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Autor: mh

Los carteles del narcotráfico en la Mitad del Mundo

Redacciones La Fuente, MilHojas y PlanV

El Ecuador tomado por el narcotráfico. Es la pesadilla que cada día se hace realidad y que fue promocionada y permitida por el régimen de la década pasada.
Nunca antes una fotografía dijo tanto del narcotráfico en Ecuador. Fue encontrada en el teléfono Black Berry del capitán del Ejército en retiro, Telmo Remigio Castro Donoso, luego de su captura en junio de 2013. Llamado como “El Capi” por los narcotraficantes, ayudó a transportar toneladas de cocaína del cartel de Sinaloa, cobijado por su trabajo de inteligencia al interior de las Fuerzas Armadas.
El nombre de Castro Donoso trascendió este 13 de diciembre porque fue nombrado en el juicio que la fiscalía de Nueva York impulsa contra de El Chapo Guzmán, en la corte federal de Brooklyn, Estados Unidos. La declaración del narcotraficante colombiano Jorge Cifuentes, parte del círculo cercano del capo mexicano, aseguró que ‘El Capi’ recibió 100 dólares por cada kilo de cocaína transportado desde el Ecuador.
Telmo Castro fue sentenciado el 16 de diciembre de 2014 a 13 años de prisión luego de ser capturado en El Empalme, provincia del Guayas, junto a los mexicanos Luis Joel Aguirre Castro y Miguel Ángel Valdez Ruiz, cuando cargaban 498 kilos de alcaloide en una avioneta.
En el proceso judicial la Fiscalía identificó en el teléfono de ‘El Capi’ de una fotografía que describe al Ecuador una narcodemocracia, tal como lo expuso Francisco Huerta Montalvo en 2008. La imagen muestra a Rafael Correa Delgado, junto a José Antonio Aguilar Orozco, Darwin Stalin Gómez Vélez y Edgar Fernando Sandoval Puga, todos involucrados en diversos operativos antinarcóticos.
Esta es la fotografía encontrada en el celular de Telmo Castro. Correa sonríe junto a José Antonio Aguilar Orozco, Darwin Stalin Gómez Vélez y Edgar Fernando Sandoval Puga.
José Antonio Aguilar Orozco posa junto a una acompañante desconocida.
Castro era el principal enlace en Ecuador de El Chapo Guzmán y en su Black Berry (serial número 352631052479124) la DEA encontró —entre otras informaciones que reposan en un informe policial— una fotografía en la que se muestra, con gesto de grata satisfacción, al entonces presidente de Ecuador, Rafael Correa, junto con tres ostensibles traficantes de cocaína.
De acuerdo con información militar, Telmo Castro, había dejado el Ejército Nacional tres meses antes de que eso suceda, esto es en julio de 2009. En un primer operativo, Castro fue detenido en octubre de 2009 con 557 kilos de cocaína “… en un camión disfrazado en similar forma que los vehículos militares, pintado de verde y con logotipos falsos del Ejército para evitar los controles”.
La participación del excapitán Telmo Castro y su vinculación con El Chapo no es desconocida por las autoridades ecuatorianas, incluso la Fiscalía de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti) investigó el caso, luego de la captura del narco-militar. La información obtenida del móvil de Castro permitió identificar una serie de contactos en el mundo delictivo. No se conoce de alguna acción realizada por la justicia de Ecuador a raíz de este informe, que hoy lo publicamos íntegro.


Las fotos de Correa con la gente de Sinaloa
Estas fotografías fueron encontradas en uno de los celulares de un procesado por el operativo Sinaloa efectuado en el 2017. En esa acción policial se detuvo a un grupo de narcos de Sinaloa que operaban en Quito. Dentro del juicio, el perito que analizó las fotos dijo, bajo juramento, que algunos involucrados estaban en reuniones con Rafael Correa.
La foto del celular de Telmo Castro no es la única evidencia de la relación del expresidente con gente acusada de narcotráfico. En uno de los procesos por tráfico de drogas de 2017 se menciona que el perito José Miguel Ramírez, del Departamento de Criminalística, manifestó bajo juramente que dentro del caso realizó el informe 1580, remitido a la Fiscalía el 17 de agosto del 2017. En este se menciona lo siguiente: “de la pericia de extracción de información de varios dispositivos de almacenamiento digital que se encontraban en cadena de custodia, dentro del caso policial 069 UAZP2017, que de los 22 teléfonos celulares extrajo contactos telefónicos, registros de llamadas, mensajes e imágenes fotográficas”.Esta información fue analizada por el perito en su informe y la dio a conocer a la Fiscalía. Dijo que los teléfonos estaban en regular estado de conservación, buen funcionamiento y estaban ingresados con la respectiva cadena de custodia en las bodegas de la Jefatura Provincial Antinarcóticos de Pichincha. En el interrogatorio de Fiscalía contestó que de uno de los teléfonos se pudo extraer imágenes fotográficas entre las que se observaba a varias personas reunidas, entre ellas al expresidente de la República, Rafael Correa.
Lo mencionado en el párrafo anterior es un extracto del proceso 17282-2017-02614 por Organización y financiamiento para la producción o tráfico de sustancias ilícitas catalogadas sujetas a fiscalización. El juicio corresponde al Operativo Sinaloa. Según el parte policial, “la Policía Nacional del Ecuador, a través de la Dirección Nacional Antinarcóticos y la Unidad de Investigaciones Antinarcóticos, UIAN, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, la Policía Nacional de Colombia, la Agencia de la DEA, el día jueves 01 de julio de 2017, puso en ejecución la Operación Policial Antinarcóticos denominado Sinaloa”. Se aprehendió un peso bruto de 101.886 gramos de cocaína. Todos los detenidos en Quito eran mexicanos y residentes en Sinaloa.


Este fue el informe policial:
Dos de los involucrados en el operativo Sinaloa. Dos de los principales capturados fueron puestos en libertad.
“Por medio de la gestión investigativa se llegó a conocer sobre la existencia de una organización dedicada al acopio, adecuación, y envío de cocaína, estableciendo su centro de operaciones en la Provincia de Pichincha, específicamente en tres inmuebles ubicados estratégicamente, desde donde mantenían el control de las operaciones; en base a este accionar delictivo se impulsaron por medio de la Fiscalía General del Estado, la apertura de una investigación previa tendiente a identificar e individualizar el nivel jerárquico de los miembros de la estructura narco delictiva; es así que la organización envió desde México a la ciudadana Karen Paulina Velarde Osuna con la finalidad de organice la logística para el adecuamiento de la cocaína en forma de semillas de cacao; el financiamiento se encontraba a cargo de Ángel Barraza Cabada, quien manejaba el dinero para la adquisición y camuflaje de la cocaína, la coordinación de envío se encontraba a cargo del ciudadano Miguel Ángel Colmenero Acuña, Juan Carlos Nozato Silva, Jesús Manuel Barraza Tirado; el camuflaje de la cocaína se encontraba a cargo de seis ciudadanos mexicanos”.
Detalle de una de las fojas del proceso que se derivó del Operativo Sinaloa, en el cual se menciona a Rafael Correa.
Detalle de la primera página del proceso que derivó del Operativo Sinaloa.
"Todo el dinero fruto de la comercialización de la cocaína era transportada desde México hasta Ecuador, donde sería empleada para adquirir bienes y constituir empresas de fachada bajo la figura de empresas de exportación de semillas de cacao que enviaría la sustancia hasta México donde sería destinada a la empresa MEX S PRODUCTS para posteriormente ser distribuida a los mercados negros de consumo de Norteamérica. Por medio de la presente operación se ha logrado desarticular un importante brazo operativo mexicano, y se ha retirado del mercado 280.000 dosis aproximadamente”, concluyó el reporte.
El cártel de la mitad del mundo
“Ecuador es un país de tránsito para los precursores químicos para el procesamiento de narcóticos ilegales y también es vulnerable a la delincuencia organizada transnacional debido a la debilidad de las instituciones públicas, las fronteras permeables y la corrupción”. Así afirma el informe del departamento de Estado de Estados Unidos, emitido en marzo del 2016. Esta aseveración fue rechazada categóricamente por el entonces ministro del Interior, José Serrano, quien dijo que se trataba de un informe “antojadizo”.El Departamento de Estado de Estados Unidos, además de señalar al Ecuador como un país de tránsito de droga, indicaba en esa fecha que las “organizaciones criminales transnacionales incluidos los carteles de los Zetas, Sinaloa y del Golfo y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), operan en Ecuador. Los carteles mexicanos usan cada vez más aeronaves privadas y rutas clandestinas para transportar dinero a Ecuador y cocaína hacia México y Centroamérica”.
Aunque las autoridades del Ecuador se enfurecieran por estas afirmaciones, la realidad respaldaba dicho informe. Ya en el 2012, la Revista Semana de Colombia habló de que la poderosa transnacional del crimen, maneja el negocio de la cocaína desde el Ecuador. Ya en ese año se decomisaban cargamentos de droga procedentes desde el Ecuador, valorados en cinco mil millones de dólares.

Informe de fuentes vinculadas a la investigación sobre las actividades del grupo que acompaña a Rafael Correa en esta fotografía. Para ver el informe completo, pinche en la fotografía.
Muchas veces, según Semana, los envíos de droga se pagaban con armas, las cuales fueron a las organizaciones irregulares como las FARC.
Además de las armas, aunque algunos funcionarios gubernamentales lo negaron, hay grupos delictivos internacionales integrados por colombianos y mexicanos, los cuales se dedican al tráfico de drogas en América del Sur y cuentan en su actividad criminal con ecuatorianos. En su mayoría, son socios de El Chapo. A su tiempo el capo mexicano aseguró desde la clandestinidad que buena parte de su millonaria “mercancía” sale de Ecuador.
En el 2015 se supo que El Chapo tejió una red delictiva compleja en Ecuador. Captó a bandas locales para que se encargaran de la logística y de custodiar las pistas clandestinas en las que se embarcan drogas y se transporta el dinero ilícito. Además para que vigilen cargamentos ilegales que parten, por ejemplo, en lanchas rápidas o barcos. En ese mismo año, el Departamento de Estado de EE.UU. señaló que el Cartel de Sinaloa operaba con emisarios en Ecuador.
Una muestra de aquello fue la detención de Óscar B. en el aeropuerto El Dorado de Bogotá cuando pretendía ingresar a ese país procedente de Quito. Él estaba en la mira de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) ya que estaba identificado como representante del cartel de El Chapo en Ecuador.
La segunda captura de El Chapo, de febrero de 2014, fue posible gracias a la información proporcionada por la Policía Antinarcóticos del Ecuador. “La captura del capo mexicano se concretó, en parte, gracias a la información reservada entregada por la Policía de Ecuador sobre las actividades de Guzmán y su presunta relación con Ecuador”, manifestó el entonces ministro del Interior, José Serrano.
El Chapo Guzman, detenido por el gobierno mexicano, está en Estados Unidos en un juicio en su contra.
En junio del 2013, en el cantón El Empalme, de la provincia del Guayas, se realizó el operativo Galaxia, donde la Policía logró el decomiso de 557 kilos de cocaína, varias granadas de mano y la detención de 10 personas, entre ellos dos ciudadanos mexicanos, siete ecuatorianos y uno de nacionalidad colombiana. Entre los detenidos estuvo el excapitán Telmo Castro.
En ese entonces, Serrano precisó que Castro mantenía fuertes vínculos con el cartel de Sinaloa. “Es el narcotraficante con mayores vínculos con el Cartel de Sinaloa en Ecuador era su mayor proveedor”. Según fuentes reservadas, parte de la información entregada por el Ecuador para la captura de El Chapo habrían sido sus comunicaciones con Castro.


Como se evidencia en los hechos, el peligroso cartel de Sinaloa viene operando en el Ecuador desde hace mucho tiempo. Entre el 2012 y diciembre del 2014 al menos ocho avionetas sospechosas de traficar drogas fueron descubiertas en Ecuador. En estos casos estuvieron involucrados pilotos y tripulación de nacionalidad mexicana.En el 2016, los medios de comunicación ecuatorianos constantemente emitieron noticias sobre la incautación de droga y la detención de pescadores artesanales que habrían servido a los propósitos del cartel de El Chapo. Según pescadores de Esmeraldas, ellos aceptaban transportar la droga vía marítima por sus necesidades económicas. Por el trabajo les pagan entre 20.000 y 70.000 dólares.
El jueves 21 de enero de 2016 fue noticia internacional que investigaciones policiales determinaron que entre 20 y 30 mexicanos obtuvieron documentos ecuatorianos con la identidad de otras personas y que entre ellos podrían estar El Chapo y dos menores, presuntamente sus familiares.
El caso aún se investiga, pero se dio a conocer que las cédulas fueron sacadas por los mexicanos hace 10 años.
El narcotráfico entre funcionarios del gobierno ecuatoriano
Durante los últimos nueve años, Ecuador ha sido testigo de las más fragosas historias de narcotráfico que de una u otra manera vincularon a ciertos funcionarios del Gobierno de Rafael Correa.
De acuerdo al informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la evolución sobre las aprehensiones de droga muestra que durante los años 2002, 2003 y 2004, mientras se encontraba la Base de Manta activa, se mantuvo una tendencia a la baja con un punto de inflexión en el año 2005, para luego descender nuevamente durante los años 2006, 2007, 2008 hasta el año 2009, año en que se alcanza el máximo de aprehensiones de droga con un total de 68 toneladas. En los últimos años se produce un incremento constante en la cantidad de droga aprehendida. En el 2014 se decomisó 61,38 toneladas de drogas. En el 2015, 70,16 toneladas, principalmente de cocaína.
Huracán Verde
En octubre del 2007, la Policía capturó en Esmeraldas a siete ciudadanos con 3.7 toneladas de cocaína, en el operativo denominado Huracán Verde. El alcaloide, que estaba en tanques de agua bajo tierra, pertenecía a los hermanos Jefferson, Miguel y Édison Ostaiza Amay. Según la Fiscalía de Antinarcóticos del Guayas, los hermanos Ostaiza eran líderes de una red de narcotráfico vinculada a los carteles de Cali y de Sinaloa.Los hermanos Ostaiza se convirtieron en la pesadilla del régimen correísta, pues siempre los asociaron. En noviembre del 2007 dos agentes de inteligencia de la policía informaron a Rommy Vallejo, ex edecán del presidente Correa y exsecretario de la SENAIN, que el ex subsecretario del Ministerio de Gobierno, José Ignacio Chauvin, estaba implicado en la red de narcotráfico de los Ostaiza y de supuestas conexiones petroleras de Fabricio y Pierina Correa, hermanos del entonces presidente del Ecuador. Según información extraoficial, los hermanos Ostaiza habrían apoyado a la campaña de Correa.
El director del Comité de Derechos Humanos, Ecológicos y Ambientales, Alfonso Ortiz, denunció públicamente haber recibido amenazas por las investigaciones de dos supuestos atentados en contra de los hermanos Miguel Ángel y Edison Ostaiza en la Penitenciaría del Litoral del Guayas, en donde se encuentran recluidos por narcotráfico.
Los hermanos Ostaiza desde su detención pidieron la ayuda de Francisco Huerta, uno de los integrantes de la Comisión de la Verdad, por los atentados que estaban recibiendo dentro de la cárcel. Según los Ostaiza, Huerta les habría dicho que el entonces ministro de Defensa, Ricardo Patiño, los quería eliminar. Y luego de la reunión con Huerta, los hermanos Ostaiza indicaron que no dieron dinero a la campaña de Correa.
Pero no solo el representante de los Derechos Humanos y uno de los integrantes de la Comisión de la Verdad los visitó. También el asesor de Correa, Francisco Latorre, quien les habría pedido que no revelaran nada que comprometa al gobierno de Correa.
Francisco la Torre es conocido como el ángel de Correa, ya que siempre estaba para solucionar sus problemas. Fue el hombre que le pasó a Correa la máscara para protegerse de las bombas del 30S. Fue su compañero de colegio. Ha pasado por varios oficios: fue su chofer, guardaespaldas, asesor de imagen, el que conseguía la comida en las campañas electorales para sus “compañeritos”, hasta llegar a ser el asesor político del expresidente.
Una persona cercana a los Ostaiza, en una conversación informal luego de la frustrada audiencia de juzgamiento, manifestó que los Ostaiza habrían establecido los contactos para que Ricardo Patiño y Gustavo Larrea, ex ministro de Seguridad Interna y Externa del Régimen, dialogaran con las FARC.
Los hermanos Ostaiza en la cárcel debían cuidar sus espaldas. Incluso como medida de prevención, sus familiares les llevan alimentos para que ellos mismos preparen su comida en la cárcel.
En el informe de Angostura se establece que las FARC mantenían frecuentes reuniones en la hacienda El Aromo, con los hermanos Ostaiza. Igualmente se precisa que “los Riascos y los Ferrín fueron identificados por agentes de Inteligencia como los encargados de transportar clorhidrato de cocaína hasta las costas de Esmeraldas, desde donde pensaban sacarlo en un semi – sumergible que se estaba construyendo en la orilla norte del río Mataje”.

Audiencia del juicio contra los hermanos Ostaiza, que luego de salir en libertad dijeron que habían aportado dinero a la campaña de Rafael Correa.
Simultáneamente a la captura de los Ostaiza, despegaba un avión desde el pequeño aeropuerto de Tachina, provincia de Esmeraldas, con destino a México. Esa aeronave salió de Quito el 20 de octubre, a las 13:38, hizo escala en Tachina, y luego partió a Acapulco. Ese mismo día, el avión fue detenido en México por la policía antinarcóticos, encontrándose huellas de cocaína.

De acuerdo con la Comisión que investigó el caso Angostura, en este avión se intentó exportar las 3,7 toneladas de clorhidrato de cocaína incautadas en la  finca del sector de Colope, en Esmeraldas. Según la Fiscalía Antinarcóticos del Guayas, los propietarios de dicha droga eran los hermanos Ostaiza.
Originalmente el avión había volado de México a Quito, donde aterrizó sin contar con los permisos de las autoridades de Ecuador. Allí permaneció 13 días, en un hangar de la FAE (Fuerza Aérea Ecuatoriana). Sorprendentemente en ese lapso, la DAC (Dirección de Aviación Civil) legalizó la irregular presencia de la aeronave en el país.  Sobre el referido caso, la DAC entregó a Correa un informe reservado en el que explicaba por qué el avión modelo GLF59, de la compañía Empresarios del Calzado S.A, procedente de México, aterrizó sin autorización en Quito. Después de estar 13 días, regresó a México desde un aeropuerto local, el de Tachina, violando la legislación aérea.
El informe fue suscrito por Eduardo Larrea Cruz, director encargado de la DAC, y en su parte central señala que el cambio de ruta fue legalizado por el entonces subdirector de la DAC, el comandante Milton Martínez. El texto dice: “Por disposición del señor subdirector Milton Martínez, por intermedio del señor José Acaro, se cambia la ruta de salida de este mismo radiograma (autorización) ya transmitido. Operará Tachina-México (directo)”.
De acuerdo a la Ley Aeronáutica ecuatoriana, los aviones extranjeros solo pueden aterrizar y despegar desde una pista internacional. Esa categoría la tienen las pistas de Quito, Guayaquil, Manta y Latacunga. El avión detenido el 20 de octubre del 2007 en México, era pilotado por Jorge Arévalo Kessler, vinculado al cartel de Sinaloa.
DEA captura aviones de empresario ecuatoriano
A los pocos días del escándalo “Huracán Verde”, Eduardo Larrea Cruz abandonó la DAC y montó, con su hermano Juan Pablo, la empresa Sky Ecuador y una escuela de aviación en la provincia de Santo Domingo de los Colorados y en Guayaquil. Poco tiempo después Juan Pablo Larrea y su madre María Cruz constituyen la compañía Sky Jet Elite, en Florida (EEUU), que registra al menos tres aeronaves.

La aeronave de la empresa Sky Jet cuando fue incatada por la DEA, en EE.UU. (Imagen de Infobae)
El mes de julio de 2014, la DEA capturó en el aeropuerto de Fort Lauderdale (Florida) varios aviones de la compañía Sky Jet Elite, que supuestamente pudieron haber servido para viajes secretos de algunos funcionarios del Ecuador, según la denuncia realizada por el ex legislador ecuatoriano Cléver Jiménez. Se trata del jet ejecutivo Gulfstream II, de matrícula N378MB, y de dos avionetas tipo Cessna, de matrículas N-438EL y N-576RA.
Esto fue desmentido por el abogado y tío de los dueños de Sky Jet Elite, Fernando Larrea, quien aseguró que el tema de los aviones estaba aclarado y que incluso los aviones retenidos para las respectivas investigaciones ya habían sido vendidos.
La DEA vuelve a involucrar a Larrea
En julio del 2015, las autoridades de Estados Unidos realizaron un fuerte operativo para capturar una red de narcotráfico que transportaba 6,5 millones de dólares en cocaína, embutida dentro de un avión Gulfstream II chorro de 1976. La banda retiró los paneles, asientos y tablas del suelo del avión para colocar allí la cocaína.
Los culpables de este hecho están en la cárcel y los fiscales federales afirmaron que la red de narcotráfico era ecuatoriana y que se encargaba de volar la droga desde Venezuela hasta el sur de Florida.
Juan Pablo Larrea, hermano del ex director de aviación Civil del Ecuador, Eduardo Larrea, consta como una de las personas a las que se le confiscó la cuenta bancaria para investigaciones durante este operativo, en el proceso No. 14-60314-CR-DIMITROULEAS.
Operativo Huracán de la Frontera
Otro caso legendario es el Huracán de la Frontera que vincula directamente a ex funcionarios del actual Gobierno con el narcotráfico. Para febrero de 2009, el caso Chauvín ya había estallado: José Ignacio Chauvín, antiguo dirigente del movimiento oficialista del expresidente Correa, Alianza País, reconoció haberse visto en siete ocasiones con alias Raúl Reyes, dirigente de las FARC, muerto en su campamento en Ecuador en marzo de 2008 en un bombardeo de las Fuerzas Armadas Colombianas.
Chauvín fue apresado en febrero de 2009 por asociación ilícita con los hermanos Jefferson, Miguel y Édison Ostaiza Amay, acusados y detenidos por narcotráfico.
La investigación de estos casos quedó en el olvido, justamente por estar asociados con el anterior Gobierno. La exasambleísta oficial María Augusta Calle fue señalada en varios informes de inteligencia como contacto de las FARC en Ecuador, e incluso también su esposo, Juan Meriguet Martínez, quien fue subsecretario de Participación en el Ministerio Coordinador de la Política y asesor del exministro de Defensa, Ricardo Patiño.
La frontera porosa
Como “porosa” se calificó, en el Informe de Angostura, a la frontera de 640 kilómetros que une Ecuador y Colombia. “Porosa” no solo porque ha permitido el tránsito ilegal de más de un millón de desplazados colombianos a Ecuador, sino porque es el cordón de paso y disputa de precursores químicos, droga, armas, guerrilla, paramilitares, dinero. Historias cargadas de muerte y dolor.
En el informe se relata la historia de Ángel Lapo, un comunero de frontera, quien a los pocos días de haber facilitado información a un investigar de la Comisión apareció asesinado. Los hechos hablan de un cuadro de frontera donde los campesinos e indígenas ecuatorianos han sido desplazados, instalándose en algunos casos bases con “desplazados plantados por las FARC”, que facilitan el narcotráfico y las acciones de grupos irregulares.

Este fue el hueco que se produjo tras el bombardeo de la fuerza aérea colombiana el campamento de Raúl Réyez, en el 2008.
Durante las últimas tres décadas, Ecuador ha enfrentado la evolución acelerada del narcotráfico. En la línea de frontera se han instalado laboratorios de procesamiento de drogas, campamentos fijos y móviles, depósitos de armas y combustibles, y más de 42 pasos ilegales. La provincia de Sucumbíos (Amazonía ecuatoriana) era utilizada como centro de operaciones por los Frentes 48 y 32 de las FARC. En las provincias de Esmeraldas y Carchi ejerció su influencia el Frente 29. Mientras que en Esmeraldas, otros grupos salidos del paramilitarismo colombiano, como los Rastrojos, Nueva Generación, Águilas Negras, y los Zorros se “disputaban a sangre y fuego” el control de los campamentos de precursores, armas y drogas, decía el informe de Angostura de 2009.
Operativo Resurgir
El operativo Resurgir se ejecutó el 27 de septiembre del 2011, cuando una unidad antinarcóticos de la Policía, gracias a una denuncia de un ciudadano identificado como “Joselo”, capturó más de una tonelada de cocaína en una propiedad cercana al aeropuerto de Tachina, en Esmeraldas. Uno de los principales implicados fue nada más y nada menos que el comandante de la Policía de Esmeraldas, general Galo Alfredo Carrera Vizuete, quien fue detenido junto a otros integrantes de la banda.La Policía española advirtió de este suceso a la Policía nacional antes de la llamada de “Joselo”. Agentes españoles estuvieron tras la pista de este caso. Uno de los primeros personajes que apareció en esta escabrosa historia fue el representante de una organización de asistencia a migrantes, Fassae (Fundación de Asistencia Social y Apadrinamiento en el Ecuador), Marco Vinicio Chávez Vallejo. Él, coincidentemente, era el tesorero en España de la campaña de Alianza País. Además fue jefe zonal del Consejo Nacional de Sustancias Sicotrópicas (CONSEP). Una suerte de gato cuidando la quesería.


Informe de la Policía de Cataluña sobre el oeprativo Resurgir.
En los informes de la Policía de Cataluña se encontró información que vincula a Fassae con el mexicano Héctor de Jesús Martínez Ramírez, alias “El Ingeniero“, una pieza clave del cartel de Sinaloa en Ecuador. En otras dos entidades, AERE (Asociación de Españoles Residentes en Esmeraldas) y CONAMOS (Consejo Nacional de Movimientos  Sociales), figuran como representantes, Eduardo Cedeño y Cristian Arana, también sindicados y detenidos.
Dentro de la investigación de la Policía española se realizaron algunas intervenciones a las líneas telefónicas de Marco Vinicio Chávez, de donde se desprendió una amplia información que llevó a la detención de los implicados en esta red de narcotráfico y lavado de activos. La investigación arrojó nombres como Gregorio Tello Mejía, ex viceministro del Interior, durante el gobierno de Correa. También apareció Eduardo Sandoya Sánchez, quien fue subsecretario de Coordinación Institucional del Ministerio de Justicia; Nicolás Issa Obando, ex embajador de Ecuador en España; Ramiro González, exministro de Industrias, exlíder el movimiento político Avanza que fue aliado de Correa y actualmente prófugo de la justicia.

Eduardo Cedeño, Nicolás Isa y Marco Chávez.
También se reveló la participación del oficial de la Marina Luis Khon Becerra; de Édgar Aguayo Molina, quien desempeñó funciones de intendente y director de Autoridad Portuaria de Esmeraldas; de Homero Cervantes Coronel, abogado, exgobernador de Esmeraldas y antiguo dirigente del Partido Comunista del Ecuador que participó en el gobierno de la Revolución Ciudadana; y del entonces Comandante de la Policía de Esmeraldas, coronel Galo Alfredo Carrera, sentenciado y encarcelado.
Además, muestra la vulnerabilidad del puerto de Esmeraldas para actividades ilegales, situación que dio indicios para las investigaciones de las relaciones de estos personajes con los carteles mexicanos. La Policía española identificó en primer lugar al “Ingeniero”, un mexicano que después del operativo Resurgir fue identificado como Héctor de Jesús Ramírez Martínez, vinculado también con el caso ‘narcovalija’. Un aspecto particular del operativo Resurgir fue que el modus operandi era el traslado del alcaloide y altas sumas de dinero a través de valijas diplomáticas, mulas y conteiners.
Quien denuncia es asesinado
El abogado Wellington Alcívar y el alcalde de Muisne, Walker Vera, no eran brujos ni tenían dotes de pitonisas, pero ellos sabían que quien no pisa la huella del cartel de Sinaloa pule la lápida para su tumba. Los dos anunciaron públicamente que serían asesinados y hasta dieron nombres de algunos de sus verdugos. Alcívar y Vera murieron abaleaos por sicarios y nadie hizo nada para impedirlo. Esta historia no fue parte de un guión de alguna narcopelícula, pero en Esmeraldas, quien anuncia su muerte, está muerto.

Walker Vera (con gorra blanca), alcalde de Muisne, camina junto a militantes de Alianza PAIS durante la campaña por el SÍ en la consulta del mayo del 2011. Vera fue incriminado por narcotráfico y asesinado.
El 11 de octubre del 2011 con ocasión de la llegada del presidente Rafael Correa a Portoviejo, Manabí, Wellington Alcívar logró evadir el cerco policial y acercarse al Mandatario. Allí le dijo que tenía información sobre las operaciones del cartel de Sinaloa en Esmeraldas. Él llevaba un sobre manila donde aseguraba estaban los documentos con nombres y datos precisos. Correa en ese momento ordenó a uno de sus acompañantes que tome el sobre. Para demostrar que no era locura suya, Alcívar formalizó el 27 de septiembre de 2011, en la Fiscalía de Manabí, una denuncia en contra de varios ciudadanos esmeraldeños que lo habían amenazado de muerte, y que estaban vinculados al cartel de Sinaloa.
Días después, Alcívar fue entrevistado en el informativo de Manavisión, donde denunció que personas vinculadas al poderoso cartel mexicano controlaban la justicia de Esmeraldas, y querían asesinarlo. Puede parecer paranoico que alguien anuncie su muerte, y mucho más, de la forma como lo predijo Alcívar, pero, él sabía la peligrosidad de las amenazas, y sentía cada instante el respiro de la muerte en la nuca. En la presentación en el canal, insistió que todas las pruebas las tenía Correa y su ministro José Serrano. Sin embargo, soltó el nombre del exviceministro del Interior, Gregorio Tello Mejía, como uno de los responsables. Al final de la entrevista, Alcívar indicó que ya estaba resignado a morir. Cuatro meses después, llegó la resignación: dos disparos en la cabeza silenciaron la vida del abogado. El sobre manila con los documentos sigue en manos de Correa y de Serrano hasta la actualidad.
Los nombres que mencionó Alcívar
Gregorio Tello Mejía, exviceministro del Interior, fue involucrado en un delito aduanero en 2009 cuando era Gerente Distrital de Aduanas en Esmeraldas. Según la Fiscalía, Tello permitió el contrabando de mercadería, generando un perjuicio al Estado de unos 30 millones de dólares. El juez que asumió la causa, José María Mosquera, aseguró que después de haber emitido el fallo, recibió amenazas de muerte. Mosquera movió la cabeza, suspiró y mostró uno de los últimos mensajes que recibió en su teléfono celular el 17 de octubre del 2011: “Yo sé cómo te cojo, malparido, cuenta tus pocas horas y minutos que te quedan malnacido. Vamos a ver dónde te llega malparido tu gran vida”, decía el texto. Al juez huérfano de autoridad, solo le quedaba alertar por su vida: “Quiero dejar en claro a la colectividad que si me pasa algo a mí o a mi familia serían responsables los del caso de delito aduanero”, expresó. Las amenazas se habrían extendido también al fiscal Diego Pérez Gallo.
La persecución al juez Mosquera y al fiscal Pérez Gallo fue advertida por Alcívar: “Estoy pidiendo al señor Presidente en esta denuncia, que reestructure a la Función Judicial de manera inmediata en Esmeraldas, porque este grupo de Sinaloa tiene amenazada de muerte a mucha gente”.
A manos de José María Mosquera, juez del IV de Garantías Penales de Esmeraldas, le llegaron los temas más ardientes y peligrosos: el proceso aduanero contra Tello Mejía, y la causa contra el jefe de Policía de la Provincia, coronel Galo Carrera (Resurgir). Lo propio sucedió con el fiscal Diego Pérez, que además de la instrucción contra el exviceministro Tello Mejía, le correspondió actuar en el caso del excomandante Carrera; del asesinato de Cristóbal Colorado Matamba, hijo del abogado Colón Colorado; y en el intento de asesinato del propio Colón Colorado Pozo, cuya responsabilidad según la Policía, apuntaba a César Vernaza Quiñonez, alias “El Empresario”, del grupo de los Templados y hombre fuerte de El Chapo en Ecuador. El otro hijo de Colon Colorado Pozo, Manuel Colón Colorado Velasco, ex funcionario del Municipio de Esmeraldas, consta en el informe de los Mossos D Escuadra. Posteriormente, la Fiscalía de Manabí también sindicó a “El Empresario“ en el asesinato del abogado Alcívar.
La SENAIN investigó a Mario Latore
La Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN) le siguió los pasos al asesor presidencial Mario Latorre, a raíz de las denuncias de Cristian Arana, sentenciado por el caso Resurgir. Arana acusó a Latorre de haber sido él quien proporcionó el dinero para adquirir la propiedad donde se encontró la tonelada de droga frente al aeropuerto de Tachina. En el reporte de la SENAIN de octubre de 2012 se involucra a Homero Cervantes, como uno de los asesores de Latorre, quienes “tienen una central política denominada Comando PAIS”, se lee en el documento.
Mario Latorre apoyó políticamente a Janeth Bustos, quien fue acusada por el Colegio de Abogados y el alcalde de Muisne, Walker Vera, como tramitadora de jueces en Esmeraldas, e inauguraron lo que ellos llamaron ‘la casa de País’. Extraoficialmente se conoció que Mario Latorre ayudó a pagar el arriendo de tal central, junto a Carlos Barcia y Gustavo Dueñas, según el informe.
Homero Cervantes fue representante de Mario Latorre en Esmeraldas y fue el enlace con varios empresarios de prensa, como el gerente del diario la Verdad, afirmó la SENAIN y agregó que Mario Latorre estaba invirtiendo económicamente en el diario La Verdad de Esmeraldas y que estaba a punto de comprar el canal de televisión 23.
Se decía que Mario Latorre, a través de Cervantes, estaba formando un grupo de periodistas que lo ayudaran en la campaña electoral, para ello tenían previsto apoyarse en el abogado Moisés Bautista, asesor de Janeth Bustos, con quien -se dijo- manejaban a los jueces de la Corte de Esmeraldas. Según el texto de Inteligencia, Homero Cervantes fue el enlace del fiscal Ulises Rivadeneira, persona de confianza del Ministro Fiscal de Esmeraldas, Simón Lara. Rivadeneira consta también en el informe de la Policía española, concluyó el mencionado documento.
El 1 de mayo de 2016, fueron apresados, en la ciudad de Esmeraldas, el abogado Homero Cervantes y Miguel Álvarez Martínez, acusados del presunto delito de tráfico de influencias, para liberar al ex Alcalde de Muisne.
El nombre de Miguel Álvarez volvió a ocupar titulares en la prensa luego del escándalo de narcotráfico “Torres Gemelas” que permitió la captura de Hernán Prada y el desmontaje de una poderosa red de tráfico de estupefacientes y lavado de activos. Álvarez apareció en varias ocasiones junto al ex presidente León Febres Cordero y al empresario José Dapelo, impulsor de importantes proyectos energéticos en Panamá, durante el gobierno de Ricardo Martinelli. Miguel Álvarez fue acusado de facilitar el proceso de nacionalización del capo colombiano, Prada, y de haber acompañado al expresidente de Ecuador, Fabián Alarcón, a Cartagena, Colombia, al domicilio de Prada.
La Narcovalija y la impunidad
En los últimos años, en Ecuador, se han registrado varios casos importantes de narcotráfico en los que fueron detenidos miembros de la Policía Nacional y personal allegado a diferentes niveles del Gobierno ecuatoriano. Por ejemplo en el caso Narcovalija. Aunque parezca una historia sacada de los libros más escabrosos de misterios no es sino uno de los casos más impresionantes de narcotráfico del Ecuador.
En febrero de 2012, cinco ecuatorianos fueron arrestados por policías de la comisaría de Bonola (Milán). Se trató del director y autor teatral Cristian Loor, Jorge Luis Redrobán, Julio Jesús Pazo Toro y Jean Paul Flores, todos ellos residentes en Milán. El entonces canciller Ricardo Patiño, no pudo sostener el silencio y confirmaba que en el operativo italiano, se había encontrado 40 kg de cocaína líquida en una valija diplomática ecuatoriana que se dirigía a Italia, portando artesanías pertenecientes a Ruga Planet, compañía que representaba la obra de teatro Ruga La Tortuga.
¿Pero quiénes son los personajes de esta historia? Cristian Loor,  es recordado en el medio de las comunicaciones por su participación en proyectos de televisión y teatro, escribió guiones para el canal TC Televisión y participó en programas como “Oh La La”, además de muchas obras teatrales; se conoce que residía en Italia desde hace 11 años. Su último logro como director de teatro en Europa fue conseguir el apoyo del consulado general del Ecuador en Milán para su obra “Ruga, La Tortuga”, un proyecto sociocultural que pretendía difundir la cultura y el entorno de Galápagos.
El caso de la Narcovalija fue un escándalo de proporciones, que involucró al entonces canciller Ricardo Patiño.
Desde el 2008 Narcisa Soria aparece como Cónsul y en el 2009 Loor participó en el encuentro “Ecuador Turismo, Cultura y Comercio” y el Consulado le pagó 235 euros. En el 2010, Loor aparece nuevamente y esa dependencia diplomática le vuelve a pagar 40 euros, pero esta vez por presentarse como ‘voluntario’ para atender en un stand turístico. En el 2011, la embajada ecuatoriana en Italia autorizó a Loor el uso del logotipo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador para que lo use mientras tramite el apoyo para su obra de teatro.
Por otro lado Jorge Luis Redrobán en Italia, salía en revistas y organizaba eventos masivos para los ecuatorianos residentes en dicho país. El informe oficial de la policía de Milán reconoce la relación que él tenía con el Consulado de Ecuador en Milán, cuerpo diplomático que hasta ahora es manejado por Narcisa Soria. Incluso el informe de la policía de Milán reveló, el grado de cercanía entre los implicados al punto que esta les presta las llaves de la misión diplomática, como se puede apreciar en las intervenciones telefónicas realizadas a Redrobán. Desde Italia se revelan más datos sobre el nexo entre este personaje y el Consulado. Este  organizó eventos culturales desde 2005 hasta 2010, donde se incluían servicios en sus restaurantes.

¿Cómo se vinculan estos ciudadanos con el narcotráfico? El 26 y 29 de diciembre de 2011, 26 días antes de la detención de estos personajes en Italia, en la provincia de Manabí se registra la denuncia de Cristian Loor en la que manifestó que está siendo extorsionado para traficar: “Quieren que yo transporte junto a la escenografía y vestuario de mi obra de teatro Ruga la Tortuga e incluso pretenden usar mi nombre para transportar droga vía diplomática”.
Dentro de las declaraciones de Cristian Loor se refiere a que tanto él como su amigo Jorge Luis Redrobán estaban siendo presionados para traficar droga e incluso fueron  amenazados de muerte. Así mismo afirma que Marcos Alfredo Kattan (para julio de 2012 Kattan ya había sido asesinado en Guayaquil, con más de 15 tiros mientras era investigado por la policía) y otro personaje conocido como el Sambo eran quienes los estaban amedrentando: “esta gente me está obligando a decir cosas al teléfono que yo no entiendo, en clave, pero lo que sí sé es que hablan de droga, pues de las conversaciones que he escuchado de ellos, se refieren de haber hablado con El Ingeniero y son 80 metros cuadrados de loza o dice El Ingeniero que son 80 baldosas, clave que yo no entiendo a que se refieren”. Cuando se acordó el caso Resurgir, se habló ya de “El Ingeniero“, como un ciudadano mexicano, líder de operaciones de uno de los carteles más fuertes en Sinaloa -México.
Cuando estalló el escándalo de la Narcovalija, el proceso puso a Loor como principal protagonista sin tomar en cuenta cómo podrían estar implicadas también las relaciones diplomáticas y políticas que este sembró en Milán y Ecuador. Tampoco se realizó una investigación de las denuncias de extorsión presentadas en Montecristi. Sin embargo el informe de la Policía de Milán asegura que desde junio de 2011, agentes italianos ya indagaban a los ahora implicados y detenidos. La intervención de los teléfonos de los detenidos brindan las pruebas de su asociación ilícita.
En este año, febrero 2016, de los cinco sentenciados en Italia por el tráfico de drogas hacia Italia desde el Ecuador, utilizando la valija diplomática, uno de ellos fue puesto en libertad, pero no la disfrutó, apenas salió de la cárcel de Milán, Jean Paul Flores Mosquera, regresó al Ecuador y fue asesinado por sicarios en Guayaquil.  El caso parece estar en el olvido porque la Fiscalía no determina responsables.
En esta fecha, la hermana del Presidente Correa, Pierina, viajó a Italia, en un viaje relámpago que causó polémica en Ecuador porque habría sido acompañada por guardia presidencial. Aunque causó escándalo en redes sociales este viaje de Pierina, como siempre, ante estos casos, el régimen guardó silencio.
La modificación al reglamento de la valija diplomática
Uno de los detalles particulares de este caso es la modificación del reglamento de envío de las Valijas del Ministerio de Relaciones Exteriores. El entonces canciller Ricardo Patiño pasó esa responsabilidad a un funcionario de tercer nivel en importancia. Fue así como, en ausencia de las dos altas autoridades, este trascendental cambio al reglamento fue firmado el 25 de mayo de 2011, por Rafael Quintero, dirigente del Partido Socialista Frente Amplio. Debido a este escándalo, Quintero salió del gobierno, pero fue nombrado en enero de 2015, como Embajador de Ecuador en Venezuela, luego de habérsele retirado todas las sanciones por el controversial episodio.
En la alteración del reglamento de envío de Valijas Diplomáticas consta el artículo 14, donde se menciona que en “valija extraordinaria” se puede enviar material promocional y turístico, además de la correspondencia oficial, sin tomar en cuenta que una reglamentación no puede contradecir a instrumentos internacionales, que rigen por igual para el Ecuador y los otros países signatarios de las convenciones de Viena.


El numeral 4 del artículo 27 de esa norma internacional precisa que los bultos que constituyan valija diplomática “solo podrán contener documentos diplomáticos u objetos de uso oficial”. Sin embargo, el nuevo Reglamento abrió el abanico de elementos que pueden ser transportados bajo el concepto de valija extraordinaria.
“De las excepciones” es el ítem que permite además del envío y recepción de documentos desde y hacia las misiones, el transporte de “obras de arte, joyas, muestras artesanales, muestras comerciales y otros objetos sin valor comercial”.
Estos objetos, al ser considerados “excepcionales”, no deben cumplir con la obligación de tener una guía interna que detalle su contenido, como lo señala el art. 11. De hecho, según fuentes de Cancillería, bajo esta nueva reglamentación también se transportaron latas de atún, flores y otros productos para promocionar artículos ecuatorianos.
Otro de los particulares de esta modificación sería que si bien el reglamento se firmó en mayo de 2011, fue publicado en el Registro Oficial seis meses después, en noviembre, dos meses antes del envío de la droga.
El Ministerio de Relaciones Exteriores autorizó el embarque de diez cajas que contenían “material promocional de la obra” dirigida por Cristian Loor, donde se incluían cosas de utilería como alfombras, computadores etc., destinadas a la Oficina Comercial del Consulado de Milán. Según fuentes policiales, Loor instauró relaciones de trabajo con el Consulado de Ecuador en Milán para organizar la expedición de la droga a través de un “paquete diplomático”.
Roberto Rincón y el ministro del Interior del Ecuador
En noviembre de 2014 se celebró el matrimonio de Ricardo Rincón y Lucía De Gema en Manta, Ecuador. El novio es hijo del empresario Roberto Rincón, hombre de negocios que vio incrementada su fortuna desde que se convirtió en proveedor seguro de Bariven (PDVSA),  tras el paro petrolero de noviembre de 2002 a febrero de 2003. Hombre cercano al chavismo capturado por los Estados Unidos por supuesto lavado de dinero y narcotráfico.
Según un video realizado por la productora Verité, cuyos socios son Andrés Proaño, hijo del cantante ecuatoriano Damiano, e Ismael González se observa la espectacular boda del hijo de Rincón. En este video se escucha la voz del Ministro del Interior, José Serrano, quien los habría casado.

Inicia el juicio sobre toneladas de medicinas falsificadas

Miles de medicamentos falsificados se encontraron en el opertivo Fármaco IV ejecutado por la Policía Nacional y las entidades de control en 2017, Cuenca era el centro de producción
Luego de año y medio de la incautación de 18 toneladas de medicamentos caducados, más cientos de pruebas documentales mas otros peritajes se inició el juicio contra los dueños la empresa acusada de estas ilegalidades: Mediveza. Es uno de los mayores casos de producción, desde la clandestinidad, de medicamentos inservibles y hasta perjudiciales para la salud, que luego eran distribuidos y comercializados en varias provincias del país a través de farmacias y otros puntos de expendio.  Este entramado funcionaba gracias a una organización dedicada a la falsificación, adulteración de registros sanitarios y venta de productos farmacéuticos, especialmente en el sur del país.
Hasta el 18 de diciembre el caso Mediveza será juzgado en la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Azuay y los procesados son: Andrés Omar Vásquez Espinoza y María Isabel Talbot González.
Cómo nace esta historia en la que se habría cometido uno de los peores crímenes en contra de la salud pública?


Luego de dos meses de investigaciones, el 25 de julio de 2017 se allanaron 18 establecimientos en Cañar, Azuay, El Oro y Loja, con el despliegue del operativo “Fármaco IV” que involucró al: Grupo de Intervención y Rescate (GIR), la Policía Judicial, la Fiscalía, la Unidad de Delitos Aduaneros y Tributarios (UDAT)  y la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA).
Policía Nacional Informa sobre el hallazgo de toneladas de medicinas adulteradas que se vendian para el consumo. Foto: Diario La Hora
En un gran galpón ubicado en San Miguel de Putushí, de la parroquia Sayausí, cantón Cuenca, además de un contenedor con medicamentos caducados desde 2001, los hallazgos del operativo fueron: una infraestructura clandestina con equipos para fabricación y reacondicionamiento de fármacos, así como máquinas para re-etiquetado de frascos de jarabes y suspensiones, cambios de lotes y fechas de vencimiento en las cajas de productos farmacéuticos.
También se encontraron recipientes llenos de agua con botellas de plástico de jarabes, selladas herméticamente,  proceso empleado para facilitar el retiro de las etiquetas originales y sustituirlas por otras; productos químicos disolventes, sin las precauciones necesarias para evitar la contaminación. En los baños se acumulaban medicinas no aptas para el uso y consumo humano; cápsulas al granel en fundas plásticas, sin información sobre su procedencia, así como fecha de elaboración y composición; una máquina (desemblistadora) que se utiliza para retirar tabletas o cápsulas de un blister original; una tableteadora y una mezcladora; cajas listas para acondicionar los medicamentos para la venta con su empaque externo; cientos de etiquetas de múltiples medicamentos; y material publicitario.
El seguimiento del recorrido de los productos desde las farmacias, condujo hasta este gran galpón o nave que funcionaba, sin permiso, en esta zona rural.
Las 18 toneladas incautadas incluyeron: multivitamínicos, antibióticos, antinflamatorios, antiulcerosos, antihipertensivos y otros productos, que exhibía en su etiqueta laboratorios fabricantes extranjeros, especialmente de China, con registros sanitarios inexistentes al cotejar con las bases de datos de ARCSA.
Infraestructura interna de empacado y almacenamiento de Madiveza
Se capturaron a 9 personas presuntamente vinculadas con este ilícito.
Este caso no ha estado exento de polémica en la actuación judicial. El 26 de julio del 2017 se realizó la audiencia de formulación de cargos, en la que el juez Guido Chalco dictó solo medidas cautelares en contra de cinco implicados:
Producto antes de ser empaquetado y etiquetado (ejm: formas farmacéuticas sólidas orales)
Andrés Omar Vásquez Espinoza, María Isabel Talbot González, dos bodegueros y una secretaria. Las medidas fueron: prohibición de ausentarse del país, enajenación de bienes, así como presentarse cada 15 días en el juzgado.
Noventa días después se realizó la audiencia preparatoria del juicio (el 7 de diciembre de 2017) en la que el juez Chalco determinó que no había suficientes indicios para llamar a juicio. Por lo tanto declaró el sobreseimiento de los imputados. Respecto a los medicamentos se limitó a indicar que emitiría un pronunciamiento en el futuro y los productos incautados quedaron bajo custodia en un recinto militar.
Desblisteadora: Función de la máquina: desempacar las cápsulas, tabletas o grageas del blíster original
El Consejo Nacional de la Judicatura ordenó la suspensión del Juez. Mientras la fiscalía y los abogados del Ministerio de Salud apelaron. Para entonces esta cartera de Estado ya presentó la acusación particular (el 3 de octubre del 2017), por falsificación de medicamentos, infracción tipificada en el artículo 217 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Izq: Encapsuladora semi-automática. Función de la máquina: encapsular el polvo farmacéutico. En el círculo rojo los discos para encapsular. Der: Blisteadora. Función de la máquina: empaque primario de formas farmacéuticas sólidas orales (cápsulas, tabletas y grageas).
La apelación fue aceptada y el caso fue asumido por la sala de lo penal de la Corte Provincial del Azuay, que declaró la nulidad de lo actuado por Chalco, pues indicó que no motivó su dictamen de sobreseimiento y tampoco se pronunció sobre los medicamentos.
Área de empaquetado. Producto: Amixen Plus. Elaborado por: Laboratorios Naturales y Genéricos S.A.C, que no existe en el Ecuador.
Luego, el proceso pasó al juez Felipe Córdova, quien sí determinó que existen indicios suficientes para llamar a juicio a dos de los imputados, pues a los otros tres los sobreseyó.
Cinco meses después Córdova llamó a la audiencia de juicio y el Tribunal que procesa el caso, desde este 13 de diciembre, está integrado por los jueces: Patricia Novillo Rodas (ponente), Pablo Galarza Castro y Luis Flores Idrovo. Ellos definirán la culpabilidad o inocencia de los imputados.
Llenadora de líquidos. Función de la máquina: llenar la forma farmacéutica de líquidos orales (jarabes y suspensiones)
Si en la sentencia se resuelve que son culpables, dada la figura por la que acusa la Fiscalía, la prisión es de hasta cinco años por el delito de producción, comercialización y distribución de medicamentos falsificados.
Aunque el Ministerio de Salud, en su acusación particular, y la ARCSA, en sus análisis del caso, han  identificado el cometimiento de un cúmulo de delitos contemplados en el COIP como el de estafa (previsto en el artículo 186), daño permanente a la salud (art 215), engaño al comprador sobre la calidad de productos o servicios vendidos (art 235), y falsificación y uso de documento falso (Art 328), la Fiscalía se concentró solo en el delito de falsificación de medicinas.
Además hay otro tipo de violaciones que deberían investigarse por cuerda separada porque existirían delitos aduaneros y tributarios dado que toda la maquinaria que utilizaban para el delito de falsificación de fármacos no está registrada en la aduana como importada legalmente.

El Ministerio de Salud ha estimado el monto de los daños y perjuicios en más de 1 millón de dólares y según el expediente del proceso señala: “en atención al Art. 77 del Código Orgánico Integral Penal… solicito la Reparación Integral de los Daños, toda vez que de la investigación se evidencia el afán de causar daño a la comunidad con la provisión de medicinas no aptas para el consumo humano…”
Por lo  tanto, las expectativas respecto a las sanciones incluye también el resarcimiento económico de los daños con el fin de que se cubra incluso la destrucción de los medicamentos falsificados y caducados con el fin de evitar que estos salgan a comercializarse y causen daños graves a la salud y también para precautelar el medio ambiente, pues deben ser destruidos bajo estándares específicos que tienen un costo.
De hecho en las audiencias previas se ha mencionado los daños que pudo ocasionarse a la ciudadanía y se ha señalado que es un tema de conmoción social porque atenta a un bien protegido por la Constitución que es la salud de la población. Sin embargo desde la misma Fiscalía no se ha abierto el abanico para delegar a otros fiscales de manera que conozcan estos otros presuntos delitos. El fiscal a cargo del caso es Jorge Cárdenas Verdezoto.
Según ha reportado la prensa cuencana, la cartera de Salud ha dicho que “ el accionar del Ministerio en el caso tiene la finalidad de “precautelar y garantizar la salud de los ciudadanos”, y anunció que se efectúan controles permanentes por la Agencia de Regulación y Control Sanitario para evitar que se registren nuevos casos de adulteración de medicinas en Azuay.
El expediente de este caso tiene más de 3.000 fojas que incluyen 152 informes técnicos de ARCSA, decenas de fotos y videos y se espera que todo esto sea valorado por el Tribunal.

Zobeida Aragundi: «Silencio absoluto en el Gobierno sobre el informe del 30S»

23 de octubre de 2018: Zobeida Aragundi, acompañada de víctimas del 30S y sus familiares, entregó al entonces Fiscal General, Paúl Pérez Reina, un informe que revela que, con pruebas falsas, se procesó a 715 personas inocentes. Fotos: CNJ
¿Cómo nació la idea de revisar la actuación de 204 jueces y 42 fiscales en el Caso 30S?
Ha sido interés de esta vocalía y de la plataforma de Derechos Humanos sistematizar la información sobre los juicios entablados entorno al 30S, el afán es buscar el resarcimiento a las víctimas de este hecho vergonzoso que evidencia la utilización del sistema judicial para perseguir y sentenciar a miembros de la Policía, a militares y la sociedad civil sobre delitos inexistentes.
¿Se logrará resarcir el daño causado?
Eso buscamos, para ello hemos asumido esta responsabilidad ineludible frente a la sociedad. Además, como autoridades del servicio público que somos, si tenemos conocimiento de una serie de delitos y atropellos, tenemos la obligación de denunciarlos.
¿Hay pruebas irrefutables contra esos 204 jueces y 42 fiscales?
El resultado de la investigación que hicimos es contundente, contiene muchísimos indicios de responsabilidad y pruebas de que se cometió fraude procesal como prevaricato, manipulación de pruebas, videos editados, cortados, ralentizados y unidos para judicializar a inocentes, como lo han denunciado colectivos ciudadanos, los mismos procesados y sus familiares.
¿Tan contundente como para probar que el Gobierno de Rafael Correa montó una estructura de persecusión con el propósito de sustentar su tesis sobre el presunto intento de magnicidio?
Correcto. Todo eso entra en la figura de fraude procesal y prevaricato. También se cometió cohecho. Hemos identificado con pruebas recabadas del mismo Consejo de la Judicatura que, en 17 provincias instauraron 51 procesos penales conocidos como el caso 30S, por delitos como terrorismo, sabotaje, intento de magnicidio y otros inexistentes.
¿Cuántas víctimas dejan estas diversas formas de persecución?
Logramos establecer que 715 personas fueron vinculadas.
¿Recuerda usted alguna persecución similar tramada desde un Gobierno contra ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, policías, opositores políticos o simplemente críticos de su gestión?
No recuerdo ninguna, sobre todo por la magnitud de la persecución en 17 provincias. La mayor carga procesal está en Pichincha, con 21 procesos que representan el 41%, seguida por Los Ríos, con siete juicios, cuatro en Bolívar, tres  en Imbabura…. Por número de procesados, Pichincha lidera la lista con 459 personas, que vienen a  ser el 64.29% del total.
Cree usted que esos jueces y fiscales obedecían órdenes dictadas desde las más altas esferas del poder?; en ese sentido, ¿Cuál es el aporte del informe entregado al ex Fiscal General Paúl Pérez Reina?
En las denuncias de las víctimas del 30S, de la ciudadanía y de las organizaciones sociales hay pruebas de la injerencia política desde las más altas esferas gubernamentales y de la administración de justicia, a cuyas directrices muchos jueces y fiscales se sometieron. Sobre eso, que era un rumor, hemos presentado indicios del cometimiento de delitos. Ojo que esto nace del informe que la Contraloría emitió luego de auditar al Servicio de Inteligencia Nacional entre el 01/09/2013 y el 10/03/2014. En esta auditoría se estableció que había una cuenta de gastos especiales y que se manejó un rubro como fondos reservados. La Contraloría encontró solicitudes de pago por 3 mil y 30 mil dólares por procesamiento, edición, peritaje y facilitación de material audiovisual al proveedor Daniel Alonso Tapia.

¿Se refiere al trabajo contratado por la Comisión del 30S presidida por Carlos Baca Mancheno, ex asesor de Correa y ex Fiscal General?
Exactamente, este informe, que tenía el carácter de reservado, fue ventilado en el juicio político contra Baca Mancheno y nos ha permitido dar a conocer graves indicios de responsabilidad porque utilizó dinero público para contratar gente que forjó pruebas, editó audios y manipuló videos. Eso sirvió de base, en la mayoría de procesos penales para condenar a gente inocente. Muchos fiscales cometieron el delito de fraude procesal y varios de los jueces prevaricaron al aceptar pruebas de origen ilícito, a sabiendas de que lo eran.
El ex fiscal Pérez Reina dispuso alguna investigación, este es uno de los temas que forzó su renuncia?
El ha dicho que deja el cargo por temas de índole personal y familiar. Las denuncias que esta vocalía le presentó sobre el Caso 30S son graves, más aún cuando involucran a fiscales en funciones, que son compañeros del ex fiscal general, un funcionario de carrera. Por supuesto que es una situación fuerte, que demanda decisiones firmes, pero no me atrevería a afirmar que este sea el motivo de su renuncia. 
¿Qué respuesta dio Pérez Reina al informe del 30S?
En eso si debo expresar mi sorpresa porque, hasta el día que fui a dejar las denuncias del caso 30S, yo formaba parte de la terna propuesta por la Fiscalía para integrar el Consejo de la Judicatura definitivo, luego ya no estuve.

¿Sobre este tema Pérez Reina le debe al país una explicación?
Así es, seguramente en algún momento la dará.
¿Qué hizo luego de que le entregaran el informe del 30S?
No dio ninguna respuesta. Es más, cuando fui a presentarle el informe, acompañada de algunas víctimas, hizo muchos reparos al texto y exigió que sean las víctimas las que presenten sus denuncias. Con varias de las víctimas estamos construyendo las denuncias individuales.
¿Qué expectativa tiene sobre la gestión de la nueva fiscal subrogante Ruth Palacios respecto al caso 30S?
Esperamos que proceda con firmeza y decisión para investigar estos hechos. En los próximos días acudiremos con las denuncias firmadas por las víctimas, para que sean sumadas a las pruebas que entregamos ya a la Fiscalía. Entre ellas de gente que, como testigos presenciales de la manipulación de pruebas, ha decidido sumarse a nuestra causa y aportar con sus testimonios.
¿Ellos van a romper el silencio que mantuvieron durante 8 años?
Sí, van a declarar y a revelar detalles sobre los mecanismos de presión a los que fueron sometidos muchos funcionarios judiciales. A la Fiscalía General no le queda más que iniciar la investigación contra todos los funcionarios judiciales que actuaron de manera inadecuada.
¿Todos los jueces y fiscales que actuaron en el 30S lo hicieron de manera irregular?
No todos, hay casos en los que algunos fiscales se abstuvieron de procesar y jueces que absolvieron a los acusados. Ellos pueden estar tranquilos porque actuaron adecuadamente, a pesar de las presiones de todo tipo que soportaron. Tanto quienes actuaron en derecho como quienes lo hicieron al margen de la ley están plenamente identificados en el informe. Nuestro trabajo es tan profundo que abarca el número del proceso, la ciudad o cantón, la unidad policial y otros detalles que facilitan el análisis. 
¿Entonces, la Fiscalía no debería tardar en esclarecer y cerrar este triste capítulo de la historia del Ecuador?
El más triste y vergonzoso de nuestra historia. No debería demorarse tanto la Fiscalía porque hemos proporcionado todos los elementos de convicción.
¿Hay un poder judicial independiente que garantice una investigación seria y la reparación a las víctimas?
Quiero mantener la confianza en las autoridades de la Fiscalía. Han intervenido en otros juicios complejos contra el expresidente Correa, el ex vicepresidente Glas y ex ministros por varias acciones delictivas. Con ese mismo valor, esperamos que se inicie la investigación del caso 30S, sin importar que afecte a decenas de fiscales y jueces que siguen actuando como tales.
¿Tuvieron acceso a correos electrónicos con directrices, dictando sentencias como en otros casos ha ocurrido?
Tenemos pruebas aún más contundentes. Hemos aportado copias de las 51 sentencias condenatorias dictadas en base a cd manipulados y editados, trabajo contratado con dinero público.
¿Eso quiere decir que cometieron varios delitos a la vez?
Claro, la defensa de las víctimas, de forma unánime, advirtió a los jueces y fiscales que esos videos habían sido editados y manipulados. Sin embargo, hicieron caso omiso y dictaron sentencia. Toda esta maraña empezó a salir a la luz en el juicio político instaurado contra el ex fiscal Baca Mancheno.
El Consejo de la Judicatura Transitorio tiene los días contados, usted fue incluida en la terna para integrar el Consejo definitivo; sin embrago, Pérez Reina borró su nombre de la terna. ¿El informe del 30S fue la causa?
Es público que formé parte de la terna que la misma Fiscalía General remitió al Consejo de Participación Ciudadana.
¿Qué pasó, por qué borraron su nombre?
Esa es la gran pregunta.
¿Eso evidencia lo complejo que es desmontar la estructura de corrupción judicial instaurada en el correato?
Durante más de 10 años se tejió una telaraña para la impunidad, es muy difícil desmontarla en pocos meses. Sin embargo, tengo esperanza de que el Consejo de la Judicatura definitivo sea integrado por hombres y mujeres que honren esa designación y continúen esta investigación que dejamos como semilla, como un impulso para acabar con la impunidad y sentar un precedente en la administración de justicia.

Resulta contradictorio que al ser promotora de esta investigación que dio como resultado un informe con pruebas contundentes sobre el 30S la borren de la terna ¿Qué piensa hacer?
Muchas personas me dijeron que no entregue el informe, que no era oportuno ir a la Fiscalía General con esta bomba, pero considero que los principios y valores no se negocian. Trabajamos más de dos meses con las víctimas del 30S, quienes depositaron en nosotros su confianza, su esperanza. Una de ellas me dijo: “Hace una semana salí de prisión, cumplí siete años de condena; ahora estoy sin trabajo, necesito la revisión de mi proceso y que se declare que soy inocente, a pesar de que he cumplido una injusta condena”. Muchas víctimas ven en este trabajo una posibilidad de acceder a recursos de revisión, pues hemos introducido nuevas pruebas que sustentan cualquier demanda. Ante algo tan contundente, no podíamos esperar, no había espacio para ningún cálculo político.
¿Han tenido alguna respuesta, algún tipo de respaldo de parte del presidente Lenín Moreno?
No he sabido de ninguna reacción del presidente Moreno sobre esta iniciativa. Hay un silencio absoluto en el Gobierno sobre el informe del 30S.
¿Ese silencio oficial es otra puñalada para las víctimas y los familiares del 30S?
Sin duda. Me habría gustado que haya un pronunciamiento del Gobierno, eso sería esperanzador para las víctimas que siguen sufriendo las consecuencias de haber sido involucradas en procesos penales de manera tan perversa. Y ese sufrimiento incluye a sus familias, afectó además sus proyectos de vida, sus carreras fueron truncadas, mucha gente murió en el camino, otros se suicidaron, sus familiares enfermaron por el dolor y la tristeza.
¿Cuáles son los casos que más indignación le causan?
Todos. Los más emblemáticos son la persecución a Mery Zamora, ex presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE); al coronel Fidel Araujo; a los colegas abogados Guerrero; el caso del coronel César Carrión; la dolorosa muerte de Froilán Jiménez, pero también hay gente muy humilde que fue perseguida.
¿A quiénes se refiere?
Tenemos el caso de Diógenes López Bermello, en Manabí, cuya documentación tiene la Fiscalía. Él denunció su situación incluso a través de un audio en el que revela que el secretario del fiscal provincial le exigió dinero para no acusarlo. Al señor Esteban Moreira Burgos le pidieron 4 mil dólares para sacarlo del proceso, como solo pudo conseguir 2 mil dólares fue condenado a un año de prisión. La mayoría de perseguidos era el sustento de su familia. Hay mucho sufrimiento causado, mucho daño psicológico y físico. Nuestro compromiso es luchar para que esto no quede en la impunidad.
¿Hay casos de jueces y fiscales que se vieron obligados a actuar así por temor a perder su puesto o por otro tipo de amenazas?
Creo que en un buen número de casos, los jueces, los fiscales y los defensores públicos actuaron bajo presión, pues a las audiencias -y esto es público-, concurrían delegados del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia, del Consejo de la Judicatura, para vigilarlos. Ellos realmente soportaron una presión enorme y una amenaza  de perder sus puestos. Por eso considero fundamental reconocer el trabajo de los funcionarios judiciales que, bajo esas circunstancias, hicieron lo correcto y actuaron en derecho.
A muchos de ellos les echaron de sus cargos. ¿De cierta manera ellos también son víctimas del 30S?
Así es, muchos fueron sancionados utilizando la figura del error inexcusable, algo para lo cual el Consejo de la Judicatura no tenía facultad ni base jurídica. Sin embargo, lo utilizaron como una herramienta para perseguir a los funcionarios judiciales que desobedecían las órdenes dadas desde las sabatinas y los ministerios del Interior y de Justicia.
¿Qué hará si no hay un pronunciamiento del Ejecutivo y sobre todo si la nueva fiscal no inicia una investigación?
Cuando se concluye un informe de esta naturaleza, el compromiso aumenta. Estamos en vigilancia constante. Si hubiera voluntad, eso no debería tomar mucho tiempo porque los delitos están documentados y las pruebas no fueron sometidas a una cadena de custodia como la ley establece.
¿Cuál es el procedimiento legal y técnico que debieron cumplir los jueces y fiscales?
Por ejemplo, en el caso de los incidentes en Ecuador TV, debieron iniciar las diligencias en la televisora que hizo los videos; el fiscal debió trasladarse de inmediato, el mismo 30 de septiembre de 2010 o al día siguiente a cada uno de los canales que difundieron la noticia y solicitar las grabaciones sin editar. Así debieron  actuar todos los fiscales que manejaron el 30S en 17 provincias. Ese material sin editar debió ser sometido a cadenas de custodia con vigilancia de la Policía Judicial. Debieron redactar solicitudes al bodeguero de la Policía Judicial y actas de entrega-recepción cada vez que los fiscales requerían  las filmaciones.

¿Qué hicieron en lugar de eso?
Crearon la Comisión del 30S, que la presidió el ex fiscal Baca Mancheno, y enviaron a varias personas a recoger en las 17 provincias el material grabado en audio y video. Incluso lo hicieron con las grabaciones de las radio patrullas. La Comisión contrató gente para que edite ese material y forje pruebas para acusar a inocentes.
¿Qué pruebas tiene para demostrar este comportamiento?
El informe de la Contraloría, que también está en manos de la Fiscalía, señala que la Comisión del 30S pagó por la edición, el peritaje y la facilitación del material. Hay casos en los que los fiscales llegaban con los cd. Nadie me contó, yo vi como una  fiscal sacaba de la cartera varios cd que los presentó como pruebas. De esta manera condenaron a personas porque en los videos aparecía una oreja y dijeron que es de fulano de tal. Los acusaron de sabotaje y terrorismo y los condenaron a 5, 7, 12 años de prisión. Esto es una vergüenza. Los jueces y fiscales que solaparon esas actitudes no pueden seguir administrando justicia.
¿Qué espera del Ejecutivo respecto al informe sobre el 30S?
Al Ejecutivo, al próximo Consejo de la Judicatura definitivo, a la Asamblea Nacional,  al Consejo de Participación Ciudadana, les digo que, una vez terminada la elección de autoridades de control, viene la etapa de lucha contra la corrupción que, si bien es un desastre y se llevaron mucho dinero, el caso 30S es el episodio más doloroso y vergonzoso, que afecta la moral y la ética del país. No es mayor el trabajo que tiene que hacer la Fiscalía General para que no siga reinando la impunidad.

Todos los nombres de Coca Codo Sinclair

Redacciones PlanV, MilHojas y La Fuente

En 1927 el geólogo norteamericano Joseph Sinclair, recorría el río Coca y llegó a una curva pronunciada la cual luego sería bautizada como Codo Sinclair. Así nació el nombre de Coca Codo Sinclair.

Esta es la historia de la firma del contrato y negociación para Coca Codo Sinclair, contada a través de sus protagonistas
En 2007, el flamante presidente Rafael Correa Delgado, prometió la construcción de la hidroeléctrica “más grande del país”: Coca Codo Sinclair. La más grande y la más cara. Documentos revisados por este medio, señalan que, hasta el momento, el Ecuador ha gastado USD 3.200 millones en una obra que, desde 2013 presenta fisuras, grietas, soldaduras mal hechas, trabajos mal ejecutados.
En su deseo por promover el desarrollo del sector eléctrico, Correa cambió el nombre del Ministerio de Energía y Minas por Ministerio de Electricidad y Energía Renovable del Ecuador. Por esa cartera de Estado pasaron Alberto Acosta, Alecksey Mosquera, Esteban Albornoz, Miguel Calahorrano, todos promotores del proyecto hidroeléctrico Coca Codo.
Alberto Acosta, durante su administración, destacó la importancia de construir la central Coca Codo Sinclair. Para 2007, solo los estudios de prefactibilidad habían costado, en los últimos 20 años, USD 25 millones. Actualizarlos requería entre 6 y 10 millones de dólares, según las declaraciones de Acosta de esa época.
Con la llegada de Alecksey Mosquera (julio 2007) al Ministerio de Electricidad, la construcción de Coca Codo se concretó: el entonces ministro entregó directamente, sin concurso público, el 30% del proyecto a la empresa argentina Energía Argentina S.A. Enarsa, fundada por el ex presidente de ese país, de Nestor Kirchner.

29 de abril del 2008. Colocación de la primera piedra del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair. Quedó sin avanzar dos años.
La llegada de Enarsa fue vista como una oportunidad para Odebrecht que buscaba ejecutar el proyecto en acuerdo con la empresa argentina, pero esa posibilidad se fue al traste luego de la expulsión de la constructora brasilera por el escándalo de la central hidroeléctrica San Francisco.
Enarsa llegó al Ecuador con un supuesto cartel de experiencia y bajo el acuerdo de alianza estratégica para los países del sur. Pero en la práctica era una empresa de papel que no tenía capacidad de gestión, aseguraban manejar concesiones petroleras off shore en Atlántico sur pero su trabajo para estructurar el financiamiento de Coca Codo fue menos que mediocre.  
Pese a ello Galo Borja firmó un acuerdo de pago por $5.5 millones para comprar el paquete accionario que Correa les había adjudicado.

Septiembre 4 del 2009 Firma de Contrato Coca Codo Sinclair a cargo de Galo Borja. Quito Salón Amarillo del Palacio de Carondelet. Foto: presidencia de la República
Mosquera recibió críticas por promover un proyecto para generar 1500 megavatios de energía sin los estudios técnicos completos. En su defensa dijo que la mayoría de estudios no habían cambiado. Él mismo recalcó que los estudios de impacto ambiental terminaron de realizarse en julio de 1992, pero que serían actualizados una vez que empiece la construcción de la obra.




Galo Borja, entonces ministro Coordinador de los Sectores Estratégicos respaldó a Mosquera y la transparencia del proceso. “En los próximos días (se firmará el contrato) y estamos trabajando paralelamente la parte técnica, la parte financiera, y esto va a avanzar lo más acelerado posible”, señaló Borja.
En 2009, en declaraciones para radio Democracia, recogidas por el portal Ecuador Inmediato, Mosquera indicó que los estudios que se hicieron sobre topografía, cartografía y convenios, no cambian si se construye la planta para generar 800 o 1500 megavatios, como tampoco los estudios de hidrología y sedimentología. “Las galerías exploratorias, ahora ya terminamos la última etapa, es decir, se perforaron alrededor de 2100 metros más para minimizar riesgos, la vulcanología, el estudio vulcanológico no cambia, la sismología y tectónica tampoco, la mecánica de suelos no cambia, la mecánica de rocas no cambia, el factor de planta, ese cambia”, aseguró.
A inicios de 2009, el Banco de Importación y Exportación de China (Eximbank) y la ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, suscribieron un acuerdo de compromiso para el financiamiento de Coca Codo.
En julio de 2009, Alecksey Mosquera dejó el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable del Ecuador, en medio de fuertes cuestionamientos. Dos días después, asumió como titular de esa cartera de Estado, Esteban Albornoz Vintimilla. Apenas estuvo cinco meses en el cargo (julio 2009-diciembre 2009).
El 31 de agosto de 2009, Enarsa abandonó el proyecto alegando “falta de recursos”, “con ellos hemos acordado que van a salir del proyecto, van a vender las acciones", dijo Galo Borja. Enarsa estaba fuera de cualquier posibilidad de acuerdo para levantar Coca Codo y quedó en evidencia cuando María Elsa Viteri firmó, en febrero de 2009, el acuerdo con el banco chino.
El 5 de octubre de 2009, el Directorio de Coca Codo Sinclair EP adjudicó a Sinohydro
Corporation el contrato para la construcción de Coca Codo. Firmaron el contrato por CocaSinclair: Galo Borja Pérez, ministro Coordinador de Sectores Estratégicos, Antonio Borrero Vega, presidente de CELEC S.A, Ítalo Centanaro Villacís, secretario de la Junta General Universal y por Sinohydro: Song Dongsheng, Yang Huijun y Cai Runguo, embajador de la República Popular China.
A esto le siguió el “memorando de entendimiento”, suscrito el 20 de noviembre de 2009, por Viteri y Li Jun, del Banco de Exportación e Importación de China.
El 27 de octubre de 2009, el procurador general del Estado, Diego García Carrión, autorizó al Ministerio de Finanzas para pactar el arbitraje internacional. Casi un mes después, el ministro de Electricidad, Esteban Albornoz Vintimilla, recibió de Diego Martínez Vinueza, entonces secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, Senplades, el informe que calificó como prioritario el proyecto Coca Codo y estableció que costaría una USD 2.616.921 .951,90 suma a la que se sumaría USD 599 millones de las líneas de transmisión, obras también financiadas por el Eximbank.
¿Nuevos acuerdos entre privados?
En medio del escándalo de Odebrecht por el pago de $1 millón de coima al exministro de electricidad Aleczey Mosquera, ahora en prisión, el entonces presidente Rafael Correa salió en defensa del acusado, señalando que no se trataba de un soborno, sino de un acuerdo entre privados, Odebrecht y Mosquera.
Tras las revelaciones de pagos por $18.3 millones de Sinihydro a la offshore Recorsa de propiedad de Conto Patiño Martínez, amigo personal del presidente Lenín Moreno, en medio de la disputa legal que busca justificativos a esas transferencias, se ha desatado una polémica pública. Si la suma entregada a Patiño corresponde a una comisión del 1% por gestión del contrato inicial ($ 1979 millones), ¿cómo se justifica legalmente este pago en el marco de una alianza estratégica entre gobiernos, la cual justamente buscaba eliminar los intermediarios y las comisiones?
En redes sociales se desprendió información relacionada al proyecto CCS, el ingeniero Ítalo Centanaro, que conoce al sector eléctrico y que firmó el contrato de CCS aseguró en su cuenta personal de Twitter que Conto Patiño sí recibió comisiones por la firma del contrato. “El Sr. Conto Patiño, no era empleado de Sinohydro, era una tercera persona que logró la representación de esa empresa China para la licitación del proyecto. No confundir, por favor. El Estado Ecuatoriano, no reconoció nada al Sr. Patiño, Sinohydro le dio una comisión del 1% del monto del contrato. No miren las irregularidades, donde no existen”, indicó.

Conto Patiño Martínez a la derecha de la foto junto a socios en Paraguay.
Centanaro es un técnico que ha estado al frente varios proyectos energéticos y de muchos de ellos conoce sus fallas. Al referirle que en un contrato entre estados no puede haber comisiones a privados dijo que la comisión del 1% fue entregada por Sinohydro.
Esa referencia nos hace preguntar ¿a quién trasladó Sinohydro el valor de esa comisión? Centanaro ha dicho que “entonces tienen que enjuiciar a Sinohydro que fue quien dio esa comisión por representarlos en el proceso de licitación. Se realizó una licitación, no fue otorgado a "dedo", aunque la empresa China era estatal”, replicó en Twitter.
Centanaro aseguró que para la contratación de Sinohydro, “se realizó una licitación internacional. Se inscribieron 2 empresas chinas,1 italiana y 1 de Irán. Se retiraron 2 por no tener financiamiento. Entre las 2 Chinas ganó Sinohydro”.
Este medio comprobó que, para febrero de 2009, el Banco de Importación y Exportación de China (Exim Bank) y la entonces ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, ya habían suscrito un acuerdo de compromiso para el financiamiento de Coca Codo.
A partir de esa fecha, toda empresa estaba fuera de cualquier posibilidad de acuerdo para levantar Coca Codo y quedó en evidencia cuando María Elsa Viteri firmó, en febrero de 2009, el acuerdo con el banco chino.

Policía reporta posible atentado contra Villavicencio y Jiménez

Cléver Jiménez y Fernando Villavicencio son posibles blancos de un atentado con explosivos, según reporta la propia Policía Nacional, entidad que les brinda seguridad hasta que termine la amenaza.
La Policía Nacional reportó a la Fiscalía General del Estado que Fernando Villavicencio y Cléver Jiménez tienen encima de una amenaza de un atentado con explosivos. La noticia de la amenaza partió de Colombia.
Según versión de las más altas autoridades ecuatorianas, un individuo se acercó a un grupo de policías ecuatorianos, en la ciudad de Tulcán, e informó que grupos irregulares estaban preparando una serie de atentados en contra de varios personajes públicos y autoridades del Ecuador; y que uno de estos atentados sería con explosivos en contra de Villavicencio y Jiménez.
Este informante dijo que podía seguir aportando con información pero la condición que pedía a los policías era que se le permita transportar droga, sin restricciones, desde Colombia a Ecuador. Esto ocurrió el 22 de noviembre del 2018. La inusual "oferta" fue rechazada por las autoridades policiales.
Ese mismo día, Fernando Villavicencio había presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado en contra de Rafael Correa Delgado y otros 40 funcionarios por el ilegal allanamiento de su casa y al despacho del exasambleísta Cléver Jiménez y el robo de sus pertenencias, la noche del 26 de diciembre del 2013.
Allanamiento a la casa de Fernando Villavicencio
Siete días después de este hecho, el 29 de noviembre, la policía hizo un parte informativo que llegó a las manos de la Comandancia de la Policía y a conocimiento de la ministra del Interior.
Por precaución y siguiendo el procedimiento legal, la Policía del Ecuador presentó una denuncia “urgente” ante la Fiscalía General del Ecuador para que empiece una investigación penal sobre esta amenaza. Y se decidió avisar a las personas mencionadas.
En la noche del viernes 30 de noviembre, Villavicencio recibió la llamada del Comandante General de la Policía en la cual se le informaba de la situación y anunciaba que el caso estaba ya en manos de la Fiscalía para la investigación correspondiente.
Un fiscal llegó a su casa y mostró a su familia la información proporcionada por la Policía. La información contenida en el informe policial fue considerada "sumamente grave". De acuerdo con el referido informe estos explosivos ya habrían entrado al Ecuador.
Más tarde, esa misma noche, la casa de la familia Villavicencio-Saráuz fue abordada por un escuadrón antibombas del GIR, con dos perros rastreadores, con los cuales se hicieron barridos tanto en el apartamento, como en el edificio residencial donde viven y la manzana del barrio. Esto alertó a los vecinos y sumó un grado de presión mayor sobre la familia.
Cléver Jiménez, de su parte, dijo que recibió una llamada del comandante de la Policía, para informar de los hechos; también lo llamó la Fiscalía, y conoce que se ha abierto una indagación previa. Él cree que se trata "de una falsa alarma", pero que ha recibido la protección policial adecuada. De todas maneras, dice estar prevenido en Zamora Chinchipe, donde permanece "con los ojos abiertos".
La Policía Nacional también ha proporcionado seguridad externa a la familia de Fernando Villavicencio, quien fue persuadido por las autoridades para inscribirse en el Programa de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General, para contar con mayor protección, acción que se efetivizó en la mañana de este lunes 2 de diciembre.
De estos hechos se ha notificado a Fundamedios y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, en Washington, ya que tanto Villavicencio como Jiménez cuentan con medidas cautelares.
 

Coca Codo Sinclair y la huella del presidente Moreno

Como parte del gobierno anterior, Lenín Moreno destrabó la firma del contrato Coca Codo Sinclair. Uno de sus grandes amigos es contratista de Sinohydro y, además, amuebló su casa en Ginebra.
REDACCIONES PLANV, MILHOJAS Y LA FUENTE
Lea aquí la PRIMERA PARTE
Lea aquí la SEGUNDA PARTE
El 14 de diciembre de 2015, el Balboa Bank & Trust de Panamá recibió una solicitud de transferencia internacional por un monto de US$19.342 de la empresa panameña INA Investment Corp, relacionada con Mariauxiliadora Patiño y Xavier Macías, hija y el yerno del empresario ecuatoriano Conto Patiño Martínez, lobista y contratista de la empresa china Sinohydro, constructora de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, actualmente en el centro de una de las mayores tormentas de corrupción.

Solicitud de transferencia internacional de INA INVESTMENT CORP a BALBOA BANK & TRUST de Panamá.
La empresa panameña INA hizo compras en Moinat S.A Antiquities, una tienda de muebles clásicos en Ginebra, Suiza y en el registro de transferencia bancarias estableció la dirección Pórtico del Rio, 10A, vía Samborondón, provincia del Guayas, lugar de residencia de la familia Patiño Macías. Los muebles adquiridos fueron trasladados a la dirección Quai Wilson 45 1201, Ginebra, dónde residía Lenin Moreno y su esposa Rocío González, cuando el actual presidente desempeñó un cargo en Naciones Unidas en favor de las discapacidades en el mundo.

Pórtico del Río, ingreso a la urbanización donde vive Xavier Macías y María Patiño.

Transferencia internacional para el pago de los muebles.

Factura de los muebles adquiridos por INA INVESTMENT CORP en MOINAT ANTIQUITÉS.

Ricardo Aleman Alfaro, abogado panameño.
Aunque la empresa panameña Ina Investment Corp., registró en 2016 como agente residente al conocido abogado Ricardo Alemán Alfaro del estudio jurídico MMA Abogados, las operaciones de la compañía las realiza María Auxiliadora Patiño de Macías, esposa de Xavier Macías Carmigniani. Fue ella quien firmó el pedido de transferencia para la compra de esos enseres. Para nadie en el ámbito político es desconocido la amistad que une a Conto Patiño, su hija y yerno con el presidente Lenin Moreno y su esposa Rocío González.
Ricardo Alemán Alfaro, ex embajador de Panamá en México, actualmente socio principal del poderoso bufete Morgan & Morgan, es además un conocido hombre de negocios dentro y fuera de Panamá. En Ecuador y Colombia ha impulsado importantes actividades empresariales en el mundo de los seguros, un tema que será motivo de otra investigación.

Foto izquierda: María Patiño y Xavier Macías. Foto derecha: Rocío González, Lenín Moreno, María Patiño y Xavier Macías.

Constitución notarizada de INA INVESTMENT CORP en Panamá.
La huella de Conto Patiño en Coca Codo Siclair
Luego de la salida de la empresa estatal Enarsa, de Argentina, en septiembre de 2009, que a inicios del gobierno fue seleccionada para construir Coca Codo Sinclair, se allanó el camino para que Sinohydro ejecute la obra. El 5 de noviembre de 2009, un mes después de la salida de Enarsa, el Estado firmó el contrato con Sinohydro por US$ 1.979 millones, pero hasta esa fecha no existía financiamiento.
En enero de 2010 la entonces ministra de finanzas María Elsa Viteri viajó a China para negociar varias línea de crédito, entre ellas la de Coca Codo. En marzo el vicepresidente Lenín Moreno hizo declaraciones públicas sobre las negociaciones del crédito para levantar Coca Codo Sinclair.
Lenín en una declaración de prensa de marzo de 2010, dijo que el financiamiento del Exim Bank de China (por un monto cercano a los 1.700 millones) estaba por definirse y se refirió a los problemas que existían para concretar el crédito. Hasta entonces había tensión entre la embajada de China y el gobierno, porque Rafael Correa no quería un acuerdo financiero que establezca la resolución de disputas mediante un arbitraje internacional, además cuestionaba las garantías exigidas por China.

Conto Patiño, a la derecha de la fotografìa, camina juto a los ejecutivos de la empresa china Railway Engineering, durante su visita al presidente de Paraguay, Horacio Cartes.
“El embajador Cai Runguo es un buen amigo que en más de una ocasión me ha pedido cita con el fin de manifestar que por parte del gobierno de China y las empresas involucradas existe toda la buena voluntad de hacerlo”, dijo Moreno y añadió: “Ante la llamada del señor embajador, fui a donde el señor presidente de la República y le insistí en que existía alguna inconsistencia e imprecisiones en la información que le habían dado y que el señor embajador manifiesta que el Eximbank podía hacer una propuesta acorde a la constitucionalidad ecuatoriana, y estamos a la expectativa de que esto ocurra”(SIC).
En retrospectiva debe entenderse que Moreno destrabó los inconvenientes para financiar Coca Codo. A mes seguido, abril, Rafael Correa autorizó a Katiuska King, la ministra coordinadora de la política económica, la firma de la línea de crédito con el Exim Bank. En junio, ese crédito fue firmado por Patricio Rivera y Jorge Glas.
En diciembre de 2010, luego de alcanzar el acuerdo de financiamiento, el entonces vicepresidente de la República, Lenín Moreno condecoró al embajador Cai Runguo, con la Orden Honorato Vásquez.
El financiamiento llegó en junio de ese año y con ello la presencia de Patiño Martínez como lobista de Synohidro y otras corporaciones chinas. Luego el embajador chino Cai Runguo fue seleccionado como representante de Sinohydro.
Los hechos relatados se narraron en un cable publicado por Wikileaks  (https://wikileaks.org/plusd/cables/10QUITO37_a.html) y fue una de las últimas filtraciones que realizó Julian Assange, antes de recibir el asilo en la embajada de Ecuador en Londres.


¿Por qué un contratista de Sinohydro compró muebles para la casa de Lenín Moreno en Ginebra?
El secretario de comunicación Andrés Michelena fue informado de esta publicación y se le expuso que llama la atención que el empresario que representa a Sinohydro haya realizado compras desde una compañía en Panamá a favor del que sería luego presidente del Ecuador. Michelena respondió que el tema fue conocido por el mandatario y que este le aseguró que existe una relación pública de amistad con Patiño, sus hijos y su yerno: “No hay nada más que eso”, aseguro.


Confirmó la compra de los muebles —con transferencia de una empresa offshore— cuando ya se había aprobado el Código Monetario y Financiero que estableció prohibiciones de operaciones financieras de funcionarios públicos en paraísos fiscales.

Lenin Moreno, Enviado Especial de las Naciones Unidas para los discapacitados, nos muestra el lugar donde reside y desarrolla las actividades cotidianas en Ginebra.
También se consultó a Michelena si el nombre de la empresa panameña INA podía tener alguna relación con los nombres de las hijas del presidente (Irina, Cristina, Karina).
Patiño Martínez es dueño de la empresa Recorsa, que tiene vida jurídica independiente en Ecuador y Panamá. Esta empresa fue subcontratista de Sinohydro y justamente la radicada en el itsmo, Recorsa S.A. recibió de Sinohydro: US$ 18.3 millones en dos pagos, uno por US$ 6.44 millones realizados en octubre del 2010 y otro de US$ 11.92 millones al año siguiente, de acuerdo a un informe del Servicio de Rentas Internas SRI, suscrito por Roberto Bahamonde, director zonal 9.

Pago de Sinohydro a Recorsa por USD 6.44 millones de dólares.
Parte de ese dinero fue usado para pagar deudas de Patiño. El caso fue revelado por diario El Universo en 2017 y se basó justamente varios informes del SRI que son parte de un juicio contencioso tributario que la empresa china mantiene en Quito.

Cambio de nombre de empresa HILDRELGEN S.A. a RECORSA.
Según el Registro Público de Panamá, Recorsa S.A., antes denominada Hildrelgen, pertenece a la esposa, cuatro hijos y una nieta de Conto Patiño. Este recibió un poder de la empresa el 1 de octubre de 2010, dos semanas antes de recibir los primeros pagos de Sinohydro.
El SRI también auditó los impuestos de Patiño y de su empresa localizada en Ecuador, Comercial Recorsa C.A. Descubrió que esta compañía actúa como representante de la panameña. El director jurídico del SRI, Carlos Vallejo, indicó que por esa representación la empresa ecuatoriana cobró US$ 4,25 millones en el 2011.

Casa de Xavier Macías y María Patiño (hija de Conto Patiño) en Salinas.

Páginas 34 y 35 de la determinación de SRI a Sinohydro, en las cuales detalla los pagos a Recorsa S.A.
En mayo de 2015, Conto Patiño Martínez, presidente de Recorsa y Wang Kun, representante  de la corporación China Railway Engineering, visitaron al presidente de Paraguay, Horacio Cartes a quien ofrecieron grandes inversiones chinas en infraestructura. En la referida reunión, Patiño, destacó que la empresa domiciliada en China, tiene establecidos contactos importantes en Brasil, Argentina, Chile, Perú. Acotó que también contratarán con Ecuador, Colombia y Venezuela.
En junio de 2010, el consorcio constituido por la empresa China Railway Construction Corporation y Tongling Nonferrous Metals Group adquirieron las concesiones de la empresa canadiense Corriente Resources para la fase de explotación de cobre en el proyecto Mirador.
Análisis
Las relaciones de empresarios cercanos con el entonces vicepresidente Lenín Moreno y actual presidente de la República, con las empresas chinas, especialmente Sinohydro, son parte de la trama oculta que dejó como herencia el proceso en el cual se hipotecó al Ecuador a los intereses estratégicos y comerciales de la República Popular China. Intereses que pesarán en la futura negociación y responsabilidades en las denuncias de Contraloría en contra de Sinohydro. ¿Esas relaciones pesarán para impedir que la empresa china con los mayores volúmenes de contratación en el Ecuador, responda por los daños en Coca Coco Sinclair y por otros contratos millonarios?
 

SECOM CONFIRMA QUE MUEBLES PAGADOS POR PATIÑO-MACÍAS LLEGARON AL APARTAMENTO DE LENÍN MORENO
En respuesta a la nota periodística “Coca Codo Sinclair y la huella del presidente Moreno”publicada en los portales PlanV, Milhojas y La Fuente,el Secretario de Comunicación Andrés Michelena Ayala remitió una carta de aclaración al referido trabajo y en el que asegura que este “atenta contra la verdad y las normas éticas básicas del periodismo”. En honor a esa verdad evocada por el señor Secretario, precisamos algunos comentarios de la misiva y publicamos íntegra la misma.


Fue Andrés Michelena, quien desde Argentina llamó al periodista Christian Zurita, el 21 de octubre, cuando participaba de la 74 Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, para pedirle conversar sobre la investigación en la que estábamos empeñados
. Hasta entonces el caso había sido manejado con total reserva y por eso llamo la atención que el Secretario de Comunicación del gobierno tenga conocimiento.
En una reunión pactada con el secretario de comunicación, celebrada entre la semana del 22 y 25 de octubre, se le detalló la existencia de la transferencia de la empresa panameña INA Investment Corpy se le explicó algunos detalles que no han sido incluidos en el reportaje por su incapacidad de contar con sustento documental.
En la reunión Zurita le dijo que consideraba que esa transacción estaba relacionada al empresario Conto Patiño y al tema Coca Codo Sinclair.
Michelena en su misiva dice: “sin cumplir las más elementales normas básicas de la ética periodística Zurita publica en dichos portales una investigación incompleta e imprecisa con supuestas declaraciones que distorsionan lo dicho en esta reunión, y, más grave, aún sin advertir, siquiera que estaba grabando dicha conversación”. 
Respetamos la posición del señor Secretario pero puntualizamos que "esa grabación" a la que se refiere nunca fue realizada por Zurita, que basado en el principio de una democracia sólida, comprendió que la palabra de un funcionario debe ser tomada como cierta.
En dicha reunión el secretario de comunicación nunca estableció se trataba de una charla “off the record”, por tanto nos ratificamos en lo expuesto en el tercer informe que PlanV, MilHojas.is y La Fuente publicaron el viernes 23 de noviembre. 
Si el señor Secretario desmiente lo dicho, solo podemos decir que es la palabra de un funcionario contra la palabra del periodista. 
Michelena establece que no se han cumplido las elementales normas éticas de este oficio, se refiere a que en dicho reportaje no se cuenta con la posición del señor presidente de la República, licenciado Lenín Moreno. 
Sin embargo las líneas argumentales trazadas en el reportaje no desmienten lo expuesto la carta.De hecho confirma que los muebles  comprados en Moinat Antiquities, fueron entregados y embodegados en el apartamento de Lenin Moreno y luego entregados a sus propietarios, los Macías Patiño. 
El reportaje construyó una línea de hechos documentados en los que no emite juicio de valor alguno sobre el señor Presidente Lenin Moreno, aunque deja muy en claro quienes son Patiño Martínez y sus relacionados. Como periodistas buscamos construir una línea sujeta a los hechos y creemos que se han ajustado tal como fueron presentados.
En la misiva de la Secretaría se expresa además que, en calidad de vicepresidente Lenín Moreno, no mantuvo relación con la empresa Sinohydro, constructora de Coca Codo Sinclair y que su relación con el entonces embajador de China, Cai Runguo, fue la misma que tuvo con otros embajadores. Además precisa que quien condecoró a Cai Runguo fue Rafael Correa.

Es necesario pedirle a Michelena escuche la entrevista del 29 de marzo de 2010, realizada a Lenín Moreno por el periodista Gonzalo Rosero de Radio Cadena Democracia en la que, el licenciado Moreno se refiere al embajador Cai Runguo como su buen amigo. 
Además, anuncia que hablará con Rafael Correa para aclarar alguna imprecisión en torno a la negociación del crédito con el Eximbank para la construcción de Coca Codo Sinclair. 

Semanas después de la reunión entre Moreno y Runguo el presidente Correa autorizó la firma de la línea de crédito y el embajador chino pasó a dirigir la empresa Sinohydro. 
Respecto a la condecoración a Runguo, igualmente le invitamos al Secretario de Comunicación a revisar el archivo de la Vicepresidencia de la República de esa fecha, donde descubrirá que en el evento estuvieron juntos Rafael Correa y Lenín Moreno.

Algo que al país le hubiese gustado enterarse por la carta de la Secom, habría sido una disposición gubernamental para investigar los millonarios e injustificados pagos realizados por Sinohydro a la empresa Recorsa de propiedad de los Patiño Macías, entrañables amigos de la familia presidencial.

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Documentos de Respaldo


Documento: Carta en la cual Jorge Glas, como ministro coordinador de sectores estratégicos, ofrece grandes contratos al gobierno de la República Popular China.


Documento: Acta costitutiva de la empresa INA INVESTMENT CORP. en Ciudad de Panamá.


Acta de determinaciòn tributaria del SRI contra Sinohydro donde se muestran los subcontratistas de la empresa china, entre ellas Recorsa S.A. y los montos que recibieron.


Documento: Detalle de los administradores de Recorsa S.A.


Documento: Detalle del accionarado de Recorsa S.A.

La grieta de USD 2000 millones de Coca Codo Sinclair

REDACCIONES MILHOJAS, PLAN V Y LA FUENTE
Lea aquí la PRIMERA PARTE
Lea aquí la TERCERA PARTE
Antes de ser condecorada
 con la Orden Nacional al Mérito por el gobierno de Rafael Correa Delgado (abril de 2008), la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner (procesada por corrupción), puso la primera piedra del emblemático proyecto Coca Codo Sinclair (CCS), que a decir del correísmo cambiaría la matriz energética del país. El objetivo de esa obra pactada en sociedad con la estatal argentina Enarsa, era generar un máximo de 500 megavatios (MW). Meses después de tan alabado emprendimiento solo quedaría la piedra y una factura de USD 5 millones a ser pagada a la firma argentina por terminación del contrato. Este fue el inicio fallido y una señal que marcaría el posterior desastre en manos de la constructora china Sinohydro.

Rafael Correa y Cristina Fernández colocan la placa decordatoria del primer proyecto fallido.
Situado en las provincias de Napo y Sucumbíos, Coca Codo Sinclair, fue estudiado entre los años 1980 y 1990, por el desaparecido Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL). El estudio de factibilidad contratado por la entidad y terminado en 1992 recomendaba el desarrollo del proyecto en dos etapas; la primera con una potencia instalada de 432 MW, para aprovechar un caudal de 65,3 metros cúbicos por segundo (m³/s); y, la segunda, con una potencia adicional de 427 MW, alcanzando un total de 859 MW. El costo aproximado de la obra a esa fecha era de $ 747,5 millones, equivalente a USD 870 el kilovatio (kW) instalado.


En el plan maestro de electrificación para los años 2006 – 2015 (aprobado en el gobierno de Alfredo Palacio), se incorporó un registro de 30 proyectos hidroeléctricos entre los que constaba el ingreso en operación de la primera fase o Coca-Codo 1, en enero del 2011 y Coca-Codo 2, en enero del 2015. Hasta entonces se mantenía la capacidad instalada máxima de 859 MW en dos etapas, como lo había determinado el estudio de factibilidad.  Aunque hasta antes del terremoto de 1982, que afectó la zona del Reventador, incluso se hablaba de una potencia de 3000 MW, pero el desastre natural alteró radicalmente las características de la cuenca y los caudales de los afluentes. Desde entonces los 859 MW eran lo técnicamente recomendable.


Apenas se posesiona Rafael Correa (enero del 2007), por arte de magia se presentan cambios en el sector eléctrico. Tanto así que, en el nuevo plan maestro de electrificación 2007 – 2016, se registra de forma oficial una capacidad de 1500 MW para la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair y a construirse en una sola fase, la cual entraría en operación en el 2012. A esa fecha, la novedosa capacidad de 1500 MW —que casi duplicaba el proyecto historórico de 859 MW— no contaba con ningún soporte técnico, los "estudios" vendrían después. ¿Cuál era la mente brillante que maquinó esa fantasía y qué se buscaba si los caudales no habían cambiado?
Alecksey Mosquera, autor intelectual de los 1500 MW
En un documento generado en 2006, de autoría del entonces funcionario del Conelec, Alecksey Mosquera (actualmente preso por el caso Odebrecht), aparece por primera vez la opción de una potencia de 1500 MW en lugar de los 859 establecidos en el estudio de factibilidad del sector eléctrico. Según Mosquera, si se aumentaba la capacidad a 1500 MW se compensaría la potencia que hasta entonces el INECEL no había logrado instalar. Sin embargo, en el mismo documento se señala una inversión máxima de USD 987 millones, incluyendo una chimenea de equilibrio y la línea de transmisión. Hasta esa fecha la propuesta de 1500 MW solo se sostenía en la cabeza de Mosquera, luego pasaría a formar parte del plan maestro de electrificación del correísmo y a convertirse en realidad con tecnología y financiamiento chinos.
De igual forma, hasta el 2007 los estudios oficiales establecían la necesidad de una línea de transmisión de 230 kV, es a partir de los nuevas interpretaciones, en el gobierno de Rafael Correa, cuando se dispone la construcción de dos líneas de transmisión de 500 kV, lo cual también incrementaría el costo de la obra.
En seguida vendrían los discursos marcados por conceptos como soberanía energética, buen vivir y ambientalismo, decorando el camino que llevaría a Benjing. El cuento tenía sentido, más aún, tenía lógica matemática y económica: dejar de generar electricidad con combustibles fósiles a costos superiores a los 10 centavos el kilovatio y entrar en el mundo de las energías amigables con un tope de 2 centavos el Kw.
El autor intelectual de la fantasía de 1500 MW (Alecksey Mosquera), ingresó a formar parte del equipo de Alberto Acosta en el ministerio de Energía y Minas, en enero del 2007, bajo cuya dirección se encontraba el sector eléctrico. Con la división de la cartera de estado y la salida de Acosta, Mosquera asumió el cargo de Ministro de Electricidad. Entonces se buscó darle forma y sustento técnico a la ficción de los 1500 MW. Inmediatamente se aprueba el plan maestro de electrificación 2007 – 2016, y se contrata a la firma italiana Electroconsult para que realice el estudio de factibilidad para una central de 1500 MW. Es decir, darle sustento a la idea de Mosquera.

Oficio enviado al Ministerio de Finanzas sobre el financiamiento para el Proyecto de Extra Alta Tensión para la incorporación de la energía generada por los proyectos Coca Codo Sinclair y Sopladora al Sistema Nacional.
En un tiempo record, un poco más de un mes (junio 2009), la consultora italiana presenta el informe justificando la nueva potencia de 1500 MW, pese a reconocer que esa capacidad sería muy limitada: “operando con un factor de planta diario del 80% entregará 1464 MW durante 4 horas, 1171 MW durante 15 horas y 937 MW durante 5 horas”, se lee en el estudio.
El mismo mes de junio, el Conelec contrata con la Comisión Federal de Electricidad de México (CFE) —la misma empresa que luego se convertiría en parte del consorcio fiscalizador del proyecto— la revisión de los estudios elaborados por Electroconsult. La consultora mexicana en su informe final de enero de 2010, concluye que, considerando el incremento en el volumen aprovechable del río, originado por la disminución de gasto ecológico, de 56 a 20 m³/s, así como la condición de baja regulación en el embalse compensador, la potencia instalable de 1500 MW recomendada en el estudio de Electroconsult se justifica sólo si se desea disponer de mayor potencia en horas punta. En este estudio la CFE advierte una potencia máxima de 1200 MW, en determinadas horas. A esa fecha (2009) quedaba claro que la generación de 1500 MW era una ficción, incluso 1200 constituia una expectativa muy relativa.
Según el ingeniero eléctrico Luis Ordóñez, exfuncionario del INECEL, haber construido una central con capacidad de 1500 MW fue lo menos acertado que pudo hacerse. Ordóñez agrega que si se hace un análisis de la generación de Coca Codo Sinclair desde el inicio de la operación se podrá comprobar que el aporte hidroenergético que se dijo, iba a obtenerse, no se ha cumplido y que las curvas presentadas en el plan 2007- 2016 solamente se dibujaron para justificar el sobredimensionamiento de la central.
El documento titulado “Proyecto Coca Codo Sinclair, alternativa de solución del sector eléctrico ecuatoriano”, de autoría de Alecsey Mosquera, marca un antes y un después del gigante hidroeléctrico. Pese a que esa propuesta disparaba la potencia de CCS a 1500 MW establecía un costo de la obra de USD 987 millones, cifra en la que se incluía el costo de la línea de transmisión, que hasta esa fecha era de 230 Kv. De acuerdo con el documento de Mosquera el costo del kilovatio hora estimado (kw/h), incluyendo la inversión en la línea de transmisión, era de 1,7 centavos.


Para especialistas como Ricardo Buitrón, desde el origen de la contratación Coca Codo enfrentaba problemas de fondo: no contaba con el sustento técnico necesario que justifique la potencia instalada, tampoco disponía de estudios definitivos para su contratación, y el contrato tipo EPC (Engineering, Procurement and Construction), conocido como llave en mano, dejaba en manos del contratista (Sinohydro) el manejo discrecional del mismo. Estas observaciones las expuso Buitrón en aquellos tiempos mientras se negociaba el contrato. Entonces nadie le escuchó.

Los Power Point del ingeniero Alecksey Mosquera, donde se proponía los 1500 MW, pero  a USD 987 millones.
Con la nueva potencia de 1500 MW formalizada en la agenda económica del correísmo, se empezó a tejer el acuerdo con la empresa china Sinohydro. Sin estudios de factibilidad y con observaciones de la propia consultora mexicana CFE, en octubre deL 2009 se firmó el contrato por USD 1979 millones, entre el gerente de la empresa estatal CocaSinclair, Ítalo Centanaro y los representantes de Sinohydro Corporation, Song Dongsheng y Yang Huijun. Como testigos de honor sellaron su firma, Galo Borja, ministro coordinador de Sectores Estratégicos y Cai Runguo, embajador de China en Ecuador.
Así, en menos de dos años, la cifra de USD 987 millones estimada por Alecksey Mosquera, se había duplicado por arte de magia. El 85% de ese monto, USD 1682 millones sería cubierto con financiamiento externo y el resto con aporte nacional. El siguiente paso sería soldar el acuerdo de financiamiento. En esa dirección, el 20 de noviembre del 2009, María Elsa Viteri, ministra de Finanzas y Li Jun, representante del Banco de Exportación e Importación de China (Eximbank), firmaron un “memorando de entendimiento”.
Las cifras ocultas de Coca Codo
Hasta esa fecha, la cifra oficial publicada sobre el costo total de la emblemática obra era de USD 1979 millones. El último monto reconocido por el gobierno de Rafael Correa en el 2017 fue de USD 2245 millones, incluyendo rubros no contemplados originalmente. Sin embargo, en documentos oficiales hasta hoy no revelados, aprobados por el ministerio de Finanzas y el Comité de Deuda, los cuales sirvieron de sustento para la firma de los créditos con el Eximbank, se establece un monto de USD 2.616.9 millones, sin considerar la suma de USD 599 millones por la construcción de las líneas de transmisión de 500 kV. De esta forma, según datos oficiales el costo total del proyecto alcanzaría la suma de USD 3216 millones. Esa cifra incluye intereses.

Documento: Crédito Eximbank para la construcción de la represa
El 27 de octubre del 2009, el procurador general del Estado, Diego García Carrión, autorizó al Ministerio de Finanzas a pactar el arbitraje internacional. Casi un mes después, el ministro de Electricidad, Esteban Albornoz Vintimilla, recibió de Diego Martínez Vinueza, entonces secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, Senplades, el informe que calificó como prioritario el proyecto Coca Codo y estableció que costaría una USD 2.616'921.951,90.


En relación con el financiamiento, entre finales de 2009 y comienzos de 2010, surgió una tensión entre el presidente Rafael Correa y las autoridades de China. Al menos en el discurso, Correa cuestionaba los altos intereses, las exigencias de garantías y el arbitraje exigido por el Eximbank para asegurar el crédito. La disputa incluso llegaría a oídos de la embajada de EEUU en Ecuador, según lo detallaría más adelante Wikileaks en varios cables filtrados. Los problemas encontrarían pronto una solución.

Lenín Moreno, en su despacho de la Vicepresidencia de la República junto al embajador de la República Popular China.

En marzo de 2010, el entonces vicepresidente de Lenín Moreno llegó a salvar el proyecto. En declaraciones públicas, Moreno dijo que el financiamiento del Eximbank de China (por un monto cercano a los USD 1.700 millones) estaba por definirse y se refirió a los impases que existían para concretar el crédito.
“El embajador Cai Runguo es un buen amigo que en más de una ocasión me ha pedido cita con el fin de manifestar que por parte del gobierno de China y las empresas involucradas existe toda la buena voluntad de hacerlo”, dijo Moreno y añadió: “ante la llamada del señor embajador, fui a donde el señor presidente de la República y le insistí en que existía alguna inconsistencia e imprecisiones en la información que le habían dado y que el señor embajador manifiesta que el Eximbank podía hacer una propuesta acorde a la constitucionalidad ecuatoriana, y estamos a la expectativa de que esto ocurra”.
En retrospectiva, debe entenderse que Moreno destrabó los inconvenientes para financiar Coca Codo. A mes seguido, abril, Rafael Correa autorizó la firma de la línea de crédito con el Exim Bank.
El financiamiento llegó en junio de ese año y con ello la presencia de Conto Patiño Martínez como lobista de Sinohydro y otras corporaciones chinas. Luego el embajador chino Cai Runguo fue seleccionado como representante de Sinohydro.
El 21 de mayo del 2010, René Ramírez, secretario nacional de Planificación y Desarrollo, Senplades, ratificó el criterio. Albornoz dejó el Ministerio de Electricidad en diciembre de 2009 y asumió Miguel Calahorrano hasta enero del 2011.
Por esas fechas, Jorge Glas Espinel, ministro coordinador de los Sectores Estratégicos junto con el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, pidieron al Ministerio de Finanzas “instrumentar” las negociaciones y “adoptar las acciones que correspondan para proveer del financiamiento para el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair”.
El 26 de mayo de 2010, la secretaria del Comité de Deuda y Financiamiento, Madeleine Abarca Runruil, presentó el informe técnico del proyecto, que, basado en información de la empresa Coca Codo, de Senplades y del informe de viabilidad económica y financiera de la COF costaría USD 2.670,7 millones“de los cuales USD 1.979'700.000 corresponden al contrato EPC. El saldo de USD 691 millones corresponde al aporte local”. Al día siguiente (27 de mayo), Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia convocó a los miembros del Comité de Deuda y Financiamiento para aprobar el contrato de préstamo por USD 1.682'745.000,00. Mera también invitó a Patricio Rivera Yánez, ministro de Finanzas, Jorge Glas Espinel, ministro coordinador de Sectores Estratégicos, René Ramírez, secretario nacional de Planificación y Desarrollo.

Documento: Carta de Mera a Rivera y Glas

Documento del Ministerio de Finanzas respecto a la línea de crédito
Ese día, el Comité el Comité de Deuda y Financiamiento autorizó al Ministerio de Finanzas a celebrar el contrato con el Exim Bank de China por USD 1.682'745.000 para financiar parcialmente la construcción de Coca Codo Sinclair.
El Comité estaba conformado por: Katiuska King, delegada del presidente de la República; Patricio Rivera Yánez, ministro de Finanzas; René Ramírez, secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, Senplades; Jorge Glas Espinel, ministro coordinador de Sectores Estratégicos y Madeleine Abarca Runruil, subsecretaria de crédito público del Ministerio de Finanzas y secretaria del Comité de Deuda y Financiamiento. El 3 de junio del 2010, William Vásconez Rubio, en representación del Ministerio de Finanzas suscribió con el Banco de Importación y Exportación de China (Exim Bank) el contrato de préstamo No. 141 0202052010210644, por USD 1.682'745.000,00.
Patricio Rivera Yánez, ministro de Finanzas, designó como responsable de la ejecución del proyecto a la Empresa Pública Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, COCASINCLAIR EP y Albornoz Vintimilla, ministro de Electricidad, designó como gerente general de Coca Codo EP a Luciano Cepeda Vasco.
Nuevo crédito para línea de trasmisión
El 26 de julio de 2013, CELEC EP suscribió con la empresa China Harbin Electronic lnternational Co. Ltda. el contrato 035-2013 para el diseño, suministro y construcción del proyecto “Sistema de Transmisión de 500 kV y Obras asociadas”, por un monto de USD 599'097.509,00. El propósito era construir un sistema de transmisión de extra alta tensión a 500kV y de otras obras para incorporar la energía de Coca Codo Sinclair y Sopladora al Sistema Nacional Interconectado.

Documento: Memorando 2010
En febrero de 2014, Rafael Poveda Bonilla, ministro coordinador de los Sectores Estratégicos manifestó al presidente del Eximbank de China la “necesidad de suscribir lo más pronto posible el contrato de crédito" para el Sistema de Transmisión de 500 kV. En marzo del 2014 aparecieron las primeras órdenes de “cambio para prorrogar el plazo” de entrega del proyecto Coca Codo”. Seis meses después, el Ministerio de Finanzas recibía la autorización del procurador general subrogante, Rafael Parreño, para el arbitraje internacional. El 24 de septiembre del 2014, Madeleine Abarca Runruil, ministra de Finanzas subrogante, presentó el informe técnico del proyecto por USD 677'035.752,00. El diseño, suministro y construcción costaría USD 599'097.509, y sería financiado por EximBank, el monto restante por recursos fiscales.

Documento: Memorando de la línea de crédito
El 29 de octubre del 2014 el Ministerio de Finanzas suscribió con el EximBank una línea de crédito para financiar la instalación del Proyecto de Línea de Trasmisión de 500 kV, por USD 509'232.882,65.
Para 2015, los reportes sobre las fisuras y trabajos mal ejecutados se multiplicaron, pese a esto, el 18 de noviembre deL 2016, Esteban Albornoz Vintimilla, ministro de Electricidad y Energía Renovable, junto al presidente Rafael Correa, su vicepresidente Jorge Glas y el presidente chino, Xi Jinping, inauguraron la obra, en un acto oficial realizado en el edificio del ECU911 de Quito.
Al final del túnel, un proyecto sobredimensionado, generado por la ficción de un exministro ahora en prisión (Alecksey Mosquera) —acusado de haber recibido $ 1 millón para adjudicar Toachi Pilatón a Odebrecht— acabó pasando al país una factura de USD 3216 millones, una singular diferencia superior a USD 2000 millones frente al costo original del proyecto. La luz de Coca Codo Sinclair deja ver con nitidez que el incremento del costo solo fue posible al disparar la fantasía de 1500 MW y así pretender ocultar el colosal sobreprecio, de donde siempre salen las coimas y los sobornos, auque sean en forma de “acuerdos entre privados”. 

 

Coca Codo Sinclair: 1500 MW de corrupción

La presa fue inaugurada en el 2016, pese a que se tenía conocimiento de la cantidad de fallas, fisuras y problemas. La hidreléctrica más grande del país fue recibida por Ecuador con 19.000 items pendientes. Foto: Presidencia de la República
REDACCIONES: MILHOJAS, PLANV, LA FUENTE
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Coca Codo Sinclair, el proyecto emblemático de la "revolución energética" del gobierno de Rafael Correa, el cual costó el país USD 3.200 millones, está operando bajo alto riesgo, debido a daños estructurales. La Contraloría General del Estado, en un informe borrador de más de 165 páginas, leído el 14 de noviembre del 2018, encontró 12 fallas graves en el proceso de construcción. Sobre todo, daños en los ocho conductos distribuidores de la casa de máquinas y en dos de las turbinas. Estos daños en los distribuidores consisten en la presencia de 7.648 fisuras en las dos tuberías de presión que conducen el agua hacia los rodetes que a su vez generan la electricidad. Estas tuberías están recubiertas de acero; las fisuras, una de ellas de 38 centímetros, están en las planchas y en las zonas de soldadura. El daño, a criterio de los técnicos consultados por estos portales, es catastrófico, estructural e irreversible.

Puerta de entrada a la casa de máquinas. Foto: Archivo El Comercio

Documento: Denuncia presentada en el 2012 en la Fiscalía, por Cléver Jiménez, que no fue tomada en cuenta por el fiscal Galo Chiriboga.

Documento: El texto de la carta a la Fiscalía.

Documento: El texto de la carta a la Procuraduría.
La Contraloría encontró que "la empresa Sinohydro Corporation, para la construcción de los distribuidores de las ocho turbinas del proyecto empleó materiales no homologados; fabricó los elementos sin efectuar un adecuado control de calidad; soldó elementos adicionales para el transporte y manipuleo; y, soldó candados para efectuar las pruebas hidrostáticas sin aplicar los procedimientos técnicos de soldadura. Asimismo, unió las partes de los distribuidores sin aplicar tratamientos térmicos pos soldadura, lo cual ocasionó que al momento de la construcción se presenten en los distribuidores fisuras de distintas dimensiones, lo que conllevó a que en el año 2015 se efectúen inspecciones y soldaduras de reparación en todos los distribuidores y en el año 2018 se realice una nueva inspección y reparación con soldadura en elementos esenciales para el funcionamiento de las turbinas de la central hidroeléctrica.
"CELEC EP invirtió en esta construcción USD 1.010’844.719,62. Sin embargo, en los primeros dos años de funcionamiento de la central hidroeléctrica, que fue diseñada para una vida útil de 50 años, la contratista ha intervenido por dos ocasiones empleando soldadura en elementos metálicos con bajo contenido de carbono".

Documento: El texto de la carta a la Contraloría.

Documento: La boleta de notificación a Cléver Jiménez sobre la apertura de la indagación previa. Jiménez denunció a los gerentes de la Obra por un presunto peculado.
Para uno de los consultores que determinaron el valor del daño, esta cifra multimillonaria es lo que el país perdería, porque sería imposible hacerlo sin destruir la casa de máquinas y todo su sistema; pues las partes dañadas están recubiertas de concreto de alta resistencia. "Es preferible hacer otra casa de máquinas", dijo el experto.

Documento oficial a los fiscalizadores de la obra, que da cuenta de las fisuras presentadas en varias unidades, luego de las pruebas de presión. Este informe explica que la presencia de fisuras puede impedir que el agua alcance la presión de 7.5 MPa, que es la presión del diseño, para que el sistema de generación eléctrica funcione.

El organismo de control determinó que las fisuras, las cuales producen filtraciones y que pueden hacer colapsar todo el sistema, fueron provocadas unas por la calidad del material, el cual no cumplía las especificaciones técnicas, y la otra por una mala gestión en el traslado y trasportación de las planchas desde China hasta el sitio de la obra, y las malas soldaduras en los anclajes que permitían la transportación.
Los defectos fueron detectados en los cordones de soldadura, tanto en la fábrica como en el sitio de instalación. Según fuentes vinculadas a la investigación del organismo de control, una de las razones fundamentales para la mala calidad de los materiales era que en el proceso se cambiaron las especificaciones que originalmente eran para acero de fabricación japonesa para favorecer acero de fabricación china.  El uso de este acero, que no tenía la aleación adecuada ni la resistencia necesaria para soportar las presiones fue aceptada por el consorcio mexicano que actuó como fiscalizadora de la obra.
Las más de 7648 fisuras fueron encontradas en el 2015. Sin embargo, lo problemas encontrados en el transcurso de la mega obra,  que fueron ratificados por la Contraloría, fueron reportados desde el 2013, en un informe publicado por la revista Vanguardia y en una denuncia ante la Fiscalía que fue presentada por el entonces asambleísta de PK, Cléver Jiménez.
Las fallas encontradas en el 2015 fueron subsanadas supuestamente. Las Unidades más afectadas fueron la 2, 4, 7 y 8, con más de 1500 fisuras cada una en promedio. Las unidades 3 y 4 tuvieron hasta cuatro reparaciones.


En el 2015, en la etapa de pruebas hidrostáticas, Sinohydro Corporation, la constructora, soldó placas metálicas y candados y luego de efectuada la prueba se retiraron los elementos soldados, y fiscalización detectó, además de las fisuras de las zonas correspondientes a las zonas de soldaduras, una fisura de 38 centímetros de longitud en la brida de ingreso del distribuidor de la unidad 3, así como en sectores con la presencia de indicaciones en las soldaduras de fábrica. Las fisuras fueron reportadas, pero los documentos entregados por la contratista en la dirección de Gerenciamiento y Fiscalización no reportaron novedades en la inspección de las soldaduras, "evidenciando ausencia de supervisión en la construcción de los distribuidores y poniendo en duda la integridad de los documentos de control de calidad", dice el informe de la Contraloría. 

Reacción de Rafael Correa, en el 2012, contra la denuncia de Cléver Jiménez. Hay que actuar con todo, les dice a sus remitentes, incluso con "nuestros legisladores".
Un técnico de la empresa Consulting Inspection Services, CIS, en su informe del 8 de abril del 2015, luego de detallar decenas de irregularidades sobre materiales empleados que no cumplían las especificaciones técnicas ni del contrato, señaló que "ningún tipo de fisura es aceptable; se deben revisar los procesos de soldadura para determinar la causa del agrietamiento y prevenir futuros defectos ; y que la fisuración puede conducir a la pérdida de la integridad estructural, a fugas y a la falla del equipo". 

Portada del informe reservado de la Contraloría sobre el poyecto Coca Codo.
Pero el proceso de reparación también fue observado: "las normas aplicables no establecen el número de veces que un acero al carbono y de baja aleación puede ser reparado mediante soldadura", por cuanto la producción  y el material empleado tiene diferentes parámetros. Pero es práctica de la industria, dice la Contraloría, que la reparación por soldadura del material base y los cordones de soldadura se realicen una sola vez.  Ya la campaña de soldadura y reparación del 2015 incluyeron hasta tres soldaduras de reparación y si en el 2018 se está interviniendo con nuevas soldaduras de reparación, "podemos afirmar que el procedimiento de reparación de fisuras, empleado, no fue el adecuado".
El organismo de control reclama a CELC y a la Unidad de Negocios Coca Codo Sinclair, que tras haber detectado las fisuras, no han recomendado ni dispuesto que se efectúe la evaluación integral de dichas estructuras.  ¿Cuál es su aptitud para el servicio? ¿Cuál es su vida útil? ¿Cuál es su estado? ¿Cuál su comportamiento futuro si son recipientes sometidos a constante e intensa presión de agua? Preguntas que, según la Contraloría, aún ningún responsable contesta al país.
¿Por qué se habla de un daño estructural? La evaluación permitirá conocer si los distribuidores instalados pueden seguir operando pese a las observaciones técnicas reportadas, pueden soportar más campañas de soldadura de modo indefinido o deben ser reemplazados, a costa de Sinohydro Corporation. En este caso, CELEC EP debe contar, dice la Contraloría, con las garantías necesarias para que el costo de todos esos trabajos sea reconocido por esa empresa. 
Así lo anunció estos días el ministro de Hidrocarburos y Electricidad, Carlos Pérez. Dio el nombre de una empresa alemana que hará la evaluación técnica, sin referirse a los hallazgos de la Contraloría, y dijo que la  constructora china asumiría todos los costos de ese proceso. No mostró al país un convenio o documento alguno con la firma de Sinohydro.

Si esto pasa, si se opta por detener la operación para hacer una reparación integral, tendría que considerarse la cantidad de energía generada por Coca Codo que el país dejaría de recibir. Si entre enero del 2017 y julio del 2018 (un año y medio) la represa generó, con toda su potencia, cerca de 9.600 millones de Kwh (un promedio de 505 millones de kilovatios al mes), a un precio promedio de 9,86 centavos el kilovatio-hora, se tiene que el sistema eléctrico nacional dejaría de recibir USD 49 millones mensuales. Cerca de USD 600 millones al año. A esto hay que sumar los USD 83 millones del costo de instalación de los distribuidores. Además, en caso de que sea imposible reparar el sistema de distribuidores con fisuras y sea necesario  reemplazar la casa de máquinas, esta tiene un valor de USD 1.010' 844.719.
Estos daños ya han causado la paralización de tres unidades para efectos de inspección y reparación. Un reporte del subgerente de producción de CELEC EP – Coca Codo Sinclair da cuenta que entre agosto del 2016 y julio del 2018 la Unidad 4 paralizó 72 días, la Unidad 2 paró 46 días y la Unidad 3 fue paralizada el 20 de julio del 2018 hasta la fecha.
Otra de las fallas en el sistema Coca Codo se presenta en la línea de trasmisión de la subestación El Inga, a la cual llegan dos líneas trifásicas de 500 MW, con un haz de cuatro conductores por fase. En cambio, en el tramo El Inga-Tisaleo-Chorrillos se ha instalado una línea trifásica de 500 MW con un haz de tres conductores elevándose el efecto corona, e incrementando las pérdidas en la línea, la radio interferencia, el ruido y los destellos luminosos alrededor de cada fase. Esto ha provocado la protesta de las comunidades por las que atraviesa. Es, por tanto, una línea que no está operando y es una razón más por la cual la central Coca Codo no pueda evacuar toda la energía que produce. Para completar este cuadro, el cuarto conductor y convertir la línea en un haz de cuatro conductores se requiere una inversión aproximada de USD 28 millones, que se pretende pedir a… China. 
La central hidroeléctrica fue diseñada para una vida útil de 50 años, pero la contratista ha intervenido en dos ocasiones, empleando soldadura en elementos metálicos con bajo contenido de carbono y alta tenacidad; ocasionando que las soldaduras y el material base de los distribuidores se vuelvan más frágiles. La Contraloría señala que es "de total responsabilidad de la contratista, las consecuencias de dicha acción".
Para evaluar la condición de los distribuidores se hicieron varias inspecciones. Foto: Archivo El Comercio
OTROS DAÑOS ENCONTRADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
• Los rodetes de las unidades U4 y U6 presentan áreas afectadas por abrasión y desprendimiento de la protección de carburo de tungsteno, a pesar de lo cual la contratista ha rechazado las solicitudes emitidas por CELEC EP para su reparación, lo que ha ocasionado que a la fecha de corte de esta acción de control no se hayan resuelto las afectaciones reportadas.??
• Sinohydro Corporation y CELEC EP no han llegado a un consenso sobre la aprobación de un cronograma optimizado y consolidado para atender los ítems pendientes definidos en la fase 1 y 2 del proyecto, entre estos la construcción de un campamento permanente de operación, que a la fecha de corte de este examen presenta el avance de un 76,38%, lo que ha dado lugar a que la Unidad de Negocio de Coca Codo Sinclair incurra en gastos adicionales por USD 763.560,00, para el transporte del personal técnico y administrativo desde el campamento hacia la central hidroeléctrica.
• La empresa Sinohydro no atiende en los tiempos establecidos contractualmente ni soluciona de manera efectiva la causa u origen y defectos comunicados por Coca Codo Sinclair, por lo que al corte de esta acción de control persisten 171 defectos sin atención o solución, ocasionándose un perjuicio de USD 465.380,18 a Coca Codo Sinclair; y USD 27’779.406,57 al Estado ecuatoriano por la afectación a los ingresos que debía percibir con la comercialización de la energía producida.?
• La Segunda Junta Combinada de Disputas del contrato EP favoreció a la contratista Sinohydro con una prórroga adicional de 167 días para cumplir con la entrega de la operación inicial y la entrega de la fase 1, sin haberse impuesto una penalidad por 184 días de retraso equivalente a USD 78’200.000,00.??
• La empresa Sinohydro hasta la fecha de corte del examen no culminó con las pruebas de eficiencia del funcionamiento del modo automático a través del sistema, tampoco se reemplazó ni corrigió la calibración de las ecosondas que presentan mal funcionamiento. Además, no se capacitó al personal de CELEC sobre el equipo.??
• El representante legal de Sinohydro presentó solicitudes de reembolso por ítems pendientes no concluidos, mismas que fueron canceladas incumpliéndose además los plazos de entregas.??
• El gerente de Sinohydro no cumplió con el Plan de Capacitación y entrenamiento continuo del personal operativo, conforme los requerimientos técnicos.??
• Los gerentes de la unidad de negocio de Coca Codo Sinclair dispusieron que el equipo de supervisión del proyecto pese a sus limitaciones del personal se encargue del proceso de relevamientos de los ítems pendientes sin establecer las funciones específicas a desempeñar, lo que ocasionó que este proceso no haya sido concluido luego de transcurridos más 500 días.??
• Los responsables de la gestión ambiental de Coca Codo Sinclair no presentaron al Ministerio del Ambiente los Términos de Referencia para contratar y ejecutar las auditorías ambientales, en los periodos 2014-2016 y 2016-2018; tampoco tramitaron la emisión de la licencia ambiental para la fase de operación del proyecto.??
• La empresa Sinohydro manejó inadecuadamente los desechos generados en el campamento de operación permanente, además no cumplió las medidas de control ambiental para la distribución de combustible en los campamentos.??
• La empresa Sinohydro presentó planillas sin incluir documentos de soporte que certifiquen el control de calidad efectuado en la ejecución de los trabajos.

Frontera cautiva, tras el rastro de los periodistas ejecutados

PERIODISTAS SIN CADENAS / LIGA CONTRA EL SILENCIO / OCCRP / FORBIDDEN STORIES

Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra fueron asesinados con disparos en la nuca, a quemarropa, bajo una noche oscura y lluviosa en medio de la selva colombiana. Ortega, reportero; Rivas, fotógrafo; y Segarra, conductor, trabajadores del diario El Comercio de Ecuador, habían sido secuestrados el 26 de marzo de 2018 por el Frente Oliver Sinisterra, una narco disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) liderada por el excombatiente Walther Patricio Arizala Vernaza, identificado así en Ecuador, y conocido en Colombia como Luis Alfredo Pai Jiménez. En ambos países tiene el mismo alias: Guacho.
Durante seis meses, un consorcio binacional de periodistas investigó los motivos del secuestro y las circunstancias en que Ortega, Rivas y Segarra fueron ejecutados. La investigación, titulada Frontera cautiva: tras los rastros de los periodistas ejecutados,  revela, además, detalles que los Gobiernos de Ecuador y Colombia sabían y decidieron no divulgar.

Ortega, Rivas y Segarra realizaban un viaje de reportería en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, donde a inicios de 2018 el Frente Oliver Sinisterra había volado un cuartel de policía con una bomba, un ataque que el país nunca había padecido en su historia. Días más tarde, un explosivo fue activado al paso de una patrulla militar en el pueblo fronterizo de Mataje y cuatro soldados ecuatorianos murieron.
El 25 de marzo, los periodistas de El Comercio llegaron a la ciudad fronteriza de San Lorenzo y se alojaron en un hotel, de donde salieron a las 07:10 del día siguiente. Alrededor de las 09:00 pasaron por el control militar de ingreso a Mataje, en plena zona de frontera. Ahí, dicen las autoridades ecuatorianas, fueron registrados y advertidos del peligro. Llegaron, estacionaron en el sector de Nuevo Mataje y salieron a caminar. La gente del pueblo cuenta que alguien se les acercó, que conversaron y luego siguieron a esta persona. “Ellos le van siguiendo a ese señor”, dijo una fuente bajo pedido de anonimato, “se embarcan en una canoa y los pasan al otro lado. Pero ellos fueron sin presión, y cuando llegan allá y los meten más adentro (les dicen): ‘ahora sí, están detenidos’”.
A las 17:00 del 26 de marzo, el mayor de la Policía de Ecuador Alejandro Zaldumbide, jefe de Gestión Logística del Distrito de Vigilancia San Lorenzo, recibió un mensaje de texto de una persona que se identificó como Guacho. El remitente le escribió “tengo tres personas retenidas, ecuatorianos, dos periodistas de Quito y el chofer” y le exigió una respuesta en 10 minutos, de lo contrario “desaparecerán esos señores”.
Fotografía / Juan Diego Montenegro
Durante el breve chat, Zaldumbide -que llevaba cerca de dos meses comunicándose con los disidentes- saludó al secuestrador con cortesía y familiaridad: “Saludos, Guacho. Buena tarde. ¿Te puedo llamar?”. A lo que este respondió: “Usted sabe, no recibo llamadas” y le lanzó que si no tenía una respuesta “día a día van a tener bajas, como militares y civiles. Ustedes provocaron”. Luego se despidió, con un displicente: “Chaoooo pues”, y le envió por lo menos tres fotografías de los secuestrados. Javier, Paúl y Efraín aparecen con la misma ropa que vestían al salir del hotel.
Esa noche, los familiares de los periodistas fueron contactados, pero solo hasta el otro día se informó oficialmente del secuestro en Ecuador, en una rueda de prensa donde no se mencionaron los nombres de los plagiados. Así empezó el secretismo oficial que se mantiene hasta hoy.
Manifestaciones en Quito pidiendo la liberación de los periodistas secuestrados en la frontera. Foto: Periodistas sin cadena
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Seis meses después del secuestro y asesinato de Javier, Paúl y Efraín, los Gobiernos de Ecuador y Colombia no han dado respuestas claras sobre los hechos. Al principio, el entonces presidente colombiano, Juan Manuel Santos, aseguró que el plagio había ocurrido en Ecuador, y que alias Guacho era de nacionalidad ecuatoriana. Después tuvo que retractarse. Por su parte, el Gobierno de Ecuador no ha divulgado hasta ahora que el 28 de marzo de 2018, cuando circuló el rumor de que los periodistas serían liberados, se preparó en efecto un operativo de rescate. Este es quizá el hallazgo más relevante de Frontera cautiva.
Esa noche, 48 horas después del secuestro, diario El Tiempo de Bogotá reportó la supuesta liberación como un hecho. El medio atribuía su información a altas fuentes militares de “altísima” credibilidad y verificó los datos en terreno; Yadira Aguagallo, pareja del fotógrafo Paúl Rivas, le contó a esta alianza periodística que tuvo conocimiento de que la información vino del entonces ministro de Defensa colombiano, Luis Carlos Villegas.
En Ecuador, ese día, un fiscal (cuyo nombre se protege por seguridad) esperó a los secuestrados en la Base Naval de San Lorenzo para acompañarlos en helicóptero hasta el aeropuerto de Esmeraldas, donde tomarían un avión a Quito. En una entrevista que el exministro del Interior, César Navas, dio -ya fuera del cargo- confirmó que se había preparado un avión para trasladarlos. Supuestamente, se le avisó al presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, y la Secretaría de Comunicación estaba organizando una rueda de prensa para anunciar el desenlace. Pasaron casi cinco horas, pero los periodistas nunca llegaron.
Hay también un mensaje de texto que habría sido intercambiado por miembros de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. En este, al que tuvo acceso este equipo periodístico, se dice que los “tres periodistas retenidos por irregulares (…) estarían siendo liberados a 1K de Mataje y llevados a RTNIM y de ahí Y Mataje – San Lorenzo para disposición final. (…) Mantén linea tengo mi gente adentro. QAP 7/3”.
Ilustración: Periodistas sin cadenas
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Otro hallazgo de esta investigación revela que el Gobierno de Ecuador y la banda de Guacho mantenían una comunicación constante. Aunque este equipo periodístico tuvo acceso a parte de los mensajes intercambiados, el Gobierno de ese país se ha negado a entregar información completa sobre las conversaciones.
Sin embargo, se sabe que la agrupación exigía, desde enero de 2018, la liberación de tres de sus miembros detenidos en Ecuador, y la cancelación de un acuerdo contra el narcotráfico suscrito entre ese país y Colombia. Además, en reiteradas ocasiones, el grupo de Guacho emitió amenazas directas contra civiles, información que nunca fue compartida ni con militares, ni con el Ministerio de Interior, ni con los periodistas enviados a la región.
Durante la larga negociación establecida entre el Gobierno ecuatoriano y los secuestradores, hubo mensajes cruzados y múltiples amenazas vía WhatsApp. Las autoridades de Ecuador recibieron imágenes de los periodistas cautivos, encadenados, y por lo menos un video sigue sin hacerse público.
El 7 de abril, Guacho envió su último mensaje: “Para cuándo me libera a mis muchachos, o mato a los periodistas, y dígale a ese ministro del Interior que le tengo en la mira y mis ataques y bombas van a continuar. Hoy las 3 les mando el video de uno de ellos muerto”. Seis días después, el 13 de abril, el presidente de Ecuador confirmó el asesinato.
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Al día de hoy, los pueblos fronterizos entre Ecuador y Colombia continúan desvalidos, sitiados por el miedo y bajo una férrea ley de silencio.
El 1 de agosto de 2018, en uno de los tres viajes realizados por el consorcio de periodistas, Mataje parecía un pueblo fantasma: nadie pasaba por allí. Aunque el calor asfixiaba, las puertas y las ventanas de las casas permanecían cerradas. Los periodistas recorrieron el lugar con el resguardo de una caravana militar y 20 soldados.
Mataje. Militares y policías resguardan al personal médico del centro de salud de la zona. Foto: Periodistas sin cadenas
Desde hace décadas, los alrededores del río del mismo nombre han sido zona de enfrentamientos. A ambos lados de la frontera operan dos disidencias de las FARC: el Frente Oliver Sinisterra y las Guerrillas Unidas del Pacífico, así como el Ejército de Liberación Nacional, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y bandas delincuenciales como Gaula NP y Las Lágrimas. Todos cruzan entre ambos países con total libertad, se disputan las más de 19 000 hectáreas de coca cultivadas en el área, las rutas al mar para sacar toneladas de cocaína al mes y los contactos con los grandes  carteles mexicanos.
Como en San Lorenzo, del lado colombiano, en el municipio de Tumaco, el miedo es también un estado cotidiano. La mayoría de las personas consultadas por el consorcio de periodistas no permitió que las entrevistas fueran grabadas, ni siquiera en audio, por temor a posibles represalias.
Militares hacen fotos en el puente que divide a Ecuador de Colombia en Mataje. Foto: Periodistas sin cadenas
Las poblaciones a ambos lados de la frontera son usadas en la cadena del narcotráfico. En Ecuador, específicamente en Mataje Nuevo, guardan el armamento y el dinero en caletas. Las cocinas para el procesamiento de la hoja de coca se ubicaban en Campanita, a ocho kilómetros de Mataje, río arriba. También hay sicarios que circulan por poblaciones más urbanas como San Lorenzo. Un funcionario judicial, que habló bajo la condición de anonimato, agregó que esta parte de la frontera sirve para el abastecimiento de combustibles y precursores para la fabricación de la cocaína que se exporta desde el lado colombiano. Tumaco es el municipio con los mayores sembradíos de hoja de coca para uso ilícito del mundo.
Un niño pesa las hojas de coca recolectadas en el cultivo en El Tandil, Nariño, semanas después que campesinos fueran asesinados en una protesta contra la erradicación del cultivo de coca en octubre de 2018. Foto: Manu Brabo
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El Estado ecuatoriano dice que siempre prefirió una salida negociada, y descartó las operaciones militares para rescatar a Javier, Paúl y Efraín, pero los resultados fallaron. En un momento dado, los tres periodistas fueron conducidos a la vereda Los Cocos, muy cerca del río Mira, frontera natural entre los dos países. Según un testigo de la Fiscalía colombiana, en ese momento Efraín Segarra, el mayor de los tres, entendió que su suerte estaba echada, y preguntó a sus captores si los iban a matar. Alias Perú, un gatillero, le habría contestado:
—Sí, porque el Gobierno ecuatoriano no cumplió con el acuerdo.
Pasarían más de dos meses para que equipos forenses y policías rescataran los cuerpos, el 21 de junio. Cuando los encontraron, Javier, Paúl y Efraín ya no tenían las cadenas que los apresaron durante su cautiverio. Diecisiete tiros las volvieron innecesarias.
El 15 de septiembre, Iván Duque, recién posesionado presidente de Colombia, aseguró que Guacho estaba herido y que había escapado a una operación militar. Dos días después, el comandante de las Fuerzas Militares colombianas, el general Alberto Mejía, dijo que no podía “ni confirmar ni negar” la noticia. Yadira Aguagallo, la compañera de Paúl Rivas, mencionó en una entrevista que para las familias es imperativo capturar a Guacho vivo y poder dar un “paso adelante contra la impunidad”. Es decir, conocer la verdad que tres familias y dos países aún esperan.
MilHojas reproduce este especial periodístico que ha sido elaborado por el colectivo ecuatoriano Periodistas sin cadenas, la Liga contra el silecio de Colombia y organizaciones como Forbbiden Stories, OCCRP, FLIP y Fundamedios.

 

Puná o cómo funciona la justicia en el Ecuador

El 7 de agosto de 2018 a las 16h00 se realizó un operativo de desalojo liderado por autoridades policiales del más alto nivel. Un operativo de esa naturaleza realizado en el Ecuador continental difícilmente hubiera pasado desapercibido. En este caso, salvo algunas protestas en redes sociales, no se supo de él. El operativo sucedió en la Isla Puná y al parecer lo que pasa en Puná se queda allí.
Puná, es la isla mayor del Golfo de Guayaquil.  Pese a que administrativamente es parte de Guayaquil, su comunicación con la urbe es limitada. A Puná sólo se llega por agua, ya sea que se tome la embarcación diaria desde la zona del mercado Caraguay, en Guayaquil, o desde Posorja (otra parroquia rural de la ciudad) donde se sale con más frecuencia. El éxito del viaje y el tiempo de duración del mismo depende de la mareas. Por lo menos es hora y media cruzando el mar desde la ciudad. A veces las embarcaciones quedan varadas en el lodo.

Probablemente por ello y también por el sigilo comunicacional con que el que se procedió, no se dio cobertura a un operativo que partió con 25 embarcaciones desde Posorja y movilizó 300 policías bajo el mando del Coronel Bolívar Tello Astudillo, Director de Control y Orden Público del Ministerio del Interior. El crnel. Tello no era el único alto oficial en el operativo, lo acompañaban el crnel. Johnny Charles Mora Flores, Jefe de Operativo del Distrito Sur y el teniente coronel Jefferson Santamaría. También estaban cuatro comisarios de policía del Guayas: Wilson Layana (Juján), Byron Alcívar (Durán), Lorena Toledo (Playas) y el Ab. Manuel Barreto (Milagro). Dos Agentes Fiscales: Franklin Muzzio Manrique y Alfredo Chonillo Muñoz. Los acompañaba el beneficiario del desalojo: el abogado Fernando Rosero acompañado por sesenta civiles a sus órdenes, que llegaron en sus propias embarcaciones. También fue parte del operativo un helicóptero de la Policía.


El sigilo también se explica porque el desalojo se realizó para cumplir una orden judicial que ha sido denunciada por los afectados como ilegal e inejecutable. En la orden, emitida en una sentencia de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial del Guayas, ni siquiera aparecía el nombre de quienes fueron desalojados ese 7 de agosto de 2018, en predios ubicados en el Sector de la comuna ancestral Río Hondo y La Flor de la isla Puná, Segundo Reyes Gonzabay, empresario camaronero oriundo de la isla, su empresa Pescayo S.A.
La sentencia decía que se desaloje a Freiman Solís Sánchez, quien había trabajado en un predio vecino al desalojado. Si bien la sentencia agregaba que también se desalojará a “las personas que aparezcan como invasores en terrenos de “La Hacienda El Placer”, María Leonor Jiménez de Viteri, ex presidenta de la Corte Provincial del Guayas, señala que dado que en materia penal la responsabilidad es personalísima y, siendo el derecho restrictivo, una sentencia que pedía el desalojo de quien ya no estaba ahí y que por otra parte no citaba los nombres de quienes realmente iban a ser desalojados, era inejecutable.
El tema de la inejecutabilidad de la orden de desalojo es sólo la punta del iceberg. De fondo está el hecho de que fiscales, jueces y autoridades como el ex Ministro del Interior, Mauro Toscanini, y el crnel. Tello convirtieron en “invasores” y “traficantes de tierras” a quienes tenían una historia de dominio de décadas de los predios de los que fueron desalojados. Tanto para los abogados de las Comunas, como de la empresa Pescayo S.A. el meollo del asunto es que se trasladó de manera retorcida al ámbito penal un problema que debía haber sido resuelto en el ámbito de lo civil: es decir los demandantes de la Sociedad en Predios Rústicos Hacienda El Placer, primero, debieron haber borrado procesos de extinción de dominio y adjudicación de tierras a favor de las comunas y de Segundo Reyes, realizados décadas atrás en el marco de la Ley de Reforma Agraria, lo cual en un régimen de derecho sería muy difícil. Además, por parte del Ab. Fernando Rosero el tiempo ya se había agotado.

Antes del desalojo realizado el 7 de agosto de 2018 hubo varios intentos. El primero ocurrió el 9 de junio y no se concretó. El segundo intento sucedió el 14 de junio y se vio frustrado porque subió la marea y quedaron empantanados. El 22 de junio Fernando Rosero tenía listo ya un contingente para acompañar otro intento de desalojo, que no se dio.
¿Cómo se metió Fernando Rosero en este caso? Fue abogado patrocinador de Zaira Eljuri, quien aseguraba ser la propietaria ya que su tío, supuestamente, le dejó a su fallecido padre los derechos sobre las aportaciones que le correspondían como uno de los propietarios de la Sociedad en Predios Rústicos Hacienda El Placer. Dicha cesión de derechos está denunciada como falsifcada y es objeto de una investigación fiscal que se encuentra pendiente. En agosto de 2015 Rosero patrocinó la demanda de Apertura de la Sucesión Hereditaria (juicio # 092009-2015-06426) y posteriormente una denuncia de invasión que Zaira Eljuri presentó en julio de 2016. El 15 de junio de 2017 Zaira Eljuri, quien se encontraba delicada de salud, otorgó un poder especial a favor de Fernando Rosero, que lo facultaba para realizar cuanto acto jurídico estime en razón del predio perteneciente a la Sociedad en Predios Rústicos Hacienda El Placer. Apenas un mes después, el 14 de  julio 2017, Zaira Eljuri falleció, pero al parecer el poder que había otorgado a su abogado se extendería más allá de su muerte.

Estas fotografías corresponden al 29 de septiembre de 2017, cuando Fernando Yávar Núñez, Fernando Rosero Gonzalez y policías acudieron a la Hacienda El Placer, en la parroquia Puná al reconocimiento del lugar de los hechos, correspondientes a la denuncia presentada el 3 de mayo de 2017 por Zaira Eljuri Alarcón en contra Vladimir Sisalima Barros, por el supuesto delito de Ocupación, Uso Ilegal de Suelo y/o Tráfico de Tierras. 
Tras fallecer su apoderada, Rosero se convirtió en el Gerente de la Sociedad en Predios Rústicos Hacienda El Placer. En tal calidad, compareció a la investigación previa No. 090101817050601 que su clienta había iniciado en contra de otro posesionario de las tierras, Vladimir Sisalima Barrios, por el supuesto delito de uso ilegal de suelo y tráfico de tierras, para informar al fiscal a cargo, Fernando Yávar Núñez de la muerte de Zaira Eljuri y que ahora él estaba al frente de la denuncia. En ese acto pidió que el Fiscal incluya a Segundo Reyes Gonzabay como coautor y principal instigador del presunto delito.También pídió a la Fiscalía que realice una inspección in situ para desalojar a Sisalima y Reyes.
El 29 de septiembre de 2017 el fiscal Fernando Yávar Núñez y el Ab. Fernando Rosero González llegaron a Puná en helicóptero para realizar el “reconocimiento del lugar de los hechos” dentro de la investigación previa por el presunto delito de uso ilegal de suelo y tráfico de tierras. Durante tal diligencia el Fiscal Yávar dispuso la aprehensión de Freiman Solís Sánchez, guardián de Sisalima, por el delito de tenencia de arma de fuego sin permiso, pues la Policía, al ingresar a su dormitorio, encontró una cartuchera bajo su almohada. Al llegar a Guayaquil el cargo en contra de Freiman Solís fue modificado y, lo acusaron de invasor. Cambiaron también al fiscal y, a partir de eso, lograron la orden de desalojo que dio lugar a la expulsión de las comunas y Reyes de sus tierras.
Entre el 14 de junio y el 7 de agosto de 2018, tanto los abogados de Pescayo S.A. como de las comunas afectadas realizaron varias acciones centradas en la inejecutabilidad de la orden judicial y la tortuosa actuación de la Fiscalía y jueces del Guayas. Acudieron a la Comisión Nacional Anticorrupción del Guayas y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En compañía de la CNA Guayas acudieron ante la Gobernación del Guayas. Se les informó que el Intendente del Guayas no iba a mandar desalojar por la inejecutabilidad.  Los abogados también denunciaron ante el Consejo de la Judicatura la actuación de la ex Fiscal Provincial del Guayas, Patricia Morejón. El Presidente de la Comuna Ancestral Indígena Río Hondo envió el 5 de julio una comunicación al Viceministro del Interior, solicitando que suspenda la medida.
Pero al parecer la capacidad de presión de Fernando Rosero, sobre quien los afectados señalaron que tendría cercanía con el entonces Ministro del Interior Mauro Toscanini, era muchísimo mayor.
La noche anterior al desalojo el entonces Intendente del Guayas, Josué Dumani, quien tenía dudas sobre la ejecutabilidad de la orden de desalojo y habría estado esquivando su consumación, estaba en su residencia en una ciudadela cerrada, cuando la general de policía Tannya Varela Coronel llegó hasta su puerta para trasladarle la orden del entonces Ministro del Interior Mauro Toscanini de que tenía que firmar la orden para que la Comisaria de Playas se haga cargo del desalojo, pues la Comisaria de Guayaquil se había reportado enferma.
El día del operativo la abogada de Pescayo, Mariana Mejía, exhibió ante las autoridades los títulos de propiedad (Registro de la Propiedad de Guayaquil) de los predios de donde los estaban desalojando y les indicó que la zona de Playas y Bahía (85.95 hectáreas), donde también estaba ubicada la Granja Acuícola Pescayo, eran terrenos estatales sobre los que tenían un Acuerdo de Concesión de Playas y Bahías vigente, pues ha sido renovado por la autoridad respectiva, de conformidad con la ley desde su concesión original en 1997. El Cnel. Mora Flores contestó a la abogada que no tenía interés en lo que decía y que iba a cumplir con la orden judicial y eso implicaba desalojar todo el predio. 

Más allá de la inejecutabilidad del desalojo, las autoridades extendieron el desalojo a la Zona de Playas y Bahías de 85.95 hectáreas concesionadas a Pescayo desde 1997, misma que se ha renovado de acuerdo a la ley y por lo tanto se encontraba vigente. De ahí que ni el predio ni los bienes que estaban en ella podían haber sido entregados a Rosero.
Tampoco se permitió que el administrador de Pescayo S.A. esté presente en la elaboración del inventario de bienes existentes, entre ellos la producción camaronera que se encontraba en fase de recolección y sembrado, ni los insumos, balanceado, bienes muebles e inmuebles, que eran propiedad de la empresa.
El operativo de desalojo se realizó con uso excesivo de la fuerza pública, los trabajadores y comuneros fueron amenazados y maltratados físicamente por los oficiales de policía y sus subalternos. En el operativo fueron detenidas catorce personas, mujeres, trabajadores, comuneros, guardias de seguridad de Pescayo S.A. No se les leyó sus derechos durante el arresto y fueron puestos a órdenes del juez penal fuera del plazo que determina la ley (26 horas). Incluso se detuvo a la abogada de la empresa, Mariana Mejía, a pedido de Fernando Rosero. Los detenidos fueron esposados desde las cinco de la tarde del día martes 7 de agosto del año 2018 hasta las siete de la noche del miércoles 8 de agosto del año 2018 cuando, después de llevarlos de Puná a Guayaquil y finalmente a Playas, los presentaron ante el Juez de lo Penal de esa localidad para su audiencia de flagrancia. Durante todo eso tiempo no les dieron de beber ni de comer.
La travesía de traslado desde Puná hasta el puerto de Posorja fue azarosa. Las embarcaciones que llevaban a los detenidos se dañaron por lo que tuvieron que pasar durante tres horas, en la madrugada, varados en alta mar hasta que fueron rescatados. Llegaron al Cuartel Modelo de Guayaquil a las 8:30 de la mañana. Las mujeres detenidas fueron llevadas al Hospital Universitario para su revisión. La abogada Mariana Mejía, de 61 años, presentaba un cuadro grave de hipertensión por lo que debió ser medicada repetidamente para que pudiera presentarse con los demás detenidos en la Sala de Audiencia de Flagrancia del Cantón Playas que se encuentra a cuarenta minutos de Guayaquil. Finalmente fueron liberados, pues el juez determinó que no había motivo para procesarlos.
El fin de semana siguiente al desalojo, los vecinos de la Comuna Río Hondo, vieron a los empleados del abogado Rosero cosechando los camarones de las piscinas de Pescayo S.A.
Después del desalojo
Mientras Segundo Reyes Gonzabay enfrenta un juicio por Uso Ilegal de Suelo y Tráfico de Tierras por estar en su propio predio, sus abogados han contratacado y presentaron una denuncia por el delito de ocupación, uso ilegal de suelo o tráfico de tierras en contra del Ab. Fernando Rosero González, gerente de los Predios Rústicos Hacienda El Placer, por el desalojo del 7 de agosto de 2018 y por haberse apropiado incluso de la zona de playas y bahías. 

La denuncia fue presentada el ante el Fiscal de Espacios Acuáticos, Víctor Hugo Calderón, quien abrió el expediente número 090101818082237 (161-2018) por desalojo ilegal de Segundo Reyes Gonzabay, de los trabajadores de la Empresa Pescayo S.A. y por la ocupación del área ubicada en zonas de Playas y Bahía sobre los cuales Segundo Reyes tiene derechos de posesión, desde1985 renovados el año 1999 mediante Acuerdo Ministerial No. 101-2008, por lo que posee el derecho exclusivo de ocupación de la camaronera construida sobre tierras estatales.
En el Oficio Nro. MAP-SUBACUA-2018-1804-O del 14 de agosto del 2018, remitido por Luis Daniel Carofilis Hernández, Subsecretario de Acuacultura, y Pesca al Gobernador de la Provincia del Guayas se señala:
“Que el Acuerdo Ministerial No. 101-2008 se encuentra vigente y que se ha renovado los Derechos de Concesión de una área de Zonas de Playa y Bahía, otorgada el 18 de septiembre del año 2008, por una superficie de 85,95 hectáreas ubicadas en el sitio La Florida y El Placer, parroquia Puná, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, otorgada a favor de la empresa PESCAYO S. A., y concluye que dicha Cartera de Estado, no ha dispuesto realizar ningún desalojo contra ese predio camaronero de 85,95 hectáreas”.

Esta es la certificación de que la concesión sigue siendo de Reyes y que fue despojado de ella con violencia, por parte de Rosero, con colaboración de la Policía. Sin embargo, ni la Gobernación ni la Intendencia quieren desalojar a Rosero. 

Ante lo sucedido, el Fiscal Víctor Hugo Calderón dispuso realizar un reconocimiento del lugar de los hechos, el  mismo que se realizó el 29 de agosto de 2018 con personal técnico de la Dirección de Control Acuícola de la Subsecretaría de Acuacultura, personal Técnico y policías de Medio Ambiente, un perito del departamento de criminalística y un agente investigador de la Policía Judicial, quienes se trasladaron al predio ubicado en el sector La Florida y El Placer, sitio Río Hondo, cantón Guayaquil, lugar donde funciona la camaronera Pescayo S.A. para verificar el estado actual de legalidad y operatividad del predio en referencia.
Al regresar de la diligencia y arribar al Muelle Municipal del Mercado Caraguay en Guayaquil, Daner Reyes Ortega, hijo de Segundo Reyes Gonzabay recibió una llamada telefónica de alguien que se identificó como la General Tannya Varela Coronel, Jefa de la Zona 8 de Policía. Él le pasó la llamada al abogado de Pescayo S.A. Patricio Pazmiño Salazar. La general preguntó si era verdad que habían ingresado al predio 50 policías y si los servidores policiales habían rastrillado sus armas a los empleados de Fernando Rosero que se encontraban ahí, pues él así lo había denunciado. El abogado Pazmiño respondió que eso era falso, ya que solo se había inspeccionado las zonas de playa y bahía en cumplimiento de la diligencia dispuesta por el Fiscal de Espacios Acuáticos, que no había ese número de policías pues sólo estaban un policía de criminalística, un agente investigador de la Policía Judicial del Guayas, dos policías de la UPMA y dos de la Marina. La general agradeció la información.

En este momento está por determinarse fecha de audiencia de juzgamiento en el proceso por ocupación, uso ilegal de suelos y/o tráfico de tierras contra Segundo Reyes Gonzabay, Vladimir Sisalima Barros y el guardián Freiman Solís Sánchez. También está pendiente una indagatoria pedida por el Fiscal Fernando Yávar contra Segundo Reyes Gonzabay y otros por asociación ilícita para invasión de tierras. Contra la abogada de Segundo Reyes, Mariana Mejía por prevaricato. También existe la denuncia de Patricio Pazmiño contra Fernando Rosero por uso de documento falsificado en referencia a la supuesta cesión de derechos de Franco Eljuri a Felipe Eljuri el 8 de marzo de 1977, denuncia contra Fernando Rosero por ocupación, uso ilegal de suelos y/o tráfico de tierras por estar vendiendo la 3.090 hectáreas de Puná y otra por invasor en zonas de playas y bahías, propiedad del Estado, concesionadas a Pescayo S.A.
Por su parte la Comuna Río Hondo, a través de su abogado Ricardo Ochoa, presentó una solicitud de medidas cautelares el día previo al desalojo pero se las negaron. También denunció a la jueza por no tomar en cuenta su fundamento y haber hecho copy/paste de otro fundamento. Pese a que el Director de Control y Orden Público del Ministerio del Interior, el 9 de agosto pasado, les contestó que el desalojo no iba a perturbar el área de la comuna, a los cuatro días del operativo la gente de Rosero hizo una zanja en el área de la comuna. Existe un informe del teniente político de Puná sobre esta afectación a la Comuna. Y lo más grave: las tierras de la comuna Río Hondo están incluídas en el predio que Rosero ha puesto a la venta. Por lo que la comuna va a comparecer en calidad de terceros perjudicados en la utilización dolosa de documentos públicos falsos. El Ab. Ricardo Ochoa manifiesta que pese a que a Río Hondo le asiste el derecho, su falta de recursos la pone en situación de desventaja.

22 de junio 2018. Protesta de Comuneros de Puná en apoyo a Segundo Reyes Gonzabay
A los abogados de Reyes, les preocupa en cambio, que se mantenga la parcialidad con la que ha actuado tanto la Fiscalía como los jueces hasta ahora. Según los abogados de Pescayo S.A. la entonces Fiscal Provincial del Guayas, Patricia Morejón, dio luz verde al proceso por invasión y tráfico de tierras, mientras dejó en el limbo la investigación previa sobre la validez del documento de cesión de derechos entre los hermanos Eljuri,en que se fundamenta el otro proceso. Tampoco ha sido buena su experiencia en las cortes, con jueces que no aceptan o no leen las pruebas de sus defendidos. Finalmente, la actuación del Ministerio del Interior, bajo el mando de Mauro Toscanini, su viceministro Andrés De La Vega y el Cnel. Bolívar Tello Astudillo, Director de Control y Orden Público del Ministerio del Interior, al ejecutar una orden de desalojo inejecutable concretaron el despojo de cuatro comunas y un empresario para quienes no existe la seguridad jurídica en el Ecuador.
Al mismo tiempo, si bien se habría caído el convenio de compraventa entre Fernando Rosero y los empresarios camaroneros de Machala, Darío Francelín Coronel Jiménez y Kleber Franco Loayza Cárdenas por seis millones de dólares, en días recientes se ha visto anunciada la venta de 3.080 hectáreas, con camaronera incluída, por 10 millones de dólares. Es decir, pese a toda la opacidad que rodea a los procesos de cesión de derechos sobre estas tierras y a la polémica legal latente sobre su tenencia, parece que a quien logra poner de su parte a los operadores de la justicia, la fortuna le sonríe en Ecuador, pues en este caso particular nada de esto ha impedido que la cotización de los terrenos se incremente en cuatro millones de dólares en muy poco tiempo.