Skip to main content

Autor: mh

EL LABERINTO OFFSHORE DEL CÍRCULO PRESIDENCIAL

Ina Investment Corporation fue constituida originalmente por Edwin Moreno Garcés, hermano del presidente, en Belice, un paraíso fiscal de Centro América, justamente cuando Lenín Moreno era vicepresidente de Rafael Correa. Posteriormente, en 2016, se creó una empresa similar en Panamá, con los mismos representantes. Finalmente, Ina Investment debió ser registrada en España para perfeccionar la compra del apartamento. Esta es la historia.

El martes 4 de diciembre del 2018, Ricardo Alemán Alfaro, ex embajador de la República de Panamá en México, le ordenó a la abogada Laura Sinesterra, socia de la firma de abogados Mendoza, Arias, Valle & Castillo (MAVCCO), en Panamá,  proceda a la inmediata disolución de INA Invesment Corporation, constituida en Belice. En una comunicación de la citada fecha Alemán Alfaro escribió: “Me pide XM que por favor procedas lo más rápido posible con la disolución”.

Al día siguiente, miércoles 5 de diciembre, Laura Sinisterra hizo lo ordenado y la respuesta a Ricardo Alemán fue: “Adjunto documentos preparados para la disolución de INA. El proxi deberá ser firmado por la Sra.  María Auxiliadora y los documentos corporativos deben ser firmados por Usted” (SIC).

El mensaje se refiere a Xavier Macías Carmigniani y su esposa María Patiño Herdoíza, hija de Conto Patiño, empresario y lobista, representante de Sinohydro, quien recibió de esa empresa china 18 millones de dólares por la firma del contrato de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

La decisión de disolver Ina Investment Corporation era una acción desesperada porque 12 días antes (23 de noviembre de 2018) los tres portales digitales (Milhojas, La Fuente y PlanV) revelaron la existencia de esa offshore relacionada a Xavier Macías, María Patiño, al presidente Lenin Moreno Garcés y a su esposa Rocío González. Para esa fecha se había informado al secretario de comunicación, Andrés Michelena, la relación del acrónino Ina, con el nombre de las tres hijas del presidente (Karina, Irina, Cristina).

En el referido reportaje Ina Investment fue identificada como una empresa offshore que, en diciembre de 2015, realizó una transferencia bancaria desde Panamá por $19 342, para comprar muebles en Moinat S.A. Atiquities en Suiza, que luego fueron trasladados al departamento en que vivió Lenín Moreno, cuando se desempeñó como Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Discapacitados.

 

La Secretaría de Comunicación de la Presidencia confirmó que los muebles llegaron al departamento de Lenín Moreno, pero aseguró que no eran de su propiedad sino un encargo de sus amigos Xavier Macías y María Patiño y que serían entregados a su retorno al país, luego de cumplir sus responsabilidades diplomáticas. 

La relación entre Xavier Macías y el presidente es una relación de amistad “que no demuestra irregularidad”, le dijo al país la ministra del Interior, María Paula Romo. Para esa fecha el avance en el trabajo periodístico no identificaba aún la presencia de un personaje clave.

INA INVESTMENT CORPORATION

En marzo de 2012 Edwin Moreno Garcés había constituido en Belice las sociedades Ina Investment Corporation y la Fundación Amore y gestionaba la apertura de cuentas en el Balboa Bank. Documentos revisados de noviembre del mismo año, del estudio jurídico MAVCCO, establecen que Ricardo Alemán Alfaro envió un comunicado bajo el asunto “Mantenimiento Anual 2013-Ina Investment”, en el que textualmente dice: “Le informamos que hemos iniciado el cobro de las anualidades correspondientes al año 2013. En este sentido, adjunto encontrará nuestra factura y estado de cuenta correspondiente al próximo período. La sociedad Ina Investment Corp. del señor Edwin Moreno, es una sociedad en Belice cuya anualidad debe cancelarse antes del 31 de diciembre de cada año para que la misma se mantenga al día…”

Para el 13 de diciembre, Edwin Moreno, pagó $1650 por costos de anualidades con el recibo No.20121084.  A día seguido (14 de diciembre de 2012), Laura Sinisterra, escribió a Ricardo Alemán Alfaro el siguiente texto: “Estimado Licenciado Alemán, conforme conversación del día de hoy, favor tomar nota de los fondos del cliente de USD 625.00 fueron utilizados para cancelar la factura de mantenimiento anual 2013 de Ina Investment Corp”.   Añade: “Sírvase encontrar adjunto, copia del recibo 20121084 entregado el día de hoy en nuestras oficinas por el cual se cancela la totalidad de la factura 416”.

Con la documentación en regla, Ricardo Alemán y Xavier Macías, establecieron las condiciones para abrir una cuenta en el Balboa Bank de Panamá. Esto se denota en las comunicaciones que posee el estudio jurídico sobre el tema. El 24 de enero de 2013 una ejecutiva del Balboa Trust Bank escribió a Ricardo Alemán pidiéndole detalles sobre el propósito de apertura de una nueva cuenta.

Alemán le respondió a la ejecutiva del banco lo siguiente: “Hola Loretta: Disculpa que no te hubiera contestado, pero estaba de viaje y regresé anoche. La nueva cuenta de Xavier Macías, bajo Ina Investment, es para recibir pagos referentes al mismo proyecto cuya copia del contrato debe reposar en su expediente. Lo que quiere Xavier es diversificar las cuentas, pero el manejo en cuanto a recibo de transferencias o recibos de pagos a terceros, se manejará de la misma manera que las otras cuentas. Es posible que Xavier venga a fin de mes y me gustaría tener esa cuenta ya abierta”.

En consulta telefónica, Edwin Moreno Garcés, confirmó que Ina fue constituida por él para realizar negocios con Xavier Macías, pero que dejó la empresa aproximadamente en 2013. Documentos del estudio jurídico Mendoza Arias Valle & Castillo, contradicen esa versión, pues señalan que apenas el 16 de marzo de 2015 Edwin Moreno, pidió ocultar su nombre y sustituirlo por el de María Patiño.

Textualmente solicitó “realizar los cambios para que mi nombre no aparezca en la sociedad” Ina Investment y Fundación Amore de Belice. Adicionalmente, autorizó en la misma misiva, que todas estas gestiones las realice Ricardo Aleman Alfaro, que además es operador de otras offshore relacionadas a Patiño y Macías Carmigniani. En la actualidad Alemán es miembro principal del estudio panameño Morgan & Morgan y en los últimos cinco años ha visitado 5 veces Ecuador.

Un banco de preguntas sobre este tema se enviaron al primer mandatario a través de la Secretaría de Comunicación y otro similar a Ricardo Alemán Alfaro en Panamá.

        

 

Un año después, el 21 de marzo de 2016, aparecen indicios de disolución de esa empresa en Belice. Ricardo Alemán, envió el certificado de disolución de INA Investment adjuntando el nombre de Xavier Macías. Pero enseguida existe un proceso de constitución de la misma empresa en Panamá.

Así, el 20 de mayo de 2016 en la Notaría PúbIica Duodécima del circuito Notarial de Panamá se constituye Ina Investment Corporation. Sus accionistas son Ricardo Alemán Alfaro y su esposa Vivianes De Janon de Alemán.

El 25 de mayo la junta de accionistas de la flamante Ina Investment Corporation (Alemán Alfaro y su esposa) resolvió autorizar la compra de un apartamento. En esa junta de accionistas también se autorizó a María Patiño, que firme cualquier documento o escrituras que sean necesarios para la formalización de la compra del referido bien inmueble y en especial para formalizar, gestionar, tramitar y presentar declaraciones de inversiones extranjeras sobre bienes inmuebles y muebles.

Información revisada por este medio confirma que los Macías Patiño, visitan con frecuencia Panamá y en sus viajes movilizan importantes sumas de dinero en efectivo. Además, adquieren exóticas prendas y costosos regalos, como aquel viaje de noviembre de 2015, cuando les pidieron comprar una cartera de cocodrilo, para la hermana de la primer dama, con recursos de INA.  

LA PLAYA

Alicante es una ciudad turística, a cuatro horas de Madrid, donde, justamente, reside Karina Moreno González, una de las hijas del mandatario ecuatoriano.

Existen transferencias realizadas, de diciembre de 2015 y febrero de 2016, por un valor de 133,400 euros que han sido avaladas en documentos del Banco Santander de España, que prueban que Ina Investment entregó ese dinero al ciudadano español Emilio Torres Copado, por la compra de un departamento de 140 metros cuadrados que incluye un porche terraza de 12,4 metros en Villajoyosa, Alicante y con vista al mar Mediterráneo.

La primera transferencia se efectuó el 27 de noviembre de 2015, el ordenante es Ina Investment Corp., con dirección Urb El Río Km 2 (la misma dirección de la casa de Xavier Macías) por 92.076, 23 euros. El segundo pago sucedió el 15 de febrero de 2016 por el concepto “Pago Apartamento” por el valor de 41,323,93 euros.

Como detalle, en las facturas emitidas por MAVCCO a favor de Edwin Moreno y María Patiño, también se registra como dirección avenida Eloy Alfaro N37-25, Quito. En ese sitio consta domiciliada la empresa petrolera Sertecpet, de propiedad de Eduardo López, amigo personal de los hermanos Edwin y Lenín Moreno Garcés.

Un comunicado corporativo de Emilio Torres fechado el 24 de abril de 2016, enviado a Xavier Macías Carmigniani ratificó esas transferencias. Bajo el asunto “Datos de banco y del apartamento” le brinda a Macías los detalles de la operación como nombre del banco, código Swift, dirección de la agencia bancaria, número de cuenta y el concepto de la transacción: “compra del apartamento Mirador de la Cala, Tramuntana 1. Alicante”.

Torres Copado, vendedor del departamento, posee una empresa en Ecuador llamada Dibeal, una importadora y distribuidora de alimentos y bebidas. La Superintendencia de Compañías lo registra como presidente y poseedor mayoritario de las participaciones. Posee una cuenta de twitter en la que difunde los mensajes del presidente Moreno.  

La escritura de compra-venta definió con claridad la transacción y estableció que los pagos realizados por INA Investment Corporation se realizaron en la cuenta 0049-5138-18-221-6677515 de Torres Copado en el Santander.

Buena parte de esta información se encuentra protocolizada en una notaría en Madrid. Existe una primera escritura de otorgamiento de poder de Emilio Torres Copado y su esposa a favor de un abogado llamado José María Carcedo Muro para que se encargue de la venta del departamento del complejo ya señalado.

Existe otra escritura adicional otorgada por INA del 22 de mayo de 2017 en la que comparece en su representación María Patiño que a su vez delegó al abogado Carcedo Muro solicitar y obtener ante la Agencia Estatal Tributaria de España el correspondiente número de identificación fiscal (NIE) con el objeto de adquirir el departamento.

LABERINTO OFFSHORE

En torno al nombre de Ricardo Alemán Alfaro, socio de Morgan & Morgan, se teje un sorprendente laberinto de empresas de papel, que reeditan los escándalos de Odebrecht y Panama Papers. Alemán representa al menos once empresas vinculadas a Conto Patiño, Xavier Macías, María Patiño y el hermano del presidente de Ecuador, Edwin Moreno.

La información a la que este reportaje tuvo acceso deja al descubierto las relaciones cruzadas de representación de los mismos ciudadanos para operar cuentas bancarias de empresas que no cumplen ninguna actividad productiva, pero sí justifica la existencia de cuentas y transferencias millonarias.

Por ejemplo: Ina Investment Corp., Fundación Amore, Espíritu Santo Holdings, Inversiones Larena Ltd SA, Probata Investments SA, San Antonio Bussines Corp, Turquoise Holdings Ltd, Associated Corporation Services, Manela Investment Corp, Jugorlo Investment Corp, Valley View Bussines Corporation. Durante el gobierno de Lenin Moreno, la familia de Conto Patiño también se encuentra negociando la venta de armas a las Fuerzas Armadas a través de la empresa Miosa.

[metaslider id=»5547″]

Existe una comunicación de noviembre de 2016 en que Alemán notifica a Francisco Guarderas cinco transferencias bancarias por $110.000 de la cuenta de Inversiones Larena Ltd SA en el Global Bank de Panamá.

Un reporte de operaciones financieras de la empresa Espíritu Santo Holdings en Panamá con cuenta en el Global Bank señala que al cierre del año 2016 el saldo en la cuenta de esa empresa era de un millón de dólares. Cifras parecidas se repiten en 2017, pero en 2018 los valores son inferiores.

El gobierno de Lenín Moreno es contrario a mantener relaciones con paraísos fiscales, al punto que el 2017, una consulta popular prohibió a los funcionarios públicos realizar operaciones offshore.

Con respecto a las preguntas realizadas al presidente Lenin Moreno,  en las primeras horas de la madrugada del 19 de febrero de 2019, este medio recibió las siguientes respuestas textuales de Andrés Michelena, Secretario General de Comunicación de la Presidencia de la República

 

El laberinto offshore del círculo presidencial


Ina Investment Corporation fue constituida originalmente por Edwin Moreno Garcés, hermano del presidente, en Belice, un paraíso fiscal de Centro América, justamente cuando Lenín Moreno era vicepresidente de Rafael Correa. Posteriormente, en 2016, se creó una empresa similar en Panamá, con los mismos representantes. Finalmente, Ina Investment debió ser registrada en España para perfeccionar la compra del apartamento. Esta es la historia.


El martes 4 de diciembre del 2018, Ricardo Alemán Alfaro, ex embajador de la República de Panamá en México, le ordenó a la abogada Laura Sinesterra, socia de la firma de abogados Mendoza, Arias, Valle & Castillo (MAVCCO), en Panamá,  proceda a la inmediata disolución de INA Invesment Corporation, constituida en Belice. En una comunicación de la citada fecha Alemán Alfaro escribió: “Me pide XM que por favor procedas lo más rápido posible con la disolución”.
Al día siguiente, miércoles 5 de diciembre, Laura Sinisterra hizo lo ordenado y la respuesta a Ricardo Alemán fue: “Adjunto documentos preparados para la disolución de INA. El proxi deberá ser firmado por la Sra.  María Auxiliadora y los documentos corporativos deben ser firmados por Usted” (SIC).
El mensaje se refiere a Xavier Macías Carmigniani y su esposa María Patiño Herdoíza, hija de Conto Patiño, empresario y lobista, representante de Sinohydro, quien recibió de esa empresa china 18 millones de dólares por la firma del contrato de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.


La decisión de disolver Ina Investment Corporation era una acción desesperada porque 12 días antes (23 de noviembre de 2018) los tres portales digitales (Milhojas, La Fuente y PlanV) revelaron la existencia de esa offshore relacionada a Xavier Macías, María Patiño, al presidente Lenin Moreno Garcés y a su esposa Rocío González. Para esa fecha se había informado al secretario de comunicación, Andrés Michelena, la relación del acrónino Ina, con el nombre de las tres hijas del presidente (Karina, Irina, Cristina).

En el referido reportaje Ina Investment fue identificada como una empresa offshore que, en diciembre de 2015, realizó una transferencia bancaria desde Panamá por $19 342, para comprar muebles en Moinat S.A. Atiquities en Suiza, que luego fueron trasladados al departamento en que vivió Lenín Moreno, cuando se desempeñó como Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Discapacitados.

La Secretaría de Comunicación de la Presidencia confirmó que los muebles llegaron al departamento de Lenín Moreno, pero aseguró que no eran de su propiedad sino un encargo de sus amigos Xavier Macías y María Patiño y que serían entregados a su retorno al país, luego de cumplir sus responsabilidades diplomáticas.

La relación entre Xavier Macías y el presidente es una relación de amistad “que no demuestra irregularidad”, le dijo al país la ministra del Interior, María Paula Romo. Para esa fecha el avance en el trabajo periodístico no identificaba aún la presencia de un personaje clave.
INA INVESTMENT CORPORATION
En marzo de 2012 Edwin Moreno Garcés había constituido en Belice las sociedades Ina Investment Corporation y la Fundación Amore y gestionaba la apertura de cuentas en el Balboa Bank. Documentos revisados de noviembre del mismo año, del estudio jurídico MAVCCO, establecen que Ricardo Alemán Alfaro envió un comunicado bajo el asunto “Mantenimiento Anual 2013-Ina Investment”, en el que textualmente dice: “Le informamos que hemos iniciado el cobro de las anualidades correspondientes al año 2013. En este sentido, adjunto encontrará nuestra factura y estado de cuenta correspondiente al próximo período. La sociedad Ina Investment Corp. del señor Edwin Moreno, es una sociedad en Belice cuya anualidad debe cancelarse antes del 31 de diciembre de cada año para que la misma se mantenga al día…”

Para el 13 de diciembre, Edwin Moreno, pagó $1650 por costos de anualidades con el recibo No.20121084.  A día seguido (14 de diciembre de 2012), Laura Sinisterra, escribió a Ricardo Alemán Alfaro el siguiente texto: “Estimado Licenciado Alemán, conforme conversación del día de hoy, favor tomar nota de los fondos del cliente de USD 625.00 fueron utilizados para cancelar la factura de mantenimiento anual 2013 de Ina Investment Corp”.   Añade: “Sírvase encontrar adjunto, copia del recibo 20121084 entregado el día de hoy en nuestras oficinas por el cual se cancela la totalidad de la factura 416”.
Con la documentación en regla, Ricardo Alemán y Xavier Macías, establecieron las condiciones para abrir una cuenta en el Balboa Bank de Panamá. Esto se denota en las comunicaciones que posee el estudio jurídico sobre el tema. El 24 de enero de 2013 una ejecutiva del Balboa Trust Bankescribió a Ricardo Alemán pidiéndole detalles sobre el propósito de apertura de una nueva cuenta.
Alemán le respondió a la ejecutiva del banco lo siguiente: “Hola Loretta: Disculpa que no te hubiera contestado, pero estaba de viaje y regresé anoche. La nueva cuenta de Xavier Macías, bajo Ina Investment, es para recibir pagos referentes al mismo proyecto cuya copia del contrato debe reposar en su expediente. Lo que quiere Xavier es diversificar las cuentas, pero el manejo en cuanto a recibo de transferencias o recibos de pagos a terceros, se manejará de la misma manera que las otras cuentas. Es posible que Xavier venga a fin de mes y me gustaría tener esa cuenta ya abierta”.


En consulta telefónica, Edwin Moreno Garcés, confirmó que Ina fue constituida por él para realizar negocios con Xavier Macías, pero que dejó la empresa aproximadamente en 2013. Documentos del estudio jurídico Mendoza Arias Valle & Castillo, contradicen esa versión, pues señalan que apenas el 16 de marzo de 2015 Edwin Moreno, pidió ocultar su nombre y sustituirlo por el de María Patiño.
Textualmente solicitó “realizar los cambios para que mi nombre no aparezca en la sociedad” Ina Investment y Fundación Amore de Belice. Adicionalmente, autorizó en la misma misiva, que todas estas gestiones las realice Ricardo Aleman Alfaro, que además es operador de otras offshorerelacionadas a Patiño y Macías Carmigniani. En la actualidad Alemán es miembro principal del estudio panameño Morgan & Morgan y en los últimos cinco años ha visitado 5 veces Ecuador.
Un banco de preguntas sobre este tema se enviaron al primer mandatario a través de la Secretaría de Comunicación y otro similar a Ricardo Alemán Alfaro en Panamá.

Un año después, el 21 de marzo de 2016, aparecen indicios de disolución de esa empresa en Belice. Ricardo Alemán, envió el certificado de disolución de INA Investment adjuntando el nombre de Xavier Macías. Pero enseguida existe un proceso de constitución de la misma empresa en Panamá.
Así, el 20 de mayo de 2016 en la Notaría PúbIica Duodécima del circuito Notarial de Panamá se constituye Ina Investment Corporation. Sus accionistas son Ricardo Alemán Alfaro y su esposa Vivianes De Janon de Alemán.
El 25 de mayo la junta de accionistas de la flamante Ina Investment Corporation (Alemán Alfaro y su esposa) resolvió autorizar la compra de un apartamento. En esa junta de accionistas también se autorizó a María Patiño, que firme cualquier documento o escrituras que sean necesarios para la formalización de la compra del referido bien inmueble y en especial para formalizar, gestionar, tramitar y presentar declaraciones de inversiones extranjeras sobre bienes inmuebles y muebles.
Información revisada por este medio confirma que los Macías Patiño, visitan con frecuencia Panamá y en sus viajes movilizan importantes sumas de dinero en efectivo. Además, adquieren exóticas prendas y costosos regalos, como aquel viaje de noviembre de 2015, cuando les pidieron comprar una cartera de cocodrilo, para la hermana de la primer dama.
LA PLAYA

Alicante es una ciudad turística, a cuatro horas de Madrid, donde, justamente, reside Karina Moreno González, una de las hijas del mandatario ecuatoriano. Con respecto a esto,  en las primeras horas de la madrugada del 19 de febrero de 2019, este medio recibió las siguientes respuestas textuales de Andrés Michelena, Secretario General de Comunicación de la Presidencia de la República:
“Sobre las preguntas relacionadas a las empresas: Ina Investment Co., Fundación Amore, Reforza
Me permito manifestar que se desconoce por completo cualquier información relacionada a la  constitución legal de dichas empresas, sus accionistas o cualquier tipo de operación bancaria, corporativa o comercial, por lo que todo lo que usted manifiesta deberá ser consultado directamente a las personas y empresas que usted cita en el documento. También es importante mencionar que el Presidente Lenin Moreno Garcés desconoce cualquier tipo de relación que pudiese existir entre estas.
Respecto a facturas a nombre del Presidente de la República
Ningún tipo de compra de servicios o productos realizada por el Presidente de la Republica Lenin Moreno Garcés ha sido cancelada por Ina Investment Co. o alguna de las empresas mencionadas.  Es importante destacar que el primer mandatario jamás ha autorizado a dichas empresas que realicen compras, pagos o emitan facturas a su nombre.
Sobre fondos trasferidos entre personas y empresas que usted cita en el documento
Reiteramos que al no tener los elementos o información sobre las actividades societarias y comerciales de estas empresas, resulta imposible emitir un juicio de valor o determinar si existen indicios de actividad ilícita alguna.
Respecto a aportes en campaña
El balance consolidado, listado de contribuyentes con la determinación de los montos y sus respectivos justificativos de la campaña presidencial 2016 – 2017 fue entregada oportunamente al Consejo Nacional Electoral, tal como lo dispone el artículo 230 del Código de la Democracia.
Sobre Fondos destinados para la reconstrucción de viviendas tras el terremoto.
Me permito informar que la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad fue la entidad responsable de recibir y administrar los dineros que se obtuvieron con la finalidad de aportar para la reconstrucción de viviendas afectadas por el terremoto de 16 abril de 2016. Esta información detallada de los donantes y gastos realizados la puede obtener directamente en la Federación.
Si usted requiere algún tipo de información adicional que aporte a su proceso de investigación, la Secretaría de Comunicación y el señor Presidente de la República estamos prestos a facilitar la misma en caso de disponerla.”
Existen transferencias realizadas, de diciembre de 2015 y febrero de 2016, por un valor de 133,400euros que han sido avaladas en documentos del Banco Santander de España, que prueban que Ina Investment entregó ese dinero al ciudadano español Emilio Torres Copado, por la compra de un departamento de 140 metros cuadrados que incluye un porche terraza de 12,4 metros en Villajoyosa, Alicante y con vista al mar Mediterráneo.
La primera transferencia se efectuó el 27 de noviembre de 2015, el ordenante es Ina Investment Corp., con dirección Urb El Río Km 2 (la misma dirección de la casa de Xavier Macías) por 92.076, 23 euros. El segundo pago sucedió el 15 de febrero de 2016 por el concepto “Pago Apartamento” por el valor de 41,323,93 euros.
Como detalle, en las facturas emitidas por MAVCCO a favor de Edwin Moreno y María Patiño, también se registra como dirección avenida Eloy Alfaro N37-25, Quito. En ese sitio consta domiciliada la empresa petrolera Sertecpet, de propiedad de Eduardo López, amigo personal de los hermanos Edwin y Lenín Moreno Garcés.


Un comunicado corporativo de Emilio Torres fechado el 24 de abril de 2016, enviado a Xavier Macías Carmigniani ratificó esas transferencias. Bajo el asunto “Datos de banco y del apartamento” le brinda a Macías los detalles de la operación como nombre del banco, código Swift, dirección de la agencia bancaria, número de cuenta y el concepto de la transacción: “compra del apartamento Mirador de la Cala, Tramuntana 1. Alicante”.
Torres Copado, vendedor del departamento, posee una empresa en Ecuador llamada Dibeal, una importadora y distribuidora de alimentos y bebidas. La Superintendencia de Compañías lo registra como presidente y poseedor mayoritario de las participaciones. Posee una cuenta de twitter en la que difunde los mensajes del presidente Moreno. 


La escritura de compra-venta definió con claridad la transacción y estableció que los pagos realizados por INA Investment Corporation se realizaron en la cuenta 0049-5138-18-221-6677515 de Torres Copado en el Santander.
Buena parte de esta información se encuentra protocolizada en una notaría en Madrid. Existe una primera escritura de otorgamiento de poder de Emilio Torres Copado y su esposa a favor de un abogado llamado José María Carcedo Muro para que se encargue de la venta del departamento del complejo ya señalado.
Existe otra escritura adicional otorgada por INA del 22 de mayo de 2017 en la que comparece en su representación María Patiño que a su vez delegó al abogado Carcedo Muro solicitar y obtener ante la Agencia Estatal Tributaria de España el correspondiente número de identificación fiscal (NIE) con el objeto de adquirir el departamento.
LABERINTO OFFSHORE

En torno al nombre de Ricardo Alemán Alfaro, socio de Morgan & Morgan, se teje un sorprendente laberinto de empresas de papel, que reeditan los escándalos de Odebrecht y Panama Papers. Alemán representa al menos once empresas vinculadas a Conto Patiño, Xavier Macías, María Patiño y el hermano del presidente de Ecuador, Edwin Moreno.
La información a la que este reportaje tuvo acceso deja al descubierto las relaciones cruzadas de representación de los mismos ciudadanos para operar cuentas bancarias de empresas que no cumplen ninguna actividad productiva, pero sí justifica la existencia de cuentas y transferencias millonarias.
Por ejemplo: Ina Investment Corp., Fundación Amore, Espíritu Santo Holdings, Inversiones Larena Ltd SA, Probata Investments SA, San Antonio Bussines Corp, Turquoise Holdings Ltd, Associated Corporation Services, Manela Investment Corp, Jugorlo Investment Corp, Valley View Bussines Corporation. Durante el gobierno de Lenin Moreno, la familia de Conto Patiño también se encuentra negociando la venta de armas a las Fuerzas Armadas a través de la empresa Miosa.










Existe una comunicación de noviembre de 2016 en que Alemán notifica a Francisco Guarderas cinco transferencias bancarias por $110.000 de la cuenta de Inversiones Larena Ltd SA en el Global Bank de Panamá.
Un reporte de operaciones financieras de la empresa Espíritu Santo Holdings en Panamá con cuenta en el Global Bank señala que al cierre del año 2016 el saldo en la cuenta de esa empresa era de un millón de dólares. Cifras parecidas se repiten en 2017, pero en 2018 los valores son inferiores.

El gobierno de Lenín Moreno es contrario a mantener relaciones con paraísos fiscales, al punto que el 2017, una consulta popular prohibió a los funcionarios públicos realizar operaciones offshore.

La caja del Papu de Jairala, los informes que la justicia mandó archivar


MilHojas
Según la Contraloría General del Estado,
durante la primera administración de Jimmy Jairala Vallaza, la Prefectura del Guayas  realizó contratos donde hubo uso de documentos falsos, subvaloración del rendimiento de equipos para inflar el valor de la obra, retrasos en la entrega de las obras y pago por trabajos defectuosos o incompletos.  Todo esto bajo el paraguas de la declaratoria de emergencia “preventiva” para enfrentar las consecuencias del invierno firmada por Jairala el 26 de octubre de 2009.
La Contraloría llegó a estas conclusiones a partir del “Examen Especial de Ingeniería de los Procesos de Contratación y Ejecución de varios proyectos a cargo del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, por el periodo comprendido entre el 01 de Marzo de 2009 y el 30 de Agosto de 2012”. 
Al término de este examen se produjo 33 informes con indicios de responsabilidad penal (IRP).  En todos ellos se apunta al cometimiento de PECULADO. El perjuicio estimado al Estado fue de $10’028.858,10.
Paúl Ponce Quiroz, fiscal provincial del Guayas, debe explicar al país las razones por las que pidió archivar los informes de responsabilidad penal contra Jairala, fue un protagonista de la impunidad
A mediados de 2013, la Contraloría envió los  informes con indicios de responsabilidad penal
a la Fiscalía Provincial del Guayas, pues en Ecuador el sistema es acusatorio y el monopolio de la acción penal lo tiene la Fiscalía. Como uno de los implicados era Jimmy Jairala Vallaza, el tema debía ser conocido por el fiscal provincial del Guayas que ese entonces era Paúl Ponce Quiroz.
La Fiscalía Provincial del Guayas pidió el archivo de 32 de los 33 casos derivados de los informes. Los jueces también ceptaron el archivo solicitado por la Fiscalía. En los casos en que un encargado temporal de la Presidencia de la Corte Provincial del Guayas en ausencia de su titular, contravino su voluntad de archivo, entró en escena el propio Galo Chiriboga, entonces Fiscal General del Estado advirtiendo a la Corte Provincial que debían desestimar los procesos.
El rol del Fiscal General del Estado, Galo Chiriboga fue bloquear cualquier intento de continuar o ahondar las investigaciones.  
En esta entrega Mil Hojas analiza el contenido y destino de estos IRP.  Si el contenido de los informes desnuda las tempranas prácticas de contratación pública de la administración de Jimmy Jairala, el destino de los mismos en el sistema de justicia revela un entramado de impunidad. Luego de meses de trabajo hemos podido componer un cuadro comprensivo de la naturaleza de las infracciones y las modalidades por las cuales la Fiscalía decidió archivar prácticamente todo.

En algunos casos los IRP dieron lugar a “noticias de delito” que se pueden encontrar en la propia página web de la Fiscalía.  En tales noticias se omite el nombre de Jairala pero aparecen los nombres de otros de los implicados y el número del informe de Contraloría correspondiente.  De otros IRP hemos podido rastrear los procesos judiciales e incluso una acción extraordinaria de protección interpuesta por la Contraloría.
Antecedentes: Declaratoria preventiva de emergencia frente al invierno, endeudamiento, venta de activos y una lluvia… de contratos
El 26 de octubre del 2009 con el discurso de que se trataba de una medida “preventiva” Jairala expidió una declaratoria de emergencia “atendiendo un pedido de alcaldes y presidentes de juntas parroquiales frente a una estación invernal que los expertos preveían como difícil”. Se dijo que la medida era necesaria “para la contratación de las obras necesarias para rehabilitar, mantener, limpiar y preservar sistemas de canales, muros de gaviones, escolleras, encausamientos de causes, mantenimiento de puentes, vial y de alcantarillas; caminos de acceso de penetración y vías… así como la contratación de maquinarias y equipos, para atender la emergencia señalada, por el  tiempo que dure la misma de conformidad con la Ley".
El fondo destinado para ejecutar todos los trabajos previstos fue de $29 millones. De estos recursos, $12 millones provenían de un préstamo del BEDE y $17 millones de la venta del paquete accionario de la empresa eléctrica de Guayaquil que tenía la Prefectura del Guayas al CNEL.
Los informes con Indicios de Responsabilidad Penal IRP de la Contraloría General del Estado como resultado del examen especial de ingeniería a los procesos de contratación y ejecución de varios proyectos de la Prefectura del Guayas para el período del 1 de marzo de 2009 al 30 de agosto de 2012 detectaron varios hallazgos:
De 33 informes con IRP, 12 se refieren a procesos donde los contratistas presentaron planillas y cobraron rubros que no ejecutaron. En esos primeros doce informes el perjuicio estimado es de US$ 1’346.418,85. Además 21 informes muestran procesos de contratación donde los oferentes presentaron información que no correspondía a los equipos de la propuesta y porque adjuntaron certificados falsos de arriendo de equipos o de experiencia de obras.
Otro millonario hallazgo es que en 29 de los procesos examinados se subvaloró el rendimiento de la maquinaria utilizada para la limpieza y desazolve de ríos y canales.    Es decir, si estadísticamente una excavadora de ciertas características debía limpiar 982 metros cúbicos por día, en los libros de obra de estos procesos se registraba que el rendimiento de tal máquina era de 2.300 metros cúbicos por día. Ello implicaba que el precio unitario del rubro contratado se sobrestimó y que el pago así realizado al contratista fue superior a lo que debía. El monto acumulado de la subvaloración del rendimiento de la maquinaría habría generado  a la Prefectura del Guayas un perjuicio por US$5’064 449,57.

En seis obras viales se produjo otro perjuicio de $3´278.330,05 por el incumplimiento de especificaciones técnicas pues, luego de la extracción de núcleos de las carpetas, se evidenció que no cumplían con las exigencias relacionadas con el espesor de la carpeta.
Otro rubro fue el pago realizado por trabajos defectuosos. Son los casos de la construcción de un camino vecinal en el Km 48 vía Duran-El Triunfo-Recinto El Capullo, el cual recién entregado ya tenía baches y acumulación de agua como se indica en el IRP DPAyA-0029-2013 o el de un camino vecinal que no cumplió las especificaciones del contrato como se evidencia en el IRP DAPyA-0040-2013.
La Contraloría también advirtió que en 21 de los  proyectos analizados no se justificó la contratación bajo la modalidad de emergencia puesto que los pagos de los anticipos de estos contratos se realizaron luego de concluidos sus plazos contractuales, una vez terminada la emergencia.  
Las autoridades de control también encontraron problemas con la recepción de las obras contratadas por parte de las autoridades de la Prefectura del Guayas. Había casos donde se suscribieron el  acta de entrega recepción provisional de la obra sin que se hubiera concluido el objeto contractual. Hay casos donde los trabajos se ejecutaron después de suscrita el acta de entrega recepción provisional.  Se encontraron casos incluso casos de celebración de contratos complementarios después de firmadas las actas de entrega recepción de obras que ya debían haber estado terminadas. No se cobró multas por retraso en la entrega de la obra.  Incumplimiento de especificaciones técnicas en vías asfaltadas.  Acá los detalles de otros hallazgos.
Adicionalmente, hay un aspecto que  el examen especial de la Contraloría General del Estado no abordó pues se centró en los procesos de cotización, licitación y de contratación en sí.   El cuestionamiento no abordado es de naturaleza previa: La Prefectura del Guayas liderada por Jimmy Jairala Vallaza tenío o no la capacidad de realizar por sí misma las obras contratadas.   Este cuestionamiento lo realizan exfuncionarios contactados por Mil Hojas que señalan que a la fecha de la emergencia la Prefectura contaba con equipos y maquinaria pesada propios al punto de que incluso los facilitaba a diversos gobiernos municipales de la provincia del Guayas.
¿Qué pasó con los IRP?
A fines de Julio de 2013 una avalancha de IRP llegó al despacho del Fiscal Provincial del Guayas (e) Paul Ponce Quiroz. Venían firmados por Diego Abad León, Director de Patrocinio, Recaudación y Coactivas de la Contraloría General del Estado. Ahora era asunto de la Fiscalía Provincial del Guayas actuar conforme indicaba el Código Penal, investigar y de ser el caso procesar a los responsables de los delitos si los hubiere.
A partir de este momento los informes tomaron varios caminos con un solo destino: el archivo. 
En menos de diez días, entre el 26 de septiembre y el 4 de septiembre del 2013, 12 de los 33 informes fueron “desplazados” hacia fiscales de nivel por parte el Fiscal Provincial Ponce. Esto significa que en esas doce (12) investigaciones se eliminó al Prefecto Jimmy Jairala como persona de interés y sólo se investigó a los integrantes de las comisiones y subcomisiones encargadas por la Fiscalía del proceso de contratación, al igual que a los representantes de las empresas contratistas. El destino de los archivos “desplazados” es diverso, si bien en gran parte de ellos los fiscales de nivel emitieron dictamen abstentivo y solicitaron el archivo, no siempre este se consiguió.  Hay un caso donde la jueza rechazó el archivo y el tema subió a consulta al despacho del actual Fiscal Provincial del Guayas, Edmundo Briones y otro donde la representante de la Contraloría solicitó ante la Corte Constitucional una Acción Extraordinaria de Protección contra el archivo,  misma que aún no ha sido admitida.  En cualquier caso, el Fiscal Ponce sacó a Jimmy Jairala  de todos esos procesos.

Los otros 21 informes donde Jairala permaneció implicado fueron archivados directamente por el Fiscal Provincial Ponce y ahí donde alguna vez un juez encargado como Luís Riofrío opuso resistencia al dictamen abstentivo, entró en escena el Fiscal General del Estado de ese entonces, Galo Chiriboga para dejar claro que el único escenario posible era archivar.
La argumentación de la Fiscalía Provincial del Guayas y de la Fiscalía General del Estado para dar dictamen abstentivo y archivar los procesos no se centraba en señalar alguna debilidad por parte de los expertos de la Contraloría o negar las numerosas irregularidades registradas en los procesos de cotización, licitación y contratación aprobados por la Prefectura del Guayas y los funcionarios de la Comisión y subcomisiones respectivas.  La Fiscalía se hizo eco de la argumentación central de los descargos de los funcionarios imputados: La Declaratoria de Emergencia por parte del Prefecto Jairala los ponía en un régimen de excepción más allá de los mínimos controles en materia de contratación pública, por lo tanto no se podían hacer responsables de todas las irregularidades e incluso delitos cometidos por las contratistas que los IRP detallaban.  Estos casos ejemplifica la actuación del Fiscal Provincial del Guayas Paul Ponce.
En síntesis, la Fiscalía Provincial y la Fiscalía General del Estado aceptaron como un hecho la argumentación de los imputados de que el Sistema de Compras Públicas (Incop), instaurado durante el régimen de Rafael Correa, con su portal, leyes y normas cuenta con un hoyo negro donde toda exigibilidad desaparece: La declaratoria de Emergencia.   Según ellos, lo único que los funcionarios debían hacer era ceñirse a los pliegos de licitación emitidos por ellos mismos y aprobados por el Incop.  Uno de los implicados llegó a decir que tales pliegos les “prohibían” (sic) confirmar datos claves que entregaban los oferentes. Por lo tanto no debían responder por falsificaciones, demoras, multas no cobradas, no conformidad de obras, no debían responder por nada.
El rol de Galo Chiriboga en el archivo de procesos

El Fiscal Provincial del Guayas Paúl Ponce Quiroz pidió el archivo de gran parte de los procesos en los que se involucraba directamente al Prefecto del Guayas Jimmy Jairala Vallaza.  En otros casos al derivar los casos a fiscales de nivel (Fiscalía de Administración 2, Administración 3, Fe Pública 5, etc…) pretendió adjudicar las responsabilidades tan solo a funcionarios de menor rango del gobierno seccional.  No estuvo sólo en esta tarea.  En muchos casos ante la duda de los jueces provinciales de aceptar el archivo, su dictamen debió ser ratificado por su superior, el Fiscal General del Estado: Galo Chiriboga.
En los veintinueve (29) procesos que Mil Hojas pudo revisar, identificamos 10 donde los dictámenes de archivo estuvieron sustentados en oficios enviados por el Fiscal Chiriboga a la 
Corte Provincial del Guayas para que se archiven los casos. En todos los casos donde Chiriboga envió oficio se aceptó la solicitud de archivo.
  
El impacto de Chiriboga no se limita estos diez casos pues en el resto de ocasiones en que la Corte aceptó la solicitud de Ponce de archivar causas contra Jimmy Jairala Vallaza, el Presidente de la Corte Provincial del Guayas, Julio Aguayo, citó como fundamento de su decisión su concordancia con los criterios emitidos por el Fiscal General del Estado Chiriboga en casos similares.
Al parecer el Juez Aguayo prefirió no cruzarse más en el camino de Ponce-Chiriboga luego de que su suplente pusiera en riesgo la suerte de Jimmy Jairala.  Resulta que al menos tres solicitudes de archivo que Ponce envió a la Corte Provincial de Justicia del Guayas llegaron cuando su Presidente, Julio Aguayo,  estaba ausente y se encontraba encargado el Presidente Subrogante de la Corte, Luís Riofrío Terán.
Galo Chiriboga, fiscal general, brindó respaldo irrestricto a Jairala, la defensa al prefecto se entendió como un símbolo de cohesión y complemento entre los diversos actores políticos que apoyaron al correísmo
En 11 de marzo de 2015 el Juez Luís Riofrío le negó al Fiscal Ponce el archivo de las indagaciónes 91-2013 y 112-2013 correspondientes a las DAPyA-0022-2013 y DAPyA-0018-2013 respectivamente y el 23 de marzo de 2015, también le negó el archivo de la indagación 110-2013, correspondiente a la DAPyA-0021-2013.
Estos tres casos involucraban a empresas oferentes –GRISALE S.A., CEPOLIN S.A. y DOCUCENT S.A.- que habían entregado documentos falsos en los procesos de cotización para la realización de obras de limpieza y desazolve de ríos, esteros y canales y mejoramiento de vías. Los documentos falsos se referían principalmente al equipo que presentaban para realizar la obra –principalmente volquetas con matrículas falsas o que correspondían a otro tipo de vehículos- pero según su IRP la empresa DOCUCENT S.A. adjuntó como parte de su experiencia un documento de ejecución de una obra, en un recinto que según la certificación del Alcalde de Flavio Alfaro de Manabí, no existe
En todos estos casos Contraloría responsabilizaba de los delitos a funcionarios de la Prefectura del Guayas con Jairala a la cabeza, además de los representantes de las tres oferentes.
En los tres casos el dictamen del Fiscal Provincial Ponce Quiroz señalaba que los procesos se realizaron conforme a la ley sin favorabilidad para el contratista.  El Fiscal libraba de responsabilidad en los casos al Prefecto Jairala y a sus más cercanos colaboradores y disponía que se investigue a las empresas oferentes, da las cuales GRISALE S.A. y DOCUCENT S.A. ya están disueltas y sólo CEPOLÍN S.A. sigue activa y con ellos a los funcionarios de la Comisión Técnica de la Prefectura.
La primera reacción del Presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Julio Aguayo, es concordar con la actuación del Subrogante Juez Luís Riofrío y no aceptar las solicitudes del archivo del Fiscal Provincial.
La argumentación inicial del Presidente de la Corte Provincial Aguayo sostenía que “si se acepta la desestimación no se podría continuar con la investigación que el fiscal ha pedido iniciar, pues vulneraría el principio del non bis in ídem (que no se puede iniciar otra investigación sobre un mismo delito) y los hechos que, a criterio del mismo fiscal provincial ameritan ser investigados, quedarían en la impunidad” y agregaba que si el Fiscal Provincial consideraba que en la indagación no había personas que gozaran de fuero, debió desplazar la investigación a un fiscal de primer nivel para que continúe con la investigación, desestime o inicie la instrucción.
Mil Hojas tampoco ha encontrado respuesta a este interrogante de por qué el Fiscal decidió derivar unas investigaciones y archivar de entrada otras.
En consecuencia, la Corte Provincial de Justicia del Guayas envió los expedientes a la Fiscalía General del Estado rechazando el archivo y solicitando se sirva designar al fiscal de primer nivel que investigue los casos de uso doloso de documento falso.
El fiscal Galo Chiriboga respondió esta solicitud de la Corte Provincial ratificando el dictamen abstentivo del fiscal provincial Ponce en sendos oficios del 13 de mayo sobre las investigación abierta por el IRP DAPyA-0021-2013 (Involucrados: Jairala, funcionarios y  DOCUCENT S.A.) y el día 4 de junio sobre aquellas relativas a los IRP DAPyA-0018-2013 y DAPyA-0022-2018.
La reacción del Juez Aguayo, Presidente de la Corte Provincial del Guayas, fue rápida.  El 29 de mayo de 2015 aceptó archivar el expediente No. 09100-2014-0005G vinculado al IRP DAPyA-0021-2013 y con aún mayor celeridad el 11 de junio de 2015 aceptó el archivo de los expedientes 09100-2014-0004G y 09100-2014-0025G vinculados a los IRP DAPyA-0018-2013 y DAPyA-0022-2013.
¿Cuáles fueron los convincentes argumentos del Fiscal General del Estado Galo Chiriboga que lograron dar al traste con la corrupción?
Los argumentos de Chiriboga se repiten con poca diferencia en casi todos sus oficios.  Los hemos clasificado como argumentos de principio y particulares (aunque los particulares son reiterativos)
El argumento de fondo es señalar que en todos los casos la Contraloría implica al Prefecto y funcionarios en el delito de peculado atenuado, el cual era un delito en el Código Penal anterior y como en agosto de 2014 entró en vigencia el nuevo Código Orgánico Integral Penal donde desaparece la figura de Peculado Atenuado el delito ya no existía por Principio de Favorabilidad se debía archivar pues ya no había delito que perseguir.  Para el mismo propósito el Fiscal reivindica el archivo en función de los principios de oportunidad y mínima intervención penal. Además, en tales oficios, Chiriboga le recuerda a la Corte Provincial del Guayas que, por ley, la Fiscalía General es la única que puede ejercer la acción penal pública y que en un sistema acusatorio como el ecuatoriano se impide al juzgador desoír al titular del ejercicio de la acción penal. 
Un aspecto destacable es que pese a que la Fiscalía del Guayas recibió todos los informes a mediados de 2013 esperó a que entre en vigencia el nuevo COIP donde desaparecía el delito de Peculado Atenuado para actuar en esos procesos y solicitar el archivo apelando al Principio de Favorabilidad.  Recordemos que el COIP se publicó a inicios de 2014 pero había que esperar seis meses para que entre en plena vigencia. 
En lo “específico” el Fiscal General Galo Chiriboga se hace eco de la argumentación del Fiscal Provincial Ponce que usualmente sigue el mismo formato: Rechaza los indicios de favorabilidad en la contratación de la compañía a la que se declaró adjudicataria. Rechaza que los miembros de la comisión y subcomisión de la Prefectura del Guayas encargadas de la contratación hayan actuado con dolo, que es el elemento indispensable para la presunción de peculado. Señala que a final de cuentas la obra fue ejecutada y entregada, lo cual es aceptado por el propio informe de la Contraloría, más allá de los reportes de irregularidades tales como documentación adulterada. Reitera que no hay indicios contra Jimmy Jairala Vallaza y su equipo, por lo que desestima la "noticia del delito" de acuerdo a los Arts. 38 y 39 del Código de 
Procedimiento Penal. Solicita al Presidente de la Corte de Justicia Provincial que disponga el archivo correspondiente.
El Presidente de la Corte Provincial del Guayas, Julio Aguayo, aceptó todos y cada uno de los archivos solicitados, haciéndose eco de la argumentación del fiscal general: el delito de peculado atenuado no existe en el actual Código Penal.   Finalmente indica que no tendría caso negar un archivo solicitado por el fiscal general del Estado, pues teniendo la Fiscalía el monopolio de la acción penal y siendo además una entidad autónoma e indivisible cuya máxima autoridad era Chiriboga no habría ningún fiscal o ningún ente que pudiera llevar adelante un proceso cuyo archivo éste hubiera solicitado. 
Aguayo refuerza su actuación con un pronunciamiento de la Corte Nacional de Justicia en el sentido de que la opinión de la Fiscalía General como máxima autoridad es vinculante para el órgano jurisdiccional penal.
Se archiva o se archiva
De los 33 informes enviados por contraloría a la Fiscalía Provincial del Guayas, 21 que implicaban a Jairala fueron archivados directamente por el fiscal provincial Ponce o por el fiscal general Chiriboga, pero 12 informes más fueron derivados a fiscales de nivel por temas de fuero de corte.  Las Fiscalías del Administración Pública 2, Administración Pública 3, Administración Pública 5, Fe Pública 5 y Soluciones Rápidas 1 fueron sus receptoras.
A ese nivel ya no aparecía sindicado Jimmy Jairala pero si varios de sus funcionarios y cercanos colaboradores en la Prefectura.  Hay varios funcionarios que repiten en casi todos los procesos como Amada Pamela Aguilera Romero, Segundo León López, Ana Rosa Mite, Freddy Vásquez Baque, Edward Lamadrid Lamilla y Alfredo Aguilera Negrón.
Lea aquí: Ruta y destino de los IRP DAPyA15
El destino de la mayor parte de estos casos también ha sido el archivo.  Existen excepciones.  Mil Hojas tiene documentados dos casos, en ambos, el mismo fiscal Pedro Intriago Briones solicitó el archivo.  En el caso derivado del IRP DAPyA-0015-201p3 el juzgado le concedió el archivo pero una funcionaria en representación de la Contraloría presentó ante la Corte Constitucional un Recurso Extraordinario de Protección contra el archivo.
En el otro caso, la Juez de la Unidad Penal uno de Unidad Judicial Norte de Guayaquil negó la solicitud de archivo y envió el expediente a estudio del actual Fiscal Provincial del Guayas, Edmundo Briones.  En la página del Consejo de la Judicatura aún no se registra su pronunciamiento al respecto.
¿Y las empresas contratistas?
La Contraloría detectó que la Prefectura del Guayas contrataba a empresas y personas naturales relacionadas unas con otras, pero no fue más allá en cuanto a investigar las presuntas vinculaciones entre varias de estas contratistas a las que se les entregó millones de dólares en contratos, no estableció ninguna conclusión en cuanto a las implicaciones que ello podría tener en el eventual cometimiento de otros delitos. Tampoco se conoce si el organismo de control inició algún examen de control para investigar esta práctica de contratar a empresas relacionadas.
En sus conclusiones generales sobre todos los procesos precontractuales y contractuales analizados, la Contraloría dice que el gobierno seccional contrata con empresas y personas naturales relacionadas unas con otras: “analizadas las invitaciones efectuadas bajo la declaratoria de emergencia, se observa que los representantes legales y los accionistas de una compañía están relacionados con otras, aspecto que se evidenció de la documentación proporcionada por la Superintendencia de Compañías; las personas delegadas por los contratistas, para que asistan a las verificaciones físicas de las obras, trabajaban para varias compañías o eran representantes legales de otras”.
Mil Hojas pudo constatar que en los casos analizados el 60% de las empresas contratistas son ya han sido disueltas.  De hecho, la mayor parte de ellas ni siquiera duró un año con lo que no presentaron balances ni informes a la Superintendencia de Compañías.  Estas empresas tienen además accionistas y representantes legales relacionados.
Por otro lado, las empresas que duraron más de un año, continuaron contratando con la Prefectura del Guayas pese a las observaciones de la Contraloría General del Estado y de tener procesos en la Fiscalía por causas como falsificación de documentos en el marco de procesos de cotización, licitación y contratación con dicha institución. 
 

El oro volador

El cantón Urcuquí en la provincia de Imbabura se ha convertido en el centro de operaciones de las nuevas mafías: explotación laboral, prostitución, lavado de dinero,  delincuencia son lo elementos que identifican a la minería ilegal, un hecho social sin precedentes en el norte del país y que nadie tiene claridad para enfretarlo. Foto: Ecuavisa
Frankiln Soria. Director de la Agencia de Prensa Minera

La población de Buenos Aires, hasta antes de la fiebre del oro ilegal, era un apacible lugar dedicado a la ganadería y la agricultura. Nadie podía imaginar ni en el peor de sus sueños que un día, sobre su única plaza, se darían decenas de asambleas de grupos mineros ilegales que libran una batalla por el control de los territorios.

El control de la minería ilegal en esa zona empieza, en un punto llamado “La Visera”. Es la entrada formal a las montañas conocidas como La Joroba, que pertenecen a las concesiones mineras denominadas IMBA 2, 3 y 4 que el Estado ecuatoriano adjudicó a la empresa HANRINE.

La parroquia Buenos Aires, en el cantón Urcuquí, es partida territorialmente en dos mundos. El límite es una cadena, un peaje a cargo de un grupo de habitantes originarios de Buenos Aires, liderados por alguien conocido como “Ruperto el de cadena”, quien cobra a todo auto que ingrese al poblado como a las minas. Hay costos diferenciados:  si se trata de camioneta 4×4 (las que se usan para transportar el material), si es camión y si ingresan taladros eléctricos, o generadores de luz, el valor asciende. Se calcula que diariamente esta aduana cobra para las arcas de su “gobierno independiente”, 800 dólares. Está a 20 metros de la Unidad de Policía Comunitaria y en esta se afirma que no pude hacer nada y es cierto, porque nada hace.

Los sistemas de molino de las rocas facilita el transporte del material que contiene los minerales, permite además que el procesamiento para obtener oro se realice en ese mismo lugar

Decenas de estas piscinas se abren semanalmente en las laderas de las montañas de la concesión, el objetivo es procesar el oro sin importar la contaminación humana y ambiental que generan
El justificativo de este peaje es la recaudación de un presupuesto para obras públicas que nadie ha visto.
Este territorio es una desgarradora maraña de plásticos, cartón, miseria y desesperación donde malviven niños, mujeres, ancianos, discapacitados, embarazadas, recién nacidos. Todos asentados sobre la mayor de las montañas llamada La Joroba, que se conoce también como Mina Vieja; hoy están invadidas al menos 3 montañas más.
Son una infinidad de bocaminas cubiertas con casuchas de plástico donde malviven más de 7.000 mineros ilegales de todas partes del Ecuador: Zaruma, Portovelo, Ponce Enríquez, Sigsig, Loja, Zamora, Zumba, Napo, Santo Domingo, Manabí.
Esta zona no tiene agua potable, menos aún alcantarillado, ni tampoco pozos sépticos. No existe luz. La electricidad para los taladros  que perforan las rocas siguiendo la veta, más superficial, que “vota” oro de 24 quilates, se genera a través de sistemas a diésel o gasolina, (otra forma de contaminación y especulación).
Allí, en ese atentado a la dignidad humana, entre aguas servidas, árboles talados, plásticos, basura, tristeza y demencia por arrancarle a la tierra su riqueza, un cilindro de gas recargado cuesta 60 dólares, una libra de arroz, cinco dólares; una coca cola de litro, tres dólares.

El poblado de Buenos Aires es el centro de tensión en el que conviven varios de los grupos ilegales, les cohesiona el acceso a productos de primera necesidad, la prostitución,  el  transporte
Los sacos de material que normalmente se pagan a 25 dólares a cada minero ilegal, al día siguiente de las incursiones militares, baja a cinco dólares. Esa caída solo beneficia a los grandes inversionistas de la minería ilegal, ubicados, según nuestros denunciantes, en Ponce Enríquez y Portovelo (Azuay y El Oro), quienes, sin despeinarse, antes, durante y después de los operativos de fuerzas armadas, lucran aún más con la desgracia de los esclavos mineros.

Allí en la ladera de la montaña, donde la gente se arrastra, el oro literalmente vuela. Empieza en la Mina Vieja, la cumbre de la montaña La Joroba, técnicamente llamada IMBA 2.

Los piqueteros entregan los sacos a hombres y mujeres que cargan el material hasta los enganchadores, que son una suerte de técnicos en la ubicación de la polea, el gancho, la carga y el peso. Luego los cableros son los encargados en dar el “envión”, velocidad, ritmo y tiempo exacto para que el mineral ilícito se traslade.

Y empieza el vuelo del oro en los cielos. El roce del cable y los rulimanes generan un silbido metálico de agudos sonidos y altos decibeles. La primera estación es “La Visera”, con 200 metros de diferencia de su punto de origen. Si bien el servicio aéreo, ofrece una ruta alterna, con dirección al Páramo de Palacara, esta ruta es más utilizada por los de la “Mina Nueva”, la otra invasión en la punta de la montaña contigua.

Aeroransportación de los sacos mediante sistema de cables Foto: El Telégrafo
Una vez finalizado su aero-transportación, empieza su modalidad terrestre. En este punto se embarca en el menor tiempo posible el material en cientos de camionetas 4×4. Están las lujosas Ford, Toyota FJ Cruiser, Volkswagen. Todas se encargan de llevar hasta los centros de acopio clandestinos. La carga se “transfiere” a camiones y tráileres que llevarán el material en una de las más idílicas de las rutas de las ilegalidades. Son: 400 kilómetros de recorrido en las flamantes carreteras hasta las plantas procesadoras de Camilo Ponce Enríquez, el más rico de los cantones mineros del Azuay y los legendarios cantones mineros de Zaruma y Portovelo.

Cada chofer debe llevar, según nuestros denunciantes, hasta 50.000 dólares para “aceitar” el camino.

Sacos de yute conmaterial minero decomisados en las carreteras de Imbabura. Foto. Diario la Hora
Por supuesto que la policía ha detenido, incautado, y encarcelado a algunos de los transportistas. Pero eso solo demuestra la existencia del ilícito, antes de que se intente acusar a este periodista de afirmar algo reñido con la realidad.

La minería ilegal está presente en Buenos Aires, durante casi un año tres, meses y es creciente el número de mineros ilegales que ingresa a laborar en esta zona; por elemental lógica se concluye que, durante todo este tiempo, esa mano de obra ha trabajado, y por lo tanto vendido esa “producción”. Con lo que se demuestra que ese mineral ilegal transitó y transita casi de libre manera de norte a sur por el Ecuador, y atraviesa al menos 11 provincias: Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Guayas, Azuay y el Oro, o si toma la variante costeña: Santo Domingo y Los Ríos.

Una vez en las plantas de procesamiento del mineral, se pierde todo rastro. Deja de ser ilegal. Ningún expediente fiscal se ha iniciado sobre las labores de las plantas de beneficio que acogen el oro y otros metales. Ningún medio de comunicación ha indagado sobre este tema.


¿Quiénes son los beneficiarios de toda la inmensa riqueza que ha salido de Buenos Aires?  El estado ecuatoriano de toda esta actividad no recibe ni un solo centavo, que le corresponde por legítimo derecho. Ningún trabajador de la zona invadida en Buenos Aires, esta filiado a algún plan de salud o jubilación. No existe seguridad laboral. Ni planes de manejo ambiental. Esa es la realidad.
Imbabura no tuvo ninguna tradición o vínculo con la minería, quizá de manera tangencial y bastante polarizada en la zona de Intag, pero el resto de la provincia desconoce las dinámicas que la minería ilegal desencadena en una región. Incluso hoy no hay, ni en las autoridades, ni los candidatos a las próximas dignidades de elección popular (salvo en el cantón Cotacachi), un criterio exacto sobre los problemas que acarrea la minería ilegal.

La violencia, que también tiene una motivación monetaria, se traduce en el control del territorio y de las montañas invadidas por la minería ilegal; hoy varios grupos de mineros se disputan la hegemonía.
Por ejemplo, hace unas semanas fue pública la denuncia que realizó la hermana de un ciudadano colombiano que había sido asesinado y posteriormente desaparecido en la mina de la Joroba, y que finalmente fue rescatado por efectivos del GIR, el 26 de diciembre del 2018, en pleno “feriado navideño”.

En el otrora monacal pueblito de Buenos Aires, hoy abundan los bares y prostíbulos. Gracias a la presión de los lugareños, exigieron que las trabajadoras sexuales no se exhiban en la calle.

Otro factor que complica este escenario es la cercanía a la frontera colombiana. Los graves problemas que esta nación, una historia basada en la violencia, narcotráfico, lavado de activos, terrorismo. Son inminencias que resuenan en esta zona.


Parientes de Santiago Cuesta en lista de Odebrecht

Por: periodismodeinvestigacion.com

En el sistema interno de búsqueda de casos de la unidad antilavado de activos de la fiscalía en Quito no aparece el expediente que investigaba a Carlos Andrés Bernal Alvarado.
El caso fue identificado con el número 170101818063517, fue además calificado con fuero de corte y se le asignó a la Fiscalía Antilavado de Activos, específicamente a la doctora Paola Gallardo, pero en esa unidad no conocen a Gallardo y tampoco identifican el caso.
Al hacer una búsqueda en el sistema de consultas de noticias del delito que posee la web de la Fiscalía General, aparece ese número de caso pero es identificado por el delito de financiamiento al terrorismo y el sospechoso tiene el nombre de Chen He Li.
Al solicitar una búsqueda más particularizada en la secretaría de la fiscalía antilavado, uno de los funcionarios revisó con detenimiento en los archivos de Excel, que es el sistema índice interno que usan los fiscales, pero sin ningún resultado. “No hay ese número de caso”.   
En ese expediente se encuentra el informe de la Unidad de Análisis Financiero que identifica a Carlos Bernal Alvarado, su esposa Denise Vélez Rupertti y las empresas Construhidrocab y Disquesa, en posible lavado de dinero. El informe establece que los esposos Bernal-Vélez, más las dos compañías citadas recibieron ingresos brutos en 2010 que sumaron $33,711 pero a 2018 el monto total de ingresos fue $31.800.893.
Socios y accionistas de Construhidrocab

En términos pedagógicos en el año 2010 el porcentaje de ingresos fue apenas del 0.1% y ocho años mas tarde los ingresos crecieron en casi el 1000%.
Bernal Alvarado fue funcionario de la Secretaría del Agua y en 2012 estuvo al frente del proyecto de trasvase Daule Vinces (Dauvin). Tres años antes ya se había desempeñado como coordinador de los megaproyectos que impulsó el vicepresidente Jorge Glas y como secretario del agua, Senagua. Los ingresos de Carlos Bernal en el servicio público, entre 2011 y 2017, entre sueldos y sobre sueldos sumaron $377.431.
Como ejemplo, en el año 2017 recibió ingresos, por concepto de sueldos del Estado, por $ 64.000 pero los depósitos en sus cuentas bancarias fueron de $92.500. Es decir 28 mil dólares adicionales se transfirieron o depositaron en sus cuentas ese año.
En la lista de transferencias realizadas a las cuentas de Bernal, la UAFE identificó una en particular, en el año 2011, por un monto de $4910, realizada por Raúl Enrique Andrade Galarza, que a su vez era el representante de la empresa Belvedear Worldwide Company, una de las tantas compañías off shore que Odebrecht usó para pagar coimas en la región a través de su departamento de operaciones estructuradas.
Raúl Andrade Galarza retuitea la cuenta de Carlos Bernal
Viviana Bonilla, Carlos Bernal, Walter Solís, Jorge Glas y Alexis Mera

Raúl Enrique Andrade Galarza, según información de la Superintendencia de Compañías era gerente y accionista de Bosques Tropicales Manabí, Botsman S.A. compañía creada en 2012 para alquiler de maquinaria de construcción donde laboró en relación de dependencia la madre de Carlos Bernal, Carolina Alvarado Daza.
Feria de transferencias

La esposa de Carlos Bernal Alvarado, Denise María Vélez Ruperti, declaró al SRI, entre 2013 y 2017, ingresos totales por $210.301, pero la Unidad de Análisis Financiero identificó ingresos adicionales por $431.678. Denise Vélez Ruperti realizó además transferencias menores a $10.000 a una cuenta personal en el BBP Bank de Panamá. Ella también registró depósitos por $12500 provenientes de Raúl  Enrique Andrade Galarza.
La empresa Construhidrocab Cia Ltda (constituida en diciembre de 2009) dedicada a actividades de ingeniería civil tuvo a Denise Vélez Ruperti como propietaria del 50% de las participaciones y su hermano Xavier Andrés Vélez Ruperti, con el 50% restante. Esta firma recibió hasta 2018 acreditaciones por $18.825.242.
Información societaria de Construhidrocab

Entre los principales nombres que realizaron depósitos y transferencias a dicha empresa constan Leonardo José Jama Falcones, que entre 2014 y 2018, efectuó depósitos por $1.270.625.
Jorge Adrian Bermeo Ayora también realizó depósitos en Construhidrocab Cia Ltda por $416.490. En 2014 por ejemplo realizó decenas de depósitos pero su nombre en el sistema de la UAFE no registraba ningún tipo de ingreso.
La información de la empresa Construhidrocab, según el expediente de la FGE declaró ingresos entre 2013 y 2017, por $9.777.258 pero en ese mismo período los ingresos fueron de $17.614.263. Es decir $7.8 millones más.
Construhidrocab registró como cliente principal a Sinohydro en 2015 y en ese año recibió $503.116.En 2016 esta compañía registró entre sus clientes a la Empresa Pública de Construcción Manabí Construye, a la que se le encarga participar en la reconstrucción de la provincia a causa del terremoto de abril de 2016.
Entre 2014 y 2018 la misma Construhidrocab registró como cliente a la empresa Disquesa S.A. y recibió $306.600. En Disquesa S.A. Denise Vélez y su hermano Xavier Vélez, también son accionistas.
Disquesa también recibió depósitos por $11.933.034. De ese monto el 80% de depósitos fueron realizados por José Leonardo Jama Falcones. El mismo se encargó de depositar en efectivo, en un período de seis meses un aproximado de un millón de dólares. Solo en 2016 realizó 150 depósitos por $346.627.
Información societaria de Disquesa S.A.
Entre los años 2011 y 2013 el principal ordenante de transferencias de Disquesa fue la compañía panamaña Sevenseas Holding Corp., que registra como director a Marcelo Vélez Velasco, tío de Denise Vélez Ruperti. Durante el año 2017, Disquesa registraba como uno de sus importantes clientes a la empresa Semeg.
Construhidrocab recibió además $4.028.726 de la empresa Servicios Misceláneos E.González,  Semeg Cia Ltda. Esta última se constituyó en 2009, el mismo año que Construhidrocab.
Semeg Cia Ltda., entre 2016 y 2018, giró cheques a Construhidrocab por $1.265.485. Semeg es proveedora de Petroamazonas y Petroecuador, y facturó $19.444.000. La empresa fue cliente de Karina Emperatriz Sigüenza, que entre 2013 y 2015 figuró como funcionaria de Petroecuador. Karina Siguenza, es la esposa del ex secretario de inteligencia Senain, Rommy Vallejo, actualmente domiciliado en Chicago-EEUU.
Semeg tiene entre sus accionistas a una empresa panameña denominada Cossey S.A. Según el portal Código Vidrio, los esposos Vallejo-Siguenza manejaron importantes contratos en la provincia de Manabí.
La parentela de Santiago Cuesta
Xavier Vélez Ruperti, está casado con Claudia Vinueza, hija de Jaime Vinueza Vallarino, cuñado de Eduardo Jurado Bejar, exsecretario de la presidencia en el gobierno de Lenín Moreno, quien abandonó el cargo a raíz de denuncias sobre cobros indebidos de seguros bancarios realizados por la empresa GEA, de su propiedad.
Xavier Vélez Ruperti y Claudia Vinueza Benedetti
Mientras, Claudia Vinueza, concuñada de Carlos Bernal, es también sobrina de Gloria Vinueza Urgelles, cónyuge de Santiago Cuesta Caputi, consejero del presidente Lenín Moreno.
Nuestro equipo de investigación tiene información de gestiones realizadas por el consejero presidencial Santiago Cuesta para intentar favorecer a sus parientes relacionados con el caso. Consultamos vía watsap al exfiscal Paúl Pérez Reina, respecto al silencio de la fiscalía durante su gestión y nos dijo: “Hasta donde recuerdo en todos los casos se dispuso su investigación, ninguno se guardó en el escritorio. Es totalmente falso que el señor Cuesta haya ido a presionarme por caso alguno”, respondió.
Diana Salazar, directora de la UAFE confirmó la existencia del informe pero se negó a comentar los términos del mismo por su carácter reservado.
Al cierre de este informe se pudo conocer que el caso, aparentemente traspapelado en la fiscalía antilavado, está en manos de la fiscal Ximena Mena, cercana al ex fiscal Galo Chiriboga.

 

Un impuesto verde contaminante


Por: periodismodeinvestigacion.com
En diciembre de 2018, el gobierno ejecutó el incremento del precio de las gasolinas Eco, Extra y Súper. Las autoridades anunciaron que la medida fue adoptada por la situación económica del país y prometió mejorar la calidad de la gasolina Súper de 90 a 92 octanos.
El cuestionamiento de la opinión pública a la calidad de los combustibles ha sido constante porque de sus características depende el grado de contaminación ambiental y por ende del aire que se respira.
Para enfrentar este grave problema Petroecuador implementó desde 2011 el Plan de Mejoramiento de la Calidad de los Combustibles, para incrementar el número de octanos en la gasolina y reducir el contenido de azufre en los combustibles.
Este plan era parte de los proyectos de rehabilitación de la refinería de Esmeraldas y de construcción de la refinería del Pacífico, orientados a alcanzar la soberanía energética.
El Plan de Mejoramiento fue financiado con los impuestos verdes, el tributo ambiental que se paga por contaminación vehicular. Entre 2012 y 2018, el Servicio de Rentas Internas (SRI) recaudó USD 843 millones por impuestos ambientales.
Pero ese tributo en nada mejoró la calidad de los combustibles y al revisar los reportes de calidad de los derivados, que se almacenan en el terminal de Pascuales, en Guayaquil, queda la sensación irremplazable de que el gobierno le mintió al país.
Los principales objetivos del cambio de la matriz productiva y la soberanía energética, eran producir combustibles para el mercado interno bajo norma Euro 5, con un nivel máximo de 10 partes por millón de azufre (ppm). 
Luego de inversiones cercanas a los $ 3800 millones de dólares en las dos refinerías, el resultado es un terraplén en el Aromo-Manabí y una repotenciada refinería de Esmeraldas que sigue generando 40% de resíduo y gasolinas con un promedio de 1400 partes por millón de azufre (ppm) y altos contenidos de benceno.
Para comercializar las gasolinas nacionales, Petroecuador importa altos volúmenes de naftas de alto octanaje y bajo nivel de azufre y aromáticos, las cuales son mezcladas con los derivados generados en Esmeraldas, obteniendo un producto de 650 ppm de azufre. Para legalizar su comercialización en el mercado interno, el Estado autorizó a través de norma INEN la venta de esa gasolina con 650 ppm de azufre.
Informe de resultados de análisis de contaminación en la Refinería de Esmeraldas, No.1.
Informe de resultados de análisis de contaminación en la Refinería Esmeraldas, No.2.

En 2010, Petroecuador contrató con la universidad de Huelva-España, un estudio de calidad de los combustibles e impactos en la salud de los trabajadores de las refinerías.
El documento mantenido en reserva, es un grito de alerta sobre alarmantes signos de exposición a químicos letales en los trabajadores y habitantes de las áreas de influencia.
“En esta refinería se reportan 31 casos, de los cuales 12 con diagnóstico de leucemia o leucopenias, 5 con diabetes e hipertensión arterial, 3 con cáncer de próstata y seminoma, 2 con insuficiencia renal y 11 más con distintas patologías graves, algunas de naturaleza carcinogénica. Estas patologías preocupan especialmente, considerando que los diagnósticos de leucemia son compatibles con la exposición crónica al Benceno”, señala el informe.
Los informes revelan que, entre 2011 y 2013, el terminal recibió combustibles con alto contenido de productos aromáticos (benceno, tolueno y xileno) y que gasolinas, diésel y otros derivados estaban fuera de especificación.
Es decir, Petroecuador compró y produjo combustibles con índices de calidad muy por debajo a lo permitido. Por ejemplo, en mayo de 2012, recibió nafta, proveniente de la Refinería Esmeraldas, con un 42% de aromáticos, cuando la norma INEN permite un máximo de 35%. También recibió gasolina Súper importada con 39,2% de aromáticos.
Este medio, tuvo acceso a 12 reportes de calidad sobre los cargamentos con combustibles fuera de especificaciones, recibidos en el terminal Pascuales.
Los aromáticos son compuestos químicos que elevan el octanaje de un combustible.  El octanaje es la capacidad antidetonante de la gasolina cuando se comprime dentro del cilindro de un motor.
Las gasolinas de bajo octanaje, como la extra, es procesada en la Unidad de Hidrotratamiento de la Refinería Esmeraldas. En esta se produce el cambio de la estructura molecular de los componentes de la nafta y se producen los compuestos aromáticos, principalmente con Benceno, Tolueno y Xileno, que mejoran el octanaje, pero a un costo muy alto para la salud de todos, el ambiente y la vida útil de motores.
La exposición permanente a estas sustancias constituye un factor de riesgo porque están asociados con efectos mutagénicos (alteración del ADN), cancerígenos y otros trastornos neurológicos.
Estudios que marcan estándares en la calidad de vida de las personas han probado hasta la saciedad que una población expuesta a vapores de gasolina durante largos períodos tiene mayor incidencia de cáncer de esófago, ovario, testículos, colon y riñón.
La norma INEN, que controla la calidad de gasolinas en Ecuador, establece que el contenido de aromáticos no debe superar el 30% en la gasolina Extra y el 35% en la gasolina Súper.
Un informe (2012-2158), del 20 de abril de 2012, detalla que Petroecuador importó, en un primer cargamento, gasolina Súper con 39,2% de aromáticos, cuando la norma internacional (ASTM D-6730 de manejo de calidad) y la norma INEN, permiten un máximo de 35%. Dos días después (22 abril de 2012), en el segundo y tercer cargamento, recibió gasolina Súper con 39.2% de aromáticos.
El 4 de junio de 2012, el terminal Pascuales recibió nafta de alto octano importada, que no cumplía con el parámetro de “presión de vapor DVPE”. Es decir, con la especificación que regula la cantidad específica de vapor, esto es la volatilidad o tendencia a evaporarse de la gasolina.

Reportes de la calidad de los combustibles No.2. Ver PDF
El reporte de calidad (2012-1557) del terminal Pascuales, del 21 de marzo de 2012, revela que en ese año se recibió diésel Premium fuera de especificaciones (incumplía la norma INEN 1493) de seguridad porque incumplía las condiciones de presión, temperatura y mezcla de gases que debe tener el diésel. Es decir, los ciudadanos y los transportes públicos parece que cargaron una bomba más que un combustible.
La calidad de los combustibles nacionales tampoco cumplió las normas de calidad. El reporte de calidad del 28 de febrero de 2012, sobre el combustible de turbina de aviación Jet A1 procedente de la Refinería Esmeraldas, entregado al terminal Pascuales, señala que el combustible no cumplió con la norma internacional ASTM D3948 (que determina las características de separación de agua de los combustibles de turbina y detecta los residuos).
La especificación está fijada en un mínimo de 85, mientras que el resultado de Jet A1 arrojó 61. Tampoco cumplió el parámetro ASTM D156, que determina la coloración correcta del producto.
Esta novedad fue confirmada el 7 de junio de 2012, por Fernando Llerena, a la fecha coordinador senior de gestión y control de calidad encargado de Petroecuador, que en memorando (00215-TGC-2012) reseñó que el buque María del Carmen V procedente de la Refinería Esmeraldas transportó diésel Oil (D2) de color negro que por no existir posibilidades de recuperarlo y sin que afectara los despachos no se lo tomó en consideración, el resto era Jet Fuel contaminado”,indica el documento.
Otro reporte de mayo de 2012, reveló que la nafta, proveniente de la Refinería Esmeraldas tenía aromáticos del 42%. Cantidad mayor al límite máximo tolerable para mezclas que es del 35%. 
El 14 de noviembre de 2013, recibió gasolina de 92 octanos, que tenía el 35.7% de aromáticos. Dos días después, el 16 de noviembre, recibió la misma gasolina con un 35.4% de aromáticos. Ese día, también recibió diésel Premium que incumplía la norma INEN 1493, relacionada con el punto de inflamación, fijado en un mínimo de 51, el combustible local alcanzó 49.
Estas irregularidades fueron denunciadas por Luis Calero y Francisco Flores, extrabajadores del terminal Pascuales a las autoridades de Petroecuador, al expresidente Rafael Correa y a la Fiscalía General del Estado. De Correa no recibieron respuestas y de Petroecuador recibieron “hostigamiento laboral”, aseguran.
Calero, que se desempeñó como técnico líder de GLP, señala que la exposición permanente a los contaminantes químicos afectó su salud y la de varios compañeros.  Él asegura que “estaba sano antes de entrar a Petroecuador”.

“El médico del terminal me llamó a consulta y me dijo que tenía más de 300, que me tranquilizara, que problema de cáncer sería con 500 en adelante. Me dijo que vaya a seguir trabajando. Me sentí burlado”, relata.

En enero de 2014 el exoperador se realizó un examen médico de BTX.
Flores, por su parte, indica que ha solicitado, en dos ocasiones, los resultados de sus exámenes a Petroecuador. Hasta el momento la estatal no se los entrega.
“Como trabajador, yo sentía que cada vez que venían los productos, en buques tanques que algunos son de la compañía de Mariano Zambrano exprefecto de Manabí, tantos los buques grandes como los buques de alije, traían estos productos de mala calidad, lo primero que percibía el trabajador era irritación en los ojos, te llamaba muy rápidamente al baño, te dañaba el estómago, había una sensación de que algo andaba mal. Empecé a investigar y me di cuenta, dentro de los documentos que llegaban a la empresa que todos estos parámetros estaban siendo violados”, dice Calero
En agosto de 2016, en la gerencia general de Pedro Merizalde, Luis Calero y Francisco Flores fueron despedidos. Ellos aseguran que fue en represalia por sus denuncias.

Reporte de combustible contaminado en avionetas. Ver PDF
Calero denunció a la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión otras irregularidades relacionadas con el sistema contra incendios del terminal y con la contratación de personal en Petroecuador.
La Secretaría de Transparencia investigó las denuncias y en un informe de 2013. Ante el hermetismo total del terminal de Pascuales esa secretaría preguntó por el combustible contaminado para avión al grupo Wong, cliente de Petroecuador, sobre las “novedades relacionadas al combustible contaminado y entregado por Petrocomercial desde el 28 de febrero hasta mayo del 2012”.
La Secretaría hizo referencia a un percance ocurrido, en mayo de 2012, con una de las avionetas de fumigación del grupo WONG causado por combustible JET A1 que compró a Petroecuador.
En un correo electrónico, el grupo Wong informó a la Secretaría sobre los problemas que tuvo por el “mal carburante”: el “14 de junio de 2012 por la presencia turbia y muy oscura del combustible se dispuso a todos los mecánicos limpiar el filtro de combustibles de la pared corta fuego cada 25 horas y cambiar el filtro de combustible de la turbina cada 50 horas. En esta semana el mecánico de pista Fumisa (provincia de Los Ríos) informa que el avión HC-CLK comenzó a encender la turbina, casi terminando el arranque se apagó. Fue a inspeccionar el filtro de combustible y estaba demasiado contaminado de color negro. Esto es un alto riesgo para las operaciones de las aeronaves…”.

Recuadro de contratación de personal no calificado. Ver PDF
Por esa razón el Cuerpo de Bomberos inspeccionó, en 2012, el terminal y descubrió que el sistema hidráulico automático contra incendios no operaba en su totalidad, así como el sistema de rociadores de agua para enfriamiento de los tanques y el anillo de rociadores en varios tanques estaba incompleto. “Debemos informar que las fallas de este sistema representan un grave riesgo para la operación en la terminal al no contar con Sistema de protección contra incendios que funcione de manera óptima y que pueda prevenir o controlar de manera inmediata algún posible siniestro”, dijeron los bomberos.
En 2015, la Secretaría Técnica de Transparencia, confirmó otra denuncia de Calero, al concluir que en 2010 hubo irregularidades en la contratación de personal en el terminal Pascuales, al contratar personas que no cumplían con los requisitos para acceder a las vacantes, “en Petroecuador EP se habrían omitido las formalidades legales necesarias para cubrir vacantes en sus diferentes cargos, sin considerar estudios previos y perfiles requeridos (…) generando en ambos casos un gasto alto para pago de nómina que contiene en gran medida un personal poco apto en el desempeño de las funciones”. “Se ha podido corroborar varios casos de contrataciones irregulares, lo que, a su vez, haría presumir un deficiente proceso de reclutamiento y selección personal; y un posible encubrimiento o negligencia manifiesta de hechos no transparentes en la administración de talento humano de EP Petroecuador, susceptible de responsabilidad administrativa y de ser el caso, penal por un delito contra la administración pública”, señala el informe.
En 2012, Luis Calero y Francisco Flores pusieron la denuncia en la Fiscalía General del Estado, el caso recayó en manos del fiscal de delitos contra la administración pública, Enry Bazurto. El denunciante indica que, en su momento, el fiscal le dijo que “no ve ningún delito”, dos años después, la fiscal Ana Ramos asumió el caso; ella encontró tres delitos (asociación ilícita, enriquecimiento privado injustificado y tráfico de influencias), e identificó a seis sospechosos, “todos obreros, pero a ninguna autoridad de cargos altos”, dice Calero.

Bazurto volvió al caso, en diciembre de 2017 y solicitó el archivo definitivo de la denuncia en agosto de 2018, alegando que no existe un informe con indicios de responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado en contra de los acusados.
Calero asegura que Bazurto lo amenazó, me dijo que “nosotros somos unos hombres que le estamos haciendo daño a Petroecuador porque, según él, no ve ningún delito, que ellos son inocentes, que me vaya buscando dinero para pagarle los daños y perjuicios porque yo estoy atentando contra la honra de ellos, que me va a calificar de maliciosa y temeraria la denuncia”.  El pide archivo definitivo sobre dos temas en particular, cuando el tema de mi denuncia abarca alrededor de 10 ítems, de los otros ocho ítems él no dice nada, por ejemplo, él, hace dos años y medio, debió haber sabido que Marzán (empresa de Mariano Zambrano, destituido del cargo de prefecto de Manabí por irregularidades durante su gestión) no podía contratar con Petroecuador, sin embargo, yo le demuestro que el buque Farallón y Amazonas son de Zambrano y han traído productos para Petroecuador”.
En septiembre de 2018, Calero y Flores presentaron un impulso procesal para evitar el archivo de la denuncia y pedir el cambio de fiscal. El caso recayó en manos de la jueza Ruth Quevedo.
*Este medio hizo un pedido formal de información a Petroecuador sobre la calidad de los combustibles en los últimos 10 años. Hasta el momento no hemos recibido respuesta.
 

Buscar la paz con el ELN ha sido perder el tiempo

Por Gonzalo Guillén*
Foto del 4 de septiembre de 2017 cuando el jefe negociador del Gobierno de Colombia, Juan Camilo Restrepo (izquierda) y el jefe negociador del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Pablo Beltrán (derecha),  en el Salón Los Próceres de la Cancillería ecuatoriana, en Quito, anunciaron la firma por parte del gobierno de Colombia y del ELN  de un acuerdo de cese al fuego bilateral  a partir del 1 de octubre. Foto: AFP
Después de la reciente desaparición de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, ahora el Ejército de Liberación Nacional, ELN, es, en tamaño, la primera –y única– guerrilla del país. Se trata de un grupo clandestino armado y preparado para la guerra, brutal y marginal. La personalidad de sus miembros está limitada por un mazacote de creencias secretistas de marxismo ciego, cristianismo obcecado y fervor sangriento e insaciable.
Sus militantes, calculados en 1.500, van a la muerte con la obediencia y la misma inspiración suicida con las que en noviembre de 1978 se quitaron la vida simultáneamente 918 personas en Jonestown, Guyana (limítrofe con Venezuela), bebiendo veneno preparado en una olla comunal que durante el culto les repartió el pastor evangélico estadounidense Jim Jones, de El Templo del Pueblo. El reverendo sucumbió de último para correr alcanzar a los demás en el camino al Cielo.
Suicidio colectivo de 918 personas en Jonestown, Guyana en 1978.
Jim Jones reclutaba incautos para que lo acompañaran a luchar con ardor por la justicia y a construir un mundo mejor. Fundó El Templo del Pueblo en Indianápolis (Indiana), lo trasladó a San Francisco (California) con su congregación de fieles completa y, por último, condujo a todos hasta la amazónica y primitiva Guyana. Llegó con cerca de 900 personas y construyó con palma y tablones una ciudadela entre la selva húmeda y abrasadora que desde el comienzo fue un "paraíso socialista" en el que reinó la idea de la igualdad económica y racial absoluta. Los creyentes trabajaban la tierra en granjas que les proveían los alimentos y, de cuando en cuando, asistían a liturgias nocturnas que el reverendo denominó "noches blancas", en las que las plegarias se mezclaban con maldiciones contra los "traidores cerdos capitalistas" y en algunas oportunidades simulaban suicidios preparatorios con cianuro de potasio. Entre las grandes metas de la hermandad que después de un tiempo fueron trazadas estaba la de huir a la Unión Soviética o quedarse en Guyana para cometer un "suicidio revolucionario". La fe, el valor, el espíritu de sacrificio, la convicción y la obediencia (como en el ELN), llevaron a que el 18 de noviembre de 1975 el rebaño entero comenzara a ingerir buches de cianuro mientras el pastor Jones gritaba en estado de trance sincero: "Acabemos con esto ya, acabemos con esta agonía". Para resolver la disyuntiva revolucionaria universal de "vencer o morir", optaron, voluntariamente, por la segunda.
En el ELN se obedece con la abnegación y la disciplina del rebaño de Jones y quienes han intentado alegar razones propias sobre la doctrina originaria han sido fusilados. Porque la venerable enseñanza revolucionaria no se discute, sino que se defiende en cualquier tipo de confrontación y se acata conforme a la voluntad inmodificable de los padres fundadores, entre quienes subsiste, por encima de todos, el carismático sacerdote católico Camilo Torres Restrepo, aristócrata bogotano que murió en 1963, a la edad de 34 años, durante el primer combate al que fue mientras trataba de accionar un revólver oxidado y de mantener encendida su pipa de embocadura de plata pura, cargada con picadura de manzana.
Mural recordatorio del Cura Pérez.
En 1973, tras una purga tan doctrinaria como sangrienta, ascendió a la directiva central un sacerdote católico español, célebre por sus satisfacciones sexuales viciosas, llamado Gregorio Manuel Pérez Martínez, quien adoptó el nombre de guerra de "Poliarco" y en 1980 se coronó como sumo pontífice de aquella secta insurgente cristiano-castrista-marxista. Había Nacido en Alfamén, en el Campo de Carimeña (Zaragoza), en 1943. Fue ordenado en Roma por el Papa Pablo VI y se vinculó a la Obra de Cooperación Sacerdotal Hispano-Americana (OCSHA) que lo trajo a Colombia, acompañado de otros dos curas españoles desaforados y aventureros: Domingo Laín y José Antonio Jiménez. Los tres se incorporaron con la fe del carbonero a la lucha a muerte, pero redentora, del ELN. Optaron por tratar de redimir al mundo mediante la construcción de un paraíso forjado con homicidios ejemplarizantes, adoctrinamiento forzado, secuestros extorsivos, justicia social y saqueos sistemáticos. Como en Las Cruzadas cristianas, no dejaron de decapitar sin miramientos a los contradictores declarados de su fe o a quienes dieran trazas de llegar a serlo. Obraban como iluminados por los rayos misteriosos de Carlos Marx, Fidel Castro y Jesucristo; sus armas eran utilizadas en nombre del pueblo, al que debían redimir o masacrar si se oponía a recibir el beneficio que, como los tres Reyes Magos, vinieron a darnos, siguiendo la luz de la estrella de la revolución cubana. Asaltaban bancos para repartirse el dinero entre ellos mismos y algo entre el pueblo. Azotaron al país con una racha eterna de secuestros de personas a las que dejan en la ruina para poder comprar su libertad personal. Llegaron alguna vez al extremo de comprarles secuestrados a la Policía y a otras bandas criminales en vista de que sus propias fuerzas armadas no daban abasto.

El ELN ha cometido masacres y crímenes atroces sin cesar. El que más me conmueve a mí es la masacre en la población de Machuca (Antioquia), en octubre de 1989, donde, en nombre de sus dioses y de la salvación del mundo que les fue encomendada por ellos, dinamitaron el oleoducto que pasa por un lado del caserío.  El flujo de combustible que corría por dentro se incendió al salir a borbotones y las llamaradas devoraron las 46 casas y a los 84 humildes campesinos del poblado que las habitaban. La mitad de los muertos fueron niños.
Nicolás Rodríguez Bautista alias Gabino. Foto: ELN Ranpal
Hoy, el jefe supremo es Nicolás Rodríguez Bautista, "Gabino", de 68 años de edad, de los cuales lleva 54 en la militancia, pues llegó siendo un niño de 14. En 1983 preparó el “Primer Congreso Héroes y Mártires de Anorí”, en el que fue ascendido a la jefatura militar de la organización y segundo al mando, después del cura Pérez. Anorí es el nombre de la población del departamento de Antioquia en la que la V Brigada del Ejército cercó al ELN entre el 7 y el 18 de octubre de 1973 y dio un parte de victoria anunciando la derrota total de esa guerrilla. Fue una acción militar aplaudida en todo el continente, en la que el coronel Hernán Hurtado Vallejo desplegó una brillante maniobra táctico-estratégica con las primeras tropas contraguerrilleras propiamente dichas que tuvo Colombia. Fueron abatidos 80 guerrilleros, entre ellos los jefes Manuel y Antonio Vásquez Castaño, y 50 insurgentes fueron detenidos. Pero, a la postre, no fue el fin del ELN sino que los sobrevivientes se reagruparon con la categoría de héroes y volvieron a sus andadas.
La canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa reafirmó su apoyo a la comisión de paz colombiana en el proceso de diálogo. Foto: cancilleria.gob.ec
Las células del ELN hoy operan en cerca de la mitad de Colombia y una zona de Venezuela, donde prestan servicios sicariales a la “revolución bolivariana” y les dan mantenimiento y protección a las rutas de tráfico de cocaína del Cartel de los Soles, regido por altos dignatarios y encumbrados generales del régimen de Nicolás Maduro. Ha ofrecido la paz de manera recurrente y los últimos gobiernos de Colombia se han sentado con sus voceros en múltiples mesas de negociación que invariablemente terminaron convertidas en diálogos de sordos. Durante las negociaciones recientes que culminaron felizmente en La Habana con las FARC hubo un nuevo intento fallido por incluir al ELN en los acuerdos finales. No obstante, el mesianismo, el fundamentalismo y la fe ciega en su alucinada revolucionaria cristiano-castrista, lo dejaron rezagado de la historia. Empero, sus eficaces células criminales continúan activas, propinando golpes certeros en los que asesinan cantidades asombrosas de militares y policías.

Las posibilidades de hacer la paz con el ELN por la vía del diálogo quedaron por fuera de los mecanismos y del tiempo que le concedió a la paz el recién salido presidente Juan Manuel Santos. No quedó otro camino que la guerra a muerte, pero en circunstancias que van a ser más feroces para esta organización, perdida en los meandros de la locura y el fanatismo, puesto que ahora el poder de fuego del estado se ha centrado en ella. Con el agravante de que el presidente actual, Iván Duque, es el coime mudo, sumiso y rendido que cuida del garito del belicoso y enardecido líder de la extrema derecha, Álvaro Uribe, cuya fascinación con la muerte y el lucro fácil que deja la sangre de la guerra son idénticos a los del ELN.

El ELN sabe lo que le espera. Pero lo desea porque es con el fuego y la muerte en la guerra que se desarrolla su vocación para resistir hasta el día imaginado en que llegarán la redención nacional completa y la felicidad revolucionaria definitiva. Se hacen matar por alcanzar el paraíso de sus anhelos, como el Estado Islámico, que recluta y aliena niños para convertirlos en asesinos sagrados de Alá, misioneros de la revolución, a quienes sus propios padres entregan para que sirvan a la causa y preferiblemente mueran en ella.
Cuando sus almas lleguen al cielo, Dios, Marx y Fidel Castro los recibirán. Les reconocerán su sacrificio a los mártires del ELN, quienes entrarán, por fin, a la eternidad. En ese momento, de acuerdo con los cálculos de ellos mismos, Colombia estará entregada a honrar su memoria con ceremonias y estatuas y monumentos en todas las plazas y parques del país.
Hasta entonces, para ellos no hay sino una de dos: “vencer o morir”.

Gonzalo Guillén* Ha sido distinguido con varios premios entre ellos el de la Asociación de Editores de Periódicos del Estado de Florida, Usa y el Premio Internacional de Periodismo Rey de España. Su trabajo le permtió conocer a la región el caso de "Los falsos positivos" en el gobierno de Álvaro Uribe. Fue editor general de diario El Universo en Guayaquil.

Fiscalía investiga la fiesta correísta en la administración y venta de empresa incautada Minga


La administración estatal de las empresas que tan pomposamente el Gobierno de Rafael Correa incautó, bajo el discurso de lucha contra la corrupción de los banqueros beneficiados por el salvataje bancario, no estuvo exenta de irregularidades durante la revolución ciudadana.
Otra investigación por peculado enfrenta Pedro Delgado, primo de Correa, por sus actuaciones cuando presidió la Junta del Fideicomiso AGD-CFN No más Impunidad. En esta trama no está solo. La Fiscalía investiga también a Camilo Samán Salem, ex presidente de la Corporación Financiera Nacional (CFN) y ex miembro de la Junta del mencionado Fideicomiso, así como al Gral.  en servicio pasivo de la FAE, Alonso Espinoza Romero y su ex esposa Dalila Vargas.
El caso ha estado en manos de la Fiscalía desde hace tres años. Es decir, en todo este tiempo no se decidió ni archivar el caso ni formular cargos a ninguno de los investigados.
Hasta el momento, la investigación previa se realiza a las presuntas irregularidades en la valoración y venta de la empresa Minga S.A., que fue propiedad del Fideicomiso Mercantil AGD-CFN No más impunidad, tras su incautación.
El caso se origina en un examen especial de la Contraloría General del Estado (N° DAAC-0300-2015), remitido al entonces fiscal general, Galo Chiriboga, el 17 de diciembre de 2015.
Al momento, la agente Fiscal Jéssica Córdova, de la Unidad de Flagrancia, está a cargo de la investigación de este tema en el que la Contraloría ya determinó Indicios de Responsabilidad Penal (IRP), al identificar desde irregularidades en la contratación de los administradores no solo de Minga sino además de Pacific Oil S.A. y Siano S.A (también compañías incautadas), hasta omisiones en sus procesos de venta, como deudas que mantenían con el Estado.

Informe de Indicios de Responsabilidad Penal N° DAAC-0300-2015- del Examen Especial a la Administración de compañías Minga S.A. y Pacific Oil S.A. y a los procesos de valoración y venta de acciones de las empresas Minga S.A., Pacific Oil S.A. y Siano S.A.

Anexo al informe de Contraloria No DAAC-0300-2015, contiene la documentación de sustento que permitió emitir la responsabilidad penal en el venta de la empresa incautada
La Contraloría determinó que Delgado, quien hasta hace 6 años fuera defendido por Correa, cuando ya se lo relacionaba con otros actos reñidos con la ley, aprobó junto a Samán, el 7 de noviembre de 2011, de manera ilegal la entrega de la administración de Minga S.A. a la empresa Danielcom Equipment & Supply S.A., representada por Dalila Vargas Guerra.
Minga es una empresa de servicicios petroleros que empezó a operar en 1977, construye plataformas para pozos, centrales de procesamiento y otras facilidades. Foto: Minga
Tal autorización se tomó sobre la base de un informe elaborado por el cuñado de Delgado: Francisco Endara Clavijo, entonces Coordinador General de la Secretaria Técnica del Fideicomiso AGD – CFN.
Endara junto a Delgado ya fueron sentenciados en 2014 a ocho años de reclusión por peculado bancario en el caso Cofiec, en el cual se benefició al ciudadano argentino, Gastón Duzac, con un crédito concedido de manera ilícita por $800.000. En enero de 2017 la Corte Nacional de Justicia ratificó esta sentencia, en casación, para Delgado, Endara y tres personas más. Ya en este caso apareció involucrada Minga por la concesión ilegal de créditos vinculados por parte de Cofiec a favor de empresas administradas por el Fideicomiso AGD-CFN No más Impunidad. Se determinó que esos créditos vulneraron la Ley general de instituciones del sistema financiero, en su título IX, Capitulo III.
Delgado, quien falsificó su título de economista, viajó a Miami en diciembre de 2012 al matrimonio de su hijo y no volvió. Este 8 de enero, en otro proceso penal en su contra, fue condenado a 5 años de prisión por enriquecimiento ilícito.
De regreso a las actuaciones oficiales sobre Minga S.A. y Danielcom, el informe favorable que emitió Endara en relación a la entrega de la administración de Minga se dio tras una propuesta que presentó la gerente de Danielcom Equipment & Supply S.A., Dalila Vargas, sin que exista ninguna convocatoria. Además Danielcom, a través de Vargas, conoció los detalles de la valoración y el proceso de venta de Minga S.A., antes de la publicación por la prensa del concurso de ofertas. Y con esta información privilegiada accedió a un crédito de la CFN para comprar Minga.

Vargas, ex esposa del Gral. Alonso Espinoza Romero, ex comandante de operaciones y defensa de la FAE, aparece también en un Informe del Banco Central del Ecuador (BCE) y del Ministerio de Relaciones Laborales (sobre el cumplimiento de tareas oficiales en el exterior) presentado por Pedro Delgado, cuando fue presidente del BCE, como parte de la comitiva gubernamental que viajó a Irán el 14 de febrero de 2012. Vargas ha negado su participación en este viaje, pero aceptó ante la prensa nacional que su hijo Alonso Espinoza Vargas y su esposo, Francisco Avilés, sí participaron. Ellos han dicho que fueron a Irán a buscar financiamiento o alianzas para fortalecer la situación financiera de Minga, lo cual nunca se consiguió.
Estas decisiones irregulares en torno a Minga y otras incautadas es una de las muchas papas calientes que la Fiscalía mantiene en sus manos. Expertos penalistas explican que si bien, judicialmente el peculado es un delito que no prescribe, por lo que una investigación previa puede durar más de dos años, desde el ámbito administrativo es una omisión y una falta grave de la Fiscalía no haber despachado este caso, peor aún al tratarse de peculado.
Pedro Delgado fue pilar fundamental de Rafael Correa en los negocios del Fideicomiso AGD No mas impunidad. La Fiscalía General del Estado en manos de Galo Chiriboga se encargó de anular cualquier investigación de los primos Correa-Delgado
Camilo Saman salió de la esfera pública luego de su gestión en la Corporación Financiera Nacional.
Cómo se tejió esta maraña?

En el 2008 la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), con Carlos Bravo a la cabeza, organizó y ejecutó procesos generales de incautación a las empresas del grupo Isaías, así como también a empresas que las autoridades consideraron vinculadas al extinto Banco de Préstamos.
Sobre este segundo grupo, el 27 de agosto de 2008 la AGD (mediante Resolución AGD-GG-2008-43), dispuso la incautación de todos los bienes que sean de público conocimiento de propiedad de los ex administradores y/o ex accionistas de Banco de Préstamos, en la cual se incluyó a Minga S.A., Pacific Oil S.A. y Siano S.A; para que sus recursos sean transferidos a un fideicomiso en garantía hasta que se pruebe su real propiedad. Mientras tanto estableció que dichas empresas sean administradas por el presidente ejecutivo de Petroecuador.
Entonces se delegó al contralmirante Luis Jaramillo Arias, como primer administrador de Minga ya que él presidía la petrolera estatal. Minga contaba con más 30 años de experiencia en la representación de fabricantes nacionales y extranjeros de equipos petroleros, así como en servicios de mantenimiento y operación de maquinaria para ese sector.
La AGD (mediante Resolución AGD-UIO-GG-2009-018) el 3 de febrero de 2009, declaró que la compañía Minga S.A. era de propiedad de los accionistas del Banco de Prestamos y resolvió que la totalidad del paquete accionario pasara a la AGD. El 18 de marzo y el 20 de agosto de 2009 (con resoluciones AGD-UIO-GG-2009-029 y AGD-UIO-GG-2009-90) respectivamente, se resolvió lo mismo en relación a Pacific Oil S.A. y a Siano S.A.

En el caso de Minga, desde el 19 de mayo de 2009, fecha en que sus acciones pasaron al Fideicomiso Mercantil AGD-CFN No Más Impunidad, hasta el 2011, la compañía estuvo administrada por varios gerentes nombrados por la Junta del Fideicomiso, función cumplida únicamente con el nombramiento respectivo.
Pero luego, este modus operandi cambió. Tras una denuncia presentada el 26 de diciembre de 2013, en la Contraloría, en la Presidencia de la República, Superintendencia de Bancos y Fiscalía General, por parte de familiares del ex accionista del Banco de Préstamos ya liquidado, el organismo de control investigó (entre el 19 de marzo de 2009 y el 31 de julio  de  2014) los antecedentes que permitieron a Danielcom hacerse cargo de la administración de Minga y sus procesos de valoración y venta.
En su informe, la Contraloría detalló cómo Danielcom, sin que exista una invitación a presentar ofertas o algún otro antecedente formal de que se requería contratar servicios de administración para Minga, el 20 de septiembre de 2011, dirigió un oficio a Francisco Endara, entonces coordinador de la Secretaria Técnica del Fideicomiso AGD-CFN, con una propuesta para operar Minga S.A., Pacific Oil S.A., Inmopetrosa S.A. y Servicios Technicos Petroleros del Ecuador NV.  
Ya desde esta propuesta para asumir la administración de Minga, Dalila Vargas, gerente de Danielcom, planteó a Endara que se le dé la primera opción de compra de Minga. Es decir, aún no se hacía cargo del manejo de la empresa incautada y ya quería un trato preferencial para el proceso de compra.
Luego, a partir de varias reuniones entre los ejecutivos de Danielcom y personal del Fideicomiso AGD-CFN, el 11 de octubre de 2011 aquella empresa presentó una segunda propuesta en la que incluso sugirió acciones a cumplir para ejecutar el contrato de administración. “Y el Coordinador de la Secretaría Técnica del Fideicomiso AGD – CFN (STF), el 28 de octubre de 2011, solicitó la aprobación de la propuesta de Danielcom para la administración y operación de Minga S.A. y Pacific Oil S.A., en base a los análisis financiero y legal realizados”.
Por lo tanto, la Contraloría observó que “existieron reuniones con los ejecutivos de Danielcom, sin que de esto exista evidencia documental de los puntos a tratarse, previo a la firma del contrato de prestación de servicios de administración de Minga S.A. y Pacific Oil S.A.”
En menos de un mes de estas conversaciones la Junta del Fideicomiso ordenó a la CFN, (fiduciaria que manejaba las empresas) que contrate los servicios de administración de Danielcom.
Por todo esto, la Contraloría estableció que “los miembros  de la Junta, con votos a favor de Pedro Miguel Delgado Campaña y Juan Camilo Samán Salem, y voto en contra de Carlos Arsenio Larco Velasteguí, mediante resolución de Junta Virtual 74.08-01 del 7 de noviembre de 2011, aprobaron e instruyeron a la Fiduciaria (CFN), celebrar un "Contrato de Prestación de Administración y Operación" por parte de Danielcom de las empresas MINGA S.A. y PACIFIC OIL S.A., en base al informe realizado por el Coordinador General de la Secretaría Técnica del Fideicomiso, Jaime Francisco Endara Clavijo, respecto de la propuesta de la empresa administradora, sin previo requerimiento o convocatoria del Fideicomiso”.
Es así que el 1 de diciembre de 2011, José Gabriel Apolo, apoderado del Gerente de la CFN, y Dalila Vargas, gerente de Danielcom, firmaron el mencionado contrato con un plazo de 7 años y un valor correspondiente al 25% de las utilidades anuales para Danielcom, garantizándole además la primera opción de compra. Pese a que el Gral (p) Alonso Espinoza en una entrevista concedida al portal La Fuente (28 de agosto de 2018) niega que haya existido una primera y preferente opción de compra para Danielcom, esto sí consta en la cláusula séptima: “DANIELCOM EQUIPMENT SUPPLY S.A. por efecto de este contrato tendrá el derecho a la primera opción para adquirir a la COMPAÑÍA ADMINISTRADA, bajo, el esquema legal correspondiente (venta de activos y pasivos o cesión del cien por ciento de las acciones)…”

Un detalle en este capítulo del manejo oficial de las empresas incautadas, y que no consta en el informe de Contraloría, es que a diciembre de 2011, la principal accionista de Danielcom era la compañía Almara Corp. S.A., con el 71,29 %. El Gral. Alonso Espinoza Romero tenía el 25% del paquete accionario de Almara Corp. y en ese entonces aún se encontraba en servicio activo, es decir era un funcionario público. Pasó al servicio pasivo desde el 12 de octubre de 2012.
Lo que sí determinó la Contraloría es que todo este proceso no cumplió con las modalidades de negociación establecidas en el Reglamento para la Negociación de Bienes de las instituciones del Sistema Financiero sometidas al Control de AGD o de su propiedad.
También en la fase de valoración de Minga, para su posterior venta, se registraron anomalías, según el IRP de la Contraloría. El 20 de agosto de 2013 la Junta de Fideicomiso resolvió contratar a la firma Peritajes, Avalúos e Ingeniería (Pavaing S.A.) para la valoración de los paquetes accionarios de 24 empresas incautadas. Ese mismo día la CFN y Pavaing firmaron un contrato por $10.750, con un plazo de 20, días para que la avaluadora actualice el valor comercial de Minga.
Un primer elemento que llamó la atención fue que el informe de valoración tiene fecha 17 de agosto de 2013, es decir, estuvo listo 3 días antes de la firma del contrato. Otra inconsistencia: el asesor administrativo de la Secretaría Técnica presentó su informe sobre el trabajo de Pavaing a la Junta del Fideicomiso el 16 de agosto de 2013, cuatro días antes de la firma del contrato, documento en el que además ya se recomienda que para la negociación de Minga se utilice la valoración de $882.853,34. Ósea antes de firmar con la avaluadora ya estaba decidido el valor base para la venta.
En el avalúo se expusieron tres metodologías de trabajo:
Dentro de la valoración por patrimonio se presentó el sistema de valoración en libros (resultado de dividir el valor del patrimonio para el número de acciones), por el cual se determinó la cifra de $882.853,34, mientras que por el sistema de valor patrimonial ajustado, el avalúo fue de $1’312.073,52.
Sobre la valoración de mercado Pavaing indicó que no había una empresa de similares condiciones a las de Minga y que por eso no se emitía una proyección en ese sentido. Y por el método de flujos descontados (flujos de dinero que se puedan generar en el futuro) se presentaron tres escenarios. El optimista estimó un valor de $1’045.676,88; el normal, $123.021,13 y el pesimista, – $1’179.139,35.
La Contraloría resaltó las significativas variaciones de los resultados con el método de flujos descontados, como por ejemplo la diferencia entre el escenario optimista y el escenario normal que fue de $922 655,75.
El 5 septiembre de 2013, la Junta del Fideicomiso aprobó las valoraciones hechas por Pavaing a más de una veintena de empresas incautadas, entre ellas Minga:
El órgano de control recalcó que en el valor utilizado como precio base para el proceso de venta de Minga no se consideró que se trataba de una empresa activa, con operaciones y negocio en marcha; únicamente se valoró sus bienes y obligaciones.
El mismo día (5 de septiembre de 2013), la Junta del Fideicomiso (con resolución JV 135.01.02) ordenó al Comité de Subastas llamar a concurso de ofertas en sobre cerrado para la venta de Minga.
La convocatoria por la prensa se hizo el 7 de octubre del 2013 y el 15 de ese mismo mes se receptó la única oferta participante en el concurso: la de Danielcom.
La Contraloría reveló que Danielcom, que hasta entonces administraba Minga, conoció de los procesos de valoración y venta de la incautada, a través de su representante legal, Dalila Vargas, antes de la publicación del concurso público, lo que se evidenció en una comunicación del 9 de septiembre de 2013, remitida a la CFN, en la cual Vargas solicitó la venta del Certificado de Pasivo Garantizado (CPG) para con ello poder adquirir el 100% del paquete accionario de Minga S.A. Es decir, 28 días antes de la publicación del llamado al concurso.
Danielcom recibió un crédito de la CFN por $706.282,67 en CPG, que junto a $188.717,33 que pagó con cheques certificados completó $895.000 con los que adquirió Minga. El Gral (p) Alonso Espinoza Romero, en calidad de presidente de Danielcom, en noviembre de 2013, dirigió un comunicado al Comité de Subastas para dejar constancia de los pagos de la cifra mencionada.
El 4 de noviembre de 2013 Minga pasó a ser propiedad de Danielcom, pese a que esta compañía al haber sido su administradora estaba prohibida de participar en el concurso, pues la junta del fideicomiso AGD expidió una norma que impedía a personas naturales o jurídicas relacionadas con Minga acceder a su propiedad.
Este no era el único impedimento que tenía Danielcom. El 14 de octubre de 2013, un día antes del remate, el entonces Superintendente de Bancos, Pedro Solines pidió (con oficio No.SBS-2013-733) a Katia Torres, representante legal del Fideicomiso AGD-CFN, suspender el concurso de ofertas. Sus argumentos fueron los reiterados pronunciamientos de esa Superintendencia sobre la no vinculación de María Fernanda y Paulina Peñafiel al extinto Banco de Préstamos y que eso debía ser considerado en cualquier acción que tomara el Fideicomiso. Además señaló que debía revisarse la valuación de los paquetes accionarios y de los bienes para no perjudicar al Estado ni a terceros.
Once años atrás, también el ex Superintendente de Bancos, Miguel Dávila se había pronunciado por la desvinculación de Minga S.A. del Banco de Préstamos.
Ninguno de estos antecedentes se tomó en cuenta y tampoco han sido mencionados en los informes de Contraloría. Lo que este organismo evidenció fue que la vigencia de la publicación del concurso para la venta no solo de Minga, sino también de Pacific Oil y Siano, tuvo un plazo de 8 días calendario, es decir, la mitad del tiempo establecido en la norma, por lo que la Contraloría determinó que con ello se limitó la posibilidad de participación de otros posibles oferentes.
COFIEC dio un crédito a Minga que no fue pagado por Danielcom
Cuando Minga S.A. aún era administrada por el Fideicomiso AGD-CFN adquirió una deuda que no se tomó en cuenta al momento de vender la empresa a Danielcom, generando con ello un perjuicio al Estado. Esta irregularidad fue ya identificada por la Contraloría mediante su examen DAAC-0302-2015, cuyo informe sirvió de base para el informe (DAAC-0300-2015) con Indicios de Responsabilidad Penal (IRP).
El 6 de abril de 2011 la gerencia de Minga S.A. firmó un pagaré a la orden del Fideicomiso AGD-CFN por $300.000 con un plazo de 180 días y una tasa de interés fija de 8,65%.
En la contabilidad de Minga S.A. se registró el préstamo, en la cuenta por pagar banco COFIEC, de propiedad del Fideicomiso AGD-CFN, mediante comprobante de ingreso (#0001915) de 14 de abril de 2011.
Luego, con comprobante de Diario (#0025225) de 31 de julio de 2011, la contadora de Minga S.A. reclasificó el registro del crédito a la cuenta “Otras Cuentas por Pagar”, con detalle: “Préstamo otorgado por la STF” (Secretaría Técnica del Fideicomiso).
La deuda de $300 mil fue adquirida por la falta de recursos de Minga para cumplir sus obligaciones contractuales. Este detalle hay que tomar en cuenta más adelante porque explicará otros cuestionamientos de la Contraloría a la forma en que la administración de Minga (cuando estuvo en manos de Petroecuador) manejó un contrato de importación de equipos petroleros, sin tener recursos suficientes para asumir esa responsabilidad.
Volviendo a la deuda, cuando se firmó el contrato de venta del 100% de acciones de Minga (4 de noviembre de 2013), entre la CFN y el representante de Danielcom, no se consideró la liquidación de los $300 mil, como una de las obligaciones de la empresa con el Fideicomiso AGD-CFN.

Cuando la Contraloría comunicó los resultados provisionales de su examen (DAAC-0302-2015) a varias ex autoridades del Fideicomiso AGD-CFN, así como al ex gerente de Minga y a Dalila Vargas, gerente de Danielcom, esta última contestó (con oficio No. DES15-002 de 16 de enero de 2015) que “como accionista del 100% del paquete accionario de Minga S.A., reconocen los 300 000,00 USD como capital adeudado, los valores que constan en los estados financieros como provisiones por intereses de dicho documento al momento de adquisición, e intereses desde el 4 de noviembre de 2013”.
No obstante, a los 13 días de esta respuesta, la gerencia de Danielcom deslindó responsabilidades en el tema y le dijo a la Contraloría “que se debe aclarar que los valores registrados en los estados financieros de MINGA S.A. por concepto de capital e intereses adeudados al momento de su adquisición, reflejaron los valores correspondientes, sin embargo de lo cual, el Fideicomiso no consideró el mecanismo legal mediante el cual se procedería a su cancelación o compensación”.
Debido a esto el organismo de control (en su informe DAAC-0302-2015) estableció que dos funcionarios (gerentes de Negocios Fiduciarios y de Titularización) de la CFN, que es la administradora y representante legal del Fideicomiso  AGD- CFN, incumplieron al menos cinco leyes al no considerar la deuda: el artículo 103 de la Ley de Mercado de Valores, la cláusula cuarta del contrato del Fideicomiso Mercantil, el artículo 22 (literal e y h) de la Ley de Servicio Público y el artículo 77, (numeral 2, literal a) de la Ley de la Contraloría.
Llama la atención que este tema no se menciona en el informe con Indicios de Responsabilidad Penal DAAC-0300-2015 de la Contraloría.
Minga posee laboratoriosde calibración de los equipos de perforación y variedad de motores que la usa la industria petrolera
Petroecuador fue observada por manejo de contratos de importación de equipos firmados con Minga
Antes de que algunas empresas incautadas pasen a la empresa privada también se tejieron otras enredadas maniobras desde la administración estatal. En el caso de Minga dos contratos por $6,24 millones que impulsó Petroecuador fueron observados por la Contraloría por problemas en su manejo que no se habrían superado con la nueva administración de Danielcom.
Luego de que la AGD incautó todos los bienes de los supuestos ex administradores y/o ex accionistas del Banco de Préstamos (27 de agosto de 2008), en la cual se incluyó Pacific Oil S.A., Minga S.A. y Siano S.A., estas compañías fueron administradas por el presidente de Petroecuador.
La Contraloría sí analizó estos contratos en su examen DAAC-0302-2015, pero es otro tema que no se mencionó en su posterior informe con Indicios de Responsabilidad Penal (DAAC-0300-2015).
El 30 de noviembre de 2009 Petroproducción y Minga (manejada por Luis Jaramillo, como  presidente de Petroecuador) firmaron el contrato No. 2009082 y luego, el 8 de enero de 2010,   el contrato modificatorio No. 201002 para el servicio de compra, montaje y puesta en operación de 3 unidades automáticas de medición de petróleo para las estaciones Auca, Sacha y Shushufindi, por $6´241 805,83.
Entre los documentos de la contratación hay una Letra de Crédito (formulario #3) por $4,49 millones que incluyó como beneficiario a la compañía Minga Equipment & Supply Company Co., Inc., (Mesco), domiciliada en Houston y que a su vez, fue accionista de Minga S.A. (Ecuador), hasta el 13 de diciembre de 2007, es decir antes de su incautación.
El contrato modificatorio estableció el valor de $4,49 millones por provisión de equipos y $1,56 millones + IVA por servicios. Pero Minga S.A. facturó solo $1,37 millones + IVA por servicios, pues lo correspondiente a provisión de equipos se realizó directamente a través de la intermediaria Mesco Inc. (ex accionista de Minga), la cual a su vez se encargó de adquirirlos a la firma FMC Technologies.
Minga tuvo problemas en la ejecución contratactual que derivaron en discrepancias con la petrolera estatal. La Contraloría determinó que Petroproducción contrató con Minga (manejada por el presidente de Petroecuador) pese a que la empresa incautada no tenía la solvencia económica y financiera que le permita enfrentar el negocio para el cual se le había contratado.
Según lo expuesto a la Contraloría por la Gerencia de Minga S.A. (con oficio GG-AE-2014-055 de 19 de noviembre de 2014), la empresa fue notificada por Petroproducción con multas debido a retrasos en la entregarecepción de los equipos, por lo que los estados financieros de Minga reflejaban al 31 de diciembre de 2013, una provisión (fondos para cubrir potenciales obligaciones o pérdidas) de $224.560,66 por dicho concepto.

Pero en el contrato de venta de acciones de Minga a Danielcom, no se consideró esas provisiones, pese a que cuando se hizo la valoración de su paquete accionario (31 de julio de 2013), las provisiones ya sumaban $204.905,46.
Tampoco se tomó en cuenta que estaba pendiente un proceso de mediación con la Procuraduría del Estado, solicitado el 5 de diciembre de 2012, por la gerente de Minga S.A., Dalila Vargas, quien consideraba como ilegal el cobro ilegal de multas.
Luego de la lectura final de resultados de este informe de la Contraloría, Vargas (el 29 de enero de 2015) manifestó que el contrato de cesión de acciones hacia su compañía incluyó todos los activos y pasivos reportados en la valoración, “por lo que, el Estado mal podría hoy tratar de recuperar un valor cuya expectativa es incierta y que depende de la efectividad de las gestiones que realice la actual administración…”
Al no considerar en la venta de acciones que había una mediación en trámite, la Contraloría determinó que la CFN incumplió la Ley de Mercado de Valores, la cláusula tercera del contrato del Fideicomiso Mercantil, el Reglamento de conformación y seguimiento de la Secretaría Técnica del Fideicomiso, la Ley de Servicio Público y la Ley de la Contraloría.
El equipo de control estableció además que tanto el contrato principal como el modificatorio con Petroproducción no fueron liquidados ni se firmaron las actas de entrega-recepción y otros documentos de finiquito. Ratificó su criterio de que las multas corresponden al período en el cual Minga fue propiedad del Fideicomiso Mercantil AGD y los pasivos registrados disminuyeron su patrimonio.
Para el 24 de febrero de 2015 las partes firmaron un acta de imposibilidad de llegar a un acuerdo. La mediación se dio por terminada, por lo que se desconoce cómo se hizo el finiquito del contrato y si se restituyó la deuda.
El organismo de control también estableció que no hubo evidencia de que la declaratoria de emergencia que hizo el vicepresidente de Petroproducción para justificar el contrato, mediante la figura de contratación directa, se basó en una situación motivada por peligros inminentes, daños o catástrofes en la empresa estatal.
Otro hallazgo del equipo auditor fue que Danielcom, luego de comprar el 100% del paquete accionario de Minga S.A., en el ejercicio 2013, dio de baja una deuda de su contabilidad por $237.318,89 que mantenía con otra empresa incautada por el Estado, Servicios Technicos Petroleros del Ecuador NV. Solo después de que la Contraloría le informara de este tema a Danielcom (en la entrega de los resultados provinciales de su auditoría el 7 de enero del 2015), esta empresa reversó el asiento contable. Y el 24 de abril de 2015 depositó en la cuenta corriente de Servicios Technicos Petroleros del Ecuador NV la totalidad de dicha obligación.
A qué se dedica Danielcom y quiénes son sus dueños?
Se constituyó como una compañía limitada el 29 de marzo de 1995 para la comercialización, exportación, importación y distribución de insumos químicos industriales.
El Gral (p) Alonso Espinoza Romero fue uno de sus 6 accionistas fundadores. En 1999 se transformó en sociedad anónima. Sus actuales accionistas son: Dalila Vargas y Almara Corp S.A. de propiedad de Alonso Espinoza Romero (exesposo de Vargas Guerra) y de Dalila Vargas y de los hijos de ambos: Alonso Fernando, María Alejandra y María Raquel Espinoza Vargas.
Sitio web de Danielcom
Esta empresa que hoy registra en el SRI como principal actividad la venta de maquinaria y equipos para la industria petrolera, cuenta en Ecuador con oficinas en Quito y Guayaquil. Tiene también una planta de fabricación.
En sus cifras es evidente no solo el incremento de sus ingresos luego del primer año del gobierno de la revolución ciudadana, sino también la progresiva salida de recursos al exterior. Así se refleja en sus pagos de impuesto a la renta que prácticamente se quintuplicaron entre 2007 y 2008, al pasar de $7,788.40 a $34,305.44, respectivamente. A partir de allí sus pagos de impuestos siguieron en alza, siendo 2014 y 2015 los años en que alcanzó sus mayores cifras con $246.980,12 y $204.433,75, en su orden. En 2012 llegó a su pico más alto en impuesto a la salida de capitales con $224,656.32.
Foto: Captura de video de Danielcom
Danielcom está calificada como oferente de Petroecuador y sus filiales. Ha cotizado en la Bolsa de Valores de Guayaquil y es socia de la Bolsa de Valores de Quito. Ha realizado dos emisiones de obligaciones por $1,5 millones cada una.
En el Informe de calificación de riesgos (a febrero de 2016) realizada por Class International Rating, a la segunda emisión de obligaciones de Danielcom, se señala que a esa fecha ya era pequeño holding de empresas con planes de expansión a los mercados de Perú y Colombia.
Las ventas y servicios de la compañía están dirigidas en una proporción importante hacia el sector público, específicamente empresas petroleras, lo que se consolidó en 2012. Dos años más tarde el principal cliente, que representaba más del 60% de los ingresos de la empresa era Petroamazonas EP. Para diciembre de 2015, esta estructura varió, a pesar de ser Petroamazonas su cliente más representativo con un 36,77%, la compañía cuenta con más diversidad en sus clientes, de acuerdo con la empresa calificadora.
En cuanto a los ingresos de Danielcom, Class International califica como un crecimiento inusualmente alto el registrado en el 2012: 55,91% con respecto al año anterior debido a que la compañía ganó el concurso para proveer al Bloque 31 (operado por Petroamazonas). Para los siguientes años se mantienen los incrementos en sus ingresos, pero a menor velocidad, sin embargo, durante el periodo 2012-2015, la calificadora denota una tendencia creciente, desde $9,14 millones hasta $12,34 millones.
Foto: captura de video de Danielcom
Esto se refleja en sus utilidades que desde el 2015 continuaron en ascenso. Pasaron de $830.963 a $1´005.365 en 2016, luego a $1´257.461 en 2017. Para 2018, Danielcom estima un monto de $1´586.274 y para el 2019 $ 2.25 millones, de acuerdo con la calificación de riesgos.
Al 31 de diciembre de 2015, Danielcom Equipment Supply S.A. reportó vinculaciones con otras empresas. La primera vinculación por propiedad es con Borets-ESP Services S.A, pues participa con el 20% de las acciones. Y con Minga con el 0,05% del paquete accionario.
Borets-ESP Services S.A. es una empresa de servicios petroleros que se constituyó en junio de 2015. Tiene como accionistas a dos empresas domiciliadas en países considerados como paraísos fiscales por el Servicio de Rentas Internas: Borets Services Ltd de las Islas Vírgenes Británicas que tiene el 99,9% y Chiros Investments Limited también de las Islas Vírgenes Británicas que tiene el 0,1%.
La plana gerencial de Danielcom Equipment Supply S.A presentó vinculación por administración con 7 empresas:

Danielcom ha tenido oficinas en Madrid con el nombre de DANIELCOM USA CORP SL. Se constituyó como sociedad limitada hace 6 años y 6 meses (18/04/2012). Su objeto social fue el comercio al por mayor y menor, importación y exportación, reparación y mantenimiento de instalaciones y maquinaria. Su representante fue Alonso Espinoza Vargas. Se inscribió en el Registro Mercantil de Madrid, con un capital social de 3.088 euros, con una cantidad de empleados de entre 1 y 10 y ventas de entre 250.001 y 750.000 euros.
Fue disuelta el 22 de abril de 2013.
El 2 de septiembre de 2003 en Miami (13288 Noroeste 9 Lane- 15th Street, Pompano Beach) Florida también se constituyó, como una corporación nacional con fines de lucro, DANIELCOM USA CORP. Su representante es Dalila Vargas.  Actualmente es una empresa oferente de Petroecuador.
La incautación misma de Minga está en tela de duda, la CIDH investiga
Por si fuera poco el cúmulo de las irregularidades que se están encontrando en el manejo de varias empresas incautadas, la legalidad de algunos de los embargos hechos por el correísmo tras la crisis financiera está siendo examinada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El pasado 14 de agosto la CIDH pidió información al Gobierno ecuatoriano sobre la petición presentada por María Fernanda y Paulina Peñafiel Salgado ante la Comisión (el 24 de marzo de 2009), en la que aduce que la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) inició procesos de incautación en contra de sus bienes sin que tuvieran vínculo jurídico o comercial con el extinto Banco de Préstamos. La solicitud del organismo internacional se envió al Ministro de Relaciones Exteriores, José Valencia, quien a su vez redirigió el pedido a la Procuraduría General del Estado.

2
REF- 341-09 CIDH xzxozxzoixuz oxzxzxpxxoizxu ozuxoz xiozuxioz oixuzixuiozxuoiziuxz xiozuxozuxoziux

El 12 de septiembre de 2018, la Dirección Nacional de Derechos Humanos de la Procuraduría (oficio #00587), señaló al Superintendente de Bancos, Juan Carlos Novoa, que María Fernanda Peñafiel y 21 miembros adicionales de su familia han denunciado violaciones a 10 artículos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Por lo que pidió al Superintendente la entrega de una certificación de que María Fernanda Peñafiel y sus familiares, (entre ellos su hermana, Paulina, los esposos e hijos de ambas) han ostentado la calidad de accionistas o administradores del liquidado Banco de Préstamos.

Oficio # 00587x zoxizuxoziuxozuxoizuxozux
La Superintendencia en su primera respuesta del 25 de septiembre pasado se limitó a indicar que es el Banco Central del Ecuador el cesionario y sucesor de las instituciones financieras liquidadas tras la crisis bancaria. Pero el primero de octubre de ese año, envió un alcance de su respuesta en el que señaló que “involuntariamente” ha omitido justamente lo que solicitaba la Procuraduría. El Intendente Nacional Jurídico de la Superintendencia de Bancos, Carlos Salazar explicó que en dos comunicados de marzo y noviembre de 2012, el titular del organismo de control financiero de ese entonces informó que Ana María Fernanda Peñafiel Salgado, David Esteban Peñafiel Salgado y Paulina del Consuelo Peñafiel Salgado no se encuentran vinculados por propiedad, administración o presunción respecto del Banco de Préstamos (hoy liquidado).
Oficio N° SB-INJ-2018-0084-O xozozoxiz xozixozxiozuxo
El primer plazo que tenía el Gobierno para responder a la CIDH terminó el 14 de noviembre pasado, aunque según los procedimientos previstos en estos casos el país podría pedir una ampliación por 30 días más.
Hasta el momento, María Fernanda, Paulina Peñafiel y sus familiares no han recibido información alguna de que el régimen haya emitido una respuesta al organismo internacional de derechos humanos.


 

El caso Mariano Zambrano: penetrar en la cueva del tigre

El 16 de agosto de 2018 el  prefecto de Manabí, Mariano Zambrano Segovia (izquierda) y su hijo Mariano Zambrano Vera, fueron llamados hasta la Fiscalía General en Quito, para las investigaciones previas de los delitos de delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, lavado de activos, testaferrismo y perjurio, denucniados desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Foto: Diario El Universo
María Arboleda*

Si finaliza su tercer período en 2019, Mariano Zambrano Segovia, prefecto provincial, habrá gobernado la provincia de Manabí durante 14 años, por tres períodos consecutivos: del 5 de enero de 2005 al 24 de mayo de 2019.  La suscripción irregular de contratos con entidades estatales y locales, por parte de empresas de propiedad del prefecto, fue la base de la denuncia presentada por el CPCCS a la Fiscalía General del Estado, en febrero de 2018.
Estas contrataciones continuaron hasta el año 2016, por un total aproximado de $ 73´195.514,50. El primer freno lo puso la estatal CELEP EP, ya con el cambio de gobierno a Lenin Moreno, al declarar desierta la convocatoria y descalificar al consorcio Mardcomsa-Marzam del prefecto de Manabí, debido a que el socio mayoritario del consorcio era también una autoridad provincial incursa en inhabilidad para ofertar y contratar. [1] El segundo freno lo acaba de colocar la empresa estatal Petroecuador EP, al declarar unilateralmente la terminación del contrato con Marzam Cía Ltda., empresa que pretende la revocatoria de la medida actuando –como ha sido su costumbre—en “cancha propia”, en un juzgado en Portoviejo. En realidad, la acción de Petroecuador se basa en un Informe de la Procuraduría General del Estado, liderada por Iñigo Salvador, que manda se termine el contrato de la estatal con Marzam.
El 21 de junio de 2018, la Secretaría de Transparencia y Control Social del CPCCS-T  (STTLAC) presentó a la Fiscalía General del Estado (FGE) una acción de patrocinio, legalmente sustentada, que reforzó la denuncia inicial estableciendo el posible cometimiento de cinco delitos: tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, testaferrismo, perjurio y lavado de activos, por parte de los funcionarios públicos Mariano Zambrano Segovia, Mariano Zambrano Vera y otras personas de su familia y no solamente dos como se había señalado en la denuncia de febrero del CPCSS anterior.
Antes del 21 de junio de 2018, varias investigaciones previas se encontraban abiertas en Guayas y Manabí en contra del señor Mariano Zambrano Segovia y miembros de su familia.  Incluso la denuncia presentada por el CPCCS en febrero de 2018, había sido enviada por la FGE a su filial en Manabí, donde una oportuna acción de patrocinio ingresada por la Secretaría de Transparencia del Consejo Transitorio (STTLACC), logró que no fuese cerrado el proceso.
El 30 de julio 2018, el Contralor General del Estado, subrogante, hizo público un informe con el que disponía la destitución del prefecto manabita junto a 16 empleados del gobierno provincial y solicitaba a Fiscalía que investigue la posible responsabilidad penal de Zambrano Segovia.  La destitución se derivaba de procesos precontractuales y contractuales para la ejecución de obras públicas en el territorio conocido como La Manga del Cura, entre el primero de agosto de 2014 y el 30 de noviembre de 2017, que adolecían de incumplimiento de requerimientos legales para la contratación, incumplimiento de plazos y realización de estudios incompletos. La destitución de Zambrano fue ratificada

El prefecto Zambrano abrazó con entusiasmo la Revolución Ciudadana y la apalancó electoralmente con importantes resultados, la figura del prefecto fue una luz para Alianza PAIS

La existencia de estas diversas causas y la realización de un análisis fino para desenredar el entramado empresarial y accionario de la familia Zambrano, así como el conjunto integral de evidencias, documentadas y detalladas, asociadas al Informe de investigación, aportó a la definición de un nuevo escenario con la presunción de existencia de delincuencia organizada, delito superior e instrumento para el cometimiento de los cinco delitos arriba señalados.
Así, en la acción de patrocinio del 21 de junio, se estableció la presunción de la conformación de una organización delincuencial por parte de Mariano Zambrano Segovia y cinco hermanos suyos (Consuelo Narcisa Ramona Zambrano Segovia, Graciana María Zambrano Segovia, Josefa Lucia Zambrano Segovia, Grismaldo Antonio Zambrano Segovia y Carlos Manuel Zambrano Segovia), la esposa del prefecto María Piedad Vera Loor y los dos hijos del prefecto, los hermanos María del Pilar y Mariano Zambrano Vera.  En el lado empresarial, las compañías del consorcio familiar señaladas fueron Marzam Cía. Ltda., Naviera Marnizam; Marítima De Comercio – Mardcomsa; Manhost Sa.; Automotores Manabitas y Negocios Inmobiliarios Negocorp Cía Ltda.
Puesta la mirada en los contratistas privados, es necesario enfatizar en la penumbra que recubrió a las entidades estatales que fungieron como contratistas. Por ello, la acción de patrocinio del 21 de junio de 2018, insistió en la responsabilidades de quienes, desde  despachos estatales, colaboraron en las irregularidades.  En el lado estatal, habría que investigar a un conjunto de servidores públicos que ordenaron y participaron en la reiterada adjudicación irregular de contratos por parte de las entidades y empresas estatales implicadas: Petroecuador, Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), Municipios de Montecristi y Paján, el Hospital General Rafael Rodríguez Zambrano, la Dirección de Movilización del Comando Conjunto de las FFAA (Centro de Movilización de Manta),  y la Dirección General de Aviación Civil, Dirección Regional II, incluyendo a funcionarios situados por encima de las autoridades de estas entidades, quienes habrían aceptado,  ordenado  y traficado influencias, para que los contratos fuesen adjudicados.
Si las contrataciones se celebraron en contra de expresas disposiciones constitucionales y legales, al parecer ninguna acción de supervisión y control fue cumplida, antes del cambio de gobierno a Lenin Moreno, por la Contraloría General del Estado, la PGE, el Servicio de Contratación Pública, el Servicio de Rentas Internas, la Superintendencia de Compañías y la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífera, entidades con competencia sobre los temas denunciados.
Las contrataciones con Petroecuador se suscribieron a sabiendas de que Zambrano Segovia era accionista de Marzam Cia. Ltda., y funcionario de elección popular, lo que se conoce como “una persona políticamente expuesta”. Existe documentación de que Petroecuador EP, el 28 de septiembre de 2017, es decir varios meses después de la posesión de Lenin Moreno y arguyendo la actualización del Registro de Calificación de las proveedoras de servicios, solicitó a las compañías navieras, incluyendo a Marzam, la presentación de documentos y una “declaración Juramentada del Gerente General y/o del representante legal de la empresa en el que se indique que ninguna de sus autoridades incluida el Gerente General, representante legal y sus accionistas, sean Persona Políticamente Expuestas”. [2] Ya que no se conoce el resultado de esta diligencia, compete a la Contraloría General del Estado realizar el control.


La documentación en torno al que ha derivado en llamarse el Caso MZ, sustenta la presunción del cometimiento de cinco tipo de delitos o irregularidades. Estos delitos serían:

  • Posible tráfico de influencias y uso de información privilegiada para la adjudicación de los diversos contratos.  
  • Presunto testaferrismo cometido por los señores Mariano Zambrano Segovia y Mariano Zambrano Vera, con el interés de proteger privilegios obtenidos en beneficio de sus empresas, mientras actuaban como candidatos o como autoridades electas.
  • Posible perjurio, tanto del prefecto como del asambleísta. Se debería investigar los documentos presentados tanto en los procesos electorales (candidaturas), como los obligatorios para la posesión de sus cargos.
  • Probable enriquecimiento ilícito, puesto que las ganancias  proveniente de los servicios prestados por las contratistas, de por sí, ya era cobrado pese a impedimentos normativos, por lo que podría discutirse su origen ilícito).
  • Factible lavado de activos.

Por ello, la acción del patrocinio del 21 de junio de 2018, presentada por la Secretaría Técnica del CPCCS-T solicitó a fiscalía iniciar la investigación previa por delincuencia organizada y por los cinco delitos señalados, con base en los artículos 270, 279, 289, 317, 369 y 580 del Código Orgánico Integral Penal (COIP); el artículo 24 de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP); los artículos 62 y 64 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) y el artículo 110 del Reglamento de la misma Ley, el artículo 163, numeral 7, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Adicionalmente, debido a la presunción del delito de delincuencia organizada, se solicitó aplicar las técnicas de investigación establecidas en el artículo 476 del COIP y normas de la legislación internacional como el Tratado de Palermo.
El 21 de junio se solicitó también a la Fiscalía General del Estado, acumular las investigaciones que cursaba en diversos procesos provinciales y, debido al fuero de corte nacional de que goza el asambleísta Mariano Zambrano Vera, se observó que tanto la indagación previa como la siguiente acción penal, no debían estar radicadas en las provincias sino en la sede nacional de la FGE, en Quito.
Las empresas de la familia
Entre 2009 y 2016, el prefecto Mariano Zambrano Segovia y miembros de su familia, incluyendo a su esposa, sus hijos y sus hermanos, participaron como accionistas de un grupo empresarial integrado por 12 compañías de diverso tipo. Desde esta posición estratégica, firmaron contratos con entidades estatales, todos los cuales estarían afectados por irregularidades o incumplimiento de normas legales, en procesos en  los que las responsabilidades corresponden claramente tanto a las entidades contratantes como a las empresas contratadas.
Seis entidades estatales fueron señaladas: Petroecuador, Celec, Municipios de Montecristi y Paján, la Dirección General de Aviación Civil, Dirección Regional II, Centro de Movilización de Manta y el Hospital General Rodríguez Zambrano de Manta.

En los últimos 9 años, la familia Zambrano registró un importante incremento de su patrimonio. A fines de 2016, Zambrano Segovia tenía declarado personalmente aproximadamente $4´707.495 en acciones de sus compañías. Del conjunto de empresas del prefecto, cinco estarían involucradas en la firma de los contratos irregulares: Marzam (Marítima de Comercio Cía. Ltda.), Mardcomsa; Naviera Marnizam Cía. Ltda., Automotores Manabitas Cía. Ltda y Manhost S.A.
Las empresas de la familia Zambrano configuran una intrincada red en que personas y compañías se entrecruzan mutuamente mediante la propiedad de las acciones. Los vínculos societarios se sostienen en los vínculos de parentesco. Una fuerte presunción de testaferrismo se deriva del análisis de varios de los comportamientos empresariales del consorcio Marzam. 
El testaferrismo se encuentra definido en el Código Orgánico Integral Penal, artículo 289, como el consentimiento de una persona para aparentar como de su propiedad, bienes muebles, inmuebles, títulos, acciones, participaciones, dinero, valores o efectos, generados por el enriquecimiento ilícito de un servidor público, o como producto de una actividad privada no justificada.
El traslado de acciones del  prefecto de Manabí, Mariano Zambrano Segovia, a favor de su cónyuge, y del asambleísta Mariano Zambrano Vera a su hermana, el hecho de que la mayoría de compañías cuenten entre los accionistas a parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, podría configurar esta figura. Llama la atención que la Superintendencia de compañías sobre estos aspectos. 


Marzam Cía. Ltda.
Oficialmente creada en septiembre de 1992[4], el objeto social de la compañía Marzam Cía. Ltda., reza que “…se dedicará a las agencias y representaciones de buques nacionales y extranjeros y más actividades conexas; agencias y representaciones de compañías o empresas de navegación marítima o fluvial…[5].
Según las cifras de los archivos de la Superintendencia de Compañías, el salto de capital de la empresa es notable: la compañía que contaba apenas con USD 1.200 de capital en 1998, para enero de 2015 cuenta con a USD 8´681.000 mientras para octubre de 2017, el capital de la empresa crece hasta llegar a USD 11´531.000.  
Mariano Zambrano Segovia fue el accionista mayoritario de la compañía hasta el 15 de septiembre de 2017, con una participación del 24,59%. Zambrano Segovia era, a su vez, el mayoritario de su otra compañía, Marnizam Cía. Ltda., donde controlaba el 74% de acciones (lo veremos a continuación). Fuentes expertas señalan que con esta vinculación, habría controlado el 98,59% de Marzam debido a los entrecruzamientos accionarios entre las compañías.  Otros accionistas eran María del Pilar Zambrano Vera, hija de Zambrano Segovia y también su presidenta a partir del 16 de junio de 2017, y Walter Segundo Capa Mendoza, ex-cónyuge de la hermana del Prefecto.[6] A partir de abril de 2017, Bartolomé Polivio Saldarriaga Santos se posesionó como gerente general de Marzam.
El 15 de septiembre de 2017, Zambrano transfirió la totalidad de sus acciones en Marzam, a su esposa María Piedad Vera Loor. El traspaso se cumplió después de que Leonardo Viteri, Marcelo Farfán y Francisco Bravo instauraran el primer proceso de los varios que afronta el prefecto a partir de esa fecha. La acción puede ser leída como la pretensión de ocultar la calidad de accionista mayoritario del prefecto en Marzam.
Mardcomsa Cía. Ltda.
Mardcomsa, compañía Marítima de Comercio Cía. Ltda., fue constituida el 7 de octubre de 1996 como “operadora portuaria” dedicada “a servicios al buque como practicaje remolque asistencia lanchaje”. El capital de la empresa según registros de la Superintendencia de Compañías, pasó de USD 1.000 en mayo de 1998, a USD 8´700.000 para septiembre de 2017. [7]
Para mediados de ese mismo año, el prefecto de Manabí, participaba con el 11,3% de acciones del capital inscrito (USD 8.700.000). La compañía tenía a otras empresas como accionistas: por un lado, a la compañía Marzam, con el 80,7% de acciones; y por otro lado, a otra compañía de Zambrano Segovia, Negocios Inmobiliarios Negocorp Cía. Ltda., que registraba el 2,63% de acciones. El anclaje familiar en esta compañía involucraba a más personas: Grismaldo Antonio Zambrano Segovia, Josefa Lucía Zambrano Segovia, Graciana María Zambrano Segovia y Consuelo Narcisa Ramona Zambrano Segovia, todos hermanos del prefecto, así como Enrique Hortencio Vera Loor, hermano de la esposa del prefecto, eran accionistas.
Igual que sucedía en Marzam, María del Pilar Zambrano Vera funge como presidenta de Mardcomsa desde el 3 de febrero de 2016 y Bartolomé Polivio Saldarriaga Santos, como gerente general, desde el 8 de junio de 2017. La totalidad de las acciones de Mariano Zambrano Segovia en esta compañía también fueron traspasadas a su esposa María Piedad Vera Loor en la misma fecha en que lo hizo con Marzam: el 15 de septiembre de 2017.

Compañía Naviera Marnizam Cía. Ltda.
En la pequeña (comparada con las otras) Compañía Naviera Marnizam Cía. Ltda., con un capital suscrito de USD 900.000, Mariano Zambrano Segovia poseía, desde su constitución el 26 de febrero de 1986, el 74% de las acciones, lo que correspondía a USD 666.000. El resto de accionistas eran sus hermanos Grismaldo Antonio Zambrano Segovia,  Carlos Manuel Zambrano Segovia, Graciana María Zambrano Segovia, Josefa Lucía Zambrano Segovia y Consuelo Narcisa Ramona Zambrano Segovia.[8] La actividad económica de Marnizam consta como: “Agencias y representaciones de buques nacionales y extranjeros, y más actividades conexas, así como las agencias y representaciones de compañías, etc.”. En la parte administrativa, dos actores antes citados aquí se intercambian roles: Bartolomé Polivio Saldarriaga Santos era el presidente de la compañía desde el 22 de diciembre de 2016, mientras la hija de Zambrano Segovia, María del Pilar Zambrano Vera, era su gerente general desde el 22 de marzo de 2017.
No hace falta ser adivino para adivinar lo que sucedió con las acciones del prefecto en esta compañía: el 15 de septiembre de 2017 fueron traspasadas a María Piedad Vera Loor, su esposa. Por otro lado, Marnizam Cía. Ltda. vendió todas sus acciones a Negocorp Cía. Ltda., compañía donde los hijos del prefecto eran accionistas.

Manhost S.A. (Mantahost Hotel)
Manhost S.A., compañía formada en enero de 1998 y dedicada a “la industria hotelera y a la explotación y desarrollo de la actividad turística, nacional e internacional”, contaba en 2017 con un capital de USD 6´600.000. Mariano Zambrano Segovia registraba a 2017 una participación en la empresa por USD 66.000 en acciones.
Otros accionistas eran los hijos del prefecto, Mariano Zambrano Vera, presidente de Manhost desde el 21 de marzo del 2016,  con el 50% de las acciones y María del Pilar Zambrano Vera (paquete accionario de USD 22.000) , así como dos de sus hermanas, Graciana María Zambrano Segovia y Josefa Lucía Zambrano Segovia (acciones por USD 33.000) y Negocorp Cía. Ltda., otra de las empresas familiares, estaba registrada con el 13,23% de acciones.
Automotores Manabitas Cia. Ltda.
La compañía Automotores Manabitas Cía. Ltda., con un capital suscrito de USD 500.000 a 2017, aparece como la más antigua de las constituidas por Mariano Zambrano Segovia.  Fue creada el 27 de enero de 1960, para la “Importación en general de todo lo relacionado al ramo automotriz, podrá constituirse de socio de otras personas naturales o jurídicas y en consecuencia formar parte de toda clase de compañías, podrá comprar activos y pasivos de giros mercantiles de individuos o sociedades”.
Los accionistas de Automotores Manabitas eran Mariano Zambrano Segovia (16% de acciones), su hermano Grismaldo Antonio Zambrano Segovia (74% de acciones), María del Pilar Zambrano Vera ( 5,1 % de acciones) y Mariano Zambrano Vera (4,9% de acciones).[9]
María del Pilar Zambrano Vera, era su presidenta desde el 1 de marzo de 2016 y Carmen Yadira Quiñonez Chávez, su gerente general a partir del 7 de marzo de 2016.  También de sus acciones en esta empresa se desprendió “oportunamente” Mariano Zambrano Segovia, traspasándolas a su esposa María Piedad Vera Loor, el 15 de septiembre de 2017.

Los contratos
Empresa pública Petroecuador EP
Para muchas personas consultadas, el secreto del enriquecimiento rápido e indetenible de Mariano Zambrano se encuentra en los contratos de Marzam Cía Ltda. con Petroecuador, el primero de los cuales fue firmado en mayo en 1996, coincidiendo con los meses finales del gobierno de Sixto Durán Ballén, para el “suministro de combustibles marinos de producción nacional al sector naviero nacional e internacional (también nacionales en ruta internacional), a precio internacional”[10]. La fórmula de comprar barato, en este caso subsidiado, para vender caro, habría sido la clave bien conocida de una oportunidad comercial que crecerá conforme la zona marítima costera del país vaya convirtiéndose en ruta de tránsito de diversos negocios de las economías legales e ilegales, en especial aquellas que juegan en el mercado internacional.
Para 2001[11], el negocio de Marzam con Petroecuador se amplía gracias a un contrato para el  “suministro de derivados de petróleo para los requerimientos de combustible del segmento industrial nacional.”[12]

El presidente Rafael Correa fue el gran envión de Mariano Zambrano a nivel privado; el ex presidente no se ha referido a los negocios que su amigo hizo en la prefectura
Pero será en 2011, bajo el gobierno de Rafael Correa, cuando los contratos de la compañía Marzam con la empresa pública Petroecuador, se multipliquen: 2 contratos se firmarán en 2011, 1 en 2013, dos en 2014 y dos en 2016.[13] En estos contratos se concretan dos tipos de irregularidades debidas a la prohibición (inhabilitación legal) para que Mariano Zambrano, como prefecto de Manabí y al mismo tiempo accionista de la compañía Marzam, pueda contratar con una empresa pública como es Petroecuador. Esto podría incluir su inhabilitación para postularse como candidato si se comprobase que habría omitido información sobre su participación accionaria en sus empresas en las declaraciones que le tocaba realizar por ley.
Gracias a estas irregularidades, actos legalmente penalizados ya sea por participar como oferente y contratista o por omitir la información en sus declaraciones obligatorias como autoridad electa, entre 2011 y 2016 Zambrano Segovia y sus empresa se habrían favorecido con la firma de siete contratos suscritos por Marzam con Petroecuado. El monto de estos contratos ascienden a alrededor de $40´325.392,24.
La finalidad de todos los contratos suscritos por Marzam con Petroecuador, es la prestación de servicios de transporte marítimo de cabotaje y alijes de productos limpios bajo la modalidad de “Time Charter. En 2009, la Gerencia de Comercio Internacional de Petroecuador EP fundamentó la contratación en un pronunciamiento del Instituto Nacional de Contratación Pública, oficio INCOP Nro. DE-163-2009 del 20 de enero de 2009 , que señala:“…este instituto ha determinado que la actividad de comercialización externa de hidrocarburos, transporte marítimo e inspección independiente, servicios especializados de información del mercado petrolero y servicios de calificación de riesgo, que realiza PetroecuadoR, no está dentro del ámbito de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública”. [14]


En octubre de 2018, Petroecuador declaró unilateralmente la terminación del contrato con Marzam tras la realización de un control legal por parte de la Procuraduría, notificado el  11 de octubre de 2018, del contrato No. 2016848 suscrito entre Marzam y Petroecuador. El Informe de Control de la PGE ratifica la existencia de inhabilidad para contratar por parte de Marzam, por cuanto “uno de sus socios era el prefecto de Manabí, quien, a través de una persona jurídica, ente ficticio, actuó por interpuesta persona, lo cual estaba expresamente prohibido por el  Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD)…” La PGE ordena la terminación unilateral y anticipada del contrato, por haberlo celebrado contra expresa prohibición legal, según lo determinan “los artículos 45 letra e) del Procedimiento: Operaciones de Comercio Internacional del 04 de septiembre de 2014 y 94 número 5 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (…) ”.


Petroecuador, en la notificación enviada a Marzam para la terminación del contrato, con fecha 12 de octubre de 2018, declaró que la empresa había cometido la culpa grave de haber celebrado el contrato con fraude contra expresa prohibición legal. Debido a que la compañía del prefecto, en su respuesta, no subsanó ni justificó los cargos establecidos, Petroecuador declaró a Marzam como contratista incumplido y ordenó solicitar a la compañía Oriente Seguros la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato en su totalidad. La empresa Marzam ha demandado la revocatoria de estas medidas actuando –como ha sido su costumbre—en “cancha propia”, en un juzgado en Portoviejo.
La forma en que se firmaron estos contratos pone en evidencia una doble participación en la irregularidad: el prefecto y sus familiares omitieron su obligación de declararse inhabilitados para contratar con la empresa pública y los funcionarios de Petroecuador que omitieron el control debido y la aplicación de la prohibición legal
. [15]


Celec EP
El total de la inversión de la empresa pública estratégica Celec EP, en tres contratos suscritos desde el año 2010 hasta el 2015, con las compañías de Mariano Zambrano, prefecto de Manabí, con él y a sus familiares como accionistas, ascienden a un valor aproximado de $32.801.701,17. El primero de estos contrato fue suscrito con Marzam y los otros dos con Mardcomsa, como puede verse en el siguiente cuadro:

Todos estos contratos y la posterior licitación declarada desierta por Celec EP, con el consorcio Marzam’Mardcomsa como único oferente, muestra la corrosión sufrida por la función de la Contraloría General del Estado CGE, en la revisión de la legalidad de los mismos.
 

El primer contrato Marzam – Celec
En abril de 2012, Marzam obtuvo el contrato Nro. 0050-12 (proceso de licitación LIC-CEP-TE-001-2012), con Celec, Unidad de Negocio Termoesmeraldas, para la provisión de transporte multimodal (marítimo y terrestre, recepción, almacenamiento y despacho) dirigido al abastecimiento de combustible fuel oil 6 y diesel, para la central termoeléctrica Jaramijó. Es curioso que, siendo suscrito en abril de 2012, el abastecimiento de combustibles cubriera el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2009 al 31 de mayo de 2014. El monto de este contrato subió a $18´683.701,17 y el plazo pactado fue de 5 años.
En los años 2015 y 2017, la CGE, emitió dos informes  de examen especial sobre este contrato. El primero, con el código Nro. DASE-00015-2015 y aprobado el 28 de mayo de 2015, revisó las operaciones administrativas y financieras del contrato. El segundo informe de examen especial, Nro. DR2-DPA-CELEC EP-AI-0021-2017, realizó la misma revisión para el período comprendido entre el 1 de junio de 2012 y el 31 de diciembre de 2015, y fue aprobado el 21 de Julio de 2017.  En ambos informes, la CGE, omitió el análisis de la inhabilidad para contratar con el Estado, del señor Mariano Zambrano Segovia, prefecto de Manabí, así como de sus familiares, debido a su vinculación con Marzam, en calidad de accionistas.[16]
Contratos de Mardcomsa con Celec EP
Dos contratos fueron celebrados entre Mardcomsa y Celec. En 2010, Celec convocó el proceso de licitación LI-CELEC EP-EGU-0.0251-2010 para contratar el transporte marítimo de combustible fuel oil 4 dirigido al abastecimiento de dos centrales (Gonzalo Zevallos y Trinitaria), por un valor total de $11´362.000 (certificación presupuestaria Nro. 375-vafp-10). Tras el proceso, a Mardcomsa le fue adjudicado solo el abastecimiento a la central Gonzalo Zevallos, por un valor de $6´422.000 y un plazo de 5 años.[17]
Cinco años después, el 25 marzo de 2015  Mardcomsa firmó el contrato No. 013-2015, por $7´696.000, para la provisión de transporte marítimo de combustible fuel oil 4 para la Central Gonzalo Zevallos de la Unidad de Negocios Electroguayas (Celec EP), por un plazo de 730 días.[18]
 El prófugo ex contralor del estado Carlos Pólit jugó un papel preponderante al no haber inhabilitado al prefecto en uno de sus informes. Foto: Extra
La Contraloría General del Estado realizó el examen especial a este segundo contrato, por el período comprendido entre el 1 de agosto de 2012 y el 31 de julio de 2015. El Informe (Nro. DR1-DPGY-AE-0017-2016), aprobado el 27 de enero de 2016, tampoco señaló la inhabilidad de Mariano Zambrano Segovia, Prefecto de Manabí, y los otros accionistas, emparentados con él, para contratar con el Estado a través de la compañía Mardcomsa.
El concurso declarado desierto
En 2017, Celec convocó nuevamente a un proceso de licitación (Nro. LICBS-CELEGU-006-17), por $11.082.500, para el servicio de transporte marítimo de 25.000.000 galones de combustible fuel oil No 4, dirigido a la unidad tv1 de la central Aníbal Santos y 130.000.000 de galones de combustible fuel oil No 4, para las unidades tv2 y tv3 de la central Gonzalo Zevallos.
El 2017-06-02, ya con el gobierno del presidente Lenin Moreno instalado, el Portal de Compras Públicas informó que el proceso había sido declarado desierto: “Por haber sido inhabilitada la única oferta presentada por el Compromiso de Consorcio MARDCOMSA MARZAM….”  La medida se basó en la Resolución Nro. CELEC EP-GGE-0036-17, de 1 de junio de 2017, que establecía que el consorcio Mardcomsa Marzam había incumplido las condiciones establecidas en los pliegos del proceso Nro. LICBS-CELEGU-006-17 y por tanto, como autoridad contratante resolvía: artículo 2.- Descalificar la oferta presentada por el Compromiso de Consorcio. MARDCOMSA MARZAM, de conformidad con el numeral 4, del Formulario de la Oferta (…). Artículo 3.-
Declarar desierto el procedimiento de Licitación (…).

Al ser solicitado el Consorcio Mardcomsa-Marzam por la Comisión Técnica del proceso de licitación, mediante  el Acta No. 4 de Convalidación de Errores, Compromiso de Consorcio, a informar quiénes eran las “personas jurídicas que integran el consorcio (…)”, las entidades oferentes remiten un formulario diferente al inicialmente presentado con su oferta y bajo juramento hacen constar lo siguiente: “Acepto que en caso de que el accionista, partícipe o socio mayoritario de mi representada esté domiciliado en un paraíso fiscal, la Entidad Contratante descalifique a mi representada inmediatamente”. Esta declaración, a juicio de la Comisión Técnica, habría distorsionado el pedido de la solicitud emitida por el Servicio Nacional de Contratación Pública, que pedía emitir, bajo juramento, la siguiente expresión: “Acepto que en caso de que el accionista, partícipe o socio mayoritario de mi representada se encuentre inhabilitado por alguna de las causales previstas en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, 110 y 111 de su Reglamento General, la Entidad Contratante descalifique a mi representada”.

Los contratos con gobiernos municipales
Marnizam y municipios de Montecristi y Paján

Usando el procedimiento de régimen especial, al cual recurrió frecuentemente el gobierno de Rafael Correa para firmar contratos a discreción, en abril del 2015 se suscribió un contrato entre la Compañía Naviera Marnizam y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Montecristi, para el mantenimiento de vehículos y maquinarias del parque automotor del GAD Municipal de Montecristi, por un valor de USD 32.499,96 y un plazo de 15 días.[19]
Diomedes Ricardo Quijije Anchundia, alcalde, adjudicó el contrato el 2 de abril de 2015 (Resolución Nro. AA-GADCM-002-2015). Actuó como Procurador Síndico del GAD de Montecristi, el  Abg. Luis Aurelio Jiménez Alvarez.  En representación de Marnizam, empresa en la cual Mariano Zambrano Segovia, prefecto de Manabí, era accionista y por tanto él y la empresa estaban en inhabilitación legal para participar, actuó su hermana Josefa Lucía Zambrano Segovia, gerente general de la compañía.
El contrato se adjudicó a pesar de que los pliegos de la licitación (Sección I, numeral 1.8) establecían que “No podrán participar en el presente procedimiento precontractual, por sí mismas o por interpuesta persona, quienes incurran en inhabilidades generales y/o especiales, de acuerdo a los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -LOSNCP-; y, 110 y 111 del reglamento General de la LOSNCP.” Así mismo, señaló que “De verificarse con posterioridad que un oferente incurso en una inhabilidad general o especial hubiere suscrito el contrato, dará lugar a la terminación unilateral del contrato conforme el numeral 5 del artículo 94 de la LOSCP.”[20]
Pocos meses después, el 1 de junio de 2015, el alcalde Galo Atahualpa Borbor Flores, en representación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Paján, suscribió el contrato Nro. SIE-GADPAJAN-2015-05, licitado mediante  Subasta Inversa Electrónica, por un valor de $23.288,70, con la compañía Marnizam, con objeto similar al del contrato celebrado con el GAD de Montecristi, esto es, para la adquisición de lubricantes y grasa para el mantenimiento de vehículos y maquinarias del parque automotor del Gobierno Municipal de Paján.
El guión se cumplió de manera similar a lo ocurrido en Montecristi, con pequeñas pero importantes variaciones. Aunque el valor y el objeto del contrato son similares y la naviera Marnizam también estuvo representada por Josefa Lucía Zambrano Segovia, hermana del prefecto, la naviera, única empresa oferente, sí presentó su nómina de socios, incluyendo al prefecto y sus hermanos. Pese a ello, el 26 de mayo de 2015, el alcalde emitió la Resolución de Adjudicación (Nro. 005-SIE-GAD PAJAN-2015).

Automotores Manabitas Cía. Ltda.
Automotores Manabitas y la Dirección de Movilización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (Centro de Movilización de Manta)
La empresa Automotores Manabitas Cía. Ltda. celebró operaciones de venta de combustibles tanto a la Dirección de Movilización del Comando Conjunto de las FFAA (Centro de Movilización de Manta), como al hospital general Dr. Rafael Rodríguez Zambrano, de la misma ciudad.  En ambos casos, las entidades procedieron a contratar a la empresa bajo el mismo parámetro de incumplimiento de la ley, es decir cuando Mariano Zambrano Segovia, ejercía funciones en su segundo período como prefecto de Manabí.
Casi un millón de dólares en 2009 (USD 964,20)y USD 1,252.44 en 2010, invirtió el Centro de Movilización de Manta de la Dirección de Movilización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para la adquisición de combustibles mediante contrato con la empresa de Zambrano Segovia.  Las compras se realizaron entre el 17 de agosto de 2009  y  el 9 de diciembre de 2010. [21] La adquisición de gasolina se cancelaba mediante  facturas emitidas por Automotores Manabitas Cia. Ltda., como puede verse en el cuadro abajo.

Automotores Manabitas y
Hospital Dr. Rafael Rodríguez Zambrano

Las contrataciones del Hospital Dr. Rafael Rodríguez Zambrano de Manta con Automotores Manabitas, para la  adquisición de combustibles para los vehículos de esa casa de salud, son de pequeñas montos[22]  y ascienden a un total de USD 1.415,73. Sin embargo, no es solamente por los montos que se incluyeron en la denuncia sino además porque las operaciones se contrataron bajo el mismo parámetro de incumplimiento de la ley, es decir cuando Mariano Zambrano Segovia, ejercía funciones en su segundo período como prefecto de Manabí.


Manhost
Manhost y la Dirección General de Aviación Civil DAC, Dirección Regional II
El día de Navidad, el 24 de diciembre de 2015, la Dirección General de Aviación Civil DAC, Dirección Regional II –DAC, suscribió el contrato Nro. 022/2015 RII con la compañía Manhost S.A., que tiene entre sus accionistas, con un 13,25% de acciones, a la empresa NEGOCORP Negocios Inmobiliarios Cía. Ltda., en la cual Mariano Zambrano Vera, hijo de Mariano Zambrano Segovia, posee el 50% de acciones. El objeto del contrato era el arrendamiento de un bar-restaurante-cafetería, en el Aeropuerto Internacional Gral. Eloy Alfaro de la ciudad de Manta.[1] El plazo fue pacto en 2 años, contados desde el 24 de diciembre de 2015 y el canon de arrendamiento mensual en USD 1.421,74 más IVA.
A pesar de que Mariano Zambrano Vera (hijo) fue electo el cargo de asambleísta por la provincia de Manabí, hecho que generó una inhabilidad superviniente para contratar con el Estado (no podía hacerlo porque ya era contratista), el contrato se mantuvo operando. La declaración patrimonial jurada Nro. 2246368, presentada al inicio de su gestión por el flamante asambleísta Zambrano Vera, incluye la siguiente declaración: “Declaro que no me encuentro incurso en ninguna causal legal de impedimento, inhabilidad o prohibición para el ejercicio de un puesto, cargo, función o dignidad en el sector público”.  Este último hecho configura una acción presumible de perjurio.
El Prefecto de Manabí y padre del asambleísta, Mariano Zambrano Segovia también se encontraría vinculado debido a su calidad compartida de accionista de Manhost, y encontrándose en el ejercicio de su tercer período como autoridad electa.


Inhabilidades e impedimentos electorales
Como hemos señalado, las autoridades públicas de elección, como el prefecto de Manabí, Mariano Zambrano Segovia y el asambleísta por Manabí, Mariano Zambrano Vera, están impedidos por normas constitucionales y legales, para actuar como oferentes y proveedores de servicios a entidades del Estado.[24]
El artículo 24 de la Ley Orgánica del Servicio Público (en adelante LOSEP), en su parte pertinente, prohíbe a los servidores públicos:
j) Resolver asuntos, intervenir, emitir informes, gestionar, tramitar o suscribir convenios o contratos con el Estado, por si o por interpuesta persona u obtener cualquier beneficio que implique privilegios para el servidor o servidora, su cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocida, sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Esta prohibición se aplicará también para empresas, sociedades o personas jurídicas en las que el servidor o servidora, su cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocida, sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad tengan interés.


Las indagaciones encontraron similar comportamiento por parte del asambleísta Mariano Zambrano Vera,  quien realizó la transferencia de sus acciones en la empresa Marzan Cia. Ltda. a su hermana María del Pilar Zambrano Vera.
En efecto en la página de la Superintendencia de Compañías, se encuentran estos dos movimientos de traspaso de acciones de la empresa Marzam, a la señora María Piedad Vera Loor. El mismo 15 de septiembre de 2017,  Mariano Zambrano Segovia cedió sus acciones en las compañías Marnizam, Automotores Manabitas S.A. y Mardcomsa, a su esposa María Piedad Vera Loor.  Mientras, el  23 de mayo de 2018, Mariano Zambrano Segovia transfirió las acciones que poseía en la compañía Manhost Sa. – Mantahost Hotel, a su esposa María Piedad Vera Loor. [25]
Las contrataciones fueron suscritos con anterioridad a estos traspasos accionarios de padre e hijo, lo que permite presumir que estos negocios habrían contado con salvaguardas político – administrativas que facilitaron la inobservancia de las normas legales.
Por tanto, diversas inhabilidades por la suscripción de contratos con entidades estatales afectan a Mariano Zambrano Segovia, prefecto de Manabí y a Mariano Zambrano Vera, asambleísta por Manabí, electo el 19 de febrero de 2017 para el período comprendido entre el 24 de mayo de 2017 y el 24 de mayo de 2021.
Zambrano Vera era accionista de Marzam Cia. Ltda., a través de la empresa Negocorp, de la cual solamente él y su hermana eran propietarios. Como tal y como accionista y presidente de Manhost S.A. por tres años a partir del 21 de marzo de 2016, Zambrano Vera mantenía participación en los contratos con Petroecuador EP y DAC, por lo que se encontraba impedido de ser candidato (Constitución de la República, Art. 127; Código de la Democracia, Art. 96; y Ley Orgánica de la Función Legislativa, Art. 163).
Zambrano Vera se mantuvo como dueño de acciones de la empresa Marzam hasta varios meses después de su posesión como asambleísta, cuando las traspasó a su hermana María del Pilar Zambrano Vera.  Según las normas legales y constitucionales, estas actuaciones del señor Mariano Zambrano Vera, deben generar la pérdida de la calidad de asambleísta.
En el caso de la empresa Manhost S.A., Zambrano Vera como accionista y presidente, había firmado el 24 de diciembre del 2015, día de Navidad, el contrato de arrendamiento Nro. 022/2015 RII, con la Dirección General de Aviación Civil -Regional II. Debido al terremoto ocurrido en Manabí el 16 de Abril de 2016, al día siguiente inició un trámite de terminación del contrato de arrendamiento que a la fecha de su posesión no se había dado por terminado.[26] Este hecho suma a que Zambrano Vera se encontraba inhabilitado para posesionarse como asambleísta electo, pues su calidad de arrendatario también debía impedir su posesión.
La Constitución de la República, en su artículo 127, además de disponer  que los asambleístas deberán ser “responsables políticamente ante la sociedad de sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones, y estarán obligados a rendir cuentas a sus mandantes”, les prohíbe en el numeral 7 del mismo artículo, “Celebrar contratos con entidades del sector público” y establece que “Quien incumpla alguna de estas prohibiciones perderá la calidad de asambleísta, además de las responsabilidades que determine la ley.”
En el caso del asambleísta Zambrano Vera, él suscribió en su formulario electrónico Nro. 2246368 de Declaración Patrimonial Jurada de Inicio de Gestión ante la Contraloría General del Estado, que no se encontraba incurso en ninguna causal legal de impedimento, inhabilidad o prohibición para el ejercicio de un puesto, cargo, función o dignidad en el sector público”. De conformidad con el Art. 270 del Código Orgánico Integral Penal COIP, la presentación de este formulario habría configurado los delitos de falso testimonio y perjurio.

De comprobarse que el prefecto de Manabí, hubiera omitido esta información en sus declaraciones, también podría haber incurrido en los delitos de perjurio y falso testimonio según establece el Art. 270 del Código Orgánico Integral Penal. Y si no las hubiere omitido, podría haber estado inhabilitado para ser candidato y prefecto.
En las manos de Fiscalía
En las casi dos décadas que van de mayo 1998 a octubre de 2017,  un año es crucial: 1997. Según diversas fuentes, la vida política de Mariano Zambrano Segovia, empezó en este año, cuando es electo por el Partido Social Cristiano PSC a la Asamblea Constituyente de 1997-8.
En 2004 fue elegido prefecto de Manabí por el mismo partido, cargo que ha ocupado por tres ocasiones. En el segundo período llegó representando a un movimiento local considerado el ala manabita de Madera de Guerrero, organización liderada por el alcalde de Guayaquil Jaime Nebot tras alejarse del PSC. Mientras en 2014, se postuló a su tercer período como prefecto, por el movimiento Alianza País.
Dicen que si alguien te quiere, te lo demuestra y la vinculación de Zambrano Segovia con el PSC parece estar en el centro de su corazón: fue muy difundido el video del lapsus público del prefecto, en un acto con presencia del ex presidente Correa, cuando en lugar de nombrar en sus alabanzas al movimiento AP,  nombró al PSC. Hace poco, los estrechos vínculos de Zambrano con Jaime Nebot se pusieron a la orden del día debido a que, en la coyuntura pre-electoral a gobiernos locales que vivimos, se hizo público un supuesto apoyo del alcalde de Guayaquil a Zambrano, para terciar a la alcaldía de Manta.
Libro cerrado no saca letrado. El apoyo de Nebot a Zambrano,  no desmentido por el líder máximo de Madera de Guerrero, parecería seguir creyendo en un factor que aparecería como siendo desmentido por los hechos: el supuesto control férreo del manabita sobre la población votante de Manabí, capital político que cualquier candidato a la presidencia de la República desearía tener de su lado. Sin embargo, tras el anuncio público de la supuesta alianza y el lanzamiento de la precandidatura de Zambrano Segovia a la alcaldía del primer puerto manabita, ésta fue públicamente retirada. ¿La posible razón? Los resultados de algunas encuestas, realizadas por una empresa de filiación cercana a la derecha ideológica ecuatoriana, que habrían mostrado que el prefecto de Manabí no solo tiene mucho menos adherentes de lo que se creía sino que el porcentaje de quienes están en su contra es mucho mayor. 
El carro de adelante que se vuelca, avisa al que viene detrás, dice la sabiduría popular.Actualmente, han comenzado a elevarse desde los territorios, voces que hablan de despojos de tierras y revelan formas de apropiación basadas en el control de instancias locales, desde registradurías de la propiedad hasta fiscalías y juzgados incluyendo GADs municipales.


En la Fiscalía General del Estado existiría actualmente suficiente evidencia e información acerca del posible cometimiento de los delitos señalados: tráfico de influencia, testaferrismo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y perjurio.  Y suficientes indicios también sobre la presunción de existencia de una modalidad organizada para realizar estos delitos. El país debería conocer pronto, dentro del proceso en curso, resultados de la apertura y análisis de las cuentas que mantuvieron y mantienen en el sistema financiero nacional e internacional, tanto Mariano Zambrano Segovia como su esposa María Piedad Vera Loor, sus hijos María Pilar Zambrano Vera y Mariano Zambrano Vera, sus hermanos y hermanas, Grismaldo Antonio Zambrano Segovia, Graciana María Zambrano Segovia, Josefa Lucía Zambrano Segovia, Carlos Manuel  Zambrano Segovia, y Consuelo Narcisa Ramona Zambrano Segovia.
También deberán conocerse los resultados de la investigación tributaria realizada sobre todas las personas involucradas, las copias certificadas de las declaraciones juramentadas del señor Mariano Zambrano Segovia en las notarias de la provincia de Manabí, durante los años 2005, 2009, 2011 y 2014 y el registro y contenido de las llamadas, grabaciones y mensajes telefónicos de todos los implicados en la denuncia. La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, que según la Ley de Hidrocarburos, artículo 11, tiene competencia para regular, controlar y a fiscalizar las actividades técnicas y operacionales que ejecutan empresas públicas, privadas, mixtas, consorcios, asociaciones u otras formas contractuales, en este tipo de industria, debe presentar al país un resultado evaluativo de su rol en los contratos de provisión de combustibles.


Un tema que no puede quedar de lado es la responsabilidad de las entidades estatales suscriptoras de los contratos irregulares y de las instituciones de control, a la fecha de su celebración. ¿Cómo así ninguna de ellas advirtió el impedimento o inhabilidad que tenían las empresas contratistas? Al Sistema Nacional de Contratación Pública también le corresponde rendir cuentas al país para señalar porqué inhabilidades que resultaban muy conocidas no fueron impugnadas. El SERCOP no realizó  ninguna acción que sepamos, en estos casos.
Actualmente el caso MZ está en manos de Fiscalía. Ha pasado suficiente tiempo desde que se presentaron las dos denuncias del CPCCS y, como en todo, los plazos se cumplen.  El interés del país y su comprensión sobre los diversos hilos que sostienen este caso, han crecido. Es hora de que la máxima institución de investigación comunique los resultados de la indagación previa. Ecuador está atento.
Epílogo

Un famoso proverbio chino dice: “Si no se entra a la cueva del tigre, ¿cómo será posible capturarlo?” Otro refrán, esta vez, occidental, reza: “Con paciencia, se puede ganar el Cielo”.  Enfrentar el miedo y dotarse de paciencia en la lucha contra la corrupción son dispositivos necesarios que acompañan, día a día, los esfuerzos que diversas personas y organizaciones de la sociedad civil realizan para recuperar la ética en la vida pública.
Los desenlaces que, poco a poco, va teniendo el caso MZ, parecen sostener la esperanza de que las instituciones de control y Justicia en nuestro país, y las personas que en ellas se encargan de temas como éste, aunque lentas para el gusto de la mayoría y posiblemente no tan drásticas como merecería la enfermedad social que nos atraviesa y que ha hecho de la impunidad metástasis,  nos permitan creer que todavía hay un futuro en esta patria y sus territorios, para nuestros hijos.

Llegar a ser un país blindado contra la corrupción no es como soplar y hacer botellas. Peor después de la década encubierta, título del libro de la Comisión Nacional Anticorrupción editado en 2017.  Un asunto es seguro: para lograrlo nos tocará estirar la lucha contra el miedo, estirar la paciencia y la eficacia, hasta los extremos donde haya llegado la sábana de la corrupción. Y en Ecuador, esto toca en el corazón de la política.

*María Arboleda fue secretaria de Transparencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición 
Anexos
Imágenes de los documentos certificados registrados en  la Superintendencia de Compañías sobre Marzam Cía. Ltda.


[1] El consorcio Mardcomsa-Marzam presentó una propuesta por USD 11 082 500 millones, para el transporte de combustibles.
[2] Fax No. 00508-COM-2017.
[3] Ver los informes Nro. DASE-00015-2015, aprobado el 28/05/2015, y el Nro. DR2-DPA-CELEC EP-AI-0021-2017, aprobado el 21/07/2017, correspondientes a dos exámenes especiales al contrato 050-2012 suscrito por Marzam. También el informe Nro. DR1-DPGY-AE-0017-2016, aprobado el 27 de enero de 2016, resultado del examen especial a la empresa Mardcomsa por el contrato 013-2015, por el período que va del 1 de agosto de 2012 al 31 de julio de 2015.
[4] Algunas fuentes hablan de una creación de hecho de Marzam, en fechas anteriores.
[5] Véase Registros de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
[6] Ver Anexo x
[7] Ver Anexo xx
[8] Ver Anexo xxx
[9] Ver Anexo iv.
[10] Según Acuerdo ministerial Nro. 205 y las reformas señaladas en el Acuerdo Ministerial Nro. 307.
[11] Coincidiendo con el gobierno de Gustavo Noboa B., en sucesión de Jamil Mahuad.
[12] Los derivados del petróleo debían cumplir las normas INEN . Normas del Acuerdo Ministerial No. 347.
[13] Certificación de EP PETROECUADOR mediante oficio Nro. 28988-ASC-AJC-2017 de 14 de a noviembre de 2017 al CPCCS.
[14] Subrayado nuestro, memorando Nro. 01056-OPL-GLM-2017 de 9 de noviembre de 2017, suscrito por Jorge M. Cisneros O., de la Gerencia de Comercio Internacional dirigido al Procurador de EP Petroecuador.
[15] La compañía Marzam Cía. Ltda., fue calificada desde el año 2001para contratar con Petroecuador por la Gerencia de Comercio Internacional. El 28 de septiembre de 2017, ya en el actual régimen encabezado por el presidente Lenin Moreno, mediante fax Nro. 00508-COM-2017 Petroecuador EP  solicitó a las compañías navieras actualizar su registro de calificación y presentar una “Declaración Juramentada del Gerente General y/o Representante Legal de la empresa en el que se indique que ninguna de sus autoridades incluida el Gerente General, Representante Legal y sus accionistas sean Personas Políticamente Expuestas”. No se conoce si se cumplió este requisito.
[16] En los pliegos de esta licitación se establece la obligación de presentar la información de accionistas de personas jurídicas (Resolución INCOP No.37-09 Formulario No.7).
[17] Resolución de adjudicación Nro. ADJ-CELEC EP-122-EGU-10 de 10 de agosto de 2010.
[18] Fuente:  Portal de Compras Públicas.
[19] Proceso de contratación Nro. R-RE-PU-GADCM-001-2015.
[20] Fuente:  Portal de Compras Públicas
[21] Oficio Nro. CCFFAA.G-11-c-2017-432-O de la Dirección de Movilización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, remitiendo documentos certificados.
[22] Oficio Nro. MSP-HRZ-GH-2017-0917-O del Gerente del Hospital Dr. Rafael Rodríguez Zambrano de Manta al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con copias certificadas de los documentos.
[23] El 25 de noviembre de 2015 mediante Resolución Nro. 073/2015 RII se adjudicó el contrato.  Proceso N0. ARR-DGAC-JD2-061-2015ª.
[24] La inhabilidad de dignatarios de elección popular para contratar con empresas públicas se encuentra establecida en el artículo 233 de la Constitución de la República.
[25] El asambleísta Mariano Zambrano Vera habría cedido sus acciones en la compañía Automotores Manabitas S.A., a su madre María Piedad Vera Loor, el 28 de octubre de 2014.
[26] Ver oficio Nro. DGAC-SX2-2017-1000-O de 21/ 11 / 2017.
[27] Con oficios 32810-DNA9 del 16 de noviembre de 2017 y 36334-CNSGEN-GDDPJ de fecha 15 de diciembre de 2017, el Contralor General del Estado, Subrogante, doctor Pablo Celi, confirmó que las declaraciones patrimoniales del prefecto de Manabí reposan en las Notarías donde ese funcionario realizó tales declaraciones, por lo cual la Contraloría General del Estado no podría certificarlas.  Por el contrario, la CGE sí envió la declaración jurada del asambleísta Mariano Zambrano Vera.

Ecuador en la mira de EEUU por reunión Moreno-Manafort


Por: Fernando Villavicencio y Christina Solórzano
Casi de forma simultánea a que el fiscal especial de los EEUU., Robert Mueller, dispusiera investigar la reunión realizada en mayo de 2017 en Quito entre Paul Manafort, ex jefe de campaña de Donald Trump —investigado en la trama rusa— y el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, cita en la que se habría abordado la situación de Julian Assange, el Secretario de Estado de EEUU., Mike Pompeo, mantenía en Washington un encuentro con el canciller ecuatoriano, José Valencia. Días después, 11 de diciembre del 2018, varios senadores y congresistas del Partido Demócrata, exigían que Pompeo informe si en la reunión se trató el futuro del editor de Wikileaks, asilado desde 2012 en la Embajada de Ecuador en Londres.
Una carta remitida por los Demócratas plantea a Mike Pompeo seis preguntas relacionadas con las presuntas visitas de Paul Manafort a Julian Assange en la Embajada ecuatoriana. Los congresistas se preguntan: ¿pidió al Ministro de Relaciones Exteriores, José Valencia, que confirmara si Paul Manafort visitó a Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres?
El fiscal especial de Estados Unidos, Robert Mueller, investiga la trama rusa en las elecciones. 
Los líderes demócratas también exigen conocer si  el registro completo de las visitas de Assange en la Embajada “esté disponible para todas las investigaciones en curso en Estados Unidos” y si se pidió al Ministro de Relaciones Exteriores ecuatoriano que proporcionara las imágenes de las cámaras de seguridad de esas visitas.

Varios congresistas de Estados Unidos presentaron sus inquietudes al secretario de Estado Mike Pompeo.
Adicionalmente, preguntaron a Pompeo si solicitó que el canciller Valencia confirmara si Paul Manafort habló con el Presidente ecuatoriano Lenin Moreno sobre Julian Assange en Quito, Ecuador, en mayo de 2017 y que en el caso de que haya recibido una confirmación explique si pidió al Ministro de Relaciones Exteriores que le proporcionara todas las notas e información relevante de la reunión de Paul Manafort con el Presidente ecuatoriano Lenin Moreno. Por último, consultaron a Pompeo si preguntó a Valencia sobre el “estado de las discusiones del Gobierno ecuatoriano con el Gobierno británico sobre el estado de Julian Assange”.
Los demócratas, en su carta, indican que el “Congreso y el pueblo estadounidense merecen respuestas sobre la interferencia extranjera en las elecciones de los Estados Unidos de 2016” y expresaron la “urgencia de resolver rápidamente los desafíos planteados por la presencia de Julian Assange en la embajada ecuatoriana e instaron a Pompeo a mantenerse en contacto cercano” con el canciller ecuatoriano.
Los encuentros de Manafort en Quito
En septiembre de 2018 ingresó a la Fiscalía de Ecuador una petición de asistencia penal internacional para que se recepte la versión de Paul Manafort, sobre la reunión realizada en mayo de 2017, en Quito con el presidente Lenín Moreno. El interés era conocer si en esa cita además de tratar inversiones chinas se abordó una posible salida de Julian Assange de la Embajada. La Fiscalía ecuatoriana guardó silencio; no así el fiscal Mueller, quien dispuso investigar el misterioso encuentro como parte del proceso que lleva adelante sobre la injerencia rusa en las presidenciales estadounidenses de 2016.
Paúl Manafort y Jason Maloni, dos ex integrantes de la campaña de Trump en el ojo del huracán. 
Para esa fecha ya se tenía indicios de que Moreno y Manafort no descuidaron tratar en la cita de mayo, la suerte del líder de Wikileaks, información confirmada ahora por el portavoz de Manafort, Jason Maloni y el New York Times. La verdad es que Manafort, no solo participó en una reunión sino en dos. En la primera con inversionistas chinos, lobistas y altos asesores del gobierno de Moreno; y, en una segunda con el actual consejero presidencial Santiago Cuesta (contacto de Manafort) y el ex secretario particular de Lenín Moreno, Eduardo Mangas, cónyuge de la actual presidenta de la Asamblea General de la ONU, María Fernanda Espinosa.
En el entorno del presidente Moreno estuvo Eduardo Mangas, pareja de María Fernanda Espinosa. 
A través del Secretario de Comunicación Andrés Michelena, solicitamos una entrevista con Santiago Cuesta, la cual fue confirmada para el martes 11 de diciembre y suspendida horas antes. Previamente enviamos las preguntas y hasta el cierre de esta edición no hemos recibido respuesta.
Las preguntas que no respondió Santiago Cuesta:
1) ¿Usted fue el contacto con Paul Manafort para la reunión con el presidente Lenín Moreno. En qué fecha se realizó la reunión o cuántas reuniones se realizaron?
2) ¿Cuántas veces se ha reunido usted con Manafort antes de las citas con el presidente Moreno y en dónde se realizaron esas reuniones?
3) ¿Cuándo y quién le presentó a Paul Manafort?
4) ¿En la cita o citas con el Presidente se trató la situación de Julian Assange?
5) ¿En la reunión o reuniones con Manafort participaron María Fernanda Espinosa y Eduardo Mangas?
6) ¿Conoce usted de reuniones realizadas por funcionarios de Ecuador con diplomáticos británicos y con el embajador de Rusia en Ecuador sobre la situación de Assange?
7) ¿Cuál es su criterio respecto a la investigación dispuesta por el fiscal Robert Mueller a cerca de la reunión entre Lenin Moreno y Paul Manafort?
En la Embajada en Londres, las cámaras de seguridad toman las reuniones de Julián Assange. 
Assange metió a Ecuador en la trama rusa
La Embajada de Ecuador en Londres es el lugar donde permanece asilado, desde hace seis años, el fundador de Wikileaks, Julian Paul Hawkins (Assange), hoy en la mira de la justicia norteamericana, por difundir los correos demócratas que perjudicaron a la entonces candidata presidencial, Hillary Clinton. Reportajes publicados por La Fuente, revelaron que Julian Assange convirtió la Embajada en su centro de operaciones: allí instaló su equipo de trabajo (WikiLeaks), implementó su propia red de comunicación, incluso satelital (lo que le permitió “interceptar” y “recolectar” información de la Embajada) y recibió numerosas visitas de controvertidos personajes (hackers, ciudadanos rusos cercanos al Kremlin, a Donald Trump, a lobistas y políticos como Adam Waldman, Nigel Farage y otros).

El millonario contacto ruso
Adam Waldman se reunió varias veces con Assange. Waldman es lobista del multimillonario ruso, Oleg Deripaska, a quién Estados Unidos sancionó económica y financieramente, en abril de este año, por interferir en las elecciones de 2016.
Deripaska, que forma parte del círculo de confianza de empresarios cercanos al presidente ruso Vladimir Putin,  está siendo investigado por el fiscal especial Robert Mueller, pues jugó “un papel clave” en las actividades que influyeron en las pasadas elecciones.
¿Cómo lo hizo? La respuesta podría estar en su conexión con Paúl Manafort, ex jefe de campaña de Donald Trump. Según revelaciones de la inteligencia norteamericana, Manafort habría estado dispuesto a compartir información confidencial con Deripaska, sobre las elecciones de 2016, antes de que Trump aceptara ser el candidato oficial del Partido Republicano.
¿Ecuador es parte de la “trama rusa”? ese es uno de los objetivos a probar en las investigaciones de Mueller. Lo que falta por esclarecer es el papel que jugó el país en la divulgación de los correos: ¿Assange recibió la información pirateada en la Embajada?, ¿la filtró desde allí o lo aprobó?
Más allá de los hackeos y las conexiones entre las cúpulas del poder de Rusia, Estados Unidos y WikiLeaks, por estos días, Mueller ha puesto su interés en la visita que hiciera Paul Manafort al presidente electo Lenín Moreno, en mayo de 2017.
En días pasados, información de medios internacionales indicaba que Mueller estaba “específicamente interesado” en saber si en la reunión que mantuvieron Moreno y Manafort en 2017, hablaron sobre Julian Assange y WikiLeaks. Ahora se conoce que las conversaciones no se limitaron a negocios, también hablaron sobre el destino de Assange. Jason Maloni, portavoz de Manafort, dijo que fue Moreno quien abordó el tema de Assange y manifestó “su deseo de sacar a Julian Assange de la embajada de Ecuador”, según la nota publicada por The New York Times. “Cuando el señor Manafort se reunió con el presidente Moreno de Ecuador para discutir el Fondo de Desarrollo de China, el presidente mencionó al señor Manafort su intención de retirar a Julian Assange de la embajada de Ecuador", dijo  Maloni.
Paul Manafort visitó a Moreno en calidad de lobista y representante de intereses chinos. Las corporaciones chinas estaban interesadas en “comprar las empresas ecuatorianas, CELEC, CNT, Banco del Pacífico y aseguradora Sucre. La inversión total era por 30.000 millones de dólares”, según Santiago Cuesta, amigo del zar petrolero Enrique Cadena, consejero presidencial de Lenín Moreno y responsable del encuentro. Hasta aquí está claro que el contacto entre Manafort y Moreno fue Cuesta, pero, ¿quién presentó a Manafort con Cuesta? Este medio conoció que la amistad entre Manafort y Cuesta se originó cinco años atrás en España.
Manafort aprovechó su cercanía con Trump (fue su jefe de campaña hasta agosto de 2016) para convertirse en “agente de influencia internacional” y continuar con su lucrativo oficio de lobista y empresario. Quienes lo conocen dicen que tenía gustos caros que financiaba con cabildeos internacionales.  Presionado por saldar las deudas y pagar las cuentas legales viajó a Ecuador para ver si podía negociar un acuerdo mediante el cual China invirtiera en el sistema de energía de Ecuador, posiblemente generando una gran comisión para él, señala The New York Times.
En sus viajes internacionales “se presentó como un enlace con la nueva administración de Trump y, en algunos casos, como un agente para organizar inversiones de un fondo asociado con el Estado, propiedad del China Development Bank”, el principal prestamista de Ecuador a cambio de la entrega de petróleo, el cual es desviado a la reventa por brokers privados, entre otros Gunvor, la multinacional vinculada a Putin. Esta operación de intermediación es investigada por la justicia de Ecuador, bajo sospecha de un multimillonario negociado.
El medio norteamericano señala que, en al menos dos reuniones, Manafort, Moreno y sus asesores, “discutieron su deseo de deshacerse de Assange”, Manafort sugirió que podría ayudar a negociar un acuerdo para la entrega del hacker a Estados Unidos a cambio de “concesiones como alivio de la deuda”. “Le dijo al equipo de Moreno que podía organizar una importante infusión de efectivo del fondo chino en la empresa eléctrica ecuatoriana, y podría aliviar cualquier preocupación potencial de la administración de Trump sobre dicha inversión”, indica el medio.

A finales del año pasado Mueller acusó a Manafort de una serie de actividades de cabildeo, lavado de dinero y violaciones de impuestos en relación con su trabajo de consultoría para los intereses alineados con Rusia en Ucrania antes de las elecciones de 2016. A inicios de este año, se declaró culpable de dos cargos de conspiración y manipulación de testigos y de mentir reiteradamente al fiscal, además de admitir públicamente que cometió crímenes financieros.  Un jurado de Virginia lo halló culpable de ocho cargos de fraude fiscal relacionados con ingresos que provenían de Ucrania. Manafort fue consultor por casi 10 años del expresidente ucraniano Viktor Yanukovych.
En una entrevista con CNN, el presidente Lenín Moreno se refirió a la visita de Manafort, aseguró que solo se reunieron una vez, “yo me reuní con Manafort, yo había ganado las elecciones y el señor Manafort fue con unos inversionistas chinos a pedirnos la posibilidad de que nosotros concesionemos la energía eléctrica del país. Manafort para ese momento había sido asesor del presidente Trump en las elecciones (del 2016), y no tenía ningún proceso, eso sí bien claro, no tenía absolutamente ningún proceso. Él iba como inversionista porque parece que es un hombre adinerado o que tiene contacto con inversionistas”, y aseguró haberse reunido sólo una vez con Manafort durante “unos 20 minutos, fue a la oficina de campaña donde yo estaba atendiendo y había ganado las elecciones (del 2017) y fueron estos inversionistas chinos llevados por el señor Manafort”, explicó Moreno y dijo esfáticamente que "es una mentira" el que se haya conversado sobre Assange.
Las conexiones entre Manafort con personas vinculadas a Rusia y Wikileaks se remontan a mucho antes del encuentro con Lenín Moreno. El 9 de junio de 2016, el hijo mayor de Donald Trump, Donald Trump Jr, Jared Kushner, su yerno y Paul Manafort, entonces jefe de campaña, se reunieron con la abogada rusa Natalia Veselnitskaya, relacionada con el Kremlin, según las agencias de inteligencia de Estados Unidos. La abogada les prometió facilitar información en contra de Hillary Clinton. Es posible que en sus encuentros, Adam Waldman y Julian Assange, hayan hablado sobre los vínculos del hacker con Rusia y las intenciones que tenía el líder de WikiLeaks de negociar con Estados Unidos un acuerdo de inmunidad temporal.
De las posibles visitas de Manafort al australiano en la Embajada en Londres, la de 2016 podría ser clave para futuras explicaciones, señala el diario británico de The Guardian, pues en ese período Manafort se convirtió en uno de los rostros más cercanos a Trump en su carrera por la Casa Blanca. Manafort y WikiLeaks han negado estos encuentros y Lenín Moreno ha indicado que no tiene conocimiento sobre esas reuniones, “nosotros descubrimos que el señor Assange tenía gente dentro de la Embajada que pertenecía al gobierno anterior (Correa) y que seguramente le estaban ayudando en sus cosas… El señor Assange tuvo, tiene y podrá tener derecho a recibir visitas. Nosotros no lo podemos privar de ese derecho”, dijo Moreno a CNN.
Aunque la lupa del fiscal Mueller y los ojos de la prensa internacional pongan atención en ilustres visitantes como posibles enlaces entre las agencias rusas y Assange, fuentes de la Embajada ecuatoriana en Londres no dejan de mirar a personas cercanas al círculo del hacker, principalmente al ex cónsul Fidel Narvaez, quien facilitó el asilo a Assange, el salvoconducto a Edward Snowden y el último intento de escape a Moscú.
El ex cónsul del Ecuador intentó presentar a Julián Assange como diplomático ecuatoriano en el Reino Unido. 
El fallido escape de Assange a Rusia
Casi como regalo navideño, el 12 de diciembre de 2017, siete meses después del controvertido encuentro entre Lenín Moreno y Paúl Manafort, el gobierno ecuatoriano otorgó la nacionalidad a Assange y rápidamente, tres días después (15 de diciembre), lo nombró como consejero de la Embajada de Ecuador en Londres, para luego de cuatro días (19 de diciembre) otorgarle el nombramiento de consejero en la Embajada de Moscú, Rusia.
Previo a estos rápidos movimientos, el 4 de diciembre de 2017, Assange, junto con su abogado Baltazar Garzón, ya había expresado al país, su “decisión de dar por terminado el asilo político”, confiado en que siete días después recibiría la carta de naturalización. Este documento de pitonisa revela que la operación de escape diplomático, había sido concertada, el texto es clarividente: “al haberme concedido el estatus de agente diplomático “in itinere”, hasta llegar a la misión diplomática de mi destino, posteriormente durante todo el tiempo que esté en la misión del país receptor, y hasta mi viaje de vuelta a Ecuador”.
El Ecuador naturalizó a Julián Assange, carta que no ha sido revocada hasta el momento. 
Es decir, Assange sabía 11 días antes que le nombrarían agente diplomático. Resulta bastante claro que el plan de salida de Assange de su cautiverio en Londres, no podía ser ajeno a una estrategia internacional previamente acordada entre los distintos actores interesados. Después se sabría que el fracaso de la intentona se debió a otros factores.
Una luz para Assange estaría por llegar en mayo de 2017 con el fallo absolutorio de la justicia sueca. Casi de forma simultanea se realizó en Quito el referido encuentro entre Moreno, Manafort y los inversionistas chinos, y una segunda reunión con la presencia de Paul Manafort, Eduardo Mangas y Santiago Cuesta, en la que el futuro del huésped sin duda estuvo en la agenda.
Eduardo Mangas, de origen nicaraguense, a esa fecha era la persona de mayor confianza y poder en el círculo de Moreno. Luego fue secretario particular y delegado presidencial en las empresas públicas. Antes, entre 2014 y 2015, lo había acompañado en Ginebra como delegado de la Cancillería para el manejo de varios temas, entre otros el asilo de Assange. Informes de la embajada en Londres dan cuenta de que Mangas visitó al hacker al menos tres veces.
Lo acordado en las reuniones de mayo de 2017 en Quito permitió diseñar la estrategia a ejecutarse en los siguientes siete meses. Para esa fecha, la armonía política aún cobijaba a Rafael Correa y Lenín Moreno, los desencuentros empezarían a expresarse semanas después.
La denuncia por un presunto abuso sexual cometido por Assange en Suecia.
La noticia esperada llegó el 19 de mayo de 2017, cuando la justicia de Suecia dejó en libertad a Julian Assange, acusado de abuso sexual según denuncia formulada en 2010 por una joven sueca que acusaba al hacker, de haber mantenido una relación sexual mientras ella dormía y de hacerlo sin preservativo a pesar de que ella había rechazado varias veces cualquier relación sin protección.
Inmediatamente de conocido el fallo, el 23 de mayo de 2017, Ecuador envió una comunicación a la Cancillería Británica en la que pedía extender un salvoconducto para sacar a Assange de la embajada y traerlo a Ecuador. El gobierno de Reino Unido negó el pedido.
El 24 de mayo de 2017, Lenín Moreno posesionó a María Fernanda Espinosa como ministra de Relaciones Exteriores y desde entonces redobló esfuerzos para insistir en la salida de Assange. Apenas a un mes de su gestión (junio 2017) Espinosa había impulsado dos importantes reuniones, solicitadas por el propio presidente Moreno. “Hemos tenido ya una serie de diálogos, de intercambios, e incluso una reunión de trabajo con la Embajadora del Reino Unido aquí en Ecuador, contactos incluso en Cancún con representantes del gobierno del Reino Unido (…) y la voluntad y la decisión es llegar a una solución de que simplemente beneficie y garantice los derechos de la persona asilada”, indicó.
Los ex cancilleres Ricardo Patiño y María Fernanda Espinosa tuvieron una cercana relación con Julián Assange. 
En esa misma dirección se sabe de la realización de reuniones con diplomáticos rusos, algo nada descartado considerando que sin un acuerdo con Rusia no se justificaba adelantar el nombramiento de Assange como agregado diplomático en Moscú, otorgado el 19 de diciembre de 2017. Los detalles del acuerdo con Rusia para enviar al fundador de WikiLeaks a ese país, fueron manejados con demasiada cautela, incluso la información fue declarada reservada. Sin embargo, la salida de Assange de la embajada utilizando la vía diplomática era una estrategia manejada desde el 2012 por la Senain. Este medio pudo revisar documentos que permite descurbir cómo se tejió la operación.

Ecuador nombró a Assange diplomático con misión en Londres.
Para mediados de agosto de 2017 los abogados de Assange en Londres preparaban los documentos requeridos para obtener la nacionalidad ecuatoriana. El 5 de septiembre Assange ingresó una declaración jurada sobre su identidad y el día 9 del mismo mes presentó la petición de naturalización. Al finalizar noviembre, la cancillería concovó a Assange a la entrevista de rigor previo a obtener la nacionalidad. El mismo día de la entrevista (4 de diciembre) Assange se despojaba de su condición de asilado con la certeza de que el 12 de diciembre sería ciudadano ecuatoriano, como en efecto ocurrió.
Rafael Correa y el ex cónsul Fidel Narváez, una relación cercana. 
A partir de entonces se empezó a ejecutar la segunda parte del plan: el escape diplomático a Rusia. En este escenario vuelve a jugar un rol importante el cónsul Fidel Narvaez, amigo personal de Assange y quien sirvió de contacto con Wikileaks desde el 2011 para la obtención del asilo, como lo reveló una investigación de La Fuente. Narvaez ya había demostrado su fidelidad con Assange y los buenos contactos con los rusos, cuando el 22 de junio de 2013, arrogándose funciones, emitió el salvoconducto a Edward Snowden para que pudiese trasladarse de Hong Kong a Rusia, donde actualmente recibe asilo político.

Assange también fue nombrado consejero de la Embajada en Rusia.
Ante la ausencia por motivos navideños, del embajador en Londres, Carlos Abad, asumió varias responsabilidades en la embajada el cónsul Fidel Narvaez. Y es justamente él quien, el 20 de diciembre de 2017, pone en conocimiento de la cancillería británica los nombramientos de Julian Assange como consejero diplomático en Londres y Rusia. Al día siguiente, llegaría la negativa del gobierno de Reino Unido, poniendo fin al plan.
Para acompañar el operativo de salida de Assange, el 15 de diciembre se movilizó a Londres, el entonces jefe de la Secretaría de Inteligencia – Senaín, Rommy Vallejo, quien estuvo en la embajada hasta el día de la negativa británica (22 de diciembre). Un mes antes, Vallejo, realizó una visita inesperada de varios días a Moscú.
Julian Paul Assange, nació en australia el 3 de julio de 1971, un día antes de la fecha de independencia de los Estados Unidos de Norte América, país que lo acusa de conspiración internacional. Su padre es John Shipton y su madre Christine Hawkins. El apellido Assange lo asumió de su padrastro y desde ahí lo usa en su vida periodística, aunque nunca estudió y peor se graduó de periodista. Sus aficiones académicas fueron las matemáticas y la física en la universidad de Melbourne. Desde el 12 de junio de 2012 es huésped de la embajada de Ecuador en Londres y el 12 de diciembre de 2017 recibió la nacionalidad ecuatoriana, ahora, espera un descenlace que con seguridad solo le significará cambiar el sitio de cautiverio.

La cronología de Assange
Con la  información relacionada con la naturalización de Assange, estos portales establecieron una línea de tiempo que detalla los intentos de Ecuador por sacar a Julian Assange de la Embajada ecuatoriana en Londres, quien, luego de su renuncia voluntaria al asilo el 4 de diciembre de 2017, permanece en la sede diplomática como ecuatoriano protegido en su propia embajada:
Assange renunció al asilo en la Embajada ecuatoriana, pero el Gobierno no le aceptó el escrito. 
• 23 de agosto de 2012, la Cancillería británica señaló que no existía base legal para aceptar el salvoconducto para Assange solicitado por Ecuador.
• Noviembre de 2012, Gran Bretaña indicó que no reconocía el asilo diplomático y Assange debía responder a la justicia británica. En un oficio del 17 de septiembre de 2018, enviado a la asambleísta Paola Vintimilla, el actual ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, José Valencia, indicó que desde 2012, las autoridades ecuatorianas “han efectuado múltiples representaciones antes las autoridades británicas y han solicitado en dos oportunidades la entrega de salvoconductos” para que Assange pueda salir de la Embajada y la posición de Reino Unido no ha cambiado: se ha negado a otorgar el salvoconducto.
• Mayo de 2017 se reúnen en Quito el presidente electo Lenín Moreno con el entonces asesor de Donald Trump, Paul Manafort y abordan una posible salida de Assange. La cita fue planificada por el actual consejero de Moreno, Santiago Cuesta.
• 19 de mayo de 2017, la justicia sueca declara inocente a Assange de los cargos de abuso sexual.
• 23 de mayo de 2017, el gobierno de Ecuador solicita a su similar de Reino Unido, emita el salvoconducto para trasladar a Assange a Ecuador. Petición rechazada.
• Junio de 2017, la Canciller María Fernanda Espinosa, realizó reuniones de alto nivel con diplomáticos británicos en Cancún y Quito en busca de la salida del hacker.
• 5 de septiembre de 2017, Assange presenta al Consulado de Londres una declaración jurada justificando la diferencia de sus nombres: en la partida de nacimiento consta como Julian Paul Hawkins y en el pasaporte Julian Paul Assange.
• 16 de septiembre de 2017, Julian Assange presentó la solicitud de nacionalidad de ecuatoriana mediante carta de naturalización.
• 4 de diciembre de 2017, Assange, junto a su abogado Baltazar Garzón, informó sobre su decisión de dar por terminado el asilo político.
• 12 de diciembre de 2017, el viceministro de Movilidad Humana, José Luis Jácome le otorgó la carta de naturalización.
• 15 de diciembre de 2017, el entonces ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, subrogante, Byron Suárez, nombró a Assange Consejero en la Embajada de Ecuador en Londres.
• 19 de diciembre de 2017, el mismo ministro lo nombró como Consejero de la Embajada de Ecuador en Moscú, Rusia.
• 20 de diciembre 2017, el Cónsul en Londres Fidel Narvaez, notificó al Gobierno Británico que Julian Assange era Consejero político de la referida Misión Diplomática.
• 21 de diciembre de 2017, la Cancillería británica respondió que “no considera al señor Assange como un miembro aceptable de la Misión (diplomática ecuatoriana) y, como resultado, la Dirección de Protocolo no tiene otra alternativa que rehusarse a reconocer al señor Assange como tal”.
• 22 de diciembre de 2017, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana respondió indicando que “deplora” la decisión de Reino Unido de no aceptar a Assange como miembro de la Misión Diplomática ecuatoriana y que “no existe justificación que impida su acreditación como tal”.
• 27 de diciembre de 2017, María Fernanda Espinosa declaró nulo el Acuerdo Ministerial 000146 que designó a Julian Assange como diplomático ecuatoriano en Londres.
• 28 de diciembre de 2017, la Embajada del Reino Unido indica que su posición “sigue siendo igual”.
• 29 de diciembre de 2017, el ministro de Relaciones Exteriores, subrogante, Byron Suárez, declaró nulo el Acuerdo Ministerial 000147, que nombró a Assange como diplomático en Rusia. Ese mismo día se lo hicieron saber a Assange.
• Inicios de 2018, Espinosa confirmó la naturalización de Assange y lamentó que se haya filtrado esa información porque era un caso que debía “manejarse con absoluta discreción”.
• Junio de 2018, Espinosa solicitó licencia para hacer campaña para el cargo en la ONU. Espinosa fue elegida como presidenta de la Asamblea General de la ONU el 5 de junio de 2018. Jennifer Robinson, abogada de Assange, dijo que esperaba que Espinosa eleve el caso de su cliente al órgano de deliberación multilateral.
• 1 de agosto de 2018, Reino Unido volvió a ratificarse señalando que la posición de esa nación es la de “no reconocer su condición de asilado. Para las autoridades gubernamentales y judiciales británicas, el sr. Assange debe responder por una violación al régimen de presentación a un juzgado británico”.
Desenlace
El destino de Assange aún es incierto, lo que sí queda claro es el deseo de Lenín Moreno de que el hacker abandone la Embajada ecuatoriana “en primer lugar porque representa un ingente gasto a Ecuador (USD 6 millones entre 2012 y 2017). En segundo lugar, por el derecho del señor Assange, más de cinco años en calidad de asilado no es algo deseable para un ser humano. Y en tercer lugar porque de acuerdo al gobierno británico ellos jamás extraditarían a una persona a un país donde corra peligro su vida”. La salida de Julian Assange de la Embajada en Londres, es una decisión de corto plazo, pero eso no significa que la justicia de los Estados Unidos dejará de investigar la trama rusa en la que nos introdujo el líder de Wikileaks desde la estrecha sede diplomática del Ecuador en Londres.