Autor: mh

Odebrecht y otras multinacionales pusieron presidente en Ecuador

Escrito por mh en 30 de abril de 2019. Publicado en Reportaje, Tomislav Topic.

Fernando Villavicencio y Christian Zurita
El informe y sus anexos, al que este portal tuvo acceso, dan cuenta de aportes por $11,6 millones de un total de $14,1 millones proyectados, bajo un sistema de códigos que identifican a empresas nacionales y transnacionales, contratistas del Estado y a los más altos representantes de Alianza PAIS. El destino de la millonaria recaudación fue financiar la campaña electoral del binomio Rafael Correa -Jorge Glas y las listas de asambleístas y autoridades de gobiernos locales del oficialismo en 2013.

En 2017 se conoció un audio en el cual José Santos de Odebrecht le decía al excontralor Carlos Pólit, actualmente prófugo, que Jorge Glas, le había solicitado dinero para la campaña del movimiento Alianza PAIS. Hasta ahora no se había revelado evidencia de lo expuesto por el ejecutivo de la constructora brasileña.

Arroz verde 502 revela las claves que usaron los principales líderes del correísmo para gestionar esas contribuciones al partido de gobierno. En nuestro poder reposan decenas de facturas, reportes contables y comunicaciones que denotan un sistema de corrupción estructurado, tal como Lava Jato, pero con particularidades a la ecuatoriana.
De la misma forma que el caso Lava Jato, con la receta Arroz verde 502, se cocinó un sistema de claves que ocultó a los responsables de esta trama de corrupción, por ejemplo: (Líder 1 Jorge Glas JG) (Líder 2 María de los Ángeles Duarte MD) (Líder 3 Walter Solís WS). Similar como sucedió en el Perú con el fallecido Alan García, que tenía el código AG y se atrevió a bromear diciendo que se refería a la cantante Alejandra Guzmán.

Walter Solís – fotografía tomada del catálogo de fotografías que Odebrecht publicó para proporcionar sus obras.
Quienes se encargaron de negociar, gestionar y recaudar el dinero de aportes «voluntarios» al movimiento Alianza PAIS, fueron Jorge Glas Espinel, vicepresidente (L1 JG); Walter Solís Valarezo (L3 WS), Secretario Nacional del Agua y María de los Ángeles Duarte (L2 MD). Con ellos participaron María Pamela Martínez Loayza (asesora de Rafael Correa), María Augusta Enríquez Argudo (mano derecha de Roldán Vinicio Alvarado) y las asistentes de Presidencia Laura Terán Betancourt y Victoria Andrade.

Se trata de un caso sin parangón en la región porque las coimas, bajo el esquema de donaciones, llegan a 11,6 millones de dólares, que en nada se compadece con los casos de Lula da Silva en Brasil, sentenciado porque se probó que era el beneficiario de un apartamento de $189.000, pagado por Odebrecht, o los $3 millones de dólares que llevó a la cárcel a Ollanta Humala en Perú.
Las empresas que entregaron los aportes voluntarios, usando el sistema de códigos son: Constructora Norberto Odebrecht (código V7), SK Engineering & Construction (V8), Sinohydro Corporation (V14), Grupo Azul (V12), Telconet (V11), China International Water & Electric Corp-CWE (V9). Además, se reportaron otras compañías como la constructora nacional Fopeca y Sanrib Corporation (V10), esta última propiedad de Bolívar Sánchez Ribadeneira, uno de los mayores lobistas hasta ahora oculto, vinculado al capital chino.

El proceso de recaudación estuvo a cargo de Pamela Martínez Loayza, con ayuda de Laura Terán Betancourt. El sistema reporta dos mecanismos de aportes: en efectivo $4,6 millones y a través del modelo de cruce de facturas una cifra de $7 millones, donde las empresas multinacionales cancelaban los comprobantes de los proveedores de la campaña de Alianza PAIS.
Los principales líderes de Alianza PAIS contaron con el apoyo de varios coordinadores: C1-OM, que aún no ha sido identificado, C2-ME que se refiere a María Augusta Enríquez Argudo y C3-PM, que es Pamela Martínez, ambas asesoras de la Presidencia de la República.
Martínez Loayza habría sido quien distribuía el dinero a los miembros del movimiento político con la autorización de Jorge Glas-L1 y María Duarte-L2.
Valores en efectivo registrados en el informe Arroz verde como donaciones de grandes empresas a favor de Alianza PAIS.
Como hemos señalado, el informe Arroz verde establece un monto total levantado por 11’670.000 dólares de un total de 14.1 millones de dólares proyectados, dividido en $4’680.000 en efectivo, tal como detalla este cuadro y $7’010.000 a través del método de cruce de facturas.

Odebrecht, citada como V7, entregó 2.5 millones de dólares en efectivo, dinero gestionado por Jorge Glas (L1), esos recursos se desembolsaron en partes: el 9 de septiembre de 2013, $500.000; el 21 de octubre de 2013, $500.000; el 12 de noviembre de 2013, $150.000; el 21 de noviembre de 2013, $300.000 y el 2 de diciembre $100.000. Además, el 16 de diciembre de 2013 dio $939.900 y el 18 de diciembre de 2013 U$10.100, en total 2´500.000 dólares. El contacto fue Geraldo Pereira de Souza, ejecutivo de la firma constructora. Geraldo de Souza fue investigado en la trama de corrupción que llevó a prisión a Jorge Glas y su tío Ricardo Rivera, se lo acusó de recibir más de $9 millones en efecto, dinero transportado en camiones blindados, pero ninguna pista se encontró entonces respecto a la receta Arroz Verde 502.

El ex vicepresidente (L1), también pidió $1´500.000 a V8, SK Engineering & CO, por intermedio del CEO Mateo Choi, el empresario negoció su aporte mediante un cruce de facturas, quien además solicitó a Martínez enviar a la compañía surcoreana cuatro facturas semanalmente, incluyendo la de los servicios legales de los diferentes proveedores de Alianza PAIS.
El CEO señaló que los detalles de las facturas deben ser distintos y estar acorde a la descripción que ellos extendieron con antelación. Al 3 de febrero de 2014 SK cumplió con su aporte, posterior a la entrega del anticipo de uno de los contratos firmados con el Estado (repotenciación de Refinería Esmeraldas), según detalle del 2 de enero de 2014.

La receta Arroz Verde, reporta también la relación de Jorge Glas-L1 con el ex embajador Cai Runguo, representante de Sinohydro CorporationCO-V14, que aportó el 14 de enero de 2014, la suma de $500.000, de los cuales $400 mil fueron entregados en efectivo y $100 mil en la modalidad cruce de facturas. También se constata que Iván Wuyu y Hu Ning- Beatriz eran los nexos con esta constructora. Beatriz es la misma empleada de Sinohydro relacionada en el caso Ina Investment.
Con la receta ademas se cocinó la negociación de Jorge Glas Espinel con William Phillips Cooper “Bill Phillip”, esposo de la entonces asesora presidencial Mónica Hernández Vásconez y representante del GRUPO AZUL (V12). El informe señala que el 9 de diciembre de 2013, el grupo Azul entregó $20 mil en efectivo.
Arroz Verde incluye en su menú la relación entre Jorge Glas- L1 y Tomislav Topic Granados, gerente de TELCONET (V11), quien se comprometió a entregar el monto de $500 mil en efectivo, de los cuales, el 03 de enero de 2014 se concretó un pago de $100 mil, posteriormente, el 10 de enero $250 mil y el 15 de enero, $150 mil.
La estatal China International Water & Electric Corp-CWE (V9), a través de su representante José Alvear Icaza, se comprometió con Jorge Glas-L1 a cancelar $1’000.000 como aporte al movimiento político. Sin embargo, el 19 de noviembre de 2013 Juan Carlos Wang, director de CWE y José Alvear, indicaron que aportarán cuando reciban la adjudicación del contrato ofrecido. En la base de datos de voluntarios se encontró la empresa Lagerfeld S.A, cuyo gerente general es el hijo de José Icaza, Ricardo José Alvear Zenck, y como nexo a la organización estaba Myrian Elizabeth Sáenz Capovilla.
La compañía china CWE en consorcio con la rusa Inter Rao, fue contratista del proyecto Toachi Pilatón.

Según el informe, Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia, recibió $265.000 por concepto de “servicios jurídicos verdes”, repartidos en tres partes: el 23 de septiembre de 2013, $85.000; el 2 de diciembre de 2013, $80.000 y el 7 de enero de 2014, $100.000.
De acuerdo con el documento revisadoa Viviana Patricia Bonilla Salcedo, ex candidata a la Alcaldía de Guayaquil y actual asambleísta del correísmo, se le asignó $320.000 para apoyar de campaña de los comicios seccionales del 23 de febrero de 2014, de los cuales se entregó $100.000 a Gustavo Xavier Bucaram Loaiza, funcionario del ministerio de coordinación de la política y $220.000 dólares a Christian Humberto Viteri López, ex asambleísta de AP, a quien Pamela Martínez, dijo que entregó 100.000 el 13 de noviembre de 2013 y $60.000 en dos ocasiones, el 21 y 25 de diciembre de 2013.
Consultamos al exasambleísta Viteri respecto a este informe y señaló que todos los gastos fueron justificados, aunque demostró extrañeza por los aportes en efectivo que realizó la dirección nacional de Alianza PAIS, incluso nos facilitó esos reportes depositados en una cuenta del banco de Fomento.
El 2 de diciembre de 2013, Diego Patricio Endara Erazo, asesor del gabinete de la alcaldía de Quito, por seguridad civil de ese mes, se le canceló $5.000.
Odebrecht también financió los viajes de placer

El informe Arroz verde no solo anexó los ingresos logrados por Jorge Glas con diversas empresas, además incluyó información de la relación personal que mantuvo Odebrecht con la asesora presidencial Pamela Martínez.
El 20 de febrero de 2013, tres días después del triunfo electoral de Rafael Correa en una sola vuelta, Martínez Loayza, recibió un correo electrónico del ejecutivo, Geraldo Luiz Pereira de Souza, apoderado especial de Odebrecht y además encargado de la administración y finanzas de la empresa en Ecuador.

El mensaje para la asesora de Correa dice: “Abajo algunas opciones de vuelos, para una primera evaluación suya, de acuerdo con eso vamos ver hoteles, etc.”.
Se trataba de un itinerario de viaje entre el 14 y 23 de junio de 2013 y no precisamente de trabajo. Pamela Martínez respondió diciendo que nueve días de viaje era mucho tiempo y que siete eran suficiente. La respuesta de Geraldo Luiz Pereira de Souza fue que debía considerar dos días de viaje.
Odebrecht tambien realizó transferencias a la empresa NexoGlobal, vinculada a la familia de Martínez Loayza, como se detalla en el siguente cuadro.

En medio de esa correspondencia se evidenciaron otros comunicados que dejaban en claro pagos de Odebrecht mediante contratos con terceras personas y siempre consultado a Pamela Martínez.
Es el caso del 21 de febrero de 2013, Laura Terán Betancourt, la asistente de Pamela Martínez en la Presidencia de la República, envió un comunicado a Manuel Castilla Fassio que dice: “Por instrucción de la doctora Pamela Martínez, cumplo en enviarle la siguiente información…”
Eran los datos de la empresa Odebrecht con su dirección y teléfonos en Quito. El 5 de marzo de 2013 Manuel Castilla envió un mensaje a Geraldo Luiz Pereira de Souza con copia a Pamela Martínez que decía: “Estimado Geraldo: …hice las correcciones al borrador del contrato en lo referente a los servicios, pero no hice el cambio del representante legal ni del valor mensual, por lo que te pido que lo hagas. La próxima semana debo ir a Quito y podríamos aprovechar para firmarlo si estas de acuerdo, por favor confírmamelo…”

Ese mismo día Pereira de Souza le envío un mail con un “borrador de contrato sin pauta 2013”.

Llevaban las cuentas en matrices de Excel
El 28 de enero de 2013 una funcionaria del Ministerio de Justicia, ex asesora del ministerio del Justicia, indica a Pamela Martinez que le envía la matriz de los proveedores que conversaron “el día de hoy”, esta matriz la realizó con los valores máximos a facturar y que ya tiene las facturas en blanco, por lo que le solicita le indique cuándo le hace llegar. A esto, Martinez le indica que de proveedores directos “no tengo”, que ya le escribió a MAE (María Augusta Enriquez Argudo), asesora presidencial, para que les envíe.
En la matriz se detallan dos facturas, la una con Nº 824 y la otra s/n, perteneciente a Guido Germán Arcos Acosta. Los pagos se realizarán por consultorías legales, ambientales, administrativas, mercantiles y financieras por $78.400 cada una, ($156.800 en total). Existen otras facturas con números 1662-1663-1664-1665, para la empresa Indura Importadora Comercial Pérez por venta al por mayor en artículos de ferretería por un monto de $ 67.200 cada una, por un total de USD 268.800.

Viviana Bonilla y FOPECA
Según el informe Arroz Verde, la empresa FOPECA pudo haber aportado $240.000, utilizando algunos códigos registrados al costado de los valores tales como MAE, VB y Corcho. Estos códigos posiblemente correspondían a María Augusta Enríquez (ex coordinadora presidencial en 2013), Viviana Patricia Bonilla Salcedo? y a Fernando Cordero Cueva, ?con el objeto de cubrir gastos relacionados al movimiento Alianza PAIS.

El 9 de diciembre de 2013 se entregó a Cristian Alejandro Orozco Taco $1.904 correspondiente al pago de la factura de No. 43 por concepto de servicios profesionales. El 7 de enero de 2014, se canceló 952 dólares por la factura No.45 (prestación de servicios alquiler de autos). La encargada era María Augusta Enríquez.
El 12 de diciembre de 2013, se entregó a José $4.054,40 por la factura No.1293 por publicidad. La encargada era Viviana Bonilla.
El 13 de diciembre de 2013, a la agencia de publicidad Creacional S.A. cuyo presidente y accionista es Roldan Vinicio Alvarado Espinel, se facturó $60.480 por honorarios profesionales, marketing publicitario, con la factura No. 41513. Encargada, Viviana Bonilla.
El 11 de diciembre de 2013 posiblemente se canceló $18.816 por la factura No. 1013 de Presentaciones Tafur por servicio de estampado de uniforme. Encargada, Viviana Bonilla.
El 11 de diciembre de 2013, por pistas publicitarias se canceló a Wendy Vanessa Vera Flores la cantidad de $6.720 con la factura No. 272. Encargada, Viviana Bonilla.
El 10 diciembre de 2013 por la factura No.1685 se canceló a LUZIN, por servicios de publicidad $5.096,00. Encargada, Viviana Bonilla.
El 12 de diciembre de 2013 el Instituto Latinoamericano de Comunicación, solicitó el pago mediante la factura No.2 por honorarios profesionales del estudio de marketing por $19.734,57. Encargada, Viviana Bonilla.
El 12 de diciembre de 2013, el IMASEN facturo $19.600 con comprobante No. 150 por estudio de mercado. De acuerdo a una publicación de El Telégrafo, Giovanna Peñaflor Guerra, fundadora de la encuestadora IMASEN del Ecuador realizó la encuesta de intención de voto para Viviana Bonilla quien fue candidata a la Alcaldía de Guayaquil. La encargada fue Viviana Bonilla. https://goo.gl/9Z35QZ
El 12 de diciembre de 2013 con factura No. 135, PUBLIELITE S.A. por pauta digital y redes sociales cobró $22.400. Encargada, Viviana Bonilla.
El 11 de diciembre de 2013, INNOVAPLUS S.A. con factura No. 4922, cobró $11.200 correspondiente a brandeo de carro, incluye instalación de vinil y microperforado para carro. Encargada, Viviana Bonilla.
El 9 de enero de 2014 la empresa PROPRAXIS cuyo presidente es María Verónica Moreno Vega facturó $60.000 por la elaboración de encuestas para la prefecta del Azuay. Encargado, Fernando Cordero Cueva?.
Cuenta librería
El 26 de julio de 2011, Pamela Martínez, alias Esmeralda del Mar, elaboró un registro denominado “Librería” en el que se detallan fechas y cifras. Martínez escribió que el 11 de junio de 2011 tenía en la librería un monto de $88.873,60 y al 20 de julio de 2011 $186.388,45.
De acuerdo con el reporte, del monto total se desembolsó a:

Vicky posiblemente Victoria Andrade (Asistente Nexoglobal) $ 950
Mónica Cordones $ 2.719,39, accionista de Jurisglobal S.A.
Gastos bancarios $ 30Se destaca además un registro que dice: “Del monto destinado para el caso 30S se destinó $54.561,65, sin embargo, se efectuó un egreso de 4.500 sin mencionar el concepto, quedando $ 50.061,65”

Además, Martínez describe el nombre de algunas empresas junto con varias cifras, probablemente se refería a los montos que se descontaban de la contribución que las empresas entregaban a Pamela Martínez, como a Sk Engineering & Construction, $25.412,36.
El 1 de julio de 2011, Laura Terán, asistente de presidencia entregó un reporte a Pamela Martínez, con los débitos efectuados por la compañía CONECEL o Claro de la cuenta No.000-172071-7 del banco Bolivariano por un total de $2719,39, cuya propietaria es Mónica Cordones Cadena, accionista de Jurisglobal.
Al parecer Mónica Cordones Cadena prestó su cuenta bancaria para los manejos financieros de Pamela Martínez, por cuanto el 1 de julio de 2011, Pamela Martínez, solicitó a Laura Terán que revise si Mónica Cordones realizó los depósitos.

Presencia de Sanrib en la trama de corrupción

Un personaje clave en esta trama es Bolívar Sánchez Rivadeneira, a través de sus empresas Sanrib Corporation de Ecuador y Panamá. Esta empresa actuó como puente entre las multinacionales y los proveedores de Alianza PAIS, su propietario Bolívar Sánchez, mantiene una larga vinculación con empresas chinas, en especial con Gezhouba, contratista de la central hidroeléctrica Sopladora y del proyecto Bulubulu, también con China Machinery Engineering Corp, CMEC, proveedora de equipos y servicios a Gezhouba.
SEMAICA
En la receta constan registradas otras empresas aportantes, como Semaica que colaboró con el pago de servicios para la campaña, como se desprende de la siguiente comunicación a través de la cual se dispone facturar a favor de la empresa Vértigo Films de propiedad de Vinicio Alvarado.

Operativo Escuadrón Verde
Con el objetivo de garantizar la seguridad de los líderes del correísmo y la realización de avanzadas a los lugares en los que se desarrollarían los eventos de AP utilizó el «ESCUADRÓN VERDE OPERATIVO – EVO», nombre acuñado por el entonces presidente Rafael Correa. En los documentos revisados se constata que el responsable de EVO fue Ítalo Centanaro Villacís, gerente de Coca Codo Sinclair. Entre el 04 de diciembre de 2013 y el 05 de febrero de 2014, para este concepto se destinó $16.000, de los cuales se pagó $4.000 mensuales a Francisco Xavier Noboa López.

Caso Carolina podría declararse en reserva por presión fiscal

Escrito por mh en 27 de abril de 2019. Publicado en Reportaje.

Redacción MilHojas

El caso Carolina, la adolescente de 15 años que murió asfixiada el 26 de agosto del 2018 por miembros de una red de trata que estaría dirigida por el estadounidense Royce Phillips, alias ´El Abuelo´, se queda sin abogado y su expediente puede declararse en reserva por el pedido de dos fiscales a quienes les preocupa que el caso se haya vuelto “mediático”.
Milton Castillo, defensor de la familia de Carolina, se alejó del proceso el pasado viernes 26 de abril, luego de confirmar que los fiscales Arturo Gordillo y Diana Córdova, se acercaron a Mariana (nombre protegido de la mamá de Carolina) y se reunieron en privado, para ofrecerle agilidad en el caso y plantearle la necesidad de declararlo como reservado, además de que se aleje de su abogado. Estos diálogos, denunció Castillo, se dieron sin estar él presente, ni su delegada y violentando la Constitución (Art. 76, numeral 7, literal e) que señala que nadie puede ser interrogado por la Fiscalía “sin la presencia de un abogado particular o defensor público”.
La reunión con Córdova, fue la tarde del 9 de abril desde las 15:00 hasta las 18:00. Con Gordillo la cita fue días después, según lo confirmó Mariana.
“La madre de Carolina no conoce la mecánica jurídica, los fiscales pueden decirle cosas que jurídicamente pueden ser incorrectas. Los fiscales han violentado el principio constitucional y el Código Orgánico de la Función Judicial”, refirió el abogado quien se quejó de cómo desde la Fiscalía se lleva el caso y de la falta de un pronunciamiento claro por parte de la Fiscal General, Diana Salazar.
El abogado Milton Castillo informó que la madre de Carolina ya no tenía comunicación permanente con él, porque fue influenciada por los fiscales que llevan los casos relacionados con la muerte de su hija. Foto: El Comercio
Castillo teme que, si el caso se declara en reserva, puede ocurrir lo mismo que con el proceso de la desaparición del estudiante David Romo, que durante dos años de reserva, su expediente fue manipulado para posicionar una versión policial sobre su posible muerte. En mayo próximo se cumplirán seis años de su desaparición.
O también que se deje de lado la investigación de trata de personas, en donde el principal investigado es Royce Phillips y se congelen otros casos que salieron a la luz por la investigación del asesinato de Carolina y cuyos relatos – de testigos protegidas- reposan en la Fiscalía con detalles de cómo actuaba esta banda que captaba adolescentes fuera de los colegios.
Por ello, formalizó un pedido al nuevo Defensor del Pueblo, Freddy Carrión para que intervenga –dentro de sus atribuciones- y vigile el debido proceso en los casos abiertos por el asesinato de Carolina.
La presidenta del Consejo de Protección de la Niñez de Quito, Sybel Martínez, cree que la familia de Carolina está siendo inducida al engaño y ha sido convencida de que no necesita un abogado defensor y tampoco reformular cargos porque el caso podría caerse. Pidió atención urgente a la Fiscalía General y al Consejo de la Judicatura.
Carolina fue reclutada por una red de trata que operaba en Quito desde 2015. La menor de edad murió asfixiada en agosto del 2018. Foto: Expreso
El asesinato de la menor de edad ocurrió hace ocho meses, pero su indagación arrancó recién el 17 de marzo pasado, luego de que las redes sociales y medios de comunicación se hicieran eco de la denuncia de Mariana, quien cuestionó el informe de los agentes Henry Montenegro Santacruz y Patricio Cuzin Cano, de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased), que basados en la autopsia, concluyeron que su hija falleció de “forma natural por un edema agudo de pulmón, pancreatitis aguda hemorrágica consecutivo a probable intoxicación. Y que al realizar el examen visual externo del cadáver, no presenta huellas de violencia visibles” a pesar de que la misma autopsia enumeró lesiones y excoriaciones en diferentes partes del cuerpo.
La actuación de estos dos policías aún no es investigada. La ministra del Interior, María Paula Romo, ha preferido no pronunciarse públicamente sobre el tema.
El caso de Carolina de 15 años de edad, lo tomó la fiscal especializada en violencia de género, Mariana Huilcapi, formulando cargos a Christian G. alias Careniña (21 años) por violación con muerte. Posteriormente ingresaron al caso, Antoni M. y dos mujeres menores de edad. Los cuatro, arrojaron el cuerpo de Carolina en un terreno baldío del Comité del Pueblo, al norte de Quito, el 26 de agosto del 2018, según un video grabado por una moradora del sector y que hoy consta en el expediente como prueba.
El 27 de marzo se allanó la suite arrendada por el estadounidense Royce Phillips, quien sería el cabecilla de la red de trata. Foto: Diario la Hora
Diez días después, se allanó la suite arrendada por el estadounidense Royce Phillips, alias el ‘Abuelo’, ubicada en el sector de la Quito Tenis. Fue detenido para investigación por el delito de trata con fines de explotación sexual. El ‘Abuelo’, un hombre de 65 años, era quien pagaba a Careniña para que junto con otros reclutadores recorriera los colegios del sector del Comité del Pueblo para conquistar a jóvenes de ambos sexos de entre 13 y 16 años de edad y les hicieran participar de actos sexuales grupales y ser grabados y fotografiados.
La fiscal Tania Moreno lleva la indagación del caso de trata con fines de explotación sexual.
La fiscal Tania Moreno, está a cargo de este caso de trata. El pasado 4 de abril, Moreno dijo a este Portal, que el caso avanza y que no puede dar detalles porque se encuentra en etapa de indagación. Pero confirmó que la abogada que defiende a Phillips es María Belén Cepeda Jaramillo, quien figura como presidenta del Estudio Jurídico Legal international Advisors Ejlia C.A., según la página web de la Superintendencia de Compañías.
En un papel membretado de este estudio y que es parte del expediente de trata, Royce Dale Phillips, dio a conocer los nombres de Marcelo Xavier Flores Cazar y María Belén Cepeda, como sus defensores y representantes.
La investigación de la muerte de Carolina la inició la fiscal Huilcapi quien formuló cargos contra los principales responsables e iniciaron las investigaciones que se conocen.
Este es el documento con el que Royce Phillips autoriza a sus abogados María Belén Cepeda y Marcelo Flores para que lo representen en su caso.
La fiscal Huilcapi, salió del caso a inicios de abril. Su lugar, lo tomó Paola Córdova (proceso de Christian G., alias Careniña). Mientras que el fiscal Arturo Gordillo, está a cargo de los adolescentes infractores en dos temas: Violación con muerte (Antoni M.) y fraude procesal (dos mujeres menores de edad y nombres protegidos).
Córdova estuvo a cargo del caso durante tres semanas y a pesar de que el 5 de abril pasado, Luis Guaico Pazmiño, el perito médico legista entregó el informe médico forense de la exhumación de los restos de Carolina -realizado el 18 de marzo-, no lo incluyó en el expediente. No quería atención mediática, dijeron fuentes consultadas.
Este documento, lo ingresó el 25 de abril Alejandra Sigcha, la reemplazo de Córdova, a través de una providencia en donde asumió la indagación de la causa de Carolina e hizo otros pedidos para avanzar con las investigaciones.
Castillo cuestionó las acciones y la “lentitud” del fiscal Gordillo. Un pedido de reconstrucción de los hechos con los jóvenes que abandonaron el cuerpo de Carolina en el terreno baldío, llegó al despacho de este fiscal el 2 de abril. La respuesta y convocatoria se dio para el 24 de abril a las 23:30. “Se comió más del 50% de los 45 días de la instrucción fiscal. Juegan con los tiempos y eso me preocupa”.
Los medios de comunicación no pudieron acceder a este lugar y la policía acordonó la zona para evitar que fotógrafos capten a los jóvenes involucrados en la muerte de Carolina. Según trascendió, la hora de esta convocatoria tenía como propósito de que los medios no acudan a esta diligencia.
En la reconstrucción de los hechos del 24 de abril a la media noche, participaron Careniña, Antoni y dos chicas menores de edad. Una de ellas, contó que vio a Carolina en el piso y sin signos vitales cuando llegó a la casa de la madre de Careniña la mañana del 26 de agosto, donde se supone se cometió el asesinato. Relató que le tomó el pulso y no le encontró. La otra, novia de Antoni estuvo presente en las últimas horas de vida de Carolina pero no dio mayores detalles. Antoni, declaró que tuvo relaciones sexuales consentidas con Carolina pero que en la mañana del 26 de agosto, mientras regresaba del baño, vio a Careniña con su brazo alrededor del cuello de la joven de 15 años. Hubo contradicciones y acusaciones mutuas.
Al momento, se quedan en el aire varios pedidos de la defensa a los fiscales: La declaración de Royce Phillips, los resultados de las pericias de los videos y la computadora que se encontraron en la suite de ‘el Abuelo’ y el detalle de la bitácora del guardia de seguridad del edificio donde vivía el anciano.
Informe médico forense confirma violación y muerte violenta
La exhumación de los restos del cuerpo de Carolina A. se entregó a la Fiscalía Especializada de Violencia de Género, el 5 de abril pasado y concluyó que la causa principal de la muerte de la adolescente de 15 años fue por “sofocación por obstrucción de la boca y la nariz” y como la causa básica de la muerte, “asfixia”.
El informe de la exhumación forense de Carolina fue entregado a la Fiscalía el 5 de abril e ingresado al expediente el 25 de este mes.
El informe de 25 páginas, recoge siete conclusiones y establece que la manera de muerte de Carolina fue “violenta” y con un punto de vista médico legal “probablemente o ciertamente homicida”.
Detalla que las lesiones en sus genitales “violentas y contundentes”, ocurrieron “pre-morten” (antes de producirse la muerte) y por sus características la exhumación forense asevera fueron producidas sin consentimiento de la víctima.
El cuerpo de Carolina presentó una serie de lesiones: En la cara tenía excoriaciones en sus mejillas, igual que en su abdomen, región lumbar y en sus rodillas, en una de ellas por una posible caída.
El informe que fue elaborado por el perito médico legista Luis Guaico Pazmiño, precisó que el resultado de la autopsia del 26 de agosto del 2018 fue inconcluso por señalar que Carolina murió por muerte natural por un edema agudo de pulmón, pancreatitis aguda hemorrágica consecutivo a probable intoxicación y descartó la intoxicación alcohólica.

EL FANTASMA DE LA COIMA DE H&H

Escrito por mh en 19 de abril de 2019. Publicado en Arroz Verde, Expedientes. No hay comentarios en EL FANTASMA DE LA COIMA DE H&H

Gracias a la publicación de los informes Arroz Verde y Lucas Majano -que revelaron el mecanismo de sobornos y financiación de las campañas electorales del movimiento Alianza PAIS, por parte de corporaciones nacionales y transnacionales- esta tragedia es ya parte del himno de la corrupción ecuatoriana. A la academia de las coimas de Odebrecht y Sinohydro se han sumado nombres de la escuela criolla como Hidalgo & Hidalgo.

En realidad, la poderosa constructora ecuatoriana, no tiene mucho que envidiar a Odebrecht, los expedientes la delatan: el holding arrastra procesos judiciales por sobornos en Perú, Panamá y ahora agrega uno casa adentro.

Pero, no solo el ojo fiscal observa a la empresa amiga de Rafael Correa y Lenín Moreno, tras años de silencio e impunidad, la Contraloría avanza un examen especial por el manejo irregular de una de las fortalezas contractuales: la vía Aloag – Santo Domingo. Periodismo de Investigación hace un viaje por las vías de H&H.

PANAMÁ

$10 MILLONES EN SOBORNOS

Panamá no tiene buenas referencias de Hidalgo & Hidalgo. Desde hace cuatro años la constructora ecuatoriana enfrenta una investigación por el supuesto pago de sobornos a funcionarios del Ministerio de Economía de ese país. El proceso parece estar congelado.

En 2012, el Gobierno panameño adjudicó a H&H el proyecto para la construcción del Sistema de Riego de Tonosí, por USD 155 millones. En 2015, esta obra llamó la atención de las autoridades pues pese a la entrega de un adelanto por USD 37.4 millones a H&H, la firma no justificó un centavo y tampoco se registró avances en el proyecto, ni siquiera se contaba con las tierras para la ejecución de la obra.

Una auditoría realizada por Contraloría General de ese país reveló que la empresa usó el dinero otorgado por el Estado para actividades distintas a las del proyecto. Acto seguido, como una de las primeras diligencias judiciales se congelaron al menos 40 cuentas bancarias del ex vicepresidente de la República Felipe Alejandro Virzi.

Las investigaciones motivaron la detención de empresarios y funcionarios; y, en noviembre de 2015, el Gobierno dio por terminado el contrato.

El primero en ser detenido fue Juan Francisco Hurtado, presidente de H&H, en mayo de ese mismo año. Esto mientras pretendía salir del país por el aeropuerto internacional de Tocumen. Días después se concretó el arresto de Marcos Albán, quien en 2012 firmó a nombre de H&H el contrato con el Estado.

Este caso está manos de la fiscal Zuleyca Moore, quien además ordenó la detención del empresario y exvicepresidente Virzi, luego que confirmara que este recibió al menos USD 10 millones de los fondos de H&H. A su vez, el ex funcionario acusó al presidente Ricardo Martinelli de presionar en favor de H&H. Martinelli se encuentra en prisión acusado de recibir sobornos de Odebrecht.

También fue detenido el exministro de Desarrollo Agropecuario (Mida) Óscar Osorio, quien firmó el contrato con H&H en 2012.

Este mes de julio se cumplen cuatro años desde que la fiscal panameña Zuleyca Moore solicitada a un juez se llame a juicio a 33 personas, acusadas de peculado, corrupción y blanqueo de capitales en el contrato de construcción del sistema de riego en Tonosí, pero hasta hoy, el caso de H&H no ha sido cerrado.

PERÚ

H&H Y EL “CLUB DE LA CONSTRUCCIÓN”

La justicia peruana identificó las operaciones de un entramado empresarial que concertaba la adjudicación entre 2011 y 2014, con el exasesor del entonces viceministerio de Transportes, Carlos García Alcázar, quien cumple 18 meses de prisión preventiva. A esta cofradía conformada por 12 empresas, identificada como una organización criminal por sus delitos contra la administración pública, se le bautizó con el nombre de “Club de la Construcción”.

Las investigaciones de la Fiscalía peruana se concentraron en resolver dos preguntas: ¿Quiénes integraban este Club? y ¿Cuánto ganaron?

Los actores empresariales fueron identificados: Graña y Montero, Cosapi, Obrainsa, Johe S.A., Icgsa, Mota Engil Perú, Constructora Málaga Hermanos y las brasileñas OAS, Queiroz Galvao, Andrade Gutiérrez; y, por supuesto, Hidalgo & Hidalgo.

EL CLUB DE LA CONSTRUCCIÓN:

Hidalgo e Hidalgo S.A.
Construcción y Administración S. A. – CASA
Cosapi S.A.
GyM S.A.
Obras de Ingeniería – OBRAINSA
Ingenieros Civiles y Contratistas – ICCGSA
Mota Engil Perú
Constructora Málaga Hermanos
Johe S.A.
Constructora OAS
Queiroz Galvao
Andrade Gutiérrez

Estas empresas ganaron al menos 25 contratos con Provías Nacional, una entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones del vecino país. Son más de USD 2.734’470.000 (unos 9.000 millones de soles) adjudicados entre el 2011 y 2014, que es el periodo investigado por la Fiscalía.

Cabe señalar que a empresa peruana Construcción y Administración S. A. (CASA), fundada en 1975, decide en el año 2003 sumar a la ecuatoriana Hidalgo e Hidalgo como socio mayoritario con el objetivo de posicionarse en el mercado.

Cuatro años más tarde H&H asume el 100% de la sociedad. Bajo el liderazgo de Juan Francisco Hidalgo Baraona, como presidente de H&H, y la dirección de Eduardo Sánchez Bernal, apoderado general de CASA, han logrado la adjudicación de múltiples proyectos. Actualmente CASA es una de las principales constructoras del Perú.

Las negociaciones en Perú estaban a cargo de Aurelio Hidalgo Zavala, actual ministro de Transporte de Lenín Moreno, quien a esa fecha era director internacional de H&H y ostentaba la representación de varias empresas relacionadas al grupo. El escándalo de corrupción que involucra al Club de la Construcción, es el segundo más grave en el vecino país, después de Odebrecht.

COLOMBIA

A PASO FIRME PESE A CUESTIONAMIENTOS

Mientras Panamá denunciaba a H&H, la constructora ya tenía dos grandes obras en Colombia y tenía puesto el ojo en un nuevo contrato. En ese país, la firma formó alianzas que le permitieron posicionarse a paso fuerte.

Sus actividades en Colombia iniciaron en 2010 con un proyecto de riego en el Tolima; luego, el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) le adjudicó el proyecto San José de Fragua-Villagarzón. Posteriormente se hizo con un contrato con la Agencia Nacional de Infraestructura colombiana (ANI) con el proyecto vial Zipaquirá-Bucaramanga.

H&H también se hizo con el proyecto para la construcción y rehabilitación de 76 kilómetros de la autopista entre Popayán y Santander de Quilichao, corredor estratégico que pretende mejorar la movilidad y la competitividad de la región suroccidental del país, así como la conexión con Ecuador. El proyecto hace parte de la Segunda Ola de Cuarta Generación.

Finalmente, para vías para la equidad fueron adjudicatarios de cinco contratos que superan los USD 68’6 millones.

CINCO CONTRATOS DE H&H CON INVÍAS:

Contrato de obras en el corredor Villagarzón-San José del Fragua, en el departamento de Caquetá, por un valor de USD 5’908.884 millones. El oferente ganador fue el Consorcio Vías Equidad 068, conformado por Hidalgo e Hidalgo Colombia S.A.S. (con una participación del 70%) y la firma ecuatoriana Hidalgo e Hidalgo S. A., sucursal Colombia (30%). Proyecto para la construcción de dos puentes con sus accesos: uno sobre el río San Pedro y otro sobre la quebrada la Yuma.
En el marco del programa Vías para la equidad, el INVÍAS adjudicó al Consorcio Vías Equidad 059 (colombo-ecuatoriano), conformado por Hidalgo e Hidalgo Colombia S.A.S (con una participación del 70%), Hidalgo e Hidalgo S. A., sucursal Colombia (30%), el mantenimiento y la rehabilitación del corredor vial Tame-Arauca, en el departamento de Arauca, por un valor de 15’395.988 millones de pesos.
Con una propuesta por valor de USD 2’261.390 millones el Consorcio conformado por las firmas Hidalgo e Hidalgo Colombia S.A.S (70% – Colombia) e Hidalgo e Hidalgo S. A. sucursal Colombia (30% – Ecuador), resultó ganador para ejecutar obras en la carretera Espinal-La Chamba.
Por un valor de USD 22’841.069 millones fue adjudicado al Consorcio Vías para la Equidad 050, conformado por Hidalgo e Hidalgo Colombia, con el 70%, e Hidalgo e Hidalgo Sucursal Colombia S. A. Ecuador, con el 30%, el contrato para el mejoramiento, gestión social, predial y ambiental de la vía Quibdó-La Virginia, sector Ánimas-Pueblo Rico para el programa Vías para la Equidad.
Con una propuesta por valor de USD 22’046.603 millones, el consorcio Vías para la Equidad 046, conformado por Hidalgo e Hidalgo Colombia, con el 70%, e Hidalgo e Hidalgo Sucursal Colombia S. A. Ecuador, con el 30%, fue el ganador del mejoramiento, gestión predial, social y ambiental del corredor Transversal del Cusiana, para el programa «Vías para la Equidad».

En su momento, la contratación de H&H en Colombia causó polémica porque de diferentes sectores consideraron que era equivalente a premiar una firma involucrada en escándalos internacionales. El gobierno colombiano, sin embargo, aclaró que la firma no está inhabilitada legalmente para licitar en el país.

ECUADOR

LAS BODAS DE SEDA DE BAROJA E HIDALGO

Un informe previo de Contraloría señala a la constructora por el cobro de rubros duplicados, injustificados y no cumplir con especificaciones técnicas en la vía Aloag-Santo Domingo.

Durante 12 años, la empresa Hidalgo & Hidalgo se hizo cargo de la ampliación de la carretera Aloag – Santo Domingo, a pesar que el proyecto tenía un plazo de ejecución de apenas dos años. Su construcción y adjudicación fue dispuesta por el ex prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, y todavía sigue incompleta.

Además, ha triplicado su valor y fue cuestionada por tráfico de influencias, valores duplicados, retrasos y rubros no justificados. La obra también fue suspendida temporalmente, se ajustaron precios y plazos, lo que obligó al Ministerio de Transporte, actualmente liderada por Aurelio Hidalgo -primo de los dueños de la constructora H&H-, a ceder dinero de las arcas del Gobierno Central.

El proyecto fue auditado por la Contraloría General del Estado, en el período del 1 de noviembre de 2016 al 31 de enero de 2019. Algunos hallazgos se hicieron públicos el 24 de julio pasado, en la lectura del informe previo sobre el examen especial al proyecto de ampliación a cuatro carriles de la carretera Alóag-Santo Domingo.

Para comenzar, se investiga por qué H&H disminuyó el espesor de la capa asfáltica, acción que disminuyó drásticamente el tiempo de vida útil de la vía y requirió un pago de USD 2,2 millones por trabajos que no cumplieron especificaciones técnicas.

Por otra parte, la falta de verificación de obras ejecutadas ocasionó que se page montos que no fueron justificados por más de USD 317.000. Entre estos valores se encontró valores duplicados en rubros de excavaciones.

También se expuso que H&H subcontrató un rubro de Comunicación para este proyecto por más de USD 139.000 más IVA, pagando un adelanto del 50% por un trabajo que no se realizó. En el informe previo no se detalla a qué empresa se contrató y pagó se valor.

Adicionalmente, las planillas de avance de obra se presentaron con retrasos de entre 32 y 338 días, según el informe previo que espera las pruebas de descargo de la autoridades involucradas.

LA PRIMERA CITA

En junio de 2007, se iniciaron los trabajos de ampliación de la vía Aloag – Santo Domingo. El proyecto comprendía la ampliación del tramo a cuatro carrilles, de la autovía Quito-Babahoyo-Guayaquil, en el tramo Alóag-Tandapi. La construcción de 35.000 metros inició en el kilómetro 11 y tenía previsto finalice en dos años, en el kilómetro 46.

El costo de la obra se fijó en USD 54,5 millones que se financiaron con USD 19,5 millones de un crédito del Banco del Estado, USD 10 millones con fondos del Consejo Provincial de Pichincha y el resto con dinero de H&H que se recuperaría con la administración de peajes.

Aurelio Hidalgo, actual ministro de Transporte, figuraba en 2007 como encargado del área de concesiones de la empresa constructora H&H. Y el proyecto fue concesionado por el entonces prefecto Gustavo Baroja.

Investigaciones de La Fuente, revelaron que representantes de Hidalgo & Hidalgo S.A. usaban las instalaciones del hotel Holiday Inn, en la Ac. Orellana y Reina Victoria, en el norte de Quito, para negociar con Gustavo Baroja y Diego Espinosa D’ Herbécourt las aportaciones voluntarias para las campaña electorales de Alianza País.

A cambio de dichos aportes, se comprometió el contrato para a la ampliación de la vía Aloag – Santo Domingo, la conclusión del pago del canal de riego Cayambe – Pedro Moncayo, la devolución de las concesiones y la construcción del Túnel Bombolí. El contacto con la empresa fue Aurelio Hidalgo, actual ministro de Transporte y Obras Públicas.

2014: SE DUPLICA EL PRECIO

La constructora Hidalgo e Hidalgo estaba a cargo del mantenimiento y trabajos para evitar deslizamientos de tierra. Se tenía previsto que lo peajes en la carretera estuvieran en sus manos hasta 2019 para así recuperar su inversión inicial de USD 25 millones.

Para H&H hacerse cargo de este proyecto resultó más rentable de lo que las autoridades de la Prefectura de Pichincha habían asegurado.

Para 2014, los montos del contrato sumaron USD 105,8 millones. Es decir, que a los USD 54 millones del presupuesto inicial se sumaron otros USD 15,9 millones, por mantenimiento rutinario; 21,6 millones por mantenimientos periódicos; y, USD 13,6 millones, por contratos complementarios.

El contrato complementario incluye incrementos en el túnel Chisinche (USD 8,9 millones), el puente de salida en el túnel Chisinche (187.903); la ampliación del tramo entre túneles (USD 1,9 millones), el puente N°2 en la quebrada Negra (USD 601.857); y, obras de protección de taludes (USD 985.000).

De acuerdo a documento de la Dirección de Fiscalización de la Prefectura e Pichincha, a la que este medio tuvo acceso, hasta noviembre de 2014 la fecha de finalización de la obra fue reprogramada varias veces y los valores a pagar reajustados.

DE HIDALGO PARA HIDALGO

En 2017 las obras se detuvieron temporalmente, pero al año siguiente, el costo de la obra superó los USD 134 millones. En la vía Alóag-Santo Domingo se ejecutaban obras tanto en la jurisdicción de Pichincha como en la de Santo Domingo de los Tsáchilas.

En Pichincha se comenzó con la ampliación en los carriles de los kilómetros 46 al 72. Esto luego que el Ministerio de Transportes y Obras Públicas (MTOP) asignara USD 40 millones para trabajos desde el kilómetro 46 al 72.

El convenio fue firmado por el entonces ministro de Transporte y Obras Públicas, Boris Palacios, y el ex prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja. En esa ocasión, Baroja manifestó que buscaba financiamiento para la construcción de un túnel en el sector de Bombolí.

Las respuestas llegaron con Aurelio Hidalgo, ya posesionado en el cargo de ministro de Transporte y el martes 23 de abril de 2019 suscribieron un convenio para la entrega de USD 30 millones adicionales para cubrir el 50% del presupuesto destinado a la construcción del túnel Bombolí, con sus 1.751 metros de extensión que lo convierte en el más largo del país y que, además, fue adjudicado a la constructora Hidalgo & Hidalgo.

Reportes periodísticos de La Fuente y Milhojas, permitieron establecer que la firma H&H aportó cerca de $3 millones a las campañas de Alianza PAIS entre 2012 y 2017, período que incluye las elecciones de los binomios Rafael Correa – Jorge Glas y Lenín Moreno – Jorge Glas. Con base a esta información y nuevas evidencias incorporadas al proceso, la fiscal Diana Salazar Méndez, incorporó en el expediente Arroz Verde (Sobornos 2012-2016) a Alberto Hidalgo Zavala, hermano del actual ministro de Transporte y Obras Públicas.

EL RETORNO DE ODEBRECHT: CÓMO, QUIÉNES Y POR CUÁNTO NEGOCIARON

Escrito por mh en 19 de abril de 2019. Publicado en Arroz Verde, Expedientes.

Repetir los pecados del pasado es común en la política ecuatoriana, olvidamos con facilidad, perdonamos a los responsables y nos quedamos con el ingrato recuerdo de los hechos. Periodismo de Investigación publica por primera vez cómo fueron las negociaciones para el retorno de la empresa y quiénes son los responsables de los hechos posteriores, prohibido olvidar.

ACTUALIZACIÓN 10 JULIO 2020

ABOGADO DE ODEBRECHT DEMANDA A FERNANDO VILLAVICENCIO, COAUTOR DE ESTE REPORTAJE

Un nuevo intento por criminalizar la opinión y atacar al Periodismo de Investigación se está reeditando por parte de la justicia ecuatoriana. Fernando Villavicencio, periodista de este portal, ha sido llamado a audiencia de juzgamiento para el 13 de julio de 2020, dentro de una demanda instaurada por Juan Falconí Puig, abogado de la multinacional Odebrecht, por presunto daño moral.

La investigación periodística titulada “EL RETORNO DE ODEBRECHT: CÓMO, QUIÉNES Y POR CUÁNTO NEGOCIARON”, publicada el primero de agosto de 2019, fue la que despertó la iracunda reacción de Falconí Puig, ex embajador de Ecuador en Reino Unido, durante el gobierno de Rafael Correa.

En esta nota se exhibe cómo se negoció el convenio del “perdón” a Odebrecht, firmado en julio de 2010, a través del cual se liberó a la corporación brasilera de sus responsabilidades civiles y penales y se desvanecieron glosas en su contra por $80 millones. A cambio, el Estado recibió $20 millones por indemnización. Odebrecht contrató a Falconí Puig, quien percibió honorarios por $1,3 millones por liderar las conversaciones con altos funcionarios del correato que permitieron la firma del mencionado convenio.

Fernando Villavicencio nunca fue notificado de esta demanda en el plazo que determina el Código Integral Penal. Recién el 9 de julio pasado se enteró del tema mediante mensajes difundidos por Falconí Puig y Correa en la red social Twitter. No obstante, la jueza, Yadira Proaño, de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Iñaquito, siguió tramitando la causa, con lo que se está vulnerando el derecho a la defensa del periodista.

El retorno triunfal de Odebrecht en 2010 puede repetirse en 2019

Fue hace nueve años, el 8 de julio de 2010, que el gobierno de Rafael Correa acordó el retorno de Odebrecht al Ecuador, luego de ser expulsada en 2008 por los problemas de construcción de la central hidroeléctrica San Francisco. La negociación se hizo en seis meses y tuvo todos los ingredientes del delito de colusión.

Funcionarios de Hidropastaza, del fondo de Solidaridad y la Presidencia de la República, junto a los ejecutivos de la empresa construyeron el acuerdo para permitir el retorno de Odebrecht en condiciones favorables a esta. Con el convenio, la empresa se comprometía a reparar las fallas en San Francisco y al pago de $20 millones de indemnización.

De parte de Ecuador, se archivaron glosas por $80 millones, una demanda internacional por $250 millones por el crédito otorgado por el BNDES, se enterraron los procesos penales y se olvidaron del lucro cesante por al menos 100 millones.

Periodismo de investigación hace un recorrido de esas negociaciones en las que participaron José Santos Filho, Juan Falconí Puig y Sergio Ruiz por parte de la constructora y Alexis Mera, Ciro Morán Maridueña, Rafael Poveda, Vicente Peralta y Jorge Glas como supuestos defensores del Estado.

En los primeros años de este siglo, Falconí Puig defendió los intereses de Cervecería Nacional en un juicio comercial con una competidora. Alexis Mera también participó en la defensa de cervecería en calidad de socio de Juan Falconí y años después se reencontraron en el gobierno de Correa. Falconí en 2008 estuvo al frente de las incautaciones de los bienes de los banqueros Roberto y William Isaías.

El 4 de febrero de 2010 Juan Falconí Puig, le presentó a Odebrecht la propuesta de costos profesionales para representar a la constructora en el proceso de negociación del acuerdo de retorno. Los honorarios marcados fueron de 1,3 millones de dólares pagados en tres cuotas: $200 mil iniciales, otros $100 mil a los tres meses del proceso y $1 millón al finalizar el acuerdo.

La negociación y correspondencia

Los insumos jurídicos y documentos del acuerdo fueron escritos originalmente en los computadores de Odebrecht y se presume en el estudio Falconí Puig. De la información a la que este portal tuvo acceso no se desprende documento alguno que haya sido originalmente trabajado en la Procuraduría General del Estado, Hidropastaza, el Fondo de Solidaridad o la Presidencia. Al parecer esos documentos llegaron del lado de la constructora, ellos se encargaron de socializar sus insumos con los funcionarios del Estado. Documentos a los que accedió este portal dan cuenta que el convenio final y el decreto presidencial, firmado por Rafael Correa, no se elaboraron en ninguna entidad estatal. Fueron trabajados en las oficinas de abogados de Falconí Puig.

El intercambio de correos dejó en evidencia que para inicios de 2010 Falconí identificaba a Jorge Glas como Vidrio, es decir dos años antes que se registre ese código en los cuadernos de sobornos del Caso Caminosca.

https://youtube.com/watch?v=Tkm5keFQmBY%3Ffeature%3Doembed

La desesperación de los funcionarios por acordar el retorno de la constructora y solucionar los problemas de San Francisco les llevó a jugar en la cancha de la empresa y beneficiarla. Hay pruebas de ello: El 7 de febrero José Santos escribió a Falconí, desesperado y asustado por la posible notificación a los ejecutivos de la corporación en Brasil, del arbitraje que se llevaba en la Cámara de Comercio de Ambato le escribió a Falconí: Juan, Cómo podemos confiar en este gobierno? Mientras estamos negociando y esperando el informe de Procuraduría el propio gobierno sigue intentando citar al consorcio?

La respuesta de Falconí fue: Correcto José, ya no es posible que el Procurador quiera poner más condiciones, mas aún si su informe es bien flojo. Les escribí a Alexis y Jorge porque eventualmente ellos no quieran esperar hasta el lunes y llamen antes a discutir y aclarar ese tema.

Ese mismo el 7 de febrero de 2010 José Santos desde su mail corporativo, le escribió a Ciro Morán Maridueña, gerente de Hidropastaza (pariente político de Vidrio), con la siguiente instrucción:

“El Consulado de Ecuador en Sao Paulo acaba de llamar el personal de Andriz solicitando datos de los directores y indicando de que en la próxima semana van hacer la citación. No podemos dejar que esto ocurra. Tu tiene que llamar a Jorge Glas inmediatamente y pedir a el que hable con Patiño para mandar a suspender estas acciones en Consulado de Brasil. No podemos dejar que esto ocurra. En el aguardo de tus acciones saludos, José Santos” (sic).

Ese mismo día Ciro Morán dirigió un escrito desesperado a Alexis Mera y Jorge Glas con copia a Vicente Peralta y Juan Falconí para evitar que se cite a los ejecutivos de Odebrecht en Brasil, explicando temas técnicos. “Los tiempos son inaceptables”, dice Morán porque la central estaría parada dos meses y medio y pide la presencia de Mera en una audiencia para lograr un compromiso con la Procuraduría y les conceda el informe final, antes del cierre de la instrucción fiscal y para poder mantener las fechas y tiempos de trabajo acordados por el consorcio para arrancar con operaciones antes de la época de estiaje.

El 12 de marzo de 2010 Guillermo Solis de Odebrcht dio a conocer a Ciro Morán, Fernando Chávez de Hidropastaza y otros funcionarios del ministerio de telecomunicaciones (donde ya despachaba Vidrio) que el documento final estaba listo. En el mensaje se incluyó a otro grupo de abogados de la empresa y ejecutivos del consorcio constructor de San Francisco. El mensaje decía: «Adjunto el Convenio de Transacción (y sus anexos) que sería el documento definitivo a ser enviado a la Procuraduría General del Estado para sus comentarios y observaciones. Para conocimiento del grupo, hemos trabajo en la mañana de hoy en dicho borrador conjuntamente con los Drs. Ciro Camilo y Fernando Chávez. Saludos, Guillermo Solis»

Pero la Procuraduría no estaba dispuesta aceptar la propuesta tan fácilmente. Los tropiezos en el acuerdo y la tensión de Odebrecht se denota en la presión que José Santos ejerció en Falconí; también se deja en claro que Morán Maridueña, estaba mas con Odebrecht que con Hidropastaza. A fines de marzo de 2010 un nuevo mail decía:

El personal de la Cámara de Comercio de Ambato ya contestó la carta de Hidropastaza enviada ayer. O sea de nada sirvió la carta enviada de HP… Yo creo que tu deberías llamar a Glas e indicarle que esta situación no puede continuar. Tenemos un Acuerdo de Caballeros de no hacer gestiones mientras estamos negociando el acuerdo y Ciro tiene que enviar una carta para el Cámara de Comercio de Ambato.

Falconí le responde: «Tengo claro el tema. Mañana reclamo verbalmente y muy fuerte. Deben presentar un escrito pidiendo a la directora que congele el trámite, pues es estúpido que después de un año, cuando estamos negociando y así se aclaró traten de impulsar ese juicio. JFP»

La prueba mayor que establece que el Estado nunca preparó o construyó el proyecto de acuerdo para el retorno de Odebrecht se dio en ese mismo mes; se identifica con claridad que incluso en esas condiciones la constructora brasilera sobrevaloró los trabajos a su favor en perjuicio del país. Alexis Mera, desde su correo de la presidencia escribió a Juan Falconí el siguiente mensaje:

“Estimado Doctor: En el proyecto que me pasaron no dice nada de los riesgos adicionales. Tampoco dice que Odebrecht pagará los estudios técnicos para las obras adicionales. El soporte de esta operación está evidentemente sobrevalorado, ya que un técnico por bimestre no puede costar 4 millones”

En mayo José Santos le hizo saber a Falconí su preocupación por el posible acceso de la revista Vistazo a la demanda de Hidropastaza contra la empresa, la creencia de Santos es que cualquier publicación podía entorpecer la negociación. La correspondencia del 17 de marzo decía: Juan, Acabo de mirar el email enviado a un ex funcionario nuestro (Esteban Michelena) que era la persona responsable por el contacto de la empresa con la prensa. Gustaría saber cómo proceder. Yo creo que si sale este reportaje va a complicar nuestras negociaciones con el Gobierno. Yo no pretendo dar ninguna información o entrevista mas como tu puedes observar la reportera indica de que tiene la demanda de Hidropastaza.

Otra correspondencia de julio, enviada por Juan Falconí a Alexis Mera se expresa las dificultades de la empresa para llegar al acuerdo y pide que desde el mas alto nivel se presione a la Procuraduría para aceptar una salida. El mail dice: Estimado Alexis: Le informo la preocupación de José Santos de Odebrecht, por el estado actual del trámite del convenio transaccional…. en la Procuraduría sostienen que no hay transacción porque no se termina todo de una vez… Parecería que hace falta algún tipo de gestión de gestión política, que transmita directamente al procurador la urgencia del propio Gobierno en este tema por efectos del próximo estiaje.

El 8 de julio el Procurador Diego García cedió a las presiones y entregó el aval para la firma del convenio, previo al retiro de todas las demandas existentes contra la empresa, ese mismo día se firmó el acuerdo con Hidropastaza. Luego vino el pago de la empresa y el caso quedó saldado.

Apenas se firmó dicho acuerdo el mismo grupo empezó a programar el convenio para que el Estado retire la demanda internacional que inició contra el Banco de Desarrollo del Brasil, BNDES, que financió la obra por un valor de $600 millones

El 21 de julio de 2010 Ciro Morán era el mayor defensor de Odebrecht y delineó el plan para salvar al BNDES: “ESTIMADOS Jorge y Sergio, tal como le comenté a Sergio, como ya está aquí José Santos , solicité una reunión con él para establecer los planes que corrijan el rumbo del convenio. A continuación tres planes:

a) Que el Contralor se convenza de emitir el informe, esto implica que no se debe modificar nada (idea de del Dr.Mera).

b) Que el procurador se convenza que puede emitir un informe de autorización de Transacción (así sea condicionado), para lo cual le presentará un proyecto definitivo que implique que ellos entran hacer todo , que nosotros desistimos inmediatamente después de la firma (incluido el tema penal) y que y que contra los desistimientos presentados o la aprobación de estos se cobran los 20 millones. En este plan no se incluye nada de la Contraloría, simplemente se establece que los 20 millones son imputables a cualquier valor que el contralor confirmase y sino queda como compensación a las paralizaciones (este es el plan que prefiere Odebrecht)

c) Si Contralor o Procurador no quieren colaborar en el tema, se puede realizar un adendum que no requiere de informe de ninguno de ellos y que consisten en que ellos acepten ingresar.

Superado el impasse, Odebrecht volvió recargada. A los $800 millones que tenía en contratos, entes de la expulsión, debió sumar otros por $3.500 millones. Hasta la fecha Odebrecht ha manejado en Ecuador montos que superan los $4.100 millones y de acuerdo con investigación periodísticas, suma un sobrecosto de $853 millones, cifra en la que no se incluyen los sobreprecios en los contratos de la Ruta Viva y del Metro de Quito.

En diciembre de 2016 el Departamento de Justicia de EEUU emitió un informe según el cual la constructora brasileña Odebrecht pagó $788 millones en sobornos en 12 países de América Latina y África. Sobre Ecuador los documentos señalaron que entre 2007 y 2016 la multinacional pagó sobornos por $35,5 millones a funcionarios del Gobierno de Rafael Correa Delgado, lo que le generó beneficios de más de $116 millones. En las páginas 19 y 20 del citado informe se establece que parte de esos pagos se hicieron a un intermediario y a un oficial del gobierno de Correa, para negociar el regreso de Odebrecht a Ecuador, expulsada del país por las graves fallas en la central hidroeléctrica San Francisco. La información actual, obtenida por nuestro equipo de investigación, debe ser cotejada con los documentos del Departamento de Justicia de EEUU, respecto a quiénes negociaron la firma del convenio en julio de 2010.

Como hace 9 años, el gobierno de Lenín Moreno prepara el escenario para un segundo retorno de Odebrecht. El país estará atento a identificar el costo de este nuevo perdón.

ARROZ VERDE: LA METIDA DE MANO EN LA JUSTICIA

Escrito por mh en 19 de abril de 2019. Publicado en Arroz Verde, Expedientes. No hay comentarios en ARROZ VERDE: LA METIDA DE MANO EN LA JUSTICIA

Arroz Verde es una receta compleja cuyos ingredientes no solo exponen la colosal estructura de sobornos que armó Alianza PAÍS para financiar durante una década sus campañas. Arroz Verde también deja al descubierto la metida de mano en la justicia: un mecanismo fabricado por el correísmo para delinquir, encubrir los delitos, acomodar jueces, sentencias y perseguir a denunciantes y opositores. En nuestro poder reposan miles de documentos que dan sustento a una investigación de cómo el correísmo desde el despacho presidencial disponía el teje y maneje de las cortes, nombraba jueces y elegía a abyectos servidores para que emitan sentencias favorables al régimen.

Primera entrega

La metida de mano en la justicia no será más un estribillo repetitivo usado por la oposición a la Revolución Ciudadana. Archivos de Arroz Verde revelan la intervención de Rafael Correa en la Función Judicial para ganar casos emblemáticos, que después serían disfrazados de fallos trasparentes por el Estado de propaganda.

Dos meses después de nuestras revelaciones del caso Arroz Verde 502, la captura de Pamela Martínez Loayza y su ex asistente Laura Terán Betancourt, el posterior apresamiento del segundo personaje más poderoso del correísmo, Alexis Mera Giler, y la solicitud de la Fiscalía General del Estado de incluir a 22 personas, entre ellas el ex presidente Correa -aunque se queden varios nombres en el tintero fiscal- el caso apenas parece aclararse y se identifica que los límites de la corrupción son tan anchos como el horizonte.

El cofre de información de Laura Terán

Como parte de su colaboración con la justicia, Laura Terán entregó a la Fiscalía General del Estado, centenares de archivos físicos entre los que se cuentan aquellos que hablan de los favores pedidos por el consejero Santiago Cuesta a Pamela Martínez y la clave de acceso a su cuenta de correo electrónico de hotmail. Un lote de 22.000 correos que son una suerte de radiografía a las actuaciones de Martínez cuando fue asesora presidencial desde 2010 y posteriormente jueza constitucional.

Pamela Martínez lo sabía todo, lo manejaba todo. Por sus manos pasaron desde los pedidos más simples (como solicitudes vía twitter de ciudadanos que pedían a Correa un empleo, ayuda económica o legal), hasta los juicios más emblemáticos del país, como el caso de El Universo, los 10 de Luluncoto, de Pepe Acacho, la querella iniciada por Correa en contra del exasambleísta Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa.

Correa le encargó a Pamela Martínez la reparación a los familiares de las víctimas del 30S. Laura Terán y ahora la fiscalía, tienen en su poder un cofre de información que delata el control de la justicia por parte del correísmo.

Martínez también estuvo al frente de la Comisión calificadora para la conformación de la primera Corte Constitucional, en 2012.

“Asesora: favor atender”, era la orden con la que Pamela movía al aparato correísta para cumplir todas las disposiciones que Correa enviaba a través de mensajes.

Pero sus ambiciones personales no se limitaban a ser una empleada empoderada dentro del departamento de asesoría. Simultáneamente, se convirtió en un pilar para su marido Jimmy Salazar, en la carrera por la presidencia del Colegio de Abogados de Guayaquil. Estaba convencida que juntos podían llegar a lo más alto de la esfera política en el país, por eso ideó el movimiento nacional Justicia Social.

Se ocupaba de todo, incluso de escoger los colores que llevaría toda la propaganda de Salazar, supervisaba sus discursos y ejercía presión sobre el gremio guayaquileño para lograr el respaldo a favor de su marido.

A la par, Martínez allanó el camino para convertirse en jueza de la Corte Constitucional en 2015. Martínez supo reafirmar con hechos la frase “vamos a meter la mano a la justicia” que expresara Correa en enero de 2011. Aquí algunas demostraciones:

Así se eligió y así se emborrachó la corte cervecera

Los nombres recurrentes en los mails son: Patricio Pazmiño (expresidente de la Corte Constitucional), Tatiana Ordeñana (exjueza constitucional), María del Carmen Maldonado, actual presidenta del Consejo de la Judicatura, Wendy Molina Andrade (exjueza constitucional), Antonio Gagliardo (exjuez constitucional).

En 2015, como parte de la renovación parcial de la Corte Constitucional, tres de los nueves jueces que integraban la Corte fueron reemplazados.

Un correo señala que se hizo un informe completo previo a la elección. En él se sugería que la comisión de selección esté integrada por Wilson Zamora (Los Ríos) y Bernardo Morán (Guayas); Ivet Zapata (Pichincha) Martha Zamora, Efrén Roca y Laura Rebolledo, así mismo la “propuesta de candidatos”, por el Ejecutivo iría “Pamela Martínez, Efrén Roca y uno más”, por el Legislativo Danilo Terán y por Transparencia y Control Social: “Carlos Cassanello, Pamela Aguirre y/o Pablo Alarcón y una persona más”.

Los cinco personajes más conflictivos

El documento señala las fechas para la elección y detalla varias infidencias de los “jueces a ser reemplazados”. Por ejemplo, el entonces presidente de la Corte, Patricio Pazmiño, sugirió sustituir a los jueces Antonio Gagliardo, Manuel Viteri y María Maldonado. “Se queja de Marcelo Jaramillo y Tatiana Ordeñana por su afán de figurar y ejercer “liderazgo” ante los demás. Respecto a lo manifestado por Patricio, coincido que, entre los 5 personajes más conflictivos, lo más peligrosos son los 3 primeros”, dice Pamela Martínez en un informe elaborado para conocimiento de Correa.

“María del Carmen Maldonado (totalmente ajena al proyecto, agenda individual, conflictiva a carta cabal. Ha pasado viajando fuera del país por capacitación personal, no importándole faltar a sesiones de votación importante. Ha generado peleas con todas las mujeres del pleno y/o asesoras, esto en su afán de ser reconocida como la “mejor puntuada, y la sacrificada por la revolución”, reseña Martínez.

Antonio Gagliardo, “un tiro al aire”

De Gagliardo dice que es “un disparo al aire”. “No se ha integrado a ningún equipo de trabajo. Ha manifestado en diversos escenarios que él es el contacto para “negociar” los temas que los abogados del Guayas tengan en la Corte Constitucional. Yo le he medido en temas candentes, como, por ejemplo, a él le tocó conocer el pedido de acción de protección que pusimos en el caso de Mary Zamora, y textualmente le dijo al resto de su sala, “hagámonos los locos, no toquemos esta papa caliente”.

Luego al ser requerido expresó que como él fue fiscal provincial no podía admitir al trámite dicha causa. De igual manera se ha tomado el nombre del presidente y de Alexis Mera, por ejemplo, en el tema de la aprobación para concurso del Procurador”.

Manuel Viteri es un “vago”

Sobre Manuel Viteri reportó que era el que más faltaba a las sesiones de trabajo, de pleno y de admisión. Lo acusó de vago al indicar que “la mayoría de las veces se reporta enfermo, pero se lo encuentra en el complejo deportivo todos los fines de semana. Solo va cuando hay casos que le interesa votar. No tiene compromiso con el proyecto. So pretexto que ha apoyado en casos de Gobierno piensa que tiene patente de corso”.

Martínez: “Hubo una manipulación del CPCCS”

El reporte de Martínez reconoce que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, responsable de elegir a los jueces y otras altas autoridades, fue usado como una herramienta para manipular resultados y colocar autoridades a la conveniencia correísta.

“Siempre me quedé con el mal sabor, hubo una manipulación del departamento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Ecuador (organismo que llevó los procesos de elección) que benefició a María del Carmen Maldonado y a Tatiana Odeñana, quienes, a la fecha, trabajaron en dicho institución”.

Martínez, incluso, propone un nuevo método de calificación, para “evitar esta manipulación, y todo el ruido que ha surgido en otros concursos, como, por ejemplo, el de contralor, el del CNE”.

La problemática Wendy Molina

En el mismo documento -hablando de la candidatura de Patricio Pazmiño a juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos- ella le sugiere a Correa que Pazmiño “se quede en funciones hasta el sorteo (para la elección de los tres jueces) del 6 de noviembre de 2015, y como no va a salir sorteado, renuncia días después”, para evitar conflictos. “Si Patricio renuncia en mayo (como tiene previsto), tendría que subir uno de la actual lista de elegibles: Livia Ribas o Edgar Zárate”.

«Livia está en la Asamblea y ella al no haber sido designada jueza, renunció pues objetó el hecho de quedarse en el banco de elegibles. Esta renuncia no fue acogida por ningún ente ya que no existe esa figura en el procedimiento. Zárate, con base a esa renuncia ha venido buscando ese espacio. Patricio afirma que no es una persona de confiar”, indica.

También le informa al presidente que no le parece conveniente que, en caso de la ausencia de Pazmiño, la jueza Wendy Molina lo reemplace. “Lamento decir que Wendy no solo no tiene liderazgo hacia el resto de los jueces, sino que además tiene generado problemas personales con otras juezas: María del Carmen Maldonado y Tatiana Ordeñana, quienes manejan la tesis, de nominarse a la presidencia ante la ausencia de Patricio, generando ya cabildeos entre los demás jueces…”, explica.

Finalmente, Antonio Gagliardo, Marcelo Jaramillo y Carmen Maldonado fueron reemplazados por Pamela Martínez Loayza, Roxana Silva Chicaiza y Francisco Butiñá Martínez.

“Un reconocimiento particular a la doctora María del Carmen Maldonado, al doctor Antonio Gagliardo, al doctor Marcelo Jaramillo, mi reconocimiento personal como Presidente de la Corte (…) el reconocimiento a su desempeño profesional, a su amistad, a su solidaridad y a su enorme entrega en el trabajo de la Corte Constitucional, nos dejan un legado de profesionalismo y dejan un ejemplo a seguir”, dijo públicamente Pazmiño.

Mientras en privado se quejaba de que los jueces solo “tenían afán de figurar”.

Pedidos de puestos para servidores judiciales que han “apollado”

En febrero de 2012, recibió un correo de Wilson Zamora González, a la fecha asesor 3 de la Subsecretaría del despacho presidencial, sugiriendo un listado de “servidores judiciales de la ciudad de Quevedo” para ocupar cargos dentro del sistema judicial. “Conozco que han sido responsables y han apollado (sic) el proyecto, incluso habiéndoles solicitado la ayuda desde la Procuraduría”.

Como lo detalla el correo:

“Es una persona totalmente apegado al proyecto, y acoge las instrucciones como se las solicita, mantuvo organizado la función judicial en dicha provincia y estaba logrando el proceso de desarrollo y optimización”, dice Zamora del funcionario que recomienda para director provincial del Consejo de la Judicatura.

Otra comunicación del 8 de enero de 2013, enviada a por Terán a Martínez evidencia una lista con “sugerencias” de nombres a ser considerados para ocupar cargos judiciales en distintas provincias. “Estimado Esteban: Acompaño a usted el siguiente listado de las personas que deben ser consideradas:

Elvis Sánchez Zambrano / Juez de Garantías Penales Vinces, Tony Reyes / Juez Penal Santa Elena, Inés Mejía Alvarado / Juez de la Niñez Guayaquil, Cecilia Rodríguez / Notaría de Samborondón, Roberth Paul Terán Matamoros / Milagro Civil”.

“Además, le agradeceré se sirva revisar los resultados de las pruebas Psicológicas de los abogados Francisco Hurtares Izurieta y Fernando Barzola Polanco, en razón de que no aprobaron”, pide Pamela Martínez.

Yávar el buscador de embajadas

Otra comunicación llamada “DESPACHO 27 DE FEBRERO DE 2013” enviada a Martínez por Lesly Cisneros [email protected], señala que el entonces fiscal Fernando Yávar “solicita su autorización para que le asignen el consulado de los Ángeles (Eddie Bedón) o el de Miami (Eduardo Rivadeneira). Le han ofrecido la Embajada de Italia, pero no es de su interés. De igual manera, el Viceministerio de Gobierno, pero el teme las nuevas represalias que esa gestión pueda generarle”.

Cómo se borraron las glosas de Ramiro González

Otro reporte, de marzo de 2014, dice “Me mandó a llamar para solicitar le transmita lo siguiente: a) Quiere sugerirle, en base a su experiencia, que se analice lo que en el gobierno de Jaime Roldós se hacía antes de que un funcionario de alto rango se posesione. Había un Inspector General, dependía del Presidente, quien ponía el visto bueno a dicha designación. De esta manera, se evitaría los infiltrados de otras tendencias políticas que dice hacen daño a la gestión del Presidente Correa. b) Quiere mostrarle abundantes e importantes observaciones que tiene contra la gestión de María Duarte. El afirma que la limpiará pero quiere que ud conozca”, y añade “que Ramiro González y Antonio Ricaurte son compadres. Muy unidos. Que hasta hace poco, Ricaurte fue donde el Contralor a abogar para que se le borren glosas a Ramiro G. Que en ese grupo de amigos está también Galo Chiriboga y Paco Moncayo. Galo fue abogado de Moncayo y odia a Barrera por haberle ganado las primarias. Que él ya le está dando todo el apoyo a Barrera pero cuidado con Galo”.

Las manchas de Omar Simon y las gangas de Caupolicán

“Que pocos días de ser designado Omar Simon, asesor presidencial, lo llamó y le trasladó una instrucción del Señor Presidente de borrarle las sanciones administrativas que se le impusieron como consecuencia de su cargo electoral anterior. Que unas ya se las borró pero otras son más difíciles”.

“Caupolicán Ochoa pide ser considerado en los puestos de Alianza País, él dice tener la avidez política para ello. No requiere remuneración ni cargo, sólo que se le permita opinar. Denuncia que son los estudios jurídicos y abogados de oposición a quienes los ministros contratan para los casos importantes. Pide se le dé oportunidad a él, en BIESS, Banco del Pacífico, Banco Central”, dice el informe.

La mano de Correa en el caso Villavicencio/Jiménez/Figueroa

Un correo de abril de 2013 reenviado por Martínez a Terán habla sobre el juicio que Rafael Correa siguió a Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa. En la comunicación el abogado del presidente Caupolicán Ochoa se dirige a Martínez para “recordarle que el día jueves 11 de abril del presente año, (…) está fijada la fecha para que se realice la audiencia final en el juicio penal que sigue el Señor Presidente de la República en contra del Asambleísta Cléber Jiménez, del Señor Fernando Villavicencio y de Dr. Jorge Figueroa”, señala la comunicación.

“En repetidas oportunidades he molestado la atención de algunos funcionarios con el objeto de solicitarles muy comedidamente que se dignen propiciar un acercamiento del suscrito con los testigos y peritos que deben intervenir en la causa”, dice la comunicación.

“Es mi interés preparar sus testimonios por la naturaleza que tiene este tipo de diligencia y por la importancia de la misma.

La lista de los testigos que deben declarar es la siguiente:

Luis Francisco Latorre Salazar
Mayra Alexandra Vela Cevillano (ubicada)
Miriam Yessenia Aguirre Basantes (Ubicada)
Cedric Schweirzer – Jefe de la Delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja
Carmen Irina Cabezas Rodríguez
José Gabriel Rivera López
Ronny Vallejo Vallejo
Oscar Bonilla Soria
Edwin Salazar Brito
Ángel Rivero

PERITOS DE CRIMINALISTA

Cbop. de Policía Tlgo. Paulo Fredy Robayo Laguatasi
Cbop. de Policía Boris Toapanta Asifuela”

Ochoa escribe a Martínez con el objeto de que ella pueda “viabilizar” una reunión con los antes mencionados para prepararlos para la diligencia “me facilitaría enormemente la tarea de la preparación del juicio”, señala. “En alguna oportunidad inclusive hablé con la Señora Ministra de la Política pidiéndole que tuviera la bondad de darme la oportunidad de hablar con ella para preparar esta diligencia no he tenido todavía la suerte de que esta situación se produzca”. “Hay un asunto que me inquieta de manera particular la Señora Juez que le corresponde sustanciar esta causa fue denunciada hacia algunos meses por el Señor Cléber Jiménez ante la Fiscalía General del Estado por el asunto de palo azul, la Fiscalía General en su momento desestimó la denuncia y pidió al Señor Juez del derecho que lo archive.

No obstante, a pesar de los meses transcurridos la Doctora Ximena Vintimilla que es la Jueza a quien corresponde disponer este archivo no lo ha hecho. Al no hacerlo y al mantenerse todavía este proceso sin haberse dispuesto el archivo podría abrir la posibilidad para que el denunciante Jiménez justamente en víspera de la diligencia proponga una recusación en contra la Jueza Doctora Lucy Blacio quien es la que está conociendo del caso, con lo cual dilataría la realización de la diligencia y generaría un incidente nada agradable”.

“Es necesario que la persona que está subrogando a la Doctora Ximena Vintimilla realice esta actividad que es completamente ajustada a derecho no le corresponde otra cosa que conocer de la desestimación aceptarla y ordenar el archivo, un trámite completamente sencillo pero que inexplicablemente se ha dilatado en una forma peligrosa”, dice Ochoa, y pide a Martínez “interponer sus buenos oficios” para archivar el caso y “evitar problemas dentro de la causa que particularmente nos interesa”.

Martínez responde: “Estimado Caopolicán: Me acabo de reintegrar hoy, es por ello que no te he podido responder, pero con todo gusto te llamo en el transcurso del día para tratar el tema”. Luego envía un correo a Leonardo Barrezueta ([email protected]) indicando “Estimado Leonardo, habiéndome reintegrado al trabajo el día de hoy, viernes 5 de abril, atiendo este correo enviado el día de ayer 4 de abril por el Dr. Caupolican Ochoa, abogado patrocinador del Primer Mandatario en la querella contra Clever Jimenez que es urgente atender.

En virtud de lo expuesto, y porque asi lo dispuso el Senor Presidente, te agradeceré disponer se convoque a cada uno de los testigos señalados por el Dr. Caupolican Ochoa para que ellos cuenten con los lineamientos previos a la audiencia de juzgamiento prevista para el jueves 11 de abril a partir de las 08h00”.

Las manos de Martínez y Mera para favorecer a los amigos de SP

Otro correo que deja al descubierto la metida de mano a la justicia de Pamela Martínez es el enviado al entonces secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera en enero de 2014. En un documento “privado y confidencial” ella informa que del Banco Nacional de Fomento solo conoce dos temas. De David Cobo, “hermano de un excompañero del ser presidente en La Salle”, quien “solicitó se agilita la instrucción fiscal 02-2013, “sobre el caso tomé contacto con el fiscal Paúl Ponce”, dice Martínez.

Cómo se armó la sentencia contra diario El Universo

El 16 de julio de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, emitió un informe a favor para Emilio Palacio y los directivos de El Universo por la violación a su derecho humano a la libre expresión y acceso a garantías judiciales. Después de 8 años, los afectados han vislumbradopor la rendija un halo de justicia; una justicia que les fue negada desde el 2011, cuando Rafael Correa, después de intervenir e incidir en las cortes, les sentenció a 3 años de prisión y al pago de 40 millones de dólares de indemnización por el delito de injuria calumniosa.

La sospechosa victoria judicial de Rafael Correa en el caso El Universo se confirmó cuando se supo que la sentencia la escribió un usuario externo a la corte llamado “Chuky Seven” y no el juez Juan Paredes. Correos electrónicos intercambiados entre Ana María Rojas, asistente de Alexis Mera y Laura Terán, procesada en el caso Arroz Verde 502, demuestran la estrecha relación de Rafael Correa y Alexis Mera con el juez Juan Paredes, quien luego de beneficiar al primer mandatario con el fallo judicial, fue recomendado como Ministro de la Corte Nacional del Guayas, por Gutember Vera, abogado del Presidente de la República. Correa usó su investidura para alinear y someter a la justicia, mientras aseguraba que la demanda en contra de Palacio y El Universo la interpuso como un ciudadano cualquiera.

Un correo de Ana María Rojas, entonces funcionaria del Departamento de Asesoría Jurídica de la presidencia, enviado a Laura Terán, el 14 de febrero de 2012, detalla los “nombres proporcionados por Dr. Gutemberg Vera, el viernes 10 de febrero de 2012, por instrucción del señor Presidente”. Según el documento, varios magistrados pedían ser nombrados en altos cargos, “Juan Paredes fue Juez Temporal en una Sala de lo Penal pide ser considerado como Ministro de la Corte Provincial del Guayas”, “Helen Mantilla fue conjuez en la Sala de lo Penal, pide ser como miembro del Tribunal Fiscal”. Como reseña el correo electrónico:

El correo referido es una evidencia de una suerte de connivencia organizada desde la Presidencia de la República para direccionar, primero el proceso penal hacia un juez incondicional al mandatario, y luego, en reconocimiento por la sentencia favorable, la recomendación para que ese juez (Juan Paredes) sea nombrado Ministro de la Corte Nacional del Guayas, aunque la designación jamás se dio por el efecto “chuky seven”.

La información encontrada en los archivos de Laura Terán, fortalecen el criterio de que Juan Paredes fue la mano oculta de Correa y de Mera en el caso El Universo.Gutemberg Vera, prevalido del poder que le consignaba el ser abogado del ciudadano Presidente, recomienda el 10 de febrero de 2012, que coloque como jueces en las cortes y en cargos a varios de sus aliados, “por instrucción del señor Presidente”. La recomendación de Correa para que Juan Paredes, como Juez Temporal de la Sala de lo Penal del Guayas, sea considerado como Ministro de la Corte Nacional del Guayas explica la sentencia del caso El Universo.

El texto que conmocionó a Correa

Correa sintió afectada su honra por la columna de opinión escrita por Emilio Palacio y publicada en diario El Universo el 6 de febrero de 2011, llamada “No a las mentiras”. Emilio Palacio en su columna afirmó que Rafael Correa dio la orden de disparar al Hospital de la Policía durante la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010 y ordenado una intervención militar para rescatarlo. El saldo del rescate fueron 5 muertos.

“El dictador debería recordar, por último, y esto es muy importante, que con el indulto, en el futuro, un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente. Los crímenes de lesa humanidad, que no lo olvide, no prescriben”. (Extracto del artículo de Emilio Palacio)

Correa dijo en una entrevista radial en días cercanos a la presentación de su demanda: “Hace poco un periodista dijo que yo debía disparar a discreción a un hospital lleno de civiles sin previo aviso. ¿Qué es lo que van a decir los directivos de ese Diario? Bueno, esa fue la opinión de ese editorialista. ¡Mentiras Eso no es responsable, eso no es opinión. Esa es una acusación gravísima, porque el directorio es responsable de la política editorial del Diario”.

Correa desató su ira y demandó en el Juzgado 15° de Garantías Penales de la Corte de Justicia del Guayas, a los directores de Diario El Universo, los hermanos Carlos, César y Nicolás Pérez, y su editor de Opinión, Emilio Palacio. Rafael Correa presentó una demanda por injurias calumniosas patrocinado por el abogado Gutemberg Vera el 22 de marzo de 2011. El Caso El Universo es uno de los más emblemáticos del acoso y persecución a la prensa por la connotación que implicó un fallo judicial tan drástico que castigó la publicación de una columna de opinión.

En 2011, en primera y segunda instancia, las cortes de justicia de Ecuador fallaron a favor de Rafael Correa. El 22 de julio de 2011, el juez temporal Juan Paredes, del Juzgado XV de Garantías Penales de Guayaquil, dictó sentencia en contra de El Universo y Emilio Palacio: 3 años de prisión y el pago de una indemnización de 10 millones, una multa para cada directivo y otra para el periódico. Rafael le puso precio a su honra: 80 millones. Los acusados apelan la sentencia.

El 21 de septiembre de 2011, los jueces Helen Mantilla y Henry Morán miembros de la Segunda Sala Penal del Guayas ratificaron en segunda instancia la sentencia de Paredes; el juez Guillermo Freire se abstuvo. Rafael Correa en su cuenta Twitter lo celebró: “Se ratifica la sentencia, ¡Ganamos!”, lo consideró un “hito histórico”. El dictamen determinó 3 años de prisión para los hermanos Pérez y Emilio Palacio, una multa de 40 millones.

Otro favor, ahora para Helen Mantilla

En el correo enviado a Laura Terán, Gutenberg Vera, por orden de Rafael Correa, recomienda que Helen Mantilla, conjuez de la Sala de lo penal, sea miembro del Tribunal Fiscal. En un solo correo electrónico emitido por la asistente de Alexis Mera, se revela la intervención de Correa para remover a mejores cargos a los jueces que lo favorecieron en las dos instancias del caso El Universo: Juan Paredes y Helen Mantilla. En las dos instancias los jueces Paredes y Mantilla asumieron el caso como reemplazo. Es así que los defensores de diario el Universo presentaron un escrito alegando que en las dos instancias, el remplazo de jueces por Paredes y Mantilla carecía de validez porque ninguno ingresó a la Función Judicial por concurso de méritos y oposición.

El diario apeló y pidió la nulidad de esta sentencia desproporcionada e inédita y el 16 de febrero de 2012 los jueces de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia Wilson Merino, Paúl Íñiguez y Jorge Blum ratificaron en casación la sentencia de Juan Paredes de primera y segunda instancia y la condena de tres años de prisión y el pago de $40 millones de dólares. Inmediatamente, el 27 de febrero de 2012 Correa anunció en un acto público la remisión de la condena, lo que llamó un “perdón sin olvido”.

Juan Paredes se convirtió en el juez célebre del caso “Chuky Seven”, el que dictó sentencia el 20 de julio de 2011 en tiempo record después de haber recibido el proceso del caso El Universo un día antes. En 33 horas tomó posesión del cargo, con inusitada rapidez, estudió el expediente de 5000 hojas y escribió 155 páginas de una sentencia y notificó a las partes. Pasaron solo 26 horas desde que terminó la audiencia final hasta que las notificaciones de la sentencia llegaron a los casilleros judiciales de las partes. Solo una hora le quedaba a Juan Paredes como juez temporal del Juzgado de Garantías Penales antes de entregar su despacho al juez titular, Oswaldo Sierra, para notificar a las partes.

El 6 de septiembre del mismo año se reveló un análisis informático al clon del disco duro de Juan Paredes del Juzgado Décimo Quinto Penal del Guayas, donde se encontró la sentencia del caso El Universo y un archivo llamado “Correa 457-2011”, que habría sido creado el 19 de julio de 2011, a las 23:10 con el autor Chuky Seven. La sentencia fue redactada por un ordenador con Windows pirata, externo al Juzgado; en buenas cuentas, la sentencia fue escrita por Gutemberg Vera, abogado de Correa.

Después, en agosto de 2012, diario El Universo denunció al juez Juan Paredes, por los delitos de prevaricato y falsedad ideológica por la sentencia emitida en su contra. El caso “Chuky Seven” se archivó en septiembre de 2012. Este caso sentó un precedente nefasto para la libertad de expresión en Ecuador, pues el proceso se llevó con inusual rapidez y hubo un total de 13 cambios de jueces en primera y segunda instancia.

https://youtube.com/watch?v=x6IkrNqqbTM%3Ffeature%3Doembed

Correa no solo que intervino en la designación de jueces para que lo favorecieran en las cortes, como demuestran los correos a Laura Terán, sino manejó hábilmente la justicia para dejar en la impunidad el caso “Chuky Seven”. El correo enviado por la asistente de Alexis Mera, Ana María Rojas, ratifica la serie de irregularidades cometidas en el caso El Universo, es una prueba más que robustece el informe de la Comisión Interamericana.

CONTEXTO: ASÍ SE ARMÓ ARROZ VERDE

Los registros de sobornos empiezan a manejarse desde el inicio del regimen correísta en 2007, como Fondo Solidario (FS), nombre tomado del Fondo de Solidaridad, institución que lideró a esa fecha, Jorge Glas Espinel.

Según información revisada, al comienzo los ministros eran los que alimentaban las nacientes cajas chicas de la Revolución Ciudadana. Existía una caja personal de Pamela Martínez y una tercera para gastos del despacho presidencial.

En 2010, luego de una reunión entre Rafael Correa, Jorge Glas y Pamela Martínez, se toma la decisión de unificar y centralizar la recaudación económica y se entrega el control a Martínez, por su grado de confianza con el primer mandatario, la responsable de los registros era su asistente Laura Terán, quien tendría en sus manos no solo el detalle de los sobornos y su distribución, sino las más importantes actividades de las dos oficinas controladas por Pamela Martinez en Quito: la del despacho presidencial y aquella del edificio Concorde (12 de Octubre y Salazar), convertida en cuartel general de los sobornos. En esa fecha, Martínez entrega a Terán un pendrive con los registros anteriores de ingreos y egresos desde el 2007.

En ese mismo encuentro de 2010, nació Arroz Verde o los archivos verdes, como parte de una receta de cocina asociada al color del partido gobernante, según relata Luis Muñoz Pasquel, abogado defensor de Laura Terán. Otra decisión asumida por Rafael Correa, señala Muñoz, habría sido delegar a Jorge Glas, el manejo de las recaudaciones de dinero en efectivo y el cruce de facturas.

Llegó un momento, señala nuestra fuente, en que los ingresos rebasaban a los egresos, en ese punto empiezan a crearse cuentas específicas con los excedentes, la primera por pedido de Alexis Mera, para el pago de abogados en el caso Chevron.

La mayor caja con dinero en efectivo fue instalada en el edificio Concorde, la cual medía 1.70 metros de alto. Cuando Pamela Martínez es nombrada jueza constitucional, se cierra la oficina del edificio Concorde y la caja fuerte es llevada a uno de los departamentos de Martínez. A inicios de 2017, cuando el periodismo de investigación y la justicia empiezan a investigar a Jorge Glas, Pamela Martínez dispone destruir todos los archivos verdes. Pero, el destino le jugó una mala pasada, algunas copias sobrevivieron y hoy estremecen al país.

Un personaje oculto en esta trama es Zaira Guerrero, la mano de Pamela Martínez que operaba desde Guayaquil. Guerrero no estaba enrolada en el gobierno aunque tenía poderes otorgados por Martínez, era la persona de absoluta confianza que manejaba sus temas más reservados e incluso, según se conoce, habría prestado su nombre para ocultar bienes de la ahora procesada.

Una información que aún permanece en reserva es aquella encontrada en uno de los teléfonos de Alexis Mera Giler. Son varios centenares de páginas con registros de mensajes, en especial los de su ex asistente Pedro Espinoza, aquel que recogió el sobre con el dinero de Odebrecht. Estas serán piezas que sacarán chispas y lágrimas.

El cofre de documentos en poder de Laura Terán, a decir de su abogado defensor, Luis Muñoz, constituye evidencia trascendental que permitiría desmontar la corrupción judicial organizada por el correísmo, por ello insiste en la necesidad de proteger la seguridad y la vida de su defendida.

FISCALÍA VINCULA A CORREA Y A 21 PERSONAS EN CASO ARROZ VERDE

Escrito por mh en 19 de abril de 2019. Publicado en Arroz Verde, Expedientes. No hay comentarios en FISCALÍA VINCULA A CORREA Y A 21 PERSONAS EN CASO ARROZ VERDE

Las investigaciones de La Fuente y Mil Hojas fueron parte fundamental de la decisión de Diana Salazar de vincular a Rafael Correa y otros funcionarios de su confianza al caso Arroz Verde.

Los nuevos datos que recabó fiscalía dentro de este caso confirman la precisión y profundidad del trabajo periodísticos de nuestros portales. Hoy, la Fiscalía General del Estado ha solicitado a la Corte Nacional de Justicia fecha y hora para la audiencia de vinculación para 22 personas en el caso Arroz Verde. Las revelaciones de los dos portales siempre apuntaron al ex presidente Correa como el personaje clave de la gestión y administración de los sobornos para las campañas de Alianza País.

Fiscalía argumenta que han aparecido datos de los que se presume la participación de los delitos de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita a las siguientes personas: Lidera la lista de los nuevos vinculados Rafael Correa, Jorge Glas, Maria Augusta Enriquez, Vinicio Alvarado, Viviana Bonilla, Walter Soliz, Christian Viteri, Yamil Massuh. Italo Centenrao, Francisco Noboa Lopez, Alberto Hidalgo, Victor Fontana (FOPECA), Ramiro Galarza (CONSERMIN), Edgar Salas (CONSERMIN), William Phillips (GRUPO AZUL), Pedro Verduga (EQUITESA), Napoleon Sanchez (SANGUIB), Rafael Cordoba (METCO), Cai Runguo (SYNOHIDRO), Teodoro Calle y Jose Verdu Rodriguez.

Las investigaciones de La Fuente y Mil Hojas coinciden con las nuevas declaraciones ante la Fiscalía del ex ejecutivo de Odebrecht, Luis Gerardo Pereira De Souza. Así mismo el abogado de Pamela Martínez, Edgar Molina, confirmó que el exejecutivo de la empresa brasileña entregó dinero en sobre cerrado a Martínez, ex asesora de Rafael Correa. Esta información también consta en la página 15 del cuaderno de recepción de pagos de Pamela Martínez: “Recibo disposición de entregar sendos sobres del Ing. De Souza a Galo Mora. Estos sobres deben ser recibidos de inmediato pues la “campaña apremia”.

Fiscalía ha procedido a notificar a los nuevos implicados de Arroz Verde, la mayoría parte del buró político de Alianza País, ex ministros y funcionarios de alto rango de la Revolución Ciudadana. Los demás, algunos de los empresarios que sobornaron funcionaros y financiaron las campañas de AP desde 2011. Todos los ecuatorianos esperamos probidad y celeridad en la actuación de los jueces que llevan el caso.

LOS PODEROSOS AMIGOS DE LENIN MORENO

Escrito por mh en 16 de abril de 2019. Publicado en Impacto China, Ina Papers.

Tres días antes de remitida la petición (7 de junio de 2016), el delegado de la ONU y entonces pre candidato presidencial por el movimiento Alianza PAIS, Lenín Moreno, recibió en su residencia de Ginebra, al intermediario de Petrochina.

El tema de la reunión no solo fue el apoyo a los damnificados del terremoto, también se incluyó el impulso a la campaña electoral del binomio presidencial Moreno-Glas. Cadena llegó a Suiza de la mano de su “compadre” Santiago Cuesta Caputi, actual consejero presidencial de Moreno.

El encuentro con Cadena Marín fue confirmado por el Presidente de la República en diálogo con el periodista Fernando Villavicencio.

Para esa fecha ya había estallado el escándalo Panama Papers, la mayor filtración de información de la historia, y en Ecuador, diario El Universo había publicado en grandes titulares que Enrique Cadena recibía comisiones de al menos 1 dólar por cada barril de petróleo que el gobierno de Rafael Correa entregaba sin licitación a Petrochina, como mecanismo de pago de los créditos concedidos por la banca asiática. Desde 2009 a 2024, el gobierno de Alianza PAIS comprometió 1204 millones de barriles como cobertura de pago de $18.170 millones de deuda china y tailandesa.

Los acercamientos entre Lenín Moreno y Enrique Cadena -de acuerdo con documentos revisados, empiezan a inicios de 2016, cuando Lenín ya se perfilaba como candidato a la Presidencia de la República y parte de la pre campaña era impulsar un plan de vivienda popular para los damnificados del terremoto de abril de 2016. El contacto fue Santiago Cuesta Caputi.

Según la información, Cuesta insistió a Moreno reciba en Ginebra a tres visitantes, “fanáticos suyos que quieren apoyar la causa”. En abril de 2016, Cuesta le dijo a Moreno que los donantes eran Mauro Toscanini, Enrique Cadena Marín y Fernando Zambrano.

A Toscanini lo presentó como rector de la Universidad Católica, a Cadena como el que desarrolló «el sistema de envío de filmaciones al x mayor incluidos celulares no inteligentes» y de Zambrano dijo que era un «constructor de vivienda «, «todos somos amigos», aseguró.

Casi un mes después, el 9 de mayo de 2016, Santiago Cuesta envió a Lenín Moreno un listado preliminar de donantes para la construcción de casas en Manabí. La lista incluyó a Santiago Salem, Fernando Zambrano, Peter Graetzer, Xavier Gómez, Mauro Toscanini, Jorge Vallejo, Otto Sonnenholzner, Patricio Coello, Napoleón Santamaría y Kepler Verduga. “Te ruego les hagas llegar tu carta de solicitud, tan pronto ellos hagan sus depósitos te informaré para que los llames por teléfono”, dice Cuesta. “Todos estos donarán como mínimo $5.000″ e insiste que tiene “tres donantes que quieren ser anónimos y un donante grande en USA”, con el que después acordará cómo y cuándo donará. Consultamos con altos ex funcionarios del morenismo y todos coinciden que el donante grande de USA, fue Enrique Cadena.

Para junio de 2016 la cita presencial entre Moreno y Cadena estaba asegurada. Las ilustres visitas llegaron el 7 de junio a Ginebra. En un mensaje, Santiago Cuesta le dice a Lenín: “salimos 9:35 am ya en aeropuerto tipo 12 a 12 15 estaremos en tu casa con Mauro. Luego a la 1 va Enrique y después tú decides”.

Luego del encuentro en Ginebra, la relación entre Moreno y Cadena quedó encaminada, tanto así que tres dìas después, el 10 de junio de 2016, Moreno, en calidad de enviado especial del Secretario General de la Naciones Unidas sobre discapacidad y accesibilidad, envió la solicitud a Cadena para la construcción de 185 viviendas, «deseamos someter a su consideración la primera fase del proyecto de construcción de emergencia de viviendas accesibles para personas con discapacidad, víctimas del terremoto del Ecuador», dice el documento. Pedirle a Cadena dinero para financiar viviendas para las víctimas del terremoto es como pedirle a Satanás que construya una iglesia.

Conversaciones filtradas por el portal inapapers.org, no desmentidas por el gobierno, indican que para finales de junio de 2016, Cadena, a través de Cuesta, invitó a Moreno a un concierto de Plácido Domingo, en España. “Que ponga para las casas luego hablamos, es posible que quiera Carina, veamos (…) convéncele que sean veinte casas, utiliza tu facilidad de palabra (…) faltan 98 casas”, fueron las respuestas de Lenín.

Luego de la invitación a escuchar al tenor, el 15 de julio de 2016, Enrique Cadena envió un correo electrónico a Lenín Moreno, felicitándolo por liderar la intención de voto en las elecciones «Estimado Lenín, adjunto a la presente encontrará una encuesta elaborada por nuestro común amigo Santiago. Veo que su popularidad en intención de voto garantiza que el Ecuador estará en buenas manos. Felicitaciones». Cadena se refiere a una encuesta hecha por la empresa de Santiago Cuesta, CMS Encuestadora.

APORTES A LA CAMPAÑA MORENO – GLAS

Para septiembre de 2016, las facciones de Alianza PAIS ya habían curado pequeñas heridas y acordado el binomio presidencial Moreno – Glas, entonces era hora de aceitar la maquinaria electoral. El 8 de septiembre, Santiago Cuesta envió una comunicación a Lenín para indicarle quiénes eran los empresarios que querían conocerlo y apoyar económicamente su campaña. El compadre de Enrique Cadena había preparado un gran almuerzo en Ginebra para sumar ceros a la derecha.

«Este es el listado de los empresarios confirmados que irán al almuerzo, la principalcaracterística de este grupo es que no son contratistas del Estado y quieren conocerte y apoyar enla campaña”, dice Cuesta.

En la lista de 19 posibles aportantes constan, entre otros, Santiago Salem, dueño de Santa Priscila, Otto Sonnenholzner, a la fecha gerente General de TV Cable; Pablo Ortiz, dueño de INPROEL y Agustín Albán, rector y dueño de una Universidad en México con más de 30.000 estudiantes, «vive en México y desea contribuir en tu campaña», le dice Cuesta a Lenín.

Algunos de los nombres que figuran como posibles contribuyentes a la campaña de Moreno – Glas, terminaron siendo propuestos para cargos importantes en el gobierno: Mauro Toscanini fue designado ministro del Interior, Otto Sonenholzner, elegido Vicepresidente de una terna propuesta por Moreno, en la que se incluyó a Agustín Albán. La mano de Santiago Cuesta, fue clave en el armaje del tablero gubernamental.

EL DÍA QUE CUESTA SE DISPARÓ EN LA CABEZA

En la misma comunicación del 8 de septiembre de 2016, Cuesta indica a Lenín que el reconocido consultor Jordi Segarra también estará presente en el almuerzo en Ginebra, «por último en este viaje me acompañará JORDI SEGARRA, español, quien es uno de los mejores asesores de campaña del mundo con quien quiero que converses unos minutos y si estás de acuerdo puede ser tu Jefe de Campaña o formar parte del equipo. Sus honorarios están pagados por un donador anónimo por ahora, si decides aceptarlo. Mira su currículum en Internet y es uno de los 5 grandes del mundo. Viaja con su socio que manejó la campaña de Peña Nieto en México. Pídele a Eduardo Mangas que reserve un lugar para unas 25 a 26 personas yo asumo los gastos del almuerzo «, dice el correo electrónico.

En una entrevista del 13 de marzo de 2019, en el medio digital La Posta, Santiago Cuesta aseguró que fue él quien pagó la asesoría de Jordi Segarra y que efectivamente no constaba como gasto electoral. Cuesta se contradice: en un inicio dijo que los honorarios de Segarra fueron pagados por un donante anónimo, ahora que los pagó él.

UN MAGNATE HECHO EN REVOLUCIÓN

Enrique Cadena Marín, es un empresario ecuatoriano que antes de la revolución ciudadana experimentaba graves penurias económicas y un juicio por estafa seguido por su cuñado Arnoldo Brigman, por manejos dolosos de Qüin Cola, empresa que hasta la fecha mantiene una deuda con el Estado de $1.2 millones. Súbitamente, con el ascenso al poder de Alianza PAIS, tras consolidarse como intermediario petrolero, ingresó al registro de los hombres más ricos del Ecuador y también a formar parte de los grandes expedientes judiciales.

Cadena es investigado en Ecuador por la operación fraudulenta y los negociados en las difuntas telefónicas Telecsa y Pacifictel, a cargo de ViaAdvisors Ecuador (Viadvi), empresa de papel vinculada a una red de compañías en las cuales figuraba Cadena Marín, sus hijos y Darwin Romero, actual gerente de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones – CNT.

Desde 2007, Cadena está vinculado al negocio de la intermediación petrolera, a través de traders relacionados con Petrochina, Unipec y Petrotailandia. La Contraloría General del Estado en su informe (DA3-0015-2012) identificó a Taurus Petroleum como empresa intermediaria del crudo adjudicado a China. Además de Taurus existen otras compañías relacionadas al cartel intermediario: Castor Petroleum, Ursa Shipping, Core Petroleum, Waterway, Gunvor S.A.

A raíz de la filtración de los Papeles de Panamá, la justicia global inició procesos penales en contra de los responsables de múltiples escándalos de corrupción. Hasta la fecha se han recuperado 1.200 millones de dólares en varios países del mundo, como efecto de esas operaciones judiciales, según reportes oficiales.

Richard Gaffey, fue el primer norteamericano procesado por evasión de impuestos, a raíz de las filtraciones, junto a Gaffey también es procesado el abogado panameño Ramses Owens, quien manejaba los negocios de fideicomisos en Mosack Fonseca y trabajó con Enrique Cadena Marín y Jaime Baquerizo Escobar. Según El Universo, Owens intervino en el caso de la comisión de $1 dólar por barril en la preventa de crudo a Petrochina, en la que Cadena y Baquerizo fueron intermediarios.

Castor Petroleum Ltd. fue la empresa que pagó, a través de Waterway Petroleum Ltd., una subsidiaria de Gunvor, la comisión de USD 1,00 por cada barril de petróleo a las empresas Eston Trading Limited (Nevada, EE. UU) y Livinstong Financial Corp (Dubai) de propiedad de Cadena y Baquerizo.

La filtración confirmó lo publicado por el portal Focus Ecuador en 2015, que reveló que Cadena estaba vinculado a varias empresas privadas intermediarias que revenden el crudo ecuatoriano adjudicado por Petroecuador a Petrochina, Unipec y Petrotailandia. La intermediación benefició a los traders en 2 y 4 dólares por barril, parte de ese dinero llegó directamente a las cuentas personales de Cadena, así lo indican las transferencias bancarias por varios millones de dólares a Naparina Corp, Breiton Capital & Shipping y Denarii Systems, realizadas por las intermediarias Taurus Petroleum, Ursa Shipping, Waterway, entre otras.

Cifras preliminares hablan de pérdidas para el Estado ecuatoriano del orden de $2000 millones hasta el año 2017, solo por intermediación; los perjuicios por intereses excesivos sumarían otro tanto.

En 2017, la Fiscalía abrió una indagación previa por el delito de peculado en contra del ex presidente Rafael Correa, Enrique Cadena y más de una veintena de ex funcionarios y ejecutivos de petroleras privadas. Han pasado cuatro fiscales generales y el caso aún no pasa a instrucción penal pese a exitir abundante evidencia. Una mano “poderosa” protege a Enrique Cadena y Jaime Baquerizo, actualmente prófugo en Perú, pues sólo así se explica que, a pesar de los datos de información bancaria, transferencias y los documentos de Panamá Papers, que en otros casos ha servido a la justicia ecuatroriana y norte americana para procesar a funcionarios y empresarios que cometieron actos de corrupción, en este caso la investigación no avance.

En 2017 tras recibir información de las perdidas ocasionadas por el pago de la deuda pública con petróleo descontado, el presidente Moreno se comprometió a disponer una investigación del caso y poner fin a la cadena de perdidas generadas por este modelo heredado de Correa. La mejor opción era suspender algunos contratos suscritos al margen de la ley e impulsar la recompra de la deuda a China y Tailandia para liberar el petróleo. El régimen recibió varias ofertas de recompra de la deuda, con interés del 3%, incluso la administración de Byron Ojeda alcanzó un acuerdo con Petrotailandia, pero el día del anuncio del pacto, fue derrocado por disposición de Lenín Moreno.

Las ventas spot llevadas a cabo por este gobierno, como un esfuerzo de aparentar transparencia, confirmaron la pérdida gigantezca que representa la venta del crudo sin licitación a Petrochina y Petrotailandia. A pesar de esa evidencia, el gobierno no ha realizado esfuerzo alguno para mitigar el daño y ajustar los precios de dichos contratos, actitud que acrecienta la sospecha ciudadana de intereses ocultos que permiten que los intermediarios se sigan enriqueciendo a costa del país.

SANTIAGO CUESTA ASUME EL CONTROL

El triunfo de Lenín Moreno alentaba el espíritu empresarial de Enrique Cadena, además de cuidarse de los procesos penales que se alzaban en su contra. El zar petrolero no solo requería amigos políticos en la periferia, sino en el corazón del poder. Tras la caída de Eduardo Mangas, había llegado el momento para que su “compadre” Santiago Cuesta, asuma el mando de los grandes negocios estratégicos del gobierno. En mayo de 2018, Lenín Moreno, nombró a Cuesta como su consejero con rango de ministro. Así, el “compadre” de Cadena Marín, asumía el control del petróleo, electricidad, telecomunicaciones, minería y otras áreas de la economía.

Una de las actividades que inició Cuesta con mucho empeño fue preparar los procesos de concesión y privatización de los sectores estratégicos, principalmente la Corporación Nacional de Telecomunicaciones – CNT, el sector eléctrico y mantener el modelo de comercialización internacional de petróleo con China y Tailandia, un mega negocio que había engordado las chequeras de los intermediarios durante la revolución ciudadana. En el aire se dejaba escuchar el mensaje: con la fortuna de la corrupción a privatizar las empresas públicas a precio de gallina enferma.

La oferta de privatización a la que este medio tuvo acceso, fue enviada por Santiago Cuesta a Lenín Moreno, en tiempos de campaña. Eduardo Mangas, exsecretario de la Presidencia de Moreno, confirmó que el plan de privatizaciones ya lo esgrimía Cuesta durante la campaña electoral. La oferta final fue remitida desde México en 2017, por Agustín Albán Maldonado, rector de Univer Milenium, a Santiago Cuesta y este la reenvió a Lenín Moreno. El documento se refiere a la recompra de 30 mil millones de dólares de deuda externa ecuatoriana a cambio de la privatización de empresas públicas.

En diciembre de 2018, Albán integró la terna vicepresidencial, de la que se eligió a Otto Sonneholzner. Agustín Albán Maldonado es hermano de Teodoro Albán, ejecutivo de Denarii Systems, empresa domiciliada en Miami – USA, de propiedad de Enrique Cadena Marín.

Después de la victoria electoral de Lenín Moreno, las negociaciones de la privatización y concesión de las empresas comenzaron. La primera delegación de “inversionistas” que trajo Cuesta a Ecuador, estuvo integrada por Paul Manafort, Benjamin Ng, Héctor Hoyos y Agustín Albán, la cual se reunió con el presidente Lenín Moreno y funcionarios del ministerio de Finanzas, en mayo y junio de 2017. La invitación a los inversionistas chinos fue remitida por Eduardo Mangas en junio de 2017 por disposición de Lenín Moreno.

Un reporte de la consultora Hogan Lovells, contratada por el ministerio de Finanzas para perfilar a los mega inversores, señala que las empresas que negociaban la compra de la deuda externa ecuatoriana eran empresas de papel creadas la víspera. El mismo esquema de negocio y con los mismos oferentes que pretendió implementarse en Puerto Rico, el cual fue observado por autoridades de los Estados Unidos, al tratarse de un sistema de posible blanqueo de dinero.

De acuerdo con las personas consultadas, queda claro que Santiago Cuesta es el nexo con empresarios e intermediarios de negocios con el Estado; por lo que resulta preocupante y sospechoso que Lenin Moreno le haya encargado el manejo de las privatizaciones y la injerencia directa en las empresas estatales, delegándole un rol similiar al que tenía Jorge Glas en el gobierno de Rafael Correa, incluso con una vinculación aún más directa con los personajes oscuros de las negociaciones petrolera y de telecomunicaciones.

Carolina, víctima de trata murió asfixiada

Escrito por mh en 16 de abril de 2019. Publicado en Reportaje.

Redacción MilHojas
Ocho meses después de que la adolescente de 15 años Carolina A. fuera encontrada muerta en un terreno baldío en el populoso barrio Comité del Pueblo, al norte de Quito, se confirma que su muerte, el 26 de agosto del 2018, ocurrió por asfixia mecánica, pero luego de sufrir graves lesiones en su cuerpo y ser violentada.
La confirmación la dio Milton Castillo, abogado de la familia de Carolina quien comentó que el informe médico de la exhumación forense del cadáver contradice las conclusiones de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased), que el 28 de octubre del mismo año, señaló que la adolescente falleció de “forma natural por un edema agudo de pulmón, pancreatitis aguda hemorrágica consecutivo a probable intoxicación”, dejando de lado las evidencias de escoriaciones y laceraciones que eran visibles a simple vista en el cuerpo de Carolina y que hacían prever lo peor.
Los informes de los análisis toxicológicos también se conocieron: Carolina tenía en su cuerpo escopolamina.
Los momentos de mayor dolor para la familia de Carolina, la exhumación de su cuerpo para someterlo a un nuevo estudio. Es la historia de una adolescente coartada y el reto de descubrir a todos los responsables de una red brutal que no teme matar a las víctimas. Foto: Diario El Comercio
El 26 de agosto, la madre de Carolina reconoció, en una foto entregada por la Dinased, el cadáver de su hija que fue abandonado en el terreno por Christian G, alias Careniña, Antoni M. y dos chicas menores de edad (nombres se mantienen en reserva). Pero también reconoció a Careniña en el video que fue grabado por una moradora del sector el momento que se deshacían del cuerpo.
Dos años antes de su muerte, Carolina fue víctima de una Red de Trata que reclutaba a adolescentes de entre 13 y 16 años de edad, de ambos sexos, en las afueras de los colegios del sector del Comité del Pueblo. Su reclutador fue Christian G. alias Careniña, un hombre de 21 años, que seducía a las menores de edad y luego de ganar su confianza y en la mayoría de casos enamorarlas, las incitaba a drogarse, mantener relaciones sexuales grupales para ser grabadas y a cometer delitos como robos.
Documento: Informe ejecutivo de la Policía Nacional
Documento: Resultado del informe de Exhumación
Todo esto ocurría en tres casas: en la de una menor de edad, en la de Careniña, y en la suite de una zona exclusiva del Quito Tenis, en donde vivía el estadounidense Royce Phillips alias el ‘Abuelo’, quien junto con Careniña y otro reclutador, como Julio E., seleccionaba por celular los perfiles de las menores de edad.
El ‘Abuelo’ trataba a Careniña y a Julio E. como sus empleados, les pagaba para que conquistaran a las adolescentes y las hicieran participar de actos sexuales; era quien financiaba también el alcohol y la droga que se consumía en su departamento.
La policía al momento del allanamiento a la casa de alias 'El Abuelo'. Los agentes encontraron fotos, drogas, dinero en efectivo y más el martes 26 de marzo del 2019. Foto: Fiscalía
Con los elementos de convicción recopilados hasta el momento, Milton Castillo, abogado de la familia de Carolina, asegura que existe una conexión clara entre el asesino de la adolescente, Christian G., con Royce Phillips -alias el ‘Abuelo’-. Se cuenta con evidencia que certifica que los dos eran buenos amigos; que en el domicilio del estadounidense se hacían fiestas con menores de edad; y se suman testimonios y versiones de que el ‘Abuelo’ le daba dinero a Careniña a cambio de sexo. Y sobre todo, hay evidencia de vínculos del ‘Abuelo’ con la Policía. “Todo fue armado para matarla, ella sabía mucho”, según el abogado.
La muerte de Carolina ha permitido, según Milton Castillo, destapar una Red de Trata en Quito que evidencia un sistema de reclutamiento de adolescentes -hombres y mujeres- para hacer fiestas, tener sexo en casa de un hombre de la tercera edad, y ser grabados para obtener grandes sumas de dinero.
El abuelo resultó un hombre cercano e influyente en la Policía Nacional, no debe extrañar a nadie que usara esas realciones a su favor para someter a las víctimas.
Las autoridades hasta el momento se niegan a hablar el tema ´Trata’ y de llegar el caso, según Carlos Alulema, director de la Policía Judicial, coordinarán con la fiscalía para ampliar la investigación.
La abogada Cecilia Espinosa asumió otro caso de Trata, de una menor que también fue abusada por Careniña y por Cristian A. este último, un joven que acudía frecuentemente a las “caídas”. La versión de la madre se enfoca en Cristian A. y otro joven que sacó a su hija de la casa. La trasladó al domicilio de una adolescente, la drogaron y fue ahí donde se perpetró la violación. Al día siguiente, llegó a la casa a las 06:00 y en horas de la tarde empezó a reaccionar porque aún se encontraba bajo los efectos de la droga (se presume escopolamina). Los familiares reaccionaron, llevaron a la menor para revisión médica y presentaron la denuncia en la Fiscalía. Fue el 22 de octubre del 2017.
Tania Moreno, ex fiscal subrogante, es la encargada de llevar el caso desde la fiscalía, logró que el juez emita orden de prisión para principal implicado Foto: El Telegrafo
En ese caso, cuenta la bogada Espinosa, hubo amenazas de muerte por parte de Careniña, por lo que la joven se opuso a que su madre continúe con el proceso de denuncia; a esto se sumó que por varias ocasiones se acercaron a la fiscalía para dar impulso a la denuncia, pero la respuesta fue: tiene que esperar, hay cientos de casos pendientes de despachar. “Se cansaron de solicitar que se haga justicia”, dice la abogada.
Las amenazas fueron constantes, hasta que Careniña fue capturado por el caso Carolina en marzo pasado. Su detención hizo que otras 15 familias se animen a presentar denuncias contra él, pero aún existen adolescentes del mismo barrio donde vivía Carolina que tienen miedo de hacerlo.
“En el Comité del Pueblo, hay niñas violentadas que conocen a otras del mismo sector. Ellas desaparecieron unos días y volvieron a aparecer descompuestas. Es un secreto a voces”, afirma la abogada que espera que la Fiscalía le entregue en los próximos días la acreditación para acceder a los expedientes de su caso que lleva más de un año en los archivos.
Son las mismas personas involucradas, el mismo modus operandi, el mismo barrio, el mismo tipo de adolescentes que buscaban. Quienes integran esta Red de Trata son conocidos, sus integrantes rondan por los colegios del sector del Comité del Pueblo.
EN DOS HABITACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ROYCE PHILLIPS, SE GRABABAN LOS VIDEOS
Casa de El Abuelo en el Quito Tenis. Foto: Diario La Hora
Existe el testimonio de una menor que es considerada testigo protegida; su historia revela y ratifica detalles de cómo operaba el grupo delincuencial.
Aprovechando la necesidad de reconocimiento social, Christian G. -Careniña- conducía a sus víctimas a las redes del alcohol y las drogas, al sexo desenfrenado que no distingue entre el acto consensuado y la violación, y finalmente al departamento del ‘Abuelo’, una mezcla de padrino consentidor y depravado sexual.
No cualquiera podría ingresar a la vivienda de Royce Phillips; además de sus reclutadores, solo tenían acceso al ‘Abuelo’ los adolescentes, hombres y mujeres, que habían sido previamente seleccionados por el hombre de 65 años.
Royce Phillips, fue detenido el 27 de marzo pasado, luego de un operativo en su domicilio alquilado, en donde encontraron droga, juguetes sexuales, volantes de invitaciones a fiestas de jóvenes y dinero en efectivo por más de $9.000. Su computadora se encuentra en manos de peritos especializados. Lo mantuvieron en la zona de aseguramiento de la Unidad de Flagrancias por decisión judicial que ordenó arresto domiciliario por su edad (65 años). Pero, la jueza Irene Pérez, el pasado 15 de abril revocó el arresto domiciliario y ordenó el inmediato trasladarlo a la cárcel, luego de que un informe de la Policía ratificara que no existen las condiciones para que el "Abuelo", cumpla con el arresto domiciliario.

Audio tomado de un vídeo que careniña subió a su cuenta de Facebook y evidenció su conducta y la de sus amigos
Christian G. -según la versión de la testigo protegida- cuidaba que las adolescentes reclutadas no abandonaran el grupo y cuando, eventualmente, alguna de ellas o sus familiares querían denunciarlo, las amenazaba con matarlas, les decía que tenía mucho dinero como para impedir que lo cogieran preso y que el ‘Abuelo’ siempre lo sacaba de los problemas porque tenía amigos policías. Llegó incluso a lacrar el rostro de una de las adolescentes que finalmente había vencido el miedo denunciándolo; y cuando alguna empezaba a salir con otro muchacho, recurría a la violencia: golpes, patadas y amenazas era su herramienta de coacción.
Con su mamá preocupada, buscándola constantemente, interesada en saber lo que le sucedía, Carolina -relata la testigo- quiso alejarse de Christian G. y de la ‘banda del Careniña’, como se conocía al grupo que él lideraba; todavía con un sentimiento que la unía a su victimario, lo intentó sin éxito poco antes de que la trampa en la que había caído la condujera a la muerte. Quería hacerlo, pero era entonces cuando el ‘Abuelo’ la retenía con atenciones: cuando cumplió 15 años, y a sabiendas de que ella buscaba la forma de escapar, le organizó una fiesta.

Para la ‘chinita’, como la llamaban sus amigas, era ya demasiado tarde. El 26 de agosto del 2018 su cuerpo fue hallado inerte en un terreno baldío.
En la Fiscalía se indagan tres casos: el primero contra Christian G. por violación con resultado de muerte; el segundo por fraude procesal contra dos adolescentes mujeres; y, el tercero por trata de personas con fines de explotación sexual contra Royce Phillips, el estadounidense radicado en el Ecuador hace 8 años.
Otros adolescentes están dentro de las investigaciones, como Jhonatan P. quien tiene medidas cautelares. Él, estuvo con Carolina en sus últimas horas de vida.
Royce Phillips, se encuentra custodiado en la zona de aseguramiento de la Unidad de Flagrancias desde el 27 de marzo pasado, luego de un operativo en su domicilio alquilado, en donde encontraron droga, juguetes sexuales, volantes de invitaciones a fiestas de jóvenes y dinero en efectivo por más de $9.000. Su computadora se encuentra en manos de peritos especializados.
La decisión de mantenerlo en esa Unidad y no trasladarlo a la cárcel de El Inca, como se informó inicialmente, provino de un juez que aún espera que la policía elabore un informe y le asegure que el lugar donde residía el ‘Abuelo’ (en Quito Tenis) cuenta con las garantías para cumplir con el arresto domiciliario debido a su edad.
‘CARENIÑA’ SOÑABA COVERTIRSE EN ‘EL SEÑOR DE LOS CIELOS’
El 1 de diciembre de 2016, Christian G. Alias Careniña, transmitió en vivo a través de la red social Facebook, una noche de parrillada en el departamento donde vivía Royce Phillips y al que acudieron también Julio E., un joven que se hace llamar Ayrton Sebastián Senna y un tercero a quien no se lo reconoce.
“Estoy en mi segunda casa”, “este es mi gimnasio”, comenta Careniña, mientras la cámara de su teléfono celular hace un recorrido por el suite en medio de las risas, conversaciones de los otros y decenas de botellas y vasos de cerveza que comparten.
Lo que llama la atención, es el diálogo que mantiene Careniña durante la transmisión del video, con sus amigos de Facebook a quienes les dice que él será “el futuro Señor de los Cielos”, en alusión al principal personaje de una serie de televisión estadounidense que es considerado el narcotraficante más poderoso de cuatro carteles de droga de México.
A Antoni P., quien comenta en su Facebook le increpa: “tú tienes que salir a vacilar con tu patrón, con el futuro señor de los cielos.
Y le pide a Julio E.: “muéstrales la droga, tenemos anfetaminas, la H, todo tengo, si se meten polvo…”. Julio le responde que no se puede ver.
A David V. le reitera: “acá estamos tus patrones, tomándonos unos tragos y hablando de negocios. Ya les dije que les invito a trabajar”.
“Yo soy el señor de los cielos”, repite por cinco ocasiones en el video que aún permanece en la cuenta de Careniña, en la cual, el último mensaje escrito por él, fue en septiembre del 2018, un mes después del asesinato de Carolina.
Otros diálogos con tinte sexual y palabras soeces entre los invitados y Royce Phillips se escuchan a lo largo del video. “Royce dame trabajo”, le grita uno de los jóvenes. Y el extranjero le responde: Necesito personas responsables, no que me digan a veces sí, a veces no.

¿Qué pasó con la inminente deportación de los hermanos Isaías?

Escrito por mh en 8 de abril de 2019. Publicado en Reportaje.

Por: Redacción MilHojas
El Ecuador recibió la noticia de que el Servicio de Inmigración de Estados Unidos había detenido a los hermanos Roberto y William Isaías el 13 de febrero de este año. La versión oficial del abogado de los detenidos, Jorge Zavala Egas, fue que se trataba de un asunto de rutina que se resolvería pronto. Pocos días después, cuando el país se caldeaba a partir de la noticia publicada el 19 de febrero en el portal Somos La Fuente sobre empresas Offshore que involucraban al entorno del Presidente Lenín Moreno, las complicaciones migratorias de los hermanos Isaías en Estados Unidos parecían servir para cambiar la agenda de debate nacional. No era la primera vez que la saga Isaías cumplía con esa función.
De pronto parecía un hecho su deportación y retorno inmediato al Ecuador. El 22 de febrero la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia emitió un comunicado oficial indicando que “tras la detención de Roberto y William Isaías por parte de las autoridades de migración de los EEUU, Ecuador ha cumplido con el pedido de dichas autoridades y ha emitido los pasaportes provisionales con miras a su eventual deportación.”
El comunicado además daba cuenta de los antecedentes del caso y del destino de los hermanos Isaías al llegar a Ecuador “Sobre los hermanos Isaías existe un pedido de extradición de la justicia ecuatoriana. En el país, pesa sobre ellos una sentencia de ocho años de privación de libertad por el delito de peculado bancario, por lo tanto, a su llegada al territorio nacional, el gobierno ejecutará la orden de detención que ha emitido la administración de justicia. El Gobierno Nacional actúa en el marco de sus competencias y espera que la justicia y las autoridades competentes actúen bajo estricto derecho.” La Ministra de Interior recordó al país que sobre los hermanos pesaba un pedido de extradición por parte de la justicia ecuatoriana pero que sobre el proceso no le correspondía en ese momento actuar al gobierno ecuatoriano. Ambas declaraciones hacían referencia al proceso de extradición solicitado durante el gobierno de Correa, pero lo que se ventilaba en ese momento era la posible deportación.
Después de la tormenta vino el silencio. Tras varias semanas se hizo evidente que los hermanos Isaías no iban a ser deportados en el corto plazo al Ecuador. Breves notas en la prensa dieron cuenta de su liberación del centro de detención de migración y de que su proceso había pasado al ámbito judicial en Estados Unidos. Ningún funcionario del ejecutivo o de la procuraduría emitió un pronunciamiento oficial al respecto.
Los hermanos Isaías viven en Estados Unidos desde el año 2000
¿Qué pasó entonces con la “inminente” deportación de los hermanos Isaías?
Roberto y William Isaías fueron detenidos durante un mes en Miami -Estados Unidos- en el marco de un proceso migratorio de deportación. Los hermanos Isaías, ex dueños de FILANBANCO, recuperaron su libertad bajo fianza a mediados de marzo cuando proceso de deportación pasó del ámbito administrativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) que actúa inmediatamente, a la función judicial desde el 27 de marzo.
Esto sucedió porque la jueza de migración María López aceptó el fallo de Kathleen M. Williams del Tribunal de Distrito Sur de la Florida. Williams concedió la petición de Hábeas Corpus presentada por los hermanos Roberto, de 74 años, y William, de 75 años, en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), que era la entidad que los mantenía bajo su custodia.
El argumento original de las autoridades migratorias estadounidense era que ambos ex directivos del quebrado Filanbanco estaban sujetos a una "remoción expedita" (INA236), por la supuesta comisión de ‘delitos graves´ en el marco de la nueva política migratoria de Donald Trump.
El ICE se refería con “comisión de delitos graves” a la sentencia de 8 años de prisión dictada en 2012 por la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, en contra de ellos por peculado. El estatuto migratorio estadounidense en su sección 238 establece entre las causales de revocatoria de visa la de tener una sentencia definitiva por el delito de fraude, que haya causado un perjuicio superior a $ 10.000.
La defensa de los Isaías alegó que la detención de sus clientes realizado por agentes del ICE, del 13 de febrero y al 15 de marzo pasados, fue ilegal. También señaló que había riesgo de que los hermanos Isaías sean trasladados a Ecuador sin que se les haya dado la opción a fianza y audiencia judicial.
En la audiencia del 8 de marzo, (caso número 19-20814-CV-KMW) la jueza Williams expuso que la detención realizada por el ICE fue una violación a la ley. Señaló que los hermanos Isaías no habían cometido, ni habían sido condenados por un delito agravado (aggravated felony) que implique que deban estar bajo custodia.
Siguiendo esa línea de que no hubo base legal para detenerlos ordenó su liberación inmediata de las instalaciones de detención migratoria donde estaban detenidos y dispuso la celebración de una audiencia para considerar fianza, la que tuvo lugar el 15 de marzo de 2019. Esto no significa que los hermanos Isaías vuelvan a su status previo a la detención por parte de las autoridades migratorias, pues en ese momento tenían visa de inversionistas, sino que ahora van a litigar en libertad en el sistema judicial su status migratorio y la posibilidad de permanecer en Estados Unidos.
Filanbanco cerró sus puertas el 18 de julio de 2001 y entró en proceso de liquidación desde el 30 de julio del 2002
La jueza Williams basó este fallo en la conclusión a la que años atrás había llegado el Departamento de Estado de EEUU cuando el gobierno de Rafael Correa solicitó la extradición de los Isaías. En ese entonces el Departamento de Estado contestó al requerimiento de las autoridades ecuatorianas que no existía evidencia (causa probable) de delito grave por parte de los hermanos Roberto y William Isaías.
A su vez, el Departamento de Estado fundamentó sus conclusiones en que las sentencias emitidas en Ecuador, durante el régimen de Correa, violaban los estándares del debido proceso y, por lo tanto, no aceptaban la acusación de que eran responsables de "delitos graves". Entre sus argumentos: los acusados fueron juzgados en ausencia, pues han vivido y trabajado legalmente en Miami, desde el año 2000.
Al pronunciamiento del Departamento de Estado se suma el del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que en 2016 determinó que en el juicio a los hermanos Isaías el Ecuador "violó el debido proceso y los derechos humanos para ser juzgados por un tribunal independiente (fundamentaban esto en el hecho de que la judicatura controlada por Rafael Correa destituyó sucesivamente a 23 jueces hasta que se emitió una sentencia condenatoria).

Aunque esta vez el proceso de deportación de los Isaías se dio a partir del cambio de política migratoria en Estados Unidos por el cual los antecedentes penales pueden ser motivo de deportación, el equipo legal contratado en Estados Unidos por el Estado ecuatoriano para el tema Isaías, volvió a intervenir, sin éxito. La argumentación judicial en síntesis fue que si esa condena no había sido considerada como razón suficiente por el Departamento de Estado para la extradición, tampoco podía ser causal de la deportación.
Este es el cuarto intento fallido del Ecuador por traer a los hermanos Roberto y William Isaías al país. Los trámites judiciales ante los tribunales y las cortes de apelación estadounidenses, notas diplomáticas de ida y vuelta entre los Gobiernos de Ecuador y Estados Unidos y los anuncios de personeros del Ejecutivo nacional, solo han desembocado en negativas a los pedidos de extradición y ahora a la deportación de los ex banqueros por parte de los órganos de justicia norteamericana.
Una historia de litigios e intentos de extradición
El Estado ecuatoriano ha llevado a cabo varias acciones en contra los hermanos Isaías en Estados Unidos. En primer lugar, un juicio civil iniciado por la AGD y continuado luego por la Procuraduría General del Estado en el Tribunal Undécimo del Circuito Judicial en el Condado de Miami, signado con el número de caso 09-34950CA09. En segundo lugar reiteradas solicitudes de extradición ante las autoridades estadounidenses con fundamento de la sentencia de la justicia ecuatoriana en su contra del año 2012.
El litigio del condado de Miami inició con Carlos Bravo Macías, quien actuó como gerente general de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) desde el 4 de julio de 2008 hasta el 9 de julio de 2009 y fue el ejecutor de la decisión del ex presidente Rafael Correa, de incautar los bienes y empresas de propiedad de los hermanos Isaías Dassum. Incautación cuestionada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Antes de ejercer este cargo, Bravo fue el abogado defensor de Juan Falconí Puig en procesos judiciales que mantuvo con William y Roberto Isaías. Cuando Falconí Puig fue superintendente de Bancos, Bravo fue asesor. En el año 2000, Bravo actuó como abogado del máximo organismo de control financiero en un proceso instaurado por una supuesta sobrevaloración de las obras de arte entregadas por Filanbanco a la AGD.
Bravo también defendió a Falconí en 2001, cuando se lo acusó de falta de acuciosidad y de no haber implementado la vigilancia debida durante la fusión de Filanbanco con La Previsora.
El 29 de abril de 2009, la AGD bajo la administración de Bravo, presentó una demanda en contra de Roberto y William Isaías Dassum, ante la Corte del Circuito Judicial para el Condado de Miami – Dade, en la Florida.
Squire, Sanders & Dempsey LLP fue la oficina de abogados contratada por la AGD para llevar ese proceso. Es la misma que junto a la firma Dechert LLP, asesoró al Estado en el arbitraje internacional que debió enfrentar con la petrolera Oxy. En mayo de 2014, Squire Sanders se fusiona con Patton Boggs, y pasa a llamarse Squire Patton Boggs.

Cuando el Ministerio de Finanzas asumió las competencias, activos y derechos de la AGD (1ro de enero de 2010), la Procuraduría General del Estado tomó a su cargo la procuración legal del caso Isaías y la firma Squire, Sanders & Dempsey LLP siguió patrocinando el proceso.
Tres meses después de la desaparición de la AGD, la Jueza Gill Freeman de la Corte del Circuito de Miami, mediante orden de 10 de marzo de 2010, reconoció que el Estado ecuatoriano sustituía a la AGD en el caso. Tres años después, el 30 de mayo de 2013, el juez John Thornton de la Corte del Undécimo Circuito de Miami concedió un pedido de juicio sumario a favor de los demandados, manifestando que los actos de Estado realizados en Ecuador no eran compatibles con la legislación y políticas norteamericanas, por lo que desechó la demanda.
Las autoridades nacionales apelaron la sentencia de Thornton en julio de 2013 y un año más tarde la Corte de Apelaciones del Tercer Distrito concedió el recurso al Ecuador, señalando que el juez Thorton mal interpretó el alcance de los actos de Estado y que, con la demanda no se intentaba incautar propiedades de los demandados en Miami, sino cobrar los valores pendientes de pago en Ecuador. El proceso volvió a conocimiento del juez Thornton, quien el 15 de octubre de 2015, desechó nuevamente la demanda de Ecuador, ratificándose en su argumento de que el Procurador General del Estado no tenía derecho para suceder a la AGD en el proceso. Según el juez la acción demandada estaba prescrita al haber transcurrido más de diez años desde la transferencia de Filanbanco a la AGD. La Procuraduría cuestionó la decisión indicando que el juez “violó la Doctrina de los Actos de Estado, cuando declaró la prescripción sin tomar en cuenta que la resolución de la ex-AGD era un acto de Estado”.[1]
En 2012 la Corte Nacional de Justicia de Ecuador dictó una sentencia de 8 años en contra de Roberto y William Isaías por peculado
Ecuador apeló y por segunda ocasión, el 27 de diciembre de 2017, la Corte de Apelaciones del Tercer Distrito del Estado de la Florida revocó la sentencia de John Thornton.
Esta Corte concluyó también que el Ecuador no estaba obligado a probar la responsabilidad de los hermanos Isaías con respecto a las pérdidas sufridas por Filanbanco. El proceso volvió a la Corte de primera instancia para determinar los daños y perjuicios a favor del Estado ecuatoriano y fue conocido por el juez William Thomas. El fallo fue presentado como favorable para la Procuraduría, “Sin embargo, conforme este Tribunal advirtió…, esto no significa que la República tenga derecho a incautar de manera automática los bienes de los Isaías en el Condado de Miami-Dade. Las alegaciones de la República de que los Isaías aún le deben dinero a la República están “sujetas a prueba como en cualquier reclamo por parte de un soberano extranjero contra uno de sus ciudadanos que residen en los Estados Unidos”
En el ámbito de la solicitud de extradición los resultados han sido más adversos para el gobierno ecuatoriano. Las autoridades de turno mediante sucesivas notas diplomáticas han pedido la extradición de Roberto y William Isaías. Las últimas notas de solicitud de extradición se fundamentan en la sentencia por peculado dictada en su contra en 2012 y ratificada en 2014.
La primera nota diplomática dirigida por la Embajada del Ecuador en Estados Unidos se envió el 16 de agosto de 2001 (No. 4-2-84-2001) fue complementada el 7 de julio de 2008 (con la No. 80/2008). El 22 de diciembre de 2009 (No. 4-2-171/200) y el 28 de septiembre de 2010 (No.4-2-147/2010) se enviaron dos notas más (la No. 4-2-171/2009) y la No.4-2-147/2010, respectivamente).
Entre noviembre de 2004 y septiembre de 2010 el Gobierno de Estados Unidos insistió en señalar las deficiencias de las solicitudes de extradición de Ecuador mediante cinco notas diplomáticas[2], en las que señalaba también que se ha dado a las autoridades nacionales explicaciones detalladas de los requerimientos de las leyes estadounidenses y del Tratado de Extradición entre Estados Unidos y Ecuador, “a fin de que se entregue una solicitud de extradición completa en términos legales”.

Funcionarios del Gobierno estadounidense se reunieron en varias ocasiones con autoridades ecuatorianas para discutir los mecanismos que permitan remediar los problemas que contenían los pedidos de extradición. Estados Unidos enfatizaba en la necesidad de que la evidencia en contra de los hermanos Isaías debía ser suficiente para ser detenidos, una vez que fueron juzgados y sentenciados en ausencia.
El Departamento de Estado anticipó también que de haber una futura solicitud del Ecuador se facilitarían los análisis legales si esta tiene “una narración concisa que resuma los hechos del caso, así como la descripción de los actos criminales (delitos) llevados a cabo por los hermanos Isaías, y la manera en que dichas acciones violaron las leyes ecuatorianas”.
En efecto, casi tres años más tarde, en respuesta a nuevas notas diplomáticas de Ecuador el Departamento de Estado informó al entonces canciller Ricardo Patiño que “los Estados Unidos no está en este momento en capacidad de proceder con el pedido de extradición en contra de Roberto y William Isaías Dassum…”
El 19 de junio de 2013, el Ejecutivo de ese país le dijo a su par ecuatoriano que luego de la revisión de la sentencia de la Corte Nacional de Justicia por parte de los Departamentos de Estado y de Justicia de Estados Unidos, no podía acceder al pedido de extradición en contra de los demandados, pues tal solicitud carece de evidencias de que los ex directivos de Filanbanco participaron deliberadamente en la planificación de la malversación (peculado) ni tampoco de que distrajeron fondos del Banco Central
En esta nota diplomática dirigida a la embajada ecuatoriana, el Departamento de Estado agregó que “si Ecuador pudiera posteriormente entregar evidencia que demuestre de manera suficiente la existencia de una "Causa Probable" para el delito por el cual se juzgó a los hermanos Isaías; así como la descripción somera de los delitos atribuidos y la relación de los hechos, los Departamentos de Estado y de Justicia podrían dar una nueva consideración al pedido”.
En los años desde que el Estado ecuatoriano interpuso la primera demanda en contra de los hermanos Isaías, el fisco ha gastado millones de dólares n servicios de consultoría y asesoría legal. En una auditoría hecha en 2015 por la Contraloría (DAAC-0263-2015) a los contratos suscritos por la Procuraduría General del Estado con estudios jurídicos y abogados externos se establece que entre honorarios y gastos se pagó a Squire, Sanders & Dempsey 6’447.752,47, pero en tal informe no se detallan las causas que fueron patrocinadas por esta firma.
Del análisis realizado por Mil Hojas tan sólo en los años 2012 y 2013 la Procuraduría pagó a la firma americana Squire, Sanders & Dempsey LLP alrededor de US$4 millones de dólares por llevar el caso Isaías como se evidencia en los CUR (Comprobante Único de Registro de Transferencia o Pago) de ejecución de gasto de la Procuraduría Ecuatoriana durante los años 2012 y 2013. En ese cálculo no se incluyen los costos cuando la AGD era la denunciante ni los costos posteriores. No hemos podido acceder al CUR sobre contratos de bufets de abogados nacionales e internacionales de los demás años, pero la firma en mención continúa representando a la Procuraduría del Ecuador en este caso.

[2] De fechas 15 de noviembre de 2004, 8 de octubre de 2009, 25 de marzo de 2010, 18 de junio de 2010 y 13 de septiembre de 2010.

Mediante remate juez adjudicó a Correa la casa de los Roditti

Escrito por mh en 5 de abril de 2019. Publicado en Reportaje.

Por: Redacción MilHojas
Consta en la página web de la Judicatura que el pasado 27 de marzo a Rafael Correa Delgado se le adjudicó la propiedad de una casa en remate, luego de que hubiera acreditado el valor de $240 mil al contado, mediante el Sistema de Remates en Línea de la Función Judicial.
El inmueble objeto del remate había sido propiedad de la Familia Roditti Ortiz quienes captaron notoriedad por la difusión en redes sociales de un vídeo en que Antonio Roditti agredía a un guardia de seguridad de la ciudadela en dónde vivían. Este 3 de abril en sus cuentas de redes sociales @fmilhojas en Twitter y @milhojasfundacion en Facebook, el portal digital Mil Hojas publicó un video con esta información. Al día siguiente, en curiosa sincronía con la negativa del expresidente Correa de su participación en la puja y la activación del trollcenter correísta atacando la veracidad del vídeo presentado por Mil Hojas, el juez Leonidas Prieto Cabrera solicitó la validación de las tres posturas presentadas en el remate, se presume que en un intento por revertir este proceso. Esto pese a que en el auto de admisión y calificación de posturas realizado el pasado 29 de marzo por la Unidad judicial Civil de Guayaquil consta que la oferta de Correa calificó como la mejor y la primera.
El Remate en cuestión
El anuncio del remate se publicó el 20 de diciembre del 2018, en la página web del Sistema de Remate en Línea del Consejo de la Judicatura. Se fijó como fecha del proceso al 25 de enero del 2019, con el código de remate No. EC-RJ-36458. En la información de la página web de la judicatura consta que, además del expresidente Rafael Correa, en la puja por la casa de los Roditti participaron el Banco del Pacifico S.A. y Fausto Eloy Basantes Cárdenas. Este último es un correísta que en 2015 se benefició de la Ley de Reparación de las Víctimas promovida por su madre Rosa Mireya Cárdenas, ex Alfaro Vive Carajo y funcionaria del régimen de Rafael Correa Delgado. El Banco del Pacífico era el acreedor de la mencionada vivienda, ubicada en la Urbanización Los Ceibos Norte en Guayaquil. Su postura fue de $238, 222,20, y acreditó $23.822,22 en BanEcuador equivalente al 10%, el día del remate, conforme el ordenamiento jurídico. Rafael Correa Delgado presentó una postura por $240.000,00 y, según consta en la web de la judicatura, consignó el mismo valor, es decir el 100%. Según consta en el acta de calificación de posturas, su forma de pago fue al contado. Fausto Basantes presentó una postura con el mismo valor que la de Correa, pero consignó $24.000,00, el 10% requerido por ley, al contado. El 29 de marzo de 2019, el juez Leónidas Prieto Cabrera, de la Unidad Judicial Civil sentó razón de que “se aprecia que estas dos últimas posturas a más de ser iguales son superiores a la propuesta por el banco. Consecuentemente la situación procesal se encuentra subsumida en lo dispuesto en el Art. 403 del COGEP (Código Orgánico General de Procesos), por lo que en acatamiento al mismo en esta misma audiencia lo procedente sería es que los postores en igualdad de condiciones entren en una puja para obtener la mejor postura. Sin embargo los referidos postores no han comparecido esta diligencia. Por lo que el suscrito juez en atención a la anticipación de presentación de posturas califica como la mejor y la primera la propuesta por el señor RAFAEL VICENTE CORREA DELGADO, registrándose la postura de él, con fecha 25 -01-2019, a las 23:29:10, que resulta anterior a la presentada por FAUSTO ELOY BASANTES CARDENAS, el postor calificado como preferente esto es el señor RAFAEL VICENTE CORREA DELGADO, formula como valor de la misma en la cantidad de 240.000,00 de contado y según el dato obtenido por secretaria del sistema de remates judiciales en línea a consignado 240.000,00, por validar… Con lo expresado se dispone que la presente acta sirva como escrito de esta diligencia y de lo decidido y que sea notificado a las partes en el término de 48 horas siguientes a fin de que las partes ejerzan los derechos que crean conveniente”. Después de este pronunciamiento había 48 horas para pronunciarse por las partes, lo cual no sucedió.

Documento completo
Antecedentes del Remate
Un préstamo vencido de Centroexport S.A. por $700 mil más intereses garantizados por Antonio Roditti y Katia Ortiz fue la causa para que el Banco del Pacífico realice este remate. Centroexport S.A.se constituyó en febrero de 1995 para dedicarse a la compra venta de bienes inmuebles y comercialización de materiales de construcción; como actividad secundaria consta el comercio de productos bioacuáticos. Luego cambió su actividad económica a la pesca y acuicultura. Sin embargo, según el Servicio de Rentas Internas (SRI) cesó sus actividades el 15 de mayo de 2001 y en la Superintendencia de Compañías consta como una empresa ya disuelta desde 2008. Antonio Giovanni Roditti Viteri consta como su único accionista en el portal del órgano de control societario.
La deuda de Centroexport S.A.fue contraída en el año 2000. El Banco del Pacífico inició un juicio ejecutivo el 11 de febrero del 2014, en contra de la compañía Centroexport S.A. y su gerente Katia Ortiz Tanner de Roditti, como deudora. Luego su esposo Antonio Roditti Viteri apareció en el juicio, catalogándose a ambos como garantes deudores solidarios. El proceso (09332-2014-29139) recayó en la Unidad Judicial Civil de Guayaquil. El banco ganó el juicio y la sentencia dictó un mandamiento de ejecución por $2´666.803,19. A partir de tal sentencia, en providencia del 27 de octubre del 2017, el juez Prieto ordenó el embargo de un solar y de la villa 1 de la manzana 857 de la Urbanización Ceibos Norte en Guayaquil, además del solar # 3 de la manzana 857 de la misma urbanización.
El debate actual
La posición del expresidente Rafael Correa y de su trollcenter es sostener que el tema estaba pendiente de validación como si ello anulara todo lo actuado. Lo que está registrado en la página web de la judicatura es algo diferente. En enero 25 se indicaba claramente en ese portal que el dinero había sido consignado al 100% y en efectivo. Después de la publicación de Mil Hojas este 3 de abril y de la respuesta de Correa, el juez reacciona y a las 14:46 del 4 de abril de 2019 se registra en la página Satje del Consejo de la Judicatura, con la firma del abogado Daniel Nivelo Intriago, secretario encargado de la Unidad Judicial presidida por el juez Prieto Cabrera, que la postura del Banco del Pacífico ha sido acreditada pero ni la de Correa ni la de Basantes han sido acreditadas en la cuenta de CONTROL DE REMATES JUDICIALES. Con anterioridad a las 12:08 el mismo secretario había remitido a BANECUADOR el siguiente Oficio: “República del Ecuador, Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Guayaquil, 4 de abril de 2019 Oficio No. 0267-UJCG "Señores, BANECUADOR EP Ciudad- De mis consideraciones. Dentro del juicio ejecutivo No. 09332-2014-29139, seguido por Banco del Pacífico S.A., contra la compañía CENTROEXPORT S.A. en la interpuesta persona de su Gerente y Representante Legal Señora KATIA MARÍA ORTIZ TANNER DE RODITTI, como deudora, Sr. ANTONIO GIOVANNI RODITTI VITERI y la Señora KATIA ORTIZ TANNER DE RODITTI, por sus propios derechos y por los que representa de la sociedad conyugal que tienen formada, he ordenado oficiar a usted cumpliendo con lo ordenado por el señor juez, mediante mandato judicial de fecha jueves 04 de abril del 2019 a las 09h22 solicito a usted se me informe referente a las posturas presentadas por los señores FAUSTO ELOY BASANTES CÁRDENAS de fecha 25 de enero del 2019, valor de la postura $240,000.00, consignación de la postura $24,000.00 valor acreditado por validar forma de pago al contado, y RAFAEL VICENTE CORREA DELGADO de fecha 25 de enero del 2019, valor de la postura $240,000.00 consignación de la postura $240,000.00 valor acreditado por validar forma de pago al contado. SI HAN SIDO VALIDADAS Acorde el remate nro. EC-RJ- 36458. Para lo cual, se le concede el término de 48 horas. Lo que comunico a usted, para los fines de Ley- Atentamente, ABG. DANIEL EFRAÍN NIVELO INTRIAGO SECRETARIO (E) MEDIANTE ACCIÓN DE PERSONAL NRO. AP-05445-DP09- 2019-JM” Sientan razón también de la constancia de que el oficio nro. 0267-UJCG dirigido a BANECUADOR fue remitido a través de correos del Ecuador a las 15:23 con el Número de Guía EN687788157EC.
Este 5 de abril, ante la queja de Rafael Correa Delgado de que habrían suplantado su identidad, realizada después de que el portal Mil Hojas publicara que se le adjudicó el bien inmueble, la Unidad Judicial Civil de Guayaquil emitió una nueva providencia en la que dejó en firme solo la postura del Banco del Pacífico. En lugar de anunciar que se realizará una investigación sobre el tema, en esta providencia se pretende solucionar todo, basado en el principio de la buena fe al señalar que: “en las posturas realizadas por los señores RAFAEL VICENTE CORREA DELGADO y FAUSTO ELOY BASANTES CARDENAS , a través de la página web de la Función Judicial, definitivamente no registran acreditado valor alguno, ni valores en tránsito por transferencias bancarias… ya que es de conocimiento notorio que a través de las redes sociales -que innegablemente se han convertido en parte de que hacer social- uno de los supuestos postores el señor ex presidente Rafael Correa Delgado habría expresado públicamente que se habría usado de manera dolosa su identidad”.
Qué hubiera pasado si el portal Mil Hojas no publicaba que se le había adjudicado el mencionado inmueble a Correa? Se hubiera perfeccionado su propiedad sin que hubiera entregado un solo centavo?
Es grave y contradictoria la afirmación del juez de que en la página web de la función judicial definitivamente ni Correa ni Basantes registran acreditado valor alguno ni valores en tránsito por transferencias bancarias. Esto pone en cuestión el sistema de remates en línea del Consejo de la Judicatura. Mil Hojas consultó a quienes tienen experiencia en este tipo de remates y nos señalaron que, cuando el postulante indica que se va a pagar de contado, ni siquiera se puede participar en línea si no se ha consignado de manera electrónica la transferencia bancaria por el mínimo del 10% del valor que se oferta; y debe transferirse al menos el 15% si se señala que se va a pagar en plazos, según establece el COGEP. “En el remate en línea, las o los postores deberán entregar, mediante depósito bancario o transferencia bancaria electrónica, el 10% de la postura realizada. Si la postura contempla el pago a plazo se deberá entregar el 15%”.
Zobeida Aragundi, ex vocal del Consejo de la Judicatura expresó al portal www.milhojas.is su extrañeza puesto que si no se había realizado tal depósito o transferencia el sistema automáticamente no debería haber dejado participar ni a Correa ni a Basantes, y sin embargo según la última razón sentada por el juez, no sólo participaron sino que la postura de Correa fue considerada preferente. Es decir que en la página web del Consejo de la Judicatura, conocida como SATJE, se encuentran sentadas dos razones contradictorias. La de enero 25 que dice que están consignados las posturas (el 10% de ley por parte del Banco del Pacífico y Basantes y el 100% por parte de Correa) y la del 4 de abril que dice que los valores postulados por Basantes y Correa no fueron consignados. Finalmente el juez actuó siguiendo el pulso de las redes sociales redes sociales, mientras el 4 de abril pidió información a Banecuador y mantenía a Rafael Correa como postor preferente que debía consignar el valor de contado ofrecido en la puja, este 5 de abril las expresiones de Rafael Correa lo arrinconaron en la postura del error de buena fé.
Recordemos que la información que consta en el proceso el 25 de enero de 2019 era: “Fecha de Postura 25 de enero de 2019 a las 23.29.10 horas valor de la postura US$ 240,000.00 consignación de la postura, US$ 240,000.00 valor acreditado por validar, forma de pago al contado, con cédula 0908813512; Basantes Cárdenas Fausto León fecha de la postura 25 de enero del 2019, valor de la postura US$ 240,000 consignación de la postura US$ 24,000, valor acreditado por validar, Juzgado de Leónidas Prieto Cabrera, Secretario Encargado William Marcillo Peñafiel.” Definitivamente este es un tema que debe ser aclarado por el Consejo de la Judicatura. El remate que adjudicó a Rafael Correa una casa por valor de US$240,000.oo abre un camino inexplorado para la sociedad y la opinión pública, que desconoce cómo funcionó el sistema judicial de recuperación de recursos. Un sistema oscuro que apenas abre un vector para conocer el sistema implantado por Gustavo Jahlk.