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Autor: mh

LA OTRA PLAGA: LA BUROCRATIZACIÓN DE LA SALUD

Por fin salió a la luz en ciertos medios que el dengue tiene un nuevo brote en el país durante los primeros meses de 2020, pero de eso las autoridades sanitarias no nos hablaron. Como tampoco dijeron que, lamentablemente, contagiarse de dengue y COVID-19 es una posibilidad.

LA OTRA PLAGA: LA BUROCRATIZACIÓN DE LA SALUD

Al parecer las autoridades de riesgos y salud se han limitado a darnos una serie de cifras cuya utilidad en términos del manejo de la epidemia dejan mucho que desear.

¿Cómo llegamos a esto? El gobierno precedente y el actual tienen vela en este entierro.

La situación actual, la pandemia y sus repercusiones, responden a un proceso de determinación social.

El punto de partida es junio de 2012. El Ministerio de Salud Pública del Ecuador emitió el “Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Salud Pública”. Meses antes, desde la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) se emitieron políticas, lineamientos, reglamentos y normas para una nueva gestión del territorio; aquí se lo dividió en circuitos, distritos, y zonas de planificación. Todo esto aupado por el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017.

El nombre del estatuto es largo y parece intrascendente. Sin embargo, definió la nueva institucionalidad del Ministerio de Salud Pública (MSP), que reestructuró a dicha entidad.

Desde la emisión de este estatuto, el ministerio cuenta con: dos viceministerios, cinco subsecretarías, cinco coordinaciones generales, 41 direcciones nacionales, nueve coordinaciones zonales, 90 direcciones zonales.

Además, tiene 140 Direcciones Distritales y cuatro entidades adscritas ( Indot, Acces, Inspi y Arcsa).

Es decir, la nueva institucionalidad también propició la creación de unas entidades y la extinción de otras, como el “Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria” (SNEM).

El “Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria” fue una entidad que se creó el 19 de mayo de 1967 mediante Decreto Supremo.

Tres años más tarde, otro decreto determinó su funcionamiento como dependencia directa (entidad adscrita) del Ministerio de Salud Pública.

En 2003, este servicio cambió de denominación a: “Servicio Nacional de Control de las Enfermedades Transmitidas por Vectores Artrópodos”.

Desde ahí, se encargó del desarrollo de los programas de control de: malaria (paludismo), dengue, enfermedad de Chagas, leishmaniasis, oncocercosis, fiebre amarilla y otras enfermedades trasmitidas por vectores.

El nuevo servicio mantuvo las siglas originales.

El 2 de septiembre de 2014, el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Salud Pública, determinó que el SNEM (entidad adscrita al MSP con autonomía) debía ser parte de la Dirección Nacional de Estrategias de Prevención y Control (ni siquiera de la Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica).

Esto supuso la extinción del servicio, ya que perdió sus atributos como entidad adscrita.

Dejó de funcionar como una instancia y pasó a ser parte de otra. Las funciones del SNEM en los territorios pasaron a las direcciones zonales de vigilancia de la salud pública y a las unidades distritales de vigilancia de la salud pública.

Podemos decir que a más de oficializar la desaparición del SNEM, el estatuto marcó el inicio de una nueva institucionalidad en el Ministerio de Salud Pública.

Esta nueva institucionalidad se caracteriza por implementar o modificar algunas prácticas del ministerio, entre ellas, la contratación del talento humano que trabaja en él. Más allá de honrosas excepciones, esto ha propiciado la contratación de directores/as nacionales, gerentes de proyectos institucionales, coordinadores/as, subsecretarias/os, viceministros/as y ministras/os sin formación y experiencia en salud pública.

Algunos cargos han sido ejercidos por personas sin título que acredite su educación de tercer nivel. La Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP)  denomina a este cargo:

Nivel Jerárquico Superior (NJS), una clase de nombramiento provisional, de libre remoción del que no se tiene certeza de sus competencias porque no ha llegado ahí como parte de una carrera sanitaria (porque no existe tal carrera).

Sin embargo, tiene a su cargo la dirección política, administrativa y técnica de una entidad del Estado.

Es decir, reiteramos, salvo destacables excepciones, quien ocupe un Nivel Jerárquico Superior no está ahí por méritos académicos, tampoco porque sea alguien legitimada/o por la sociedad o colectivos como una autoridad en los temas del área que dirige.

Todos los cargos ejercidos desde el “Nivel Jerárquico Superior” son excluidos de la carrera del servicio público, tal como lo establece la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) en el artículo 83.

Esto, a más de un buen salario, le confiere la competencia de tomar decisiones en salud pública pese a que no tenga la capacidad técnica para hacerlo y tiene más responsabilidades políticas que técnicas.

En estas circunstancias en general muchos de los Niveles Jerárquicos Superiores ostentan su cargo gracias a su capital social y político antes que por su capital académico y de experiencia.

Esto, a su vez, determina que la mayor parte de quienes estén en un cargo directivo, lo ejerza apenas por unos meses. Esta nueva representación de la institucionalidad ha desplazado la figura del/la sanitarista y ha colocado en su lugar al “Nivel Jerárquico Superior”.

Si en Ecuador se implementara la carrera sanitaria esto obligaría a reestructurar el Ministerio de Salud Pública bajo un escalafón y mapa de puestos que proporcione respuestas adecuadas a las necesidades de salud de la población. Manteniendo una remuneración que guarde congruencia con su nivel de formación, competencias, antigüedad, experiencia y resultados de evaluaciones.

La Organización Panamericana de la Salud OMS conceptualiza a la carrera sanitaria como el conjunto de “normas y disposiciones que regulan el empleo público en salud, define la relación laboral de los trabajadores con las instituciones que conforman el componente público de los sistemas de servicios de salud y toma en consideración el indispensable reconocimiento de los derechos de la población en los procesos y actividades de atención de la salud”. Pese a que la propuesta de Código Orgánico de Salud (COS) retoma a la carrera sanitaria, esta no ha podido ser implementada desde 2018 ya que este código aún no se aprueba.

¿Qué repercusiones tiene esto? Lo explico en el siguiente gráfico:

El gráfico es un canal epidémico o endémico. Se construye con el número de casos (de una enfermedad o infección) ocurridos entre los últimos 5 y 7 años. Eso permite delimitar en zonas de colores: verde, amarillo y rojo. La línea y puntos azules muestran los casos ocurridos en el año en curso, es decir 2020. En la semana epidemiológica 11 (la semana comprendida ente el 8 y 14 de marzo) hubo un número de casos que sobrepasó el color rojo, es decir la zona de alarma. Por lo tanto, el gráfico nos alerta sobre un brote o epidemia de dengue en Ecuador que se suma a la pandemia de coronavirus. Recordemos que el dengue también mata.

¿Aún se pregunta qué repercusiones puede existir? Piense en lo que podría suceder si se infecta de dos virus distintos a la vez.

Asimismo, piense en la calidad de la información con la que dispone como ciudadano/a. El Ministerio de Salud no ha podido establecer si existe o no asociación en la letalidad de la coinfección SARS-CoV-2 y dengue.

Considere que el Sistema de Vigilancia Epidemiológica del país cuenta con al menos 5 subsistemas de vigilancia (p. ej., infecciones asociadas a la atención en salud, inmunoprevenibles entre otros), y que cada uno tiene una forma de recoger los datos y un sistema de información distinto.

Por ello no es sorprendente que la información sea inconsistente, inoportuna e inútil para tomar decisiones.

Esta tónica se repite en varias de las direcciones nacionales del Ministerio de Salud. La gestión de la información finaliza con la solicitud de una matriz o informe (a las zonas, o distritos) que le sirve solo a “Nivel Jerárquico Superior” para imprimirla y engrosar la carpeta de su informe de fin de gestión, al fin y al cabo, es un funcionario de libre remoción.

 
 

SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN DE LA PRESIDENCIA EN LA PICOTA

En un duro comunicado al presidente Lenín Moreno la Fiscal General de la Nación le ha dicho que la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia no tiene ninguna utilidad, que entorpece las investigaciones fiscales, que puede alertar a los investigados por actos de corrupción y que esa dependencia presidencial representa un gasto innecesario para las arcas del Estado.

SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN DE LA PRESIDENCIA EN LA PICOTA

La carta, que posee la firma electrónica de la fiscal Diana Salazar, se entregó este 6 de mayo en el despacho del presidente y evidencia lo que todo el país sabía: la Secretaría Anticorrupción es una instancia de ineficiencia y gasto excesivo que aúpa la corrupción.

El comunicado expresa que las actividades investigativas de la fiscalía “se han visto afectadas en varias ocasiones por la información o requerimientos que se efectúan desde la Secretaría Nacional Anticorrupción a los diferentes fiscales que se encuentran a cargo de las investigaciones, así como también por la información que se publica diariamente en redes sociales, sin ser sujetos procesales”.

Dice que ese “accionar causa preocupación, por cuanto, lejos de coadyuvar con la investigación penal alerta a los sospechosos o investigados y eleva el riesgo de fuga con la evidente destrucción de evidencia, siendo necesario salvaguardar la investigación, tanto más, que el propio Código Orgánico Integral Penal en el artículo 584, determina la reserva de la investigación a excepción de los sujetos procesales”.

Le dice además al presidente Moreno que es la Constitución la que establece qué órganos son los que poseen la atribución o la potestad de administrar justicia, en clara alusión de que las acciones de esa entidad de la Presidencia está fuera de la ley.

La carta describe los principios legales que amparan a la FGE en su trabajo: “Como se evidencia en las normas citadas, el marco constitucional y legal que rige la convivencia social en el Ecuador otorga, de forma extremadamente clara, las atribuciones de perseguir delitos mediante el ejercicio de la acción pública penal a la Fiscalía General del Estado, como organismo autónomo de la Función Judicial”.

Aclara que las competencias de la FGE son indelegables y que no puede mediar injerencias de ningún otro ente público estatal.

Agrega que la presencia de esa secretaría puede provocar una relación de dependencia de los fiscales  respecto de otros órganos. “Puede tener un impacto sobre su actuación independiente, tanto en la efectividad e impulso de la investigación, así como en las implicaciones que tenga en el debido proceso”.

CASO INA: SUIZA PIDIÓ LEVANTAR INMUNIDAD A MORENO PARA ENTREGAR INFORMACIÓN

El primer país ya informó la entrega de un cuadernillo con 82 páginas de información pero en varios comunicados la justicia de ese país ha sido clara en señalar que requiere mayor precisión en sus pedidos.

Suiza en cambio ha evidenciado un interés especial de proteger al primer mandatario. El pasado 19 de febrero, cuando se realizaban las audiencias del caso Sobornos – Arroz Verde, la Fiscalía recibió una carta de la Oficina Federal de Justicia de Suiza (FOJ) en que negaba, nuevamente, la entrega de información sobre las cuentas bancarias del presidente y su esposa bajo un falso argumento de inmunidad del presidente ecuatoriano.

La Fiscalía arrancó en marzo de 2019 la indagación contra el actual presidente Lenin Moreno Garcés, su hermano Edwin Moreno Garcés, Conto Patiño Martínez, Xavier Macías Carmigniani, María Auxiliadora Patiño Herdoíza y Ricardo Alemán Alfaro, tomando como base la investigación periodística “El laberinto offshore del circulo presidencial”, publicada por los portales La Fuente y Milhojas (Periodismo de Investigación).

Entre las diligencias dispuestas por la entonces Fiscal Ruth Palacios, constaba el pedido al Servicio de Rentas Internas (SRI), para que emita un informe sobre las compañías Recorsa C.A. y Recorsa S.A., así como de los demás ciudadanos investigados. También se solicitó a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que remita los movimientos financieros de 2012 a 2018, de las compañías y las personas referidas.

En la apertura de la investigación, la Fiscal requirió de igual forma a la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), información sobre los pagos realizados por la empresa china Sinohydro Corporation a la offshore panameña Recorsa S.A, de propiedad de Conto Patiño Martínez.

El 8 de abril de 2019, Diana Salazar tomó posesión como Fiscal General de la Nación. Y respecto al caso ya bautizado como #InaPapers inició haciendo lo que correspondía para los casos de delitos transnacionales.

Para julio de 2019 obtuvo una respuesta por parte de la Procuraduría General de la Nación de Panamá, de su oficina de la Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales.

Con fecha 15 de julio, con oficio dirigido a Patricia Carranco, Directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General del Ecuador, se le indica que lo solicitado por el Estado requirente -esto es “toda la información de todas aquellas empresas que fueron constituidas por los señores Lenin Boltaire Moreno Garcés, Judith Rocío González Navas, Edwin Ovidio Moreno Garcés, Conto Augusto Patiño Martínez, Xavier José Macías Carmigniani, María Auxiliadora Patiño Herdoíza y Ricardo José Alemán Alfaro (de los cuales no se cuenta con mayor información) está formulado en términos generales e indefinidos, por lo tanto, recomendamos al Estado requirente realizar lo pedido a través de las fuentes de cooperación informal que permitirán la confidencialidad necesaria a fin de obtener información expedita, como método de desestimación, descarte y fase preparatoria para posteriormente formalizar una solicitud de asistencia jurídica internacional”.

La recomendación de Panamá continúa: “En ese sentido, el Estado requirente podrá realizar el pedido de información de las empresas por medio de la Red de Recuperación de Activos de GAFILAT(RRAG) y de este modo podrá determinar una especificidad razonablemente limitada que permita al Ministerio Público de la República de Panamá ejecutar acciones concretas… Siendo así estaremos en espera de la información adicional requerida…”, concluye la respuesta firmada por el Secretario de la Procuraduría panameña, Elías Nuñez.

En otras palabras, la Procuraduría de Panamá, oficina que cumple las funciones de Fiscalía, le pidió a Ecuador que sea más específico y le marcó un camino para conseguir la información adicional útil para el propósito de la investigación.

La respuesta del 15 de julio obedecía a un oficio enviado por la Fiscalía de Ecuador el 29 de mayo.

Pero hay otra respuesta más de Panamá. La misma oficina de la Procuraduría responde a Ecuador el 7 de agosto de 2019, refiriéndose en esta ocasión a un requerimiento de fecha 2 de mayo del mismo año, con la “solicitud de asistencia penal internacional No. 030-2019, por el delito de cohecho en contra de Lenin Boltaire Moreno Garcés y otros”.

La Fiscalía de Ecuador le pidió a Panamá que envíe las cuentas bancarias del presidente en ese país. Y la respuesta fue:

“Observamos que lo solicitado está formulado en términos generales e indefinidos. La República de Panamá carece de un Banco Central con facultades para aglutinar toda la información bancaria del país, por lo que sería muy difícil precisar rápidamente si en alguna de las más de 200 instituciones financieras del país será exitosa la acción pretendida, lo que dilataría considerablemente el diligenciamiento”.

Pedidos y respuestas de Panamá

La Procuraduría de Panamá recomendó: “El Estado requirente podrá realizar el pedido de información de las cuentas bancarias por medio de su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a través del grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera y de este modo podrá determinar una especificidad razonablemente limitada, que permita al Ministerio Público de la República de Panamá ejecutar acciones concretas, a fin de evitar una “fishing expedition” y con ello vulnerar el derecho interno, por lo que requeriremos información adicional que defina de manera concreta las acciones por ejecutar en instituciones financieras y cuentas bancarias precisas”.

“Siendo así estaremos en espera de la información adicional requerida”, concluye Panamá.

Panamá pedía un número de cuenta precisa, que la Fiscalía de Ecuador no le dio. Y en Ecuador hasta en memes se viralizó el número de cuenta 100-4-1071378 del Balboa Bank Panamá.

Finalmente, el 26 de diciembre de 2019, la Procuraduría de Panamá respondió a Isabel Garrido Cisneros, secretaria de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, la respuesta al pedido de asistencia judicial hecha por la Fiscal General por la investigación de cohecho en contra de Edwin Moreno y otros. La información llegó en un cuadernillo de 82 hojas. ¿Qué información consta en ese cuadernillo enviado por Panamá?

Consultamos a la Procuraduría de Panamá y su oficina de relaciones públicas confirmó el envío del documento que incluye un cuadernillo con 82 fojas de la información solicitada por la Fiscalía General del Estado.

 

Suiza: Levanten la inmunidad al Presidente

Diana Salazar también envió el 3 de julio de 2019 una solicitud de asistencia penal internacional por este caso, que cruzó el Atlántico y llegó a Suiza. La Oficina Federal de Justicia de ese país respondió desde Berna el 19 de febrero de 2020, a una insistencia hecha desde Ecuador el 23 de diciembre de 2019.

Lo que dice Suiza en su respuesta es: “Sin embargo, como se describe en nuestra carta anterior con fecha 18 de septiembre de 2019, de acuerdo al derecho internacional consuetudinario, el actual presidente del Ecuador, Lenin Boltaire MORENO GARCES, se beneficia de la inmunidad absoluta de la jurisdicción de Suiza.

Por lo tanto, para poder otorgarle asistencia legal en esta materia, las autoridades suizas necesitarían la siguiente información:

  1. Un documento oficial que acredite que la inmunidad de jurisdicción del Presidente Lenin Boltaire MORENO GARCES ha sido levantada explícitamente por la autoridad competente de Ecuador bajo el derecho internacional consuetudinario.
  2. Un documento que pruebe la competencia de la autoridad que ha levantado la inmunidad de jurisdicción de acuerdo al derecho internacional consuetudinario”.

Pero la verdad es que la legislación ecuatoriana no reconoce al presidente inmunidad alguna y en esos términos la Fiscalía le ha hecho conocer a la justicia suiza. La Fiscalía no está obligada a solicitar a ninguna entidad, ni la Asamblea ni la Corte Constitucional,  el levantamiento de inmunidad porque simplemente no existe.

Es decir le basta un informe jurídico para que su requerimiento sea tramitado en Suiza. La fiscal Salazar aseguró que sus pedidos han sido recurrentes pero no detalló qué acciones emprendió luego de la última respuesta de la Oficina Federal de Justicia del pasado 19 de febrero.

Nuestro medio consultó a la La Oficina Federal de Justicia de Suiza respecto a la respuesta remitida a Quito. Sonja Margelist, Subjefe de Información, confirmó haber recibido una solicitud de «Asistencia Legal Mutua de las autoridades ecuatorianas con respecto al asunto que usted menciona. Este es actualmente un procedimiento en curso. Por lo tanto, no se puede proporcionar más información», señala el comunicado.

Las cuentas suizas de la familia presidencial

Para mayo de 2019, en algunos círculos periodísticos ya se hablaba de las cuentas bancarias de la familia presidencial en Suiza. Entonces, el presidente Lenín Moreno y su esposa Rocío González, en una señal interpretada como transparente, solicitaron a la fiscal Diana Salazar, investigar dos cuentas bancarias en Suiza y también la cuenta de Ina Investment en el Balboa Bank de Panamá.

Sin embargo, esa petición de los Moreno González, tan publicitada en los medios, quedaría como un simple tiro al aire, considerando la exigencia de Suiza de levantar previamente la inmunidad que según dice ostenta el primer mandatario.

En efecto, el 8 de mayo de 2019, Lenín Moreno pidió a la Fiscalía que investigue las cuentas a su nombre que tenía entre 2013 y 2016, mientras residió en Suiza y otras cuentas bancarias «que considere pertinentes». En la petición pidió puntualmente investigar la cuenta que tenía como enviado especial de la ONU No. 0900 0000 91-15 8649-3 en el banco PostFinance y la cuenta personal CHO 500279279137003 OB en el UBS Switzerland. 

En la misiva también, pidió indagar la cuenta  100-4-1071378 perteneciente a la empresa Ina Investment del Balboa Bank de Panamá, de la que se realizaron las cuestionadas compras.

El 10 de mayo, la primera dama Rocío González, dirigió carta similar a la fiscal Diana Salazar Méndez, pidiendo investigue la cuenta bancaria a su nombre, mientras vivió en Ginebra.

«Solicito señora Fiscal General, que dentro de la investigación que lleva adelante, se sirva analizar, bajo la respectiva asistencia penal internacional, la cuenta bancaria de la que fui titular, que la aperturé y cerré mientras vivía en el exterior», manifestó. La señora González se refería a la cuenta Nro. 14 -450222-9 CHF, del Banco Post Finance.

Nuestro equipo de investigación revisó la información bancaria referida por la pareja presidencial en el PostFinance, un sistema de pago que se denomina como “el socio confiable para clientes privados y comerciales que buscan administrar de forma independiente sus finanzas”, según su sitio web.

En un reporte de transacciones de la cuenta 0900 0000 91-15 8649-3, emitido el 5 de agosto de 2015, que señala que, a mayo de 2015, tenía un saldo de USD 585.655,89.

El 1 de mayo de ese año, se pagó desde esa cuenta USD 13.000 a la compañía inmobiliaria Besson, Dumont, Delaunay & Cie SA, ubicada en Les Acacias, Ginebra.

Cuatro días después, el 5 de junio, se transfirió a Lenín Moreno USD 14.800,00 a través del sistema E-Finance (finanzas electrónicas); de igual forma USD 5.000,00 a Julio Bueno Arévalo, exdirector de la Sinfónica Nacional y hombre de confianza de Moreno; y a Eduardo Mangas Mairena, exsecretario de la Presidencia de Lenín, por USD 7.000. También hubo una transferencia “para la cuenta 31-90192-6.

Moreno Garcés Lenin Boltaire. Géneve”, por USD 865. El documento no detalla la razón de estas transacciones.

El 20 de mayo de 2015, hicieron alrededor de 12 transferencias, que tenían como beneficiarios a Eduardo Mangas (USD 238.47), Julio Bueno (USD 232,78), Rosángela Adoum (USD 232,78), actual asesora 1 del presidente, Rita Almeida Padilla (USD 81,57), enfermera privada de Lenín. Junto a los nombres de Bueno, Adoum y Almeida, aparece como detalle “pasaje-kr-ge”.

La cuenta realizó giros internacionales al Banco de la Producción S.A. (USD 9.744) por concepto de pasajes, el 21 de junio transfirió a Rubén Patricio Sucuzhañay USD 448 y al mismo Lenín, a su cuenta del Banco del Pacífico por USD 3.793 por “reembolso pasaje Honduras”. Igual a su cuenta “31-90192-6. Moreno Garcés Lenin Boltaire. Géneve”, por USD 5.000 para “pago de tarjeta de crédito”.

0900 0000 1445 0222 9 es otra cuenta de Suiza, manejada por la esposa del presidente Lenín Moreno, Rocío González Navas. El 24 de octubre de 2016, desde Quito, llenaron el “formulario de terminación de cuenta de cliente privado PostFinance”, para que la cuenta fuese cancelada el 30 de octubre de 2016 y, a su vez, la tarjeta física destruida. Como motivo del cierre de la cuenta, señalaron “otras razones”.

Pidieron que, el dinero restante de esa cuenta, sea transferido a otra (026009593) del Bank of America, de New York, EE. UU, que tenía como beneficiario final a Irina Moreno, hija de Lenín Moreno, cuya dirección en Nueva York, es, según el documento, “866 un plaza, suite 516, New York, NY, 10016”.

La Fiscal General Diana Salazar ya despachó exitosamente y con sentencia condenatoria el caso Arroz Verde/Sobornos. Ahora tiene tiempo para seguir con el caso conocido como Ina Papers y su trámite en la Asamblea. De eso depende que uno de los velos más infranqueables en el sistema financiero mundial, por fin se levante. Y nos entregue la información que podría marcar un antes y un después en la lucha contra la corrupción en nuestro país.

LA MÁS GOLPEADA DEL MUNDO: ¿POR QUÉ GUAYAQUIL?

El 4 de abril cayó sábado. Era el día 19 de la cuarentena declarada en Ecuador y esa semana en particular tenía señales claras de que la tragedia estaba golpeando con fuerza los hogares de los guayaquileños. Eran los días en que, al hacer las filas para entrar a los supermercados, la conversación que se escuchaba entre amigos era respecto a los fallecidos conocidos que cayeron por el Covid19 en las últimas horas.

-Anoche murió José. Era un hombre joven, no tenía más de 45.

-Y también el suegro de mi hija. Fue fulminante.

¿Te enteraste lo de la pobre Esther? Con voz alta ponía al tanto de otra desgracia, una mujer por teléfono ubicada más adelante.

En torno a eso giraban los diálogos en Guayaquil. En enterarse de quien había fallecido. Las causas nadie preguntaba, porque ya se suponían. El coronavirus estaba dando sus golpes más fuertes. Y eso se sentía por esos días en las calles, en donde las personas no contestaban preguntas de extraños y muchos ya preferían el silencio. Cosa bastante rara en una ciudad acostumbrada a los gritos, al hablar fuerte y claro casi como un signo de la raza guayaca.

La mayor tragedia en 500 años.

Ese 4 de abril ha quedado marcado como el día récord de la muerte en toda la historia de Guayaquil y la provincia del Guayas, porque 677 personas no pudieron más con la enfermedad. De estos, más de 600 únicamente en Guayaquil.

No existen registros de una tragedia de igual magnitud en los casi 500 años que lleva la ciudad llamándose Guayaquil. Ni los incendios, ni los piratas, ni las epidemias del siglo XVII y XVIII, trajeron tanta muerte junta en apenas 24 horas.

Pero la fecha solo es un detalle para el registro porque la realidad en conjunto se multiplicó hasta llegar al 30 de abril a una cifra que suena irreal: más de 10.000 padres, madres, hijos, hermanos, ricos y pobres, gerentes y obreros, trabajadores y desempleados, o sencillamente hombres y mujeres que todavía tenían una vida por delante, 10.000 de ellos murieron en los meses de marzo y abril de este año 2020 como el efecto mortal de la pandemia del coronavirus en esta zona bautizada sin acta como el Gran Guayaquil y que incluye a Durán, Daule y Samborondón, eternos vecinos y ahora hermanos en el dolor.

La cifra es la más alta que se pueda encontrar en los archivos, pero es estrictamente apegada a la realidad de las inscripciones de defunciones que trae el Registro Civil del Ecuador. Y estremece más cuando se compara con Wuhan, la cuna de la epidemia en China, que registra 3869 fallecimientos por Covid-19 hasta la fecha.

O con Brasil, que, con 210 millones de habitantes, hasta fines de abril contó 5901 muertos, siendo Sao Paulo la ciudad más afectada. Inclusive con Nueva York, que teniendo más muertos, su incremento de mortalidad es del 341% frente al 485% que registra Guayas, incluida Guayaquil, ubicándose con esa cifra como la urbe más golpeada por el coronavirus en el mundo. Hasta ahora y tomando como base las estadísticas de marzo y abril.

La pregunta es: ¿Por qué Guayaquil? Y la respuesta es por una serie de factores.

Los retornados

La migración nos jugó en contra. Y la casualidad hizo que justo en un mes de vacaciones para toda la Costa, febrero, el virus aterrizó en el país adentro de los cuerpos de algunos de los miles de viajeros que arribaron por el aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Y no fue precisamente el 14 de febrero, con la tantas veces mencionada y publicada en redes Paciente Cero, la señora migrante de Babahoyo que llegó de España y tuvo las típicas recepciones sociales de bienvenida, como es la costumbre. Pero la Paciente Cero no fue la responsable de la expansión del virus en Guayaquil.

Luis Sarrazín, ex ministro de Salud y parte del equipo de expertos conformado por el municipio de Guayaquil tiene una certeza: el brote de coronavirus en Guayaquil se originó en Samborondón.

Y lo explica en que muchos de sus habitantes de clase alta y media alta, habían regresado de sus vacaciones en Europa y Estados Unidos. Algunos de ellos, contagiados. Luego participaron en eventos sociales y otras actividades en donde diseminaron el virus, tanto entre invitados como entre empleados. “Debido al desorden completo de sus habitantes se diseminó la pandemia de una forma rápida”, dijo Sarrazín.

Esto lo confirma el gobernador del Guayas, Pedro Duart, quien indicó que muchos ciudadanos de Samborondón “continuaron haciendo lo que les daba la gana y no acataron las medidas cuando ya fue decretada la pandemia”.

Y es que la entrada del coronavirus por el aeropuerto Olmedo fue libre. Tanto, que los infaltables bromistas de las redes hicieron un meme del solitario empleado sanitario a quien el Ministerio de Salud le puso una escuálida mesa de control a la salida del aeropuerto.

“Nos fallaste flaco”, decía el chiste. Gracioso y todo, la imagen era un reflejo de la precariedad del cerco epidemiológico que se intentaba aplicar esos días con un flujo intenso de viajeros retornados. Casi nada.

El dichoso control epidemiológico resultó un espejismo, dice el periodista Cristian Zurita. “Mientras funcionarios armaban un discurso técnico sobre el cerco que rodeaba a la paciente cero, a Guayaquil entraban centenas de personas de todas las latitudes del mundo”.

En realidad, miles, según el matemático Fernando Sandoya quien maneja la cifra de 24.249 personas que arribaron al país desde España, Italia y de Estados Unidos solo en la primera quincena de febrero. La mayoría, 18.135, desde Estados Unidos. “Los viajeros diseminaron el mal, mientras las autoridades vigilaban su propia burbuja”, resume Zurita.

Algo que complementa el médico salubrista Esteban Ortiz. “Con la llegada de los migrantes, eso implicaba una reunión social, la bienvenida. Eso es una tradición”, lo que propagó a una velocidad inusitada el virus y determinó que en apenas quince días o tres semanas el nivel de contagio haya llegado a picos no calculados por nadie.

Y eso explicaría, por ejemplo, el bajísimo nivel de la enfermedad que sufre Venezuela, para sorpresa de todos. “Venezuela ya estaba bloqueado, con sus vuelos reducidos, líneas aéreas que ya no llegaban y un turismo casi en cero. Les benefició que el flujo migratorio estaba prácticamente detenido”, explica el matemático Fernando Sandoya.

El dengue. Un virus nuevo cayó en tierra con un virus viejo

La primera noticia al respecto al dengue nos llegó desde Londres, en una publicación de la BBC: «La pandemia de covid-19 llega a América Latina cuando otras epidemias y brotes que han azotado a la región por generaciones siguen estando allí», dijo a BBC Mundo la doctora Josefina Coloma, investigadora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de California, Berkeley, y miembro del comité asesor de la OPS.

«Este es el problema de la llamada ‘doble carga’ de dos enfermedades, como dengue y covid-19, que se pueden dar al mismo tiempo, en las mismas personas y en los mismos lugares». Y eso es lo que podría estar ocurriendo en Guayaquil, dice la investigadora.

«No tenemos datos específicos, pero pensamos que tiene que ver con esta doble carga», analiza. «Si ves las tablas epidemiológicas que publica Ecuador, la curva de dengue era muy alta (a principios de año) y de pronto en marzo, cuando empezó el covid-19, (el dengue) bajó a cero. Y no es que haya bajado a cero, sino que el sistema de salud se satura y nadie está realmente siguiendo específicamente los casos de dengue”.

La hipotésis del dengue no es respaldada por no encontrar bases que la sustenten por parte del salubrista Esteban Ortiz, pero sí por el epidemiológo Marco Fornasisi, que encuentra en la suma del dengue y el Covid una “posibilidad muy alta” que explique el alto nivel de mortalidad que explotó en Guayaquil. “Es difícil establecerlo a ciencia cierta, porque no se están haciendo los análisis a los cuerpos de los fallecidos, pero tiene sentido”, nos dice Fornasini.

El 19 de marzo, diario Expreso publicaba que en comparación al 2019, los primeros meses del 2020 trajeron un incremento de casos de dengue del 1000%. Y un año atrás, en marzo de 2019, en La Historia reportábamos la protesta por su despido de 300 trabajadores del Ministerio de Salud que precisamente realizaban fumigaciones para evitar los criaderos de mosquitos. Toda acción trae una consecuencia.

La política y la corrupción

Para el 22 de marzo, los hospitales y las clínicas privadas de Guayaquil ya estaban colapsadas y sin posibilidad alguna de recibir ni un paciente más. Todo estaba lleno y las Emergencias se repletaban con personas que no podían respirar. Habían pasado apenas seis días desde que en la noche del 16 de marzo, el presidente Lenin Moreno anunció el Estado de Excepción, el cierre de fronteras y la suspensión de las jornadas laborales, comenzando oficialmente la cuarentena.

¿Por qué en menos de una semana el sistema de Salud de Guayaquil ya no pudo más? ¿Pudo haber estado mejor preparado el sistema hospitalario? ¿Se pudieron evitar muchas de las muertes que se dieron dentro de las casas de los enfermos, porque no fueron recibidos en ninguna casa de Salud?

Las respuestas que tenemos es que sí era posible hacer mucho mejor las cosas. Y estaba en las manos de las autoridades del gobierno realizarlo.

El coronavirus golpeó más en Guayaquil porque la ciudad ya era víctima, desde años atrás, de otro virus invisible: la corrupción. Tanto era así que apenas un mes antes que ataque la pandemia, el 19 de febrero, el Contralor Pablo Celi declaraba que los hospitales Teodoro Maldonado, Los Ceibos y Guasmo Sur entraban a una vigilancia especial por las irregularidades y malversación de recursos que se cometían en sus contrataciones. Justamente estos tres hospitales fueron los designados por el gobierno para recibir a los enfermos de Covid-19 en esta emergencia y son estos tres hospitales en donde más han fallecido las víctimas del Coronavirus en Guayaquil.

Fue en el Teodoro Maldonado en donde se grabaron videos macabros con cadáveres en fundas negras amontonados en el piso; fue en el hospital del Guasmo en donde se denunció que para encontrar el cuerpo de un fallecido, sus familiares tenían que pagar hasta USD 100 a un “gestor”; fue en el hospital de Los Ceibos en donde a un periodista que agonizaba le robaron su billetera, celular y reloj y hasta después de haber muerto, seguían sacando dinero de su cuenta con la tarjeta de débito que le habían sustraído.

Con los antecedentes que traían estos hospitales, lo que ha pasado durante la pandemia parece una secuela del modus operandi de la corrupción que ya mandaba en su interior.

¿Por qué los hospitales cayeron en administraciones corruptas? Sobre el tema hubo varias denuncias que publicamos en sendos reportajes en La Historia y Periodismo de Investigación.

El primero fue “El hospital desahuciado por la corrupción”, refiriéndonos justamente al hospital del IESS Teodoro Maldonado, publicado el 30 de octubre de 2019:

Después siguió, el 19 de diciembre de 2019, el reportaje “Arroz Verde en la Salud: El reparto de hospitales”, en donde aparecían los nombres de Asambleístas de Manabí y Santo Domingo involucrados en el manejo político de las casas de Salud.

La última parte se subió este año, el 20 de enero, https://periodismodeinvestigacion.com/2020/01/20/la-tragedia-de-los-rios/

Y las publicaciones se quedaron cortas. Luego llegó información de que el mismo sistema de reparto se ejecutó en Guayas, El Oro, Chimborazo y otras provincias.

El gobierno de Lenin Moreno no acepta haber ejecutado ningún reparto. La ministra María Paula Romo nos dijo que “el gobierno no ha repartido ni hospitales ni ninguna otra instancia de gestión. No es la manera en que funcionamos”. Por esos días también se hizo pública una grabación de audio en la que el tío de Romo, Andrés Romo, habla con la gerente del hospital de Tulcán, sobre la adjudicación de contratos. Luego, la misma Gerente llamó a la ministra Romo para informarle de la novedad de la injerencia de su tío.

“El señor Romo no tiene ninguna responsabilidad ni cargo en el gobierno, por lo que no tiene injerencia alguna en las designaciones. Si tiene alguna relación con la señora con la que habla al teléfono, habría que preguntárselo a él”, dijo la ministra a La Historia y Periodismo de Investigación.

El 15 de enero habló Paúl Granda, entonces presidente del directorio del IESS:

“No vamos a permitir que los hospitales sean cuota política de nadie”, declaró.

“Si es que existe un manejo político o un manejo interesado para beneficiarse de uno de nuestros hospitales para adquirir medicamentos a la voz del Carnaval, no lo vamos a permitir. Vamos a proteger hasta el último centavo de los afiliados”, dijo en ese momento Granda, quien tres meses después dejó el cargo en medio de un escándalo por la compra en el IESS con sobreprecios de hasta el 300% de mascarillas N95 en medio de la emergencia por el Coronavirus.

El jefe de Gabinete, Juan Sebastián Roldán, también se refirió al tema del reparto de hospitales el pasado 18 de febrero. Ni lo confirmó ni lo desmintió. “Que yo conozca, no hay reparto. Y si se demuestra, las personas tendrán que responder dentro y fuera del gobierno”.

Pero ese mismo día dijo algo determinante: “Sí hay dinero para medicinas. El problema es que o se va en corrupción o en mala administración”.

Una de las dificultades y freno para el desarrollo que sufre el país es la impunidad que sigue siendo la marca principal del sistema de justicia. Roldán dijo que “si se demuestra” el reparto, alguien tendrá que responder.

El problema es que nadie ha investigado el hecho o se ha tomado el trabajo de tratar de demostrarlo, ni siquiera la Fiscalía a la que han llegado denuncias por parte de la Comisión Anticorrupción. Esa es una queja del ex Coordinador de dicha Comisión, Jorge Rodríguez.

“Lo malo es que hasta la presente fecha, la Fiscalía sigue con la denuncia guardada que hizo la Comisión Anticorrupción en junio del año pasado y no hay un solo proceso que avance para meter presos a los que están metidos en esto y son políticos que desde la Asamblea y desde afuera apoyan a este gobierno”, dijo Rodríguez.

La Fiscal General Diana Salazar, implacable y diligente en el caso #ArrozVerde/Sobornos, en el que ya existe sentencia, no tiene hasta ahora ningún resultado concreto para enseñar del reparto político de hospitales.

Tampoco aceptó hablar con La Historia y Periodismo de Investigación al respecto. Quien sí habló fue una autoridad del gobierno que, a cambio de mantener su nombre en reserva, confirmó que lo del reparto era un hecho cierto, dando detalles y más nombres de involucrados.

Tanta notoriedad ganó el tema que hasta Rafael Correa tuiteó el pasado 23 de abril: “Ahora prioridad es salvar vidas, pero jamás olvidar: Convirtieron sistema de salud en BOTÍN POLÍTICO. Manabí ha tenido en último semestre 5 coordinadores de Salud, respondiendo a cuotas políticas”.

Un público lavado de manos que es rechazado por Julio Villacreses, de la Comisión Anticorrupción de Manabí: “Este es el campeón de los cínicos porque el sistema del reparto como un botín comenzó en su gobierno, él lo instauró y lo continuó Moreno.

Todos los asambleístas a los que se repartieron hospitales, fueron correístas, luego morenistas y ahora ya ni se sabe”.

¿Qué tanto daño ha hecho la corrupción en las circunstancias actuales de emergencia? Jorge Rodríguez lo pone sencillo: “El IESS invierte al año USD 500 millones en medicinas y de eso se roban por lo menos USD 200 millones en sobreprecios. ¿Usted sabe cuántos respiradores pudieron comprarse con ese dinero? ¿Tenemos una idea de cuántas camas más para Cuidados Intensivos pudieron sumarse con esa cifra? La corrupción también mata porque con toda seguridad si no se hubiesen robado esa plata, mucha gente que falleció sin ser atendida estaría hoy viva”.

El problema es que todo nace desde las cabezas del poder, advierte el legislador no querido de CREO, Roberto Gómez, una voz solitaria que denuncia el reparto de la Salud como botín político entre sus colegas.

“¿Quién pone a la ministra Romo? ¿Quién designa a la ministra Andramuño? El presidente Moreno, el mismo que termina felicitando a Paúl Granda por su trabajo en el IESS, cuando este se va en medio de un escándalo de corrupción por la compra de mascarillas”.

No solo actores de la política apuntan a la corrupción como un factor determinante para lo mal que lo hemos pasado. El epidemiólogo Marco Fornasini también tiene una “muy mala impresión del Ministerio de Salud. Creo que es un nido de corrupción tremendo”.

Cómo se manejarían las cosas en ese Ministerio, que el ex asesor presidencial Santiago Cuesta reconoció muy suelto de huesos que él había puesto a la ministra de Salud  Catalina Andramuño y que Jhony (Juan Rodríguez Malo), yerno del presidente Lenín Moreno, incidía en el sistema de salud.

La primera cabeza que rodó por el desastre en el manejo de la crisis, fue justamente la de Andramuño. De los trasfondos de la designación de Andramuño no dio detalles Cuesta. Eso no impide que personas entiendan la situación.

La directora de Televisión Catrina Tala lo observa así: “Ningún país estuvo preparado para enfrentar esta pandemia. Ninguno. Pero eso no justifica la precariedad de nuestro sistema de salud, que hace años fue entregado a mafias y sigue en manos de ellas. Se han rifado los hospitales y los responsables siguen fuera. Impunidad total”.

Exceso de confianza

Quien lo declaró a un noticiero internacional a manera de confesión de un pecado venial fue el prefecto del Guayas, Carlos Morales: “Nos confiamos”. A principios de marzo, a nadie se le cruzaba por la mente que Guayaquil sería dos semanas después un protagonista mundial de noticias decadentes. Y es que febrero fue un mes especial, lleno de regresos de viajeros, vacaciones y fiestas de los graduados de los colegios, en grandes salones de 500 o hasta más invitados.

Tan normal era todo que las fiestas de Carnaval de este año, que empezaron el 22 de febrero y continuaron el 23 y 24, tuvieron un gasto elevado -más de USD 3 millones- por parte de municipios en todo el país, para la contratación de artistas que se presentaron al aire libre en grandes espacios, escogidos especialmente para que acudan la mayor cantidad posible de personas. Nadie reparó que para esas mismas fechas, Italia encendió la alerta roja por la llegada del Coronavirus y tomó la medida extrema de suspender el Carnaval de Venecia cuando estaba en pleno desarrollo, una medida que resultó tardía para ellos también si tomamos en cuenta sus números fatales.

La primera alerta con impacto en Ecuador se dio el 29 de febrero cuando la entonces Ministra Catalina Andramuño confirmó el primer caso de contagio de Coronavirus en Ecuador, la denominada Paciente Cero. Fue entonces que las farmacias ese día se abarrotaron de gente que buscaba comprar mascarillas y el Ministerio de Gobierno prohibió los eventos masivos. Pero fue un susto que duró pocas horas.

Las autoridades comenzaron a dar discursos llamando a la tranquilidad y así comenzó marzo, intentando llevar las actividades de la manera más normal posible, como si ningún virus hubiese llegado a la ciudad.

Con esa lógica se autorizó la presencia del público para el partido del 4 de marzo de Copa Libertadores Barcelona-Independiente, al que acudieron casi 20 mil personas.

Fue una medida polémica porque el 29 de febrero el Ministerio de Gobierno había dispuesto lo contrario y se dejó sin efecto la prohibición para Guayaquil.

“El peor virus es el miedo”, sentenció entonces el gobernador del Guayas Pedro Duart. En Italia, los especialistas han dicho que la realización del partido de la Champions Atalanta-Valencia, que se jugó el 19 de febrero en Milán, tuvo los efectos de una “bomba biológica”, al ser señalado como el gran detonante de la pandemia en Italia y España, considerando que los equipos eran de esos países al igual que los hinchas que acudieron al estadio milanés San Siro. En Guayaquil hasta ahora nadie ha dicho lo mismo del partido de Copa Libertadores, pues todos los comentarios se han centrado en el desastroso juego que presentó Barcelona esa noche. Pero la frase del gobernador Duart quedó marcada, aunque ahora él sostiene que “no creo que el partido sea el motivo para que se desprestigie mi trabajo en la Gobernación. Epidemiólogos están trabajando para conocer las verdaderas causas”.

Marzo seguía avanzando y los eventos no se detenían en Guayaquil. El 12 de ese mes se desarrolló uno con casi mil personas en el Teatro Centro de Arte, para escuchar y ver juntos a Jaime Nebot y el jefe del gabinete Juan Sebastián Roldán. El encuentro político tuvo éxito, considerando la asistencia. Y al día siguiente el gobierno decidió finalmente suspender todo acto masivo.

Pero la prohibición quiso ser burlada por mucha gente, reconoce el gobernador Duart, quien el 14 de marzo tuvo que personalmente acudir a cinco matrimonios con cientos de invitados en Samborondón, para terminarles la fiesta. Duart conoce que muchos de los invitados se contagiaron en esas recepciones y algunos murieron.

Para el 18 de marzo, cuando la alcaldesa Cynthia Viteri tomó la decisión radical de invadir con camionetas la pista del aeropuerto de Guayaquil, para impedir el aterrizaje de un avión de Iberia que venía solo con su tripulación, la acción desesperada ya lucía tarde y sin mucho sentido.

La desunión

Justamente la acción arrebatada de la alcaldesa de Guayaquil al cerrar a la fuerza la pista del aeropuerto, fue la primera señal inequívoca de que esta tragedia no serviría para nada al objetivo sensato en estas circunstancias, de que las autoridades de la ciudad, las del gobierno y los políticos nacidos aquí que quieren llegar a la Presidencia -los tres mencionados en encuestas-, se unan con el mismo objetivo: intentar que el fuerte golpe que recibiría Guayaquil, duela lo menos posible. Pues no. Y no fue posible porque ninguno de los que estuvieron llamados a liderar la causa, dio el primer paso en ese sentido.

Las miles de muertes duelen y seguirán doliendo por un largo tiempo, pero las escenas de los políticos, cada uno por su lado, intentando con sus acciones aisladas paliar los estragos de la pandemia y quedar bien al mismo tiempo, molestan, porque esos egoísmos finalmente sí causan daño, al desparramar esfuerzos que unidos podrían ser realmente efectivos y no lo que terminaron siendo, campañas débiles que no estuvieron listas con sus resultados en los momentos más cruentos de la tragedia.

Esa deuda queda pendiente y se une a tantas otras que tienen los políticos con Guayaquil. Y con el país. Nuestros muertos son parte de esta historia, podrán ser expulsados de los registros oficiales, pero no de la memoria y del recuerdo colectivo.

 

LLURIMAGUA, LA FIEBRE DEL COBRE

Es una paradoja que organismos públicos de Ecuador y Chile formen una sociedad anónima y luego de constituirse como privados impongan una cláusula para despojarle a una de las partes su paquete accionario; es la historia de Llurimagua, el yacimiento de cobre que puede valorarse en 3 mil 500 millones de dólares como proyecto, aunque información alterna advierte que esa cifra podría ser mayor. Funcionarios de alto rango como Juan Sebastián Roldán junto a su tío, el abogado representante de los intereses de Chile, Francisco Roldán, se han puesto la camiseta de CODELCO y se han pintado el rostro con sus colores para evitar ser vistos, para expoliar al triste Ecuador.

El pasado 17 de marzo fue el día en que se anunció el regreso de Fernando Benalcázar a la subsecretaría de minas del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables. Quién ya lo sabía era el abogado Francisco Roldán Cobo, del bufete Pérez Bustamante & Ponce, que esperaba listo en la antesala del despacho de Benalcázar para ser recibido.

Horas antes, Llurimagua ya había cobrado su primera víctima: José Agusto Briones. Información revisada por nuestro medio da cuenta de mensajes cruzados por un alto mando del gobierno:

“El minist. nos está complicando el negocio! Llamó a unos abog. de Londres para que analicen la propuesta y se están dando cuenta… Papi no t preocupes, ahora hablo con el presi. para que nos cambie de minist.”(sic), se lee.

Su mayor preocupación: la firma del pacto de accionistas para constituir la sociedad anónima que debe sacar adelante el proyecto Llurimagua. En sí, ese acuerdo tiene una trampa que permitirá a Roldán y su representada apoderarse del paquete accionario nacional y acordar en el futuro jugosos negocios, sin que el torpe y pesado Estado intervenga y reciba recursos.

Llurimagua es el nombre del yacimiento de cobre que está por entregarse en silencio, en medio de una crisis sanitaria mundial que tiene en vilo a la humanidad.

La Historia

El 13 de noviembre de 2019 el ministro de energía Carlos Pérez García le pedía al gerente general de la Empresa Nacional Minera EP, Santiago Rojas, que complete los pasos para la aprobación del Pacto de Accionistas, para así avanzar en la constitución de una sociedad anónima que daría viabilidad al proyecto Llurimagua.

Pérez García no disimulaba en la comunicación dirigida su premura. Lo curioso de este pedido, fechado 13 de noviembre, fue que el Ministro de Energía de entonces ya había presentado su renuncia al presidente Lenin Moreno, 24 horas antes. Y dejó públicamente su cargo con una emotiva despedida en la que no faltaron lágrimas.

Le faltó tiempo para coronar la entrega de ese proyecto minero a la nueva sociedad, supuestamente liderada por la Empresa Nacional Minera EP (ENAMI), pero con todo el poder de gestión a favor de su socia, CODELCO de Chile.

Llurimagua es uno de los proyectos mineros mas ambiciosos del planeta, todas las grandes corporaciones han puesto su mirada en esa zona del cantón Cotacachi, zona de Intag, en la provincia de Imbabura; son 4830 hectáreas de una riqueza sin igual, 30 mil millones de dólares en cobre. Una fortuna únicamente comparable a destrucción ambiental que provocará la explotación.

Será por eso que el gobierno de Lenin Moreno, al que se le agotan los días y se le secaron los últimos recursos líquidos, quiere apurar el aprovechamiento económico de Llurimagua, pero a favor de otros. Como dice el refrán popular, sacar provecho, aunque sea del lobo un pelo. Así aquello signifique sacrificar la naturaleza y el derecho al Buen Vivir de los ciudadanos que viven en este sector e iniciaron hace años ya, una lucha de resistencia.

Llurimagua, aunque no resulte un nombre muy conocido ni sonado, es un proyecto que no es nuevo; en septiembre de 2008 Galo Chiriboga Zambrano, como ministro de minas y petróleos suscribió un acuerdo marco con el Ministerio de Minería de Chile para el desarrollo del sector minero nacional.

En 2009 el Ministro Derlis Palacios firmó un acuerdo de Cooperación para explotación minera que 

prácticamente regaló el rico yacimiento a Codelco y le dio la potestad de escoger los mejores proyectos; determinó además que para acciones futuras del proyecto debía crearse la Empresa Nacional Minera.

Un año después, el 28 de noviembre de 2011, la Empresa Nacional Minera suscribió con CODELCO de Chile el Convenio para la Exploración Minera, al que llamaron “Convenio 2011”.

La empresa estatal chilena se comprometió a realizar labores de prospección en Intag.

En 2015 se decidió conformar una compañía de economía mixta, a pesar de ser una sociedad integrada por empresas públicas estatales de Ecuador y Chile. El reparto accionario fue del 51% para la parte ecuatoriana, Enami, y el 49% para el socio chileno, Codelco. Enami ponía los derechos mineros de la concesión a favor de la sociedad creada, mientras Codelco transfería a la misma sociedad la propiedad de la información geológica de la exploración básica que ya había realizado en Llurimagua. Todo estaba claro hasta ese momento.

El 30 de octubre de 2018, en el puerto de Santa Cruz, Islas Galápagos, los ministros de minería de Chile y Ecuador firmaron el acuerdo que transfirió la concesión Llurimagua a la sociedad que debían conformar ENAMI EP y Codelco para desarrollar trabajos de exploración, desarrollo y operación minera. Fue allí cuando las partes se obligaron a constituir la a sociedad anónima.

Esta nueva figura demandaba una negociación posterior o Pacto de Accionistas, que debía estar listo para fines de 2019, como paso previo e inmediato para la explotación del proyecto Llurimagua.

Esta crónica de hechos tiene nombres y apellidos, fuertes influencias políticas y familiares, intrigas empresariales y es posible que enormes perjuicios para el país.

¿Quiénes son?

En 2009, luego de la aprobación la nueva Ley de Minería el gobierno de Rafael Correa contrató al abogado chileno Jerónimo Carcelén Pacheco, para que lo asesore al Ministerio de Minería.

Carcelén es un abogado de prestigio en el área minera y por tanto es cercano a CODELCO; además por su condición profesional mantenía contractos profesionales con socios del bufete ecuatoriano Pérez Bustamante y Ponce.

Fue con ellos, junto al ex embajador del Ecuador en Chile, Homero Arellano, con quienes se apalancó una relación en la que, en este mismo momento, Francisco Roldán, tío del secretario general de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, y socio de Pérez, Bustamante y Ponce manejan a su antojo Llurimagua y los miles de millones de dólares que representa.

Este estudio jurídico es el que tensiona a favor de CODELCO.

Su influencia se evidencia con claridad en el pacto de accionistas, que incluyó en la sección 22.8, el mecanismo de Deadllock. Significa que ante un estado de incapacidad de uno de las partes (entiéndase la Enami) Codelco puede aplicar esta cláusula a su favor.

Según el acuerdo el operador del proyecto es Codelco y estará a cargo del desarrollo, gestión y operación del negocio minero (exploración, desarrollo, diseño, planificación, ejecución de programas, presupuestos, explotación, extracción, etc).

En caso que los accionistas no alcancen un acuerdo respecto del Contrato de Operación y este no fuere celebrado en el plazo indicado, esto es “dentro de los 60 días siguientes al vencimiento de dicho plazo, el Operador podrá acudir al mecanismo de Deadlock contemplado en la Sección 22.8”.

El Deadlock es una venta forzosa del paquete accionario y diluirá la participación accionaria de ENAMI de su 51%. Quién diga que esto no sucederá, simplemente se ha puesto del lado de CODELCO, porque la Empresa Nacional Minera del Ecuador nunca tendrá el dinero que le corresponde investir para sacar adelante el proyecto.  

Quiere decir que ENAMI EP irremediablemente incumplirá con el aporte de fondos que le corresponde y se verá obligada vender su paquete accionario; perderá la concesión minera y los futuros ingresos que le corresponden.

Pero sobre todo no se ha emitido una justificación técnica, financiera y  legal para que ENAMI ceda y transfiera un bien del  Estado (la concesión Llurimagua) de forma gratuita y sin valorización alguna a una sociedad anónima, cuando es el principal patrimonio que la sociedad busca desarrollar.

 Otro conflicto de importancia es la valoración que tendrá la sociedad anónima, es decir cual es aporte en monetario de cada uno de los socios. Por ahora Codelco es partidario de no valorar la S.A., es decir que arranque con un valor de cero.

Ex funcionarios consultados consideran que tiene que establecerse un valor porque es una de las forma de proteger los intereses del Estado.

Refieren que si el desarrollo del proyecto es valorado en 2300 millones, de ese monto le corresponde a Codelco entregar su participación, pero en este momento hacerlo de cero significaría que por una inversión de 60 millones puede llevarse un yacimiento valorado hasta en 3500 millones, si deciden venderlo a un operador mas grande.

El pacto se mantuvo en ese estatus hasta la salida de Carlos Pérez García del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables. Pero el entonces gerente de la ENAMI, Geovanny Espinosa, emitió sendas observaciones a la modalidad de sociedad anónima por mantener un alto riesgo de perder la mayoría accionaria.

Contraloría observó irregularidades

En el informe de 2019, la Contraloría General del Estado, emitió doce observaciones al proyecto minero Llurimagua. Una de las conclusiones es que Codelco y Enami no constituyeron una empresa de economía mixta y que no existe un documento que avale las actividades realizadas en el área.

El equipo auditor concluyó que las empresas no presentaron los planes anuales de actividades y de inversiones de la concesión en el plazo establecido. Estos incumplimientos, según la entidad de control, constituían causal de caducidad contractual. Sin embargo, quedó como letra muerta.

Los cuestionamientos en el plano ambiental son severos. Contraloría advierte que el Ministerio del Ambiente aprobó el estudio de impacto y plan de manejo sin parámetros locales que describan la caracterización del área del proyecto. “No se identificaron áreas sensibles y a la afectividad del plan y no concluyó medidas de mitigación acordes a la realidad de la zona”.

Algo aún más radical, es la conclusión de que los funcionarios públicos a cargo del tema ambiental definieron por su cuenta que la consulta previa no era aplicable en el área de influencia de la concesión minera Llurimagua, en una abierta contradicción con la normativa ambiental.

Los negocios en la bolsa de valores

La minería en Ecuador es un espejo de su historia. Las primeras alertas salieron de Kiruba, el líder indígena que amenazó con dar de beber oro líquido a los buscadores del dorado.

A esa fecha, más de 500 años, los pueblos indígenas se quejaban de que el reinado español apenas nos dejaba el quinto real, léase 20%. Los siglos han pasado y ahora los ojos de los grandes negocios regresan al subsuelo.

Los primeros ensayos se dieron con patente china. Mirador el gran proyecto a cielo abierto, firmado durante el régimen de Rafael Correa, destina un 6% de regalía al Estado, no se refina en el país y se transportan miles de toneladas de concentrados al país asiático, sin que Ecuador tenga control de los procesados.

En Mirador como en Fruta del Norte, se amasaron grandes fortunas, antes de que se explote un gramo de oro o cobre. Varios ceros a la derecha se movieron en las bolsas de valores.

En una operación bursátil la transnacional Aurelian, que había invertido no más de $20 millones en exploración, vendió sus participaciones en Fruta del Norte a Kinnros, en más de 1200 millones de dólares, luego realizó otra millonaria operación con Lundin Gold.

Lo propio hizo Tonguan al comprar en más de $800 millones los derechos a empresas de las Islas Caimán que controlaban los títulos de Mirador.

Según varios expertos, un escenario similar se proyecta sobre Llurimagua, tras el control del paquete accionario, se hará el primer gran negocio en las bolsas de valores, sin que el Estado reciba nada. Así, seguiremos siendo mendigos sentados sobre una mina de oro, o de cobre.

Llurimagua y su vecina Cascabel

Llurimagua no tiene mucho que envidiar al mayor proyecto minero del mundo descubierto recientemente, ubicado en Ecuador: Cascabel. Geográfica y geológicamente confroman un gran cordón minero que traspasa la frontera colombiana y se extiende a las provincias de Carchi, Imbabura y Pichincha. Alpala, así se conoce al gigante depósito de minerales que forma parte de Cascabel.

Cascabel, tiene la mayor reserva de plata, la tercera de oro y la sexta de cobre a nivel mundial, según las estimaciones las reservas alcanzan 100 millones de onzas de plata, 10,9 millones de toneladas de cobre y más de 23 millones de onzas de oro, el mayor depósito aurífero descubierto en la última década.

La transnacional minera BHP Group, con operaciones bursátiles en Londres y Toronto, es ahora la mayor accionista de SolGold, concesionaria de Cascabel.

Quienes más saben del potencial minero de Llurimagua, son los concesionarios de Cascabel, BHP Group/SolGold, que no pegan los ojos y apuestan a que los chilenos y sus representantes den el primer resbalón para tomar control de todo el cinturón minero. Plata sobre la mesa les sobra, ofertas por centenares de millones de dólares han llegado al escritorio presidencial. Y obviamente en Carondelet las disputas valen oro.

SE ROBARON EL 90% DE LA PLATA DEL TERREMOTO

Lucía Fernández de Genna estaba indignada y eso que esta entrevista la dio algunos días antes que estalle la emergencia sanitaria por el Coronavirus en Ecuador. Lo que está pasando, se veía venir. Pero en ese momento, el tema era la proximidad del 16 de abril, día del cuarto aniversario del terremoto que asoló Manabí en 2016. El terremoto y el destino de los 3000 millones de dólares que se recaudaron para reconstruir esta provincia y Esmeraldas. Ese era el asunto.

P: ¿Qué pasó con los 3000 millones de dólares?

R: Todo fue lleve. El 90% se lo llevaron, no hay. Y lo peor es que dicen que los manabitas nos lo hemos robado, casi 3000 millones de dólares. ¿Dónde? ¿Cuáles? Bueno, serán unos cuantos, pero pocos. Aquí en Manabí han existido los tontos útiles, que han llevado, sí, pero no en grandes cantidades. Aquí el atraco supera al que ocurrió en la Refinería de Esmeraldas y nadie dice nada, porque no les interesa.

P: 90%, ¿no es exagerado?

R: Es tan fácil. Usted dice canchas deportivas: ¿Y dónde están? Ni el 10% se ha invertido en obras que sirvan. Aquí en Manta hay dos puentes a desnivel y ¿quién dijo que queríamos dos puentes? ¿Dónde están los estudios que determinan la necesidad de esos puentes? 80 millones gastados en esos puentes. Lo peor es que no está ni terminado, se llevaron la plata nomás.

Yo en ese Comité de Reconstrucción lo primero que hubiera impuesto son los hospitales: en Bahía, Chone, Pedernales, Manta. Después, las viviendas con los mejores constructores, que sí hay calificados en el país. Acá no. Acá fue a este que es amigo mío dale cien casas, a este otro dale una cuota de 50 viviendas, se hizo por amigos, contratos por cuotas. Y corrupción. Si me dabas un contrato de cien casas, el constructor tenía que dar un porcentaje por el favor, un tanto por ciento. Y estas personas que están en el Comité de Reconstrucción fueron puestas por cuotas políticas.

P: ¿Cuotas políticas manejadas por quién?

R: Si quisieran hacer las cosas bien, escojo lo mejor. Pero aquí mandan los asambleístas, tienen sus cuotas. Mire, yo he visto pasar a Febres Cordero, Borja, Sixto, Bucaram, Mahuad… en esos gobiernos cuando querían robar sabían a donde tenían que ir: a la Aduana. Si tenías un yerno tonto o un hijo limitado, mándalo a robar a la Aduana. Esa es tu cuota política. Pero que ahora se reparta la Salud, eso es criminal. Todo lo que es servicio de Salud, lo que conlleva, la compra de medicinas, servicios, eso no tiene perdón.

Si este gobierno quería hacer la cirugía a la corrupción del gobierno anterior, era tan fácil comenzar por ahí. Ponen de Fiscal a Diana Salazar, muy respetada, pero ella sola no puede con todo. Hay que poner a Diana Salazar y cien fiscales más para el equipo de ella. Esta zona, Manabí, históricamente, ha sido blanco de asaltos. Era centro de piratas, pero los piratas actuales los dejaron en pañales. Y nadie nos toma en cuenta. Nadie quiere salir de su zona de confort. Deja nomás que se lleven. Yo creo que es mi deber salir en defensa de los intereses de mi ciudad.

P: ¿Cuándo comenzaron los actos de corrupción con los fondos del terremoto?

R: Inmediatamente, con decirle que hasta las donaciones que enviaba el alcalde de Guayaquil Jaime Nebot se robaron.

P: ¿Y usted no le dijo a Jaime Nebot que se robaron las donaciones que envió?

R: No le dije a Nebot que le robaron sus donaciones porque yo en ese momento tenía tantas preocupaciones y ya le había dicho a la ministra Lídice Larrea, que no hacía nada. Me dije que si armaba tanta polémica lo que iba a pasar es que ya no seguirían dando. Pensé que sería contraproducente, porque cuando se requería algo, inmediatamente Nebot mandaba ayuda. Y si yo le decía que se robaron sus donaciones, este señor ya no vuelve a mandar.

P: ¿Y a dónde fueron a parar las donaciones?

R: A las despensas del pueblo. Nosotros seguimos algunas camionetas. Y se aprovecharon políticamente esas donaciones, por supuesto. Así se comprometieron dirigentes barriales, dándole lo mejor que tenía para ganármelo. Nosotros regalamos los ataúdes y otros decían que fueron ellos. Y que feo es salir a decir a los deudos, verá que yo le regalé el ataúd, yo le vestí al muerto, porque hasta ropa para los muertos nos tocó pedir. Desde ahí se activó este Comité Cívico y no ha parado.

P: ¿Usted no quiso formar parte del Comité de Reconstrucción que creó el gobierno de Correa?

R: Cuando se conforma este Comité de Reconstrucción, yo hablaba como representante del sector y lo primero que propongo es la creación de unfideicomiso para que allí vaya todo lo que se recaude y luego de allí salga todo para las obras. Cuatro horas duró esa reunión.

¿Qué es lo primerito que debían reconstruir? Hospitales, luego escuelas. Y alguien me dijo que con la Cámara vamos a hacer las casas. Muy bien. A los dos días me visita un abogado y me dice que los ministros Vinicio Alvarado y Santiago León han pedido que te hagas a un lado

porque vas a crear problemas, que me haga a un lado porque han designado a Ricardo Herrera como representante del sector productivo. Si ahí va a haber el lleve, por eso es que me hacen a un lado. Y efectivamente. Eso es lo que pasó.

P: Quien encabezaba el Comité era Jorge Glas. ¿Habló con él?

R: De ahí llegó el señor Glas a hacer oficina en el Oro Verde, con aire acondicionado, buffet, y todos los ministros haciendo oficina allí mientras nosotros repartíamos comida y medicinas al pueblo, en las calles. Yo entregué tres contenedores de medicinas donadas y hasta la vez quisiera saber donde está esa medicina. Bueno, al frente estaba Glas.

Y lo busqué varias veces. Nunca me recibió. Una vez, valiéndome de Marcela Aguiñaga, me consiguió la cita, pero cuando llegué solo me miró y me dijo que no tenía tiempo para recibirme. Tal vez él ya sabía que yo era una persona que no me prestaba para las cosas incorrectas. Y mi ánimo era ayudar y colaborar. Y este Comité de Manta es la espina en el talón para muchas personas. No pueden caminar seguros porque tienen los talones espinados.

P: ¿Hay algo que se pueda hacer a estas alturas?

R: La plata ya está perdida, ya se la llevaron. El único que le sacó provecho a esto fue el alcalde de Portoviejo, Agustín Casanova, que comenzó a buscarle una identidad propia a su ciudad. Yo lo admiro y lo rescato. Ahora es la ciudad de los bosques, de los jardines, y le están sacando provecho a eso.

P: ¿Rescata a alguno de los asambleístas de Manabí?

De los asambleístas rescato a Guillermo Celi, porque tiene voz y está limpio. No ha participado de los repartos. Aquí todo se ha politizado, no solo Salud, las universidades también están politizadas, Educación, Tránsito.

P: ¿El Comité que usted preside ha denunciado estos casos de corrupción?

R: Nos hemos cansado de hacerlo, desde la época de Carlos Pólit. Con Pablo Celi hemos presentado cinco denuncias y por ahí la Contraloría hizo un informe tibio, como sopita de enfermo que decía mi abuelita. Para no quedar mal. Y si Diana Salazar me da apertura, mañana mismo vuelo. Yo la admiro mucho, pero tiene tanta carga, tanto trabajo. Pero nosotros ya le llevaríamos el trabajo hecho.

LA BRUTAL OPERACIÓN DE LA BANDA DE «EL ABUELO»

Redacciones La Fuente y MilHojas
“Cuando estábamos borrachos,
él (Royce) decía: ya vayan a culear. Algunos entraban porque querían, pero otras ya estaban borrachas y no sabían qué hacer y luego entraban… A veces entraban (a los dos cuartos) dos chicos y una chica, otras veces dos chicas y un chico y así…” Según una testigo así funcionaba la brutal maquinaria de el abuelo.”
Casi al año de ser arrestado y acusado de liderar una red de trata de menores de edad para explotarles sexualmente y después de decenas de intentos de su defensa para evitar el juicio, el estadounidense Royce Phillips, alias “El Abuelo”, y cuatro de sus reclutadores, enfrentan desde el pasado 12 de febrero a la justicia; mientras sus víctimas, adolescentes de entre 15 y 17 años de edad, siguen recibiendo amenazas de muerte por “atreverse” a delatarlos.
El juicio en contra de Phillips, Christian Giler alias “Careniña”, Christian Álvarez, Julio Erazo y Jonathan Paredes inició precedido de una sentencia condenatoria de 34 años y 8 meses de prisión para Giler por ser el responsable de la violación y asesinato de la menor Carolina A., el 26 de agosto del 2018, a quien la reclutó un año antes.
El caso de Carolina no solo reveló la manipulación del informe forense con las verdaderas causas de su muerte, sino también visibilizó a esta Red de Trata que se dedicaba a captar niñas fuera de colegios del norte de Quito para enamorarlas, drogarlas y obligarlas a grabar videos sexuales en la residencia alquilada por el estadounidense en una exclusiva zona del norte de la capital.
Esos videos sexuales y decenas de fotografías de menores de edad desnudas, fueron encontrados en los dispositivos electrónicos de Phillips (teléfono celular y dos computadoras) durante el allanamiento a su departamento el 27 de marzo del 2019. También se hallaron grandes cantidades de marihuana. Estas evidencias han permanecido en custodia y sin acceso para los abogados de las víctimas. María Susana Rodríguez, fiscal que lleva el caso, las presentará durante el juicio además de 33 testimonios de policías, peritos y agentes investigadores. Llevará también 13 testigos que demostrarían que Royce Phillips y su banda participaron de forma directa en el delito de Trata de menores de edad con fines de explotación sexual.

Foto del Facebook del Petrolero texano Royce Phillips.
El juicio inició este 12 de febrero y bajo absoluta reserva. Pero antes de llegar a esta instancia las dilatorias han sido una constante en este proceso.
Las trabas empezaron desde la etapa de indagación fiscal.  “El Abuelo” se negó a someterse a exámenes psicológicos. Como estrategia de defensa, sus abogados estuvieron ausentes e incumplieron con las citaciones fiscales del 26 de abril, el 9 de mayo y el 22 de julio de 2019. La Fiscalía incluso contrató a una traductora al inglés para realizar el examen a “El Abuelo” el 5 de agosto pasado e hizo un llamado de atención a los abogados.
Cinco meses más tarde (el 13 de enero de 2020) la jueza Irene Pérez logró instalar la audiencia y la fiscal María Susana Rodríguez presentó su ‘anuncio de prueba’ y su dictamen, acusando a los cinco investigados de ser autores directos del delito de Trata, contemplado en el artículo 91.2 del Código Orgánico Integral Penal, según confirmó la Fiscalía tras un pedido de información de MilHojas.
La audiencia quedó inconclusa porque uno de los defensores dijo tener otra diligencia y solicitó nueva fecha. A la  jueza no le quedó más que aceptar y convocó para luego de tres días. Pero, el 16 de enero,  otro de los abogados (de Giler), no se presentó.
Captura del perfil de Facebook de Royce Phillips
Así, después de cuatro intentos del Tribunal de Garantías Penales, -desde el 8 de octubre del 2019, hasta el 13  enero del 2020-  para instalar la audiencia, el llamado a juicio se concretó el pasado 23 de enero. El objetivo de “El Abuelo” ha sido usar todos los recursos legales para salir en libertad el 27 marzo del 2020 ya que la ley señala que si al cumplir un año de prisión preventiva, el procesado no es llamado a juicio, la prisión preventiva caduca.
Pese a todas estas dilatorias, la jueza Pérez acogió el dictamen de la Fiscalía y llamó a juicio a los cinco investigados.
Pero como medida desesperada, los defensores de Phillips y su banda volvieron a intentar enredar el proceso un día después de su arranque. Sus abogados llamaron a 191 testigos para alargar los días de juicio que inicialmente tenía previsto concluya en no más de tres días. En el caso de Phillips se llamaron a testimoniar a 65 personas; por Giler se convocaron a 32 personas; por Erazo y Álvarez serán 73 personas, y por Paredes un total de 21.
Lo curioso es que en esta estrategia de defensa, estos abogados llaman a testimoniar a los mismos testigos de la Fiscalía.
Lorena Grillo, abogada de una de las menores de edad que fue reclutada por la banda de Phillips, cree que esta estrategia es una mañosería del proceso, porque mientras más lo alarguen, aumenta la posibilidad de que caduque la prisión preventiva que pesa contra Phillips. “Lo que tratan de hacer es quemar tiempo”.
Son los jueces, dijo Lorena Grillo, quienes deben tomar medidas; si bien puede caducar la prisión preventiva, ellos puedan ordenar arresto domiciliario, colocarle un grillete e incluso la vigilancia permanente. El Tribunal tiene libertad para tomar acciones que aseguren que pueda continuar compareciendo al juicio y evitar que se fugue”.
El jueves último, el Tribunal se vio obligado una vez más a realizar ajustes y aumentó un día para las audiencias y según la convocatoria del 13 de febrero firmada por la secretaria del Tribunal de Garantías Penales,  el domingo 16 de febrero iniciará la presentación de los 33 testimonios en los que se fundamenta la Fiscalía que responsabilizar a “El Abuelo” como líder de la Red de Trata de Personas y 191 declaraciones de los convocados por los cinco procesados.
El riesgo, insistió Lorena Grillo, es que “con tantos testigos y pocos días de audiencia, la Fiscalía podría ir prescindiendo de testimonios valiosos porque no le quedará tiempo”.

   ENTREVISTA  
“Royce pagaba por videos porno a GIler y a Erazo”

Este Portal, conversó con una de las menores reclutadas por esta Red en el 2018. Por varias ocasiones acudió al departamento de la Quito Tenis en donde el estadounidense recibía a diario a decenas de menores de edad (mujeres y hombres) y no solo para ofrecerles “generosamente” licor y marihuana. También les invitaba insistentemente a ingresar a dos habitaciones para que practiquen sexo grupal y grabarles. Aquí una parte de este diálogo:
PREGUNTA: Cómo te reclutaron?
RESPUESTA: Cuando conocí a Christian Giler, yo tenía 16 años. Fue en el mes de marzo del 2018 cuando estaba sentada en la pileta del Comité del Pueblo esperando a una amiga y él se me acercó y me dijo: Hola bebé, ¿por qué estás sola?  y yo lo vi (y pensé) ¡Qué guapo es!. Me enamoré ese ratito, me atrajo físicamente y sobre todo me gustó como me trató. Me pidió mi Facebook y después nos contactamos. Una vez quedamos en encontrarnos y comenzamos a salir y nos fuimos a tomar.
P: Qué tomaste?
R: Un trago fuerte que le llaman “Guanchaca”, como las puntas. Fue en una casa del Comité del Pueblo. Y desde ese día empecé a salir y tomaba todos los días,
P: Te obligaba a tomar?
R: Al principio me obligaba y me decía ¿ves cómo eres?,  porque como todos tomaban y yo a veces no quería, entonces me decía: ¿Para qué vienes? Ahí empecé a tomar casi todos los días y a conocer a sus amigos.
P: Quiénes eran sus amigos?
R: Su mejor amigo es Julio Erazo. Él fue quien me llevó a casa de Royce y me hizo probar droga por primera vez.
P: Qué tipo de droga?
R: Marihuana. Me decía: ¡Prueba, prueba, te hace como un vuelo rico!, y de ahí comencé a probar y a drogarme. Un día me conecté al Facebook y vi un mensaje del Julio que me decía: ¿dónde estás? Coge un taxi y ven a la casa del Quito Tenis que estoy en una fiesta. Yo antes ya había escuchado a Julio y a Giler hablar de Royce y de su casa en la Quito Tenis; decían que él era su padrino. Entonces (Julio Erazo) me dijo: “Coge un taxi y ven y yo acá te pago”. Y  yo cogí el taxi y me fui y verdad él bajó, pagó y por eso le conocí al Royce.
P: También les daba Cocaína en casa de Phillips?
R: En la casa del Quito Tenis no vi droga de polvo, solo vi la marihuana, pero eso sí, tenía mucha marihuana el Royce, full, full, full marihuana.
P: Y qué hiciste en la casa de Royce Phillips?
R: Royce me quedó viendo, movió la cabeza (en señal de aprobación) y me dejaron entrar; y, ahí en la casa del Quito Tenis comenzamos a bailar y tomar.
P: Se drogaban en la casa de Royce Phillips?
R:
P: Royce Phillips también se drogaba?
R: No, solo tomaba. Él nos llevaba a comer en la plaza Foch, a comer lo que queríamos, comidas caras. También era el que compraba el trago, mucha cerveza y nos decía: Qué quieren tomar? Y nos daba full plata para comprar.
P: La primera vez que fuiste a la casa de Royce Phillips, recuerdas quienes estaban?
R: Julio Erazo, una amiga Angie, Leonel Cedeño, Jonathan Paredes, Cris Álvarez y una chica llamada Laura.
P: Qué hacían aparte de tomar en casa de Phillips ¿sabías que habían cámaras para grabarles?
R: A mí me dijo Julio Erazo. La primera vez que fui, Jonathan Paredes me pidió subir a la terraza y me dijo que nunca entre a esos dos cuartos juntos por las computadoras. Pregunté ¿por qué? Y me aclaró que puedo tener relaciones pero no en esos dos cuartos.
P: Pero luego de frecuentar la casa de Phillips, tú sabías que en ese lugar había habitaciones para tener relaciones sexuales?
R: Cuando estábamos borrachos, él (Royce) decía: ya vayan a culear. Algunos entraban porque querían, pero otras ya estaban borrachas y no sabían qué hacer y luego entraban… A veces entraban (a los dos cuartos) dos chicos y una chica, otras veces dos chicas y un chico y así…
P: ¿Te daba miedo o curiosidad?
R:  No, no me daba miedo, es que ya me parecía como que normal hacer eso en las fiestas que me iba, no solo en la Quito Tenis. O sea como que el sexo era lo normal. Giler y Erazo promovían eso.
P: ¿Qué más hacía Royce Phillips?
R: Yo sé que él (Royce) les pagaba por unos videos porno a Giler y a Erazo.
P: ¿Para que le entreguen (videos) o hacer?
R: Para que le entreguen. Una vez yo estuve sola con ellos dos (Giler y Erazo) esperando el bus y Royce le llamó a Julio y él le dijo: Sí padrino, sí señor, ya tengo los videos y los packs. Yo pregunté qué es eso? Y Giler me dijo: Es que por esos videos porno nos dan mucho dinero.
P: ¿Pero le daban los vídeos que grababan a las chicas en las fiestas?
R: Yo creo que sí, porque también había videos que las chicas se grababan solas. (MADRE DE TESTIGO: Cuando se enamoraban del Cristian Giler, esas chicas les mandaban los videos masturbándose y esos eran los “Packs”).
P: Cuéntanos, ¿qué hacían en una salida?
R: El Giler siempre me sacaba de la casa. Tomábamos en la calle a veces porque no teníamos qué hacer. Cuando ya no había trago, el Giler  se iba a robar a veces y cuando no quería, nos mandaba a robar.
P: ¿Y qué hiciste tú?
R: Yo no robaba, yo hice una vez comida-loca.
P: ¿Cómo es eso?
R: O sea, vas a un restaurante, pides, distraes a los señores y te vas corriendo.
P: ¿Y qué robaba él?
R: Robaba los celulares, arranchaba. Una vez nockeó a un discapacitado para quitarle el celular en el Comité del Pueblo y ahí fue que me enojé. Siempre yo le decía que le van a agarrar preso y me contestaba que eso jamás en la vida porque a mí me saca el Royce.
P: Cómo te distanciaste de Giler?
R: Porque nos quiso violar a mí y a la china (Carolina, menor violentada y asesinada por Giler) con el “gordo Lucho”. Me llevaba full bien con Giler pero también me maltrataba, me pegaba, me daba puñetes y patadas porque decía que yo era su mujer. Un día Giler nos pidió hacer un cuarteto y no lo permitimos, fue cuando me asusté y nos fuimos corriendo. Ahí me enojé definitivamente con él.
P: Por qué permitiste que te golpee? Estabas consciente que eso estaba mal?
R: Sí, pero pensé que lo hacía porque me quería.
P: Además de Giler, quien más reclutaba?
R: Julio Erazo, Leonel Cedeño, Cris Álvarez y Jonathan Paredes.

AMENAZAS DE MUERTE CONTRA UNA ADOLESCENTE QUE FUE RECLUTADA
Captura del perfil de Facebook de Christian G, alias "careniña"
El mismo día que Royce Phillips alias “El Abuelo”; Christian Giler, Christian Álvarez, Julio Erazo y Jonathan Paredes recibieron el dictamen de inicio de juicio por el delito de Trata de Personas (23 de enero 2020), una de las testigos que denunció cómo operaba esta banda, recibió mensajes de amenaza contra su vida.
Familiares de la menor fueron alertadas por conocidos que un joven estaría buscándola para “matarla”, según relataron. Quien le busca, dijeron, se hace llamar “el gordo Lucho”, y es quien aparece en varias fotografías junto con Phillips en las denominadas caídas (fiestas) en el departamento del “El Abuelo”, junto con Fabián Andrade (chofer de Phillips), Julio Erazo, “Careniña” y Jonathan Paredes.  
La denuncia por estas intimidaciones se presentaron en la Fiscalía y las investigaciones se mantienen en reserva.
El año pasado, la misma testigo y otras adolecentes que denunciaron a Giler, Álvarez y Erazo por agresiones y violación, recibieron en sus teléfonos, mensajes amenazantes. Todos eran de Christian Giler y los enviaba desde la celda 9, del piso dos, del pabellón El Bosque del Centro de Privación de Libertad de El Inca, usando cuatro teléfonos celulares que contaban con internet ilimitado para navegar en su red social Facebook sin ningún control de las autoridades de la prisión.
Tardaron meses para que la Fiscalía y la Policía Nacional le requisen los cuatro dispositivos, el 13 de diciembre del 2019. A día siguiente, la Fiscalía de Soluciones Rápidas, planteó contra Giler, una nueva denuncia por “Ingreso de artículos prohibidos” a la prisión. La investigación (delito de acción pública, art. 276), aún continúa y hasta la semana pasada no había pistas de quién o quiénes le facilitaron los teléfonos celulares.
Audiencia del 12 de septiembre del 2019 en la Casa de Justicia en Carcelén, Quito, por el caso Carolina.
PHILLIPS ENFRENTA OTRO PROCESO POR TRÁFICO DE DROGA
La Fiscalía Antinarcóticos inició el 29 de marzo del 2019, una investigación a “El Abuelo” por “Tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización”, proceso que se mantiene estancado y  por el que aún no se ha hecho llamamiento a juicio.
Phillips, quien fue fotografiado con miembros del Grupo Especializado de la Policía Nacional GIR y con el abogado y ex asesor jurídico de la Policía, Hugo Espín, permanece en la cárcel 4 de El Inca. Su defensa ha intentado por cuatro ocasiones, aduciendo que es un hombre de la tercera edad (66 años) trasladar su internamiento a un departamento alquilado, lo que ha sido negado debido a informes policiales que señalan riesgo de fuga.
En los primeros meses después de su detención, “El Abuelo”, permaneció en un ala de la Unidad de Flagrancia hasta que un juez pidió su traslado al Centro de Rehabilitación de Cotopaxi; su defensa logró moverlo a la cárcel de El Inca en donde aún comparte patio con Careniña. Los justificativos y la fecha de su traslado a El Inca no se hicieron públicos.
El último intento de Phillips para lograr arresto domiciliario fue en diciembre del 2019, antes de la audiencia de llamamiento a juicio, pero la Fiscalía entregó un informe de factibilidad (7 de enero 2020), negando el traslado por “peligro de fuga grande”.
“…El delito por el que la Fiscalía ha procesado al ciudadano (Royce Phillips) tiene penas que van de los 13 a los 16 años de privación de libertad, por lo tanto es necesaria la prisión preventiva para asegurar la comparecencia al proceso judicial”, detalla el informe de la Fiscalía.
Los otros procesados: Erazo, Paredes y Álvarez enfrentan el juicio por el Delito de Trata en libertad, luego de que una jueza les otorgara medidas sustitutivas y su presentación periódica y la prohibición de salida del país. Álvarez tiene una denuncia por violación a una menor de edad quien ha sido intimidada y amenazada de muerte en la calle si continúa con este caso en la justicia.

 NUEVO CASO DE MENOR DE 15 AÑOS VIOLENTADA Y ASESINADA
Ocurrió el 2 de enero de este año. Cynthia, una estudiante de 15 años, salió de la casa de su padre rumbo al colegio Gran Bretania ubicado en el  sector de Las Casas, al noroccidente de Quito. Su cuerpo, con signos de violación y agresiones físicas, fue encontrado tres días después en un costado de la vía que lleva al Teleférico.
Cynthia no ingresó a clases. Sus compañeros del colegio le vieron fuera de las instalaciones de la institución educativa tomando licor con un joven estudiante quien declaró que la adolescente se despidió de él y se fue a una “party” (fiesta).
La madre de la menor contó que el informe forense confirma que Cynthia murió por un golpe contundente en la cabeza, tenía la mano izquierda rota y múltiples escoriaciones en todo el  cuerpo.
Aún no conoce los detalles de las investigaciones que iniciaron el 7 de enero porque su caso pasó de la Fiscalía Provincial de Pichincha a la Casa de la Justicia en Carcelén y luego nuevamente lo mandaron de vuelta. Hoy el caso está sorteado y está a cargo de la fiscal Ángela Chuchuca.
Los familiares de Cynthia presumen que la adolescente que habría cumplido 15 años el 13 de enero, fue víctima de una Red de Trata, porque existen similitudes con el asesinato de Carolina A.. Cynthia acudía a fiestas a una discoteca del sector de San Roque, una zona considerada como de alta peligrosidad.

 

EL BAILE DE LOS QUE SOBRAN

Periodismo de Investigación | Tiempo de Lectura: 7 min
Alarma a nivel internacional por persecución a sindicalista bananero
La persecución en contra de Jorge Acosta Orellana, impulsor de la primera organización nacional de trabajadores bananeros, Asociación Sindical de Trabajadores Bananeros, Agrícolas y Campesinos (ASTAC), se ha agudizado al punto de querer silenciarlo mediante una demanda penal. Por ello la ONG Swedwatch instó a los compradores de banano de Europa a pronunciarse sobre el inicio de este proceso penal.  Acosta es identificado como un defensor de los derechos laborales y un luchador de los problemas de salud, seguridad e impactos ambientales de las actividades del sector bananero.
Swedwatch es una organización sueca sin fines de lucro, conocida por investigar los impactos de las violaciones de derechos humanos en los países en desarrollo. Ha realizado varios eventos con empresas suecas importadoras de banano, interesadas en conseguir que sus proveedores respeten los derechos humanos.

Las compañías Axfood, Coop, Everfresh, Greenfood, Martin & Servera y Menigo, compradoras de banano ecuatoriano le hicieron llegar al gobierno ecuatoriano, en junio de 2019, una carta de apoyo al dirigente sindical, luego de que conocieran el inicio de una demanda en su contra.
La organización Swedwatch sostiene que mediante el uso de la figura de pánico económico, incorporada al Código Integral Penal en tiempos de la revolución ciudadana (agosto 2014), se busca coartar el trabajo que intenta consolidar el primer sindicato de trabajadores bananeros del país.
En la fiscalía se procesa una denuncia en contra de Acosta por el presunto delito de “pánico económico”, debido a declaraciones suyas sobre políticas y prácticas gubernamentales y empresariales, aplicadas en el sector bananero, que afectan los derechos de los trabajadores y contravienen cláusulas sociales del acuerdo comercial con la Unión Europea.


Declaraciones de Acosta en la televisora Ecuavisa, el 24 de mayo de 2018
Como eje central Acosta apalancó el principio que el trabajo en el sector bananero no puede considerarse temporal: el trabajo en las plantaciones de banano no es temporal, ni por ciclos, sino continuo e intensivo; que se exporta las 52 semanas del año y la mayoría de trabajadores en la cosecha y empaque trabajan hasta 12 horas al día, por 4 o 5 días a la semana.
Pese a esto, el gobierno de Rafael Correa, mediante Acuerdo Ministerial #054 (2016) incluyó a los trabajadores de la ganadería y del agro en la misma fórmula de pago con la que se regula a quienes laboran en cultivos de ciclo corto (como maíz, arroz, pimientos, tomates, etcétera), denominados así porque desde la siembra hasta la cosecha sus labores no duran más de 4 meses.


Meses antes de que Correa salga del gobierno (mayo de 2017) se expidió otro Acuerdo Ministerial, el #029, donde se incluía una forma de pago para el sector bananero como si fuese una actividad temporal.
Acosta puntualizó que el Acuerdo #029 despoja a los trabajadores bananeros de su salario básico. Y agregó que lejos de arreglar estas distorsiones el Ministerio de Trabajo del actual régimen expidió otro Acuerdo, ratificando los anteriores e incorporando cláusulas que profundizan la violación de derechos de los trabajadores bananeros, al señalar que laboran solo 36 horas a la semana y 6 horas al día, lo cual no ocurre en la práctica.
A ello se suma la forma de pago por avance o destajo. Ello significa que aunque los trabajadores laboren entre 8 y 12 horas diarias, se les paga de acuerdo al número de cajas de banano o se les da un número de hectáreas para que cumplan sus tareas en un tiempo determinado. Por eso las autoridades sostienen que son labores discontinuas.
Acosta ha dicho que estos acuerdos ministeriales violan la Constitución, el Código del Trabajo, tratados y convenios internacionales de Derechos Humanos, además de incumplir con el título 9 del acuerdo comercial con la Unión Europea, que se refiere al comercio y desarrollo sostenible. En el artículo 269 del mencionado título se establece que las partes se comprometen a respetar los convenios fundamentales de la OIT, dos de ellos son: el 087 referente a la libertad sindical y el 098 relacionado con contratación colectiva.
Esas declaraciones provocaron la persecución y el inició de una investigación por generar pánico económico, figura penal creada por el correísmo.

El denunciante
Quien interpuso la denuncia por pánico económico en contra de Acosta es un jornalero de 57 años que vive en Pascuales y no trabaja en la zona bananera. En el portal de la función judicial, el denunciante Felipe Santiago Cantos Merelo, registra dos procesos legales en su contra: uno por robo y otro por tenencia ilegal de arma de fuego.
Según consta en el proceso por tenencia ilegal de arma de fuego desde la fecha en que inició la instrucción Fiscal (3 de junio de 2004), hasta la detención de Cantos transcurrieron más de los 5 años, por tanto el juicio había prescrito.
La denuncia contra Acosta fue presentada en diciembre de 2018 y se la reactivó en abril de 2019, justo cuando ASTAC presentó ante el Ministerio de Comercio Exterior (28 marzo de 2019) una queja a nombre de los trabajadores bananeros por violación de derechos laborales y ambientales en el marco del acuerdo comercial con la Unión Europea, la cual se dio a conocer en el seno de la Comisión Europea y recibió el apoyo del Consejo Consultivo Interno Europeo y de 2 terceras partes del Consejo Consultivo Interno Ecuatoriano
Persecución
En diálogo con PI Acosta precisó que fue notificado para que comparezca ante la denuncia de presunto delito de pánico económico, por la Fiscalía séptima de Fe Pública de Guayaquil, mediante una llamada al teléfono celular de su hijo y que se le envió la citación a través de WhatsApp. Cuando fue a constatar la denuncia conoció un informe policial en el que constaba que ya había sido citado previamente en su domicilio, que no era cierto, y que tras la citación por WhatsApp, el policía encargado de la notificación recomendaba su detención para comparecer al proceso.
La denuncia no fundamenta el supuesto pánico económico que Acosta habría generado. Se circunscribe a las ya mencionadas declaraciones dadas en Ecuavisa y en indagar sobre los antecedentes y estatus de ASTAC y sobre los ingresos que perciba Acosta. “Lo increíble es el uso de la categoría de pánico económico para coartar la libertad de expresión”, resaltó Acosta.
El Código Integral Penal en el artículo 307, la figura de pánico económico es sancionada con 5 a 7 años de cárcel. En 2019, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, David Kaye, recomendó al Estado ecuatoriano despenalizar este tipo de delitos porque el uso de estas normas permitió enjuiciar medios de comunicación, periodistas y ciudadanos, por difamación a funcionarios públicos, “socavando las formas en que la libre expresión sirve para responsabilizar a los funcionarios públicos”.
Los abogados del dirigente sindical pidieron la ampliación de la denuncia, luego de que Cantos no asistió a la primera convocatoria a declarar… “Queremos determinar si conoce qué es pánico económico”, dijo Acosta y  “¿cómo un jornalero tiene para pagar un abogado?”.
Cantos tampoco acudió a la segunda comparecencia y pese a ello, el 15 de noviembre pasado ya pidió que se formulen cargos. “Estamos preocupados pues si el fiscal accede sería otra señal muy grave”, dijo Acosta.
El activista considera que detrás de este denunciante hay alguien con poder económico e incluso político y que este proceso es solo una pantalla para ocultar las intenciones de amedrentarlo.
¿Quién es Jorge Acosta y por qué la insistencia en silenciarlo?
En 2018 Swedwatch conoció el trabajo de ASTAC en un taller internacional y desde entonces ha monitoreado su trabajo. Esta ONG considera que la acusación en contra de Acosta es una amenaza a la libertad de expresión y asociación y forma parte de una tendencia global que pretende silenciar a los defensores a través de demandas, conocidas como “demandas estratégicas contra la participación pública”.
Para Swedwatch, personas como Acosta “desempeñan un papel tremendamente importante en contextos en los que no se puede dar por sentado el respeto de los derechos humanos, ya que protegen los valores básicos, incluida la transparencia y la rendición de cuentas”.

Acosta y ASTAC, que nació en el 2009 cuando denunció en Estados Unidos el uso indiscriminado de plaguicidas en plantaciones bananeras y sus afectaciones en la salud y el medio ambiente, son actores reconocidos también en otros contextos.
En Europa el activista se ha reunido con otros sindicatos y ha expuesto frente a varios parlamentarios europeos la realidad a la que se enfrentan los trabajadores en las bananeras, donde calificó al título 9 del acuerdo comercial con la UE que garantiza el cumplimiento de normas laborales justas y respeto a los derechos ambientales como “un adorno que no sirve para nada”.
Luego de estas reuniones se gestó la comisión de vigilancia del acuerdo comercial para Latinoamérica.
Acosta también fue invitado por OXFAM para participar en la campaña «Make Fruit Fair!” (Hacer que la fruta sea justa), que busca que gobiernos, supermercados y empresas respeten salarios, precios y el medio ambiente en el comercio de frutas tropicales, para con ello mejorar las condiciones de vida y de trabajo de cientos de miles de personas que cultivan, recogen y empacan esas frutas.
OXFAM es una ONG alemana que trabaja con pequeños agricultores y sindicatos de trabajadores de plantaciones de África, América Latina y el Caribe.
La primera campaña Make Fruit Fair! se hizo en 2015. En la última versión de 2018 se enfocó en el abuso de las grandes cadenas de supermercados que serían uno de los principales causantes de las violaciones de derechos que se dan en los países proveedores.
El activista además ha dialogado con Inmaculada Montero, actual consejera comercial de la delegación de la Unión Europea en Ecuador.
Acosta ha criticado que el acuerdo comercial de Ecuador con ese continente no tenga reglas claras para los grandes supermercados europeos, así como ha cuestionado el anuncio que hiciera el año pasado la cadena supermercados ALDI de reducir en $1 la caja de banano, pues implicaría violación de derechos humanos y mayor precarización de los trabajadores del sector.
En este contexto se ha reunido con representantes de esa cadena de suministros, que es la más grande de Europa y uno de los mayores destinatarios del banano ecuatoriano. El activista les planteó la necesidad de que se exija el sello “Comercio Justo” a los importadores de banano, que implique el cumplimiento real de respeto a los derechos laborales.
El activismo de Acosta lo ha llevado a presidir actualmente el Consejo Consultivo Interno de Ecuador para el Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea, pese a ello sigue enfrentando desde cuestionamientos a su representatividad laboral hasta varios intentos de amedrentamiento.
Las denuncias y exhortos hechos por Acosta han tenido una amplia cobertura en medios de prensa internacional. Toda esta exposición y presencia explica en gran medida que Acosta y su organización ASTAC se hayan convertido en un blanco a callar.
La postura de la OIT
La acusación en contra de Jorge Acosta de crear “pánico económico”, pone al gobierno ecuatoriano nuevamente en la mira de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este organismo ha pedido información al régimen sobre las circunstancias en que se inscribe esta denuncia en contra del activista.
No es la primera vez que la OIT llama la atención a Ecuador por temas relativos a Acosta y ASTAC.  Ya en 2015 reclamó al gobierno de Correa por no permitir el registro de ASTAC como sindicato.  Incumplimiento que hasta ahora subsiste.
El 18 de diciembre de 2019 Jorge Acosta fue invitado a reunirse con la misión de la OIT, que visitó Ecuador por pedido del gobierno para dar asistencia técnica en la elaboración del nuevo Código Orgánico del Trabajo. La misión de la OIT no solo tomó nota de este tema y hará un seguimiento al mismo, sino que además continuará vigilando que el Gobierno ecuatoriano cumpla las recomendaciones emitidas por el organismo internacional en torno al caso #3148, vigente desde el 18 de mayo de 2015.  El caso se refiere a la querella presentada por ASTAC y la Asociación Sindical de la Compañía Frutas Selectas S.A FRUTSESA ante la negación de las autoridades de Ecuador de registrar una organización sindical de trabajadores bananeros de varias empresas del sector.
La OIT ha mantenido abierto este caso (#3148) por más de cuatro años debido a que, no solo no se ha dado paso al registro de ASTAC, sino también porque es evidente que subsisten temas relacionados con violaciones a los derechos sindicales que no han sido resueltos por el estado ecuatoriano.
Para la OIT, en este caso el gobierno ecuatoriano incumple los convenios sobre Libertad Sindical y sobre Contratación Colectiva.  En «Últimas recomendaciones formuladas por el Comité de Libertad Sindical de la OIT, en octubre de 2019, Informe 391» se reiteran los pedidos hechos en 2015 y 2017 de que se otorgue el registro a ASTAC.
En dicho documento, el Comité de Libertad Sindical recuerda que en 2017 también pidió al gobierno ecuatoriano tomar medidas para que su legislación modifique el número mínimo de trabajadores afiliados, exigido para conformar una organización sindical a nivel de empresa. El gobierno respondió que había reformas legales en curso, pero hasta el momento no se han concretado.
El régimen sigue negándose a aprobar la solicitud de ASTAC, argumentando que los 31 miembros fundadores no mantenían relación de dependencia con un solo empleador y que la solicitud de aprobación como una organización social fue denegada nuevamente en 2016 por vicios de forma y de fondo. El Gobierno agregó también que el 9 de febrero de 2017, el Ministerio de Agricultura otorgó la personalidad jurídica a ASTAC como organización agro-productiva y que ASTAC no ha vuelto a presentar una nueva solicitud para ser aprobada como organización sindical.
El Comité de la OIT lamentó el argumento oficial para no reconocer a ASTAC porque sus afiliados no trabajen para un mismo empleador cuando a otros sindicatos de rama el gobierno ecuatoriano sí los ha reconocido (sectores florícola y del trabajo doméstico). También llamó la atención al Gobierno precisando que el reconocimiento de ASTAC como organización agro-productiva no garantiza la protección de sus derechos sindicales, por lo que el Comité en su último informe pidió una vez más al régimen que tome acciones para asegurar el registro de ASTAC, en caso de que lo vuelva a solicitar, y que mientras tanto brinden garantías a sus miembros.
El Comité además destacó la actuación de ASTAC como defensora de los derechos de los trabajadores bananeros. Precisó que en 2010 y 2016 ASTAC presentó dos denuncias ante la Defensoría del Pueblo por violaciones a sus derechos y que ASTAC también denunció ante la Fiscalía no solo despidos antisindicales, sino la difusión de listas negras, actos de persecución y represalias (el 8 de noviembre de 2017, 8 de noviembre y 28 de marzo de 2018). Ante ello el Comité le recordó al Estado ecuatoriano que establecer listas negras de sindicalistas es una grave amenaza para el libre ejercicio de los derechos sindicales y, en general, los gobiernos deberían tomar medidas enérgicas para combatir tales prácticas.[1]
ASTAC ha seguido denunciando nuevos despidos en distintas haciendas bananeras, actos de intimidación sin que el Gobierno se pronuncie al respecto. Por ello el Comité insistió al régimen investigar las denuncias en la Fiscalía, que proporcione copia de sus resultados y si se comprueban esos actos antisindicales, “tome medidas suficientemente disuasorias para sancionar a los responsables”.
En torno a los tres acuerdos ministeriales emitidos por la cartera de Trabajo (2017-0029, 2018-0096 y 2018-0074), ASTAC denunció ante el Comité de Libertad Sindical (OIT) que constituyen un grave retroceso en cuanto a libertad sindical, derecho a la negociación colectiva, derecho de remuneración justa y salario mínimo. Además, que al permitir contratos temporales para actividades permanentes y establecer que el empleador puede terminar dichos contratos se expone a los trabajadores a la inestabilidad laboral.
El Gobierno ha negado que los acuerdos limiten la libertad sindical o la negociación colectiva, pues su objetivo sería adaptar la legislación a las realidades del sector bananero y regular las relaciones laborales en dicho sector.

 

EL PODER DETRÁS DEL PRESIDENTE

Periodismo de Investigación | 22 de enero del 2020 | Tiempo de Lectura: 7 min

Al día siguiente, Lenín Moreno, aceptó la renuncia y derogó el Decreto 417 de 23 de mayo del 2018, con el que creó la poderosa Consejería. Moreno agradeció a Cuesta por los valiosos y leales servicios prestados en el desempeño de sus funciones, dejando expresa constancia del reconocimiento al trabajo y los esfuerzos realizados”.
Desde entonces, todos pensaban que el exconsejero, honraría sus poderosas razones para dejar Carondelet y mantenerse lejos de los enfrentamientos políticos que afectaban a su familia y volvería a sus silenciosos negocios privados. Pero, en realidad Santiago Cuesta Caputi, nunca dejó el gobierno, solo hubo un movimiento escénico, un visillo que ocultaba el verdadero rostro del poder.
Hasta desde su casa, Cuesta ejerce el poder
“Me preocupa cuando nos ponemos exquisitos dentro del gobierno y se nos viene el mundo encima por cumplir las normas a la cabalidad…”. “El pedido de la reunión contigo era para darnos una mano, no nos bronquiemos”.
Las frases anteriores le corresponden a Santiago Cuesta Caputti. Se las dijo a un funcionario público cuando lo presionó para que libere con rapidez un lote de vacunas solicitadas por altos funcionarios de gobierno para cubrir, primeramente, necesidades familiares.
El audio, que es un monumento a los excesos del poder, evidencian cómo Cuesta, que ya no es funcionario, alardea su capacidad de ser por demás influyente en el presidente Lenín Moreno y tomar decisiones importantes.
El viernes 13 de diciembre de 2019 se realizó una reunión en la casa de Santiago Cuesta, en Guayaquil. Asistieron Daniel Calle, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) y David Salomon,  exdirector técnico de laboratorio de esa misma institución.
En el encuentro, Cuesta presionó a Salomon para que libere un lote de vacunas para la influenza, que no había cumplido todos los controles de calidad y tampoco con los tiempos y procedimientos de importación de medicamentos exigidos por la Arcsa.
El apuro era porque la temporada invernal había empezado y las vacunas para las campañas de vacunación, pregonadas por el Ministerio de Salud Pública, no estaban listas.
En la reunión, Cuesta, a  más de dejar en evidencia que su interés era cuidar la imagen del Gobierno, se confiesa como el hombre que domina la voluntad del presidente:yo soy de los pocos que puede decir que soy amigo de Moreno y que yo no trabajo para el Gobierno, yo trabajo para Lenín Moreno, ahora ya ni siquiera soy burócrata, sigo trabajando, sigo en la mesa chica, sigo yendo todas las semanas a Quito, trabajo con él tres días por semana, despacho todos los días con él”, dice Cuesta, mientras insiste que cuando se trata de resolverle los problemas a Lenín, él no pregunta, él actúa.
Antes de la reunión en casa de Cuesta, Daniel Calle había pedido por WhatsApp a Salomon priorizar y  “dar una manito para acelerar los trámites” para que las vacunas fuesen liberadas y no afectasen la imagen del Ministerio.
“Hasta que no conversemos y tenga las cosas claras no te voy a dar respuestas”, fue la réplica de Salomon. “¡No te pido nada  malo!”, dice Calle.  Salomon le recuerda que la mala planificación del Ministerio de Salud Pública ocasionó el inconveniente, pues las liberaciones debieron ser presentadas desde octubre. Usted plantea cubrirle los errores y mala planificación poniendo en riesgo el debido proceso de evaluación de vacunas que si se llegara a cometer alguna equivocación se vería afectada la salud de más  personas y sería mi responsabilidad. Creo que debe familiarizarse más con los procesos y las normas (…) si la ministra y el vicepresidente insisten con gusto detallo qué significa lo que solicitan…”, le responde David Salomon.

La demora en la liberación de las vacunas contra la influenza de la farmacéutica Sanofi, se dio porque éstas no cumplían todos los requerimientos exigidos por Arcsa. Las vacunas habían llegado al país con una etiqueta diferente a la registrada por la agencia de control sanitario. Las normas señalan que la etiqueta garantiza la autenticidad de un producto. Si este o cualquier requerimiento no se cumple, el reglamento de Arcsa es claro: el producto incumple con los procesos respectivos y deja de ser seguro y eficaz para la población.
La institucionalidad de una nación radica en el cumplimiento efectivo y eficaz de normas y procesos. Saltarse estos requisitos evidencia una discrecionalidad que no puede mal entenderse como libertad de elección. Es una potestad extralegal que abre el camino a la corrupción y este audio de Cuesta es el ejemplo de todo aquello que no debe hacerse en el servicio público.
Para Cuesta cumplir los procesos, significaba ponerse “exquisitos”. “A mí sí me preocupa cuando nos ponemos exquisitos dentro del Gobierno y se nos viene el mundo encima por cumplir las normas a cabalidad de al 1.1% todo, porque no, no lo vamos a lograr, siempre va a haber errores que se cometen, pero es peor lo que políticamente nos puede afectar y básicamente ese era…el pedido de la reunión contigo era “danos una mano, no nos bronquiemos”, dice Cuesta, quien presiona al funcionario de la Arcsa con supuestos reclamos del vicepresidente Otto Sonnenholzner, su padre, la ministra Catalina Andramuño y del colegio Alemán.
Al final, las vacunas fueron liberadas y Salomon despedido.

Cuesta: El poder detrás del Presidente
A Cuesta su condición de “amigo personal de hace 40 años” y consejero le ha  permitido estar al frente de los sectores estratégicos, de la privatización de las empresas estatales e incluso de asegurar que sobre la Refinería Esmeraldas se construirá una nueva y proponer al empresario que lo hará.
Dice que no le gusta la corrupción, que la combate, y es por eso que cuando ve un acto de corrupción él no pregunta, “yo destituyo, después le cuento al presidente: presidente, me he comido a fulano, zutano… ya me he comido a varios…le digo señor presidente por esto, por esto”.
“Yo tengo el poder del presidente Moreno de volarle la cabeza a cualquier acto de corrupción”, dice Cuesta, y con ese poder, según él, llevó a Otto Sonnenholzner a la vicepresidencia, con ese mismo poder protege a la ministra de Salud,  Catalina Andramuño, quien fue sugerida por Paúl Granda para ese cargo, según la confesión del exconsejero.
Cuesta también menciona la cercana relación que mantiene con “Jhonny”, a quien ve como un hijo. Johnny es el yerno del presidente, quien habría nombrado al director de la Arcsa.

LA TRAGEDIA DE LOS RÍOS

“Nos dijeron que tenían que operarlo, sacarle las amígdalas y que era algo sencillo, que muchas veces hacen esto, todos los días”, recuerda la atribulada madre de Jeremías, quien aún tiene gestos de incredulidad porque una situación así sencillamente no se puede creer.

Jeremías fue ingresado el 14 de enero y al día siguiente, miércoles 15 de enero, entró al quirófano a las 8 de la mañana. El niño posó para una foto levantando su pulgar, tranquilo, optimista, acostado en la camilla y con la ropa azul de cirugía.

Nada hacía presagiar una desgracia. Pero a las once de la mañana, vino el anuncio de una asistente de los médicos: “Señora, prepárese, su hijo se puso mal, le dio un infarto. Estamos tratando de reanimarlo y confiemos en Dios”. Y solo minutos después les confirmaron a sus padres que había muerto. La hora oficial de su fallecimiento que consta en el hospital era las diez con treinta y dos minutos de la mañana. La médica que lo operó es cubana.

Lo que vino después fue como el fin del mundo para los padres y abuelos. A más del dolor de perder un pequeño hijo, está la incertidumbre de no saber lo que realmente pasó y si existe uno o más responsables de esta tragedia. “Se están haciendo las investigaciones respectivas y cuando estén los resultados, en unos veinte días, los diremos”, ofrecieron las autoridades del hospital en rueda de prensa. Pero los familiares no quisieron esperar y la protesta fue inmediata. Y la Fiscalía comenzó a actuar.

“Aquí no mataron un perro, era un niño que recién comenzaba a  vivir y queremos saber quien es el responsable de la muerte de mi sobrino”, declaró Ángel Calero Jiménez, tío de Jeremías y, además, concejal del cantón Babahoyo. Dijo algo más en el primer plantón que realizaron en las afueras de la Fiscalía:

“No es justo que estos señores vengan a vender los puestos en el Seguro y ponen gente que no está preparada y todo esto perjudica a la ciudadanía. Esto es una sola argolla, hay que decir lo que es. Quien pone y vende los puestos en el Seguro es Marcia Arregui. El pueblo y la ciudadanía tiene que saber”.

Esta no fue la primera vez en el nuevo año que saltó a la luz el nombre de la asambleísta del partido de gobierno, Alianza País, Marcia Arregui. Recién comenzaba el 2020 y, el 3 de enero, en este mismo hospital se realizó una singular protesta: se trataba de los trabajadores de la cocina que ese día paralizaron sus labores y salieron a rechazar lo que ellos consideraban un abuso, pues decían que les habían concluido su contrato debido a que no habían accedido a pagar la coima respectiva.

  • ¿Quién estaría detrás de todo esto?, preguntó un periodista del medio digital Click.
  • Los asambleístas. Sabemos que esto es aquí propiedad de la asambleísta Marcia Arregui, y ellos son los que ponen, disponen, con su hijo también. Ellos disponen aquí quienes son los proveedores y quien no da la colación, no entra, no tiene la venia. Y eso es un secreto a voces,todos los sabemos”, contestó Yahaira Vásquez, representante de la contratista de alimentación del hospital.
  • ¿Los directivos actuales del hospital son puestos por ellos?, pregunta el periodista.
  • “Claro, por supuesto. Los de Compras Públicas, Servicios Generales, Dirección General, todo. Trabajan en equipo”.

El problema, según la contratista Yahaira Vásquez, se dio porque no quisieron pagar una coima de USD 100.000, por un contrato de casi USD 800.000, pago que tendría que darse anualmente. “No estamos dispuestos a seguir callando, ya es hora que esta olla de grillos se destape. El pueblo no puede ser tonto útil de estas personas. Estamos cansados. Y nos dijeron que venían de parte de la Asambleísta Arregui”.

Una autoridad del gobierno lo confirma: sí hay reparto de hospitales

“En efecto. El reparto de los hospitales a los asambleístas es real. Existe. Eso es un hecho que se viene dando desde hace tiempo y continúa. Yo le cuento, pero no puede decir la fuente, porque yo soy una autoridad del gobierno. Y en el momento que salga que de mí salió la información, en ese mismo instante estoy afuera. Y yo quiero seguir. Usted me entiende, no quiero tener problemas y el poder político es más fuerte estando adentro”.

Una alta autoridad del gobierno -en funciones- corroboró la información que hemos publicado respecto a #ElRepartoDeHospitales. No solo eso. También aportó  información adicional, como que el hospital del IESS de Quevedo le correspondió al presidente de la Asamblea, legislador de Los Ríos, César Litardo.

Y habló de Ximena Chactong, asambleísta nacional recientemente titularizada debido a que el principal, Carlos Viteri Gualinga, ahora está en México como asilado político, junto a otros correístas. Chactong es morenista: “Para ganar ese votito, el gobierno le dio la Dirección Provincial del IESS de Los Ríos”, explica la autoridad. Añade que el hospital general de Babahoyo lo tienen Marcia Arregui y Kharla Chávez, asambleístas del oficialismo.

Estas versiones apuntan a que el gobierno de Lenin Moreno tuvo que recurrir a la antiquísima práctica del reparto del poder -que ya pasó antes, prácticamente en todos los gobiernos- para ganar débiles lealtades y muy condicionados votos en el Parlamento. Casi nada.

Pero a cambio, tuvo que entregar mucho. Demasiado, si se toma en cuenta el costo que le representa al país el manejo político de casi todas las casas de salud. De las grandes y hasta de las pequeñas. Los hospitales básicos y también los especializados.

Representa una tarea difícil encontrar un hospital que esté libre de este reparto. Pero a la mano y a la vista aparecen los que sí están contaminados. Al respecto, ya hemos presentado informes de lo que pasa en el hospital Teodoro Maldonado de Guayaquil y otro con el reporte de lo que ocurre en las provincias de Manabí, Santo Domingo y Carchi en nuestra serie #ElRepartoDeLosHospitales

El esquema es repetido y el resultado es nefasto. La Contraloría General del Estado no se da abasto para auditar tantos contratos repletos de irregularidades y de sobreprecios que van desde el 100% hasta el 1500%. No es un error de tipeo, son esas las proporciones.

En la provincia de Los Ríos no es diferente y las redes sociales se han convertido en una válvula de desfogue de actos irregulares  al por mayor.

Inclusive en Los Ríos el tema pasó a mayores instancias, como la denuncia presentada en la Fiscalía de Babahoyo por parte de Renato Moreira quien hasta el 27 de octubre del año pasado era el Jefe de Compras del hospital del IESS de Babahoyo.

Ese día renunció y después fue a la Fiscalía a denunciar que “hoy he sido maltratado y amenazado por un individuo que conozco es un proveedor que viene de la ciudad de Milagro, junto a otras personas más. Dentro del hospital se están aceptando cosas irregulares con las que yo no estoy de acuerdo.

Se puede evidenciar con las cámaras de seguridad como esta persona entró de manera intempestiva y me amenazó porque yo nunca me voy a prestar a deshonestidades. Me dijo que me va a hacer meter un tiro en la cabeza, que conoce donde estudian mis hijos, que sabe de la situación laboral de mi esposa…se ha amenazado a un funcionario público y por eso renuncio, lamentablemente”, expuso Moreira.

La clínica que se construye en la propiedad de Arregui 

En el cantón Ventanas se construye en el terreno de la asambleista Marcia Arregui lo que parece ser una nueva clínica. Ella no confirmó el hecho porque dice que la construcción no le pertenece.

La asambleísta Marcia Arregui ha sido la principal señalada en el tema de reparto de hospitales en la provincia de Los Ríos. Y ella dice estar cansada de esta situación, a la que califica de calumnias en su contra, porque no tiene nada que ver ni se ha enterado de que las casas de salud se han convertido en un botín político que el gobierno se ha encargado de repartirlo en porciones.

Por eso ha puesto dos denuncias, una en contra de los proveedores de alimentos del hospital del IESS y otra contra el tío del niño Jeremías recientemente fallecido, quien también es concejal de Babahoyo.

“Esto tiene que parar en algún momento y hay que sentar un precedente. La gente no puede abrir la boca y decir las cosas porque le da la gana, porque le sale del estómago. Yo no tengo nada que ver, absolutamente nada, en los puestos públicos del Estado”, nos dijo en entrevista telefónica.

Lo que sí confirmó es que su hijo ocupa el puesto de Director Provincial de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario Agrocalidad, y su nuera es la Directora Provincial del Seguro Social Campesino, cargos en los que asegura no tuvo nada que ver.

“A mucha honra, mi hijo es director de Agrocalidad, es un joven profesional que trabaja y está en su derecho. Si es un buen funcionario, bienvenido sea, no es un parásito de la sociedad. Mi nuera está en el Seguro Campesino y no la he puesto yo, tiene casi diez años allí. No entiendo, si fueran sicarios, prostitutas, delincuentes, allí deberían preocuparse. Mientras tanto, deberían estar tranquilos. Preocúpense de la inseguridad, violaciones, robos, pero ya deberían dejar de hacer daño a la gente que ayuda a quien necesita”, dijo indignada.

Por otra parte, en el cantón Ventanas ha llamado la atención en los últimos meses la construcción de lo que parece será una nueva clínica que funcionará en este cantón de Los Ríos. Así lo comentan los ciudadanos de esta ciudad y también de la provincia, que además saben que el terreno donde se levanta este inmueble pertenece a la asambleísta Marcia Arregui.

Lo que se dice es que allí funcionará una clínica de hemodiálisis. Pero en entrevista con este medio, la asambleísta no pudo confirmar si eso será de esta manera, pues indicó que si bien la construcción está dentro de su terreno, los dueños son otros: “Eso es de dos señores, gente muy conocida acá. Y yo puedo construir, si es mi terreno”.

  • P: ¿Usted no sabe que es lo que están construyendo?
  • Desconozco, tiene que preguntarle a los señores.                         
  • P: Dicen que es una clínica de diálisis.
  • Bueno, no sé, usted también como periodista me parece que está pasándose del tema.
  • P: Lo que yo hago es preguntarle.
  • Le estoy contestando que le pregunte a las personas que están construyendo.

Y colgó.

Este medio intentó tener la reacción del presidente de la Asamblea, César Litardo, sobre el manejo político de la salud, en el que también fue mencionado. Pero planteado el asunto a su asesora de comunicación, no hubo una respuesta positiva.

Durante el correísmo, en la provincia de El Oro se dio el caso de que dos nuevas clínicas, de propiedad del hijo del entonces asambleísta oficialista Montgómery Sánchez, fueron beneficiadas como prestadoras externas del IESS, que se convirtió en su principal cliente. En ese momento, a pocos les llamó la atención el hecho, pero confirma que el asunto no es nuevo ni una creación reciente del morenismo.

Granda no lo niega, para Romo no hay reparto 

Paúl Granda, presidente del directorio del IESS, fue entrevistado en Teleamazonas por la periodista Janet Hinostroza, el pasado 14 de enero y no descartó el reparto de hospitales a los asambleístas. Él explicó que “hemos sido francos y directos sobre este tema: no vamos a permitir que nuestros hospitales sean cuotas políticas de nadie”.

-Pero ya lo son, replicó Hinostroza.

Entonces vino la apurada respuesta del funcionario: “Hemos aprobado un reglamento para que se descarte todo tipo de influencia directa o indirecta y con ese reglamento ahora se hace un proceso de selección de manera sistemática para que entre gente profesional. Si es que existe un manejo político, un manejo interesado para beneficiarse de nuestros hospitales o para adquirir medicamentos a la voz del Carnaval, no lo vamos a permitir. Vamos a actuar con rigurosidad. Vamos a proteger hasta el último centavo de los afiliados”.

Entonces la periodista le lanzó un reto al funcionario:  “A todos los televidentes que tengan cuestionamientos de nombramientos de directores o funcionarios de los hospitales del IESS, mándenme los nombres de esas personas, recomendados o familiares de políticos o asambleístas, y le paso a usted esa lista para que la revise y la depure. No puede haber personas que no sean técnicas a la cabeza de los hospitales”.

Granda aceptó el reto: “Por favor, páseme la lista. Esto es una obligación y les pido por favor a los ciudadanos que tengan información de un manejo inadecuado de los hospitales, hágannos saber. Tenemos un comité de ética que ha procesado más de sesenta denuncias. Ayúdennos en la lucha contra la corrupción”, respondió Granda.

Granda no pudo negar la situación del reparto de hospitales. La ministra de Gobierno María Paula Romo, sí lo hizo, tajantemente. Y eso que su propio tío, Andrés Romo, fue grabado por la ex gerente del hospital del Tulcán, cuando la llamó para presionar por la adjudicación de un contrato.

Del tema también decía no saber absolutamente nada la hasta hace poco Secretaria Anticorrupción de la Presidencia, Dora Ordoñez Cueva, cuando fue entrevistada por este medio para conocer las acciones que había tomado el gobierno ante las revelaciones hechas durante las últimas semanas. La respuesta fue que no había ninguna acción sobre dicho reparto, porque no estaba enterada.

Los que sí se enteraron y crearon un observatorio al que denominaron “ciudadano” para que vigile todo lo que pasa en torno al IESS, fueron los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Su presidente, Christian Cruz, posesionó al coordinador de este Observatorio, que resultó ser César Rodríguez, ex asambleísta correísta, ex candidato bucaramista, ex seguidor de Paúl Carrasco y de Guillermo Lasso, y hace apenas un mes, efusivo militante pro candidatura presidencial de Jaime Nebot, en Quito.

César Rodríguez como observador del IESS es como Drácula siendo observador del Banco de Sangre, dice Fernando Villavicencio, director del portal La Fuente.

Como suele ocurrir, la acción más efectiva ha venido de la parte ciudadana de la sociedad. Eso ha hecho la Comisión Anticorrupción liderada hasta hace poco por Jorge Rodríguez y actualmente, por Germán Rodas. Ha sido esta Comisión la principal vocera de las irregularidades que pasan en los hospitales públicos en todo el país.

Y lo continúa haciendo: la última denuncia presentada hace una semana no es menos grave y se refiere a que los beneficiados a dedo con convenios de pago por venta con sobreprecios de insumos y medicamentos en los hospitales del IESS de Guayaquil Teodoro Maldonado y Los Ceibos, se mudaron, y ahora ganan subastas inversas en los hospitales públicos de Quito.

“¿La mafia cambió de residencia y la Ministra de Salud Catalina Andramuño, igual que sus antecesoras, se limita a contemplar las estrellas?”, cuestiona la Comisión.