Autor: mh

Redacciones La Fuente y MilHojas
“Cuando estábamos borrachos, él (Royce) decía: ya vayan a culear. Algunos entraban porque querían, pero otras ya estaban borrachas y no sabían qué hacer y luego entraban… A veces entraban (a los dos cuartos) dos chicos y una chica, otras veces dos chicas y un chico y así…” Según una testigo así funcionaba la brutal maquinaria de el abuelo.”
Casi al año de ser arrestado y acusado de liderar una red de trata de menores de edad para explotarles sexualmente y después de decenas de intentos de su defensa para evitar el juicio, el estadounidense Royce Phillips, alias “El Abuelo”, y cuatro de sus reclutadores, enfrentan desde el pasado 12 de febrero a la justicia; mientras sus víctimas, adolescentes de entre 15 y 17 años de edad, siguen recibiendo amenazas de muerte por “atreverse” a delatarlos.
El juicio en contra de Phillips, Christian Giler alias “Careniña”, Christian Álvarez, Julio Erazo y Jonathan Paredes inició precedido de una sentencia condenatoria de 34 años y 8 meses de prisión para Giler por ser el responsable de la violación y asesinato de la menor Carolina A., el 26 de agosto del 2018, a quien la reclutó un año antes.
El caso de Carolina no solo reveló la manipulación del informe forense con las verdaderas causas de su muerte, sino también visibilizó a esta Red de Trata que se dedicaba a captar niñas fuera de colegios del norte de Quito para enamorarlas, drogarlas y obligarlas a grabar videos sexuales en la residencia alquilada por el estadounidense en una exclusiva zona del norte de la capital.
Esos videos sexuales y decenas de fotografías de menores de edad desnudas, fueron encontrados en los dispositivos electrónicos de Phillips (teléfono celular y dos computadoras) durante el allanamiento a su departamento el 27 de marzo del 2019. También se hallaron grandes cantidades de marihuana. Estas evidencias han permanecido en custodia y sin acceso para los abogados de las víctimas. María Susana Rodríguez, fiscal que lleva el caso, las presentará durante el juicio además de 33 testimonios de policías, peritos y agentes investigadores. Llevará también 13 testigos que demostrarían que Royce Phillips y su banda participaron de forma directa en el delito de Trata de menores de edad con fines de explotación sexual.

Foto del Facebook del Petrolero texano Royce Phillips.
El juicio inició este 12 de febrero y bajo absoluta reserva. Pero antes de llegar a esta instancia las dilatorias han sido una constante en este proceso.
Las trabas empezaron desde la etapa de indagación fiscal.  “El Abuelo” se negó a someterse a exámenes psicológicos. Como estrategia de defensa, sus abogados estuvieron ausentes e incumplieron con las citaciones fiscales del 26 de abril, el 9 de mayo y el 22 de julio de 2019. La Fiscalía incluso contrató a una traductora al inglés para realizar el examen a “El Abuelo” el 5 de agosto pasado e hizo un llamado de atención a los abogados.
Cinco meses más tarde (el 13 de enero de 2020) la jueza Irene Pérez logró instalar la audiencia y la fiscal María Susana Rodríguez presentó su ‘anuncio de prueba’ y su dictamen, acusando a los cinco investigados de ser autores directos del delito de Trata, contemplado en el artículo 91.2 del Código Orgánico Integral Penal, según confirmó la Fiscalía tras un pedido de información de MilHojas.
La audiencia quedó inconclusa porque uno de los defensores dijo tener otra diligencia y solicitó nueva fecha. A la  jueza no le quedó más que aceptar y convocó para luego de tres días. Pero, el 16 de enero,  otro de los abogados (de Giler), no se presentó.
Captura del perfil de Facebook de Royce Phillips
Así, después de cuatro intentos del Tribunal de Garantías Penales, -desde el 8 de octubre del 2019, hasta el 13  enero del 2020-  para instalar la audiencia, el llamado a juicio se concretó el pasado 23 de enero. El objetivo de “El Abuelo” ha sido usar todos los recursos legales para salir en libertad el 27 marzo del 2020 ya que la ley señala que si al cumplir un año de prisión preventiva, el procesado no es llamado a juicio, la prisión preventiva caduca.
Pese a todas estas dilatorias, la jueza Pérez acogió el dictamen de la Fiscalía y llamó a juicio a los cinco investigados.
Pero como medida desesperada, los defensores de Phillips y su banda volvieron a intentar enredar el proceso un día después de su arranque. Sus abogados llamaron a 191 testigos para alargar los días de juicio que inicialmente tenía previsto concluya en no más de tres días. En el caso de Phillips se llamaron a testimoniar a 65 personas; por Giler se convocaron a 32 personas; por Erazo y Álvarez serán 73 personas, y por Paredes un total de 21.
Lo curioso es que en esta estrategia de defensa, estos abogados llaman a testimoniar a los mismos testigos de la Fiscalía.
Lorena Grillo, abogada de una de las menores de edad que fue reclutada por la banda de Phillips, cree que esta estrategia es una mañosería del proceso, porque mientras más lo alarguen, aumenta la posibilidad de que caduque la prisión preventiva que pesa contra Phillips. “Lo que tratan de hacer es quemar tiempo”.
Son los jueces, dijo Lorena Grillo, quienes deben tomar medidas; si bien puede caducar la prisión preventiva, ellos puedan ordenar arresto domiciliario, colocarle un grillete e incluso la vigilancia permanente. El Tribunal tiene libertad para tomar acciones que aseguren que pueda continuar compareciendo al juicio y evitar que se fugue”.
El jueves último, el Tribunal se vio obligado una vez más a realizar ajustes y aumentó un día para las audiencias y según la convocatoria del 13 de febrero firmada por la secretaria del Tribunal de Garantías Penales,  el domingo 16 de febrero iniciará la presentación de los 33 testimonios en los que se fundamenta la Fiscalía que responsabilizar a “El Abuelo” como líder de la Red de Trata de Personas y 191 declaraciones de los convocados por los cinco procesados.
El riesgo, insistió Lorena Grillo, es que “con tantos testigos y pocos días de audiencia, la Fiscalía podría ir prescindiendo de testimonios valiosos porque no le quedará tiempo”.

   ENTREVISTA  
“Royce pagaba por videos porno a GIler y a Erazo”
Este Portal, conversó con una de las menores reclutadas por esta Red en el 2018. Por varias ocasiones acudió al departamento de la Quito Tenis en donde el estadounidense recibía a diario a decenas de menores de edad (mujeres y hombres) y no solo para ofrecerles “generosamente” licor y marihuana. También les invitaba insistentemente a ingresar a dos habitaciones para que practiquen sexo grupal y grabarles. Aquí una parte de este diálogo:
PREGUNTA: Cómo te reclutaron?
RESPUESTA: Cuando conocí a Christian Giler, yo tenía 16 años. Fue en el mes de marzo del 2018 cuando estaba sentada en la pileta del Comité del Pueblo esperando a una amiga y él se me acercó y me dijo: Hola bebé, ¿por qué estás sola?  y yo lo vi (y pensé) ¡Qué guapo es!. Me enamoré ese ratito, me atrajo físicamente y sobre todo me gustó como me trató. Me pidió mi Facebook y después nos contactamos. Una vez quedamos en encontrarnos y comenzamos a salir y nos fuimos a tomar.
P: Qué tomaste?
R: Un trago fuerte que le llaman “Guanchaca”, como las puntas. Fue en una casa del Comité del Pueblo. Y desde ese día empecé a salir y tomaba todos los días,
P: Te obligaba a tomar?
R: Al principio me obligaba y me decía ¿ves cómo eres?,  porque como todos tomaban y yo a veces no quería, entonces me decía: ¿Para qué vienes? Ahí empecé a tomar casi todos los días y a conocer a sus amigos.
P: Quiénes eran sus amigos?
R: Su mejor amigo es Julio Erazo. Él fue quien me llevó a casa de Royce y me hizo probar droga por primera vez.
P: Qué tipo de droga?
R: Marihuana. Me decía: ¡Prueba, prueba, te hace como un vuelo rico!, y de ahí comencé a probar y a drogarme. Un día me conecté al Facebook y vi un mensaje del Julio que me decía: ¿dónde estás? Coge un taxi y ven a la casa del Quito Tenis que estoy en una fiesta. Yo antes ya había escuchado a Julio y a Giler hablar de Royce y de su casa en la Quito Tenis; decían que él era su padrino. Entonces (Julio Erazo) me dijo: “Coge un taxi y ven y yo acá te pago”. Y  yo cogí el taxi y me fui y verdad él bajó, pagó y por eso le conocí al Royce.
P: También les daba Cocaína en casa de Phillips?
R: En la casa del Quito Tenis no vi droga de polvo, solo vi la marihuana, pero eso sí, tenía mucha marihuana el Royce, full, full, full marihuana.
P: Y qué hiciste en la casa de Royce Phillips?
R: Royce me quedó viendo, movió la cabeza (en señal de aprobación) y me dejaron entrar; y, ahí en la casa del Quito Tenis comenzamos a bailar y tomar.
P: Se drogaban en la casa de Royce Phillips?
R: Sí
P: Royce Phillips también se drogaba?
R: No, solo tomaba. Él nos llevaba a comer en la plaza Foch, a comer lo que queríamos, comidas caras. También era el que compraba el trago, mucha cerveza y nos decía: Qué quieren tomar? Y nos daba full plata para comprar.
P: La primera vez que fuiste a la casa de Royce Phillips, recuerdas quienes estaban?
R: Julio Erazo, una amiga Angie, Leonel Cedeño, Jonathan Paredes, Cris Álvarez y una chica llamada Laura.
P: Qué hacían aparte de tomar en casa de Phillips ¿sabías que habían cámaras para grabarles?
R: A mí me dijo Julio Erazo. La primera vez que fui, Jonathan Paredes me pidió subir a la terraza y me dijo que nunca entre a esos dos cuartos juntos por las computadoras. Pregunté ¿por qué? Y me aclaró que puedo tener relaciones pero no en esos dos cuartos.
P: Pero luego de frecuentar la casa de Phillips, tú sabías que en ese lugar había habitaciones para tener relaciones sexuales?
R: Cuando estábamos borrachos, él (Royce) decía: ya vayan a culear. Algunos entraban porque querían, pero otras ya estaban borrachas y no sabían qué hacer y luego entraban… A veces entraban (a los dos cuartos) dos chicos y una chica, otras veces dos chicas y un chico y así…
P: ¿Te daba miedo o curiosidad?
R:  No, no me daba miedo, es que ya me parecía como que normal hacer eso en las fiestas que me iba, no solo en la Quito Tenis. O sea como que el sexo era lo normal. Giler y Erazo promovían eso.
P: ¿Qué más hacía Royce Phillips?
R: Yo sé que él (Royce) les pagaba por unos videos porno a Giler y a Erazo.
P: ¿Para que le entreguen (videos) o hacer?
R: Para que le entreguen. Una vez yo estuve sola con ellos dos (Giler y Erazo) esperando el bus y Royce le llamó a Julio y él le dijo: Sí padrino, sí señor, ya tengo los videos y los packs. Yo pregunté qué es eso? Y Giler me dijo: Es que por esos videos porno nos dan mucho dinero.
P: ¿Pero le daban los vídeos que grababan a las chicas en las fiestas?
R: Yo creo que sí, porque también había videos que las chicas se grababan solas. (MADRE DE TESTIGO: Cuando se enamoraban del Cristian Giler, esas chicas les mandaban los videos masturbándose y esos eran los “Packs”).
P: Cuéntanos, ¿qué hacían en una salida?
R: El Giler siempre me sacaba de la casa. Tomábamos en la calle a veces porque no teníamos qué hacer. Cuando ya no había trago, el Giler  se iba a robar a veces y cuando no quería, nos mandaba a robar.
P: ¿Y qué hiciste tú?
R: Yo no robaba, yo hice una vez comida-loca.
P: ¿Cómo es eso?
R: O sea, vas a un restaurante, pides, distraes a los señores y te vas corriendo.
P: ¿Y qué robaba él?
R: Robaba los celulares, arranchaba. Una vez nockeó a un discapacitado para quitarle el celular en el Comité del Pueblo y ahí fue que me enojé. Siempre yo le decía que le van a agarrar preso y me contestaba que eso jamás en la vida porque a mí me saca el Royce.
P: Cómo te distanciaste de Giler?
R: Porque nos quiso violar a mí y a la china (Carolina, menor violentada y asesinada por Giler) con el “gordo Lucho”. Me llevaba full bien con Giler pero también me maltrataba, me pegaba, me daba puñetes y patadas porque decía que yo era su mujer. Un día Giler nos pidió hacer un cuarteto y no lo permitimos, fue cuando me asusté y nos fuimos corriendo. Ahí me enojé definitivamente con él.
P: Por qué permitiste que te golpee? Estabas consciente que eso estaba mal?
R: Sí, pero pensé que lo hacía porque me quería.
P: Además de Giler, quien más reclutaba?
R: Julio Erazo, Leonel Cedeño, Cris Álvarez y Jonathan Paredes.

AMENAZAS DE MUERTE CONTRA UNA ADOLESCENTE QUE FUE RECLUTADA
Captura del perfil de Facebook de Christian G, alias "careniña"
El mismo día que Royce Phillips alias “El Abuelo”; Christian Giler, Christian Álvarez, Julio Erazo y Jonathan Paredes recibieron el dictamen de inicio de juicio por el delito de Trata de Personas (23 de enero 2020), una de las testigos que denunció cómo operaba esta banda, recibió mensajes de amenaza contra su vida.
Familiares de la menor fueron alertadas por conocidos que un joven estaría buscándola para “matarla”, según relataron. Quien le busca, dijeron, se hace llamar “el gordo Lucho”, y es quien aparece en varias fotografías junto con Phillips en las denominadas caídas (fiestas) en el departamento del “El Abuelo”, junto con Fabián Andrade (chofer de Phillips), Julio Erazo, “Careniña” y Jonathan Paredes.  
La denuncia por estas intimidaciones se presentaron en la Fiscalía y las investigaciones se mantienen en reserva.
El año pasado, la misma testigo y otras adolecentes que denunciaron a Giler, Álvarez y Erazo por agresiones y violación, recibieron en sus teléfonos, mensajes amenazantes. Todos eran de Christian Giler y los enviaba desde la celda 9, del piso dos, del pabellón El Bosque del Centro de Privación de Libertad de El Inca, usando cuatro teléfonos celulares que contaban con internet ilimitado para navegar en su red social Facebook sin ningún control de las autoridades de la prisión.
Tardaron meses para que la Fiscalía y la Policía Nacional le requisen los cuatro dispositivos, el 13 de diciembre del 2019. A día siguiente, la Fiscalía de Soluciones Rápidas, planteó contra Giler, una nueva denuncia por “Ingreso de artículos prohibidos” a la prisión. La investigación (delito de acción pública, art. 276), aún continúa y hasta la semana pasada no había pistas de quién o quiénes le facilitaron los teléfonos celulares.
Audiencia del 12 de septiembre del 2019 en la Casa de Justicia en Carcelén, Quito, por el caso Carolina.
PHILLIPS ENFRENTA OTRO PROCESO POR TRÁFICO DE DROGA
La Fiscalía Antinarcóticos inició el 29 de marzo del 2019, una investigación a “El Abuelo” por “Tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización”, proceso que se mantiene estancado y  por el que aún no se ha hecho llamamiento a juicio.
Phillips, quien fue fotografiado con miembros del Grupo Especializado de la Policía Nacional GIR y con el abogado y ex asesor jurídico de la Policía, Hugo Espín, permanece en la cárcel 4 de El Inca. Su defensa ha intentado por cuatro ocasiones, aduciendo que es un hombre de la tercera edad (66 años) trasladar su internamiento a un departamento alquilado, lo que ha sido negado debido a informes policiales que señalan riesgo de fuga.
En los primeros meses después de su detención, “El Abuelo”, permaneció en un ala de la Unidad de Flagrancia hasta que un juez pidió su traslado al Centro de Rehabilitación de Cotopaxi; su defensa logró moverlo a la cárcel de El Inca en donde aún comparte patio con Careniña. Los justificativos y la fecha de su traslado a El Inca no se hicieron públicos.
El último intento de Phillips para lograr arresto domiciliario fue en diciembre del 2019, antes de la audiencia de llamamiento a juicio, pero la Fiscalía entregó un informe de factibilidad (7 de enero 2020), negando el traslado por “peligro de fuga grande”.
“…El delito por el que la Fiscalía ha procesado al ciudadano (Royce Phillips) tiene penas que van de los 13 a los 16 años de privación de libertad, por lo tanto es necesaria la prisión preventiva para asegurar la comparecencia al proceso judicial”, detalla el informe de la Fiscalía.
Los otros procesados: Erazo, Paredes y Álvarez enfrentan el juicio por el Delito de Trata en libertad, luego de que una jueza les otorgara medidas sustitutivas y su presentación periódica y la prohibición de salida del país. Álvarez tiene una denuncia por violación a una menor de edad quien ha sido intimidada y amenazada de muerte en la calle si continúa con este caso en la justicia.

Periodismo de Investigación | Tiempo de Lectura: 7 min

Las compañías Axfood, Coop, Everfresh, Greenfood, Martin & Servera y Menigo, compradoras de banano ecuatoriano le hicieron llegar al gobierno ecuatoriano, en junio de 2019, una carta de apoyo al dirigente sindical, luego de que conocieran el inicio de una demanda en su contra.
La organización Swedwatch sostiene que mediante el uso de la figura de pánico económico, incorporada al Código Integral Penal en tiempos de la revolución ciudadana (agosto 2014), se busca coartar el trabajo que intenta consolidar el primer sindicato de trabajadores bananeros del país.
En la fiscalía se procesa una denuncia en contra de Acosta por el presunto delito de “pánico económico”, debido a declaraciones suyas sobre políticas y prácticas gubernamentales y empresariales, aplicadas en el sector bananero, que afectan los derechos de los trabajadores y contravienen cláusulas sociales del acuerdo comercial con la Unión Europea.

Declaraciones de Acosta en la televisora Ecuavisa, el 24 de mayo de 2018
Como eje central Acosta apalancó el principio que el trabajo en el sector bananero no puede considerarse temporal: el trabajo en las plantaciones de banano no es temporal, ni por ciclos, sino continuo e intensivo; que se exporta las 52 semanas del año y la mayoría de trabajadores en la cosecha y empaque trabajan hasta 12 horas al día, por 4 o 5 días a la semana.
Pese a esto, el gobierno de Rafael Correa, mediante Acuerdo Ministerial #054 (2016) incluyó a los trabajadores de la ganadería y del agro en la misma fórmula de pago con la que se regula a quienes laboran en cultivos de ciclo corto (como maíz, arroz, pimientos, tomates, etcétera), denominados así porque desde la siembra hasta la cosecha sus labores no duran más de 4 meses.


Meses antes de que Correa salga del gobierno (mayo de 2017) se expidió otro Acuerdo Ministerial, el #029, donde se incluía una forma de pago para el sector bananero como si fuese una actividad temporal.
Acosta puntualizó que el Acuerdo #029 despoja a los trabajadores bananeros de su salario básico. Y agregó que lejos de arreglar estas distorsiones el Ministerio de Trabajo del actual régimen expidió otro Acuerdo, ratificando los anteriores e incorporando cláusulas que profundizan la violación de derechos de los trabajadores bananeros, al señalar que laboran solo 36 horas a la semana y 6 horas al día, lo cual no ocurre en la práctica.
A ello se suma la forma de pago por avance o destajo. Ello significa que aunque los trabajadores laboren entre 8 y 12 horas diarias, se les paga de acuerdo al número de cajas de banano o se les da un número de hectáreas para que cumplan sus tareas en un tiempo determinado. Por eso las autoridades sostienen que son labores discontinuas.
Acosta ha dicho que estos acuerdos ministeriales violan la Constitución, el Código del Trabajo, tratados y convenios internacionales de Derechos Humanos, además de incumplir con el título 9 del acuerdo comercial con la Unión Europea, que se refiere al comercio y desarrollo sostenible. En el artículo 269 del mencionado título se establece que las partes se comprometen a respetar los convenios fundamentales de la OIT, dos de ellos son: el 087 referente a la libertad sindical y el 098 relacionado con contratación colectiva.
Esas declaraciones provocaron la persecución y el inició de una investigación por generar pánico económico, figura penal creada por el correísmo.

El denunciante
Quien interpuso la denuncia por pánico económico en contra de Acosta es un jornalero de 57 años que vive en Pascuales y no trabaja en la zona bananera. En el portal de la función judicial, el denunciante Felipe Santiago Cantos Merelo, registra dos procesos legales en su contra: uno por robo y otro por tenencia ilegal de arma de fuego.
Según consta en el proceso por tenencia ilegal de arma de fuego desde la fecha en que inició la instrucción Fiscal (3 de junio de 2004), hasta la detención de Cantos transcurrieron más de los 5 años, por tanto el juicio había prescrito.
La denuncia contra Acosta fue presentada en diciembre de 2018 y se la reactivó en abril de 2019, justo cuando ASTAC presentó ante el Ministerio de Comercio Exterior (28 marzo de 2019) una queja a nombre de los trabajadores bananeros por violación de derechos laborales y ambientales en el marco del acuerdo comercial con la Unión Europea, la cual se dio a conocer en el seno de la Comisión Europea y recibió el apoyo del Consejo Consultivo Interno Europeo y de 2 terceras partes del Consejo Consultivo Interno Ecuatoriano
Persecución
En diálogo con PI Acosta precisó que fue notificado para que comparezca ante la denuncia de presunto delito de pánico económico, por la Fiscalía séptima de Fe Pública de Guayaquil, mediante una llamada al teléfono celular de su hijo y que se le envió la citación a través de WhatsApp. Cuando fue a constatar la denuncia conoció un informe policial en el que constaba que ya había sido citado previamente en su domicilio, que no era cierto, y que tras la citación por WhatsApp, el policía encargado de la notificación recomendaba su detención para comparecer al proceso.
La denuncia no fundamenta el supuesto pánico económico que Acosta habría generado. Se circunscribe a las ya mencionadas declaraciones dadas en Ecuavisa y en indagar sobre los antecedentes y estatus de ASTAC y sobre los ingresos que perciba Acosta. “Lo increíble es el uso de la categoría de pánico económico para coartar la libertad de expresión”, resaltó Acosta.
El Código Integral Penal en el artículo 307, la figura de pánico económico es sancionada con 5 a 7 años de cárcel. En 2019, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, David Kaye, recomendó al Estado ecuatoriano despenalizar este tipo de delitos porque el uso de estas normas permitió enjuiciar medios de comunicación, periodistas y ciudadanos, por difamación a funcionarios públicos, “socavando las formas en que la libre expresión sirve para responsabilizar a los funcionarios públicos”.
Los abogados del dirigente sindical pidieron la ampliación de la denuncia, luego de que Cantos no asistió a la primera convocatoria a declarar… “Queremos determinar si conoce qué es pánico económico”, dijo Acosta y  “¿cómo un jornalero tiene para pagar un abogado?”.
Cantos tampoco acudió a la segunda comparecencia y pese a ello, el 15 de noviembre pasado ya pidió que se formulen cargos. “Estamos preocupados pues si el fiscal accede sería otra señal muy grave”, dijo Acosta.
El activista considera que detrás de este denunciante hay alguien con poder económico e incluso político y que este proceso es solo una pantalla para ocultar las intenciones de amedrentarlo.
¿Quién es Jorge Acosta y por qué la insistencia en silenciarlo?
En 2018 Swedwatch conoció el trabajo de ASTAC en un taller internacional y desde entonces ha monitoreado su trabajo. Esta ONG considera que la acusación en contra de Acosta es una amenaza a la libertad de expresión y asociación y forma parte de una tendencia global que pretende silenciar a los defensores a través de demandas, conocidas como “demandas estratégicas contra la participación pública”.
Para Swedwatch, personas como Acosta “desempeñan un papel tremendamente importante en contextos en los que no se puede dar por sentado el respeto de los derechos humanos, ya que protegen los valores básicos, incluida la transparencia y la rendición de cuentas”.

Acosta y ASTAC, que nació en el 2009 cuando denunció en Estados Unidos el uso indiscriminado de plaguicidas en plantaciones bananeras y sus afectaciones en la salud y el medio ambiente, son actores reconocidos también en otros contextos.
En Europa el activista se ha reunido con otros sindicatos y ha expuesto frente a varios parlamentarios europeos la realidad a la que se enfrentan los trabajadores en las bananeras, donde calificó al título 9 del acuerdo comercial con la UE que garantiza el cumplimiento de normas laborales justas y respeto a los derechos ambientales como “un adorno que no sirve para nada”.
Luego de estas reuniones se gestó la comisión de vigilancia del acuerdo comercial para Latinoamérica.
Acosta también fue invitado por OXFAM para participar en la campaña «Make Fruit Fair!” (Hacer que la fruta sea justa), que busca que gobiernos, supermercados y empresas respeten salarios, precios y el medio ambiente en el comercio de frutas tropicales, para con ello mejorar las condiciones de vida y de trabajo de cientos de miles de personas que cultivan, recogen y empacan esas frutas.
OXFAM es una ONG alemana que trabaja con pequeños agricultores y sindicatos de trabajadores de plantaciones de África, América Latina y el Caribe.
La primera campaña Make Fruit Fair! se hizo en 2015. En la última versión de 2018 se enfocó en el abuso de las grandes cadenas de supermercados que serían uno de los principales causantes de las violaciones de derechos que se dan en los países proveedores.
El activista además ha dialogado con Inmaculada Montero, actual consejera comercial de la delegación de la Unión Europea en Ecuador.
Acosta ha criticado que el acuerdo comercial de Ecuador con ese continente no tenga reglas claras para los grandes supermercados europeos, así como ha cuestionado el anuncio que hiciera el año pasado la cadena supermercados ALDI de reducir en $1 la caja de banano, pues implicaría violación de derechos humanos y mayor precarización de los trabajadores del sector.
En este contexto se ha reunido con representantes de esa cadena de suministros, que es la más grande de Europa y uno de los mayores destinatarios del banano ecuatoriano. El activista les planteó la necesidad de que se exija el sello “Comercio Justo” a los importadores de banano, que implique el cumplimiento real de respeto a los derechos laborales.
El activismo de Acosta lo ha llevado a presidir actualmente el Consejo Consultivo Interno de Ecuador para el Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea, pese a ello sigue enfrentando desde cuestionamientos a su representatividad laboral hasta varios intentos de amedrentamiento.
Las denuncias y exhortos hechos por Acosta han tenido una amplia cobertura en medios de prensa internacional. Toda esta exposición y presencia explica en gran medida que Acosta y su organización ASTAC se hayan convertido en un blanco a callar.
La postura de la OIT
La acusación en contra de Jorge Acosta de crear “pánico económico”, pone al gobierno ecuatoriano nuevamente en la mira de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este organismo ha pedido información al régimen sobre las circunstancias en que se inscribe esta denuncia en contra del activista.
No es la primera vez que la OIT llama la atención a Ecuador por temas relativos a Acosta y ASTAC.  Ya en 2015 reclamó al gobierno de Correa por no permitir el registro de ASTAC como sindicato.  Incumplimiento que hasta ahora subsiste.
El 18 de diciembre de 2019 Jorge Acosta fue invitado a reunirse con la misión de la OIT, que visitó Ecuador por pedido del gobierno para dar asistencia técnica en la elaboración del nuevo Código Orgánico del Trabajo. La misión de la OIT no solo tomó nota de este tema y hará un seguimiento al mismo, sino que además continuará vigilando que el Gobierno ecuatoriano cumpla las recomendaciones emitidas por el organismo internacional en torno al caso #3148, vigente desde el 18 de mayo de 2015.  El caso se refiere a la querella presentada por ASTAC y la Asociación Sindical de la Compañía Frutas Selectas S.A FRUTSESA ante la negación de las autoridades de Ecuador de registrar una organización sindical de trabajadores bananeros de varias empresas del sector.
La OIT ha mantenido abierto este caso (#3148) por más de cuatro años debido a que, no solo no se ha dado paso al registro de ASTAC, sino también porque es evidente que subsisten temas relacionados con violaciones a los derechos sindicales que no han sido resueltos por el estado ecuatoriano.
Para la OIT, en este caso el gobierno ecuatoriano incumple los convenios sobre Libertad Sindical y sobre Contratación Colectiva.  En «Últimas recomendaciones formuladas por el Comité de Libertad Sindical de la OIT, en octubre de 2019, Informe 391» se reiteran los pedidos hechos en 2015 y 2017 de que se otorgue el registro a ASTAC.
En dicho documento, el Comité de Libertad Sindical recuerda que en 2017 también pidió al gobierno ecuatoriano tomar medidas para que su legislación modifique el número mínimo de trabajadores afiliados, exigido para conformar una organización sindical a nivel de empresa. El gobierno respondió que había reformas legales en curso, pero hasta el momento no se han concretado.
El régimen sigue negándose a aprobar la solicitud de ASTAC, argumentando que los 31 miembros fundadores no mantenían relación de dependencia con un solo empleador y que la solicitud de aprobación como una organización social fue denegada nuevamente en 2016 por vicios de forma y de fondo. El Gobierno agregó también que el 9 de febrero de 2017, el Ministerio de Agricultura otorgó la personalidad jurídica a ASTAC como organización agro-productiva y que ASTAC no ha vuelto a presentar una nueva solicitud para ser aprobada como organización sindical.
El Comité de la OIT lamentó el argumento oficial para no reconocer a ASTAC porque sus afiliados no trabajen para un mismo empleador cuando a otros sindicatos de rama el gobierno ecuatoriano sí los ha reconocido (sectores florícola y del trabajo doméstico). También llamó la atención al Gobierno precisando que el reconocimiento de ASTAC como organización agro-productiva no garantiza la protección de sus derechos sindicales, por lo que el Comité en su último informe pidió una vez más al régimen que tome acciones para asegurar el registro de ASTAC, en caso de que lo vuelva a solicitar, y que mientras tanto brinden garantías a sus miembros.
El Comité además destacó la actuación de ASTAC como defensora de los derechos de los trabajadores bananeros. Precisó que en 2010 y 2016 ASTAC presentó dos denuncias ante la Defensoría del Pueblo por violaciones a sus derechos y que ASTAC también denunció ante la Fiscalía no solo despidos antisindicales, sino la difusión de listas negras, actos de persecución y represalias (el 8 de noviembre de 2017, 8 de noviembre y 28 de marzo de 2018). Ante ello el Comité le recordó al Estado ecuatoriano que establecer listas negras de sindicalistas es una grave amenaza para el libre ejercicio de los derechos sindicales y, en general, los gobiernos deberían tomar medidas enérgicas para combatir tales prácticas.[1]
ASTAC ha seguido denunciando nuevos despidos en distintas haciendas bananeras, actos de intimidación sin que el Gobierno se pronuncie al respecto. Por ello el Comité insistió al régimen investigar las denuncias en la Fiscalía, que proporcione copia de sus resultados y si se comprueban esos actos antisindicales, “tome medidas suficientemente disuasorias para sancionar a los responsables”.
En torno a los tres acuerdos ministeriales emitidos por la cartera de Trabajo (2017-0029, 2018-0096 y 2018-0074), ASTAC denunció ante el Comité de Libertad Sindical (OIT) que constituyen un grave retroceso en cuanto a libertad sindical, derecho a la negociación colectiva, derecho de remuneración justa y salario mínimo. Además, que al permitir contratos temporales para actividades permanentes y establecer que el empleador puede terminar dichos contratos se expone a los trabajadores a la inestabilidad laboral.
El Gobierno ha negado que los acuerdos limiten la libertad sindical o la negociación colectiva, pues su objetivo sería adaptar la legislación a las realidades del sector bananero y regular las relaciones laborales en dicho sector.

Periodismo de Investigación | 22 de enero del 2020 | Tiempo de Lectura: 7 min

Al día siguiente, Lenín Moreno, aceptó la renuncia y derogó el Decreto 417 de 23 de mayo del 2018, con el que creó la poderosa Consejería. Moreno agradeció a Cuesta por “los valiosos y leales servicios prestados en el desempeño de sus funciones, dejando expresa constancia del reconocimiento al trabajo y los esfuerzos realizados”.
Desde entonces, todos pensaban que el exconsejero, honraría sus poderosas razones para dejar Carondelet y mantenerse lejos de los enfrentamientos políticos que afectaban a su familia y volvería a sus silenciosos negocios privados. Pero, en realidad Santiago Cuesta Caputi, nunca dejó el gobierno, solo hubo un movimiento escénico, un visillo que ocultaba el verdadero rostro del poder.
Hasta desde su casa, Cuesta ejerce el poder
“Me preocupa cuando nos ponemos exquisitos dentro del gobierno y se nos viene el mundo encima por cumplir las normas a la cabalidad…”. “El pedido de la reunión contigo era para darnos una mano, no nos bronquiemos”.
Las frases anteriores le corresponden a Santiago Cuesta Caputti. Se las dijo a un funcionario público cuando lo presionó para que libere con rapidez un lote de vacunas solicitadas por altos funcionarios de gobierno para cubrir, primeramente, necesidades familiares.
El audio, que es un monumento a los excesos del poder, evidencian cómo Cuesta, que ya no es funcionario, alardea su capacidad de ser por demás influyente en el presidente Lenín Moreno y tomar decisiones importantes.
El viernes 13 de diciembre de 2019 se realizó una reunión en la casa de Santiago Cuesta, en Guayaquil. Asistieron Daniel Calle, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) y David Salomon,  exdirector técnico de laboratorio de esa misma institución.
En el encuentro, Cuesta presionó a Salomon para que libere un lote de vacunas para la influenza, que no había cumplido todos los controles de calidad y tampoco con los tiempos y procedimientos de importación de medicamentos exigidos por la Arcsa.
El apuro era porque la temporada invernal había empezado y las vacunas para las campañas de vacunación, pregonadas por el Ministerio de Salud Pública, no estaban listas.
En la reunión, Cuesta, a  más de dejar en evidencia que su interés era cuidar la imagen del Gobierno, se confiesa como el hombre que domina la voluntad del presidente: “yo soy de los pocos que puede decir que soy amigo de Moreno y que yo no trabajo para el Gobierno, yo trabajo para Lenín Moreno, ahora ya ni siquiera soy burócrata, sigo trabajando, sigo en la mesa chica, sigo yendo todas las semanas a Quito, trabajo con él tres días por semana, despacho todos los días con él”, dice Cuesta, mientras insiste que cuando se trata de resolverle los problemas a Lenín, él no pregunta, él actúa.
Antes de la reunión en casa de Cuesta, Daniel Calle había pedido por WhatsApp a Salomon priorizar y  “dar una manito para acelerar los trámites” para que las vacunas fuesen liberadas y no afectasen la imagen del Ministerio.
“Hasta que no conversemos y tenga las cosas claras no te voy a dar respuestas”, fue la réplica de Salomon. “¡No te pido nada  malo!”, dice Calle.  Salomon le recuerda que la mala planificación del Ministerio de Salud Pública ocasionó el inconveniente, pues las liberaciones debieron ser presentadas desde octubre. “Usted plantea cubrirle los errores y mala planificación poniendo en riesgo el debido proceso de evaluación de vacunas que si se llegara a cometer alguna equivocación se vería afectada la salud de más  personas y sería mi responsabilidad. Creo que debe familiarizarse más con los procesos y las normas (…) si la ministra y el vicepresidente insisten con gusto detallo qué significa lo que solicitan…”, le responde David Salomon.

La demora en la liberación de las vacunas contra la influenza de la farmacéutica Sanofi, se dio porque éstas no cumplían todos los requerimientos exigidos por Arcsa. Las vacunas habían llegado al país con una etiqueta diferente a la registrada por la agencia de control sanitario. Las normas señalan que la etiqueta garantiza la autenticidad de un producto. Si este o cualquier requerimiento no se cumple, el reglamento de Arcsa es claro: el producto incumple con los procesos respectivos y deja de ser seguro y eficaz para la población.
La institucionalidad de una nación radica en el cumplimiento efectivo y eficaz de normas y procesos. Saltarse estos requisitos evidencia una discrecionalidad que no puede mal entenderse como libertad de elección. Es una potestad extralegal que abre el camino a la corrupción y este audio de Cuesta es el ejemplo de todo aquello que no debe hacerse en el servicio público.
Para Cuesta cumplir los procesos, significaba ponerse “exquisitos”. “A mí sí me preocupa cuando nos ponemos exquisitos dentro del Gobierno y se nos viene el mundo encima por cumplir las normas a cabalidad de al 1.1% todo, porque no, no lo vamos a lograr, siempre va a haber errores que se cometen, pero es peor lo que políticamente nos puede afectar y básicamente ese era…el pedido de la reunión contigo era “danos una mano, no nos bronquiemos”, dice Cuesta, quien presiona al funcionario de la Arcsa con supuestos reclamos del vicepresidente Otto Sonnenholzner, su padre, la ministra Catalina Andramuño y del colegio Alemán.
Al final, las vacunas fueron liberadas y Salomon despedido.

Cuesta: El poder detrás del Presidente
A Cuesta su condición de “amigo personal de hace 40 años” y consejero le ha  permitido estar al frente de los sectores estratégicos, de la privatización de las empresas estatales e incluso de asegurar que sobre la Refinería Esmeraldas se construirá una nueva y proponer al empresario que lo hará.
Dice que no le gusta la corrupción, que la combate, y es por eso que cuando ve un acto de corrupción él no pregunta, “yo destituyo, después le cuento al presidente: presidente, me he comido a fulano, zutano… ya me he comido a varios…le digo señor presidente por esto, por esto”.
“Yo tengo el poder del presidente Moreno de volarle la cabeza a cualquier acto de corrupción”, dice Cuesta, y con ese poder, según él, llevó a Otto Sonnenholzner a la vicepresidencia, con ese mismo poder protege a la ministra de Salud,  Catalina Andramuño, quien fue sugerida por Paúl Granda para ese cargo, según la confesión del exconsejero.
Cuesta también menciona la cercana relación que mantiene con “Jhonny”, a quien ve como un hijo. Johnny es el yerno del presidente, quien habría nombrado al director de la Arcsa.

Redacción Periodismo de Investigación (La Fuente – Milhojas)

No hay avances o al menos no se han hecho públicos los resultados de las investigaciones a cargo de la Fiscalía, pese a que la historia de explotación ilegal de oro en la zona y la danza de millonarias ganancias no son fenómenos nuevos. Se instalaron sin ningún tapujo, cambiando la tranquilidad de territorios agrícolas y ganaderos por un poderoso y bien organizado sistema delincuencial que ha destruido el medio ambiente sobretodo en la zona de influencia directa de la parroquia La Merced de Buenos Aires, en el cantón Urcuquí.

Una de las primeras señales preocupantes que se dieron al inicio de las investigaciones y que podría perfilar el rumbo que puedan tomar la Fiscalía ha sido el haber dejado en libertad a tres ciudadanos chinos y un ecuatoriano apresados el 10 de julio pasado, durante el allanamiento de una planta procesadora de oro que operaba de manera ilícita en la hostería del ex asambleísta del correato Agustín Delgado.
El fiscal Jeffrerson Ibarra y la jueza Raquel Maza Puma no tomaron en cuenta los hallazgos de ´Avalancha 412´, como se denominó al operativo ejecutado en este caso, con lo que se abrió el camino para dictar medidas sustitutivas a la prisión preventiva en favor de los extranjeros y el ecuatoriano detenidos en julio de este año: Wu Haitao, Xian Zhong Yu, Zhang Youpeng y Darwin Efraín P. S.
Esto pese a que en las pesquisas se estableció que el mineral que almacenaba y se transformaba en un galpón ubicado en el Complejo Deportivo Bienvenidos “Welcome” (parroquia San Antonio de Ibarra) de propiedad de Agustín Delgado, había sido sustraído del sector de Buenos Aires. Es decir, las pistas que condujeron a este hallazgo de maquinaria y equipos de procesamiento minero devenían, a su vez, de la información recopilada en el mega operativo realizado el pasado 2 de julio en Buenos Aires, donde se detuvieron a más de una treintena de personas; se decomisaron 15 armas de fuego, 119 galones de combustible, 2.339 gramos de oro sólido, 250 gramos de marihuana, 200 generadores de energía, 52 motores de polea, cuatro bombas de agua, entre otros elementos.

A partir de este operativo se recopilaron centenares de otros indicios como datos registrados en libretas a partir de los cuales se evidenciaron donde se encontraban las zonas de acopio de los minerales; el pedido de un alternador eléctrico registrado a nombre de Delgado, equipo necesario para el funcionamiento de una planta de energía eléctrica; y otras máquinas también a nombre del ex futbolista, y que formaban parte de la planta procesadora. Este tipo de información condujo hasta la hostería de Delgado.
Otros hallazgos apuntan a una tía del ex asambleísta del correato, quien sería la encargada de realizar la explotación de las minas en Buenos Aires, para lo cual utilizaría la mano de obra del sector. Luego se encargaría de comercializar el mineral con ciudadanos chinos.
Las autoridades judiciales no han dimensionado la magnitud de este caso que tiene varios tentáculos que lo vincularían no solo con la minería ilegal practicada en la parroquia Buenos Aires, sino también con verdaderas mafias chinas que habrían realizado fuertes inversiones con recursos provenientes de lavado de dinero, en un negocio redondo que no solo incluye la extracción, procesamiento y venta ilegal de oro, sino también otros delitos conexos como homicidios, tenencia ilegal de armas, contrabando, prostitución, trata de personas, extorsión, narcotráfico…

Se presume que los individuos y las empresas que integrarían estas mafias han logrado contactos al más alto nivel gubernamental, es decir con personas que han ejercido cargos de  poder como ministros, gobernadores, embajadores, alcaldes, jefes policiales, militares, fiscales, jueces y otros personajes públicos. Estas relaciones de poder y de negocios se habrían intensificado durante el gobierno de Rafael Correa.
La huella de toda esta criminalidad empezó a dar señales claras de cómo se había instalado en el país desde hace, al menos, un par de años atrás.
Es así como el 27 de octubre de 2017, en el operativo ´Dragón Rojo´ realizado en el sector de Mascarilla (Imbabura) se detuvo a 3 ciudadanos de nacionalidad china que viajaban en un vehículo Ford Explorer, color blanco de placas PBD 2646, con 591.540 dólares en fajos ocultos en la llanta de emergencia.
Los detenidos estarían relacionados con otras personas también de nacionalidad china, con vínculos con la minería ilegal y que utilizan chifas y tiendas de bisutería o de otros artículos chinos para lavar grandes cantidades de dinero. Esta mafia también envía el dinero a Colombia y EEUU. Desde este país se depositaría en una cuenta del Hong Kong Bank.
Luego, los dólares regresan a Ecuador en contenedores que traen artículos chinos y dinero en efectivo. Esa plata se invierte en  procesos de extracción y procesamiento ilícito de minerales, como lo que empezó a funcionar en Buenos Aires, donde las economías criminales que se organizaron alrededor de la minería ilegal pusieron en riesgo no solo al medio ambiente sino a la seguridad de los habitantes del sector y de los más de 10 mil personas que se dedicaban a esta actividad.
Otra de las señales que ya ponía en evidencia el avance de la minería ilegal especialmente en la provincia de Imbabura, fue lo sucedido en mayo de 2018 cuando ya se allanó la hostería del ex futbolista Agustín Delgado, encontrándose material aurífero. A partir de ello se inició  una investigación previa, pero sin que se conozcan avances hasta el momento.
En mayo de 2019 se verificó los lugares donde pequeñas camionetas recibían el material aurífero extraído ilegalmente de Buenos Aires para trasladarlo hasta la planta procesadora que funcionaba en el complejo deportivo de Agustín Delgado. Se estableció que en el galpón donde se habían instalado estas máquinas y equipos se procesaba 10 toneladas al día de material minero.

El oro se trasladaba hasta Quito y se lo almacenaba en una bodega ubicada en el sector de Calderón (norte de Quito). Una empresa de repuestos, situada cerca de esta bodega era utilizada como fachada de ciudadanos chinos para cuidar el material aurífero.
Mediante un bien organizado sistema de traslado que incluía un tanquero que se movilizaba teniendo como guía el transporte de combustible, ese oro atravesaba casi todo el país hasta el cantón Pasaje (provincia de El Oro), desde donde se factura y comercializa el oro de manera “lícita”. Es decir, se presume que el concentrado de oro obtenido de todo este proceso, lo podían vender o trasportar a otros países de  manera legal.
Incluso está identificada por la Policía una empresa de capitales chinos que es la que se encargaría de exportar el mineral a China. Se trata de una compañía legalmente constituida en el país, en agosto de 2015, según la Superintendencia de Compañías, y tiene registrada como actividad económica la extracción de minerales metalíferos.
De acuerdo con información encontrada por Mil Hojas en fuentes de comercio exterior, se trata de una empresa que ha exportado centenares de toneladas de concentrado de oro a China desde 2016.
Las investigaciones sobre el tema han enfrentado trabas incluso desde el interior de las instituciones encargadas de impulsarlas. En el caso de ´Avalancha 412´ el primer escollo fue la tardanza para el inicio mismo del operativo por parte de Dirección General de Inteligencia, la Dirección Nacional de la Policía Judicial, Fiscalía General y los jueces de Ibarra. El allanamiento a la hostería de Delgado no se hizo en la madrugada como se acostumbra y había resistencia de las autoridades para ingresar al área donde se encuentra la moledora o procesadora de material aurífero.
Ya en el proceso judicial se excluyeron evidencias, la audiencia de juzgamiento fue dilatada para que aboquen conocimiento el juez y fiscal.
En fin… las dilaciones e irregularidades no han estado ausentes en los casos abiertos en torno a la minería ilegal, como tampoco la presunción de que fuertes cantidades de dinero hayan determinado y sigan marcando el curso de las investigaciones desde el poder judicial

Egry Javier Magallanes Benítez, fue uno de los docentes sentenciados por violación y enfrenta 29 años de prisión.
No solamente fueron violados y torturados. También desnudados y fotografiados por cuatro docentes que los sometieron sexualmente, los amedrentaron y humillaron. Esta aberrante práctica ocurrió en 2017 en la Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad de Guayaquil, donde cuatro niños de entre 7 y 8 años fueron víctimas y testigos de perversiones sexuales de profesores de entre los 31 y 47 años.
Fueron cuatro niños que en medio del miedo se arriesgaron a identificar a sus agresores, pero quedó atrás la posibilidad de investigar los casos de posibles 98 víctimas adicionales, por falta de una prolija investigación, intervención inmediata del plantel y diligencias policiales a fondo.
Dos de los agresores, Eduardo Neil Colón Bajaña Salazar y Máximo Juan Mora Montoya, fueron sentenciados a 17 años y 4 meses de prisión por el delito de tortura el 5 de octubre del 2018; y,  Egry Javier Magallanes Benítez y Bryan Leonardo Manzaba Zambrano, recibieron 29 años y 4 meses de prisión por el delito de violación, el 5 de noviembre del mismo año.
El fiscal César Peña planteará en la audiencia de apelación de sentencia prevista para el próximo 29 de octubre, 40 años de prisión para Magallanes y Manzaba.
En la sentencia contra los dos últimos, el Tribunal de Garantías Penales del Guayas pidió sacar copias de la resolución y entregarlas a la Fiscalía del Guayas para que “inicie instrucciones por abuso sexual a dos menores (nombres se mantienen en reserva), así como por el delito de pornografía infantil”. Pedido que a once meses de la sentencia, sigue en espera.
En una comunicación escrita a MilHojas (27 de septiembre), la Fiscalía del Guayas dijo que “hasta la presente fecha, la secretaría del mencionado Tribunal no ha remitido dichas copias para el inicio de las investigaciones por los delitos indicados. Dicho fallo se encuentra actualmente en etapa de apelación, recurso que deberá ser revisado por los jueces de la Sala Penal de la Corte Provincial del Guayas en futura diligencia”.
Y justificó – en la misma comunicación- el por qué no actuó de oficio para investigar la pornografía infantil en contra de Magallanes y Manzaba: “Dentro del expediente fiscal no había experticia alguna donde se pueda observar fotografías de naturaleza sexual de niños, niñas y adolescentes que se hayan obtenido o que hayan estado en poder del procesado (Manzaba). El Tribunal dispuso la investigación en virtud del testimonio rendido por el Agente Investigador de la Dirección Nacional de Policía Especializada para niños, niñas y adolescentes Dinapen, durante la audiencia de juzgamiento, quien indicó que pudieron ver –el día de la aprehensión– el celular de uno de los sentenciados que contaba con esas imágenes; sin embargo, las mismas no pudieron ser extraídas en pericia, por cuanto Criminalística a esa fecha no contaba con los equipos técnicos para extraer la información encriptada, ya que el teléfono celular del procesado era de alta gama”.
El Agente Investigador al que se refiere la Fiscalía del Guayas en su comunicación, era el mayor Ruffo Rodríguez González, quien encontró en el teléfono de Manzaba, fotografías de jóvenes desnudos. Él informó al fiscal que llevó el caso, César Peña, y el teléfono ingresó como evidencia. “No seguí revisando el teléfono”, contó. Pero esta evidencia no consta en el parte policial porque este documento se elaboró a las 00:55 en el momento de la detención de Manzaba y el celular se le incautó después, justificó Rodríguez.
Manzaba no era el único que tenía teléfono celular en el momento de su captura. Los otros dos procesados por tortura -Bajaña y Mora Montoya- también cargaban teléfonos móviles y cámaras fotográficas digitales, según el parte policial del 13 de octubre del 2017 y que fueron ingresados a cadena de custodia y hasta hoy se encuentran en las bodegas de la Policía Judicial.

Según testimonios de los infantes, Bajaña era quien se desnudaba y se tomaba fotografías junto con los niños en los baños del colegio. Por ello, los cuatro peritos psicólogos que entrevistaron e hicieron los análisis psicológicos a los menores de edad “recomendaron investigar  (a los dos sujetos Bajaña y Mora Montoya) por pornografía infantil”. Pero estas recomendaciones quedaron en el papel y la fiscal que llevó el caso, Miriam Moncayo, no insistió en lograr las pericias de los aparatos y el Tribunal de Justicia dejó atrás el pedido de investigación de pornografía.
La Fiscalía del Guayas en la consulta por escrito que requirió este Portal, respondió:  “en cuanto a este proceso (Nº 09286-2017-04430) por el delito de tortura, el Tribunal Penal conformado por los jueces Vanessa Vera, Marlon Castro y Carlos Muñoz, no se pronunció respecto de aperturas de nuevas investigaciones”. Y por ello -justificó- no iniciaron esa investigación por delito de pornografía.
Steven Reyes, abogado de las víctimas, afirma estar ‘atado de manos’ porque si la Fiscalía no inicia esa investigación de oficio, los abogados auspiciantes y defensores de los derechos de los niños no pueden hacer nada, “más que esperar hasta que se ejecutoríe la sentencia por violación para demandar por pornografía infantil a los sentenciados por ese delito (Magallanes y Manzaba)”.
Reyes contradice a la Fiscalía del Guayas porque sostiene que las evidencias de pornografía existen, pero hubo una serie de irregularidades cometidas por la Policía Judicial, que dejó pasar el tiempo y en sus investigaciones no pudo acceder al contenido de los teléfonos por estar bloqueados. “Pedí que soliciten ayuda a peritos especializados, pero la Policía no hizo una buena investigación en pornografía. Por ejemplo, el agente que detuvo a Manzaba dijo que era aprehensor no investigativo”.
ACTUACIÓN DE LA RECTORA SIGUE IMPUNE
En similar situación y olvido, se encuentran otros dos casos por fraude procesal que se plantearon en contra de la rectora de la Unidad Réplica Aguirre Abad, Patricia Cuenca. El primero lo presentó el abogado Édgar Argüello Saltos el 16 de octubre 2017, argumentando que la rectora “nunca hizo nada ante los reclamos de los padres de los niños violentados”;  y, ocho días después, lo hizo la Fiscalía del Guayas por “ocultar, esconder y suministrar ayuda a los responsables del cometimiento de una conducta delictiva” (presunto delito previsto en el artículo 272 del Código Orgánico Integral Penal).
La ex rectora del plantel, Patricia Cuenca, fue destituida y enfrenta dos procesos por el delito de fraude procesal. Foto: La República
Hernán Ulloa, también abogado de las familias de los cuatro niños, aseguró que ninguno de estos dos casos de fraude procesal ha avanzado. “La Fiscalía fijó su objetivo en lograr la sentencia para los responsables de delitos de tortura y violación nada más. Los otros procesos quedaron congelados. Como estudio jurídico no hemos podido asignar logística porque esto básicamente fue una obra social para estas familias. Tampoco hemos tenido ningún informe de la Fiscalía, que pese a que éste es un delito de acción pública y de instancia oficial, es decir, que merece un impulso oficial de la Fiscalía, ésta no hace nada si las partes no piden diligencias o mueven el proceso. Y estas familias se han dedicado a sus hijos porque necesitan mucha atención”.
Cuenca, integrante de la Red de Maestros, fue quien ordenó encerrar a los padres de los menores agredidos en el colegio bajo amenazas para que no denuncien los hechos en la Fiscalía, no permitió que la Policía allane el colegio para capturar a los profesores, obstruyendo una orden judicial y previno a uno de ellos, Javier Magallanes para que no vaya al colegio por la presencia de la Policía, recomendándole acudir al Distrito para solicitar apoyo.
Esta docente además, en mayo de 2017, recibió una denuncia de un alumno de bachillerato en contra de Bryan Manzaba, que detallaba cómo este docente le acosaba con invitaciones a la playa, a hoteles y a discotecas, pero Cuenca la guardó en su escritorio.
También hubo una segunda denuncia contra Manzaba, de otro estudiante a mes siguiente, el 6 de junio, pero esta se entregó a la Directora del Distrito 8, Tania González (antes coordinadora zonal 8 del Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES y militante declarada de Alianza PAIS), pero tampoco tomó medidas contra el docente.
Erika Lainez, subsecretaría de Educación, quien reemplazó en junio de 2017 a Evelyn Soria Cabrera, dijo que ella se enteró del caso por un chat interno que llegó a su teléfono el 5 de octubre de ese año y acudió al día siguiente al Réplica Aguirre Abad y convocó a días seguidos al DECE (departamentos de Consejería Estudiantil) para enterarse de detalles y recibir los informes de intimidación a estudiantes del colegio. Responsabilizó directamente a la Subsecretaria (Soria Cabrera) y a la Dirección Distrital (González), de no haber hecho nada con Manzaba que ya tenía denuncias de acoso. “Ahora nosotros hemos prestado la ayuda necesaria, como Ministerio hemos hecho las participaciones restaurativas con los niños vulnerados”, declaró la funcionaria durante la investigación.
Según Lainez, fue ella quien entregó estas denuncias a la Fiscalía el 7 de junio del 2017.
FALSO ESPÍRITU DE CUERPO
Actualmente, tres niños continúan con terapias psicológicas y según una de las madres “en algo han ayudado, pero mi hijo aún recuerda el daño que le hicieron”. El cuarto niño vive fuera del país. Sus familiares decidieron sacarlo de su entorno para protegerlo de las consecuencias que consideran son devastadoras y marcarán su futuro.
Aún no se conoce cuánto tiempo los cuatro niños fueron sometidos en los baños de la institución por los cuatro profesores, quienes cometían actos de degradación sexual tan aberrantes con prácticas de felaciones, tocamiento de sus genitales, orinar sobre ellos y hacerles tomar ese líquido luego de amarrarlos y golpearlos para luego fotografiarlos desnudos. Para los niños, estos ataques en los baños se convirtieron en secretos inconfesables, pero en sus hogares, sus comportamientos se transformaban en violencia con sus padres, con sus hermanos y con sus juguetes. Uno de los niños desmembraba a los muñecos y los colgaba con los cordones de sus zapatos. Otro, según sus análisis psicológicos, tenía pensamientos suicidas a su corta edad.
Durante la investigación de estas agresiones, un agente de la Dinapen entrevistó a un quinto niño que se presumía también fue violentado, pero se descartó incluirlo en el proceso porque sus respuestas eran confusas. El agente detalló que el menor tenía un 70% de discapacidad intelectual.
También abordó a la madre de una niña que presumía fue abusada, pero la investigación no prosperó porque supuestos exámenes realizados a pedido de la familia fuera de las diligencias de la fiscalía habrían confirmado su normal estado de salud físico y sicológico. El agente no insistió.
Patios del Colégio Réplica Aguirre Abad. Foto: La República
Tampoco se incluyó en el proceso el testimonio de un niño que dijo que le habían amarrado y orinado en un árbol que se encuentra dentro del colegio porque no pudo identificar al docente que supuestamente le agredió.
El fiscal César Peña aseguró a MilHojas, que en el Colegio Réplica Aguirre Abad se habló de más casos, pero luego de las investigaciones, dijo, fueron cuatro y son los que llegaron a sentencia.
Solo los cuatro niños que hablaron y encararon las agresiones fueron víctimas de una realidad que aparentemente era invisible en el colegio. Una veintena de profesores que dio su declaración a lo largo de las investigaciones, aseguró que no sabía nada. Docentes e inspectores supuestamente se enteraron de las denuncias por las noticias en los medios de comunicación. Dijeron que nunca los sentenciados mostraron conductas censurables, que nunca uno de los acusados reemplazaba a otros profesores del aula donde pertenecían los niños abusados, que nunca mandaban fuera del aula a los niños por ser indisciplinados. Que cuando los niños salían al baño regresaban a los dos o tres minutos. Pero los menores afirmaron lo contrario. Una comunidad educativa que creó un espíritu de cuerpo ante brutales delitos que se negaron a contar y denunciar.
La psicóloga Raquel García González, en la pericia del entorno social de una de las víctimas y en su informe final, concluyó que a lo largo de la investigación “se evidenció que existió el conocimiento de una profesora (no se da el nombre) que no dio aviso previo a las autoridades (del plantel) de lo que estaba pasando a los menores”.

Una estudiante contó que “vio a sus profesores en el baño con dos niños, que les tenía con un cuchillo en el cuello y con los pantalones abajo, haciendo lo que no hacen los niños; les tenía mucho miedo y cuando me veían se ponían el dedo en la boca en señal de silencio”. Otro alumno de bachillerato describió que “los profesores llevaban a los niños al baño y estaban bajándoles los pantalones (nombre en reserva) en el baño del frente de mi curso”.
La Fiscalía no vio cómplices ni omisiones de las autoridades y profesores del plantel para investigarlos y pedir sanciones como cómplices, solo se dedicó a los autores de los delitos. El Ministerio de Educación ordenó la intervención de la Unidad Educativa, pero “fue una intervención particular”, según Diego Paz, subsecretario para la Innovación y el Buen Vivir, porque se “concentraron en quienes generaron el problema, pero no en las cabezas que estaban detrás, en quienes también eran los responsables por acción y omisión como lo dice la ley”.
Una de esas responsables fue la rectora Cuenca, quien fue destituida de su cargo dos meses después de conocerse los casos de abuso y fue prohibida de ingresar al sistema educativo público del país.
LOS VICTIMARIOS
Ninguno de los cuatro sentenciados eran profesores de los infantes. Ellos enseñaban en bachillerato en el bloque B, separados de los estudiantes de básica, solo por las canchas de juegos.
Egry Javier Magallanes Benítez de 45 años (edad actual), ingresó al Réplica Aguirre Abad como inspector en el 2013, año de su inauguración. Fue profesor de dibujo, música e informática en la sección básica; y, entre 2016 y 2017 le asignaron la materia de cultura física en bachillerato.  Mantuvo una relación de ocho años con una mujer quien fue parte de los testimonios de apoyo de este sujeto en el proceso de investigación por el delito de violación.
Los menores abusados señalaron a Magallanes como el profesor que les bajaba los pantalones y les tocaba sus partes íntimas y les obligaba a que hagan lo mismo y otras acciones degradantes. Según el testimonio que consta en la sentencia, Magallanes se identificó como miembro de la Red de Maestros y por ello, el 6 de octubre de 2017, acudió al coordinador nacional de esta Red, Agustín Lindao para pedirle ayuda y frenar la firma de su renuncia como le exigían en el colegio luego de que fue denunciado por violencia sexual.
Lindao es un personaje cuestionado por sus conexiones con el Gobierno de Rafael Correa. Buscó la Concejalía del Distrito 3 de Guayas por Alianza PAIS en las elecciones seccionales de marzo pasado. Es rector de la Unidad Educativa Amarilis Fuentes y acarrea una denuncia por delincuencia organizada desde el 27 de octubre de 2017.  
Según el registro de causas de la Fiscalía General del Estado, esta denuncia fue puesta por Jorge Itúrburu, ex rector del colegio Vicente Rocafuerte, acusándolo de no denunciar a supuestos involucrados en los delitos de acoso sexual, violaciones y delincuencia organizada de varias instituciones educativas del Guayas por ser parte de la Red de Maestros. Esta denuncia tiene como sustento el Sumario Administrativo del Ministerio de Educación 008-JDRC-2016 y notificado a Lindao el 2 de junio de 2016.
Otro de los sentenciados, Bryan Leonardo Manzaba Zambrano, de 32 años, también fue docente fundador de la Réplica Aguirre Abad y trabajaba en el colegio Nobel de la ciudad de Guayaquil. Fue profesor de las materias de matemáticas y física de los estudiantes de Bachillerato. Es soltero y a sus 22 años contrajo el virus del Sida.
Los menores abusados lo conocían como el profesor de la moto y era quien según los relatos, los amarraba, orinaba en botellas u otros recipientes y los obligaba a tomar, además de otras bajezas sexuales. Él, tomaba fotos a los infantes con su celular y luego les enseñaba. Pero para Manzaba este juicio fue “un linchamiento mediático”.
Según el portal de causas de la Fiscalía General, Manzaba acumula tres denuncias por otros delitos; dos en el 2012 por falsificación de instrumentos privados y públicos, escrituras y contratos; y un tercero por abuso de confianza.
Patricia Cuenca se declaraba cercana al ex presidente Rafael Correa.
Eduardo Neil Colón Bajaña Salazar de 48 años, soltero, ingresó al colegio en 2014 y daba clases de ajedrez y cultura física. Fue designado inspector para el periodo 2016-2017.  Él, igual que todos los inspectores tenían las llaves de los baños de los estudiantes, por decisión de la rectora Patricia Cuenca para que controlen que los estudiantes no se demoren en los baños.
Los niños conocían a Bajaña como ‘el gringo’ porque también daba clases de inglés, idioma que lo perfeccionó en un posgrado en el exterior pagado por el Estado.
Máximo Juan Mora Montoya de 47 años, casado, daba cultura física a los estudiantes de Bachillerato y era inspector del Bloque A. Los niños en sus testimonios y entrevistas coinciden en que este sujeto les golpeaba (coscachos) y los amarraba para que los otros docentes abusen de ellos.
Para el abogado Steven Reyes, la sentencia para los violadores de los niños debió ser la máxima de 40 años para sentar precedente y porque existió “un concurso real de infracciones –abuso sexual, violación, tortura y pornografía infantil- tal y como lo permite el artículo 20 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Junto con el fiscal César Peña, quien llevó la investigación del caso por violación, los abogados de las víctimas apelaron la sentencia de 29 años de prisión contra Magallanes y Manzaba y se preparan para la audiencia convocada para el próximo 29 de octubre donde plantearán el concurso real de infracciones. “Las penas debían ser sumadas y el Tribunal no lo hizo. Estos victimarios dañaron el proyecto de vida a niños inocentes y no pueden salir de la cárcel a seguir dañando a menores de edad”, considera Reyes.
También acudirán a la audiencia de apelación de sentencia el 26 de este mes, solicitada por Bajaña y Mora Montoya, quienes a través de sus abogados pidieron la eliminación de la condena porque aseguran son inocentes.

AÑOS DE VIOLENCIA SEXUAL EN LAS AULAS EN MEDIO DEL ENCUBRIMIENTO OFICIAL Y LA LENTITUD DE LA JUSTICIA
Más de 300 casos de violencia sexual en escuelas y colegios del país, que fueron archivados entre el 2014 y el 2019, fueron recuperados y reabiertos con recursos extraordinarios de revisión, según confirmó Diego Paz, subsecretario para la Innovación y el Buen Vivir del Ministerio de Educación.
Muchos de estos casos fueron denunciados cuando los ex ministros Augusto Espinoza y Fredy Peñafiel manejaban la cartera de Educación
Paz señaló que los casos reabiertos vienen desde el 2014 porque de años anteriores no existen datos digitalizados. “En la mayor parte de estas 300 denuncias (los responsables de los delitos sexuales) han sido sancionados con destitución (sanción administrativa) porque no podíamos permitir que esta gente siga trabajando con niños, pero además pedimos que en las resoluciones se hagan sumarios en contra de los funcionarios que estuvieron en las direcciones distritales de solución de conflictos y que archivaron los casos, evidenciando negligencia y cierta complicidad”.

Según datos del ministerio, entre 2014 y 2019 (agosto) se han reportado 8.908 casos de violencia sexual, de los cuales, 3.245 (36,4%) se registraron en instituciones educativas y los agresores no fueron solo educadores, sino también personal administrativo, de limpieza y estudiantes.
Paz asegura que ahora el Ministerio de Educación tiene una política de cero tolerancia a todo tipo de violencia sexual en las instituciones educativas y por ello, desde el 2018 funciona el REDEVI, un sistema de registro de víctimas, victimarios, casos entregados a la Fiscalía y su situación legal.
A Paz le preocupa que los casos en manos de la Fiscalía no tengan la celeridad y prioridad que se requiere por ser agresiones sexuales a menores de edad en los establecimientos educativos.
“En las Mesas de Acceso a la Justicia, de las que somos parte  (integran Fiscalía, Consejo de la Judicatura, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Ministerio de Inclusión Económica y Social y  Ministerio de Gobierno), se discuten los casos mal atendidos. Ahí planteamos los nudos críticos, que si bien el sistema educativo detecta los casos (de violencia sexual), establece las medidas administrativas e impulsa los procesos en la Fiscalía, sabemos que los procesos continúan ahí”, dijo.

Redacción Periodismo de Investigación (La Fuente – Milhojas) y La Historia | 02 de octubre del 2019 | Tiempo de Lectura: 15 min

Esta entrega especial de Periodismo de Investigación y La Historia, recoge la complejidad del teje y maneje de los seguros y reaseguros de la aseguradora estatal, Seguros Sucre. Una historia que relata la estructura legal construida por el correísmo que le permitió a Sucre consolidarse como un monopolio del aseguramiento de los bienes públicos. ¿Cómo se manejó el negocio de los reaseguros y qué grupos empresariales fueron los verdaderos beneficiarios?
El gran negocio internacional de los reaseguros
El 30 de junio de 2019 el bróker internacional de reaseguros BMS de Miami, Florida, confirmaba a Seguros Sucre la renovación automática de contratos de reaseguros por $252,5 millones de dólares. El acuerdo llevaba la firma de Andrew Hye, el zorro de los negocios de reaseguros en la región y el rostro de un grupo económico que se hizo del control de la aseguradora estatal desde el año 2013.
Hasta diciembre de 2018, Hye representaba al bróker de reaseguros Guy Carpenter, en la misma Florida y hasta entonces era la firma que tramitaba todas las notas de cobertura de reaseguros. Antes de eso, Hye estuvo al frente del sistema de reaseguros de AON, como siempre, alineados con Sucre.

La reputación de Hye se había ido al suelo en 2010, cuando autoridades de las Fuerzas Armadas del Ecuador, descubrieron la emisión de pólizas de reaseguros falsas, es decir que no tenían ninguna cobertura real en caso de siniestros. Entonces se acabaron sus negocios con AON, pero migró a Gay Carpenter e hizo fortuna.
La consolidación de Hye en Guy Carpenter sucedió por la intervención de tres actores: Alejandro Maldonado, ex Superintendente de Bancos y gerente de seguros Rocafuerte; Pedro Solines, ex Superintendente de Bancos y Diego Sánchez Silva.
Alejandro Maldonado mantenía una estrecha relación de amistad con Diego Sánchez desde los años 90 y aprovechó esa empatía para beneficiar a su amigo. Le entregó de forma discrecional varios acuerdos de reaseguros del sistema estatal entre ellos el eléctrico. Pedro Solines, a su vez, no movió un solo dedo, es decir, dejó actuar a Maldonado a su voluntad.
Diego Sánchez Silva, es un personaje que aparece en los Panama Papers relacionado con el bróker Global Reinsurance Inc., domiciliado en British Anguilla. Global Re fue investigada por el ex asambleísta Cléver Jiménez, por supuestas anomalías con la póliza de Tame.
Global Reinsurance Inc. ha sido el intermediario internacional de Guy Carpenter, una compañía de origen inglés, pero que también tiene operaciones desde Miami, donde no está obligada a transparentar la información de sus contratos de los reaseguros como sí obliga Londres.
Tanto al bróker como a Guy Carpenter se les ha acusado en Ecuador de cobrar montos extremadamente altos en las primas de reaseguros. El operador de esas prácticas por parte de Carpenter fue Andrew Hye.
Otro personaje importante en esta trama fue el actual asambleísta José Serrano. Cuando ejerció la Secretaría de Transparencia conocía las denuncias contra Hye, sin embargo, permitió que Diego Sánchez, se consolide a través de Guy Carpenter en el país.
Sánchez es un empresario que a fines de los 90 se relacionó en negocios con las Fuerzas Armadas; como representante de la empresa china Norinco, junto a su empresa llamada Cranex, hizo contratos con la H. Junta de Defensa Nacional. Documentos de la época establecen que Cranex no cumplió un contrato reservado con la Fuerza Aérea Ecuatoriana.


La consolidación de Sánchez llegó por doble vía, no solo logró captar las millonarias contrataciones de Seguros Sucre como representante del bróker de reaseguros, también se consolidó como bróker de seguros de instituciones estatales. La Asamblea Nacional fue un ejemplo: su empresa SETEC se convirtió en asesora de esa entidad y como tal hasta le recomendó asegurar el casco aéreo y marítimo, es decir asegurar los aviones y los barcos que la asamblea no posee.
No existen cifras públicas ni acceso a los contratos que permitan determinar el volumen de ganancias que dejó ese negocio. Se trata de un hoyo negro que nadie se atreve a mirar. Nuestro equipo de investigación analizó 1900 contratos de seguros emitidos por Seguros Sucre y Rocafuerte y en ninguno se incluye las notas de cobertura de reaseguros. Es un sistema de opacidad total que recae sobre todos quienes gerenciaron esa empresa.
A finales de 2018, Andrew Hye salió abruptamente de Guy Carpenter y poco tiempo después esa firma abandonaba sorpresivamente todos los contratos de reaseguros del Estado ecuatoriano, provocando un remezón en toda la región. Úrsula Naranjo, que había asumido el control de Sucre quería acabar con la mafía que se enquistó en esa empresa, pero la carta de Hye, de junio de este año, evidenció que Úrsula Naranjo perdió esa batalla.

Hoy está abocada a continuar con el control de Sánchez Silva y Andrew Hye y rendir reverencias a otros ejecutivos del grupo Global como Erika Deleg, actual representante de BMS.
En esta entrevista en los Desayunos de 24 Horas de Teleazonas, Diego Sánchez ejerce su derecho a la réplica para responder a la denuncia de la ex asambleísta Ana Galarza que aseguraba millonario perjuicio a
Seguros Sucre resultado del monopolio en el aseguramiento de bienes públicos.

Así se inició

Las condiciones políticas y legales diseñadas en el Gobierno de Rafael Correa favorecieron a la estatal Seguros Sucre para encumbrarle hacia el primer lugar en el mercado de seguros del país, lo que la catapultó hacia la cima de otro ranking, el de los mayores proveedores del Estado. Entre 2013 y junio de 2019 la compañía acumula $718,6 millones en contratos, que equivalen al 63% de toda la contratación de seguros.
Bajo una política gubernamental que anuló la posibilidad de competencia entre las aseguradoras por conseguir las pólizas del sector público, se dio a Seguros Sucre una gran ventaja competitiva para adjudicarse volúmenes de negocio que nunca antes había manejado, y mantener un mercado cautivo sin costos de intermediación, ni de participación de utilidades de los empleados.
Y como si eso fuera poco, la sombra de supuestos sobreprecios en sus pólizas y algunas irregulares conductas empresariales, han rondado el ascendente camino de la aseguradora estatal.
¿Cómo Seguros Sucre fraguó su historia de casi una década de dominio en el negocio de seguros?
Hasta el 2006, de un total de 40 compañías de seguros, Sucre tenía una participación de apenas el 1,82% en el mercado y ocupaba el puesto 22 en el ranking por prima neta pagada. Un año más tarde, su situación no varió mucho. Subió apenas un escalón en ese ranking.
Pero fue en 2008 cuando Correa empezó a configurar el ambiente legal propicio “para que la platita quede en el sector público». Con esa frase y bajo el argumento de quitar el negocio de los seguros al sector privado, Correa justificó su decisión de que Seguros Sucre maneje las pólizas de vehículos y de las empresas del Estado y así incremente sustancialmente sus ingresos por primas. En febrero de ese año Correa dio la primera estocada a las aseguradoras privadas al ordenar que cerca de 40 mil vehículos estatales sean asegurados con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), a través de Seguros Sucre. Además de que 170 instituciones públicas debían empezar a entregar sus pólizas a la aseguradora estatal por alrededor de $150 millones en primaje.
Esto, pese a que el entonces director de Unidad de Seguros Presidenciales, Óscar Herrera, aceptaba que aún estaban planificando incrementar el patrimonio de Sucre para poder incorporar a todas las instituciones del Estado y así cumplir con la disposición presidencial.
Es decir, primero venía la orden de Correa y luego, la adecuación financiera de la empresa para asumir tales responsabilidades.
Entre los primeros activos estatales que se aseguraron con Sucre sobresalen las aeronaves de la Brigada Aérea del Ejército (BAE), así como las instalaciones de Petroecuador y de empresas telefónicas y eléctricas. Sin mayor esfuerzo las primas de Seguros Sucre empezaron a aumentar.
No obstante, para Correa esto no era suficiente. Tenía que apuntalar aún más el negocio de Seguros Sucre y en 2009 dio la orden para que las instituciones y empresas públicas contraten pólizas de seguros con las aseguradoras estatales bajo el régimen especial, pese a que este mecanismo debe aplicarse solo para circunstancias de emergencia o excepcionales. El entonces secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, canalizó la orden presidencial. El 24 de marzo de 2009 (con oficio Circular No. T.4258-SGJ-09-943) dispuso que las entidades públicas contraten obligatoriamente de forma directa con Seguros Sucre y Seguros Rocafuerte.
Desde los primeros grandes contratos que Sucre alcanzó, se evidenciaron desventajas económicas para varias de las instituciones públicas que tienen los mayores activos del país.
Celec: Sucre modificó la oferta económica
Uno de los primeros ejemplos de las cuestionadas prácticas de la aseguradora estatal se dio en diciembre de 2009 cuando la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) la descalificó por cambiar el monto de la oferta económica presentada originalmente en el proceso de contratación (régimen especial) de los seguros generales para Termopichincha. Es decir, modificó su propuesta económica de $3,20 millones a $4,23 millones equivalente al 32% de variación. Por ello, la Celec declaró desierta la contratación.
Mientras tanto, al finalizar 2009, Sucre pasaba al tercer escalón del ranking de seguros por prima emitida y por prima pagada, al cuarto puesto en utilidades y al quinto, en patrimonio.
Casi un año más tarde y a propósito de otras discrepancias de dos instituciones públicas con la aseguradora estatal, Mera insistía a los ministros y autoridades, (mediante oficio No. SUBSANA-O-10-5080 de 11 de marzo de 2010) que debían contratar con Seguros Sucre o Seguros Rocafuerte a través de régimen especial.
Petroecuador: Sucre cambió las ofertas
Otra polémica surgió cuando Petroecuador declaró desierto un proceso de contratación bajo régimen especial por el cual necesitaba adjudicar su póliza de todo riesgo petrolero y responsabilidad civil marítima y no marítima, pues contaba con un presupuesto referencial de $32,3 millones y la única prima ofertada fue de Seguros Sucre (el 18 de febrero 2010): $42,82 millones por dos años de cobertura (sin IVA). La Comisión técnica que evaluó el proceso consideró que la oferta de Sucre no tenía relación con la realidad del mercado y la calificó como inconveniente para los intereses de la petrolera estatal.
Pese a ello, el recordatorio de Mera terminó surtiendo efecto. Cuatro meses después Sucre lograba adjudicarse el contrato en consorcio con la también estatal Seguros Rocafuerte y la privada Colonial por $32,98 millones, valor que significaba un inexplicable cambio en la tarifa de una misma póliza. Es decir, Sucre en alianza con otras empresas logró que Petroecuador le adjudique este contrato, por un monto menor en $11,52 millones (35% más bajo) al que ofreció originalmente (el 18 de febrero 2010).
Los sobreprecios de Seguros Sucre en las FF.AA.
En relación a la póliza de casco aéreo y responsabilidad civil de las Fuerzas Armadas (período 2009-2010) y a la propuesta de renovación hecha por la aseguradora estatal (2010-2011), el 23 febrero de 2010 el Ministerio de Defensa (en oficio N° MDN-2010-015) hizo reclamos y pidió explicaciones al entonces gerente de Seguros Sucre, Oscar Herrera, sobre la base de una auditoría interna.
Entre los reclamos constaban un supuesto sobreprecio (en la póliza 2009-2010) de $353.931, el incremento del costo de la póliza de un avión pese a tener mejores condiciones que otra aeronave ya asegurada: por un Boeing 727-100 de Tame, Sucre cobraba una tasa del 3,7% y por un Boeing 727-200 con mejores condiciones técnicas, la aseguradora estatal subió el canon al 7%. Además, en mayo de 2010 Sucre había remitido al Ministerio de Defensa un nuevo documento de colocación de la póliza en el mercado londinense a través del bróker AON Ecuador S.A., pero en la auditoría se determinó que la contratación con AON se dio sin que conste la firma de su real representante (Andrew Hye). Por lo tanto, los trámites hechos con este supuesto bróker no tendrían valor legal.
En cuanto a la propuesta de Sucre para la renovación de esta póliza con período 2010-2011, el Ministerio de Defensa cuestionó que Sucre planteara una penalización injustificada por siniestralidad de $4,5 millones; observó también que en el rubro transporte de municiones se excluyera de la cobertura a la tripulación, lo cual carecía de fundamentos, por lo que tal exclusión fue calificada como violatoria a las condiciones de la póliza.
Estas diferencias entre las autoridades de Defensa y Seguros Sucre alcanzaron su punto más álgido cuando el entonces comandante de la Armada, Aland Molestina, ordenó que las operaciones aéreas se suspendan por 10 horas debido a la falta de claridad en los términos contractuales con Sucre. No obstante, a los pocos días una comunicación del ex ministro de Defensa Javier Ponce determinó que se retomaran las operaciones.
Extrañamente, pese a los cuestionamientos de la propia cartera de Defensa y los indicios de supuestas ilegalidades en las condiciones de colocación del reaseguro por parte de Sucre, el ex ministro Ponce terminó firmando un convenio de pago por servicios prestados de Sucre, en julio del 2010, con el ex gerente de esta aseguradora, Maximiliano Donoso. Y en diciembre de ese año los mismos personeros firmaron la póliza 6000041 para el período 2010-2011, por una prima neta de $17,4 millones.
Las imposiciones de Seguros Sucre y las contradicciones del ex ministro Ponce fueron cuestionadas por la Contraloría: «La posición ambigua, imprecisa, y falta de decisiones y acciones del ministro (Ponce), asesores, coordinadores y demás servidores del Ministerio de Defensa ocasionaron que las FF.AA. hayan tenido que aceptar una cobertura de seguros bajo condiciones y cláusulas impuestas tácitamente por Seguros Sucre y el mercado reasegurador internacional, contrarias a las exigencias y necesidades de las FF.AA.».
El historial de Seguros Sucre en Contraloría
Los sobreprecios en el costo de las pólizas en el caso de las Fuerzas Armadas consta en un examen especial hecho por el organismo de control a la extensión de la vigencia del reaseguro hasta el 5 de enero de 2011, de la póliza de casco aéreo y responsabilidad civil con Seguros Sucre y al convenio de pago correspondiente. En su informe (DA3- 0044-2011) se detallan irregularidades como «un pago en exceso no justificado» de $7,96 millones a Seguros Sucre para la contratación del reaseguro. Para la Contraloría «no hay sustento que fundamente el egreso de estos recursos».
A las observaciones de Contraloría se sumaban las de la Junta Bancaria que en ese tiempo controlaba a las aseguradoras. Impuso una sanción a Sucre por su accionar relacionado con reaseguros. El 29 de septiembre del 2010, la Intendencia del Sistema de Seguro Privado multó con $2.103,12 tanto a Maximiliano Donoso, entonces gerente de Seguros Sucre, como al representante de la aseguradora Colonial (mediante oficios INSP-2010-4219 y 4218), al determinar que en la póliza de todo riesgo petrolero emitida a favor de Petroamazonas, el consorcio integrado por ambas compañías, colocó reaseguros por medio de Aon Group Ecuador intermediario de reaseguros S.A, con Oman Insurance Company y Misr Insurance Company, entidades que no estaban inscritas en la Superintendencia de Bancos como reaseguradores extranjeros y por tanto no estaban autorizadas para trabajar en el país.
Las dos aseguradoras violaron la Ley de Seguros (especialmente Art. 12) y fueron advertidas por la Intendencia del ramo que “de repetirse esta situación se les revocará el certificado de autorización del ramo involucrado (…)”.
Seguros Sucre siguió con su escalada de crecimiento en el mercado. Por prima neta emitida,  figuró entre las cinco empresas de mayor presencia en la actividad a diciembre 2011. La entonces QBE Colonial lideraba con el 11,54%, ACE tenía el 9,74%, Equinoccial 8,23%, Sucre 7,89%, y AIG Metropolitana 4,46%.
Más adelante, la Contraloría emitía otro informe sobre Seguros Sucre, el #DADeIS-0001-2013, que no es público y que fue remitido a la Fiscalía por el delito de peculado y hasta el año anterior estaba en indagación previa.
Mientras tanto, en medio de una accidentada relación con Seguros Sucre y tras el resultado de auditorías realizadas a la póliza de casco aéreo, el 1 de agosto de 2013 el Departamento de Transportes del Ministerio de Defensa presentó un estudio de mercado donde se comparaban las cotizaciones para la mencionada póliza. Su conclusión: “No se puede considerar como presupuesto referencial las tasas cotizadas por Seguros del Estado, ya que superan considerablemente la prima anual que la Armada ha venido pagando”.
Según el estudio, hasta antes del 2009 la Armada Nacional pagaba menos por sus pólizas contratadas mediante concursos.
Fuentes de la cartera de Defensa dijeron a PI y La Historia, que las contínuas observaciones que la Armada realizaba a los costos de Seguros Sucre determinaron que los técnicos de esta rama de las FF.AA. fueran relegados de las comisiones que analizaban los procesos contractuales. El Ministerio de Defensa se encargó directamente del tema y siguió contratando con Sucre.
Tampoco la calidad del servicio de Sucre ha estado exenta de cuestionamientos. La Contraloría en más de una ocasión observó la demora en la solución de los siniestros.
En el examen especial DAAC-0119-2016 a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y vigencia de los contratos de seguros y reaseguros aéreos de las Fuerzas Aérea, Terrestre y Naval (período 1 de enero de 2013 a 30 de noviembre de 2015) estableció que 39 siniestros (correspondientes a 4 pólizas), ocurridos desde el 2013 y 2015, no habían sido cerrados (hasta septiembre de 2016) por parte de los reaseguradores internacionales ni de Seguros Sucre, representando un valor de $13´178 217, 23 pendientes de liquidar al Ministerio de Defensa.
Adicionalmente no hubo seguimiento a estos pendientes por parte de varias instancias del Ministerio de Defensa. Ello impidió que las FF.AA. cuenten con los recursos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos institucionales.
En este informe también se señala que la aeronave TWIN OTTER FAE-448, siniestrada el 11 de octubre de 2013 fue reparada 137 días después de lo estipulado, debido a que funcionarios de varios estamentos del Ministerio de Defensa no realizaron las gestiones necesarias para cumplir las condiciones de la póliza y la entrega oportuna de la aeronave reparada.

Así se allanó el camino del monopolio de Seguros Sucre
Pese a estos cuestionamientos a la eficiencia de Sucre, su peso en el mercado la catapultó hacia la cima de los mayores proveedores del Estado. Sucre experimentó un primer gran salto en la captación de las pólizas del sector público entre 2012 y 2013, cuando pasó de $407 mil a $33,53 millones, un 8.138% de incremento.
Pero la obligación de contratar a Sucre bajo el régimen especial no fue el único factor que continuó allanando el camino para que la aseguradora estatal reafirme su posición. De acuerdo con expertos del sector, el tercer movimiento en el tablero fue la disposición (septiembre de 2015) de que la Superintendencia de Compañías asuma el control de todo el régimen de seguros privados en Ecuador, sin que su personal cuente con la formación y la experiencia técnica. “Este traspaso de la Superintendencia de Bancos a la de Compañías se hizo para debilitar la supervisión del sector de seguros”, enfatizaron los expertos.
Las limitaciones en el esquema de supervisión lo admite la propia Superintendencia en su último estudio sectorial “Panorama del mercado de seguros en Ecuador: 2015—2018”. Señala que en la primera etapa en que los clientes acuden a una compañía aseguradora directamente o a través de un intermediario, la Superintendencia tiene un control alto, “sin embargo, en la etapa 2, en donde intervienen las reaseguradoras y los intermediarios de reaseguros el control se convierte en un control medio. Finalmente, las reaseguradoras, compañías de seguros y clientes… pueden acudir a aseguradoras y reaseguradoras en el exterior, que se encuentran en una etapa de control limitado”.
En este contexto, Seguros Sucre se mantuvo en ascenso. En 2016, ocupó el quinto lugar de los mayores proveedores con adjudicaciones que sumaron $128 millones. En 2017, fue la número uno, con $164.6 millones en pólizas de seguros.
Al no tener competencia de otros proveedores, Seguros Sucre no solo accedía a los mejores contratos del sector público, sino que seguía imponiendo precios y otras condiciones.
En 2017 una de las más altas pólizas adjudicadas a Sucre fue para asegurar las unidades Electroguayas, Termogas Machala, Termopichincha, Termoesmeraldas y Gensur. La Corporación Eléctrica del Ecuador (de CELEC EP) pagó $18.6 millones por este seguro, $2.4 millones más en relación a lo que pagó en 2016 por la misma póliza.

Tame EP adjudicó a Sucre el seguro de aviación, en 2014, y pagó $8.6 millones por ese contrato. Dos años después el valor de la misma póliza fue $6.4 millones. Sucre la volvió a subir en 2017 a $10.6 millones y para 2018, por seguro de aviación, seguros generales, vida y asistencia médica, la bajó a $7.9 millones.
En 2017, el Ministerio del Interior también adjudicó el seguro de aviación a Sucre por $7,1 millones, mientras por la misma póliza en 2015 pagó a Sucre $6.4 millones. En 2013, gastó $4.3 millones. (ver gráfico con detalle de los principales contratos)
De acuerdo con información proporcionada por el Servicio Nacional de Compras Públicas (SERCOP) a PI , al momento Sucre lidera el ranking de los 10 mayores proveedores con los más altos valores adjudicados en contratación de seguros, durante el período 2013 – jun 2019.
En seis años y medio todos los contratos de seguros sumaron $1.141,6 millones. Sucre ha logrado adjudicarse centenares de pólizas por $718,6 millones, que equivale al 63% del total contratado. Le sigue Seguros Rocafuerte con $154,9 millones que significan el 14% del total. Desde septiembre de 2017 Sucre asumió todos los activos, pasivos y hasta procesos legales de Rocafuerte mediante un proceso de fusión por absorción por el cual Rocafuerte salió del mapa, quedando Sucre como la única aseguradora estatal en el mercado y asumiendo los compromisos contractuales de Rocafuerte.
Entre las dos empresas sumaron $873,5 millones en contratos en los últimos seis años y medio, que equivalen al 77% del pastel del negocio de seguros.

Instituciones públicas que más contrataron con Seguros Sucre
PI y La Historia revisaron además 1900 contratos firmados por Sucre entre 2012 y 2018, con 662 instituciones públicas y estableció que esas contrataciones, adjudicadas bajo la modalidad de régimen especial, sumaron $517 millones.
Las 10 instituciones que más contrataron con Seguros Sucre en ese período de 7 años fueron:

PI solicitó al SERCOP información sobre los contratos adjudicados a Seguros Sucre en el sector público. El SERCOP entregó un ranking de las 10 entidades con mayor valor adjudicado en contratación de seguros en general, entre 2013 y junio de 2019. Es decir, sin el detalle de cuántos de esos montos contractuales corresponden solo al sector público.
En este ranking del SERCOP también el Ministerio de Defensa se mantiene a la cabeza, con un gasto en seguros, por $163,1 millones. CELEC EP en segundo lugar con $123,6 millones. Petroecuador y el Ministerio del Interior con $70,1 y $65 millones respectivamente.

En 2018 caen utilidades y aumenta la morosidad de Sucre
Pese a las ventajas competitivas que le significó tener el monopolio del mercado de seguros desde 2009 y así convertirse en la mayor contratista del Estado, Seguros Sucre vio caer su rentabilidad en el 97% durante 2018, desplome que se explica por una pérdida en su portafolio de inversiones, la reducción de primas emitidas y un mayor nivel de provisiones y castigos, de acuerdo con el análisis realizado a su desempeño financiero por parte de la calificadora de riesgos Pacific Credit Rating PCR.
A este panorama se sumó una pérdida de importantes clientes y el aumento de 38 puntos en la morosidad que colocó a la aseguradora estatal muy por encima del promedio del sistema de seguros.
Las utilidades de Seguros Sucre en 2017 alcanzaron su pico más alto con $17,9 millones, pero el año pasado registró una reducción del 96,60% al ubicarse en $609 mil. Todo el sector asegurador vio decaer sus utilidades en 27,77%, influenciado por Seguros Sucre, que es la que más aportaba a la rentabilidad del sistema.
Uno de los factores que impactaron en el bajo nivel de utilidades de Sucre, según ejecutivos de PCR, firma que hizo la última calificación de riesgos de Seguros Sucre (AA, a diciembre de 2018), fue la pérdida de $6,3 millones en el rubro de inversiones frente a utilidades registradas en este portafolio de $3,89 millones a diciembre de 2017. La Casa de Valores del Pacífico Valpacífico que administra este portafolio de Seguros Sucre, invirtió $8,3 millones en un fondo de inversión alojado en las Islas Caimán (paraíso fiscal); devolvió $2 millones, pero ahora desconoce a Seguros Sucre como la dueña de $6,3 millones (en bonos global 2024). Sucre interpuso una demanda penal en contra de Valpacífico por supuesto “abuso de confianza”.  La Fiscalía investiga el caso.
Este tema, más el proceso legal que asumió Sucre tras su fusión con Seguros Rocafuerte y que implicaba una demanda por $34,64 millones por parte de Petroecuador, son parte del riesgo legal con el que ha tenido que lidiar Seguros Sucre.
Otro elemento que incidió en la baja de utilidades fue el aumento del rubro de provisiones (reservas) y castigos de $5,55 millones a $13,95 millones.
La morosidad total también tuvo una gran escalada. Pasó de 25,86% (dic17) a 64,75% (dic18), ubicándose por encima del sistema de seguros (37,29% dic18). Este incremento obedeció principalmente a una reducción de los deudores por primas, lo que se explica en la no renovación anual de algunas cuentas.
Ejecutivos de PCR, explican que la decisión del presidente Lenin Moreno (mediante decreto 395) del 15 de mayo de 2018 respecto a que las instituciones públicas eviten el uso de procedimientos de contratación directa y de régimen especial “con el fin de promover la concurrencia de más participantes, la transparencia en la contratación pública y optimizar el gasto público” determinó que Seguros Sucre pierda varios clientes del sector público, su principal nicho de mercado, pues constituye el 90% de su cartera total de clientes.
Como efecto de esto, en 2018 la presencia de Seguros Sucre en el mercado se ve algo golpeada, pues se adjudicó $89.6 millones en contratos, 45,56% menos que en 2017. En el ranking del Sercop, de los 10 mayores proveedores del Estado durante el primer semestre del año ya no aparece Seguros Sucre. En este top solo aparece Hispana de Seguros en el sexto puesto con $34,5 millones en contratos.
Los técnicos de PCR admitieron además que “debido a que Sucre tuvo por casi una década un mercado cautivo en el sector público sus precios estaban más altos que los de la competencia”.
A criterio de los ejecutivos de PCR, otro factor que afectó a Sucre fueron las limitaciones fiscales del Estado. “Antes los presupuestos se podían manejar anualmente, ahora muchas de las entidades no están renovando sus contratos de todo un año, se están manejando por etapas, aprobando seguros por trimestre o semestre”.
Esto generó que la producción de primas emitidas por Seguros Sucre caiga en 30% en 2018.
Ante este panorama, Seguros Sucre ha tenido que ajustar su tarifario, con descuentos respecto a los precios que ha venido cobrando en los últimos años. Expertos en el tema y los técnicos de la calificadora PCR explicaron que al ser la Superintendencia de Compañías el organismo que aprueba dichas tarifas o notas técnicas es el que debió analizar si las aplicadas por Sucre estaban técnicamente bien concebidas, respaldadas en un sustento actuarial y acorde al mercado.
Pero a diferencia de lo que sucede con las tarifas de las empresas del mercado de valores, por ejemplo, que sí se publican en el portal de la Superintendencia de Compañías, el tarifario o notas técnicas de las aseguradoras no aparecen en el portal de este organismo de control.
Hace más de 15 días, Mil Hojas solicitó (como parte de un cuestionario) al mencionado organismo de control información sobre el ajuste tarifario (en porcentaje y en dólares) realizado por la aseguradora estatal para enfrentar el nuevo escenario de mayor competencia, así como el sustento legal para que esta información no sea pública. Los directivos de Comunicación de ese organismo de control ofrecieron respuestas hasta el pasado 15 de agosto, lo cual no se cumplió. (ver cuestionario enviado a la Superintendencia de Compañías).
¿Sucre ha movido sus tarifas a discreción?
La estrategia de Seguros Sucre para mantener a estos clientes ha sido una moneda de dos caras: en varios casos ha acudido a variaciones a la baja en sus tarifas, pero también ha habido procesos en los que, a criterio del Comité empresarial ecuatoriano, se han diseñado requisitos que solo puede cumplir Seguros Sucre, cerrando el paso a las aseguradoras privadas, pese a tener tarifas más competitivas.
En el primer ámbito hay un caso emblemático. Durante cinco períodos anteriores, Sucre fue la adjudicataria de la póliza para el casco aéreo y responsabilidad civil del Ministerio de Defensa. Para el período 2017-2018 había cobrado por ese contrato $21,4 millones. Para el nuevo proceso con vigencia 2019-2020 se dio un proceso que se declaró desierto porque las ofertas no cumplieron los requisitos contractuales. En un segundo intento se presentaron tres ofertas: La Unión con $15,7 millones, Interoceánica con $17 millones y Sucre con $19,2 millones, $2,2 millones menos que la póliza vigente en sus manos.
Uno de los trámites que se hicieron en el proceso precontractual fue un estudio de mercado presentado por la Dirección de Seguros de Bienes Estratégicos el 20 de marzo de 2019 para definir el presupuesto referencial de esta contratación, el cual se fijó en $19’278.741,33.
Mientras estaba en la fase de calificación de ofertas de este segundo intento, el Ministerio de Defensa declaró desierto el proceso (23 de mayo pasado) para reestructurarlo, según dijeron en un comunicado de prensa. En la resolución tomada por el ministro del ramo, Oswaldo Jarrín, se señala que se inhabilitaron las ofertas de La Unión e Interoceánica por no cumplir con los requisitos exigidos por la cartera de Defensa: La Unión no determinó con exactitud el porcentaje de riesgo que iba a retener, mientras Interoceánica no cumplió con el porcentaje mínimo de retención.
Voceros de La Unión y del Comité empresarial aseguraron que estos requisitos solo los podía cumplir Sucre y que por eso el concurso estaba direccionado.
En junio pasado se abrió un nuevo proceso. La Unión ofertó $16,91 millones y Sucre $15,28 millones, cifra inferior en $3,9 millones a la oferta hecha en el segundo proceso contractual para esta póliza.  El 2 de julio Sucre fue adjudicada con el seguro de casco aéreo y responsabilidad civil por sexta ocasión.
Fuentes del Ministerio de Defensa que pidieron la reserva afirmaron que se escogió a Seguros Sucre no solo porque su oferta económica fue la más baja sino también porque La Unión presentó un reasegurador brasilero que asumía el 35% de todo el riesgo del casco de Fuerzas Armadas. “Ni siquiera Loyds que es el más grande reaseguro ha asumido tanto”.  Además, el reasegurador que la Unión estaba presentando estaba involucrado en el escándalo de corrupción de Odebrecht. Según las denuncias, esa reaseguradora utilizaba a Odebrecht para lavar el dinero.
En febrero pasado, Petroamazonas inició el proceso de contratación de seguros de ramos técnicos que incluye las pólizas: todo riesgo petrolero y responsabilidad civil general y marítima. El monto en bienes a ser asegurados fue de $3.850 millones.
Se presentaron 3 ofertas: la del consorcio integrado por Aseguradora del Sur-Hispana y Latina con una propuesta económica de $11 millones; Seguros Alianza con $11,17 millones y Seguros Sucre con $11,48 millones.
La primera obtuvo el puntaje más alto: 98,31/100; la segunda fue calificada con 96,89/100 y Sucre con 88,14/100. La gerencia de Sucre pidió al SERCOP aclaraciones al procedimiento, pero esta entidad archivó el reclamo este 17 de abril, dando paso a la adjudicación al primer consorcio mencionado, por $11 millones, sin incluir impuestos.
El contrato se firmó el 18 de abril de este año y las pólizas tendrán vigencia hasta el 17 de abril de 2021.
Justamente Seguros Sucre estaba a cargo de la cobertura de estas pólizas por el periodo entre el 24 de noviembre de 2016 y el 14 de noviembre de 2018. Lo que cobró por ello fue $15’442,497.10 sin impuestos. Es decir un precio $4,44 millones más caro que el adjudicado para el actual período e incluso $3,96 millones más alto que su propia oferta hecha en este último concurso.
¿Abuso o perjuicios del régimen especial?
La opción que tienen desde 2018 las instituciones del Gobierno central y las empresas públicas de contratar pólizas de seguros mediante concursos ha puesto al descubierto los excesos que le permitió a Seguros Sucre la contratación a dedo, pues por casi una década impuso los precios a cobrar en centenares de pólizas del sector público.
Los efectos de este cambio en la política contractual del Gobierno no implican solo los importantes ahorros que los concursos están generando al fisco, sino también evidencian eventuales perjuicios al Estado.
En decenas de contratos suscritos, desde este año, por la aseguradora estatal con instituciones y empresas públicas Mil Hojas identificó cómo Seguros Sucre ha empezado a bajar sus tarifas, llegando hasta un 30% de reducción en comparación con sus propios contratos obtenidos bajo régimen especial.
Un estudio realizado entre el Servicio Nacional de Contratación (Sercop) y el Banco Mundial (BM) en septiembre de 2018 reveló que a nivel general se abusó de la contratación bajo la figura de régimen especial o contratación directa al punto que se descubrió que los precios obtenidos mediante este mecanismo fueron, en promedio, dos veces más caros. De la comparación entre precios contratados con régimen especial y régimen común, se concluyó que si entraban a competencia, habría significado un ahorro de $1.400 millones.
El mercado de seguros no estuvo exento de esta distorsión a la que se llegó con la contratación directa con Seguros Sucre. De hecho la Asociación de Compañías de Seguros del Ecuador (Acose) hizo una estimación de que al abrirse las licitaciones en las instituciones públicas, lo cual implica competencia en precio y calidad del servicio, el Estado podría ahorrarse al menos $40 millones anuales en la contratación de sus pólizas.
El gerente de este gremio Patricio Salas explicó que la estimación se basó en un análisis de costos del mercado nacional de seguros e internacional de reaseguros que en los últimos años ha tenido condiciones más favorables en precios; así como en el volumen de negocios que tenía Seguros Sucre hasta 2018 y que sumaba aproximadamente $200 millones.
Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, considera que durante el Gobierno anterior hubo mucha opacidad en la forma en que las entidades gubernamentales asignaban los contratos a Seguros Sucre, pues si bien lo permitía la legislación vigente, no se asignaban los contratos con precios competitivos “y en ese orden no cabe duda que se perdió dinero, pues si hubiera habido libre competencia los valores hubieran sido sustancialmente menores”.
Sobre la base de la estimación global de ahorro realizada por el SERCOP y el Banco Mundial, Mil Hojas pidió al SERCOP un detalle de cuánto de esos $1.400 millones corresponden a un eventual ahorro que se hubiera logrado en las contrataciones que realizaron las instituciones del gobierno central y las empresas públicas con Seguros Sucre entre 2008 y 2018.
La respuesta de Sercop fue: “Los 1400 millones de costo de oportunidad responden a un análisis econométrico de enfoque global del período 2013-2016 cuyo objetivo respondió, entre otros, a generar estrategias globales de concurrencia en la compra pública. Por este motivo, el modelo no contempló ni permite realizar desagregación sectorial.”
Expertos consultados comentaron que, si entidades como el Sercop no tienen capacidad de generar data desagregada y análisis sectoriales, cómo puede coadyuvar a construir una acertada política pública en este tema. De hecho, si el presidente Moreno ordenó priorizar el concurso público como un mecanismo con el que aspira un ahorro de casi $400 millones, y siendo el sector de seguros un ramo que ha movido centenares de millones de dólares en la economía, debe existir información más detallada de lo que significó el régimen especial en esta actividad económica que estuvo liderada por Seguros Sucre.
En esta nota hemos presentado varios ejemplos de las estrategias tarifarias y de otro tipo usadas por Sucre en los últimos años.

Siniestros
Solo $ 9,6 millones pagó Seguros Sucre hasta julio del 2019 por los siniestros reportados especialmente de los rubros agrícola ($2,1 millones) seguro de vida en grupo ($3,1 millones) y vehículos ($1,1 millones). Y acumula un alto número de casos pendientes de resolución que superan –hasta la misma fecha- un total de $ 201,7 millones.
Solo los ramos de Todo riesgo petrolero, Aviación, Incendio y Líneas aliadas, Multiriesgo, Rotura de maquinaria, Responsabilidad civil y Agropecuario, sobrepasan los $162 millones que por razones no especificadas aún no se cancelan, según los reportes de cumplimiento de siniestros publicados por Seguros Sucre.
A julio de este año, los siniestros de riesgo petrolero sumaron 23 casos por $40,3 millones, cuando en el 2015, que es el primer reporte que realiza la compañía y están publicados en su página web, la cifra fue de 32 casos por $23,6 millones.
El rubro más alto en el 2019 es de la rama de Multiriesgo con 912 casos y $43,1 millones, mientras que en el 2015 fueron de 389 casos por $3,3 millones.
En el ramo agropecuario en el 2015 se presentaron 138 casos por $ 113.882, pero estaban pendientes de resolución 814 por $406,5 millones. A julio del 2019, los casos repuntaron a 5.474 por $ 2,8 millones.
En un análisis de la calificadora Class International Rating, Seguros Sucre presentó a junio del 2018 un total de 37.574 siniestros por $83,8 millones de dólares y en todo el año 2017 sumaron 53.332 siniestros por $126,8 millones.
Class International, aclaró que la cifra del 2017 corresponde solo a los siniestros aperturados, pero desconocen los casos que se mantienen en reserva de años anteriores.
En el caso de los siniestros pagados, al cierre de diciembre del 2018, la Corporación Financiera Nacional (CFN) detalló una cifra de pago de $146,5 millones, lo cual es inferior en 4,87% a lo pagado en el 2017. “Esto se debe a que en el período anterior se cubrieron los siniestros presentados en las pólizas de vehículos de la Policía Nacional, el cual fue absorbido como parte de la fusión con Rocafuerte Seguros”, detalló la entidad en su memoria del 2018.
El libre negocio de los reaseguros
“Seguros Sucre se ve en la necesidad de colocar facultativamente riesgos como centrales hidroeléctricas, Autoridades Portuarias, entre otros, debido a que así lo exigen en sus bases los mismos asegurados o porque sus contratos automáticos excluyen estos giros de negocio. Estas cuentas por lo general son colocadas facultativamente en 99% o 99,99% que se convierte en un 100% a colocar. Ninguna compañía de seguros puede hacer fronting, es por ello que las cuentas de Seguros Sucre se ceden hasta el 99,99%”.
Esta descripción de cómo se cede este tipo de riesgos al reaseguro internacional se encuentra en la calificación de riesgo hecha a Seguros Sucre por parte de Class International Rating a junio de 2018.
Por lo tanto, el argumento correísta de que los recursos se quedan en el mismo Estado si las instituciones públicas contratan con empresas del Estado fue solo un discurso en el caso de las pólizas de Seguros Sucre, que llegó a ceder hasta el 99,99% del riesgo (especialmente en los casos en que aseguraba enormes infraestructuras) a los reaseguradores extranjeros.
Gran parte del monto contratado por las instituciones y empresas públicas con Sucre no se queda para ser invertido en el Ecuador. Por lo tanto, los eventuales perjuicios al Estado habrían beneficiado a varios reaseguradores extranjeros, indicaron expertos en seguros y funcionarios de gobierno que han participado en algunos de los procesos contractuales ganados por las aseguradoras estatales.
Tal como funciona el sistema de contratación de seguros en el país, la aseguradora nacional actúa solo como una intermediaria. Además, existe mucha opacidad en relación a los contratos que Seguros Sucre ha suscrito con las reaseguradoras extranjeras. En teoría esos contratos deben registrarse en la Superintendencia de Compañías, pero si no se transparentan las tarifas que cobran las aseguradoras nacionales, mucho peor los costos que las reaseguradoras extranjeras cobran, así como sus márgenes de ganancia. No hay ningún nivel de control respecto al porcentaje de utilidad que estos obtienen. Tampoco se sabe cuánto se paga de comisión a los brokers de reaseguros. Todo esto se deja a libre discreción de estas grandes empresas. Por ejemplo, en la póliza de casco marítimo del Ministerio de Defensa, se asegura tanto el casco como la responsabilidad civil (ante terceros), dos coberturas grandes, pero el contratante solo conoce que cada uno de los reaseguradores cubren determinados porcentajes de riesgo por cada ítem asegurado, pero desconoce cuánto cobra cada reaseguro y si está cubierto al 100%.
El modus operandi de Seguros Sucre con sus bróckers y sus reaseguros también ha estado en la mira. En septiembre de 2018 asambleístas del movimiento CREO pidieron a la Fiscalía que reabra la investigación en la contratación de seguros y reaseguros de Sucre con CELEC.
Se denunció “una asociación ilícita interinstitucional para perjudicar al país en unos $38 millones”, donde CELEC contrata a Seguros Sucre y este a su vez a una intermediaria o bróker Security Re, cuyos propietarios son Esteban y Pedro Merlo Hidalgo. Este último casado con una sobrina de Diego Guzmán, quien renunció a la gerencia de Seguros Sucre pocos días antes y estuvo involucrado en el caso 30S.
Seguros Sucre, por su parte denunció a Security Re por falsificar los documentos con relación a las notas de cobertura para los reaseguros lo cual, aseguró en ese entonces que le impedía pagar $34 millones a CELEC que gastó para reparar los daños que sufrió en 2011 la presa de Pucará, como producto de un sismo en Tungurahua.
La Superintendencia de Compañías evalúa a los reaseguradores sobre la base de su capacidad de pagar siniestros, verificando su calificación de riesgos internacional con firmas como Stándar & Poors, Moodys.
Desde septiembre estaba prevista una auditoría financiera y operativa a Seguros Sucre
El pasado primero de agosto Mil Hojas envió un cuestionario a Jorge Lince, Intendente Nacional de Seguros de la Superintendencia de Compañías.  Entre las principales respuestas, enviadas el 21 de agosto, consta el anuncio de que la mencionada Intendencia ha planificado para el último cuatrimestre del año una auditoría a la situación financiera y operativa de Seguros Sucre. Tal declaración surgió en el contexto de las acciones del organismo de control frente a una presunta mala administración de la Casa de Valores Valpacífico a $8,3 millones en bonos que Seguros Sucre le entregó para su administración. La Intendencia de Seguros dijo que pide constantes informes de las acciones legales que sigue Sucre por este tema tanto dentro como fuera del país.
En cuanto al interrogante de qué normativa impide que sean públicos los contratos que las aseguradoras firman con los reaseguros, la Intendencia del ramo contestó que por el principio de dispersión del riesgo (característico del reaseguro), en estos contratos se plasman condiciones propias de cada negociación y que además está la cláusula de confidencialidad por las que no se puede “divulgar el contenido de las negociaciones u operaciones alcanzadas, ni durante su vigencia ni pasada ésta, de las informaciones que se hayan proporcionado entre sí, excepto cuando una autoridad lo requiera”.
Al consultar qué garantías tiene el Estado de que sus bienes asegurados serán respaldados por los reaseguros internacionales, pues solo deben estar registrados en la Superintendencia de Compañías, pero no se los controla, en resumen la Intendencia de Seguros respondió que la Superintendencia…”no tiene competencia para supervisar a compañías establecidas en otros países, estas empresas se sujetan a la tutela jurídica de las entidades supervisoras de los países donde estén domiciliadas”. Agregó “la compañía de seguros es el principal actor que debe velar porque las pólizas de seguros que emite estén debidamente respaldadas. Para que, de presentarse un siniestro, tengan el dinero para responder. Y en esos casos reciban el porcentaje convenido por parte del reasegurador”.
Sobre la disposición presidencial de evitar la contratación directa porque ha generado pérdidas de más de $1.400 millones, se consultó cómo ha aportado la Intendencia para cumplir esta restricción en el caso de Seguros Sucre. Su respuesta fue que la contratación pública no es su ámbito de control, que son las empresas públicas las que deben sujetarse a la Ley  y la Contraloría del Estado la debe velar porque así sea.
Respecto a la pregunta de cuánto ha sido (en porcentajes y dólares) el ajuste tarifario realizados por Seguros Sucre para enfrentar el nuevo escenario de mayor competencia, la autoridad dijo que el tema es “parte de las políticas y directrices internas de las aseguradoras, por tanto, no es competencia del órgano de control participar sobre dichos temas”.
En el Ecuador, para la contratación de seguros opera la ley de la oferta y la demanda y las condiciones de las pólizas y las tarifas serán el resultado del régimen de libre competencia del mercado de seguros. Así respondió la Intendencia en relación al interrogante de cómo se justifica que hay casos de ofertas más bajas de Seguros Sucre en pólizas en las que redujo sus propias tarifas de años anteriores.
Al consultar cuál es la norma que señala que las tarifas de seguros no son información pública, la autoridad volvió a mencionar a la libre competencia y dijo además que “el tarifario aprobado por el órgano de control puede ser modificado por la aseguradora en los planes de seguros propuestos, en atención a los riesgos asumidos, a la oferta propuesta, a la siniestralidad, entre otros factores”.
Sobre la base legal para los seguros extendidos, indicó que la normativa no especifica un periodo mínimo para la vigencia de los contratos de seguro, lo que si requiere, en el caso de las modificaciones, renovaciones o ampliación de vigencia es que se especifique el término de la misma.
La calificación de riesgo hecha a junio de 2018 conmina a Seguros Sucre a poner mayor énfasis en su gestión de cobranza para evitar un posible riesgo de incobrabilidad. En relación a esto la autoridad indicó que generalmente las empresas proveedoras del estado se ven afectadas por la demora en el pago, pero el tamaño de Sucre le permite al pago oportuno de sus siniestros. Pese a ello, la Intendencia admitió que la Junta de Regulación Financiera aprobó una reforma a la normativa de provisiones sobre cartera vencida. “Con esta norma se sincera la valoración de la cartera, se otorga una calificación a los deudores y el porcentaje de provisiones aumenta, a fin de promover que las compañías de seguros gestionen de forma adecuada la cartera, su antigüedad y su recuperación”.
Aspiramos que este especial, que ponemos a consideración de nuestros lectores, enrumbe el camino para descubrir qué pasó en el sistema de seguros estatales. Expertos en esta rama consideran que la ruta del dinero de la corrupción en el tema de seguros, pudo haber sido de 80 millones por año, una cifra que proyectada al período correísta bordea los 900 millones de dólares.