapacitados, etc.
En cambio, las condiciones impuestas por las autoridades ecuatorianas para la participación de parlamentarios europeos en los comicios del 19 de febrero impidieron su presencia. Así lo sostiene Tamara Sujú, directora ejecutiva del Instituto CASLA, quien agrega que desde el 2016 realizó gestiones para que representantes de la coalición de los partidos políticos de oposición, denominada “Acuerdo Nacional para la Observación Electoral en Ecuador”, pudieran acudir a Bruselas a solicitar, tanto a representantes de la Unión Europea como al Parlamento Europeo, la observación electoral para los comicios de febrero pasado. Estos organismos aceptaron la solicitud. No obstante, Sujú narra que solo faltaba la autorización e invitación de las autoridades ecuatorianas. El 22 de noviembre de 2016, el CNE invitó oficialmente a 3 expertos electorales de la Unión Europea (UE), pero bajo la modalidad de “Observación conducida”, los días 14 al 20 de Febrero. De acuerdo con el CNE, la observación conducida es un procedimiento que se cumple con el acompañamiento de funcionarios del organismo de sufragio. 
“Esta invitación fue rechazada por dicha Instancia (UE), por no cubrir los estándares mínimos estipulados para una Observación Electoral, tal como lo requieren sus reglamentos internos”. 
Suju instó a los representantes del Acuerdo Nacional Para la Observación Electoral a que invitaran a parlamentarios europeos a participar como observadores del proceso electoral ecuatoriano. Pero debido a las condiciones impuestas a los 3 representantes de la UE, los europarlamentarios consideraron que había una falta de reciprocidad del gobierno ecuatoriano, pese a que días antes se había firmado el acuerdo de libre comercio entre la UE y este país. Por lo que decidieron no ir a las elecciones. 
Tampoco tuvo éxito la gestión del Observatorio para que las autoridades invitaran a senadores españoles a estar presentes en las elecciones. El senador Dionisio García Carnero, de manera personal, aceptó la invitación de la coalición de oposición y actuó como observador independiente en los comicios. 
No obstante, según publicó diario El Telégrafo, el mismo día de las elecciones, el presidente Rafael Correa rechazó las declaraciones del senador español que criticó la no aceptación de una misión de observadores de la UE. El mandatario también fustigó las declaraciones de Ana Mercedes Díaz, exmiembro del Consejo Nacional Electoral de Venezuela.
"Cuántas veces la Unión Europea ha aceptado la presencia de observadores latinoamericanos, es una pena que algunos no logren superar todavía su mentalidad colonialista" dijo Correa y agregó que cualquier observación es aceptada, pero siempre que sea oficial, no por cuenta propia y "quizás con oscuras intenciones".
La reacción contra Díaz no se quedó solo en el contrapunto de Correa. Las declaraciones dadas por la venezolana, dos día antes de las elecciones le obligaron a suspender una conferencia magistral que tenía prevista en Quito y debió acudir a la embajada de Estados Unidos para buscar refugio, ya que gozaría de doble nacionalidad. “Díaz aseguró que llegó a la embajada luego de que Leonel Fernández, jefe de la misión de observadores electorales de la OEA, le indicara que habría una orden de detención en su contra.”
Horas antes, en entrevista con la cadena NTN24, la venezolana había asegurado que “el registro electoral de Ecuador está viciado y que "el fraude electoral está preparado". http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politiko-2017/49/titular-del-cne-rechaza-version-de-observadora-independiente-en-comicios-de-ecuador
En cuanto al Informe del Instituto CASLA se registran también varias alertas en los días previos al 19 de febrero. La primera tiene que ver con la entrega de al menos 8 sobres bomba por parte de Correos del Ecuador, según información de la policía ecuatoriana. Uno de los paquetes fue dirigido a la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, el 15 de febrero. Un día después las destinatarias de otro sobre bomba fueron las periodistas Janeth Hinostroza y Estéfani Espin.
Luego, el 18 de febrero, se dio un intento de desalojo de las instalaciones donde iban a observar los comicios y recibir los resultados, los miembros del Partido CREO que lidera Guillermo Lasso en Guayaquil, situación que fue resuelta en las primeras horas de la mañana siguiente. 
El lugar donde la organización Participación Ciudadana haría el monitoreo de las elecciones para su trabajo de conteo rápido amaneció cerrado el día de las elecciones. “Los representantes de esta organización pudieron acceder poco a poco en el transcurso de la mañana, bajo la vigilancia policial”.
Todo esto se da en un contexto de falta de imparcialidad en la selección de los integrantes del CNE por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pues todos sus miembros son afines al partido oficialista Alianza País, de acuerdo con denuncias de la oposición presentadas al Observatorio del Instituto CASLA.
LAS IRREGULARIDADES
El Observatorio también describe las anomalías durante la jornada en la que 12,8 millones de ciudadanos estuvieron habilitados para elegir presidente de la República, asambleístas y parlamentarios andinos. Igualmente registró las alertas ocurridas en el proceso de escrutinio.
Si bien, la delegación de CASLA pudo constatar que, en general, en centros de votación de Quito, el ejercicio del sufragio y la labor de la fuerza pública en cuanto a la custodia del material electoral fueron normales, desde numerosas provincias del país le fueron reportados hallazgos de papeletas y actas, que correspondían a juntas receptoras del voto, en depósitos de basura. Este material fue presentado como prueba a las diferentes delegaciones provinciales. 
Además, un importante número de urnas que contenían papeletas y actas que correspondían a distintas circunscripciones electorales de todo el país, llegaron a sus respectivas delegaciones provinciales, pero no custodiadas por la fuerza pública como determina la Ley de Elecciones, sino por personas particulares y en vehículos particulares.
No se permitió que los partidos de oposición tengan delegados para observar el sistema informático de escrutinio. 
Otra observación es que la demora de tres días para anunciar los resultados electorales, aunque sólo faltaba un 10% para completar el escrutinio, generó especulaciones y la presencia masiva de la población en la calle, exigiendo prontitud en el anuncio final. “Durante este lapso, hubo tensiones, pronunciamientos inadecuados por parte de los distintos candidatos atribuyéndose el triunfo, cosa que causó gran crispación en la sociedad ecuatoriana”. 
Con estos antecedentes y con miras a la segunda vuelta entre los candidatos Guillermo Lasso y Lenin Moreno, “el Observatorio de DDHH del Instituto CASLA, insta al gobierno a no hostigar, intimidar o acosar a miembros de Organizaciones no Gubernamentales cuya labor es garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales para la realización de elecciones transparentes y justas.
También recomienda la facilitación, vigilancia y seguridad para que el candidato de oposición pueda tener centros de recepción y monitoreo de votos el día de las elecciones, sin que sus miembros sean acosados o intimidados de forma alguna.
En vista de que para la contienda electoral de abril ya se ha anunciado la presencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la UNASUR, el Observatorio solicita nuevamente al gobierno ecuatoriano que también permita la presencia de delegados de la Unión Europea, parlamentarios y organizaciones no gubernamentales, invitándolos oficialmente “para que, de acuerdo a los artículos 173 y 174 de la Ley Electoral Ecuatoriana, puedan observar el buen desenvolvimiento de las elecciones y que complementen a las organizaciones que volverán a estar presentes en la segunda vuelta”.    
En las recomendaciones del Observatorio del Instituto CASLA asimismo se hizo un llamado a que los medios de comunicación oficiales garanticen a Lasso, el mismo tiempo y oportunidad que a Moreno, para exponer su programa de gobierno y sus puntos de vista, sin censura ni discriminación. 
QUIÉN ES TAMARA SUJU
Quien suscribe el Informe del Observatorio del Instituto CASLA es su directora ejecutiva, Tamara Suju, una abogada venezolana especialista en Derechos Humanos y disidente política, con protección diplomática en la República Checa desde noviembre de 2014, después de abandonar su país debido al temor “por su integridad física y libertad”.
El instituto CASLA es una de las principales plataformas checas para los estudios de América Latina, y sus analistas e investigadores proceden de la esfera política, diplomática, académica, informativa, a la vez que están muy involucrados en la promoción de los derechos humanos.
Suju ha sido galardonada por la Fundación Nacional por la Democracia con el premio Democracy Award 2015 en reconocimiento a su trayectoria como defensora de derechos humanos en Venezuela.  
http://caslainstitute.org/tamara-suju-recibe-premio-democracy-award-2015/
“Mi tarea es abrir un poco los ojos a los países europeos sobre lo que está pasando en América Latina, enfocada sobre todo en derechos humanos”, ha dicho Suju.
La directora ejecutiva del Instituto CASLA ha interpuesto ya a favor de personas de su país 13 denuncias en organismos internacionales, tanto en los sistemas iberoamericanos de protección como en el sistema europeo y de la ONU.
Además de fundadora de las Damas de Blanco de Venezuela y la organización de derechos humanos Nueva Conciencia Nacional, Suju es directora internacional de la ONG Foro Penal venezolano, que cada año hace una informe sobre torturas y tratos crueles.
http://dosmundos.cz/?p=6115&lang=es