12 de junio de 2017, primera y última foto antes de la ruptura;  de ese grupo solo José Serrano se alineó a la propuesta del presidente Lenin Moreno.

Este fue un año de cambios, una década de gobierno autoritario y personalista llegó a su fin para dar paso a un nuevo régimen que nació en medio de dudas y suspicacias sobre su real aceptación en las urnas. El anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE) del triunfo en los comicios presidenciales del binomio oficialista de Lenín Moreno y Jorge Glas se vio oscurecido por las acusaciones del binomio opositor, integrado por Guillermo Lasso y Andrés Páez, de un presunto fraude electoral.
La percepción general era que el gobierno de Moreno iba ser la continuación de Rafael Correa, donde el nuevo presidente sería un títere. La resistencia de Rafael a dejar de gobernar se evidenció cuando aún antes de dejar el poder estableció las 56 "acciones inmediatas" que su sucesor Lenín Moreno debía realizar los primeros 100 días de su gobierno.
Moreno inició su gestión el 24 de mayo de 2017. De pronto, la lucha contra la corrupción pareció destrabarse en Ecuador.  El 2 de junio, se ordenó el allanamiento a las residencias de Ricardo Rivera, tío del Vicepresidente reelecto Jorge Glas y de Carlos Pólit Faggioni, quien en ese momento era el Contralor General del Estado. Ambos estaban involucrados en el más sonado escándalo regional, el de  Odebrecht. Advertido, Pólit había dejado el país aduciendo razones de salud. Estos eventos tomaron por sorpresa a un país acostumbrado a la impunidad de los poderosos, más aún en un supuesto régimen de continuidad.
El 20 de junio, Moreno llamó a un gran diálogo nacional y conformó cinco mesas temáticas. Este era otro giro inesperado en medio de una práctica política en que el disenso era perseguido.  El presidente también anunció que sus ministros acudirían a los medios de comunicación para informar sobre su gestión y firmó cuatro indultos en favor de cuatro dirigentes sociales de la provincia de Pastaza, quienes participaron en las protestas del 13 de agosto del 2015, en medio de  un paro nacional convocado por el movimiento indígena.
Con cientos de presos políticos por un régimen que penalizaba la protesta, cuatro indultos, si bien insuficientes, se veían como un gesto simbólico.
Menos credibilidad tuvo su decisión de integrar un Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. En Ecuador ya existía una Comisión Nacional Anticorrupción (CNA)  independiente del gobierno y perseguida por las autoridades durante el correísmo. En esas circunstancias, que el Ejecutivo quisiera nombrar su propio frente “anticorrupción” en lugar de generar la señal de voluntad política para combatir la corrupción despertó suspicacias en todos los sectores. Además, cuando se trató de definir el ámbito de acción del Frente, quedaron claros sus límites: no realizarían investigaciones propias sino que iban a hacer seguimiento de las investigaciones que realicen los entes de control.
Moreno cumplió su primer mes en el poder con una popularidad del 70%, pero sus primeras medidas le granjearon un inesperado contradictor, el expresidente Correa quien asumió la independencia de Moreno como una afrenta y lo criticó públicamente por su política de acercamiento en su espacio de opinión en el diario gubernamental El Telégrafo y en redes sociales.

Moreno recibió la banda presidencial de Rafael Correa el 24 de mayo de 2017  y lo despidió como el líder más importante del país, seis meses después la rúptura entre ellos es casi total, pero el presidente no ha renunciado a los principios de PAIS.

Correa, quien ofreció no sólo retirarse de la política sino partir del país para acompañar a su familia en Bélgica, intentó mantenerse vigente ante la opinión pública y mantuvo parte del Troll Center que manejaba durante su presidencia para perseguir a periodistas, activistas y políticos opositores. Ya fuera del cargo asignó a sus "guerreros digitales" la misión de averiguar y exponer quiénes son, dónde viven, dónde trabajan quienes lo adversaban en redes sociales.  Pronto el Presidente Moreno se convertiría en el objetivo central de los “guerreros digitales”.
La compleja herencia económica del correísmo después de años de corrupción, falta de transparencia y ausencia de rendición de cuentas, generó el siguiente frente de contradicción entre Moreno y Correa.  Al referirse al estado de las finanzas públicas y el impacto macroeconómico de la administración anterior, Moreno dijo: “no hay tal mesa servida, esa es la pura y neta verdad. La condición económica de Ecuador es muy difícil”.
Al presentar la proforma presupuestaria del 2017, el presidente Moreno, profundizó sus críticas al manejo económico de su antecesor. El 28 de julio en declaraciones hechas en cadena de radio y televisión, el presidente responsabilizó a Correa de poner al límite la sostenibilidad de la economía con los niveles de endeudamiento. En la misma cadena se empezó a revelar las verdaderas cifras de la deuda pública del Ecuador, confirmando las advertencias de periodistas especializados, opositores y académicos en el sentido de que esta era mucho mayor, alrededor del doble de lo que Correa admitía.  Pocos días antes, el Ministro de Hidrocarburos confirmaba las denuncias de corrupción y mal manejo en el sector petrolero.
El enfrentamiento entre Moreno y su predecesor se calentó en medio de un progresivo ambiente de desconcierto entre la oposición y las organizaciones sociales y empresariales que no estaban seguros de si se trataba de un enfrentamiento real o simulado.  Ante la acusación de Correa que lo calificó como traidor al proyecto político de Alianza País, el presidente contestó: “De a poco la gente dejará su “comportamiento ovejuno y va a empezar a respirar esta libertad nueva…”.
El 3 de agosto de 2017 el cisma político se precipitó cuando a partir de la aparición de unos audios que involucraban de manera comprometedora al vicepresidente Jorge Glas con el escándalo de sobornos de Odebrecht que estaba ya siendo investigado por la Fiscalía, Lenín Moreno tomó la decisión de retirarle todas sus funciones. Hasta ese momento, Glas coordinaba el Consejo Sectorial de la Producción.

2013: Correa y Glas consolidaron un poder sin parangón en la historia del Ecuador, cinco años después es imposible sostenerlos políticamente

Ese mismo día, la Fiscalía abrió un proceso por otro caso de corrupción donde también estaba involucrado el Vicepresidente. La base para esta investigación fue un informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal en contra de Glas y otros funcionarios públicos y empresarios privados, por la adjudicación de un campo petrolero en 2012. Glas contraatacó publicando un comunicado en el que criticó a Moreno por un supuesto pacto con grupos de oposición. También lo acusó de manipular las cifras económicas del gobierno de Correa para justificar eventuales medidas económicas con impacto social.
El 29 de agosto, el juez Miguel Jurado aceptaba la petición del fiscal Carlos Baca Mancheno, vinculando  judicialmente a Glas en el proceso en su contra por asociación ilícita en el caso Odebrecht.  Un mes después se hizo pública la delación de José Conceição Santos, ejecutivo de la constructora brasileña, que le involucraba inequívocamente en el entramado de corrupción de Odebrecht.  Esta habría sido la razón por la cual el Fiscal Baca Mancheno, hombre leal a Correa que había buscado proteger a Glas, no tuviera más remedio que involucrarlo en el proceso.  En su delación Santos dijo que Jorge Glas le pidió un millón de dólares para la campaña electoral.  Santos afirmó además, que el Vicepresidente conocía del pago de coimas a su tío Ricardo Rivera, quien fue detenido en julio. Citó también presuntos sobornos para obtener contratos en proyectos hidroeléctricos como Manduriacu, Trasvase Daule-Vinces, entre otros. El delator aseguró que la suma de esos peajes para Glas, a través de su tío, fue de $ 16 millones.
Si bien Moreno parecía estar buscando consistentemente distanciarse de Correa, después de diez años de gobierno controlando todos los poderes del Estado, este había dejado una camisa de fuerza institucional y funcionarios en los puestos claves de justicia, fiscalización y control haciendo prácticamente imposible maniobrar de manera independiente.
Por ello, las primeras advertencias de convocar a una consulta popular aparecieron en la jugada gubernamental: “acudir a la voz y a la voluntad del pueblo si alguien quisiera obstruir la verdad o poner en riesgo la institucionalidad del país”, dijo Moreno en un enlace semanal a finales de agosto.  Esta primera mención del tema lo hizo en medio de un discurso de lucha contra la corrupción.
Esta era una propuesta de la oposición ante el callejón sin salida que significaban autoridades de control y justicia (incluyendo Fiscal General), cuya tarea por años fue blindar a los altos funcionarios responsables de la corrupción y perseguir judicialmente a quienes  los denunciaban.  Escándalos internacionales como los de Panama Papers, Odebrecht, Cardno/Caminosca pusieron en indiscutible evidencia la actuación de un aparato institucional que monolíticamente estaba al servicio de la impunidad.
A partir de ello el primer mandatario instaló la discusión sobre los temas que deberían ser parte de la Consulta. Invitó a la ciudadanía a enviar a su despacho las preguntas que le gustaría que se consulten al país y anunció que el 2 de octubre presentaría la propuesta oficial del contenido de las preguntas que envió a la Corte Constitucional.
En efecto, en esa fecha dio a conocer las siete preguntas que se relacionan con el combate a la corrupción, la reorganización del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la reelección indefinida, la ley de plusvalía, el Yasuní, la minería y la no prescripción de los crímenes contra niños, niñas y adolescentes son los temas que ingresaron en la consulta popular.
El mismo 2 de octubre el fiscal general de la Nación, solicitó al juez de la Corte Nacional de Justicia, Miguel Jurado, la prisión preventiva para Jorge Glas y su tío, Ricardo Rivera. Además pidió la prohibición de enajenar bienes y la retención de cuentas en contra del segundo Mandatario.
El distanciamiento y confrontación entre Moreno y la cúpula de Alianza País fue en aumento, mientras en el marco de llamado al diálogo nacional el mandatario siguió sumando respaldos de organizaciones como la Conaie, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y otros frentes como Centro Democrático, Coordinadora de Organizaciones Sociales y Compromiso Ecuador que incluso alcanzaron representación en el gabinete ministerial. No han faltado líderes de partidos de derecha y centroizquierda que le han dado un voto de confianza, aunque unos con más reservas que otros.
Luego de que venció el plazo de la Corte Constitucional para dictaminar la constitucionalidad de las siete preguntas de la consulta popular el Ejecutivo, amparado en los decretos 229 y 230, hizo la convocatoria bajo la interpretación de que se entiende que el dictamen favorable aunque no haya sido algo expreso.

Nubia Villacís cumplió su sueño de dirigir el CNE y el proceso electoral que puede enterrar el correísmo. 
El Consejo Nacional Electoral, acogió el pronunciamiento del Ejecutivo e inició el proceso de preparación de la Consulta Popular.
La respuesta del correísmo no se hizo esperar: El 31 de octubre resolvieron separar a Lenín Moreno de la presidencia de la organización con 9 de 32 votos de la directiva.  En noviembre, el Presidente del CNE, el cuestionado Juan Pablo Pozo, renunció a su cargo luego de que se incrementaran las críticas ciudadanas y de la oposición a que él estuviera al frente de este proceso.
“El Mandatario, en cambio, presentó una medida cautelar al Tribunal de Garantías Penales, que a su vez emitió una comunicación al CNE para que deje sin efecto las resoluciones y cualquier tema que se derive de lo que ocurrió el 31 de octubre. Además  Mary Verduga, miembro del Comité de Ética de PAIS, que también había sido separada, suspendió a la directiva”. Cuando esta maniobra fue desconocida por la autoridad electoral amenazaron con crear una nueva fuerza política.
Si bien Moreno consolidó apoyo en su lucha por salir del “correísmo”, sus iniciativas económicas generaron muchas dudas.  El envío a la Asamblea Nacional de un proyecto de Ley Orgánica para Impulsar la Reactivación Económica con el carácter de urgente generó tensiones en el sector empresarial que se sintió burlado porque no reflejaba lo conversado en las mesas de diálogo impulsadas por el régimen. Incluso las autoridades de comercio de Estados Unidos se pronunciaron sobre el proyecto de ley de reactivación económica. Una misiva en la que se expuso la preocupación por la ley para la reactivación económica fue enviada el 7 de diciembre pasado por el representante Adjunto de Comercio de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, John M. Melle, al ministro de Comercio, Pablo Campana. En ella se advirtió que el Gobierno ecuatoriano debe cumplir con sus obligaciones en materia de comercio internacional e inversión suscritas en el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Y en esos acuerdos Ecuador se comprometió dar acceso a las empresas que brinden los servicios de análisis y referencia de crédito.
El proyecto contenía reformas a cinco leyes y cuatro códigos orgánicos relacionados con la producción, el comercio y los ámbitos tributarios, de planificación, monetario y financiero. Se cuestionó que la normativa en vez de eliminar impuestos, para incentivar la producción, aumente tributos y aranceles. En su defensa, Moreno volvió a observar que no hubo tal mesa servida en la economía y que por ello se vio obligado a plantear estas reformas. Sin embargo, el presidente retrocedió en algunas de estas propuestas y la Asamblea también introdujo un 40% de modificaciones al planteamiento original. El presidente utilizó su poder de veto sobre algunas de las modificaciones.

La imprevista publicación de un audio en que Eduardo Mangas aseguró que todas las denuncias de corrupción eran reales puso fin a su cercanía en Carondelet con el presidente Moreno
De vuelta a lo política, la filtración de un audio de Eduardo Mangas, uno de los funcionarios más cercanos del presidente Moreno, generó dudas en el país sobre la intención del nuevo gobierno por recuperar la institucionalidad  democrática. Mangas, un nicaragüense, quien ha acompañado a Moreno en Ginebra desde que este se desempeñaba como enviado especial de la ONU para temas de discapacidad, fue hasta el pasado 11 de diciembre el secretario general de la Presidencia.
El audio de 36 minutos de duración fue publicado por el portal Focus y viralizado en redes sociales. En él se escuchaba a Mangas, minimizando el proceso de diálogo nacional iniciado por Moreno, aludir al cisma en el movimiento de gobierno: “Gente como Vinicio Alvarado, Doris Solís, Ricardo Patiño, pensaban que Lenín tenía que pedirle autorización para gobernar a Correa…En Bruselas tiene (Correa) tres personas pagadas por nosotros asistiéndolo y un equipo de seguridad pagado por nosotros. Y todavía todo su entorno funciona con el apoyo nuestro y se lo vamos a mantener”. Y admitir el rol que habían tenido en el encubrimiento de la corrupción: “Rafael y otros sabían, siempre supieron, que todo lo que denunciaban la Comisión Anticorrupción y Villavicencio, era verdad, las denuncias eran ciertas”.
Mangas no negó ser quien menciona estas cosas, pero aseguró que “sus declaraciones fueron sacadas de contexto y que no corresponden a la posición del presidente de la República, Lenín Moreno”.
Pese al resquebrajamiento del movimiento oficialista que tiene la mayoría legislativa, la actuación de las facciones en la Asamblea Nacional también enviaron señales confusas. Las denominadas alas correísta y morenista han votado o actuado juntas en temas delicados, usualmente impidiendo pedidos de la oposición de rendición de cuentas en temas de corrupción o violación de derechos.  Entre las facciones todavía opera un espíritu de cuerpo que sólo se ha roto en contadas ocasiones.
Ante el audio de Mangas, el ala correísta se sumó a la oposición y con el voto de 72 legisladores se aprobó la comparecencia del funcionario para que explique a la Asamblea el contenido del mencionado audio. Pero la sesión nunca se realizó porque los mismos votantes del oficialismo la dejaron sin quorum. Seis días después el Mangas renunció a su cargo.
No sólo fueron las declaraciones de Mangas las que pusieron en entredicho las verdaderas intenciones del régimen, sino la permanencia en el gobierno de figuras clave del correísmo.  El apoyo de Lenín Moreno a personajes como Richard Espinosa, cuestionado por manejos corruptos de los fondos de la seguridad social, la continuidad del equipo económico correísta incomodan por igual a sectores de trabajadores y del empresariado.  La permanencia en el cargo del director de la Secretaría Nacional de Inteligencia, Romy Vallejo, responsable del ilegal espionaje y persecución de periodistas, activistas y figuras de la oposición ha sido visto como una señal de que el nuevo gobierno quiere refuncionalizar a su favor parte de la antidemocrática institucionalidad correísta.  A esto se suma el control que aún mantiene el Gobierno sobre el mayor oligopolio de medios de comunicación del país. Las denuncias de malos manejos administrativos y financieros por parte de las autoridades del Gobierno saliente llegaron también a los medios incautados. En sendos informes de la Contraloría General del Estado se ha registrado millonarias pérdidas para TC Televisión y Gama TV, canales incautados a los ex banqueros Isaías y que en la administración correísta han sido prácticamente quebrados.
Las omisiones en los temas excluidos en la consulta generan las mismas suspicacias.  Pese al tenor conciliador de Lenín Moreno la Ley de Comunicación, que viola gravemente la libertad de prensa y expresión continúa intocable y la figura del Superintendente de Comunicación no desaparecerá, aunque una reciente actuación de la Contraloría puede provocar la salida a quien ha detentado el cargo desde su creación y se convirtió en el rostro de la censura en el Ecuador: Carlos Ochoa. ( La Contraloría, que ha emitido una predeterminación de responsabilidades civiles y administrativas, que implica glosas por US$115,811, una multa por US$7, 320 y la sanción administrativa de destitución de su ejercicio laboral contra Carlos Ochoa. La sanción se originó cuando se desempeñó como director nacional de Noticias. Si Ochoa no desvanece estos cuestionamientos cuentas, en sesenta días podría ser destituido del cargo).
Pese a esto, Ochoa quiere cumplir su papel de censor hasta el final: La  Supercom sancionó a TeleAmazonas con el 10% de su facturación en el último trimestre equivalente y la obligación de pasar una réplica solicitada por el Superintendente de Comunicación en 72 horas.
La sanción se origina en una entrevista realizada el pasado 14 de noviembre a la asambleísta de CREO Lourdes Cuesta, sobre el accionar de la Superintendencia de la Información y Comunicación desde su existencia. La legisladora es también proponente de una nueva Ley de libertad de Expresión. La Supercom pidió una réplica, con el envío de una grabación del superintendente Ochoa, que exigía se reproduzca, pero el canal no aceptó exhibir la grabación de la Supercom por considerar que se trataba de imponer un contenido y propuso una entrevista en el mismo espacio.
Analistas y expertos cuestionaron duramente la actuación de la Superintendencia por actuar como juez y parte en el proceso.
“Se acabó el miedo” ha sido la frase repetida ante esta situación por los directivos y el abogado del canal, que presentó una acción de protección a la sanción emitida por la Supercom, con el fin de evitar que se les obligue a pagar la multa de más de $200 mil y a transmitir un video de cerca de 7 minutos de réplica enviado por Carlos Ochoa. Este 27 de diciembre la jueza Lucila Gómez ordenó que el superintendente Ochoa presente disculpas públicas al canal en un plazo de 72 horas. De esta manera, la resolución de la Supercom que contenía la multa a TeleAmazonas quedó anulada.
Pero, la Superintendencia anunció que apelará la decisión de organismo judicial.
El año concluye con dos sucesos impensables en el 2016: El primero, la condena a 6 años de prisión del Vicepresidente Jorge Glas y su tío Ricardo Rivera en el juicio que por asociación ilícita inició en su contra la Fiscalía General el 24 de noviembre de 2017. Los jueces además pidieron a la Fiscalía que inicie y continúe en los casos que así lo ameriten procesos penales debido a que se han identificado 8 delitos adicionales sobre los cuales deberá investigarse a Glas, quien ha estado privado de libertad desde el pasado 2 de octubre.
Con ese fallo se abre la expectativa de que Jorge Glas pierda el rango de vicepresidente de la República ya sea porque el 2 de enero se prevé que concluya el plazo para declarar el abandono del cargo o como resultado del juicio político cuyo trámite ya se inició en la Asamblea.
El segundo suceso, la denuncia presentada por Correa y Ricardo Patiño ante la Organización de Estados Americanos contra el gobierno de Lenín Moreno por “alteración del orden constitucional que altera gravemente el orden democrático en el Ecuador”.[1] A más de la ironía de que quien atropelló constantemente la Constitución, lesionó la institucionalidad democrática del país eliminando contrapesos, transparencia, rendición de cuentas, quien instrumentalizó la justicia para blindar la corrupción y perseguir el disenso presente una denuncia de esta naturaleza hay que recordar que Correa ha sido un detractor de la OEA y sus instituciones.[2] Lo que ha llamado la atención de la ciudadanía es la celeridad del Secretario General, Luís Almagro, para admitir a trámite esta denuncia.[3]
Por otra parte, si bien el proceso contra Glas sienta un importante precedente respecto a posteriores sanciones y sentencias por decenas de procesos de corrupción protagonizados por el correísmo, no hay que perder de vista que la estructura de la corrupción se mantiene intacta, no se han impulsado y peor concretado reformas legales ni institucionales que den la pauta hacia cambios significativos en el combate a este flagelo. Además, algunos de los actores clave de la corrupción e impunidad, han optado por cambiar su lealtad hacia el nuevo mandatario esperando no tener que rendir cuentas por sus acciones.
La corrupción ocupa el segundo lugar entre las preocupaciones de los ecuatorianos. El desempleo lidera ese ranking y luego está la crisis económica, por lo tanto estas tres materias son los retos que deberá enfrentar la gestión de Moreno luego de la Consulta.
Además está por verse si estamos ante un retorno a instituciones democráticas o ante una re funcionalización del autoritarismo con un rostro, de momento, más afable. Los nombres filtrados de la posible terna apuntan al escenario menos auspicioso.