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Autor: mh

EXPORTACIONES FICTICIAS: EL DINERO LLEGA A LOS AMIGOS DE GLAS Y DIRECTIVOS DE LA LIGA PRO

La justicia al servicio del delito

En enero de 2016, la jueza de Garantías Penales del Guayas, María Jaramillo Hidalgo, sobreseyó a Luis Zúñiga Burneo, Álvaro Pulido Vargas, Amir Nassar Tayupe y Luis Sánchez Yánez, accionistas y representantes de la empresa Fondo Global de Construcción S.A. (FONGLOCONS), del delito de lavado de activos.

Entonces la justicia investigaba posibles irregularidades en las exportaciones que esa empresa, Fondo Global, hizo a Venezuela, entre 2012 y 2013, con el uso del Sistema Único de Compensación (Sucre).

La jueza Jaramillo consideró que la Fiscalía General del Estado no demostró la participación de los implicados en el delito. La resolución judicial, también ordenó la devolución de $ 56,3 millones a Fondo Global que permanecían retenidos en el Banco Central del Ecuador. De ese valor, $ 47.5 millones se encontraban en una cuenta corriente (3501068xxx) del Banco Amazonas y $ 8.8 millones en el Banco del Austro.

Las órdenes de retención del dinero  fueron revocadas mediante oficios del 22 y 23 de febrero de 2016, dirigidos al Banco Central del Ecuador, Banco Amazonas, a Juan Vélez, procurador general del Banco del Austro y al director de la Superintendencia de Bancos del Ecuador. Adicionalmente, el Banco Amazonas devolvió otros $ 3.3 millones de los saldos que Fondo Global tenía en otra cuenta corriente.

¿Cómo y quiénes retiraron los $56,3 millones de Fonglocons?

Fondo Global de Construcción suscribió un contrato de administración de portafolio y adendum con la empresa Kapital One Casa de Valores S. A. Kaovalsa, sobre los dineros depositados en el banco Amazonas, y autorizó a Kapital One a invertir el dinero en bonos del Estado.

Kapital One estuvo vinculada accionariamente con el Banco Amazonas y al Grupo empresarial Amazonas S.A. En julio de 2012, Banco Amazonas transfirió las acciones que tenía en Kapital One a Fausto Recalde Arboleda. El banco Amazonas es de propiedad de Simón Parra.

Actualmente, tiene siete accionistas de nacionalidad colombiana (Acosta Consultores, Alberto Carrasquilla, Agustín Morales, Álvaro Puentes y Gloria Velásquez; las empresas colombianas Cion S.A. e Inversiones Alcante; también se registra a Blue Crossway, una empresa panameña.

El 11 de marzo de 2016, Víctor Silva Sosa, entonces gerente general de Fonglocons, en una comunicación dirigida a Kapital One, solicitó “se realicen inversiones en valores de renta fija y renta variable negociados a través del mercado bursátil (Bolsa de Valores de Guayaquil y/o Quito), cuyo capital y rendimiento de las mismas deberán ser restituidos y/o depositados en las cuentas que se encuentren en procesos de apertura a favor de mi representada, Fondo Global de Construcción S.A. Foglocons”, dice la solicitud.

Dos meses después, en mayo de 2016, Silva Sosa indicó que iban a realizar una “inversión del 100% del dinero que se encuentra en custodia de Kapital One Casa de Valores, esta inversión será en Bonos del Estado Ministerio de Finanzas emitidos como pago de jubilación a profesores del Magisterio Nacional o en Certificados de la Tesorería Nacional”, indicó.

Los bonos fueron puestos a nombre de las empresas panameñas Prymera Asesores S.A., Whangarei Asset Corp. y M&M Loor Investments LLC, de origen estadounidense. Las tres compañías están relacionadas con Miguel Ángel Loor Centeno, actual presidente de la Liga profesional de Fútbol del Ecuador. En 2018, Loor fue investigado por el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) por ser un posible testaferro del exvicepresidente Jorge Glas.

Entre mayo y agosto de 2016, hubo varias solicitudes de desbloqueo de fondos y transferencias de dinero a través del sistema de pagos en línea desde la cuenta de Fondo Global a la cuenta de Kapital One.

Las solicitudes de retiro de fondos fueron realizadas por Víctor Silva Sosa y Miguel Ángel Loor, principalmente.

Por ejemplo, el 16 de junio de 2016, Víctor Silva escribió a Kapital One “solicito respetuosamente el retiro de los fondos producto de la venta de CETES mediante liquidaciones No. 220035 y 4095 debiendo ser acreditados a nombre de las siguientes personas: M&M Loor Investments LLC, USD 100.000 a la Cta. Cte. 81007xxx del Biscayne Bank en Miami-Florida; Jorge Zavala Egas, USD 100.000 a la Cta. Cte. 913836xxxx de Citibank en Miami-Florida y Ab. Víctor Silva Sosa, USD 348.243,56 a la Cta. Cte. 312104xxxx de Banco Pichincha”.

Al día siguiente, Sosa pidió que $ 91.000 sean depositados en la cuenta de M&M Loor Investments LLC, de Miami. El 24 de junio de 2016, Sosa Silva solicitó que $ 904.000 fuesen repartidos entre él, Zavala y M&M Loor Investments. Tres días después, hizo otra solicitud de retiro de fondos por $ 1.4 millones que se repartirían entre los mencionados anteriormente.

El 8 de agosto de 2016, Miguel Ángel Loor Centeno, representante legal de las empresas Whangarei Asset Corp. y Prymera Asesores S.A. pidió a Kapital One Casa de Valores negociar en el mercado bursátil secundario los títulos que tenían sus representadas bajo los contratos de administración de portafolio de valores de terceros (No. CAP-KO-0071 y No. CAP-KO-0070), porque “por motivos internos de la compañía requerimos monetización del mismo”, señaló en la solicitud.

Ese mismo día, Víctor Silva Sosa, representante legal de Fondo Global, solicitó a Kapital One “el retiro de los fondos por $ 44.000.000,00 producto de los recursos que se consignarán en cuenta de administración de portafolio, debiendo ser acreditados a nombre de las siguientes compañías: Prymera Asesores S.A. USD 24.000.000,00 y Whangarei Asset Corp. USD 10.000.000,00. Fondo Global de Construcción S.A. Foglocons, luego de estos retiros mantendrá como saldo en cuenta de administración de portafolio de valores de terceros No. CAP-KO-0069 el valor de USD 10.000.000”, indicó Sosa.

A esto le siguieron otras solicitudes de fondos, como la del 29 de agosto de 2016, por $ 2.985.000,00 millones, en la que Miguel Ángel Loor Centeno pidió que fuesen repartidos de la siguiente manera: “Ab. Miguel Ángel Loor Centeno $ 2.585.000,00 mediante transferencia a la Cta. 8100xxxx de Biscayne Bank en Miami-Florida; Joel Espinoza mediante dos cheques por USD 40.000 cada uno, Víctor León mediante dos cheques por USD 40.000 cada uno, Óscar Farez mediante dos cheques por $ 40.000 cada uno, Gabriel Bonilla mediante dos cheques por USD 40.000 cada uno, Néstor Molina mediante un cheque por USD 40.000 , Eduardo Yépez mediante un cheque por $ 40.000, Andrea Alonzo mediante dos cheques por USD 75.000 cada uno, Carlos Pesántez mediante 2 cheques por $ 75.000 cada uno, Edwin Porro mediante 2 cheques por $ 75.000 cada uno y Jorge Saltos mediante 2 cheques por $ 75.000 cada uno”.

El dinero de Fondo Global fue desviado a terceros sin justificación legal alguna.

Según documentos revisados por este medio, 18 personas fueron beneficiarias de los fondos de la empresa. En dos meses (entre el 17 de junio de 2016 y el 30 de agosto de 2016), retiraron un total de $53 millones de las cuentas de Fondo Global de Construcciones.

Los beneficiarios del dinero lavado

El 9 de agosto de 2016, fueron depositados $ 20 millones en las cuentas de Prymera Asesores S.A. y $ 10 millones a Whangarei Asset Corp., ambas empresas representadas por el abogado Miguel Ángel Loor.

Prymera Asesores y Whangarei Asset Corp son dos compañías panameñas creadas con $ 10.000 cada una, fueron inscritas en el Registro Público el 1 de julio de 2016. Cuarenta días después recibieron las millonarias transferencias de Fondo Global. Según el Registro Público de Panamá, el 30 de agosto de 2016, Miguel Loor fue nombrado presidente de las dos compañías.

Prymera Asesores y Whagarei Asset tienen el mismo directorio, conformado por María Moya, Jorge Vásquez e Iris Herrera, todos registrados con la dirección de la firma De Obaldía & García de Paredes, agente residente de las dos sociedades.

Otra de sus empresas, M&M Loor Investments LLC, creada en 2014, en Miami, Estados Unidos, recibió $791.000,00, por concepto de “devolución de fondos”. En septiembre de 2015, cambió su denominación a Usarel Management Group, LLC.

A título personal, Loor también recibió $ 6 millones, en una cuenta del Biscayne Bank en Miami, EE. UU.

En total, recibió $ 36,9 millones según los documentos revisados por este medio. Según datos de la Superintendencia de Compañías es accionista en 11 empresas.

¿Quién es Loor Centeno?

Loor Centeno fue investigado en 2018 por el Centro de Inteligencia Estratégica (ex Senain) por supuestos vínculos con Heriberto Glas, hermano del exvicepresidente Jorge Glas. Un documento de inteligencia señala que Loor junto a otro abogado “fueron vistos juntos en una camioneta marca Ford, modelo F150, color blanco y sin placas (…) dentro de esta camioneta se trasladaba dinero en efectivo proveniente de actividades ilícitas, dentro de cajas de poliestireno”.

Lea aquí la historia de Loor: “Los testaferros de Glas”

El organismo de inteligencia, solicitó (SEN-s16-2018-000) se haga una investigación exhaustiva para conocer quién es el beneficiario del dinero en efectivo que se trasladó en el vehículo Ford “en conjunto con los dos abogados mencionados y el hermano del exvicepresidente”; también pidió se genere un informe sobre los bienes, inmuebles y demás activos de Heriberto Glas y los vínculos que éste tiene con los abogados Xavier Cabezas y Miguel Loor.

El abogado Víctor Silva Sosa, exgerente general de Fondo Global de Construcción, recibió $ 5. 5 millones, que fueron retirados del Banco Amazonas bajo la razón de “devolución de fondos” y “retiro de fondos de portafolio”.

Desde 2012, Silva se desempeñó como representante de la empresa. En junio de 2014, fue designado como gerente general, por un período de cinco años. Silva, fue parte de la defensa del venezolano Luis Eduardo Sánchez Yánez, entonces accionista de Fondo Global. Luis Sánchez Yánez, es hermano de Jaime Sánchez Yánez, venezolano-ecuatoriano, quien fue guardaespaldas de Rafael Correa Delgado. Jaime Sánchez era uno de los hombres de confianza del expresidente de Venezuela Hugo Chávez Frías.

Los registros contables del 9 agosto de 2016, del Banco Amazonas, señalan que $5.5 millones fueron invertidos en bonos del Estado a nombre de Fondo Global, la misma fecha en que la empresa fue reactivada en la Superintendencia de Compañías. Actualmente, su situación legal es inactiva, pero en los registros de la Superintendencia puede leerse que las empresas españolas Fondo Global Petrolero S.L. y Grupo FGDC Latinoamericana Sociedad Limitadas son sus accionistas. Ambas relacionadas con Inna Veruska Pertuz Elles y Víctor Silva.

El abogado Jorge Zavala Egas recibió $ 3,8 millones en una cuenta del Citibank en Miami-Florida. Durante el juicio seguido por la Fiscalía en contra de Fondo Global, él asumió la defensa de Álvaro Pulido Vargas.

Como representante legal de Prymera Asesores S.A., Miguel Ángel Loor Centeno, solicitó el retiro de $ 390.000,00 para que fueran entregados a Luis Esteban de Guzmán de Ollague.

El 29 de agosto de 2016, Loor solicitó un retiro de fondos por $ 2.985.000,00 para él y otras 10 personas.  Según documentos revisados por este medio, se autorizaron 18 cheques que sumaron 1 millón de dólares. Dinero que fue repartido entre Joel Espinoza ($ 80.000), Víctor León ($80.000), Óscar Farez ($80.000), Gabriel Bonilla ($80.000), Néstor Molina ($ 40.000), Eduardo Yépez ($ 40.000), Jorge Saltos ($150.000) y los empleados de sus empresas: Andrea Alonzo Sabando ($150.000), Carlos Pesántez Siguenza ($150.000) y Edwin Porro Coronel ($150.000).

Carlos Pesántez desempeñó, entre 2014 y 2015, el cargo de contador en las empresas Maloorceleg S.A. y Zeynec S.A. Desde agosto de 2017, es contador en Mironova S.A. Las tres empresas pertenecen a Miguel Loor Centeno.

Andrea Alonzo fue auxiliar de contabilidad en 2015 y 2017, en las empresas Zeynec S.A. y Mironova S.A., respectivamente. El 30 de agosto de 2016, Kapital One, entregó al mismo Pesántez Sigüenza, contador de Miguel Loor, la notificación de que los cheques emitidos a terceros (incluido él mismo) habían sido autorizados por Prymera Asesores S.A.

En 2015, Edwin Porro trabajó en Zeynec S.A., para 2017, formaba parte de la nómina de Mironova S.A.

Jorge Zavala Egas, abogado de Fonglocons y Álvaro Pulido, confirmó que el dinero recibido fue por honorarios pactados con esa empresa. «Hubo dos expedientes diferentes: al que usted se refiere era procesado Álvaro Pulido, la empresa Fonglocons y otros más, en éste fui abogado de él (Álvaro Pulido) y de ésta (Fonglocons) por cuanto la incautación recayó sobre fondos de propiedad de ella».

Este medio envió varios mensajes y realizó llamadas a Miguel Ángel Loor Centeno, sin obtener respuestas. Ante su silencio se le remitió un banco de preguntas, las cuáles adjuntamos:

Los hombres de Fonglocons en el círculo de Correa

Mientras Jaime Sánchez Yánez cubría las espaldas a Rafael Correa Delgado, paralelamente su hermano, Luis Sánchez Yánez, trabajaba en lo que se convertiría en el mayor escándalo de lavado de dinero de los últimos años.

El 28 de noviembre del 2011, los presidentes Hugo Chávez y Juan Manuel Santos sellaron en Caracas, un acuerdo de preferencias arancelarias entre Venezuela y Colombia.  Meses más tarde, en marzo de 2012, el Ministerio de Vivienda de Venezuela firmó contratos por 654 millones de dólares, para la entrega de 8.400 casas a estratos populares. Como la falta de insumos ya afectaba al país bolivariano, el gobierno también autorizó la importación de casas prefabricadas, especialmente de Ecuador. Aquí aparecen los colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido, socios de la empresa Fondo Global de Construcciones, constituida en Bogotá el 24 de noviembre de 2011, apenas cuatro días antes de la suscripción del convenio de preferencias arancelarias entre los dos países.

En septiembre del 2012 Saab y Pulido concretaron un cuantioso negocio, al firmar contratos por 465 millones de dólares para exportar casas prefabricadas a Venezuela. De inmediato abrieron en Ecuador una ramificación del Fonglocons, a través del propio Pulido y un nuevo socio: Luis Sánchez Yánez. Álvaro pulido esta relacionado familiarmente con la ex senadora colombiana Piedad Córdova, cercana a las Farc.

Pero los negocios bolivarianos se truncaron en poco tiempo. El 4 de junio del 2013, la Fiscalía de Pichincha abrió una indagación para investigar la actividad del Fondo Global de Construcciones. En su pesquisa detectó que esta empresa desvió 156 millones de dólares recibidos de Venezuela, hacia cuentas en paraísos fiscales. Es decir, nunca se enviaron las casas prefabricadas, a pesar de haber registrado la exportación, sino que solo se recibió el dinero para transferirlo a cuentas de terceros. Las exportaciones ficticias constituyen un mecanismo de defraudación que ha generado miles de millones de dólares en pérdidas para la economía venezolana, utilizado para esconder todo tipo de actividades ilícitas.

Uno de los principales proveedores de Fonglocons, fue la empresa ecuatoriana Electrocables, propiedad del empresario Nasib Nehme, sobre quien se abrió una indagación por lavado de activos. En el expediente fiscal constan varios cheques de Fonglocons a favor de Electrocables, incluso pagos de la empresa de Nehme a Luis Eduardo Sánchez. Pese a existir estas evidencias, sorpresivamente, cuando se esperaba se formalice la instrucción fiscal, en junio de 2016, por petición del fiscal del caso un Juez resolvió el archivo del proceso.

Pero, las cifras manejadas en los procesos judiciales no son sino una sombra de la magnitud del mecanismo de lavado de dinero sucio venezolano en el sistema financiero ecuatoriano. Varias investigaciones han logrado detectar una cifra no menor a $2000 millones que se habría blanqueado en cuentas bancarias de empresas de fachada. En un nueva entrega presentaremos evidencia de este monumental sistema criminal forjado bajo el liderazgo y complicidad de los gobiernos de Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Rafael Correa y que hasta hoy se mantiene en la impunidad.

Arroz verde: la historia del sepulturero


Fernando Villavicencio, Christian Zurita, Nina Osorio

Pocos entendían por qué el Consejero despotricó con tanta vehemencia en contra de una investigación que aparentemente no afectaba al gobierno de Lenín Moreno, sino directamente al de Rafael Correa, su adversario reciente.
Pero, Cuesta sabía que los documentos de Arroz Verde pronto lo pondrían en escena junto a Pamela Martínez, Rafael Correa y Laura Terán. En esa entrega periodística exhibimos un mensaje de 16 de noviembre de 2012, enviado por Laura Terán Betancourt a Pamela Martínez Loaiza, en el que Terán le recuerda: “Estaría pendiente la cita con el señor Santiago Cuesta”.
El poderoso consejero de Lenín sabía que ese email abriría las puertas al infierno. Nuevas evidencias que forman parte del archivo de Terán Betancourt, aún no reveladas, ubican a Cuesta Caputi en la mesa de Arroz Verde y como parte de una trama de millonarios perjuicios al Estado ecuatoriano.
“Querido Presidente. Nunca antes había recurrido a Usted, para solicitarle intervención alguna en ninguna materia, ahora recurro ante Usted, por en un litigio que mantengo con el Ex Gerente de Seguros Sucre, quien desde el 5 de Septiembre de del 2011, ilegalmente me quitó un contrato y no me canceló valores que mi empresa ya había sufragado (…) encarecidamente le solicito me dé una cita de manera urgente para que conozca de primera mano este problema, ya que cuenta con varios informes que demuestran mi honesto accionar y me ayude a que no se cometa una injusticia en mi contra”.
Con este nivel de cortesía y complacencia, Santiago Cuesta Caputi se dirigió al ex Presidente Rafael Correa Delgado el 15 de noviembre de 2012 y le solicitó que intervenga ante la justicia para que se archive la denuncia por peculado que presentó Maximiliano Donoso, Ex Gerente de Seguros Sucre en su contra.

Santiago Cuesta Caputi, desde que ostenta el cargo de Consejero pulverizó su memoria y no le ha faltado oportunidad para derrochar odio e insultos en contra del expresidente Correa, calificándolo como “el más corrupto de la historia”.
El actual Consejero Presidencial, desde inicios de esta década, acarrea un problema judicial del que no ha podido librarse. Una auditoría externa contratada por Seguros Sucre en 2011 y un informe de la Contraloría de enero de 2013, señalan a su empresa Seprofin como autora de sobre facturación y refacturación, en la prestación de servicios exequiales a ciudadanos beneficiarios del bono de desarrollo humano, lo que le valió una demanda de peculado por un perjuicio de $3 millones. Eran los tiempos en que para Santiago Cuesta, Correa no era “el más corrupto de la historia”.
Al finalizar 2012, asustado por las acciones judiciales en su contra, Santiago Cuesta imploró ayuda a su amiga Pamela Martínez, con ella intercambió correspondencia, se reunió al menos una vez, buscó la intervención de Correa y obtuvo un informe presidencial a su favor que le permitió en la Fiscalía, dirigida entonces por Galo Chiriboga, sepultar el caso Seprofin (El sobreprecio con los muertos).
El encuestador de Alianza Pais, en su carta a Rafael Correa, via correo electrónico, le informó que Pamela Martínez había emitido un informe a su favor: La Dra. Pamela Martínez, que trabaja en directa relación con usted, y tengo entendido que a petición suya también emitió un informe en donde determinó tampoco había cometido delito alguno”,(sic).
La buena relación entre Martínez y Cuesta quedó marcada en una serie de comunicaciones y en un encuentro donde no solo se desgustó yogurt con pan de yuca y café, sino que dejó en escena el manejo de dinero en efectivo, a esa fecha y en ese despacho presidencial, de una cifra cercana a 700 mil dólares, de los que, ese día, se entregó $200 mil con un recibo de 400 mil dólares.
La correspondencia entre Pamela y Santiago


Con fecha 15 de noviembre de 2012, a las 17H48, Santiago Cuesta Caputi, desde la cuenta [email protected], dirigió un mensaje a la cuenta [email protected]de Pamela Martínez Loaiza, a esa fecha asistente de la Presidencia de la República, solicitando una cita con el entonces presidente Rafael Correa Delgado. En el mensaje Cuesta le cuenta a Martínez, que le ha escrito una carta al Presidente y remitido al email que Correa le había dado para que le envíe las encuestas de su empresa CMS. “Si Usted interceder o puede hacer algo por que me den la cita, le quedare eternamente agradecido” (Sic).
En efecto, al referido email se adjuntó una carta remitida minutos antes a la cuenta personal de Correa Delgado [email protected], misiva en la que Cuesta implora “desesperadamente” ayuda presidencial frente a la investigación que realizaba a esa fecha Seguros Sucre, la Contraloría General del Estado yla Fiscalía, por presuntos delitos de peculado y sobre facturación en los contratos que la empresa Seprofin, mantenía con la aseguradora estatal.
El mismo 15 de noviembre, seis minutos después, a las 17H54, Pamela Martínez, desde su BlackBerry respondió a Santiago Cuesta: “Me parece muy acertado el texto”. A las 22H50 del mismo día, hay otra comunicación entre Cuesta y Martínez, con el asunto: “Carta solicitu de cita al Presidente Correa” (sic).
A día seguido, viernes 16 de noviembre de 2012, a las 13H03, se registra otro mensaje de Pamela Martínez a Santiago Cuesta, en el que responde: “Claro con gusto”.
En horas de la tarde del mismo 16 de noviembre, a las 18H00, Santiago Cuesta y Pamela Martínez volvieron a comunicarse a través de las mismas cuentas de email y esta vez se incluyó una copia a Laura Terán Betancourt, asistente de Martínez Loaiza. En esta ocasión Cuesta le informa a Martínez: Pamela se canceló el programa de TV, estoy viajando ahora hacia Guayaquil, cree Usted que me pueda recibir a las 4pm” (sic).
Seis meses después, en mayo y junio de 2013, se retoman las comunicaciones entre Santiago Cuesta, Pamela Martínez y Laura Terán. El 28 de mayo, a las 22H26, Cuesta envía un mensaje a Martínez, con el asunto: Carta, en la que dice: “Estimada Pamela nuevamente recurro a Usted, como tabla de salvación para que me ayude en el mismo problema…”.(sic) Cuesta se refiere a los mismos litigios judiciales entre Seprofin y Seguros Sucre, hasta esa fecha no resueltos.
Dos minutos después, a las 22H28, Pamela Martínez, respondió el mensaje de Cuesta, con copia a la cuenta [email protected], de Laura Terán Betancourt, en el que dice “Voy a incluirlo en los temas de despacho de SP (Señor Presidente), el código utilizado en la trama de corrupción Arroz Verde.
El viernes 7 de junio de 2013, a las 17H46, Laura Terán Betancourt, desde su cuenta personal [email protected]dirigió un mensaje a la cuenta [email protected], de su jefa Pamela Martínez Loaiza: “Estimada Doctora acompaño registro despacho para su revisión” (sic). Uno de los tres adjuntos era un registro completo de los chats entre Laura Terán y Pamela Martínez del día 17 de enero de 2013. El intercambio de mensajes entre Terán (Laury) y Martínez (PAM/Jesús yo confío en ti) incluyen disposiciones sobre una reunión con Santiago Cuesta Caputi.
Según la correspondencia revisada, Santiago Cuesta tenía un encuentro pactado con Pamela Martínez en el Club La Unión el 17 de enero del 2013. Ella pidió a Laura Terán retrasar 30 minutos la cita, pero, en el mismo chat se advierte que Cuesta acudió a la oficina de Pamela Martínez en el edificio Concorde en Quito, ubicado en la avenida 12 de Octubre y Salazar (a una cuadra de La Unión). En el chat archivado por Laura Terán el mismo día de la reunión (17 de enero de 2013) consta un diálogo entre Martínez y Terán, en el que Pamela ordena “sáqueme doscientos mil líquido” de la caja con “clave del closet 041968”, ademas dispone que el recibo sea por $400 mil y el código “395”.


La metida de mano que benefició a Cuesta
El 24 de abril de 2014 se dictó auto de sobreseimiento en favor de Santiago Cuesta por el caso Seprofin. El fiscal Byron Granda, en acuerdo con Galo Chiriboga, se abstuvo de acusar a Cuesta, dejando de lado el contundente informe de Contraloría de enero del 2013 y los resultados de la auditoria externa realizada por Seguros Sucre, que determinaron que la empresa de Cuesta perjudicó al Estado en más de 3 millones de dólares.
En un evidente tráfico de influencias, Santiago Cuesta solicitó la intervención de Correa para salvarle de un juicio por peculado, doble facturación y falsificación de documentos. Correa medió y el caso Seprofin quedó empolvado en la Fiscalía.
La caja del muerto SÍ tiene bolsillo
Seprofin es la empresa de Santiago Cuesta que en 2011 protagonizó un escándalo de sobrefacturación y refacturación de servicios exequiales, utilizando los servicios funerarios a través de cuatro coordinadoras funerarias, la mayoría piratas.
Cuando moría un beneficiario del bono de desarrollo humano, sus familiares gestionaban los beneficios para entierro, traslado y seguro de vida del fallecido. A ellos, siempre llegaba una de las coordinadoras para atender los servicios funerarios con el objetivo central de ser intermediarias y pasar la factura a Seprofin que al final, era la empresa que cobraba a Seguros Sucre.
Las coordinadoras se valían de los servicios que legalmente prestaban las funerarias en cualquier lugar del país, a ellas comprometían el pago, a precio de mercado, recibían la factura, copiaban los datos del muerto y le “ponían bolsillo”. Estas coordinadoras se guardaban las facturas del proveedor local (real) y enviaban otra a Seprofin, con sobreprecios desmesurados; Seprofin a su vez, utilizaba las facturas de las “coordinadoras” para cobrar a Seguros Sucre.
El proceso precontractual y contractual entre Seguros Sucre y Seprofin está plagado de irregularidades. La sobrefacturación que la empresa de Cuesta presentó a Sucre, más de 3 millones de dólares que debieron destinarse para atender a los beneficiarios fallecidos del Bono de Desarrollo Humano, terminaron en los bolsillos de Seprofin, como establecen los informes de Contraloría y MC.
Santiago Cuesta hizo negocio con la gente que moría: se aprovechó del ínfimo subsidio que el Estado entrega a las familias del Bono de Desarrollo Humano. Como representante legal de Seprofin, usó a esta empresa para lograr un contrato “a dedo” para “brindar servicios de exequias”, cuando Seprofin desde su constitución en 1999, era proveedora de Servicios de Procesamiento Contable y Asesoría en Finanzas Internacionales, de ahí sus siglas. Santiago Cuesta cambió el objeto social de la empresa a “Prestadora de Servicios de Exequias” para poder “legalizar” el contrato con Seguros Sucre. Acto seguido, creó una red fantasma con 4 coordinadoras que intermediaban con las funerarias locales, cuando un beneficiario del bono fallecía.
La Contraloría General del Estado el 13 de enero de 2013 aprueba un informe de examen especial a Seprofin, (entre agosto de 2009 y septiembre de 2011) en el que se incluye el perjuicio de Seprofin a Seguros Sucre por más de 3 millones de dólares. Esta cifra de pérdidas coincide con los resultados de una auditoria externa que Seguro Sucre contrató con la empresa Management Consultants para revisar los fraudes cometidos en el contrato a inicio de 2011.

Seprofin: de asesora contable a funeraria
Los beneficiarios del Bono de Desarrollo, junto a los $50 que reciben como subsidio del Estado desde 1998, tienen derecho a diversos beneficios, entre ellos la asistencia en caso de fallecimiento. En el marco de la atención a las familias vulnerables en condiciones de pobreza y extrema pobreza, el Ministerio de Inclusión Económico y Social (MIES), el 5 de octubre de 2009, contrata con Seguros Sucre una póliza de vida y servicios de exequias a favor de las personas habilitadas en el Bono de Desarrollo Humano, Pensión por Adulto Mayor y Pensión para Personas con Discapacidad, llamada “Póliza de Seguro colectivo de Vida 000491”.
El 1 de octubre de 2009, Oscar Herrera, gerente de Seguro Sucre, firma un contrato de prestación de servicios con Seprofin, con vigencia al 31 de diciembre del mismo año. Seprofin firma el contrato pese a no haber ofertado; ofertó si, Fidelity Assistance en alianza con Seguros Porvenir. Pero, ¿cómo es que firma el contrato sin haber ofertado? ¿Cómo es que firma el contrato si su razón social lo impedía? Pues fácil para Santiago Cuesta.
Según el informe de Contraloría referido, Él dijo que su empresa no podía aumentar el capital de Fidelity porque el trámite llevaba entre 60 y 90 días y era Seprofin una empresa que tenía un patrimonio más cercano para lograr la contratación. Lo mismo sucedió con el otro tema, si no estaba calificada para dar servicios funerarios, cambió su objeto y razón social; ahora Seprofin era “Servicios Exequiales Previsivos Integrados, Seprofin”, y listo, Santiago tenía vía libre para su negocio.
Seprofín S.A. realizó el cambio de razón social en la Notaría 17 del doctor Remigio Poveda Vargas el 15 de septiembre de 2009. Seprofin reformó sus estatutos y agregó a su objeto social: “La prestación en forma directa o indirecta de servicios exequiales, funerarios, de sepultamiento, de cremación, velación, traslado de restos mortales, arrendamiento de sala de velaciones, y más actividades relacionadas”
Contraloría observó que Seprofin al momento de la firma del contrato tenía como objeto social una actividad económica diferente a la que consta en el contrato. Para el 1 de octubre de 2009, fecha de la firma del contrato, Seprofin no contaba con la razón social de prestación de servicios exequiales. El gerente de Seprofin, Santiago Cuesta, no informó que su razón social eran servicios contables, ni que se realizó el cambio de la razón social de la empresa. El cambio del objeto social solo se legalizó el 9 de noviembre del 2009.
No solo que Seprofin ofreció servicios que no constaban en su razón social, sino que la contrataron bajo Régimen Especial o a dedo, como era el estilo del correísmo. Seguros Sucre omitió realizar un concurso de ofertas para la previsión de los servicios de exequias, una negociación directa que no garantizó la idoneidad y capacidad de la empresa para ofrecer los servicios de manera transparente. Se terminó adjudicando un contrato millonario a una empresa de contabilidad, que a último momento se transformó en empresa funeraria.
Seprofin aumenta sus ganancias
La primera oferta de Seprofin fue un plan de seguro de vida por $1000, por el servicio de previsión de exequias de hasta $1500 y un costo de $1 mensual por afiliado. Luego de negociaciones con el MIES y los ejecutivos de Seguros Sucre, se acuerda que el valor de aporte por afiliado sea de $0,50, que se reparte así: $0,13 para Seguros Sucre y 0,37 para Seprofin por los servicios exequiales.  En el primer período, entre el 1 de octubre y 31 de diciembre Seguros Sucre entrega a Seprofin $1.842.134,18 por la atención de 1469 casos de exequias. Después, 1 de enero del 2010 el contrato con Seprofin fue inmediatamente renovado. Durante ese período Seguros Sucre pagó $8.936.144,91 por la atención de 13323 casos.
Seprofin, durante su segunda contratación, aumentó sus ingresos porque el 3 de mayo del 2010 junto con el gerente de Seguros Sucre modificaron una cláusula en la que ahora la aseguradora reconoce pagar $0,42 en vez de los $0,37 anteriores, lo que significó un aumento del 14% del contrato. Además, si comparamos el contrato de 2010, con el de 2009, en el de 2010, Seguros Sucre se compromete a pagar el 2% de comisión por la administración del servicio exequial, sobre el total del valor facturado por Seprofin.
La red de funerarias: una pantalla de intermediación
Seprofin logra una segunda renovación de la póliza y vuelve a firmar el contrato con Seguros Sucre el 28 de diciembre del 2010, con vigencia de un año. A partir del 1 de enero de 2011 Seprofin cambia su modalidad de operación. Durante esta etapa, entre enero y julio de 2011, se atendieron 10042 casos y Sucre pagó a Seprofin $6.532.177,43.
Seprofin, sin ser una empresa que brinda servicios exequiales, tenía un contrato millonario que solventar. Tal avalancha de servicios exequiales, requirieron la creación de una red de cuatro coordinadoras subcontratadas por Seprofin para que brinden dichos servicios en todo el territorio nacional.
Servicios Exequiales San Daniel, Funerarias Gonzalo Mendoza, Funeraria Terán Jiménez y Taller Funeraria Valdéz son las funerarias contratadas. Esta coordinadora intermediaba entre los servicios prestados por funerarias locales y Seprofin. La coordinadora emitía facturas a Seprofin, con sobreprecio que en algunos casos llegaba al triple de los costos reales. Ninguna de las 4 coordinadoras ofreció servicios realmente, estableció Contraloría.
El informe presentado por la auditoría de Management Consultants apunta que Funerales Gonzalo Mendoza fue la única empresa de la coordinadora que disponía de los medios e instalaciones adecuadas para brindar el servicio a Seprofin. Las otras tres funerarias constan en el SRI como personas naturales que carecían de los medios suficientes para prestar estos servicios. Esta fue la razón por la que acudieron a solicitar servicios en funerarias locales.

El bolsillo del muerto se explica de la siguiente manera: Una funeraria local, en cualquier parte del país, presta sus servicios y factura a una de las 4 empresas “coordinadoras”, creadas por Santiago Cuesta y estas, a su vez, sobrefacturan a Seprofin, empresa que nunca estuvo apta para este trabajo, pero que refacturaba a Seguros Sucre para cobrar los sobreprecios.
Santiago Cuesta, como representante de Seprofin, nunca comunicó de manera escrita a Seguros Sucre de la contratación de las 4 coordinadoras funerarias a nivel nacional, pese a que el contrato lo permitía. Pero en una comunicación del 9 de diciembre del 2011 a Seguros Sucre, Cuesta asegura que sí lo hizo vía correo electrónico. El 16 de mayo del 2012, la Directora de Operaciones Técnicas del Programa de Protección Social emite un informe técnico donde certifica que no existe la recepción del mail que el gerente de Seprofin aseguró haber enviado. Santiago Cuesta mintió a la aseguradora para sostener su negocio. Si revelaba la contratación de las funerarias coordinadoras, Sucre se hubiera enterado que no todas eran empresas, sino personas naturales. Además, dejaría al descubierto que esas 4 coordinadoras estuvieron obligadas a subcontratar con funerarias reales que sí brindaron sus servicios y pondría en evidencia la refacturación y sobrefacturación de la que se benefició Seprofin.
Seprofin y el negocio con la muerte de los pobres
¿Pero cómo funcionó le mecanismo de refacturación y sobrefacturación que realizó Seprofin según el informe de Contraloría?
Contraloría en su examen especial analizó 37 facturas de las funerarias que prestaron los servicios excequiales en diferentes provincias del país. Estas funerarias locales emitían facturas a nombre de la Coordinadora de Servicios Excequiales (intermediarias) por cada caso atendido. A su vez, la Coordinadora (intermediaria) emitía una segunda factura, ésta ya con sobreprecio, a su nombre, con Seprofin como destinatario, donde hacía constar de forma íntegra la información de los fallecidos: número de caso, nombres y apellidos, lugar, etcétera. Es decir, Seprofin tomaba la factura de su intermediaria la ponía a su nombre y presentaba a Seguros Sucre. Aquí, un claro ejemplo, el caso 23080 que tiene un 113% de sobreprecio.
Seprofin recibe las facturas de las cuatro coordinadoras y refactura cada caso con sobreprecio a Seguro Sucre para que la aseguradora pague por los servicios, en donde además incluía el 2% de comisión. Las facturas emitidas por Seprofin a Sucre nunca reflejaron costos reales de los servicios de exequias en territorio. Deliberadamente, Seprofin remitía solo las facturas provenientes de sus cuatro coordinadoras, pero ocultó las facturas de funerarias que ofrecieron los servicios reales. Seprofin en las facturas afirma que los prestadores de servicios fueron sus coordinadoras (intermediarias), lo cual es falso.
Las coordinadoras a nombre de Seprofin sí pagaron a los proveedores los costos reales (como destaca el cuadro) que no se reflejaron en las facturas que ellas entregaron a Seprofin, lo cual, según la Contraloría, constituyó un perjuicio total para Seguros Sucre de $3.074.549, 78 (Tres millones setenta y cuatro mil quinientos cuarenta y nueve dólares con setenta y ocho centavos).

Este incremento de precios fue injustificado; Seprofin generó información falsa y especulación que configura el delito de peculado. Santiago Cuesta vio una posibilidad millonaria de negocio en la sepultura y velación de los más pobres de este país de 2009 a 2011, usó a su empresa de contabilidad (Seprofin) y armó una red fantasma de funerarias para engordar sus bolsillos a costa de los recursos de los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano.
Funcionarios de Seguro Sucre sospecharon del fraude que realizaba Cuesta con Seprofin, así que dispuso una investigación sobre los costos por servicios de exequias en Quito, Guayaquil, Portoviejo y Manta, con una auditoria externa realizada por Management Consultants. Los resultados de la auditoria coinciden con el informe de Contraloría. El Servicio de Rentas Internas, en silencio.
Dadas estas irregularidades, Seguros Sucre suspende el contrato con Seprofin de forma anticipada el 5 de septiembre de 2011. El 8 de septiembre del mismo año, Maximiliano Donoso coloca una denuncia en Fiscalía en contra de Santiago Cuesta Caputti por el delito de peculado, 2,3 millones de dólares es el monto real que costaron los servicios exequiales a los beneficiarios del Bono de enero a junio de 2011, pero Seguro Sucre terminó pagando a Seprofin 5,3 millones de dólares. El perjuicio es de más 3 millones.
La sepultura de Seprofin
Seprofin, como empresa de asesoría contable, no había recibido contratos significativos hasta que se ganó la lotería con el contrato de Seguros Sucre cuando debió disfrazarse de funeraria. En los años 2005, 2006, 2007, 2008 Seporfin registra un pago $0,00 de impuesto a la renta, incluso aludía presentar pérdidas. Solo en 2009 cuando se firma el contrato con Sucre pagó más de 60 mil dólares de impuesto a la renta; $244.488,90 en 2010; y, $44.990,82 en 2011. Una vez suspendido el contrato con Seguros Sucre, Seprofin vuelve a declarar $0,00 de impuesto a la renta hasta la actualidad. Es decir, el único contrato de la empresa de Santiago Cuesta, fue el de los pobres muertos.

Seprofin muere después de haber hecho negocio con el dinero de los beneficiarios del Bono de Desarrollo. Es una empresa inactiva, declarada como tal en abril del 2014 por la Superintendencia de Compañías, y finalmente disuelta por la autoridad el mismo año, por inactividad.
El negocio con el dinero de los fallecidos más pobres del país engordaron los bolsillos de Santiago Cuesta, a través de Seprofin. Cuesta es públicamente conocido como encuestador, dirige la empresa encuestadora Credit Management Solutions (CMS), sin embargo, esta empresa registra $0,00 pago de impuesto a la renta de 2010 a 2014.

Una justicia cuesta arriba: La impunidad de Seprofin
Son ya ocho años que los familiares de los fallecidos beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano ni siquiera han reparado que Seprofin hizo negocio con sus muertos. La complicidad no se represa en el SRI, la Fiscalía jugó un papel preponderante para sepultar en el olvido la corrupción de la empresa de Santiago Cuesta. El 24 de abril de 2014, el fiscal de Pichincha de la Unidad Especializada de Soluciones Rápidas, Byron Granda presentó un dictamen abstentivo a favor de Santiago Cuesta, frente a la denuncia hecha por Donoso desde Seguros Sucre.
La intervención de Correa y Pamela Martínez en la justicia son la explicación de la decisión del fiscal, que además sobreseyó a Cuesta, cuando había de por medio un informe de Contraloría que dejó en evidencia el millonario perjuicio que causó Seprofin a Seguros Sucre.  El fiscal Granda desconoció este informe, y no tomó en cuenta la facturación a precio de mercado de las proveedoras privadas, sino solo las emitidas por las coordinadoras, que son las que Seprofin y Santiago Cuesta forjaron para beneficiarse de este negocio.
Santiago Cuesta nunca apuesta limpio, ayer le dio lo mismo llamar a Rafael Correa “Querido Presidente” que ahora tildarlo del mayor de los corruptos. Después de haber enterrado tantos muertos con sobreprecio, recordamos al poeta español León Felipe: “No sabiendo los oficios los haremos con respeto. Para enterrar a los muertos como debemos, cualquiera sirve, cualquiera… menos un sepulturero”.

ASÍ ERA MY WEB DAY, EL SOFTWARE DE ODEBRECHT CON INFORMACIÓN DE LOS SOBORNOS

*Este artículo fue originalmente publicado por El Comercio de Perú el 28 de octubre del 2018

Era un programa tan reservado al que solo un puñado de los más de 128.000 trabajadores de Odebrecht podía acceder. Ingresar a él significaba conocer el lado oscuro de la compañía: saber cómo y dónde la constructora brasileña había sobornado con millones de dólares a funcionarios y políticos alrededor del mundo.

Tal vez por ello, cuando se sintió cercado por los avances de la operación Lava Jato, Hilberto Silva, líder de la división de sobornos de Odebrecht, no tuvo mejor idea que arrojar su computadora portátil y la llave de acceso al software My Web Day B al fondo del mar de Miami. Era mediados del 2015.

En su declaración a la justicia de Brasil, en noviembre del 2016 (ocho meses después de su arresto), Silva contó que My Web Day B era un software corporativo que crearon específicamente para “solicitar, procesar, pagar y controlar todas las operaciones” del área que dirigía: el Departamento de Operaciones Estructuradas (DOE). El programa administraba la contabilidad paralela de la compañía. Por esa razón, su acceso era exclusivo para quienes conformaban su diminuto equipo (no menos de cinco personas), con la excepción de Marcelo Bahía Odebrecht, quien recibía informes periódicos de lo que allí pasaba.

Orígenes

La idea de My Web Day B nació en el 2006, al año siguiente que Marcelo Odebrecht asumiera el liderazgo del holding. Silva, veterano trabajador de finanzas de la multinacional, fue convocado para fundar y liderar el DOE.

No se sabe con exactitud desde cuándo la empresa comenzó a pagar sobornos, pero sí que desde que se creó el DOE dicha práctica se multiplicó de manera vertiginosa, al igual que las ganancias de la empresa: la fiscalía de Brasil estima que el DOE alcanzaba cifras récord de 10 millones de dólares en movimientos en un solo día. Hoy se conoce que por cada dólar que gastaba la empresa en sobornos, recuperaba el triple en utilidades.

Al inicio, las coordinaciones entre los miembros del DOE se hacían con un sistema ordinario que tenía la multinacional, llamado My Web Day. Este era utilizado principalmente por el área de tesorería para registrar sus tareas diarias. Sin embargo, este no cumplía con las nuevas demandas de Silva, quien instaló las oficinas del DOE en Sao Paulo y Salvador de Bahía (ciudad natal de la familia Odebrecht)

“Tenía la necesidad de tener un control informatizado de los pagos. Sin embargo, el sistema que tenía la empresa (My Web Day) no atendía las necesidades de gestión de mi área en cuanto a las funciones de tesorería y cuentas a pagar”, narró Silva a la justicia.

Así que solicitó apoyo al área de sistemas para que crearan un software alternativo al oficial, que permitiría a cada uno de los miembros del DOE ingresar desde sus computadoras sin importar donde estuvieran. Los técnicos le dieron la solución: «My Web Day B».

Mudanzas y perfección

A fines del 2006, decidieron, por razones de seguridad, cambiar de lugar el servidor que almacenaba la información del nuevo programa. El destino elegido fue Angola. Ahí estuvo hasta mediados del 2007 debido a que el país africano presentaba muchos problemas de conexión a Internet. “Pensé cambiar de local en Panamá, pero era un país donde teníamos operaciones y la premisa era estar en un lugar donde no lo había. Me decidí por Ginebra [Suiza]”, contó Silva.

Odebrecht contrató a Safe Host, empresa dedicada al almacenamiento de datos informáticos de entidades bancarias y transnacionales, con sede en la comuna de Plan-les-Ouates. Allí también alojaron Drousys, el sistema de correos electrónicos que utilizaban los ejecutivos del DOE para comunicarse con los ‘doleiros’ (traficantes de divisas), testaferros y operadores financieros.

Sin embargo, las preocupaciones de Silva continuaban.

Por entonces, las solicitudes de pago de los líderes empresariales o los superintendentes de cada país se hacían por teléfono o el correo corporativo. Una modalidad desprolija a criterio de Silva. En el 2009, el ejecutivo pidió de nuevo apoyo al área de sistemas de Odebrecht.

Ellos crearon un correo cifrado separado de los servidores oficiales para que canalicen los requerimientos de pago. El dominio era @fox.com y solo se podía acceder por intermedio de una IronKey –memoria USB encriptada– que se le dio a cada ejecutivo y líder empresarial que participaba en este esquema de sobornos.

El sistema alcanzó tales niveles de sofisticación que, en palabras de Deltan Dallagnol, el fiscal brasileño líder del equipo Lava Jato, hicieron casi irrastreable la ruta que siguió el soborno.

  • 3.300 millones de dólares fue la cifra en sobornos y aportes a campañas políticas que destinó el DOE durante nueve años
  • ​6 terabytes es la cantidad de información contable que almacenó My Web Day (tres veces más que los Panamá Papers)
  • La Policía Federal de Brasil identificó cerca de 2000 nombres en código de personas que recibieron sobornos de Odebrecht por intermedio de My Web Day B.A medida que avanzaba la operación Lava Jato, las alarmas de la constructora se intensificaron. A mediados del 2014, Odebrecht dispuso que el DOE se trasladara fuera de Brasil.

Caída y pericias

“Creo que todos ustedes deberían irse al extranjero a trabajar porque aquí cuando usen el teléfono tendrán miedo, cuando usen la computadora tendrán miedo […] e irán a dormir preguntándose si al día siguiente la policía vendrá por ustedes”, les dijo el entonces CEO de la constructora al equipo de Silva.

Los ejecutivos se instalaron en Santo Domingo (República Dominicana) y los fines de semana se iban a Miami. De esa manera, seguían operando pero con mayor precaución. La empresa reconoció que entre el 2015 y 2016 continuaban pagando sobornos en Ecuador y Guatemala, a pesar de que Marcelo Odebrecht había sido arrestado el 19 de junio del 2015, en la fase 14 del Caso Lava Jato.

Pero la historia para My Web Day B estaba acabando. El sistema fue desactivado luego de la detención de Odebrecht y recibieron la orden de desmantelar lo que habían creado. Según una pericia de la policía brasileña de inicios de este año, se hallaron evidencias en el servidor de la empresa “de destrucción de datos”.

Esto ocurrió tres días después de que cayera Odebrecht. Los miembros del DOE intentaron destruir los datos almacenados y las IronKey con el propósito de impedir que accedieran al sistema.

En marzo del 2016, la fiscalía suiza confiscó el servidor alojado en Ginebra, luego de arrestar al tesorero del DOE cuando quería cerrar una cuenta. Los suizos consiguieron una copia de seguridad, la cual compartieron con Brasil. Hoy el desafío de las autoridades es descifrar los secretos de este complejo sistema. Secretos que Silva trató de esconder en el fondo del mar.

Sepa más

  • Odebrecht tenía una copia de su servidor en el Data Center de la empresa Bahnhof Internet Med Sekretess, en Estocolmo, Suecia. Esta fue enviada a Brasil por la misma empresa en el 2017.
  • La primera en acogerse a la delación premiada del equipo de DOE fue María Lúcia Tavares, a cargo de los pagos en Brasil. Esto sucedió en marzo del 2016 y significó el inicio de las delaciones de sus demás ejecutivos.
  • Además de los miembros de DOE, estaba Isaias Ubiraci Chaves Santos, quien no aparecía en el organigrama oficial, pero era quien confeccionaba las planillas de pago a pedido de los lideres empresariales o superintendentes.
  • Los fondos de DOE provenían de la caja 2, contabilidad paralela de Odebrecht producto de dinero no declarado y sobrecostos de obras.

Nuevos nombres se suman a la red de abusos de «el abuelo»

Redacción MilHojas

Al cierre de la instrucción fiscal por el delito de Trata de Personas que se sigue contra el estadounidense Royce Phillips, alias ‘el abuelo’, y Christian Giler, alias ´Careniña’, la Fiscalía de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional vinculó en el proceso a tres jóvenes que se dedicaban a reclutar a menores de edad con fines de explotación sexual.
Las pruebas ingresaron al expediente de Trata y según el fiscal encargado, José Reinaldo Córdova, existen suficientes evidencias que hacen presumir que Julio Erazo, Chistian Álvarez y Jonathan Paredes, todos mayores de edad, “tienen autoría directa en el hecho que se investiga”.
Estas vinculaciones se dan luego de los resultados de las pericias de los dispositivos electrónicos encontrados en las casas de Phillips y Giler, en los que aparecen nuevas víctimas menores de edad y también sus victimarios, según fuentes policiales.
El testimonio de una de las víctimas de la red de trata de personas, dado el pasado 6 de junio ante la cámara de Gessel, fue determinante para relacionar y confirmar que ‘el abuelo’ es la cabeza de una organización dedicada a la explotación sexual de menores de edad junto con un grupo de ‘reclutadores’ de menores del cual formarían parte Erazo, Álvarez y Paredes.
Por dos ocasiones, la adolescente intentó dar su testimonio y contar cómo en dos de las habitaciones de la residencia de ‘el abuelo’ se grababan todo tipo de videos sexuales con menores de edad. Los pretextos fueron varios: desde supuestos atrasos, la ausencia del abogado de Royce Phillips y críticas de supuesta falta de colaboración de la víctima por pedir que su testimonio sea dado de espalda al acusado.
El tercer intento fue el vencido y dio paso a un testimonio revelador. La víctima ofreció detalles de cómo Phillips, el estadounidense de 65 años, solicitaba a sus reclutadores (Christian Giler y Julio Erazo) videos sexuales y ‘packs’ (videos y fotos de niñas masturbándose); pormenores de cómo se daban las fiestas en su residencia, quiénes las frecuentaban, quiénes proporcionaban la droga y el alcohol.
Este testimonio sirvió también para que la fiscal de Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional, María Susana Rodríguez, pidiera -a 14 días de terminar la instrucción fiscal- sumar al expediente de Trata las pericias de dispositivos electrónicos que se encontraron en las viviendas de Giler y Phillips en marzo pasado. El caso estuvo inicialmente en manos de la fiscal Tania Moreno.
El 11 de junio, Rodríguez solicitó que un perito especializado “extraiga la información” de un CD-R, marca Maxell, y que se determine la relación telefónica y cruce de llamadas de todos los números encontrados en ese dispositivo que se encuentra en cadena de custodia. Los resultados se presentaron el 16 de junio último.
Reconstrucción de la muerte de Carolina, el pasado 20 de marzo, con dos de los jóvenes que arrojaron el cadáver en un terreno baldío. Foto:El Comercio
El 12 de junio, la fiscal ordenó además que, en un plazo de cinco días, se realice “la experticia de secuencia fotográfica” de un DVD-R16X que es parte del informe técnico pericial informático forense, ingresado en cadena de custodia el 31 de mayo pasado. Y que la misma experticia se realice en un disco duro externo, marca MY Passport.
El objetivo: Identificar a las decenas de menores de edad que aparecen en los videos y fotografías encontradas en los dispositivos mediante la pericia “identificación fisionómica e identidad morfológica”.
Una de las últimas disposiciones de fiscalía es la emitida el 17 de junio para que se realice una pericia de fidelidad y transcripción del testimonio de una nueva víctima (realizado el 16 de mayo pasado y que ingresó al centro de acopio con cadena de custodia). Y finalmente la del 18 de junio para ampliar la versión de Giler, junto con la de Julio Erazo, su novia Samanta Y., David V., Rosario M. y Juan Carlos D.; además de extraer toda la información del teléfono Huawei de Giler.
Giler, Erazo, Paredes y Álvarez no eran los únicos reclutadores. A ellos se suma, según el testimonio de las víctimas, Antoni M. quien fue sentenciado el 17 de junio pasado a 8 años de internamiento institucional, lo que significa que estará privado de su libertad en un centro de detención que será determinado por el juez, por violación con resultado de muerte de la menor Carolina A., la máxima pena por este delito sancionado en el Código Orgánico Integral Penal. En este proceso también están involucrados Giler, Víctor Hugo Ch. y Jonathan Paredes.
Mientras que a las menores Melani T. y Dejaneira C., quienes junto con Christian Giler y Antony lanzaron el cuerpo de Carolina en un terreno baldío el 26 de agosto del 2018, luego de limpiarlo y vestirlo una vez que fue violentado y asfixiado -como lo confirmó la autopsia y la exhumación-, recibieron una pena de medidas socioeducativas que consiste en un llamado de atención verbal y un año de libertad condicional asistida; es decir, deberán acudir a sesiones psicológicas y educativas.
Los involucrados enfrentan otros procesos
Desde el 28 de mayo, Royce Phillips enfrenta también una denuncia por abuso sexual a un menor de edad y otra causa por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización.
Christian Giler, a más de los procesos de violación con muerte y Trata, suma otros por intimidación, ataque y resistencia, delito flagrante por robo, daño a bien ajeno y violencia psicológica contra la mujer. Él se encuentra recluido en el Centro de Detención Provisional de Varones (El Inca) y el 21 de junio amplió su versión, su último recurso antes del cierre de la instrucción fiscal de Trata dado este 25 de junio.
Desde este Centro, Giler ha tenido acceso a su red social Facebook para enviar a sus víctimas advertencias y amenazas exigiendo el retiro de las denuncias. Hace semanas, estos mensajes fueron intimidantes; hace pocos días, el tono cambió a conciliador.
El estadounidense Royce Phillips enfrenta tres procesos en su contra: por Trata de Personas, tráfico ilícito de drogas y abuso sexual.
Otra víctima amenazada
La violación de Mariana (nombre protegido) ocurrió en octubre del 2017. Fue drogada y abusada por Christian Álvarez. Pese a que los exámenes médico legales (físicos, sicológicos y toxicológicos) confirmaron el abuso sexual, no se inició la investigación fiscal.
La abogada Cecilia Espinoza tomó el caso en abril pasado y contó que ninguno de estos elementos fue ingresado al expediente; solo aparecieron dos versiones de los familiares de la víctima que denunciaron amenazas e intimidación.“Nunca tuvieron respuestas, siempre respondieron que regrese mañana”, dice.
La causa se inició con la toma de versiones; pero con la activación de las investigaciones, la víctima empezó a recibir amenazas. Fue interceptada el 18 de junio pasado por una mujer adulta que se identificó como una enviada del principal sospechoso. “La perseguía por varias cuadras y la amenazaba mientras caminaba junto con una amiga; (a ambas) les quitó los teléfonos celulares y les exigió poner las claves para desbloquearlos y llevárselos. Todo esto, mientras la amenazaba para que no dijera nada, le ordenaba que siguiera caminando y que no regresara a ver, de lo contrario le dispararía e iría a buscar a su familia”, detalla la abogada.
El fiscal Jorge Gordillo Viteri lleva esta causa y la semana pasada pidió formalmente la incorporación de los exámenes periciales al expediente. Se espera el parte policial sobre la amenaza a la víctima para solicitar a la Fiscalía que la incluya en el Programa de Protección de Víctimas y Testigos.

LOS FISCALES DEL PROCESO QUE INVESTIGA LA VIOLACIÓN CON MUERTE DE CAROLINA
Fiscal Mariana Huilcapi
Como fiscal especializada en violencia de género, empezó con el caso de Carolina, pero fue reemplazada por Paola Córdova. Antes de su cambio dejó lista la reformulación de cargos para los jóvenes Juan Carlos Ch. y Jonathan P. para que sean juzgados por homicidio/femicidio por estar con Carolina horas antes de su muerte. Para ellos, Córdova dictó medidas alternativas y siguió el proceso como violación con muerte.
Antes del cambio, Huilcapi solicitó la realización de la segunda autopsia con la exhumación del cuerpo de Carolina; sus conclusiones contradijeron el informe de los agentes Henry Montenegro Santacruz y Patricio Cuzin Cano, de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased), quienes aseguraron que Carolina falleció de “forma natural por un edema agudo de pulmón, pancreatitis aguda hemorrágica consecutivo a probable intoxicación”. Carolina -según la segunda autopsia- fue asesinada mediante asfixia mecánica, golpeada y violentada.
Fiscal Jorge Gordillo
Especializado en adolescentes infractores, actuó en primera instancia en el caso de Antony M. y junto con la fiscal Paola Córdova, a cargo del proceso por la violación con muerte de Carolina, se acercaron a la madre de la menor en privado para ofrecerle agilidad en el caso y plantearle la necesidad de declararlo como reservado si renunciaba al patrocinio de su abogado Milton Castillo. El jurista abandonó la causa el 26 de abril de este año y ese mismo día el proceso se declaró reservado.
Fiscal Paola Córdova
Ya conoció un caso en contra de Christian Giler, denunciado por violación (delito flagrante) el 28 de abril del 2018, cuatro meses antes de la violación y muerte de Carolina. En esta denuncia Córdova, no siguió adelante con el proceso y tampoco dictó cargos. El investigado tenía que usar brazalete, pero posteriormente se lo retiró sin autorización. Antes, el 29 de enero de ese mismo año, Córdova fue sancionada por el Pleno del Consejo de la Judicatura por una infracción disciplinaria al inobservar el principio de celeridad (artículo 75 del Código Orgánico de la Función Judicial) en otro caso.
Fiscal Alejandra Sigcha
El 25 de abril reemplazó a Córdova e ingresó en el expediente del proceso de violación con resultado de muerte los resultados de la segunda autopsia tras la exhumación del cuerpo de Carolina. Córdova fue ascendida a coordinadora de fiscalías, mientras que Huilcapi fue cambiada por cinco ocasiones de fiscalía a pesar de que su especialidad es la de violencia de género.

Triste sanción a Policías que alteraron informe de muerte de Carolina 
Por el caso de violación con muerte de Carolina existen varios fraudes procesales que están siendo tratados por vía administrativa en la Policía Nacional con suspensiones y llamados de atención cuando -según la norma jurídica- son delitos y corresponde que la Fiscalía inicie procesos por la alteración de evidencias, en opinión de Juan Pablo Albán, uno de los integrantes el equipo jurídico que apoya a una de las testigos protegidas.
Según la ministra del Interior, María Paula Romo, las actuaciones de los agentes Henry Montenegro Santacruz y Patricio Cuzin Cano estaban siendo investigadas, pero no dio detalles porque su escueta aclaración se difundió a través de Twitter en respuesta a un usuario que la cuestionaba sobre las acciones que las autoridades están tomando para descubrir quiénes dieron la orden para alterar el informe sobre la muerte de Carolina.
El 6 de diciembre del 2018, la madre de Carolina presentó a la Policía Nacional una denuncia en contra de los dos agentes por alterar los resultados de la primera autopsia y sugirió un posible acuerdo entre los sospechosos de la muerte de su hija con los agentes de la Dinased para no informar la verdad. Pero el 23 de diciembre, la Unidad Zonal de Asuntos Internos del Distrito Metropolitano de Quito resolvió que “no procede el inicio de un sumario administrativo en contra de los dos agentes” y sugirió el archivo de la causa porque la denuncia no cumplía con los requisitos estipulados en el COESCOP (Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público)”.
Nueve meses después, la misma Unidad Zonal de Asuntos Internos los sancionó por “falta administrativa disciplinaria grave por emitir información o informes infundados relativos a la institución a su servicio”. La sanción fue pecuniaria y alcanzó el 8% de su remuneración mensual.
Asuntos Internos de la Policía Nacional, no acogió denuncia de madre de Carolina para sancionar a agentes que alteraron informe de autopsia de su hija.
Contradiciéndose a su decisión inicial, Asuntos Internos de la Policía sancionó a agentes con “8% de su salario”. No aclaró si agentes recibieron órdenes superiores para cambios en informe de autopsia.
Este portal solicitó una entrevista a la Secretaria de Estado el pasado 28 de mayo y se canalizaron los temas para la entrevista con Guillermo Rodríguez, subsecretario de Orden Público. Una semana después con María Augusta Chico.
Los temas que se plantearon a la ministra fueron: Cuál es la tasa de homicidios, comparaciones, evolución en últimos años; casos de muertes violentas que analiza la subcomisión de Homicidios Intencionales; el caso Carolina A. y el accionar de la Dinased; y las medidas tomadas por la Policía y Ministerio del Interior para enfrentar redes de trata de personas.
No ha habido respuesta al pedido de Mil Hojas.

 

Filtración revela millonarios pagos asociados con el escándalo de Odebrecht

Por Sasha Chavkin
En diciembre de 2016, cuando la empresa constructora brasilera Odebrecht S.A. reconoció el armado de un inmenso sistema de corrupción, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos describió como “el mayor caso de sobornos extranjeros en la historia”, se desató una ola de escándalos políticos en toda Latinoamérica.
Cayeron gobiernos, y algunos expresidentes y funcionarios de alto rango, además de los ejecutivos de Odebrecht, pasaron de transitar los pasillos del poder a dormir tras las rejas. En su confesión, la empresa dio detalles pormenorizados de sus delitos y aceptó cooperar con los fiscales de la región, que se han comprometido a llevar a todos los involucrados ante la Justicia.
Marcelo Odebrecht detenido, fue el punto de no retorno que condenó a centenas de ejecutivos y políticos de América Latina y África.
En su confesión, sin embargo, Odebrecht no contó la historia completa.
“División de Sobornos”, una nueva investigación llevada adelante por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), revela que esos pagos a cambio de contratos eran aún más grandes que lo admitido por Odebrecht, y que involucraban a destacadas figuras y enormes proyectos de obras públicas que no aparecen mencionados ni en las causas judiciales en trámite ni en ninguna otra investigación oficial hasta la fecha.
El nuevo hallazgo se desprende de la filtración de un enorme número de documentos y registros del “Departamento de Operaciones Estructuradas”, una división de Odebrecht creada básicamente con el propósito de manejar los sobornos que entregaba la empresa. Esos registros fueron obtenidos por la organización de noticias ecuatoriana La Posta, y luego compartidos con el ICIJ y 17 medios aliados en el continente americano. Las filtraciones revelan pagos secretos a lo largo y a lo ancho de toda la región, y que se van mucho más allá de lo informado públicamente hasta ahora. Entre otras cosas, lo registros revelan:
• Pagos secretos de Odebrecht por más de 39 millones de dólares vinculados con la construcción de la gigante central termoeléctrica de carbón de Punta Catalina en República Dominicana. Las dos investigaciones oficiales previas sobre el proyecto, que informaron no haber encontrado hechos delictivos, no mencionan estos pagos.
Central termoeléctrica de carbón de Punta Catalina en República Dominicana.
• Diecisiete pagos por un total de más de 3 millones de dólares relacionados con un gasoducto en Perú. Entre los beneficiarios listados de esos pagos se encuentra una empresa propiedad de un político peruano que en una grabación no vinculada a este caso y difundida recientemente por un programa televisivo de Perú aparece complotando el asesinato de un adversario político.
• Emails donde se discuten los pagos secretos realizados por un banco propiedad de operarios de Odebrecht a empresas fantasma y relacionados con un contrato de 2.000 millones de dólares para la construcción de una red de subterráneos en Quito, capital de Ecuador. Los documentos no revelan quién recibió el dinero.
Metro de Quito, el proyecto iniciado por Odebrecht pasó a ser controlado, luego de los escándalos de corrupción, por la española Acciona; el sistema Drousys identifica pagos realizados por este proyecto, el caso ya es investigado en la fiscalía por una denuncia del ex asambleísta César Montúfar.
• Pagos relacionados con más de una docena de otros proyectos de infraestructura en países de toda la región, incluidos más de 18 millones de dólares vinculados a la red de subterráneos de la Ciudad de Panamá, y más de 34 millones de dólares relacionados con la Línea 5 de la red de subterráneos de Caracas, Venezuela.
Drousys detalla todas las transferencias realizadas por las empresas off shore de Odebrecht a favor de miles de empresas fantasmas constituidas en todos los paraísos fiscales del mundo; el reto es descubrir a quién pertenecen esas compañías.
Los pagos de Odebrecht a funcionarios públicos eran de tal escala que la empresa creó una división especial interna, el Departamento de Operaciones Estructuradas, cuyo propósito básico era el manejo y pago de sobornos. Los archivos obtenidos por La Posta y el ICIJ contienen más de 13.000 documentos que esa unidad de Odebrecht almacenaba en una plataforma de comunicaciones secretas conocida como Drousys. Esos mismos registros también fueron obtenidos, de manera independiente, por el medio de prensa ecuatoriano Mil Hojas, que luego se sumó a este proyecto.
En Brasil, epicentro del escándalo, el expresidente por dos mandatos Luiz Inacio Lula da Silva –calificado alguna vez por Barack Obama como “el político más popular del planeta”–, cumple una larga condena en prisión por corrupción y negociados, incluidos delitos vinculados a Odebrecht. El 17 de junio de este año, la empresa Odebrecht anunció que presentaría ante la justicia un Procedimiento Preventivo de Crisis, para reestructurar su deuda de 13.000 millones de dólares y evitar la quiebra.
Hace más de cuatro meses que el ICIJ trabaja con más de 50 periodistas de 10 países en un análisis a fondo de los registros contables de ese “Departamento de Sobornos” de la empresa Odebrecht.
En un comunicado enviado al ICIJ, Odebrecht ratificó su compromiso de plena cooperación con las autoridades que investigan la corrupción vinculada a la empresa. “Odebrecht seguirá haciendo todos los esfuerzos ante las autoridades competentes en un régimen de colaboración irrestricto”, informó en su declaración.
La empresa no quiso responder sobre casos individuales.

LA DIVISION DE SOBORNOS
¿Qué es este proyecto?
“La División de Sobornos” o "Bribery Division" (Archivos Secretos de Odebrecht) es una investigación internacional de más de 50 periodistas en más de 10 países en torno al funcionamiento de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, vinculadas con proyectos de la compañía en América Latina y África.
¿Qué documentos son?
El equipo exploró más de 13.000 documentos obtenidos por el portal La Posta y compartidos con ICIJ, que fueron almacenados por la División de Operaciones Estructuradas en una plataforma secreta de comunicaciones conocida como Drousys. Estos archivos fueron también obtenidos por separado por el medio ecuatoriano Mil Hojas, que también se sumó al proyecto.
¿Quiénes participaron en la investigación?
El proyecto se desarrolló bajo la coordinación del Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación (ICIJ, por sus siglas en Inglés). Participaron 17 medios, en Argentina, Brasil, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Estados Unidos, Venezuela.
¿Qué es el ICIJ?
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación es una red global de periodistas de investigación y una organización periodística sin fines de lucro.
¿Qué hacía la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht?
Recolectaba fondos por fuera de la contabilidad formal de la Constructora Norberto Odebrecht. Ese dinero era usado para pagos ilícitos, que podían ir desde financiamiento de campaña electorales o sobornos a funcionarios públicos, hasta pagos de viajes o bonos a sus ejecutivos.
¿Qué documentos se publicarán?
Se publicarán documentos específicos asociados con las historias, pero el ICIJ no publicará documentos en masa, sino únicamente documentos puntuales vinculados con la historia principal.

¿Por qué parte de la historia permaneció oculta?
El escándalo Odebrecht es un imparable terremoto político que sacude a Latinoamérica.
Las revelaciones sobre pagos ilegales han tumbado gobiernos en Brasil y Perú y llevado al encarcelamiento de expresidentes de ambos países. Y a medida que se fueron descubriendo nuevos destinatarios de esos sobornos, los fiscales de toda la región han imputado a un creciente y constante número de funcionarios públicos y privados.
El Presdiente Ollanta Humala y Marcelo Odebrecht, Perú es el país que mas esfuerzos desplegó para conocer el sistema de sobornos que estructuró la constructora carioca.
Pero las nuevas filtraciones dejan en claro que la red de corrupción de Odebrecht se extendía a muchos proyectos de obras públicas y a personalidades públicas que hasta ahora no habían sido alcanzados por la ley, lo que genera dudas sobre la total honestidad de la confesión de Odebrecht ante las autoridades y sobre la voluntad política de algunos fiscales para avanzar con los casos.
Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana, una agrupación anticorrupción de República Dominicana, dice que los negociados relacionados con el proyecto energético y la falta de respuesta del gobierno dominicano socavan la credibilidad de las instituciones políticas del país.
“En el país hay un sistema de complicidades para el enriquecimiento de una minoría, tanto del sector público como privado, basado en el empobrecimiento de la mayoría”, dice Pimentel. “Eso es lo que revela el caso Odebrecht.”
El desenmascaramiento de las prácticas corruptas de la empresa también ha causado agitación política, desatando la furia de los políticos del establishment y alimentando una creciente inestabilidad.
“Cuando todos los partidos tradicionales quedan deslegitimados, se abre espacio para la insurgencia de un populista”, dice Yascha Mounk, politólogo de la Universidad Johns Hopkins dedicado al estudio del declive global de la democracia liberal.
Cuando Lula da Silva quedó afuera de la contienda por la presidencia debido a su condena judicial, los votantes tomaron la crucial decisión de elegir al exmilitar ultraconservador Jair Bolsonaro, que hizo campaña despotricando contra las élites corruptas y que una vez dijo que la dictadura militar que gobernó Brasil de 1964 a 1985 debería haber asesinado a 30.000 personas más.
Las filtraciones también dejan al desnudo el rol que jugó el oscuro mundo de las finanzas offshore, que fue el que hizo posible el funcionamiento de la oficina de sobornos de Odebrecht. Si bien los beneficiarios de los sobornos eran casi todos de Latinoamérica, los pagos invariablemente se canalizaban a través de una secreta red de empresas y cuentas fantasma en paraísos fiscales.
Esas turbias entidades offshore canalizaban cientos de millones de dólares en pagos secretos, a través de empresas y bancos en países de todo el mundo, incluidos Estados Unidos, China, los Países Bajos, los Emiratos Árabes Unidos, Panamá, y Antigua y Barbuda. En un caso, los pagos pasaron de Odebrecht a una empresa radicada en las Bahamas y de ahí a una con domicilio en República Dominicana, que luego compró un departamento de 2 millones de dólares en el centro de Manhattan.
En total, según datos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre 2001 y 2016, la empresa Odebrecht pagó más de 788 millones de dólares en concepto de sobornos, que le reportaron unos 3.300 millones de dólares en ganancias mal habidas.
“Es alucinante pensar que esto funcionó durante tanto tiempo”, dice Shruti Shah, presidente y CEO de Coalición por la Integridad, una organización sin fines de lucro de la ciudad de Washington que impulsa mayores controles para frenar la corrupción empresarial y gubernamental.


El auge de Odebrecht
La empresa fue fundada en 1944 por Norberto Odebrecht, descendiente de inmigrantes alemanes llegados en el siglo XIX, en la ciudad portuaria de Salvador de Bahía, Brasil. El padre de Norberto Odebrecht había fundado anteriormente una empresa constructora que tuvo que cerrar por los altos precios de los materiales durante la época de la Segunda Guerra Mundial.
Las décadas pasaron y Odebrecht se fue convirtiendo en la empresa constructora más grande de Latinoamérica, de la que dependían los gobiernos de la región para la realización de sus grandes proyectos de obras públicas, desde autopistas hasta centrales eléctricas.
La empresa atribuye su éxito a un conjunto de elevados “principios, conceptos y criterios” elaborados por su fundador y a los que llama Tecnología Empresarial Odebrecht. Entre esos principios, señala la “Educación por el Trabajo”, la “Asociación entre los integrantes” y la “Confianza en las personas”. A lo largo de los años, la presidencia de la empresa fue cambiando de mano, pero siempre dentro de la familia Odebrecht, primero de Norberto a su hijo Emilio, en 1991, y luego a su nieto Marcelo, en 2009.
Bajo el liderazgo de Marcelo Odebrecht, un delgado ejecutivo de anteojos que alguna vez fue conocido como “El Príncipe”, los ingresos anuales de la empresa crecieron astronómicamente, de 17.500 millones de dólares en 2008, a 45.800 millones de dólares en 2014. Ganando licitaciones para la construcción de descomunales proyectos de obras públicas –entre ellos, un gasoducto en Perú por 7.000 millones de dólares, la central termoeléctrica de 2.000 millones de dólares en República Dominicana, y la red de subterráneos en Perú por 2.000 millones de dólares–, el grupo Odebrecht consolidó su posición como contratista dominante en Latinoamérica y como una de las mayores contratistas del mundo entero.
Odebrecht aprovechó sus estrechos vínculos con el influyente presidente brasilero Lula da Silva, cuyo gobierno recurrió a la empresa para la realización de proyectos de infraestructura que era parte de su agenda de desarrollo y de su ambicioso programa de lucha contra la pobreza.
Pero el vertiginoso crecimiento de la empresa bajo el mando de Marcelo Odebrecht también se vio potenciado por otro factor: los negociados a gran escala.
Las operaciones de sobornos de la empresa eran de tal magnitud que en 2006 la empresa creó una división especial para el manejo de esos pagos. El Departamento de Operaciones Estructuradas “funcionaba en los hechos como una oficina de sobornos”, según consta en una declaración de hechos que las autoridades hicieron de la empresa, y que Odebrecht reconoció como “cierta y exacta”, como parte del acuerdo de admisión de culpabilidad negociado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ninguno de esos pagos quedaba registrado en en los libros contables de la empresa y por lo tanto eran ilegales, como más tarde declararía ante los fiscales peruanos el extesorero de esa oficina, Fernando Migliaccio.
La compañía, sin embargo ha dicho que no todos los pagos de ese Departamento fueron sobornos.
“En esos sistemas hay registrados varios trabajos de la compañía”, declaró en julio de 2018 la filial de Odebrecht en Perú, en referencia al sistema Drousys y a otra plataforma usada por el Departamento de Operaciones Estructuradas que tampoco figura en los libros contables. “Eso no implica que en todos esos trabajos haya habido sobornos o corrupción.”
Así funcionaba la Oficina de Sobornos
El Departamento de Operaciones Estructuradas combinaba el sigilo de una organización delictiva con la burocracia de una gran corporación.
Para comunicarse en secreto, la oficina de sobornos elaboró el sistema Drousys, una plataforma por fuera de los libros contables que incluía el envío seguro de emails y mensajes instantáneos.
En esas comunicaciones, los empleados de Odebrecht y los destinatarios de los sobornos solo figuran bajo apodos, muchos de los cuales todavía no han sido descifrados. Los empleados tenían nombres en clave como “Gigo” y “Waterloo”, mientras que a los receptores de los sobornos se les solía adjudicar apodos más coloridos, como “Bambi”, “Robocop”, Darth Vader” y “Stalin”.

Esos registros incluyen discusiones abiertas y explícitas sobre cómo garantizar la confidencialidad del sistema. En una de esas cadenas de emails, los empleados de la empresa hablan de dividir un soborno multimillonario en pagos más chicos, para evitar despertar la sospecha de los bancos.
También se hallaron planillas de cálculo que rastrean el historial de pago de coimas de la oficina. Una de ellas consigna más de 600 pagos por un total de 230 millones de dólares, realizados entre fines de 2013 y fines de 2014.
Como luego revelarían las investigaciones penales, entre los tantos proyectos que esa oficina ayudó a encaminar para la empresa Odebrecht se encuentran la red de tránsito rápido de Lima, Perú, una represa en el estado de Michoacán, México, y un proyecto de la central hidroeléctrica en Ecuador.
El sistema de corrupción de Odebrecht fue finalmente desbaratado por los fiscales brasileros durante la famosa investigación por corrupción conocida como Operación Lava Jato. Lanzada en marzo de 2014, la pesquisa primero se enfocó en el lavado de dinero a través de pequeños negocios, como los lavaderos de automóviles, pero luego se expandió cuando el dinero sucio condujo a los investigadores al descubrimiento de un gigantesco complot de sobornos y licitaciones amañadas que involucraba a la petrolera estatal brasilera Petrobras y al grupo privado Odebrecht.
En junio de 2015, los funcionarios de la justicia brasilera que investigaban sobornos, licitaciones amañadas y sobreprecios en contratos con el Estado, arrestaron a Marcelo Odebrecht, y en marzo de 2016, un tribunal brasilero lo condenó a 16 años de prisión, sentencia que luego fue reducida y convertida en arresto domiciliario a cambio de su cooperación con las autoridades.
En diciembre de 2016, la empresa Odebrecht llegó a un acuerdo de aceptación de responsabilidades con los fiscales de Brasil, pero también con los de Estados Unidos y Suiza, ya que ambos países se sumaron a la causa tras descubrir que los pagos ilegales de la empresa habían pasado por bancos suizos y estadounidenses. La empresa logró evitar el juicio tras aceptar dar una detallada declaración pública de sus delitos y acordar el pago de una multa de 2.600 millones de dólares.
Esa “declaración de hechos” de 23 páginas describe en detalle cómo fue creado el Departamento de Operaciones Estructuradas y con qué propósito. La empresa admitió que esa oficina canalizaba fondos no registrados en los libros a través de empresas y bancos offshore en paraísos fiscales, a veces utilizando contratos ficticios para encubrir sus operaciones. Al final, ese dinero se usaba para sobornar a políticos, funcionarios públicos y partidos políticos.
Como parte de las revelaciones a las que se comprometía en su acuerdo con la justicia, Odebrecht le entregó a los fiscales una gran cantidad de documentos, entre ellos, planillas de cálculo con un seguimiento de los pagos secretos, declaraciones de las cuentas en bancos offshore, emails, registros de transacciones, contratos y registros informáticos, todos almacenados en su sistema Drousys.
Jorge Glas, ex vicepresidente; Ricardo Vieira de Odebrecht junto a Walter Soliz y el ex presidente Rafael Correa, , juntos fueron el motor de la corrupción al mas alto nivel
Las revelaciones de Odebrecht desataron una ola de indignación y malestar en toda Latinoamérica. El arresto del expresidente Lula da Silva por cargos relacionados con la causa Odebrecht produjo fuertes enfrentamientos entre sus seguidores y sus detractores en las calles de Brasil. En República Dominicana, los manifestantes anticorrupción del Movimiento Verde exigieron el fin de la impunidad para los políticos involucrados con Odebrecht.
Los acuerdos de cooperación y las confesiones resultaron en causas judiciales de alto perfil. El exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas está preso, tras haber sido condenado por recibir sobornos de Odebrecht. El expresidente peruano Ollanta Humala enfrenta cargos por corrupción que podrían resultar en una condena a 20 años de prisión.
En abril de 2019, la policía llegó con una orden de arresto derivada del caso Odebrecht a la casa del predecesor de Humala, el expresidente peruano Alan García. Cuando intentaron arrestarlo, García se encerró en su dormitorio, sacó un arma y se suicidó.
Acosado por las pruebas en su contra, Alán García, ex presdiente del Perú, prefirió el suicidio.
Los fiscales han dicho que el caso Odebrecht es un hito en la lucha contra la corrupción pública en Latinoamérica y a nivel global.
En una declaración en la que anunciaba en el acuerdo de colaboración de Odebrecht, el entonces fiscal de Estados Unidos para el Distrito Este de Nuevo York, Robert L. Capers dijo que “El mensaje enviado por esta fiscalía es que Estados Unidos, en colaboración con sus colegas de las fuerzas de la ley del extranjero, no dudarán en responsabilizar a aquellas corporaciones e individuos que busquen enriquecerse a través de la corrupción de las legítimas funciones de gobierno, sin importar cuán sofisticado sea el sistema que utilizan para hacerlo.”
La letra chica
Pero resultó ser que el amplio acuerdo de colaboración de Odebrecht con Brasil, Estados Unidos y Suiza tenía límites significativos.
De hecho, a Odebrecht no se la obligó a contar todo. En su detallada exposición de los hechos, por ejemplo, la empresa revela cuánto pagó en total en sobornos en toda la región, pero no especifica a qué proyectos iban destinados esos sobornos ni quién los había recibido.
Los fiscales de otros países están trabajando con las autoridades brasileras para reunir pruebas y algunos han presentado cargos contra políticos y otras personas implicadas en el sistema de Odebrecht. Mientras tanto, la empresa y sus ejecutivos están negociando acuerdos de inmunidad o de reducción de la pena a cambio de cooperación. Hasta el momento, ya se firmaron acuerdos de colaboración premiada en Perú, República Dominicana, Panamá, Ecuador y Guatemala, junto con los de Brasil, Estados Unidos y Suiza.
Una de las condiciones de esos acuerdos es que los países se comprometen a no procesar a los ejecutivos de Odebrecht que ya se declararon culpables y firmaron acuerdos de cooperación con la justicia de Brasil.
Según los analistas, sin embargo, mucho depende de que los gobiernos tengan la voluntad política y los recursos para investigar y llevar a juicio esos delitos. Las operaciones de sobornos de Odebrecht alcanzaron los más altos niveles de la política y la sociedad en toda la región, y cada país respondió de manera muy diferente. Durante los dos últimos años, por ejemplo, los fiscales de Perú han enviado 68 pedidos de informes a las autoridades brasileras, mientras que los fiscales dominicanos solo han enviado tres.
El economista dominicano
Resta mucho por descubrir sobre el entramado de empresas, acuerdos de consultas y servicios, y cuentas bancarias secretas utilizados por la oficina de sobornos de Odebrecht.
Pero hay algo que queda claro: los archivos Drousys de esa oficina contienen los nombres de muchas importantes figuras que ocupan cargos de responsabilidad y que nunca fueron abiertamente cuestionados por sus relaciones con Odebrecht, hasta ahora…
Andrés Dauhajre es un conocido miembro de la dirigencia política dominicana.
Dauhajre es un economista de anteojos y pelo entrecano que escribe una columna semanal en el diario El Caribe. Integró una delegación de líderes empresarios que acompañaron al presidente dominicano Danilo Medina en su visita de Estado a China, en noviembre pasado.
El economista también preside la Fundación Economía y Desarrollo, una consultora económica que suele obtener contratos con el Estado dominicano y que tiene su sede en Santo Domingo, capital del país.
A fines de 2013, cuando la empresa de servicios públicos dominicana ofrecía un contrato para la construcción de la central termoeléctrica de Punta Catalina, una planta de 770 mega watts sobre las costas del Caribe, recurrió a la consultora de Dauhajre, entre otras dos, para evaluar las propuestas de los ofertantes.
Para entonces, el organismo de servicios públicos ya había descalificado a varios ofertantes, argumentando pobreza técnica en sus presentaciones, y el único candidato en pie para el trabajo era un consorcio empresarial liderado por Odebrecht.
De todos modos, para alzarse con el contrato, Odebrecht seguía necesitando que aprobaran su oferta económica y su plan de financiamiento. Dauhajre y otros consultores aprobaron su plan, y a Odebrecht se le otorgó un contrato por más de 2.000 millones de dólares, cientos de millones más que algunas de las ofertas de sus competidores desplazados.
Cuando el escándalo de Odebrecht estalló en toda Latinoamérica, la empresa admitió frente a los fiscales, en diciembre de 2016, que sus pagos ilegales incluían 92 millones de dólares en sobornos en República Dominicana. De inmediato, el proyecto de Punta Catalina quedó bajo un manto de sospecha.
Entonces fue nombrada una comisión para investigar el contrato, presidida por monseñor Agripino Núñez Collado, un influyente hombre de la Iglesia dominicana. Entre los testigos citados por la comisión se encontraba Dauhajre.
El 5 de febrero de 2017, tres días después de su testimonio, Dauhajre rechazó indignado las sospechas de que el contrato de Odebrecht estuviese inflado.
“La supuesta sobrevaluación de Punta Catalina es la mentira mejor mercadeada en los últimos años en la República Dominicana”, escribió Dauhajre en su columna en El Caribe, uno de sus varios artículos periodísticos en los que defiende públicamente la construcción de la planta y su financiamiento. En esas columnas, Dauhajre no menciona ninguna relación financiera entre él y la empresa Odebrecht.
Finalmente, la comisión no encontró pruebas de irregularidades en la licitación o el financiamiento de la planta, y le regaló una importante victoria a Odebrecht. En su presentación de cargos contra 7 acusados en el caso Odebrecht, en junio de 2018, el fiscal general de República Dominicana dijo haber llegado a una conclusión similar, y que su equipo había investigado a fondo el caso de Punta Catalina, sin encontrar evidencia alguna de corrupción.
Los libros contables del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht muestran decenas de pagos que parecen habérseles escapado a los investigadores, ya que no tuvieron acceso a los registros ahora obtenidos por el ICIJ.
Una planilla de cálculo que consigna los pagos ocultos de la oficina entre fines de diciembre de 2013 y fines de diciembre de 2014 revela 62 pagos por un total de 39 millones de dólares, relacionados con una “Planta Termo” o “Planta Termoeléctrica”. Cinco de esos pagos, por un valor total de 3,3 millones de dólares, fueron a parar a una empresa llamada Baker Street Financial Inc.
La planilla consigna que al menos dos de los pagos a Baker Street pasaron por una empresa radicada en Bahamas, Fincastle Enterprises Ltd., que aparece mencionada por los fiscales de Perú como uno de los vehículos para los sobornos de Odebrecht. Esos pagos se realizaron en mayo y julio de 2014, varios meses después de que aprobaran el plan de financiamiento presentado por Odebrecht.
El 7 de diciembre de 2015, Baker Street Financial pagó más de 2 millones de dólares por un departamento en el piso 12 de un elegante edificio vidriado en el lujoso centro de Manhattan, justo a la vuelta del célebre restaurante francés “Le Bernardin”.
Los registros de la ciudad de Nueva York sobre la venta de ese inmueble incluyen una escritura de propiedad firmada por el único director de Baker Street Financial: Andrés Dauhajre.
Ante la consulta del ICIJ, Dauhajre respondió que los pagos que recibió de Odebrecht fueron por los servicios de asesoría que le brindó a la empresa en conexión con la central eléctrica. Dauhajre dice que Odebrecht contrató sus servicios a principios de 2014, después de que unas de las principales fuentes de financiamiento que se esperaba apoyaría el proyecto, el Eximbank (Export-Import Bank of the United States), se retiró debido a una directiva del entonces presidente norteamericano Obama de no financiar centrales termoeléctricas alimentadas con carbón por sus consecuencias sobre el cambio climático.
Dauhajre dice haber ayudado a Odebrecht a encontrar fuentes de financiamiento alternativas para el proyecto, y que fue Odebrecht la que propuso a Fincastle Enterprises para canalizar el pago por sus servicios.
“Baker Street Financial Inc. prestó de manera exitosa y efectiva el servicio de asesoría solicitado por Odebrecht durante los años 2014 y 2015”, manifiesta Dauhajre en una carta enviada al ICIJ. “Ese servicio de estructura financiera fue el que generó la remuneración pagada.”
El elenco se agranda
Los archivos del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht involucran a un entramado de funcionarios públicos y prominentes ciudadanos que hasta el momento no habían sido conectados con los pagos ocultos de la empresa.
Uno de esos funcionarios es Constantino Galarza Zaldívar, quien en octubre pasado fue elegido vicegobernador de Callao, la provincia donde se encuentra el principal puerto de Perú. A fines de 2014, la empresa panameña CGZ Ingeniería Corp. recibió dos pagos por un total de 240.000 dólares relacionados con un gasoducto peruano, según revelan los registros del sistema Drousys. Galarza, cuyas iniciales son CGZ, es presidente y director de CGZ Ingeniería, según datos del Registro Público de Panamá.
Según su perfil en Linkedln, Galarza también se desempeñó durante años como gerente general de la compañía, incluida la época en la que se recibieron los pagos. CGX Ingeniería ofrece servicios de ingeniería, inteligencia empresarial, y relaciones legales, financieras e institucionales, con oficinas en Lima, panamá, Colombia y Madrid, según muestra el perfil de Linkedln de Galarza.
Hasta ahora Galarza no había sido vinculado con la oficina de sobornos de Odebrecht. Su nombre surgió en marzo, en conexión con otra controversia. En un audio difundido en el programa de noticias de la televisión peruana “Panorama”, se escucha a Galarza complotar para asesinar a su jefe, Dante Madriotti, gobernador de Callao.
En esa grabación, Galarza discute los planes del golpe contra Mandriotti con un cómplice desconocido, diciendo que para hacer el trabajo haría falta “un profesional de alto nivel de México o Colombia”. “Le tienen que meter harta bala”, dice Galarza textualmente en la grabación.
Tras la difusión del audio, Mandriotti solicitó a los fiscales que acusen a Galarza por conspiración, intento de homicidio, y otros cargos. Los fiscales de Callao señalaron que investigarían el caso.
En conferencia de prensa, Galarza admitió que la voz que se escucha en la grabación es la suya, pero dijo que había hablado en un momento de furia, sin intención de concretar el asesinato.
En una primera conversación telefónica con una periodista de ICIJ el 21 de junio, Galarza negó haber tenido negocios vinculados con Odebrecht o el Gasoducto Sur. Luego, en una entrevista el 24 de junio, Galarza dijo que su empresa fue pagada por asesoría financiera relacionada indirectamente con el gasoducto. Dijo que su empresa fue contratada por una constructora de la India, ECI Engineering & Construction Company Ltd, que estaba trabajando en un gasoducto para líquidos que se iba a construir paralelo al Gasoducto Sur. El segundo gasoducto, dijo Galarza, fue un proyecto privado también liderado por Odebrecht. Dijo que su empresa no fue pagada por Odebrecht directamente y que el gasoducto paralelo al final no fue construido.
En la entrevista, Galarza también cuestionó el audio en el cual habló del asesinato de Mandriotti. Dijo que algunas partes del audio eran auténticas, pero que otras secciones eran falsas y probablemente manipuladas.
El alcance del Departamento de Operaciones Estructuradas se extendía por toda Latinoamérica. Los archivos consignan un pago de enero 2014 por 200.000 dólares a una empresa panameña llamada El Facilitador Holding, relacionada con un proyecto de obras públicas al que los registros de la oficina se refieren como “LE LM”. Aún no queda claro a qué se refiere esa sigla ni para qué se hizo ese pago.
El presidente y director de El Facilitador es José Luis Saca, un ejecutivo de la radio salvadoreña. Desde 2015, Saca preside la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR-IAB), un grupo que representa a unas 17.000 emisoras de radio y televisión del continente americano.
Saca, quien en su carácter de presidente de AIR-IAB asesora a las Naciones Unidas en temas de medios de comunicación, viaja por Latinoamérica promoviendo la libertad de prensa.
Saca no respondió a la solicitud periodística de comentario del ICIJ, que incluyó el envío de emails, llamadas telefónicas, una carta enviada a la AIR-IAB, y una carta entregada en mano en Radio Corporación, la empresa de radio salvadoreña de la que Saca es vicepresidente.
Los proyectos políticos de izquierda fueron el caldo de cultivo para la estructuración de un sistema de corrupción sin parangón en la historia de América Latina. Los ideólogos de izquierda aún exponen públicamente que Lula o Jorge Glas son inocentes: "no hay pruebas en su contra", dicen.
Proyectos no revelados
Un viernes por la mañana, en la sala de espera del doctor Robert Reid Cabral en el Hospital de Niños de Santo Domingo, unas 50 personas –mayormente bebés, niños, y sus preocupados padres–, esperaban sentados en sillas oxidadas para ver a un doctor. En la habitación hacía calor. El llanto de los niños era constante, más o menos fuerte en diferentes partes de la sala.
Pimentel, de Participación Ciudadana, dice que esas familias son las verdaderas víctimas del tipo de corrupción practicada por Odebrecht. Mientras los gobiernos dilapidaban dinero en contratos públicos inflados y amañados, los servicios públicos básicos pasaban hambre.
Si bien no es posible atribuir hechos específicos a los efectos de la corrupción, las cifras en dólares involucradas son inmensas y los riesgos, muy altos. En 2014, por ejemplo, a través de los pagos ocultos que realizaba su Departamento de Operaciones Estructuradas, la empresa Odebrecht podría haberse alzado con miles de millones de dólares en contratos para la construcción de la planta de energía de Punta Catalina y otros proyectos. Ese mismo año, el Hospital de Niños dominicano se quedó sin reservas de oxígeno y murieron 11 niños: el hospital estaba fuertemente endeudado con sus proveedores.
“Lo que se pierde a causa de la corrupción es que el Estado dominicano no puede invertir en políticas públicas que garanticen los derechos de la gente”, señala Pimentel.
República Dominicana es uno de una media docena de países en donde los proyectos de infraestructura ahora quedaron vinculados por primera vez en el sistema de corrupción de Odebrecht.
El proyecto más importante de la empresa en Ecuador era una red de subterráneos para la ciudad de Quito, capital del país, situada a gran altitud y donde viven más de 1,5 millones de personas. El presupuesto de construcción del proyecto superó los 2.000 millones de dólares. Se espera que esa red de 14 kilómetros de extensión, cuya inauguración está prevista para diciembre, transportará a hasta 530.000 pasajeros por día.
Cuando el esquema internacional de sobornos de Odebrecht salió a la luz, los fiscales ecuatorianos lanzaron una investigación para saber si las obras de la empresa en el Metro de Quito estaban manchadas por sobornos. En marzo de 2018, tras más de un año de ahondar en el caso, los fiscales cerraron la investigación, diciendo que no había evidencias que sustentaran los cargos.
La revelación de los archivos de la oficina de sobornos de Odebrecht podría impulsar la reapertura de las investigaciones.
En el sistema de emails Drousys, empleados de Odebrecht con los nombres clave de “Silver”, “Fred” y “Wilson”, hablan de pagos relacionados con el Metro de Quito que fueron canalizados a través de su oficina. En julio de 2015, por ejemplo, Silver le pregunta a Fred si se había efectuado el pago para el Metro y si se había hecho a través del Meinl Bank, un banco cuya filial en Antigua y Barbuda había sido adquirida por Odebrecht en 2010 para facilitar los sobornos, según los fiscales. Fred responde afirmativamente.
“El pago del Metro también se realizó a través de Meinl”, escribe Fred en su email de respuesta a Silver.
El mensaje señala que el pago fue hecho a través de la empresa Fortress Investors Ltd., que aparece mencionada repetidamente en los archivos de la oficina de sobornos como uno de los conductos para realizar pagos. Los registros no dicen quién recibió esos pagos secretos ni con qué objetivo se hicieron.
Mauricio Rodas, el ex-alcalde de Quito cuya administración aprobó el contrato de Odebrecht, dijo a una periodista de ICIJ que Odebrecht fue seleccionada solo porque había hecho la oferta más económica, y que el proyecto iba a transformar la movilidad en Quito.
Los archivos Drousys que se filtraron incluyen otros pagos secretos relacionados con proyectos que hasta ahora no habían sido vinculados con el escándalo de Odebrecht. El Gasoducto Sur, un tendido de gas en el sur de Perú y el proyecto más importante del gobierno del expresidente Ollanta Humala, aparece mencionado en conexión con 17 pagos de 2014 por un total de más de 3 millones de dólares.
En mayo de este año, un fiscal peruano llamó a indagatoria a Humala y a su esposa, Nadine Heredia, por supuesto lavado de dinero proveniente de Odebrecht. Hasta ahora, los pagos relacionados con el gasoducto de 7.000 millones de dólares no habían sido revelados por Odebrecht.
La Ruta Viva, una autopista de conexión entre Quito y el principal puerto de Ecuador, no es mencionada en las acusaciones de los fiscales ecuatorianos, pero su nombre sí aparece en este nuevo tesoro de documentos filtrados, en conexión con un pago de octubre de 2012 por 915.000 unidades de una moneda no especificada, unos meses después de que la ciudad le otorgara a Odebrecht el contrato de construcción de esa ruta. Los documentos ahora filtrados no revelan quién recibió ese pago secreto.
El sistema de tránsito rápido de la Ciudad de Panamá, el primero en ese país, y la ampliación del Aeropuerto Internacional de Tocumen, de dicha capital, ahora aparecen vinculados por primera vez con millones de dólares en pagos ocultos realizados en 2014.
En Venezuela, surgen nuevos detalles que revelan más de 34 millones de dólares en pagos ocultos del año 2014, vinculados con la Línea 5 del Metro de Caracas, del cual solo se ha construido una de las diez estaciones previstas.
No queda claro por qué los pagos ocultos encontrados en los archivos Drousys no han salido a la luz en las investigaciones de la justicia. En respuesta a la solicitud periodística de comentario del ICIJ sobre por qué no había actuado ante las revelaciones de los pagos asociados con la República Dominicana, la oficina del fiscal general dominicano se comunicó con el ICIJ para solicitarle que le envíe cualquier documento relevante para las investigaciones que se sustancian en ese país.
“Despierta el interés de este órgano persecutor el hecho de que el Consorcio de Periodistas tenga en su poder información relevante para una investigación de naturaleza penal”, escribió la fiscal anticorrupción Laura María Guerrero en su carta al ICIJ. “Los conminamos a depositar ante el Ministerio Público dominicano los documentos que sustenten estos alegatos.”
(La política de ICIJ es no colaborar o compartir materiales con los organismos judiciales.)
Jessica Tillipman, vicedecana de la Escuela de Leyes de la Universidad George Washington y especializada en contratos de gobierno gubernamentales y cuestiones anticorrupción, dice que esos pagos podrían ser objeto de investigaciones penales que se encuentran en curso, o que Odebrecht tal vez haya argumentado exitosamente que esos pagos no violaban la ley.
Si Odebrecht, por la razón que sea, retuvo información sobre sus delitos antes las autoridades, las consecuencias podrían ser nefastas para la empresa. “Si el gobierno lo descubre post facto, eso haría volar por los aires los términos del acuerdo que firmó la empresa”, dice Tillipman.
Pimental, el activista anticorrupción, dice que el fracaso de los fiscales para llevar ante la justicia los delitos relacionados con proyectos como el de Punta Catalina revela la poca voluntad política por saber la verdad que existe en un país donde las élites política y económica están estrechamente interconectadas.
Hace mucho tiempo que los ciudadanos saben que la corrupción y la impunidad son problemas graves, dice Pimentel, pero el caso Odebrecht ha revelado que esa corrupción alcanzaba los más altos niveles de gobierno. Y agrega que los magros resultados de las investigaciones oficiales demuestran la permanente incapacidad del gobierno para sacarse el estigma de Odebrecht.
“El caso Odebrecht”, dice Pimentel, “sirvió para desnudar la institucionalidad de la Republica Dominicana”.

 

(Traducción de Jaime Arrambide)

Colaboradores: Andersson Boscán, Mónica Velasquez, Alicia Ortega Hasbún, Romina Mella Pardo, Mónica Almeida, Emilia Diaz-Struck, Dean Starkman, Tom Stites, Joe Hillhouse, Richard H.P. Sia, Fergus Shiel, Margot Williams, Delphine Reuter, Mary Triny Zea, Joseph Poliszuk, Milagros Salazar, Gustavo Gorriti, Ben Wieder, Kevin Hall, Jimmy Alvarado, Amy Wilson-Chapman and Hamish Boland-Rudder


 

¿Cómo se financió la campaña de Lenín y Glas?

Fernando Villavicencio V., Christian Zurita Ron y Cristina Solórzano

La estructura de donaciones y financiación irregular para gastos electorales de Alianza PAIS, que evidenció los informes de Arroz verde 502, también se extendió a la campaña presidencial del binomio Moreno-Glas en 2017.

Documentos revisados por nuestro equipo de investigación evidencian que para la última elección presidencial no sólo se captaron recursos del sector privado, también existió un alto porcentaje de dineros públicos que se entregaron a través de las prefecturas de Los Ríos, Manabí y Pichincha.
Una parte de esos recursos públicos salieron también del fondo de reconstrucción del terremoto que golpeó Esmeraldas y Manabí en abril de 2016. Otro hallazgo importante es la entrega de recursos de gastos reservados que la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) direccionó en favor de la campaña de Moreno-Glas.
Los detalles de las donaciones se encuentran en un informe llamado “Lucas Majano”, el nombre de una calle secundaria al norte de Quito, donde se encontraba la oficina en la que se concentró y gestionó el dinero.

Vecinos del sector aseguran que la vivienda era frecuentada por altos dirigentes de PAIS, reconocen en particular a Gustavo Baroja y Paola Pabón. La zona permanecía llena de vehículos oficiales y personas que llegaban a cobrar por sus servicios a la campaña. La casa de tres pisos hoy está desocupada, aunque hasta pocas semanas fue local de campaña de la lista 5 que auspició a Paola Pabón a la prefectura de Pichincha.

Baroja, Pabón y Glas, los líderes
Los aportes de empresas privadas, nacionales y extranjeras, más las instituciones públicas sumaron $ 7’720.000. El proceso de recaudación se efectuó entre la primera y segunda vuelta electoral y al igual que en Arroz Verde 502, tres líderes: Gustavo Baroja (L1), Paola Pabón (L2) y Jorge Glas (L3)- se encargaron de solicitar, gestionar y recaudar los aportes voluntarios para Alianza PAIS.

Completaban el equipo de recaudación los “coordinadores” Diego Espinosa D’ Herbécourt (C-1) y Patricio Beltrán Vinueza (C-2). El informe Majano dice que fueron supervisados por Félix Delgado y Verónica Castro, funcionarios de la Prefectura de Pichincha y del movimiento AP.
En 2016, Diego Espinosa, era el gerente general de la empresa pública Hidroequinoccio y Beltrán Vinueza el gerente financiero de esa misma entidad.
Según el reporte, ellos recibieron $ 7’360.000 en efectivo, que fueron entregados en las oficinas ubicadas en la Av. Brasil y Pasaje Lucas Majano.

Los “líderes” antes descritos negociaron y gestionaron directamente con las empresas e instituciones. Espinoza y Beltrán se encargaron del seguimiento hasta la obtención del dinero. Este distribuía a los miembros del equipo de campaña con autorización de Baroja, Pabón y Glas.
El documento señala que “no existen registros de empresas petroleras, debido a que, según informa, mediante correo electrónico, Patricio Beltrán (C-2) a Diego Espinosa D’ Herbécourt (C-1): “a las empresas que fuimos ya está recolectado por Jorge Glas y Edwin Moreno” (sic).
Según el informe, todos los recursos gestionados y obtenidos por los líderes, eran repartidos, en efectivo, por Patricio Beltrán, en las oficinas del área financiera de la campaña, ubicadas en la Av. Brasil y Pasaje Lucas Majano.

Los detalles
El líder 1, Gustavo Baroja, a la fecha prefecto de Pichincha, tenía a su cargo nueve organizaciones, codificadas así: V1-La Fabril, V2-Hidalgo & Hidalgo, V3-Ripconciv Construcciones Civiles, V4 –Prefectura de los Ríos, V5 – Prefectura de Manabí, del Fondo de Gastos Especiales, V7-Secretaría de Inteligencia, V8 –Servicios de Seguridad Armiled, V12-Vip Cevipsa y V14-Secretaría Técnica de Reconstrucción.

Las reuniones se concretaron con Carlos González Artigas, dueño de La Fabril (V1), en el hotel Oro Verde de Manta, provincia de Manabí y fue Patricio Beltrán (C2) quien recolectó $1.5 millones en efectivo, entregados en tres partes de $500.000 cada una. El informe no establece las fechas de entrega de los recursos.
Hidalgo & Hidalgo S.A. (V2), al tener participación societaria con la cadena hotelera Holiday Inn, usaba esas instalaciones, ubicadas en la avenida Orellana y Reina Victoria en Quito, para negociar con Gustavo Baroja (L1) y Diego Espinosa D’ Herbécourt (C1) aportaciones voluntarias.
Según el reporte, en esos encuentros se comprometieron a la ampliación de la vía Aloag – Santo Domingo, la conclusión del pago del canal de riego Cayambe – Pedro Moncayo, la devolución de las concesiones y la construcción del Túnel Bombolí. El documento indica también que se hicieron dos entregas de $450.000 cada una, en las oficinas de Hidalgo & Hidalgo, ubicadas en la avenida Galo Plaza Lasso N51-127 y Algarrobos.
El contacto con la empresa fue Aurelio Hidalgo, actual ministro de Transporte y Obras Públicas.


Ripconciv Construcciones Civiles Cía. Ltda. (V3), hizo, según el documento, dos entregas en efectivo de $ 300.000 cada una, en las oficinas de la avenida República y Pradera en Quito.
Allí se reunieron Francisco Peña, fundador de Ripconciv Construcciones, Gustavo Baroja y Diego Espinosa D’ Herbécourt.
Esa empresa se ha adjudicado grandes obras financiadas con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, en las provincias de Manabí y Pichincha, como el mantenimiento de la autopista General Rumiñahui, en el sector del cerro Ilaló.
Baroja y Beltrán se reunieron con Marco Troya Fuertes, exprefecto de Los Ríos (V4), en las instalaciones del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador. Gestionaron la entrega de $ 350.000 en efectivo, valor que se entregó en cuatro partes: dos de $80.000, una de $60.000 y una final de $130.000.
A Troya Fuertes le ofrecieron nombrarlo titular del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, según el informe.
Mariano Zambrano Segovia, entonces prefecto de Manabí (V5), fue contactado por Gustavo Baroja y Diego Espinosa D’ Herbécourt para la entrega de los aportes voluntarios, a través de su hijo Mariano Zambrano Vera. Según el documento, él organizó dos reuniones en Quito con Baroja, en las Torres de Suites, ubicada en la Av. Orellana y Av. Amazonas. Allí se entregó en efectivo 800.000 en dos pagos iguales a Diego Espinosa D’ Herbécourt (C1) y Patricio Beltrán (C2).
La Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) (V7), entregó, con autorización de Rommy Vallejo, su titular, $ 1.5 millones a Baroja, “quien personalmente recibió en las instalaciones de dicha institución en Lumbisí estos valores, en un solo desembolso entregado en billetes de denominación de cien dólares, provenientes del fondo de gastos especiales para operaciones de inteligencia y contrainteligencia”.
La Secretaría Técnica De Reconstrucción (V14) entregó a Baroja, a través de su titular Carlos Bernal, la suma de $350.000 dólares en las oficinas de RTS, dice el informe Majano.
También se identifican varias reuniones de Baroja y Beltrán con Danny Walker, Munir Abedrabbo y el grupo Wright (sin identificar quién) en las que acordaron aportar $320.000 en efectivo.
El dinero fue entregado en tres pagos, dos de $130.000 y uno de $60.000, a través de la compañía Servicios de Seguridad Armiled Cía. Ltda. (V8). Los encuentros tuvieron lugar en las instalaciones de esa empresa, ubicadas en la calle Pedregales N35-115.
“Se les ha ofrecido nombrar al titular de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones”, dice el informe.

El reporte señala que Gustavo Baroja y Patricio Beltrán “contactaron y gestionaron con Karla Semanate, VIP Cevipsa S.A. (V12) la entrega de aportes voluntarios para insumos y logística” de la campaña del binomio Moreno-Glas.  El dinero ($350.000) se entregó a Beltrán en efectivo, en la ciudad de Quito, en tres partes: dos de $150.000 dólares y una de $50.000 dólares.
La líder 2, Paola Pabón (L2), entonces secretaria de Gestión de la Política, gestionó los aportes de V9–Reylacteos y V10– Corporación Eléctrica Nacional de Venezuela.
A través de Segundo Wong, de Reylacteos, obtuvieron $120.000 y por medio de Carlos González, de Corporación Eléctrica Nacional de Venezuela, lograron $280.000, dice el informe.
Al líder 3, Jorge Glas, le asignaron tres organizaciones codificadas para la gestión de recursos: V6-Sinopec International Petroleum Service Ecuador, V11-Tele Cuatro Guayaquil C.A. Red Telesistema Rts (propiedad del fantasma Ángel González) y V13-Grupo Azul.
En agosto de 2016, en uno de los chats filtrados por #InaPapers el entonces asesor de Lenín Moreno, Andrés Michelena, informaba sobre la visita a Ginebra de Carlos Mantilla, presidente de diario El Comercio y de Carlos Lorefice Lynch, representante del magnate de la comunicación Ángel González (el Fantasma). El mensaje de Michelana decía: “Hola Lenín. Buen día. Te comento que está listo el viaje para visitarte con El Comercio. A partir del 8 de agosto cuando tú digas. Iría Carlos Mantilla, Carlos Lorefice Lynch (maneja todos los medios de la región) y un asesor del grupo”. A esa fecha ya estaba vigente un informe de la Contraloría del Estado que ordenaba la reversión de varias frecuencuencias de radio y televisión adjudicadas ilegalmente al grupo controlado por González. Dos años después de posesionado Moreno como Presidente de la República, nadie se atreve a ejecutar el informe.
Con Sinopec obtuvieron $150.000, el contacto aparece “sin registro” en el documento revisado por este medio. De Tele Cuatro Guayaquil, a través del contacto Eduardo Mangas, consiguieron $600.000. El Grupo Azul, por medio de su dueño William Phillips, les entregó $80.000.
Una mochila llena de fuerza y convicción 
El informe Lucas Majano identifica posibles líneas de uso de esos recursos de campaña. Por ejemplo, señala a “Homero Arellano, Stalin Basantes, Paola Escobar, como encargados de la logística de las caravanas presidenciales y vicepresidenciales”.
También se identificaron desembolsos a nombre de María Augusta Enríquez, asistente de Vinicio Alvarado Espinel para el pago de publicidad relacionada a la campaña electoral”. Vinicio Alvarado, hoy prófugo de la justicia por haberse identificado su participación en Arroz Verde 502, diseñó la estrategia de campaña que llevó a Moreno y Glas al poder.
Según el informe, el entonces candidato Moreno conoció el presupuesto que se necesitaba para cada salida de campaña. El documento hace alusión a “comunicaciones mantenidas entre Lenín Moreno y Homero Arellano, embajador de Ecuador en Chile, a través de la aplicación Telegram.
En una de ellas, se adjunta un archivo denominado “logística.pptx”, enviado por Arellano a Moreno, indicándole que lo lea y que tiene algunas dudas que necesita sean absueltas.
Por su parte Moreno contesta: “me parece bien Homero, hay que conversarlo con Ricardo Patiño y/o Gustavo Baroja, ellos ya saben que vos vas a manejar el tema”, puede leerse en una captura del chat, del 31 de agosto de 2016.

Arellano le responde: “Perfecto! Voy a Ecuador, hoy noche, justo para reunirme con Ricardo y Gustavo, voy con la mochila llena de fuerza y convicción, amigo!!”.
Según el informe, el archivo “logística.pptx” contenía la organización y costos del “Plan Nacional de Logística” para el binomio. “Se debe señalar que mensualmente se realizaba al menos una comitiva presidencial en la Sierra, Costa, Amazonía y una de las “ciudades grandes”, por lo que el valor mensual oscilaba en los USD 349.920 dólares mensuales”.
 
Las comitivas vicepresidenciales que se realizaban mensualmente, al menos una vez, fluctuaron en $ 243.420 mensuales, según el detalle:

La información revisada incluye un documento denominado “Liquidación de fondos 1ra. Vuelta”, en formato Excel, de finales de 2016, de Alianza País. Señala que, a esa fecha, el movimiento tenía un total de ingresos por $1.376.330,42, repartidos en los siguientes rubros: Numerarios (Recursos privados personas naturales ecuatorianas y extranjeras residentes en el Ecuador) $1.376.330,42. Especie (recursos privados personas naturales ecuatorianas y extranjeras residentes en el Ecuador) $75.457,00 y Otros Ingresos (intereses cuenta corriente) $48,85.
De esta información no se cuenta con mas referencias de cuentas, entidades financieras y personas a cargo.
El informe Majano agrega un balance contable, titulado “campaña electoral 2017, presidente y vicepresidente de la Republica, movimiento Alianza País Patria Altiva y Soberana, listas 35, ple-cne-perm-5-20-11-2016”, que señala que los gastos de campaña sumaron $1.219.330,89 y se repartieron en movilización y transporte, arriendos, “otras campañas electorales”, “elaboración de artículos promocionales, imprenta, reproducción y similares”.
Al final del documento, en el apartado de “Certificación”, se dice que “los abajo firmantes certificamos, que la presente LIQUIDACIÓN DE FONDOS DE CAMPAÑA ELECTORAL, ha sido elaborada de conformidad al balance general, estado de resultados y demás documentos de soporte contable, los mismos que fueron discutidos y aprobados, el 03 de mayo de 2017”. Se adjuntan los nombres de Gabriela Rivadeneira, en calidad de representante legal de Alianza País, Patricio Beltrán Vinueza, responsable del manejo económico y Verónica Castro M, contadora.
Los aportes a la campaña electoral de Alianza PAIS del año 2017, contenidas en el informe Lucas Majano, son adicionales a aquellas contribuciones investigadas por la Fiscalía General del Estado, en el marco de la indagación previa abierta en marzo de 2019, en contra del consejero presidencial Santiago Cuesta Caputi, quien confirmó a un medio de comunicación, que él canceló de su bolsillo los hororarios del asesor internacional Jordi Segarra, rubros no reportados al Consejo Nacional Electoral. Según información entregada a la fiscalía, Cuesta Caputi, gestionó recursos económicos adicionales para la campaña de Lenín Moreno.

 

¿CÓMO SE FINANCIÓ LA CAMPAÑA DE LENÍN Y GLAS?

La estructura de donaciones y financiación irregular para gastos electorales de Alianza PAIS, que evidenció los informes de Arroz verde 502, también se extendió a la campaña presidencial del binomio Moreno-Glas en 2017.

Documentos revisados por nuestro equipo de investigación evidencian que para la última elección presidencial no sólo se captaron recursos del sector privado, también existió un alto porcentaje de dineros públicos que se entregaron a través de las prefecturas de Los Ríos, Manabí y Pichincha.

Una parte de esos recursos públicos salieron también del fondo de reconstrucción del terremoto que golpeó Esmeraldas y Manabí en abril de 2016. Otro hallazgo importante es la entrega de recursos de gastos reservados que la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) direccionó en favor de la campaña de Moreno-Glas.

Los detalles de las donaciones se encuentran en un informe llamado Lucas Majano, el nombre de una calle secundaria al norte de Quito, donde se encontraba la oficina en la que se concentró y gestionó el dinero.

Vecinos del sector aseguran que la vivienda era frecuentada por altos dirigentes de PAIS, reconocen en particular a Gustavo Baroja y Paola Pabón. La zona permanecía llena de vehículos oficiales y personas que llegaban a cobrar por sus servicios a la campaña. La casa de tres pisos hoy está desocupada, aunque hasta pocas semanas fue local de campaña de la lista 5 que auspició a Paola Pabón a la prefectura de Pichincha.

Baroja, Pabón y Glas, los líderes

Los aportes de empresas privadas, nacionales y extranjeras, más las instituciones públicas sumaron $ 7’720.000. El proceso de recaudación se efectuó entre la primera y segunda vuelta electoral y al igual que en Arroz Verde 502, tres líderes: Gustavo Baroja (L1), Paola Pabón (L2) y Jorge Glas (L3)- se encargaron de solicitar, gestionar y recaudar los aportes voluntarios para Alianza PAIS.

Completaban el equipo de recaudación los “coordinadores” Diego Espinosa D’ Herbécourt (C-1) y Patricio Beltrán Vinueza (C-2). El informe Majano dice que fueron supervisados por Félix Delgado y Verónica Castro, funcionarios de la Prefectura de Pichincha y del movimiento AP.

En 2016, Diego Espinosa, era el gerente general de la empresa pública Hidroequinoccio y Beltrán Vinueza el gerente financiero de esa misma entidad.

Según el reporte, ellos recibieron $ 7’360.000 en efectivo, que fueron entregados en las oficinas ubicadas en la Av. Brasil y Pasaje Lucas Majano.

Los “líderes” antes descritos negociaron y gestionaron directamente con las empresas e instituciones. Espinoza y Beltrán se encargaron del seguimiento hasta la obtención del dinero. Este distribuía a los miembros del equipo de campaña con autorización de Baroja, Pabón y Glas.

El documento señala que “no existen registros de empresas petroleras, debido a que, según informa, mediante correo electrónico, Patricio Beltrán (C-2) a Diego Espinosa D’ Herbécourt (C-1): “a las empresas que fuimos ya está recolectado por Jorge Glas y Edwin Moreno” (sic).

Según el informe, todos los recursos gestionados y obtenidos por los líderes, eran repartidos, en efectivo, por Patricio Beltrán, en las oficinas del área financiera de la campaña, ubicadas en la Av. Brasil y Pasaje Lucas Majano.

Los detalles

El líder 1, Gustavo Baroja, a la fecha prefecto de Pichincha, tenía a su cargo nueve organizaciones, codificadas así: V1-La Fabril, V2-Hidalgo & Hidalgo, V3-Ripconciv Construcciones Civiles, V4 – Prefectura de los Ríos, V5 – Prefectura de Manabí, del Fondo de Gastos Especiales, V7-Secretaría de Inteligencia, V8 –Servicios de Seguridad Armiled, V12-Vip Cevipsa y V14-Secretaría Técnica de Reconstrucción.

Las reuniones se concretaron con Carlos González Artigas, dueño de La Fabril (V1), en el hotel Oro Verde de Manta, provincia de Manabí y fue Patricio Beltrán (C2) quien recolectó $1.5 millones en efectivo, entregados en tres partes de $500.000 cada una. El informe no establece las fechas de entrega de los recursos.

Hidalgo & Hidalgo S.A. (V2), al tener participación societaria con la cadena hotelera Holiday Inn, usaba esas instalaciones, ubicadas en la avenida Orellana y Reina Victoria en Quito, para negociar con Gustavo Baroja (L1) y Diego Espinosa D’ Herbécourt (C1) aportaciones voluntarias.

Según el reporte, en esos encuentros se comprometieron a la ampliación de la vía Aloag – Santo Domingo, la conclusión del pago del canal de riego Cayambe – Pedro Moncayo, la devolución de las concesiones y la construcción del Túnel Bombolí. El documento indica también que se hicieron dos entregas de $450.000 cada una, en las oficinas de Hidalgo & Hidalgo, ubicadas en la avenida Galo Plaza Lasso N51-127 y Algarrobos.

El contacto con la empresa fue Aurelio Hidalgo, actual ministro de Transporte y Obras Públicas.

Ripconciv Construcciones Civiles Cía. Ltda. (V3), hizo, según el documento, dos entregas en efectivo de $ 300.000 cada una, en las oficinas de la avenida República y Pradera en Quito.

Allí se reunieron Francisco Peña, fundador de Ripconciv Construcciones, Gustavo Baroja y Diego Espinosa D’ Herbécourt.

Esa empresa se ha adjudicado grandes obras financiadas con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, en las provincias de Manabí y Pichincha, como el mantenimiento de la autopista General Rumiñahui, en el sector del cerro Ilaló.

Baroja y Beltrán se reunieron con Marco Troya Fuertes, exprefecto de Los Ríos (V4), en las instalaciones del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador. Gestionaron la entrega de $ 350.000 en efectivo, valor que se entregó en cuatro partes: dos de $80.000, una de $60.000 y una final de $130.000.

A Troya Fuertes le ofrecieron nombrarlo titular del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, según el informe.

Mariano Zambrano Segovia, entonces prefecto de Manabí (V5), fue contactado por Gustavo Baroja y Diego Espinosa D’ Herbécourt para la entrega de los aportes voluntarios, a través de su hijo Mariano Zambrano Vera. Según el documento, él organizó dos reuniones en Quito con Baroja, en las Torres de Suites, ubicada en la Av. Orellana y Av. Amazonas. Allí se entregó en efectivo 800.000 en dos pagos iguales a Diego Espinosa D’ Herbécourt (C1) y Patricio Beltrán (C2).

La Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) (V7), entregó, con autorización de Rommy Vallejo, su titular, $ 1.5 millones a Baroja, “quien personalmente recibió en las instalaciones de dicha institución en Lumbisí estos valores, en un solo desembolso entregado en billetes de denominación de cien dólares, provenientes del fondo de gastos especiales para operaciones de inteligencia y contrainteligencia”.

La Secretaría Técnica De Reconstrucción (V14) entregó a Baroja, a través de su titular Carlos Bernal, la suma de $350.000 dólares en las oficinas de RTS, dice el informe Majano.

También se identifican varias reuniones con grupo Wright (sin identificar quién) en las que acordaron aportar $320.000 en efectivo.

El dinero fue entregado en tres pagos, dos de $130.000 y uno de $60.000, a través de la compañía Servicios de Seguridad Armiled Cía. Ltda. (V8). Los encuentros tuvieron lugar en las instalaciones de esa empresa, ubicadas en la calle Pedregales N35-115.

“Se les ha ofrecido nombrar al titular de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones”, dice el informe.

El reporte señala que Gustavo Baroja y Patricio Beltrán “contactaron y gestionaron con Karla Semanate, VIP Cevipsa S.A. (V12) la entrega de aportes voluntarios para insumos y logística” de la campaña del binomio Moreno-Glas.  El dinero ($350.000) se entregó a Beltrán en efectivo, en la ciudad de Quito, en tres partes: dos de $150.000 dólares y una de $50.000 dólares.

La líder 2, Paola Pabón (L2), entonces secretaria de Gestión de la Política, gestionó los aportes de V9–Reylacteos y V10– Corporación Eléctrica Nacional de Venezuela.

A través de Segundo Wong, de Reylacteos, obtuvieron $120.000 y por medio de Carlos González, de Corporación Eléctrica Nacional de Venezuela, lograron $280.000, dice el informe.

Al líder 3, Jorge Glas, le asignaron tres organizaciones codificadas para la gestión de recursos: V6-Sinopec International Petroleum Service Ecuador, V11-Tele Cuatro Guayaquil C.A. Red Telesistema Rts (propiedad del fantasma Ángel González) y V13-Grupo Azul.

En agosto de 2016, en uno de los chats filtrados por #InaPapers el entonces asesor de Lenín Moreno, Andrés Michelena, informaba sobre la visita a Ginebra de Carlos Mantilla, presidente de diario El Comercio y de Carlos Lorefice Lynch, representante del magnate de la comunicación Ángel González (el Fantasma). El mensaje de Michelana decía: “Hola Lenín. Buen día. Te comento que está listo el viaje para visitarte con El Comercio. A partir del 8 de agosto cuando tú digas. Iría Carlos Mantilla, Carlos Lorefice Lynch (maneja todos los medios de la región) y un asesor del grupo”. A esa fecha ya estaba vigente un informe de la Contraloría del Estado que ordenaba la reversión de varias frecuencuencias de radio y televisión adjudicadas ilegalmente al grupo controlado por González. Dos años después de posesionado Moreno como Presidente de la República, nadie se atreve a ejecutar el informe.

Con Sinopec obtuvieron $150.000, el contacto aparece “sin registro” en el documento revisado por este medio. De Tele Cuatro Guayaquil, a través del contacto Eduardo Mangas, consiguieron $600.000. El Grupo Azul, por medio de su dueño William Phillips, les entregó $80.000.

Una mochila llena de fuerza y convicción 

El informe Lucas Majano identifica posibles líneas de uso de esos recursos de campaña. Por ejemplo, señala a “Homero Arellano, Stalin Basantes, Paola Escobar, como encargados de la logística de las caravanas presidenciales y vicepresidenciales”.

También se identificaron desembolsos a nombre de María Augusta Enríquez, asistente de Vinicio Alvarado Espinel para el pago de publicidad relacionada a la campaña electoral”. Vinicio Alvarado, hoy prófugo de la justicia por haberse identificado su participación en Arroz Verde 502, diseñó la estrategia de campaña que llevó a Moreno y Glas al poder.

Según el informe, el entonces candidato Moreno conoció el presupuesto que se necesitaba para cada salida de campaña. El documento hace alusión a “comunicaciones mantenidas entre Lenín Moreno y Homero Arellano, embajador de Ecuador en Chile, a través de la aplicación Telegram.

En una de ellas, se adjunta un archivo denominado “logística.pptx”, enviado por Arellano a Moreno, indicándole que lo lea y que tiene algunas dudas que necesita sean absueltas.

Por su parte Moreno contesta: “me parece bien Homero, hay que conversarlo con Ricardo Patiño y/o Gustavo Baroja, ellos ya saben que vos vas a manejar el tema”, puede leerse en una captura del chat, del 31 de agosto de 2016.

Arellano le responde: “Perfecto! Voy a Ecuador, hoy noche, justo para reunirme con Ricardo y Gustavo, voy con la mochila llena de fuerza y convicción, amigo!!”.

Según el informe, el archivo “logística.pptx” contenía la organización y costos del “Plan Nacional de Logística” para el binomio. “Se debe señalar que mensualmente se realizaba al menos una comitiva presidencial en la Sierra, Costa, Amazonía y una de las “ciudades grandes”, por lo que el valor mensual oscilaba en los USD 349.920 dólares mensuales”. 

Las comitivas vicepresidenciales que se realizaban mensualmente, al menos una vez, fluctuaron en $ 243.420 mensuales, según el detalle:

La información revisada incluye un documento denominado “Liquidación de fondos 1ra. Vuelta”, en formato Excel, de finales de 2016, de Alianza País. Señala que, a esa fecha, el movimiento tenía un total de ingresos por $1.376.330,42, repartidos en los siguientes rubros: Numerarios (Recursos privados personas naturales ecuatorianas y extranjeras residentes en el Ecuador) $1.376.330,42. Especie (recursos privados personas naturales ecuatorianas y extranjeras residentes en el Ecuador) $75.457,00 y Otros Ingresos (intereses cuenta corriente) $48,85.

De esta información no se cuenta con mas referencias de cuentas, entidades financieras y personas a cargo.

El informe Majano agrega un balance contable, titulado “campaña electoral 2017, presidente y vicepresidente de la Republica, movimiento Alianza País Patria Altiva y Soberana, listas 35, ple-cne-perm-5-20-11-2016”, que señala que los gastos de campaña sumaron $1.219.330,89 y se repartieron en movilización y transporte, arriendos, “otras campañas electorales”, “elaboración de artículos promocionales, imprenta, reproducción y similares”.

Al final del documento, en el apartado de “Certificación”, se dice que “los abajo firmantes certificamos, que la presente LIQUIDACIÓN DE FONDOS DE CAMPAÑA ELECTORAL, ha sido elaborada de conformidad al balance general, estado de resultados y demás documentos de soporte contable, los mismos que fueron discutidos y aprobados, el 03 de mayo de 2017”. Se adjuntan los nombres de Gabriela Rivadeneira, en calidad de representante legal de Alianza País, Patricio Beltrán Vinueza, responsable del manejo económico y Verónica Castro M, contadora.

Los aportes a la campaña electoral de Alianza PAIS del año 2017, contenidas en el informe Lucas Majano, son adicionales a aquellas contribuciones investigadas por la Fiscalía General del Estado, en el marco de la indagación previa abierta en marzo de 2019, en contra del consejero presidencial Santiago Cuesta Caputi, quien confirmó a un medio de comunicación, que él canceló de su bolsillo los honorarios del asesor internacional Jordi Segarra, rubros no reportados al Consejo Nacional Electoral. Según información entregada a la fiscalía, Cuesta Caputi, gestionó recursos económicos adicionales para la campaña de Lenín Moreno.

Ex asesor del Banco Central usa información reservada para comprar irregularmente un departamento de lujo

Imagine amable lector que con apenas $5000 dólares de entrada pueda adquirir un departamento en uno de los edificios de la zona de mayor valor de Quito. Imagine también que la entidad estatal para la usted trabajó, le prestó el resto del dinero para pagar el departamento. Finalmente imagine que usted fue funcionario del mismo organismo que guardaba en reserva los datos de ese departamento.
El uso de esa información privilegiada tiene un nombre,  Mauro Alejandro Naranjo Benítez,  pero sobre todo tiene un perjudicado: el empresario Pablo Maya Rivadeneira, dueño del departamento , que desde el feriado bancario nunca dejó de cumplir las obligaciones de pagos que le exigió la Agencia de Garabntía de Depósitos (AGD) y mas tarde el BCE. Él asegura que nunca pudo recuperar el bien, a pesar de haber pagado el crédito original.
Maya Rivadeneira perdió su departamento en un remate realizado en Guayaquil, sin que tenga conocimiento. El departamento pasó a manos de un funcionario del Banco Central del Ecuador, MauroNaranjo Benítez. Aquí la historia.
El 21 de marzo de 2018 la Fiscalía General del Estado receptó la denuncia de Pablo Alejandro Maya Rivadeneira y Marco Vinicio Antonio Tamayo Lalama por el delito de falsedad de información financiera y otros delitos conexos. La denuncia 1701018033139 detalla cómo Karla Jeannine López Solórzano fue usada como testaferro por su pareja sentimental Mauro Alejandro Naranjo Benítez, miembro de AP, exasesor de la expresidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, y también de la Superintendencia de Bancos y del Banco Central del Ecuador.
Documento de la denuncia en la Fiscalía de Pichincha. Ver el PDF aquí
Naranjo Benítez fue asesor de la Gerencia General y como tal accedió a información privilegiada del Banco Central del estado legal y financiero de varios bienes inmuebles que se encontraban en garantía desde la crisis bancaria del 1999.
Con información en mano escogió un departamento de lujo ubicado en la av. González Suárez, en Quito valorado en $200.000., lo llevó a remate en Guayaquil, en un proceso por demás oscuro y lo adquirió en $50.000 con crédito directo del Banco Central, a cinco años plazo y apenas con $5.000 de entrada.
Es uno de los cientos de casos registrados por el Colectivo de Deudores de Buena Fe, que desde hace 18 años se han visto impedidos de pagar sus obligaciones y han vivido prisioneros de las acciones corruptas de la entonces Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), Banco Central y actualmente la llamada Compañía de Servicios Auxiliares de Gestión de Cobranzas, Recycob.
El departamento
En 1996 la empresa Taguachips fabricante de botones de tagua para exportación, que llegaban a mercados como el Asia y Turquía, realizó un crédito en sucres al Banco del Progreso por un equivalente a $65.000. Por este préstamo Taguachips dejó en garantía real el departamento en la avenida González Suárez de propiedad de Maya Rivadeneira.
La compañía había cancelado capital e interés por tres años, la empresa generaba ingresos y crecía. Además daba trabajo a más de setenta personas. Era un emprendimiento en marcha. A la fecha del cierre del Banco del Progreso el pago total por ese crédito fue del 45%. “Ya solo quedaba por pagar $29.000”, cuenta Maya en 2019.
En lugar de que la AGD proceda a reestructurar las obligaciones de la empresa y brindar una solución, arrancaron procesos coactivos y fueron tras los bienes en garantía, que parecía un frenesí de cobros como una acción que suplía el mal accionar de los banqueros sobre quienes tenían deudas. “Fue terrible, cuando ocurrió esto nos quedamos sin poder operar. Y pasamos a ser perseguidos y extorsionados con llamadas de funcionarios y juicios de coactivos ilegítimos”, recuerda.
Notificaron a todos los bancos la condición de morosos a pesar de haber mantenido la calificación “A” como deudores de empresa, que tenía incluso cartas de crédito a su favor en el Banco del Progreso off shore pero que nunca se lograron registrar y se dieron con los años por perdidas.
Mauro Alejandro Naranjo y Karla Jeannine López
Cuando la AGD inició los cobros a Taguachips, esta había quebrado y liquidado por los problemas del feriado bancario. Maya pidió una solución con la dación en pago de la deuda mediante la entrega definitiva del departamento en garantía, pero la AGD nunca realizó un avaluó real y peor el reconocimiento de todo lo pagado. “Nosotros proponíamos soluciones y reestructuración, pero jamás nos contestaban”, en la misma condición le sucedió a la mayoría de los deudores del feriado bancario.
“En lugar de preocuparme porque mis empleados tengan mejores condiciones de vida con el desarrollo de mi empresa, tuve que pasar días enteros en las instalaciones de la AGD recibiendo maltratos con un juicio coactivo en el que no había solución y enfrentando una prohibición de salida del país”.
Miles de deudas sin poder cobrarse y sin voluntad política para encontrar una salida técnica a este problema. “Ahora, en 2019, existen 14 mil casos, en ese entonces el número tiene que haber sido diez veces más”.
La AGD no respondió a esos pedidos, de hecho, el juicio fue declarado nulo por las irregularidades hasta 2009 cuando Naranjo identificó el bien inmueble. Para Pablo Maya fue la continuación de un problema que empeoró porque perdió el bien y siguió endeudado. Según la denuncia de Tamayo y Maya en 2010 se conoció que la entonces gerente del Banco Central en 2010, Hilda de la Torre, trasladó el caso del juzgado de coactivas de Quito al de Guayaquil. “Llegamos a enterarnos que sin nuestro conocimiento y sin que hayamos consentido o prorrogado expresamente la competencia de la causa que tuvo origen y se radicó en Quito” por resolución de la Superintendente de bancos, Gloria Sabando, terminó rematándose en Guayaquil de la mano de la gerente del BCE, Hilda de la Torre.
Hall de ingreso al edificio en la exclusiva zona de la avenida González Suárez en Quito; posee acabados en madera de chanul.

De la información que se ha podido recabar Naranjo Benítez era asesor de la gerente y por ello tuvo acceso a la información del departamento que luego se adjudicó.
Así los funcionarios de coactiva ordenaron el embargo del departamento y avaluaron el inmueble en $42.000. Es decir, luego de 10 años se dio paso al nuevo avalúo del bien (realizado por Gonzalo Beltrán Torres), pero con el objeto de rematarlo a favor de Naranjo.
Al tiempo que Maya perdía su inmueble de manera amañada por la AGD, su salud se deterioró y enfrentó problemas en el colon y un trastorno nervioso, ambos provocados por la situación de estrés al que estaba sometido.
El remate
Aprobado el avalúo el 24 de febrero de 2011 el juez de coactivas remató el inmueble y adjudicó a Carla López Solorzano, novia de Mauro Naranjo, por $51.000 pagaderos a cinco años.
En Guayaquil, en abril de 2012, cuando el departamento fue rematado y consolidado a favor de la novia de Naranjo, el juzgado de coactiva de Quito pidió nuevamente que el caso sea remitido otra vez a su sede en Quito. “Era para que yo no conozca” dice Pablo Maya. El abogado de coactivas en aquel entonces era Juan Posligua Aveiga y Roberto Gómez.
El departamento estuvo deshabitado desde que lo compraron. Según los guardias del edificio consultados por Maya, Naranjo pagaba las alícuotas de la vivienda sin habitar el mismo, un par de meses luego del haber obtenido el departamento en remate se mudó allí.
Para el 13 de marzo del 2019, luego del impulso que ha dado Maya a su caso, se logró que la fiscalía llame a rendir versiones como parte de la etapa de indagación previa, a quienes se apropiaron del departamento en la av. González Suárez: Mauro Alejandro Naranjo Benítez y Karla Jeannine López Solórzano. Ambos se acogieron al derecho al silencio y no se pudo obtener los testimonios.

El costo político de Santiago Cuesta

JUAN CARLOS CALDERÓN V. / Director de Plan V
MARTA ROLDÓS B. / Directora de Mil Hojas

El asesor presidencial, Santiago Cuesta, en entrevista con el periodista Carlos Vera, respondió a las denuncias presentadas en los portales La Fuente y Mil Hojas, sobre INA Papers y Arroz Verde 502, las cuales están basadas en documentos verificados y filtraciones investigadas por Fernando Villavicencio y Christian Zurita.
En esta entrevista, así como en distintas publicaciones en su cuenta de Twitter y otras redes sociales, Cuesta ha desatado una campaña de infamias en contra de la honra y la familia de los dos reporteros investigadores.
No es la primera vez que Cuesta, señalado por su relación con el magnate Enrique Cadena investigado por la Fiscalía y su rol en la visita de Paul Manafort, entra en una confrontación directa con periodistas.  Pese a los avances iniciales del gobierno de Lenin Moreno —desactivando los mecanismos de censura a la prensa instaurados por el correísmo, el aparente desmantelamiento del Estado de Propaganda y el fin del espionaje en contra de blancos políticos— las declaraciones de Cuesta y el retorno de la utilización de las denuncias por violación de copyright por la publicación de información pública, fotos y documentos de la página de la Presidencia de la República, evidencian un grave retroceso hacia la censura como mecanismo para procesar denuncias documentadas, las cuales deberían investigarse.
Con Carlos Vera, Santiago Cuesta exhibió los movimientos bancarios del hermano de Fernando Villavicencio, quien es propietario de varias pizzerías en la ciudad de Quito.  Lo hizo para afectar la credibilidad y la honra del denunciante de los casos Inapapers y Arroz Verde 502. El único argumento del consejero político del presidente Lenín Moreno ha sido la calumnia contra una persona particular, que maneja un negocio exitoso, afectando su buen nombre de una manera ruin.

Insultando a la inteligencia, Cuesta dice ahora que esa información le fue entregada por sus fuentes, igual que Villavicencio recibe la información de las suyas.  Sin embargo, la información de las filtraciones entregadas a periodistas —desde Panama Papers, a INA Papers y Arroz Verde— proviene de correos electrónicos que contienen algunos anexos.  Esta información no contiene estados de cuenta.  Usualmente, solo cuando se decide iniciar una investigación a partir de tales filtraciones, la Fiscalía pide orden judicial para obtener información bancaria, que no sólo está protegida legalmente por el sigilo bancario, sino que se supone que cuenta con la seguridad digital más avanzada para evitar filtraciones. Eso dice la norma y los periodistas la han respetado; el señor Cuesta, funcionario público, no.
Si Santiago Cuesta obtuvo la información bancaria del hermano de Villavicencio gracias a su posición de poder, sin que medie investigación ni orden judicial alguna, no solo estamos ante un abuso del poder, sino ante una ilegalidad y una violación de derechos fundamentales.  Por otra parte,  si es verdad que Cuesta obtuvo la información de los movimientos de cuenta del hermano de Fernando Villavicencio por medio de filtraciones, eso significaría una grave falla en la seguridad de las instituciones financieras ecuatorianas. 
En ambos supuestos, el problema es gravísimo y va mucho más allá de la afectación al hermano de Fernando Villavicencio, el propio Fernando e incluso al periodismo de investigación.  Si  la seguridad de las instituciones bancarias puede ser comprometida tan fácilmente, eso significa que la información de todos sus depositantes y clientes está en riesgo y su posible exposición puede llevar a otras situaciones de riesgo que van desde extorsiones a la alteración de la misma.

Es increíble e inaudito que un Consejero Presidencial no hubiera vislumbrado estas amenazas.  Una persona comprometida con los más altos intereses del Estado hubiera evaluado el riesgo que tal fragilidad del sistema significa y se hubiera preocupado de cómo enfrentarlo y remediarlo en lugar de utilizarlo como herramienta de venganza personal.  Por otra parte, si Cuesta obtuvo esa información gracias a la posición de poder que detenta, vía las instituciones del Estado, también es grave.  Cualquier ciudadano que moleste a un funcionario como Cuesta o cercano al Presidente puede ser víctima de una práctica como esta.
Por otra parte, cualquiera que haya sido el origen de los estados financieros del hermano de Villavicencio,  la actuación de Cuesta ante Vera y su posterior afirmación de que obtuvo esta información mediante una filtración, casi cataloga ante la creación de pánico financiero. 
(Por cierto no es la primera vez que desde el poder se inventan supuestas fuentes “legítimas” para justificar información privada que se obtuvo abusando de las capacidades estatales.  Cuando se filtraron los correos electrónicos de Martha Roldós en el diario oficial “El Telégrafo”, Orlando Pérez el director del medio, dijo que habían obtenido los correos de Roldós mediante una solicitud de FOIA, Freedom of Information Act, la cual ni funcionaba como el indicaba ni daba acceso a correos privados de una ciudadana extranjera).

Irónicamente, Santiago Cuesta, consejero del Presidente Lenin Moreno, pretende equiparar su situación  con la de un periodista de investigación.  Pero él no está exponiendo al poder, él es el poder reaccionando ante las denuncias.  Los estándares internacionales en materia de transparencia y privacidad son claros.   Los ciudadanos, como el hermano de Fernando Villavicencio están protegidos por las normas de privacidad.  Los funcionarios públicos, en cambio deben someterse al máximo escrutinio por parte de la prensa y la ciudadanía. Es inaudito que un alto funcionario público esté ahora exigiendo cuentas a un ciudadano particular. Esa era práctica del correísmo, que el señor Cuesta ha reeditado.

Adicional a esto, hay un timing sorprendente.  ¿Por qué Cuesta decide irse con tanta fuerza contra Villavicencio cuando publica una investigación como Arroz Verde, que supuestamente deberían favorecer al gobierno morenista, que está en la mira de las autoridades judiciales por el caso  INA Papers? Cabe otra inquietud no menos grave: Cuesta y Rafael Correa (y su aparato de propaganda en la sombra) coinciden, una vez más, en atacar a Villavicencio y Zurita. No solo coinciden en las formas de descrédito y desprestigio, desviando el tema de fondo —que es el financiamiento corrupto de las campañas políticas a través de coímas de proveedores del Estado o fondos de campaña no declarados — hacia la crítica de cómo y de qué viven los periodistas denunciantes. ¿Las prácticas mafiosas ahora se juntan para proteger un sistema corrupto, que ha hecho de la política un negocio financiado con dinero sucio?
Que Arroz Verde sea el disparador de la diatriba de Santiago Cuesta nos hace reflexionar sobre las rupturas y continuidades entre el morenismo y el correísmo y dónde estuvo el Consejero Presidencial en los peores momentos de corrupción y persecución a la prensa, al asalto a los fondos públicos y a la violación sistemática de los derechos humanos durante el correato.
Finalmente, lo que más sorprende es la falta de visión de Santiago Cuesta y el mal predicamento en el que sus palabras y acciones ponen al gobierno de Lenín Moreno a escala nacional e internacional.  El mayor golpe no se lo da a Villavicencio sino a la institucionalidad del Ecuador.  Ante el concierto de las naciones, el canciller del Ecuador ha hecho esfuerzos por establecer un corte frente a los Estados autoritarios que abusan derechos básicos.  El Consejero Presidencial, por otro lado, nos retrotrae a las prácticas que creíamos superadas del correato. 
A estas alturas, Lenin debería preguntarse cuánto le cuesta Cuesta al Ecuador y a su gobierno.

 

 

Todos los nombres de arroz verde

Fernando Villavicencio V., Christian Zurita Ron y Cristina Solórzano


Dos palitos

Los registros de Arroz verde señalan que Alianza PAIS le pidió a la constructora Hidalgo & Hidalgo, un monto de $2 millones. Un millón fue gestionado por María Duarte y el otro restante por Walter Solís. Según los registros de Arroz verde se dice que fueron dos palitos repartidos. Alianza PAIS instruyó para que los proveedores Diverton S.A., Thiagocorp S.A., Charly Alberty Producciones, Inmobiliaria Crisvilop, Offser Abad, Sc Films Producciones e Importadora Comercial Pérez, Indura / Cable facturaran a nombre de la constructora Hidalgo & Hidalgo. También le fueron cargados dos valores por concepto de Gastos de Campaña y “facturación País”(sic).

Entre el 9 y 30 de enero de 2014 se emitieron facturas -por las empresas anteriormente señaladas- por $626.178,00 a nombre de Hidalgo & Hidalgo. Según el registro de Arroz verde el “Saldo Disponible Hidalgo & Hidalgo S.A fue $1.373.822,00”, dice el documento. Esto quiere decir que le quedaba pendiente de pagar el valor de $1,37 millones.
Cómo pagó H&H
El reporte del 3 de marzo de 2014, señala que Walter Solís (L3) y María de los Ángeles Duarte (L2) se encargaron de gestionar y recaudar el dinero. El reporte de esa fecha posee un archivo denominado 03 02 14 en el que constan tres listas.
Una de las listas es la llamada “WS”, fechada el 6 de noviembre de 2013, que detalla qué aportantes estaban a cargo de Solís: “Pedro Verduga (1m), Alberto Hidalgo (1m), Luis Valero (400), Luis Valero (401)”.
Otra lista llamada “MD”, del 5 de noviembre de 2013, a cargo de María Duarte, señala que a Alberto Hidalgo “se le pidió un palo”. A “Manuel Fontana, Fopeca. Se le pidió medio palo”. De la empresa Midisa S.A. escribieron que “aseguró un palito. Llámalo cuando gustes. Dispuesto”, de Edgar Salas, de Consermin esperaban recibir 300.000. “Aunque a Edgar Salas lo estoy presionando por 200.000 más, cuando le pague liquidación vía Balbaneda Pallatanga”(sic).

El 14 de diciembre de 2013, se registró en la matriz que V2 (Hidalgo & Hidaldo) “no contesta el celular, pero se ha dejado mensajes con su asistente Marcia Jurado. Se pidió intervención de L2, ella ofreció interceder. Aún sin resultados”.
El 12 de enero de 2014, se escribió “al fin contestó y pide se emita una primera factura por $100 y por el resto pide reunión el miércoles 15 de enero de 2014 en Guayaquil”. El 19 de enero se escribió: “En reunión mantenida, solicita se gestione un pago a su favor, que Senagua tendría que hacerle. Se le explica que eso no es competencia. Ofrece nuevo cruce de cheque”. Desde esa fecha en adelante fue “cumpliendo”.
Hidalgo & Hidalgo se ha adjudicado un sinnúmero de obras de infraestructura (puentes, túneles, saneamiento, riego, electrificación, puertos, aeropuertos y edificaciones). Entre sus proyectos se cuentan: la rehabilitación de la carretera E-25 Baba en la provincia de Los Ríos, de 16.52 kilómetros (USD 26.2 M), Trasvase Chongón – San Vicente (USD 43 M) más un contrato complementario por USD 39 millones; la vía Aloag – Santo Domingo (60 M), la vía Vía Cuenca-Azogues (72M), la rehabilitación Zhud-Cochancay – La Troncal-El Triunfo (71M), la construcción de la carretera Baños-Riobamba (30M), el anillo vial de Quevedo, dónde aterrizaban las narcoavionetas (150M), entre otras.
H&H es propietaria de acciones de International Water Services – Interagua Cia., Ltd., contratista del Municipio de Guayaquil.

FOPECA y las firmas líquidas
El código V2 fue asignado a Manuel Fontana de la empresa Fopeca. Aportó $500.000 y su pago lo gestionó, según los documentos de Arroz verde, L2-María Duarte.

En anotación del archivo “03 02 2014” de noviembre de 2013, se señala: “No asistió a la cita convenida el lunes 11 de noviembre de 2013, pide que a su regreso de Colombia, esto es, el jueves 21 de noviembre de 2013, se lo vuelva a llamar”. En la matriz se establece que en fecha 4 de diciembre se escribió: El 21 de noviembre de 2013, él manifestó que ha pensado que serían 400 firmas, sólo podrá recaudar 300, de los cuales 60, serían líquidos. El 4/12/2013, entregó 30 y ofrece para el 9/12/2013, los otros 30. Diferencia 240 cruce.” (sic).
El 2 de enero de 2014 en la matriz “03 02 2014” se escribió: “Cumplido su valor en líquido (saldo entregado el 18/12/2014) los cheques solicitados están siendo pagados”. Desde el 9 de enero de 2014 en adelante se escribió únicamente: “cumpliendo”.
MIDISA, UN PALITO
Midisa S.A., con el código V3 “aseguró un palito” ($1 millón). El registro del 20 de noviembre de 2013 del archivo “03 02 2014”  dice: “no asistió a la cita convenida el miércoles 13 de noviembre de 2013, lo estoy llamando y no contesta el teléfono. Sigo insistiendo”. Al 12 de diciembre de ese año el mismo archivo detalla: “480, entregados el 10 de diciembre de 2013”.
El 14 de enero de 2014 se escribió en la matriz del archivo antes citado: “informa que hace 1 mes entregó la diferencia $500 directamente a un emisario de L1, por lo que se descuenta este valor por cobrar”. Cinco días después dijeron “confirmado que únicamente fueron entregados $480 de los $500”. En los registros del 3 de febrero de 2014, señalaron que “el 31 de enero de 2014, entregó $500, de los cuales 19 billetes estuvieron rotos, indicando que el inconveniente será solucionado”.
CONSERMIN
Edgar Salasde Consermin, registrado con el códio V4, aseguró la entrega de $300.000. Pago gestionado por L2. “El miércoles 13 de noviembre de 2013, ofreció que el lunes 18 de noviembre de 2013, entregaría $100 pero no cumplió. Sigo insistiendo. Pedí a L2 su ayuda, aún sin resultados. Comunica que ya habló con L2, y en el transcurso del lunes 13 de enero de 2014, informará el día cuando podrá cumplir”. Los registros de febrero de 2014 señalan: “ratifica que su apoyo vendrá en los próximos días”(SIC).

En el archivo de Excel se agrega una pestaña titulada lista MD que dice textualmente: “aunque a Edgar Salas lo estoy presionando por 200.000 mas, cuando le pague liquidación vía Balbaneda Pallatanga”(sic).

El clan Verduga
Pedro Verduga, de la empresa Equitesa, entregó 1 millón de dólares, según arroz verde 502. El pago fue gestionado por L3-Solís. El jueves 14 de noviembre de 2013 confirmó su oferta, “pero a través de cruce de facturas”. El 3 de diciembre de 2013, les ofreció que entregaría, “el martes, 10 de diciembre de 2013, $100”(sic).

El reporte del 2 de enero de 2014 dice: “entregado el 20 de diciembre el 2013, $100. A pedido una reunión para este viernes 3 de enero de 2014 en Guayaquil”. A partir de esa fecha fue “cumpliendo” (sic).
Exigentes con Valero Semaica
Luis Valero, entregó 1 millón de dólares.

El 20 de noviembre de 2013 registraron que “el martes 12 de noviembre de 2013, indicó que entregará $150.000 en efectivo dentro de 2 semanas y $350.000 mediante cruce de facturas”.“Aún no concreta oferta en efectivo. Facilitó la información de datos para facturar a nombre del Consorcio Valero – Semaica”(sic). El 9 de enero de 2014, dijeron que Valero se encontraba “Cumpliendo cruce de facturas. Falta efectivo”(sic). Cinco días después escribieron “20/01/2014, informa que el saldo también será en facturas, ha entregado $100 en efectivo a VB”. Desde esa fecha se le registró como “cumplido”.
Odebrecht
El reporte indica que la brasileña pagó “el 9 de septiembre $500, 21 de octubre $500 y 12 de noviembre de 2013 $150, está cumpliendo”.
La anotación del 4 de diciembre de 2013 señala “el 21 de noviembre $300, 2 de diciembre $100, Total. $1.550”.
El 2 de enero de 2014 dijeron: “$500 entregados el lunes 16 de diciembre de 2013.Total $2.050. El 16 de diciembre de 2013, $439,9. Total $2489,9. El 18 de diciembre de 2013. $10.1. Total $2.500. CUMPLIDO”.

SK, dando y dando
El código V8 relacionado a la empresa surcoreana SK estableció que no entregarían “aportes” hasta no tener “la adjudicación del contrato”, “que ellos cumplen a partir de esa fecha y todo en cruce de facturas”. El 2 enero 2014 un reporte dice: “Ya firmó el contrato, pero pide que esperemos a que él reciba el anticipo”. “Ofrece próxima semana del 13 de enero”.

El 14 de enero de 2014 reportan que: “Autorizada la emisión de facturas con fecha 2 de enero de 2014 en adelante.  Pueden ser enviadas 4 facturas semanales incluida la de servicios legales de diferentes proveedores, los conceptos deben ser exclusivamente con las descripciones del listado entregado”. El 19 de enero dicen: “se le envió factura para cruce”. El mismo mensaje se escribió el 19 y 27 de enero y solo el 3 de febrero se escribió la palabra “Cumplido”
El testaferro de Glas
El código V9 pertenece a la china CWE relacionada a José Alvear Icaza. Según el documento le pidieron USD 1 millón.
El 20 de noviembre de 2013 señalaron “no asistió a la reunión del miércoles 13 de noviembre, se dio una nueva reunión el 19 de noviembre de 2013 acudiendo el señor Juan Carlos Wang y Enrique, representantes de CWE que: “ratifican su voluntad de apoyar en cuanto reciban la adjudicación de contrato ofrecido”. Para inicios de diciembre de 2013 la empresa dijo que entregaría los aportes a partir de la adjudicación de contrato, “que ellos cumplen a partir de esa fecha y todo en cruce de facturas”. L1-Jorge Glas, recomendó “no insistir en este tema”.
El lobista chino
Bajo el código V10, a Bolívar Sánchez le solicitaron USD 1 millón. Aporte que fue gestionado por L1-Jorge Glas. Según los registros el 2 de diciembre de 2013 ofreció, “500 cruce de facturas y 500 líquido a partir del 20 de diciembre y el líquido enero y febrero”(sic). El 13 de enero de 2014 “entregó $70”.  Desde esa fecha fue “cumpliendo”.
Sánchez figura como lobista de los proyectos Bulu Bulu y la central hidroeléctrica Sopladora. El representaba a la empresa china Gezhouba Group Company.
Tomi Topic cumplió en líquido
Uno de los archivos del reporte “03 02 2014” dice que “el 3 de diciembre de 2013 me reuní y ofreció que entregará 250 el 10 de diciembre y 250 el 17 de diciembre de 2013. Todo líquido”. Según las anotaciones “entregó $100 el 3 de enero de 2014, saldo el 10 de enero de 2014. Entregó $250 el 10 de enero de 2014 y el saldo lo entregará el miércoles 15 de enero de 2014”. El 15 de enero de 2014, dio “$150 líquido”. A partir de ahí fue “cumpliendo”.
El jefe boy scout
V12 era el código de William Phillips del grupo Azul. El 12 de diciembre de 2013 dijeron “20 entregados en 9 de diciembre de 2013”. El 2 de enero de 2014, pidió reunión con L1-Jorge Glas. El 14 de enero de 2014 se mantenía “en espera de respuesta de L1”, hasta el reporte del 3 de febrero de 2014 se mantuvo este mismo mensaje. Los registros indican que lo dejó esperando.

La mano rusa
En enero de 2018 el portal La Fuente publicó una investigación llamada “Odebrecht sacó a la luz al cajero ausente de la revolución”, en este texto apareció el nombre de Rafael Córdova, vinculado a la empresa Welsby, que hizo una transferencia a la empresa Importram, de propiedad de John Jara Merino, asesor de Jorge Glas. Córdova fue representante de  la firma rusa Interao, socia de la china CWE, constructoras del proyecto Toachi Pilatón.
El código asignado a Rafael Córdova es V12, Metco.  Esperaban de él la suma de USD 500.000.  El 2 de enero de 2014 señalaron que “ofrece 500 en facturas”. Hasta el 14 de enero de ese año se mantuvo “cumpliendo cruce de facturas”. Los siguientes mensajes fueron de cumplimiento.
El chino cumplidor
Cai Runguo, llamado V14, en reporte de 2 de enero de 2014, ofreció “500 en facturas”, el 9 de enero de ese año ofreció que “el martes 14 de enero entregará líquido y saldo cruce de facturas $100 y $400 en líquido”(SIC). En efecto, “entregó el 14 de enero de 2014, $400”. Hasta el 3 de febrero de 2014 fue registrado como “cumpliendo”.
V15
A Osier S.A. le llamaron V15. Le pidieron $1 millón. Sin embargo, todos los reportes fueron registrados con el mensaje “En espera de instrucciones de L1”.
V16
TEODORO CALLE / TGC fue registrado con el código V16.  Según las anotaciones el 13 de enero de 2014, indicó que su aporte será de $300.000; “$270 en facturas y $30 en efectivo, que serán entregados por Jackeline Piñeiros, el jueves 16 de enero a las 15h30. Muestra su preocupación por falta de proyectos. Pide ayuda a L2”. El 16 de enero de 2014, entregó $30 líquido, dice el documento. Desde el 27 de enero de 2014 en adelante se escribió únicamente: “cumpliendo”. Los aportes fueron gestionados por L2- María Duarte.
V17
CONSERMIN era V17. Le pidieron USD 200.000. Desde enero de 2014 hasta el 3 de febrero de 2014 fue registrado como “cumpliendo cruce de facturas”.
V18
A Francisco Suarez le fue asignado el código V18, según el registro, el 26 de enero de 2014, indicó que se realizaría el pago por medio de cruce de facturas. El 3 de febrero de 2014, anotaron que “ya entregó los datos para facturación”.
El millón de Galo Mora
Según el informe Arroz Verde 502, los $4.6 millones recibidos en efectivo, fueron distribuidos por la asistente de Rafael Correa Delgado, Pamela Martínez Loayza, a varios representantes de Alianza PAIS que constan en el reporte. Los desembolsos se hicieron previa autorización de Jorge Glas Espinel – L1, María Duarte – L2 y nueva información que vincula a Vinicio Alvarado Espinel, código VAE. El último registro de egresos correspondiente al 6 de febrero de 2014, estableció que gastaron $4.1 millones y dejaron un saldo en caja de $536 mil dólares.


A los nombres revelados en la primera entrega, se incluyen nuevos destinatarios del dinero en efectivo entregado por Pamela Martínez, recursos en los que constan los aportes de Odebrecht. En el registro de egresos aparece el nombre de Galo Mora Witt, entonces secretario de Alianza PAIS, signado con el código GM. En declaraciones públicas, Mora, dijo no haber recibido dinero de Odebrecht: “al único brasileño que conozco es a Neymar”, dijo irónicamente.
El 13 de noviembre de 2013, a través de Rolando Carrera Maya, contador de AP, se hizo la entrega de $50.000 como primer pago para la convención nacional del correísmo a realizarse en la ciudad de Cuenca. El 13 de enero de 2014 se entregó a Carrera Maya $1.05 millones para cubrir el apoyo a las prefecturas y $50.000 adicionales como segundo pago para la convención de Cuenca. En total, Galo Mora, recibió a través de Rolando Carrera la suma de $1´150.000.
Entre el 21 de enero y el 6 de febrero de 2014, se identifica otro desembolso de $1’390.000 a favor de Rolando Carrera, por diferentes conceptos administrativos del partido gobernante. Estos pagos fueron autorizados por el ex secretario de la administración del correísmo, Vinicio Alvarado Espinel VAE, según el informe Arroz Verde.
Los días 8  y 11 de noviembre de 2013, María Duarte, recibió de Yamil Massuh, $320.000 para cubrir gastos de la convención de Alianza PAIS en Guayaquil, el pago fue autorizado por Vinicio Alvarado.
El 6 de febrero de 2014, según el registro de egresos, VAE recibió de Patricio Endara, cuñado de Virgilio Hernández y ex asesor de Augusto Barrera, la cifra de $400.000 por cruce de facturas, proceso autorizado por Jorge Glas y María Duarte.
ARROZ VERDE PARTE TRES
Nuestra investigación incluirá una tercera entrega en la cual revelaremos el cuadro de testaferros de L1-JG