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Autor: mh

Historia de Compadres

Fernando Villavicencio Valencia
Christian Zurita Ron
La relación del consejero presidencial Santiago Cuesta Caputti con el intermediador petrolero Enrique Cadena Marín está sembrando tormentas en el círculo del presidente Lenin Moreno; su presencia en Carondelet representa una tensión para la frágil transición ética y democrática que requiere la Nación.
Enrique Cadena Marín constituyó en diez años de Revolución Ciudadana un coloso corporativo que lavó fortunas, similar al caso LavaJato, por su sistema off shore de captar recursos del petroleo ecuatoriano.
Entramado empresarial de Enrique Cadena Marín 
Actualmente es investigado por la Fiscalía como el principal operador de una red de empresas privadas intermediarias del crudo ecuatoriano(Taurus Petroleum, Castor Petroleum, Gunvor, Core Petroleum, Ursa Shipping) que actúan tras las fachadas de las estatales Petrochina, Unipec y Petrotailandia. A las denuncias de corrupción en la intermediación petrolera, formuladas desde 2009, se sumaron en 2016 los Panama Papers, documentos en los que se reveló que las empresas Eston Trading y Livinstong Financial, vinculadas a Cadena Marín y Jaime Baquerizo, recibían al menos $1 dólar por barril de petróleo.

Investigaciones independientes, confirmadas por sendos informes de la Contraloría General del Estado, establecieron que las autoridades ecuatorianas facturaron su crudo a precios inferiores a los del mercado, a través de fórmulas ilegales propuestas por el comprador Petrochina. Las investigaciones identifican además que los intermediarios (entiéndase Enrique Cadena y otros) se beneficiaron entre $2 y hasta $4 dólares por barril en la reventa del petróleo, una actividad prohibida por el Estado.
Cifras preliminares hablan de pérdidas para el Estado ecuatoriano del orden de $ 2000 millones hasta el año 2017, solo por intermediación;los perjuicios por intereses excesivos sumarían otros $ 2 mil millones.
Todo esto es investigado por la Fiscalía General de la Nación sin embargo Lenin lo nombró como su asesor. 
Cuesta reconoce una relación de amistad de casi toda la vida con Cadena Marín: “admito la amistad de más de cuarenta años con el señor Enrique Cadena, pero no mantengo ni he tenido un vínculo comercial más allá de la relación de amistad”, señaló en una aclaración enviada a Teleamazonas.
En su aclaración Cuesta señala que no tiene ningún vínculo comercial con el zar del petróleo, sin embargo su hija Gloria Cuesta Vinueza, trabaja en Rayblue Solutions LLC, una de la empresas de Cadena en Miami, Estados Unidos.
Cuesta está ligado a Cadena mas allá de su compadrazgo: amplia información que reposa en la Fiscalía General del Estado da cuenta de esa relación. En una correspondencia del 6 de junio de 2012 Cuesta le agradece a Cadena por el préstamo de $200.000. Hubo agradecimientos mutuos : “No tengo palabras para agradecerte la ayuda que me estas brindando en estos momentos al prestarme el dinero que te solicite” (sic). 
Cuesta añade las coordenadas de su cuenta en el Bank of America para que ese dinero sea depositado. Cadena, en su respuesta del 7 de junio de 2012 le expresa su amistad y reafirma su compromiso del préstamo.
Cuesta y Cadena han conjugado negocios que van mas allá de sus declaraciones como consejero presidencial y ex encuestador del correísmo: él no puede esconder los intereses que mantuvo la empresa Denari (propiedad de Cadena, domiciliada en Miami) para lograr un contrato en el Iess, valiéndose de la relación que mantuvieron Enrique Cadena con Ramiro González, el primero investigado por la justicia de Estados Unidos y la fiscalía de Ecuador, el segundo con orden de captura internacional.
En la fiscalía también reposa un mail del viernes 27 de julio de 2012 enviado por José Sanmartín a Enrique Cadena en el que hace recuento el pedido de un renombrado abogado guayaquileño para que Cadena interceda ante Ramiro Gonzalez en el IESS: “si Enrique llama al Econ. González, creo que una orden de él termina el asunto”.
La entrañable relación entre Cuesta y Cadena se extiende al hijo mayor de Santiago Cuesta Caputti, Santiago Cuesta Vinueza, que en una comunicación del lunes 27 de junio de 2011 evidencian la injerencia que tenían sobre el IESS: “Compadre estos son los requerimientos de tu sobrino, te jodiste porque si no le das la información en tiempo récord te empezará a martirizar de forma diaria”.
Fue lo que precisó Santiago Cuesta, padre, para formalizar el contrato de captación de migrantes afiliados en el exterior. Además en otra comunicación, dirigida a Cadena, los Cuesta alertaron manejar con sigilo la información para evitar que el competidor Cronix se entere de su proyecto.
El contrato fue adjudicado a Denarii Systems por el consejo directivo del Iess en noviembre de 2011. Pero por denuncia de Cronix, empresa perjudicada, el 28 de noviembre de 2012 la fiscalía abrió indagación previa contra Ramiro Gonzalez, Maria Sol Larrea (sentenciada en otro caso de corrupción ).
En la información que reposa en la investigación sobre Petrochina consta un informe remitido por Cuesta Caputti a Enrique Cadena respecto a unos interesados a los negocios del Iess: el grupo Pronto de Venezuela a quienes se refiere: “Compadre, estos han sido peores que nosotros, son unos delincuentes, no vale la pena que los visite Ramiro (¿González?)”.
Hay que agregar que Santiago Cuesta Caputti está casado con Gloria Vinueza Urgelles, que es prima de María Eugenia Vinueza Vallarino, esposa de Eduardo Jurado Béjar, actual secretario de la Presidencia de la República y delegado del presidente a los directorios de Flopec, Petroamazonas y Petroecuador.
CUESTA EL AMIGO DE MANAFORT Y CADENA
Santiago Cuesta, tejió amistades no solo con figuras vinculadas hoy al poder económico y político local, como Lenin Moreno y Enrique Cadena, también lo hizo a escala internacional. Uno de esos personajes es Paúl Manafort, a quien contactó con Moreno, días antes de que jurara como Presidente de Ecuador. 
Manafort, ex jefe de campaña de Donald Trump, actualmente detenido bajo acusación de lavado y conspiración por la filtración de los mails de Hillary Clinton, es considerado el nexo de las relaciones comerciales de Trump con China y Rusia, también es uno de los mayores lobistas de grandes corporaciones chinas y del Banco de Desarrollo de China (CDB) el principal prestamista de Ecuador. 
Fue en calidad de operador de intereses chinos que Manafort vino al Ecuador el 9 de mayo de 2017, a exponer a Moreno un multimillonario proyecto de privatización de los sectores estratégicos.
Las corporaciones chinas a las que representaba estaban interesadas en  “comprar las empresas ecuatorianas, CELEC, CNT, Banco del Pacífico y aseguradora Sucre”, según confesó Santiago Cuesta. La inversión total
era por 30.000 millones de dólares. El propósito de Manafort era privatizar los sectores eléctrico, telefónico y la banca púbica, con dinero chino. 
A su arribo al poder en mayo de 2017, el presidente Moreno tras reconocer la existencia de una “espeluznante” corrupción en el régimen de Rafael Correa, calificó de “leoninos” a los contratos de comercialización de hidrocarburos con empresas de China y Tailandia y dispuso una urgente investigación, orientada a determinar las pérdidas, responsabilidades y eliminar los perjuicios económicos generados por las cuestionadas contrataciones. 
Entre 2009 y 2017, durante el gobierno de Rafael Correa, Ecuador contrató $18.170 millones de deuda externa con China y Tailandia, garantizada con la provisión de 1204 millones de barriles de crudo, hasta el año 2024. Adicional a estos compromisos, el gobierno de Lenín Moreno suscribió en noviembre de 2017 un contrato por $ 150 millones con el ICBC y Petrochina, en idénticos términos. 
Las investigaciones de las entidades de control responsabilizan al ex presidente Rafael Correa y a sus autoridades de Finanzas y Petroecuador, de ser las responsables de la contratación de deuda pública onerosa (entre el 7 y 8% de interés) garantizada con petróleo; así como de haber facturado el crudo ecuatoriano a precios inferiores a los del mercado, a través de fórmulas ilegales propuestas por Petrochina, las cuales fueron validadas por el régimen. Las
investigaciones establecen que los intermediarios se benefician entre 2 y hasta 4 dólares por barril en la reventa del petróleo.
Durante el período 2009 – 2017, Ecuador suscribió 16 contratos de provisión de crudo y fuel oil, sin licitación y a largo plazo, unos considerados preventas y otros comerciales, atados a líneas de crédito, pero todos al amparo de convenios de gobierno a gobierno, llamados alianzas estratégicas. La normativa de comercialización de hidrocarburos, el crudo adjudicado en contratos de alianza estratégica, debía ser destinado de forma exclusiva a las refinerías
de los compradores, en este caso Petrochina, Unipec y Petrotailandia.
Sin embargo, en esos contratos se incluyeron cláusulas de libre destino, contraviniendo los convenios y las disposiciones. Casi el 100% de los cargamentos fueron desviados a la reventa en mercados de Perú, Chile, Panamá y Estados Unidos.
Varias disposiciones del directorio de Petroecuador del año 2008, ratificadas en 2010 y 2012 (DIR-EPP-01-2012-01-16), establecían la obligación de destinar al menos el 10% del saldo exportable a venta spot (corto plazo), como un mecanismo orientado a monitorear y “ajustar” los precios del mercado. Sin embargo, durante el gobierno de Rafael Correa se incumplió esta disposición: la mayor parte del tiempo se omitieron los concursos spot, y de los pocos realizados, los precios obtenidos en la licitación no fueron aplicados a los contratos de largo plazo. Según documentos revisados, los precios spot son superiores a los facturados sin licitación a las compradoras de China y Tailandia.
El tiempo de duración de los contratos de largo plazo, establecido en la misma resolución del Directorio era máximo de “dos años”, sin embargo, se suscribieron por lapsos de 4, 5 y 8 años, vulnerando la normativa. Según fuentes especializadas, el plazo contractual no debe incidir en el precio del crudo, el cual se fija cada mes en el mercado spot, la garantía principal que obtienen los compradores al firmar contratos a largo plazo, es la seguridad de contar con la provisión del crudo. Esto contradice las afirmaciones de autoridades de Petroecuador que pretenden justificar la diferencia de precios entre las dos modalidades contractuales. 
Las mayores alertas de pérdidas en la intermediación salieron a la luz tras revisar los precios de facturación de Petroperú, entre los años 2007 y 2017. Una de las novedades es que la estatal peruana adquiere el crudo de Ecuador en el mercado spot a través de las intermediarias Gunvor, Core Petroleum, Taurus Petroleum, Castor Petroleum. Es decir, Petroecuador entrega su petróleo a Petrochina, Unipec y Petrotailandia, sin licitación (a precios inferiores a los del mercado), pero estas compañías lo revenden a través de sus intermediarias a precios de mercado; en el caso de Perú las diferencias llegan en algunos casos a 7 dólares por barril. 
Durante el gobierno de Lenín Moreno se realizaron dos ventas spot, ambas operaciones confirmaron la información originada en los reportes de Petroperú: el concurso spot de septiembre de 2017, ganado por Glencore, disparó el precio del crudo Oriente de Ecuador sobre el WTI, es decir, el castigo ( o diferencial) en ese entonces de – $4 por barril, se convirtió en premio de + 0,51.
La segunda venta spot efectuada en enero de 2018 ganó Repsol con un diferencial de – $0,18 por barril frente al WTI. De acuerdo con reportes oficiales de marzo de 2018, el precio facturado por Repsol supera en 4 dólares a los precios de Unipec y Petrotailandia. Las pérdidas para el Estado ecuatoriano por la diferencia de precios entre Repsol con Unipec y Petrotailandia es de $ 17.9 millones, en el mes de marzo y solo por crudo Oriente. 
En abril de 2018, las pérdidas se expresan en un diferencial de -4,85 U$/BL aplicado por Petrochina, Unipec y Petrotailandia, frente a -0,18 del concurso spot de Repsol para el crudo Oriente. Con un precio del WTI de 67,76 el día 18 de abril, Repsol facturó 67,61 U$/BL, mientras dos días después (20 de abril) Petrochina, con un WTI de 68,43 aplicó un castigo de -4,85 y facturó 63,87 U$/BL, incluyendo el premio contractual.
De acuerdo con la misma fuente, el 100 % del crudo Napo es comercializado por Petrochina, sin opción de realizar ventas spot para monitorear el mercado, el diferencial aplicado es de -10,08 U$/BL, uno de los más altos de los últimos años. Según el cuadro adjunto, el 23 de abril el precio del WTI era de 68,24 mientras el Napo fue de 57,96 U$/BL. De acuerdo con el reporte se comercializaron 7.6 millones de barriles de Napo y Oriente, considerando una pérdida promedio de 4 U$/BL, el país perdió $ 32.3 millones, solo en abril de 2018.
Otra fuente de pérdidas económicas para el Estado, hasta la fecha aún no revelada, es el perjuicio originado en el pago de tarifas a las compañías extranjeras suscriptoras de contratos de prestación de servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos. Esas tarifas se pagan con petróleo al mismo precio de facturación de Petrochina, Unipec y Petrotailandia, es decir, con un descuento promedio de $ 4 dólares por barril. Las referidas compañías subastan ese crudo a precio de mercado y se retienen una ganancia adicional.

El atraco de las cocinas de inducción

Conflicto de intereses y posible colusión están tras el fracaso del ambicioso proyecto mediante el cual el ex presidente Rafael Correa quiso remplazar más de 3 millones de cocinas a gas por estufas de inducción entre el 2014 y el 2016. El Programa de Cocción Eficiente PEC no sólo resultó otro espejismo de la revolución ciudadana sino una masiva violación de derechos de los consumidores y eso es apenas la punta del iceberg.
La vulneración de derechos se estableció en una reciente sentencia judicial del 13 de marzo pasado por la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, resultado de las demandas de miles de usuarios, recogidas por la Defensoría del Pueblo.

Funcionarios de la Corporación Nacional de Electricidad realizan trabajos de cableado de 220 voltios en la cabecera cantonal de Salitre, provincia del Guayas pero un año antes los pobladores recibieron forzadamente las cocinas de inducción, hasta la fecha la mayoría las mantienen empacadas. 

El PEC ha funcionado bajo una alianza público-privada que ha operado así: El Estado entregó la comercialización de las cocinas y las ollas de inducción a la empresa privada. La contraparte estatal era el subsidio en el costo de la electricidad para los usuarios, el financiamiento de las cocinas, y la conexión de 220 voltios.  La contraparte del Estado con las empresas comercializadoras era pagar mediante efectivo y Títulos del Banco Central (TBCs) por las cocinas y ollas vendidas.  Las comercializadoras privadas aseguraban entonces su cartera de cobro y los destinatarios de las cocinas quedaban endeudados con el Estado.  En síntesis, la comercializadora vendía y el cobro se realizaba a través de las planillas de energía eléctrica, pese a que esto está prohibido por la Constitución y las leyes Eléctrica y del Consumidor.
La contraparte de las comercializadoras era colocar las cocinas de inducción.  Pero las comercializadoras no esperaron solamente a que los clientes llegaran a su red de ventas.  Desarrollaron una intensa estrategia de entrega de las cocinas puerta a puerta.  Especialmente los camiones de los almacenes Japón y Orve Hogar, del grupo ICESA, llegaban a las comunidades campesinas más recónditas para indicarles que estaban haciendo entrega de las cocinas de inducción promocionadas en sabatinas por el propio presidente de la República, sin que estas hayan sido solicitadas.
Para estas ventas puerta a puerta las empresas parecían contar con información detallada de los destinatarios y un guión de venta que estos no podían rebatir.  “La cocina se la dejo porque se la dejo”.  “Usted ha sido beneficiado”.  Este era el discurso engañoso y de coacción que se repetía, con pocas variaciones, en las denuncias que presentaron más tarde los perjudicados y que deja ver un libreto homogéneo.
Debido a este mecanismo miles de ecuatorianos de los quintiles más bajos de pobreza, muchos de ellos personas con discapacidad y de tercera edad se encontraron de pronto con que los valores de sus planillas eléctricas se multiplicaban hasta por 10 veces. Una persona de estos grupos vulnerables que pagaba una planilla mensual de $3 se vio abocado a sacar de su bolsillo entre $25 y $30 al mes, durante tres años. Estamos hablando de pobladores rurales cuyo nivel de subsistencia es tan bajo que estos abonos pueden llegar a significar más de la mitad de lo que reciben por el Bono de Desarrollo Humano.
FOTO: Moradora de la parroquia rural Junquillal, cantón Salitre, provincia del Guayas, muestra su cocina de inducción que le entregaron en febrero de 2017. Un año después los equipos seguían empaquetados, en ese rincón del país no existe energia de 220 voltios.   
Ante esta agresiva política de comercialización implementada para introducir las cocinas a inducción, en sus denuncias, muchos usuarios reclamaban que la propia naturaleza de la transacción no era clara pues se los indujo a pensar que estaban siendo “beneficiarios” de las cocinas de Correa, que recibirlas era una obligación, que en poco tiempo sus cocinas de gas les iban a ser retiradas, y jamás se les aclaró que la deuda que contraían iba a ser cobrada por la empresa eléctrica. Muchos incluso firmaban un documento pensando que era el recibido y realmente era un pagaré. Cuando, ante las primeras planillas de electricidad con el recargo, quisieron devolver las cocinas que nunca fueron desempacadas -pues la Empresa Eléctrica no había cumplido con la instalación de la acometida de 220- no tenían a quién devolverlas. Las casas comerciales les decían que el Estado ya les había pagado por la estufa y que su deuda era con este. Mientras, las empresas eléctricas les decían que si no pagaban se les iba a cortar el servicio y a retirar el medidor, cosa que efectivamente sucedió con muchos usuarios.
Los perjudicados quedaron en indefensión con un electrodoméstico que no podían utilizar y con deudas inmanejables. Para algunos, los pocos que decidieron reclamar por la vía legal, el único camino fue la Defensoría del Pueblo.
Después de la insistencia, sobretodo de la Asamblea de Participación Ciudadana de Naranjal, la Defensoría del Pueblo, interpuso una acción de protección que, en segunda instancia, llevó a la sentencia del 13 de marzo pasado por la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. La sentencia reconoce que las prácticas comerciales utilizadas en la venta de las modernas estufas fueron violatorias de derechos y reconviene al Ministerio de Electricidad por su falta de control sobre las mismas.  La sentencia establece recomendaciones para esta entidad y para ICESA, la comercializadora que concentra el 51% de las denuncias. 
La sentencia sin embargo es limitada. Pese a reconocer la violación de derechos cometida por el Ministerio y la comercializadora, los mecanismos de cobro que siguen aplicando las empresas eléctricas no fueron explícitamente parte de las resoluciones de la mencionada Corte. Además, la sentencia no es extensiva y sólo ampara a los denunciantes y no a los cientos de miles de perjudicados por las mismas prácticas, cuya condición de vulneración es tan extrema que ni siquiera han tenido capacidad de denunciar. Tales perjudicados deberían iniciar demandas individuales para acceder a algún nivel de protección de sus derechos.
Lo actuado por la Defensoría del Pueblo y la subsiguiente sentencia se queda en la punta del iceberg y no aborda lo que, según la Comisión Anticorrupción del Guayas, podría revelar prácticas colusorias entre las entidades estatales y las casas comercializadoras.
De hecho, ninguna instancia de control ha analizado evidentes conflictos de intereses surgidos de los acuerdos público-privados celebrados por el Estado ecuatoriano para ejecutar este proyecto. Hasta ahora sólo hay un informe de contraloría (DAI-AI-1003-2016) sobre el PEC (Proyecto de Eficiencia Energética para Cocción por Inducción y Calentamiento de Agua con Electricidad en sustitución del Gas Licuado de Petróleo en el sector residencial), que se enfocó más en las demoras de los pagos del Ministerio de Electricidad a los proveedores de las cocinas.
La Comisión Nacional Anticorrupción del Guayas ha solicitado a Pablo Celi, Contralor General Subrogante, que realice un examen especial al PEC.
Uno de los órganos de control que recibió múltiples denuncias fue la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. En una rueda de prensa brindada por funcionarios de este organismo en 2016, Jack Robles, director de promoción de competencia de la entidad, aseguraba que los vendedores han llegado a los domicilios a dejar ciertos productos que no han sido requeridos por el usuario. Según la autoridad, los clientes se veían obligados a adquirir el artefacto pese a que solo firmaban un documento de recepción y después de un tiempo debían pagar por un aparato que no solicitaron. Marlon Vinueza, Intendente de Investigación de Prácticas Desleales de la Superintendencia agregó que se están comercializando electrodomésticos probablemente incurriendo en una práctica de acoso. (ver video)
Casi dos años después no se conoce qué acciones tomó la Superintendencia de Poder de Mercado ante los hechos denunciados. Cuando Mil Hojas solicitó información vía email (como fue requerido por el organismo de control) sobre los resultados de su investigación, no hubo respuesta y posteriormente una funcionaria del área de comunicación de la Superintendencia indicó telefónicamente que no se pueden pronunciar, ni negando ni confirmando, dado que todos los casos que llegan a esa entidad son confidenciales, por lo tanto no pueden entregar ningún tipo de información.
Detrás del drama humano de los afectados por estos mecanismos de comercialización se esconde un turbio negocio.
En la investigación de Fundación Mil Hojas sobre cómo se cocinó esta violación de derechos encontramos un conflicto de interés: quien fue nombrado por parte del ex presidente Correa para liderar este Programa de Cocción Eficiente era un alto funcionario de la comercializadora ICESA, la empresa que concentra el más alto porcentaje de denuncias ante la Defensoría del Pueblo.
La puerta giratoria de Pablo Zambrano:

Hasta agosto de 2015 Pablo Zambrano se desempeñaba como gerente comercial de ICESA. En septiembre de ese año aparece en el distributivo de personal de la Presidencia de la República como Consejero de Gobierno. Dos meses después, en noviembre de 2015 Correa nombra a Pablo Zambrano, gerente nacional del Programa de Cocción Eficiente (PEC), adscrito a la Presidencia de la República.
La creación de esta gerencia se dio en diciembre de 2014 y el primer titular en este cargo fue Enrique Arosemena, ex gerente general del canal público EcuadorTV y de la Radio Pública.
En menos de un año Arosemena fue remplazado y cuando la gerencia del PEC se encontraba en la etapa de suscripción de convenios con las cadenas de electrodomésticos para la venta de cocinas importadas, pasó a manos de Zambrano.
Este funcionario, que antes había trabajado por casi tres años en ICESA, una de las empresas que expende las estufas de inducción, lideró por dos años el manejo del sistema de ventas de estas cocinas desde la presidencia de la República.
¿Por qué la presidencia de la República coordinaba directamente las transacciones comerciales de las cocinas de inducción? Una interrogante que aumenta si se toma en cuenta que al mismo tiempo funcionaba en el Ministerio de Electricidad otra gerencia destinada al Programa de Cocción Eficiente.
ICESA es un holding corporativo que maneja varias líneas comerciales en más de 500 almacenes a nivel nacional. Pero ha sido la venta de cocinas de inducción, política propiciada por el Gobierno, lo que ha favorecido el desarrollo de la compañía en los últimos años.
ICESA S.A. se dedica a la comercialización y distribución de artículos nacionales e importados como electrodomésticos, equipos de sonido, mobiliario para el hogar, accesorios, ropa, etc. De acuerdo con el informe de calificación de riesgos que la firma ICRE del Ecuador aprobó (el 31 de enero de 2018) sobre la Segunda Emisión de Obligaciones que ha hecho ICESA en el mercado de valores por $10 millones, esta compañía opera con 564 sucursales a nivel nacional de los almacenes Japón, Orve Hogar, Loco Luis, iStore, Samsung Experience Store, HP Store, Home Appliance, entre otros.
En el mencionado informe se evidencia los positivos resultados que le generó a ICESA el programa oficial de cocción eficiente. En 2015, cuando la venta de cocinas de inducción representaba el 0,22 % de las ventas totales de ICESA, esta empresa estableció un convenio con el Ministerio de Electricidad para la venta de productos de Inducción. Para el 2016 tales ventas aumentaron al 41% (en dólares eso significó $58,86 millones).  A noviembre de 2017 la comercialización de estas estufas representó un 23% del total de ventas de la compañía. El informe de la calificadora de riesgo atribuye tal caída a la incertidumbre por el cambio de gobierno en el país.
Por otro lado, se destaca en varias partes del informe que “…la venta de cocinas de inducción al ser una medida propiciada por el Gobierno favoreció a la compañía” y que  “el Gobierno (con los subsidios de las cocinas a inducción) y el crédito directo ofrecido a clientes conforman más de las tres cuartas partes del financiamiento de ICESA S.A. a sus clientes”. Además, se precisa que las cocinas de inducción tienen “el mejor margen de contribución a las líneas de negocio de la empresa”.
En consecuencia, desde 2015, se evidencia un incremento pronunciado en las cuentas por cobrar comerciales de ICESA debido al aumento de las ventas de las estufas a inducción. La fórmula de pago acordada con el Ministerio de Electricidad incluía TBCs (Títulos del Banco Central), cuyo plazo de negociación es de 360 días. Para 2015, el saldo por cobrar era de $3,8 millones y para el 2016, el saldo mostró poca variación. A noviembre de 2017 la cartera por cobrar relacionada con este concepto representó del 49,96 % del saldo total de deudores comerciales de ICESA y ascendió a $14’881.890. Pero, a criterio de la calificadora ICRE ese monto no presenta riesgo de incobrabilidad.
Si bien es cierto que ICESA comprende el 51% de las denuncias presentadas por los perjudicados ante de la Defensoría del Pueblo, no nos ha sido posible determinar su participación de las ventas totales de cocinas de inducción y ollas en el marco del PEC, pues los datos oficiales solo nos presentan cifras agregadas de ventas, pero no por cada empresa comercializadora.
La ex Ministra de Electricidad, Elsy Parodi, anunció en rueda de prensa del 5 de marzo de 2018 que se han vendido 740. 000 cocinas a nivel nacional.  

Mil Hojas solicitó al Ministerio de Electricidad, mediante su dirección de comunicación, que nos informe sobre las acciones que ha realizado para cumplir con la sentencia de la Sala Civil y Mercantil de Corte de Justicia de Pichincha, y se nos proporcione las estadísticas de entrega de cocinas de inducción por cada casa comercial desde el 2015. Hasta el cierre de esta edición, la única respuesta que recibimos vía telefónica es que “debido a la fusión en la que se encuentra esa cartera de Estado con el ministerio de Energía, no se ha terminado de procesar nuestros requerimientos”.
Según la Superintendencia de Compañías, ICESA tiene cinco accionistas, de los cuales dos son inversiones nacionales. Su capital suscrito es de $8’635.822,20.
 
 Mabel Group Holding S.A. tiene los siguientes accionistas:
 
En las consultas hechas por Mil Hojas sobre los dueños de ICESA, en el mercado nacional de electrodomésticos se identifica como las cabezas de este gran holding a sus accionistas nacionales: los hermanos Jorge y Munir Abedrabbo Larach, empresarios con poca exposición pública, sin embargo en la Superintendencia de Compañías, aparecen como dueños de decenas de empresas dedicadas principalmente al comercio nacional e internacional de casi todo tipo de productos.
Mientras la accionista internacional Chen Trading Group Limited se constituyó en mayo de 2012. Es una empresa que comercializa bienes y productos desde China y Estados Unidos a Ecuador.
Bright Exports Limited es una sociedad anónima constituida el 3 de enero de 1996 y se dedica a la fabricación de prendas de vestir.
La socia, constituida en Ecuador, Mabel Group holding, tiene como principal accionista a Munir Abedrabbo Larach, quien también es socio y ha sido administrador de Textiles El Rayo. Esta última empresa, cuyas oficinas en Quito funcionan en el edificio de Orve Hogar, patrocina a nueve clubes de fútbol ecuatoriano, mediante su marca de Medias Roland. 
Durante las visitas que realizaba constantemente el ex ministro de Industrias Ramiro González para “impulsar fórmulas de colaboración público-privada e intensificar las medidas de apoyo a las empresas del país” Textiles El Rayo aparece entre las destacadas por el funcionario como una de las firmas comprometidas con la innovación e incorporación de valor agregado.
ICESA y algunos de sus accionistas fueron parte de más de una alianza público-privada, impulsada por el anterior Gobierno, mecanismo que en el caso del Programa de cocinas de inducción dio paso a prácticas comerciales que violaron los derechos de las personas más pobres y vulnerables del país.
Mientras tanto, la ejecución del PEC se mantiene e incluso fue relanzado por la ex ministra Parodi horas antes de dejar el cargo; los traspiés que ha tenido este programa dentro de la política gubernamental en materia de eficiencia energética, desde sus inicios, denotan que el proyecto no ha contado con la confianza ciudadana.
Los pobladores de Junquillal no son los únicos en aventurarse por estos caminos, también los camiones de Icesa que fueron entregando las cocinas de inducción a los campesinos. La pregunta es, ¿con qué información el grupo Icesa llegó a este sector a entregar cocinas? La CNEL debe explicar si entregó bases de datos de los gupos sociales mas vulnerables del país para beneficiar a la empresa vendedora

ASSANGE EN EL CENTRO DE UNA TRAMA DE ESPIONAJE INTERNACIONAL

En abril de 2018, el Comité Nacional Demócrata presentó una demanda contra la campaña de Donald Trump, el Kremlin y Wikileaks por complot para beneficiar a Trump y afectar a Hillary Clinton, en las últimas elecciones. Hasta ahora las evidencias centrales apuntan a Nigel Farage, impulsor del Brexit y al ex presidente de campaña de Trump, Paul Manafort, procesado por lavado y conspiración. Sin embargo nuevas revelaciones obtenidas por THE GUARDIAN Y periodistas ecuatorianos, proyectan serias sospechas sobre periodistas rusos que trabajaban para medios rusos Assange y la embajada de Ecuador en Londres figuran en el centro de una trama de espionaje que involucra a varios países y líderes del mundo.

Investigación de: Fernando Villavicencio, Cristina Solórzano
 
En septiembre de 2012, la empresa española contratada para la vigilancia y seguridad de Julian Assange – cuyo nombre mantenemos en reserva- envió los primeros reportes a la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) de todo lo que el creador de Wikileaks hacía en la embajada ecuatoriana.
La firma domiciliada en Cádiz, España, fue contratada por la Senain, apenas un mes después de la llegada del hacker australiano a la embajada. El objetivo: tener un equipo de seguridad in situ para Assange las 24 horas del día y una “casa de seguridad” para vigilar en secreto todas las actividades de la sede diplomática. A esta operación se le llamó “Hotel”.
La compañía instaló un equipo de videovigilancia (CCTV, por sus siglas en inglés) en el vestíbulo de entrada y en la sala de conferencias de la embajada, estos dispositivos eran monitoreados desde un lujoso inmueble, ubicado en la zona más cara de Londres, por dos agentes que trabajaban, en turnos rotatorios, las 24 horas del día. El apartamento, ubicado en Basil Street, a media cuadra de la embajada, fue alquilado por el agente inmobiliario Chesterton Global Ltd., a un costo de $ 4.500 mensuales.
Los informes remitidos dieron muestra del registro todo lo que ocurría dentro y fuera de la embajada, desde incidentes en la calle que nada tenían que ver con Assange, manifestaciones en los exteriores de la embajada en favor del australiano, la presencia en los alrededores de una mujer identificada como Laura H. M. H Assange, sus cambiantes estados de ánimo, las reuniones del embajador, hasta cada visita que el hacker recibió.
Los agentes españoles registraron a detalle el comportamiento del huésped, por ejemplo, en febrero de 2018, durante 25 días seguidos, los agentes escribieron sus “apreciaciones de estado de ánimo”, “Día 1: El huésped se ve agitado e inquieto, Día 2: Se le ve con mal humor, Día 6: El huésped se despierta pronto y muestra nerviosismo e inquietud”, puede leerse en los reportes. Los agentes concluyeron que Assange tiene ataques de ira y tendencias depresivas que lo llevan a no ducharse durante días o a caminar descalzo y en calzoncillos por la embajada. Parte del trabajo de la empresa también era espiar a Scotland Yard, la policía británica que dejó de vigilar a Assange en 2017.

En 2014, el gobierno ecuatoriano fue informado que Assange, violando su condición de asilo y los protocolos de la embajada, tenía su propia estructura de redes y comunicación, incluso satelital. La firma española reportó que Assange “violentó el sistema de comunicación oficial – “interceptando y recolectando – información de la Embajada y de las personas que trabajan allí”.
Estos hechos fueron de conocimiento del ex presidente Rafael Correa y del ex canciller Ricardo Patiño, sin embargo, permitieron que Assange continúe en la embajada y que el país siga pagando su costosa seguridad. Es más, la reforzaron: en agosto de 2015, Cancillería envió a tres agentes encubiertos a Londres. Nuestras fuentes aseguran que, por cada uno de ellos, el país paga cerca de 10.000 euros mensuales.

Los espías españoles hicieron una lista detallada de quiénes lo visitaron estos años, Assange recibió visitas directas o a través de intermediarios mantuvo contacto con activistas, hackers, celebridades, personajes públicos y políticos. Entre ellos se cuentan: Nigel Farage, ex líder del Partido de la Independencia de Reino Unido (UKIP por sus siglas en inglés) e impulsor del Brexit, el ex ministro de finanzas de Grecia, Yanis Yaroufakis, el ex asesor del ex canciller Ricardo Patiño, José María Guijarro, gente vinculada al Kremlin, Pamela Anderson, la diseñadora de modas Vivienne Westwood y periodistas de la cadena estatal de televisión  de Rusia. También se investiga la participación del lobista y ex jefe de campaña de Donald Trump, Paúl Manafort.
Para las visitas había un protocolo estricto: el equipo de seguridad consultaba a Assange sobre cada persona que quisiera visitarlo. Si él aprobaba la visita, la persona podía ingresar, para luego pasar por un filtro de seguridad y dejar su pasaporte con el personal de seguridad. Con los pasaportes los agentes crearon un perfil de los visitantes, en algunos casos, como el de Oriel Soler y Andreu Grinyó, líderes de la secesión catalana, hicieron perfiles más profundos y de análisis político. En los reportes de las visitas los agentes anotaron la fecha, el nombre, el número de pasaporte, nacionalidad, hora de llegada y hora de salida del visitante y el motivo de la reunión. En esta última se marcaron como “reunión social”, “médico”, “legal”, “VIP”.
Los agentes, además, dejaron constancia que algunas conversaciones de Assange no pudieron ser escuchadas porque lo hacía en “lugares escondidos de las cámaras”.


¿QUIÉN ENTREGÓ A ASSANGE EL PENDRIVE CON LOS MAILS DE CLINTON?
El caso que más salta a la vista fue la filtración de los correos electrónicos del Partido Demócrata, antes de las elecciones de 2016. Una suerte de acuerdos secretos entre rusos y estadounidenses, con Assange en el centro, para perjudicar la campaña de Hillary Clinton. En abril de este año, el Comité Nacional Demócrata presentó una demanda contra la campaña de Donald Trump, el Kremlin y WikiLeaks por complot para beneficiar a Trump y afectar a Clinton.
La justicia estadounidense, encabezada por el FBI, el fiscal especial Robert Mueller y los servicios de inteligencia de ese país iniciaron una investigación para determinar si hubo injerencia rusa y la participación de Wikileaks en las pasadas elecciones.
Las agencias de inteligencia de EE. UU creen que hackers rusos, que trabajan para dos agencias de espionaje de Moscú, el GRU y el FSB, accedieron a los correos electrónicos de los Demócratas y entregaron esa información a Julian Assange en Londres, los mails fueron filtrados entre julio y octubre de 2016, desde la web de Wikileaks ¿Pero cómo llegaron los correos electrónicos a Assange? Alguien lo visitó en la embajada y le entregó esa información. El ex director del FBI, James Comey declaró que Rusia estaba detrás del ciberataque y que un intermediario entregó los correos a Assange. Esa es la hipótesis más fuerte que maneja Estados Unidos, a la que ahora nuestra investigación aporta nuevas evidencias.
En noviembre del año pasado, Glenn Simpson, ex periodista y dueño de la consultora Fusion GPS, dijo ante la Comisión Legislativa de Inteligencia de Estados Unidos que Nigel Farage habría visitado a Assange en la embajada ecuatoriana y que le habría entregado un pen drive. “De alguna manera había una relación no reconocida entre la gente de Trump y la gente de UKIP y el camino hacia Wikileaks pasó por ahí. Me han contado, no lo he confirmado, que Nigel Farage hizo más visitas a la Embajada de Ecuador que la única que ha salido en los periódicos, y que entregó datos a Julian Assange”, relató Simpson.
Hasta ahora, Nigel Farage, ex líder del Partido de la Independencia de Reino Unido (UKIP), que impulsó la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ha sido la pieza clave de la comunicación entre Rusia, WikiLeaks-Assange y Donald Trump, por sus relaciones con gente cercana a Trump y a Wikileaks.
Farage forjó vínculos con dos de los más cercanos colaboradores de Trump: Steve Bannon, estratega político y Roger Stone, su mentor político. Este último admitió que tuvo contacto con Guccifer 2.0, un hacker ruso relacionado con la filtración de los correos del partido Demócrata y al que la inteligencia estadounidense considera agente del Kremlin.
“Si se triangula a Rusia, WikiLeaks, Assange y Trump se asocia, la persona que obtiene la mayor cantidad de visitas es Nigel Farage. Él está justo en el medio de estas relaciones. Él aparece una y otra vez”, le dijo una fuente a The Guardian.
Stone, quien ha declarado ser admirador de Assange, se jactó de tener “un amigo en común” que sirvió de intermediario entre él y el fundador de Wikileaks. Ese amigo en común fue Farage.
Nigel Farage visitó a Assange en marzo del año pasado, se quedó cerca de 40 minutos y cuando fue preguntado del motivo de la visita respondió “no recuerdo”. De acuerdo con nuestra fuente, Farage regresó a la embajada el mes anterior, ingresó el 28 de abril de 2018 a las 17:10 y salió a las 19:40. Uno de sus más cercanos colaboradores, George Cottrell también visitó a Assange en 2018.
Cottrell, de 24 años, fue asistente de Nigel Farage, en 2016 fue esposado y llevado por la policía estodounidense cuando desembarcó en Chicago. Fue acusado de 21 delitos, incluidos los intentos de extorsión, lavado dinero. La visita de Cottrell fue registrada el día 21 de marzo de 2018, ingresó a las 18:00 y salió a las 19:40 pm.
Nigel Farage, polìtico del Reino Unido de extrema derecha, fue quien apalancó el Brexit
Por otro lado, la relación de Assange con Rusia es cercana, íntima. En 2012, el australiano tuvo su propio programa en el canal de televisión Russia Today (RT), llamado World Tomorrow.

El 14 de junio, el Washington Post reveló que piratas informáticos rusos habían penetrado la red informática del Partido Demócrata. Semanas más tarde, en la víspera de la convención del partido, WikiLeaks publicó 70,000 correos electrónicos.
En sus casi seis años en el interior de la embajada, las interacciones de Assange con las figuras pro Kremlin han sido un tema constante.
De la filtración de los correos demócratas se ha dicho mucho, aunque faltan cabos por atar, una tarea en la cual está empeñada la justicia de USA, pero hay algo en que todos coinciden: fueron los rusos quienes entregaron la información a Assange y éste la divulgó, y esa acción fue clave para la derrota demócrata.

Estos registros realizados por la empresa española de vigilancia, podrían ser de interés del fiscal especial, Robert Mueller, quien lleva adelante una investigación para aclarar si hubo injerencia rusa y colusión con Wikileaks para perjudicar a Hillary Clinton.
Los reportes indican que, en junio y principios de julio de 2016, Assange recibió más de ochenta visitantes. Entre esas visitas se cuentan la de Sarah Harrison, miembro del personal de WikiLeaks y partidarios de muchos años como Craig Murray, ex embajador del Reino Unido en Uzbekistán y el filósofo croata Sre?ko Horvat.
También se registraron las visitas del abogado de Assange, Gareth Pierce, y de su amigo Vaughan Smith, fundador del Frontline Club.
En noviembre de 2017, se presentó un informe "extraordinario" de 10 páginas sobre la visita de dos líderes separatistas catalanes, Oriel Soler y Arnaud
Grinyo. La visita duró unas tres horas, Assange estuvo acompañado de su abogada Stella Morris, “y una vez finalizada todos se marchan de buen humor, por lo que entendemos la misma tuvo un resultado satisfactorio”, señala el reporte. Assange tuiteó el mismo día en apoyo de la secesión catalana.
En diciembre de 2017, el presidente Lenín Moreno pidió a Assange no intervenir en la crisis de Cataluña “le hemos recordado al señor Assange que no tiene por qué intervenir en la política ecuatoriana porque su estatus no se lo permite. Intervenir en la política ecuatoriana ni en la política de nuestros países amigos. No tiene derecho a hacerlo y se ha comprometido a eso”, le advirtió Moreno. Assange hizo caso omiso.
LA REUNIÓN DE ASSANGE CON AMIR TAAKI EL DESARROLLADOR DEL BITCOIN
Otro reporte indica que el 19 de mayo de 2017, Assange recibió la visita del británico-iraní Amir Taaki, uno de los principales desarrolladores de la moneda virtual Bitcoin. “Wikileaks está muy interesado en el Bitcoin teniendo varios frentes abiertos ahora mismo. La propia financiación de la organización, la recogida de fondos para la causa de Chelsea Manning, que podría ser una tapadera para autofinanciación”, comentó el equipo de informantes de UC Global refiriéndose a la visita de Taaki. El Gobierno británico le impuso a Taaki 10 meses de arresto domiciliario por haber estado 4 meses en Siria luchando con los kurdos y el PKK contra ISIS. “Su defensa legal es a través de Courage Foundation, la misma que Assange, Bradley Manning, Edward Snowden”, dicen los agentes.
 Amir Taakiel hombre duro de la moneda electrónica, bitcoin
Con el tiempo, la operación de contraespionaje de Ecuador se hizo cotidiana. En enero de 2018, los agentes registraron detalles de poca importancia: como el ingreso de una nueva señora de limpieza, las cartas y flores que le llegaban, las mismas que fueron desechadas “de acuerdo al protocolo”.
Según las anotaciones de los agentes, Assange recibió visitas del ex ministro de Asuntos Exteriores de Bolivia, David Choquehuanca, Yanis Varoufakis, ex ministro de finanzas de Grecia. También lo visitaron la periodista estadounidense Lisa Ling, el documentalista Michael Moore, los políticos españoles, Amador Bustinduy y Miguel Ongil López, miembros de Podemos, el partido de Pablo Iglesias.
Los informes indican que, a principios de 2018, la compañera habitual de Assange, era su abogada Stella Morris. Este año también lo visitó, en dos ocasiones, la actriz estadounidense Pamela Anderson, la diseñadora de modas Vivienne Westwood y el periodista Ewen McAskill de The Guardian quien lo visitó dos veces en enero y febrero. Desde el 9 al 21 de febrero de este año, Assange no tuvo visitas.
También se conoce de reuniones con José María Guijarro (Txema), ex asesor del ex canciller Ricardo Patiño, y diputado del izquierdista Podemos, partido del cual se encargó de diseñar el programa electoral para las elecciones de 2015, en España. Guijarro fue el nexo directo entre el ex canciller Patiño y Assange. Txema, como se lo conoce, trabajó para el Gobierno de Rafael Correa desde marzo de 2010, ganando un sueldo de 4.600 euros mensuales. Antiguo simpatizante del Partido Comunista de España, Guijarro ha colaborado con los gobiernos del bloque bolivariano como Paraguay (Lugo), El Salvador (Funes) y Venezuela (Chávez).
El 18 de marzo de 2018, la Senain puso fin al contrato con la firma española. Actualmente, quien se encarga de la seguridad de Assange en Londres es la empresa ecuatoriana PromSecurity Cía. Ltda.
MANAFORT, EL LOBISTA CHINO Y EX JEFE DE CAMPAÑA DE DONALD TRUMP
El 9 de junio de 2016, el hijo mayor de Trump, Donald Trump Jr, Jared Kushner, su yerno y asesor y el entonces jefe de campaña, Paul Manafort, se reunieron con la abogada rusa Natalia Veselnitskaya, relacionada con el Kremlin. Según las agencias de inteligencia de Estados Unidos, la abogada les prometió facilitar información en contra de Hillary Clinton. Manafort, se encuentra detenido procesado por presuntos delitos de lavado de dinero y conspiración rusa para perjudicar al partido demócrata en las recientes elecciones presidenciales.
El encuentro dejó en evidencia la proximidad de Trump con Rusia. Manafort, conocido por su amplia trayectoria de lobismo en el extranjero, fue consejero del ex presidente ucraniano y prorruso Viktor Yanukovych, de oligarcas multimillonarios vinculados a Moscú, así como operador de empresas chinas y del Banco de Desarrollo de China (CDB) el mayor prestamista de Ecuador a cambio de petróleo. La empresa que revende el petróleo ecuatoriano adjudicado a Petrochina, es la multinacional Gunvor, vinculada a Putin, según información del Departamento del Tesoro de USA.
Glenn Simpson que investigó a Trump desde 2015, apuntó a las relaciones comerciales que el ahora presidente de los Estados Unidos mantiene con los “oligarcas rusos”, especialmente en el sector inmobiliario.
En enero de 2017, el sitio web Buzzfeed hizo público un documento que contenía reportes de Christopher Steele, un ex agente de inteligencia británico y experto en Rusia, allí se menciona a Manafort como el nexo de las relaciones comerciales de Trump con Rusia y China.
Es así que, como lobista y representante de intereses chinos, Manafort vino al Ecuador para reunirse con el recién posesionado presidente Lenín Moreno. Las corporaciones chinas estaban interesadas en “comprar las empresas ecuatorianas, CELEC, CNT, Banco del Pacífico y aseguradora Sucre”. La inversión total era por 30.000 millones de dólares. El propósito de Manafort era privatizar los sectores eléctrico, telefónico y la banca púbica, con dinero chino.
ASSANGE NATURALIZADO ECUATORIANO ASILADO EN SU PROPIA EMBAJADA
La ministra María Fernanda Espinosa ha sido defensora de Assange en todo foro mundial al que asistió. Es ella quièn debe responder por todas las oscuras visitas y las acciones que emprendió Assange en la embajada
En enero de este año, la canciller María Fernanda Espinosa, en un intento por solucionar el tema Assange, aceptó la naturalización del hacker, con el fin de que Reino Unido lo considere como agente diplomático y pueda abandonar la embajada, sin embargo, la petición fue negada. La Canciller lucha a brazo partido por alcanzar la Presidencia de la Asamblea General de la ONU, desplazando a su similar de Honduras, a quien Ecuador comprometió su apoyo. En los pasillos de Carondelet se afirma que uno de los compromisos que mueven a Espinosa para llegar a tan alta representación, es la búsqueda de una solución para Julian Assange. Entre las opciones que el régimen de Correa manejó fue que el fundador de Wikileaks sea nombrado agregado diplomático de la ONU y así podría salir de la embajada sin ser detenido.
En marzo de 2018, Ecuador cortó todas las comunicaciones a Assange tras haber roto un acuerdo de finales de 2017, en el que se comprometía a no interferir en asuntos de otros países. Suspenderle el wifi a Assange fue como arrebatarle el cortaplumas a Rambo, dicen los expertos que conocen la experticia del hacker.
El presidente Lenín Moreno ha señalado en varias ocasiones que el “problema heredado” en la embajada, les ha causado “más de una molestia” y que están mirando otras posibilidades que permitan a Assange salir de la embajada para, definitivamente, “librarse del problema”.
El futuro de Assange, buscado en Estados Unidos por conspiración y espionaje, sigue siendo incierto, sin embargo, parece que el fin de su larga estadía dentro de la embajada, está cerca. En eso coincide hasta su propio anfitrión Rafael Correa, quien asegura que el ciberactivista tiene los días contados, aunque las interrogantes respecto a los favores realizados por el hacker, a cambio del asilo otorgado por el gobierno de la Revolución Ciudadana, sean motivo de otra historia.
Proclamado como un ícono de la libertad de expresión y del libre acceso a la información, admirado por millones en el mundo, Julian Assange, sin embargo, guardó silencio frente a la violación a la libertad de expresión, a la corrupción del régimen de Rafael Correa, y a los abusos de otros regímenes aliados. Muy lejos de honrar sus postulados, el fundador de Wikileaks, devino en un instrumento de una presunta conspiración internacional al servicio de aquellos gobernantes del mundo que menos respetan y garantizan la libertad de expresión y los derechos humanos, personajes acusados de autoritarismo que usaron el poder de sus Estados para beneficio personal y de poderosas corporaciones multinacionales, a las que Assange dijo otrora combatir.

 

ECUADOR FINANCIA CON GASTOS RESERVADOS ESPIONAJE DE JULIAN ASSANGE

ECUADOR ES INSIGNIFICANTE”, ASÍ CALIFICÓ JULIAN ASSANGE, EN NOVIEMBRE DE 2016, AL PAÍS ANDINO QUE LE OFRECIÓ ASILO POLÍTICO EN SU EMBAJADA EN LONDRES. PERO, EL GOBIERNO DE ESTE PAÍS “INSIGNIFICANTE” FINANCIÓ CON GASTOS RESERVADOS, MANEJADOS POR LA POLICÍA POLÍTICA DE RAFAEL CORREA (SENAIN), LA CONTRATACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD E INTELIGENCIA PARA BENEFICIO DEL HUÉSPED, BAJO EL CONTROL DE WIKILEAKS (SUNSHINE PRESS PRODUCTIONS). CON TODAS LAS PROTECCIONES GARANTIZADAS POR ECUADOR, EL “HACKER” HIZO DE LA EMBAJADA UN CUARTO DE GUERRA PARA EL ESPIONAJE INTERNACIONAL. SU HABITACIÓN Y OTRAS ÁREAS A LAS QUE TIENE ACCESO FUERON CONVERTIDAS EN UN “HOTEL” DONDE RECIBIÓ VISITAS DE TODO EL MUNDO, ENTRE PERIODISTAS, LIDERES SESECIONISTAS, PODEROSOS EMPRESARIOS, PERSONAS VINCULADAS AL KREMLIN, IMPULSORES DEL BITCOIN, DEL BREXIT Y VISITAS SENTIMENTALES.
Puede leer la nota en Inglés en The Guardian

Investigación de: Fernando Villavicencio, Cristina Solórzano, con la colaboración de Dan Collyns, Luke Harding, Stephanie Kirchgaessner (The Guardian)

Julian Assange permanece asilado en la embajada ecuatoriana en Londres desde hace seis años, el mismo tiempo que lleva Ecuador pagando su costosa permanencia, que incluye seguridad y agentes encubiertos para reforzarla, además de una “casa de vigilancia”, que se encuentra a media cuadra de la embajada, en Basil Mansions, en la zona de Knightsbridge, detrás de las tiendas Harrods. La contratación de este centro de operaciones clandestinas y otras actividades ilegales, fueron pagadas con recursos de “gastos especiales” (no sometidos a control) de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), a través de contratos con las empresas Blue Cell Seguridad, otra compañía española -cuyo nombre mantenemos en reserva- y PromSecurity, para vigilar todo acto relacionado a la vida del creador de Wikileaks.

El 5 de abril de 2010 Wikileaks publicó el video “asesinato colateral”, en el que mostraba a soldados estadounidenses disparando a civiles en Irak. A esas filtraciones le siguieron otras, como los cerca de 90.000 documentos clasificados del Pentágono sobre la guerra de Afganistán, información clasificada sobre la guerra de Irak, terroristas capturados en Guantánamo, Cuba; además revelaciones sobre espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos a figuras de la política mundial.
En agosto de 2010, Julian Assange, fue acusado por la fiscalía sueca de abuso sexual y violación. A inicios de 2011 un tribunal londinense dictaminó su extradición a Suecia. El 19 de junio de 2012 Assange se refugió en la embajada de Ecuador en Londres, pidió asilo político al gobierno del entonces presidente Rafael Correa. El 16 de agosto de ese año, Ecuador le concedió el asilo.
No se ha podido determinar una cifra total de dinero destinado por Ecuador a la seguridad, espionaje y demas actividades de Assange, porque esos datos fueron clasificados de “secretos” en el gobierno de Rafael Correa. Sin embargo, nuestro equipo de investigación tuvo acceso a un reporte detallado de gastos de la Senain que indica que, en 2012, por un período de seis meses (28 de junio de 2012 -18 de diciembre de 2012), el país pagó $ 397.271 por el monitoreo y vigilancia de Assange, un promedio de 66 mil dólares mensuales. Este pago incluyó: pasajes aéreos, gastos para operaciones de inteligencia y contrainteligencia al capitán de navío César Pérez, al coronel Iván Jarrín, así como a la empresa Blue Cell Seguridad, pagos a Chesterton Global por arriendo de la “casa de vigilancia” en Londres y otros gastos no especificados para operaciones de inteligencia y contrainteligencia.
Según información de la Contraloría del Estado, durante los últimos cinco años la Senain manejó $ 284.7 millones, cifra de la cual más del 80% fue destinada a gastos reservados. Un reporte detallado de gastos de la Secretaría, indica que la “Operación Hotel”, en su primer año, le costó a Ecuador $ 972.889,42. Cifras revisadas por nuestro equipo de investigación, configuran un rubro total aproximado de casi 6 millones de dólares, gastados en el huésped entre agosto de 2012 y marzo de 2018.
Pablolo Romero Quezada, ex titular de la Senain, se justificó ante la Contraloría diciendo que esas actividades se planificaron “con el fin de neutralizar las amenazas contra la seguridad interna del país”. Romero, actualmente prófugo de la justicia, fue hombre de confianza de Ricardo Patiño, ex canciller que autorizó el asilo en 2012.
Información adicional de gastos de la Senain indica que entre el 1 de junio y el 31 de agosto de 2012, la Senain invirtió $ 22.5 millones en 38 operaciones, entre ellas “Lumbisí”, “Centro de inteligencia”, “Vigilancia Remota Gric”, “Hotel”, “Agentes encubiertos”, “Fachadas”, “Pegaso”, “Venezuela”, “Contrainteligencia I.J.”, “Contrainteligencia” C.P., “Rayo”, entre otras.
La Senain fue creada, en 2009, por el ex presidente Rafael Correa, con el objetivo de realizar “actividades de inteligencia y contrainteligencia para la protección interna, el mantenimiento del orden público y la defensa nacional”. En el país ha sido cuestionada por espiar, intimidar y perseguir a políticos, activistas sociales, periodistas y ciudadanos críticos al régimen correísta.
 Rafael junto a Rommy Vallejo, Fernando Alvarado y un grupo de colaboradores. La Senain fue el cuerpo de persecución de correísmo y uno de los centros de mayor corrupción en ese gobierno. Lea tambien Esa torpe policía polìtica llamada Senain
LA OPERACIÓN “HOTEL”
En septiembre de 2012, dos meses después de la llegada del creador de Wikileaks a la embajada, se puso en marcha la operación “Huésped”, el objetivo: tener un equipo de seguridad in situ para Assange las 24 horas del día y una “casa de seguridad” cerca de la embajada. El entonces embajador, Juan Falconí Puig, hizo llegar una queja, en 2015, a la Cancillería -y ésta a su vez, la transmitió a la Senain- sobre facturas pendientes de pago que llegaban a la embajada por impuestos de arriendo del inmueble. Un año después Pablo Romero Quezada cambió el nombre de la operación Huésped por “Hotel”.
La compañía de seguridad y vigilancia fue creada en 2008, por exmilitares españoles, con el objetivo de “cubrir el amplio espectro de los sectores de la seguridad y defensa (nacional e internacional, pública y privada)”, según reseña su página web. En una entrevista concedida a un medio español, su gerente, señaló que son “contratistas de seguridad”, que se dedican a la protección y ejecución de actividades en zonas de peligro, además, “ofrecemos protección personal de familias presidenciales de Sudamérica que viajan a Europa, a ejecutivos importantes”.
Datos revelados a este medio, indican que, por proporcionar personal para la seguridad de Assange, en 2012, las dos compañías cobraron mensualmente $ 55.000. Para agosto de 2015, el contrato subió a $93.000 mensuales.
La compañía contratada para la vigilancia y seguridad de Julian Assange, es la misma empresa a la que Rafael Correa le confió desde el año 2014, la seguridad y custodia de su hija Sofía Correa Malherbe, mientras estudiaba en Francia, a través de un contrato por $ 76.190 mensuales, $ 914.289 anuales, pagados también con gastos especiales de la Senain.
El contrato con la empresa Blue Cell, incluyó el servicio de inteligencia, seguridad diplomática y la instalación de equipos de vigilancia para la embajada en Londres. Un reporte de gastos de la Senain, indica que, entre los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2012, el país pagó a Blue Cell más de $ 200.000 por concepto de “seguridad diplomática, alojamiento, alimentación, comunicaciones”; en enero de 2013, se registró un nuevo pago por $ 190.829 por “adquisición de equipos para actividades de inteligencia”. La Contraloría encontró que un pago por $ 17.226, hecho a esta empresa, no fue justificado; el organismo de control señaló que se “desconoce el objeto de la instalación de los equipos”.



Según la Superintendencia de Compañías, Blue Cell fue constituida en Quito, en junio de 2011, con el objetivo de “prestar los servicios de asesoría a empresas, instituciones públicas o privadas que tengan necesidades de ingeniería de riesgos”. Sus accionistas y administradores son: el estadounidense Carlos De Miguel y el ecuatoriano Israel Estibenson Flores Pallasco.
PROTECCIÓN AL HACKER Y EL ESPIONAJE A OPOSITORES
En 2013 la Senain compró paquetes de espionaje a la empresa italiana Hacking Team y contrató a la empresa colombiana Robotec, para el servicio de soporte. En una comunicación del 8 de enero de 2013, Valerio Bedeschi, CEO de la firma italiana, indicó que Robotec “es nuestro único distribuidor en su país”.
En febrero de ese mismo año, Pablo Romero Quezada autorizó a la empresa Iluminati Lab para que cumpla el papel de “representante e interlocutor exclusivo para la demostración, evaluación y contratación de los servicios que presta la empresa Hacking Team”.
A la estrategia de espionaje del gobierno de Correa también se sumó un contrato con la empresa de Singapur ST Electronics, como parte del proyecto Soberanía. La Senain adquirió en $ 28 millones una plataforma de interceptación de comunicaciones, cuyo servicio es cuestionado. El sistema es operado por la contratista con un costo adicional de $ 2,8 millones anuales.
A través de un oficio, fechado en diciembre de 2014, Rommy Vallejo, a la fecha secretario nacional de inteligencia, informa a Thiam Boon Siong Max, vicepresidente de ST Electronics, que la Senain aprobó un contrato adicional de mantenimiento por $ 2,5 millones. A la fecha se investiga si la plataforma tecnológica instalada por ST Electronics en la Senain (Lumbisí – Quito) pudo haber sido utilizada para operaciones externas.
CONTRALORÍA CUESTIONA GASTOS ESPECIALES A FAVOR DE ASSANGE
El 21 de marzo de 2013, la Contraloría de Ecuador oficio 9044 CG, solicitó al jefe de la Senain, Pablo Romero, los justificativos sobre el uso de los “Fondos Públicos Permanentes de Gastos Especiales”, del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2012. El organismo de control indicó a Romero que había consumos, por $ 411.493, que no incluían ningún documento de respaldo.
En la lista que la Contraloría envió a Romero, detalló que gastaron $ 10.000 en bebidas alcohólicas y perfumes, y otros $ 10.000 de los que no hay ninguna factura; estos gastos fueron atribuidos a Ana Albán Mora, a la fecha, embajadora en Londres.
Hubo pagos que sumaron $9.536 por pasajes aéreos de los que no existe ninguna información y egresos por servicio de seguridad diplomática en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2012, de los que no hay documentos de sustento que suman $ 119.988. Indicó además que hubo dos pagos en el mes de septiembre, de $ 9.000, por arriendo de un departamento en Londres y $ 224.699 para agentes encubiertos de los que no existían informes que justificasen los “pagos periódicos efectuados”.
Al respecto, Romero, en un oficio del 27 de marzo de 2013, explicó que los pagos a los agentes estaban “relacionados con los informes de actividades, que en su gran mayoría son presentados en forma verbal tanto a la Coordinación de Inteligencia y Contrainteligencia, para que estas unidades puedan planificar actividades con el fin de neutralizar amenazas contra la seguridad interna del país”.
Sobre los otros egresos aclaró que “corresponden a la Operación Hotel, relacionada con diferentes compromisos que adquirió el gobierno ecuatoriano con la seguridad del huésped”, que no podía proveer más detalles “por su alta sensibilidad”, respondió Romero.
LA BITACORA DE ASSANGE
La vida del Huésped en la embajada londinense está registrada minuto a minuto en los reportes de la empresa española, obtenidos en exclusiva por nuestro equipo de investigación: desde la visita del dentista Monik Nasan para extracción de un diente, la utilización del hueco de la escalera para atender llamadas largas, la hora en que fuma su pipa, la sospechosa acción de James, el asistente, que el 31 de enero de 2018, salió con un colgante lleno de pendrives y al regresar no los tenía, sin soslayar las visitas sentimentales.
Nuestra fuente, que prefirió mantener su nombre en reserva, señala que Assange ocupó hasta un tercio del espacio dentro del primer piso de la embajada. Además de la pequeña habitación desde la que se dirige al público, Assange ocupó dos habitaciones grandes, una de las cuales funciona como dormitorio. Las habitaciones tienen cerraduras codificadas y únicamente el personal de Wikileaks tiene acceso a ellas, en estos espacios no hay cámaras.
Los informes diarios incluyen fotos, análisis y los momentos críticos de Assange: en enero de 2013 tuvo una crisis ocasionada por el estrés, el reporte señaló que el personal de seguridad escuchó un sonido “que se asocia a un fuerte golpe que proviene del interior de la habitación de Assange, los de seguridad indican que hay un mueble partido y volcado en el centro de la habitación”.
Un reporte de los espías señala que el australiano “durante sus sueños tiende a gritar y hablar de forma incoherente”, producto del estrés, “causado en parte por el aislamiento de libertad” y la “poca relevancia mediática sobre el tema Assange” podrán “llevar al sujeto a un posible estado depresivo”, y recalca que “la naturaleza de Assange con evidentes estados de rabia y sentimientos de superioridad puede ocasionar cierto estado de estrés al personal que le rodea”.
INFORMACIÓN DE WIKILEAKS EN MANOS DE AGENTE ESPAÑOL
El 21 de agosto de 2015, Sunshine Press Production (SPR) en representación de Wikileaks, suscribió un acuerdo de confidencialidad con uno de los agentes españoles encargados de su vigilancia -cuyo nombre mantenemos en reserva- a quien se lo registra como “Receptor”.
A través del referido convenio, Wikileaks y Julian Assange, entregaron al Receptor el acceso a información altamente confidencial. “La información confidencial incluye: datos, material, productos tecnológicos, programas de computadora, especificaciones, manuales, planes de negocio, softwares, planes de marketing, información financiera, y otra información presentada y enviada, oralmente, por escrito, o por algún otro medio…”, se lee en el documento.
El Receptor se compromete a guardar absoluta reserva sobre la identidad del staff de Wikileaks, así como a garantizar la confidencialidad de la información que se genere en las reuniones que mantuviere con los miembros de Wikileaks, Julian Assange o sus familiares.
El documento señala que la información entregada al Receptor no se limita a comunicación electrónica, información de futuros proyectos, horarios y documentos de entrevistas, borradores de presentaciones, notas, reportes u otro tipo de escritos que pueden ser destinados para publicaciones futuras, y cualquier otra información transmitida por emails, reuniones, llamadas telefónicas y conferencias por cualquier otro medio”.
EN NUESTRA SEGUNDA ENTREGA REVELAREMOS LOS NOMBRES DE LAS SOSPECHOSAS VISITAS QUE RECIBE ASSANGE EN LA EMBAJADA DE LONDRES, MUCHAS DE LAS CUALES SON PARTE DE TRAMAS CONSPIRATIVAS INTERNACIONALES.

 

La ruta de Fabián Salazar a la Fiscalía de Pichincha

1000Hojas
Junto al ex mandatario Rafael Correa; Salazar también participó de la investigación de 30-S

El punto de convergencia entre las administraciones de Washington Pezántes, Galo Chiriboga y Carlos Baca en la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene nombre: es el fiscal Fabián Ramiro Salazar Sánchez, un funcionario de carrera que ha funcionado al estilo de cada uno de sus tres jefes, siempre tras el poder en la Fiscalía, buscando notoriedad política y bambalina mediática al involucrarse en casos de conmoción pública, pero con pocos resultados en cuanto al trabajo técnico que es la investigación penal.
Con la Fiscalía General de Washington Pesántez, en julio de 2010, integró el grupo de fiscales de la Unidad Especializada de la Comisión de la Verdad[1], de la que fue coordinador.
El 19 de julio de 2010[2] la Comisión de la Verdad -constituida por el poder Ejecutivo en 2007-, entregó al fiscal general Pesántez el informe “Sin Verdad no hay Justicia”para iniciar la investigación penal y la judicialización de casos que habrían violentado los derechos humanos entre los años 1984 y 2008, para lo cual acordaron la entrega de los expedientes de cada una de las 118 causas indagadas por los comisionados y expertos durante más de tres años.
Para el 26 de noviembre de 2010[3] ,cuatro meses después de la entrega, se hizo público el resultado de un informe preliminar suscrito por Fabián Salazar, como coordinador de la Unidad Especializada,  en el que por falta de información, la Fiscalía no podía investigar en las características de delitos de graves violaciones a los derechos humanos, según acopia la nota de prensa titulada “Informe de la Comisión de la Verdad es Incompleto”[4], porque no hay evidencias materiales, documentales y porque es indispensable el contacto con las presuntas víctimas y responsables. Si el artículo 195 de la Constitución es claro en decir que la Fiscalía dirige la investigación ¿por qué el fiscal, por falta de evidencias, puso zancadilla a la judicialización de los casos?
Precisamente en sus manos estuvo el doloroso Caso Restrepo[5] incluso “localizó a un nuevo testigo”[6] en noviembre de 2011, cuando ya no coordinaba la Unidad Especializada y cuando del caso ya estaba encargado a otro fiscal, causa que a 2018 continúa en indagación previa. De la existencia de este testigo protegido[7] y de la versión que (en ese entonces) entregó en la Fiscalía General se enteraron los medios de comunicación[8], según la nota de prensa: Aparece nuevo testigo en el caso Restrepo[9] aquel hombre humilde y de avanzada edad, según el relato de prensa, fue ubicado por dos fiscales, uno de ellos Fabián Salazar ¿Cómo se enteraron los medios de comunicación si una localización y versión en indagación previa, como elementos de convicción, son por ley reservadas? El artículo 198 de la Constitución ordena a la Fiscalía que el sistema de protección a víctimas y testigos se rige por un principio de responsabilidad.
También tomó versiones en Guayaquil[10], al alcalde de la ciudad, por la supuesta ejecución extrajudicial de Víctor Alvarado Morales durante protestas estudiantiles sucedidas en 1988, caso  del que no se ha vuelto a escuchar pero eso sí, Salazar se aseguró de salir en la foto de prensa.
Con la llegada de Galo Chiriboga a la Fiscalía General, en julio de 2011, las acciones de Salazar toman relevancia en agosto de 2012 con el anuncio de la realización de operativos[11] en el polémico caso de las firmas falsas que conformaban las listas de adherentes de las organizaciones políticas autorizadas por el Consejo Nacional Electoral. Con más de 70.000 denuncias el tema estuvo en boga por el escándalo político que generó en aquel año. Cuatro años después el caso de las firmas falsas no tuvo resultados[12], precisa el relato periodístico ¿Terminaría de investigar el fiscal que se lanzó a este caso? Fue una noticia atractiva en medios, pero sin un claro desenlace.
El operativo realizado en noviembre del 2012 para allanar una clínica clandestina llamada Unión y Esperanza, ubicada en la Pisulí en Quito, por la desaparición del joven David Romo[13] eso otro de los casos de conmoción pública utilizados por Fabián Salazar para llamar la atención mediática. En declaraciones[14] para los medios de comunicación dijo que David Romo habría estado en ahí[15].    Dio declaraciones pese a que el caso estaba a cargo de  la fiscal Laura Machuca.
 Hubo detenciones[16], formulación de cargos por trata de personas[17], proceso seguido en FEDOTI de la Fiscalía de Pichincha  por “Tania Moreno quien encabezó las investigaciones del caso de trata contra los dueños de la clínica en el 2013. Ella confirmó que en sus indagaciones no encontró indicios que le hicieran suponer que estuvo allí David Romo”.[18] Las declaraciones de Fabián Salazar -de que el joven Romo habría estado internado en la clínica clandestina intervenida- fueron publicadas  en la cuenta Twitter de la Fiscalía[19] es decir, la información se volvió oficial, lo que desató  disgusto y reclamo de la familia de la víctima por la gravedad de la mencionada  información, por lo que  días después, el fiscal general de ese entonces ofreció disculpas[20] a la familia del joven desaparecido por haber alegado y“presumido”que probablemente habría estado interno en aquella clínica sin contar –en aquel tiempo- con las pruebas para hacerlo, solo con las primeras versiones de supuestos testigos, uno de los cuales ha cambiado de versión nueve veces respecto a los hechos del supuesto asesinato del joven en aquel lugar.[21]
¿Será que a raíz de este operativo y de las declaraciones del fiscal Salazar, la investigación del caso Romo tomó un camino hacia un proceso por asesinato por el que seis procesados esperan la resolución del juez para saber si van a juicio [22] con elementos procesales abundantes pero cuestionados e incompletos[23]? Este es un caso del cual ya acusó recibo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[24] por la denuncia de la madre de la víctima.
 Siete detenidos en el allanamiento a clínica ilegal de desintoxicación de drogas dentro del caso David Romo
Después del caso Romo, llegaron los casos 30-S. Fabián Salazar también estuvo en ese tema: en 2014 con el caso de la muerte del militar Darwin Panchi[25]; en la causa por alteración y pérdida de evidencias [26] y en el caso Plagio al Presidente de la República[27] en el 2015, donde se realizó una reconstrucción de los hechos y estuvieron presentes altas autoridades del gobierno de Correa.
En 2017, al llegar la gestión del ahora destituido por la Asamblea Carlos Baca Mancheno –de quien en 2016 ya se habría escuchado off the record que tomaría las riendas de la FGE- Fabián Salazar vuelve a salir a la escena mediática.

Tras la guerra intestina en la fiscalía, [28] que inició por el rompimiento de las relaciones desde que Thania Moreno, como fiscal general subrogante abrió paulatinamente cuatro investigaciones previas al fiscal General Baca Mancheno con base en denuncias ciudadanas en los presuntos delitos de peculado en la Comisión del 30-S; fraude procesar al alterar videos y evidencias en el caso 30-S;  incumplimiento de orden legítima; y, por presunta intimidación hacia un policía en el caso de la difusión del audio.
En este contexto, tras desmantelar el equipo policial y administrativo de Moreno, Baca Mancheno tomó la decisión de difundir una conversación entre José Serrano y Carlos Pólit, cuando lo correcto era acogerse a las normas del debido proceso y judicializar el audio, lo que le costó el puesto el 26 de abril de 2018.   Pero un mes antes, el 20 de marzo, Tania Moreno fue suspendida por 90 días como fiscal general subrogante y fiscal provincial de Pichincha, por cuatro denuncias interpuestas ante el Consejo de la Judicatura, una de las cuales fue del  ministro del Interior César Navas[29], cercano a Baca Mancheno.
En este rizoma confuso de acusaciones, suspensiones y destituciones, un mes antes del juicio político y el mismo día de la suspensión de Moreno, Carlos Baca Mancheno delegó a Fabián Salazar como Fiscal provincial de Pichincha Subrogante[30]. Su consigna, al parecer, fue acceder a los procesos abiertos en contra de, en ese entonces, su jefe. “El fiscal Fabián Salazar demandó que se le remitan tales documentos sin tener facultad legal para ese efecto”[31], dijo Moreno en su versión ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, previo al juicio político.
Pero esta designación no fue gratuita: meses antes de las destituciones, suspensiones y subrogaciones, Baca Mancheno le encargó al fiscal Fabián Salazar a que investigue el origen del audio donde está la conversación Pólit-Serrano, durante esta indagación, allanó la notaría donde se hizo la declaración juramentada del policía que habría elaborado el parte policial para justificar el origen de dicho audio en las redes sociales. Fiscal Fabián Salazar: Diego Fuentes habría obligado a notario a apagar equipos mientras policía hacía declaración juramentada sobre "caso audios[32]" Declaración ante la prensa  que le costó a Carlos Baca la cuarta denuncia en su contra por presunto delito de intimidación[33].

En este contexto, se podría pensar que el allanamiento al Municipio de Quito[34], el 24 de abril de 2018,  en el presunto caso de asociación ilícita que involucra a dos concejales, a dos días del juicio político a su jefe, pudo haber tenido la intensión de sobreponer su imagen a la de Fiscal General prácticamente defenestrado y posicionarse en medios de comunicación como paladín contra la corrupción. Una buena válida sin duda pero queda por determinar si está vez termina lo que empieza.
Salazar logró ascender a fiscal provincial por delegación, sin concursos y evaluaciones y también consiguió que su esposa, Sonia Cedeño Zambrano[35], trabaje en el Sistema de Protección a Víctimas y testigos de Pichincha, en el cargo de Analista de Protección Víctimas y Testigos 2, en la misma Fiscalía.  Su ingreso se habría registrado entre 2014 y 2015. ¿Cómo Fiscal provincial estaría en nepotismo al ser jefe de su cónyuge?

¿Quién mide la productividad y la efectividad de las investigaciones de los fiscales?¿Cuál ha sido su aporte para la investigación penal en la resolución de casos, tomando en cuenta que solo en Pichincha hubo 25.000 causas acumuladas hasta 2014[36]?“Los casos se acumulan en la Fiscalía por falta de agentes (fiscales)”[37] dice una nota de prensa publicada en enero de 2018, en el texto se explica que solo en un despacho de la Fiscalía de Soluciones Rápidas se manejan más de 3000 expedientes por investigar[38].   En Ecuador“operan 851 agentes, pero se necesitan 400 más para llegar al número que se requiere (…) los 851 agentes fiscales tienen a su cargo, en promedio, 600 expedientes para investigar.”[39], es el dato que recoge la citada noticia.
 Con el ex canciller Ricardo Patiño 
Habrá  que observar si en la administración del interino fiscal general Paúl Pérez Reina el maniqueísmo de este funcionario mantiene como Fiscal Provincial de Pichincha encargado y si logra posicionarse como un “cercano” a la etapa de transición de la Fiscalía.

 


[1] https://www.eluniverso.com/2010/07/31/1/1355/seis-fiscales-cargo-casos-comision-verdad.html
[2] https://lahora.com.ec/noticia/1100989332/comisin-de-la-verdad-entrega-maana-a-la-fiscala-el-informe-final-para-judicializacin
[3]https://lahora.com.ec/noticia/1101054209/informe20de20la20comisic3b3n20de20la20verdad20es20incompleto
[4] https://lahora.com.ec/noticia/1101054209/informe20de20la20comisic3b3n20de20la20verdad20es20incompleto
[5] https://lahora.com.ec/noticia/1101189854/nuevo-juicio-en-el-caso—restrepo
[6] http://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/aparece-nuevo-testigo-caso-restrepo.html
[7] http://www.ultimasnoticias.ec/noticias/6241-nuevo-testigo-sacude-el-caso-de-los-restrepo.html
[8] http://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/aparece-nuevo-testigo-caso-restrepo.html
[9] http://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/aparece-nuevo-testigo-caso-restrepo.html
[10] https://www.eluniverso.com/2011/03/24/1/1355/alcalde-nebot-dice-comision-verdad-lo-culpa-muerte.html
[11] https://www.youtube.com/watch?v=2PrQrwpmFyc
[12] http://www.expreso.ec/actualidad/fiscalia-cne-justicia-firmas-politica-DK693252
[13] https://www.youtube.com/watch?v=HvSxXXxBSkI
[14] https://www.youtube.com/watch?v=R2je2ItL_r8
[15] https://www.youtube.com/watch?v=15wozmwcM_o
[16] https://www.fiscalia.gob.ec/7-personas-detenidas-durante-allanamiento-a-clinica-clandestina/
[17] https://www.fiscalia.gob.ec/prision-preventiva-para-personas-vinculadas-en-presunto-delito-de-trata-de-personas/
[18] http://www.planv.com.ec/historias/sociedad/la-version-procesados-el-supuesto-asesinato-david-romo
[19] https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/13/fiscalia-presume-que-joven-desparecido-david-romo-estuvo-en-clinica-clandestina
[20]http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818751388
[21] http://www.teleamazonas.com/2018/01/testigo-del-caso-david-romo-cambia-version-hechos-novena-vez/
[22] https://www.fiscalia.gob.ec/fiscalia-acuso-a-6-procesados-por-el-delito-de-asesinato-contra-david-romo/
[23] http://www.ecuadorenvivo.com/sociedad/190-sociedad/76014-caso-david-romo-alexandra-cordova-cuestiona-acusacion-de-fiscalia-la-hora-de-quito.html#.Wux7r5dPuUk
[24] https://www.eluniverso.com/noticias/2018/01/11/nota/6560739/caso-romo-llego-ente-ddhh
[25] https://www.fiscalia.gob.ec/fiscalia-reconstruyo-hechos-en-caso-30-s/
[26] https://www.fiscalia.gob.ec/suman-cuatro-procesados-por-presunta-alteracion-y-perdida-de-evidenciasen-caso-30s/
[27] https://www.fiscalia.gob.ec/fiscalia-dirige-reconstruccion-de-los-hechos-en-caso-plagio/
[28] https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/3/la-relacion-entre-el-fiscal-y-su-subrogante-apenas-duro-un-mes
[29] https://www.eluniverso.com/noticias/2018/03/14/nota/6666604/judicatura-acept-tramite-denuncias-contra-fiscal-thania-moreno
[30] https://www.eluniverso.com/noticias/2018/03/14/nota/6666604/judicatura-acept-tramite-denuncias-contra-fiscal-thania-moreno
[31] https://www.asambleanacional.gob.ec/es/noticia/54891-thania-moreno-rindio-su-version-en-el-juicio-politico
[32] http://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818834068&umt=fiscal_fabie1n_salazar3a_diego_fuentes_habreda_obligado_a_notario_a_apagar_equipos_mientras_policeda_haceda_declaracif3n_juramentada_sobre_22caso_audios22&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
[33] http://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818834137
[34] https://twitter.com/radiosonorama/status/989192672421310464
[35] https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2018/marzo/b2/literal-b2-distributivo-de-personal.pdf
[36] https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/13/desde-hoy-seran-atendidas-las-25-mil-causas-acumuladas-hasta-2014
[37] http://www.elcomercio.com/actualidad/acumulan-fiscalia-agentes-investigacion-denuncias.html
[38] http://www.elcomercio.com/actualidad/acumulan-fiscalia-agentes-investigacion-denuncias.html
[39] http://www.elcomercio.com/actualidad/acumulan-fiscalia-agentes-investigacion-denuncias.html

La corrupción de Tierra de serpientes

100Hojas.is

Coco Urrutía desde su departamento en Bogotá, Colombia, conversa con 1000Hojas sobre lo decepcionante que fue su paso por el Ecuador, el productor de televisión hizo una espectacular historia de la Policía Nacional pero al final dijo que su trabajo fue plagiado y luego amenzado por un asesor cubano del Ministerio del Interior
El realizador chileno Coco Urrutia, que dirigió la producción de “Tierra de serpientes”, estrenada en TC Televisión en 2016, dice que vivió amedrentado por el gobierno anterior y que conculcó sus derechos personales luego del estreno de esa serie, que fue financiada por el Ministerio del Interior. Urrutía ahora radicado en Bogotá, hace fuertes denuncias contra el canal estatal por plagio y disposición de dinero, producto de la venta de publicidad de la serie. Toda una historia de corrupción que se evidencia en esta entrevista. Explicó que buscó respuestas a las irregularidades pero fue mala idea porque un asesor cubano del entonces ministro del Interior, José Serrano le dijo: “Mira que es la policía del Ecuador”. Entonces se calló hasta su salida del Ecuador.
¿Dice que demandará judicialmente a TC televisión por haber puesto al aire un producto (Tierra de serpientes) que no fue aprobado por usted, como el director de la serie?
Los derechos de autor se rigen por normas internacionales. TC al promocionar la serie dijo que lo hacía junto a Titán, una nueva empresa productora que montó mi ex socia. Hablé con TC y les dije que si me sacaron del proyecto al menos pongan el nombre de la productora que realmente hizo la serie. Entonces relanzaron la producción entre Claqueta, que es mi productora, con TC. Pero nunca fue una coproducción de TC, fue un trabajo hecho totalmente por Claqueta Film. Además, nunca firmaron contratos con los dueños de los derechos de autoría, entre ellos yo; ni con la productora y el director que realizó el proyecto que soy yo. Normalmente el director no firma ese tipo de contratos porque el dueño es la productora pero TC nunca tuvo un permiso para salir al aire.
Coco Urrutía descarga las responsabilidades de plagio y aprovechamiento de utilidades de la serie que dice es el creador, esta imagen fue publicada en revista La Otra.
Dice que su ex socia jugó un papel en la puesta al aire de esta serie

Es Nora Salgado, creo que cometieron muchos errores incluso tienen otro proceso de plagio por parte de una banda musical llamada Mala Maña. No tengo claro si fue inexperiencia o esa condición de impunidad con la que podían actuar.
¿Usted busca interponer en Ecuador una demanda porque la serie fue editada sin participación suya como director?
La demanda es porque salieron al aire si mi permiso, sin permiso de la productora. No tienen contratos y si hicieron contratos fue con personas que no tienen nada que ver con el proyecto.
TC son los coproductores…
Eso es mentira, todo el equipo fue más de 100 personas y hay actores como Estela Redondo, Carlos Valencia y se les puede preguntar, dirán que fue un truco porque TC no participó en nada. Nosotros hicimos un estudio que esperábamos ingresos por publicidad de 3 millones de dólares al mes al salir al aire con un producto envasado, en horario prime, los domingos durante dos meses. Son seis millones que les entraban libres. Un canal para hacer un producto debe gastar dinero, hacer un programa tiene un costo de producción altísimo y lo recompensa con la publicidad. En este caso solo fueron utilidades para ellos.
¿Usted dice que TC es responsable legal y del lucro por la puesta al aire de un producto que no fue autorizado?
Tal cual. TC salió al aire, ganó millones de dólares con algo que no tenía permiso para salir.
¿Pero quién es el responsable?
TC. Ahora evidentemente cuando se haga la investigación dirán que el dueño del proyecto fue el Ministerio del Interior, cosa que es real en un grado porque el dinero y los casos salieron de allí, pero el Ministerio del Interior no tiene ningún contrato que lo avale.

Los contratos son ley para las partes, ¿cómo se pudo actuar sin ellos?

Soy un realizador y siempre estamos tratando de hacer cosas, si el realizador le pone trabas al proyecto no se hace nada, para eso están los productores que guían a nivel comercial. No sé cómo se hizo pero en ese tiempo pero los dineros que salieron desde el Ministerio del Interior hacia mi empresa Claqueta, que entonces era de Nora Salgado y mía. No salieron con contrato, salieron con un recibido, pero no hay un contrato entre el ministerio y Claqueta Film. Al no haber contrato inmediatamente se rige por los convenios internacionales. Lo único que rige es un tratado internacional.
No es el dueño el Ministerio del Interior, los dueños somos quienes inscribimos como autoría la obra. No hay contratos con el ministerio, no hay con TC, por tanto cuando salieron al aire, plagiaron.
Debió existir un contrato con TC y otro con el Ministerio del Interior
Lo qué sé es que si no hay contrato, con mayor razón el manejo comercial de la pieza se hace bajo los tratados internacionales, el Ministerio del Interior no es propietario.
¿Cómo pagó el Ministerio del Interior la realización?
Pagó el piloto y primer capítulo, como $140 mil dólares y al año, porque fue un proceso largo y ambicioso en el hecho de que se hizo con rangos internacionales, que fuera del país cuesta $350 mil cada capítulo. Para la realidad ecuatoriana estábamos muy alto con respecto a lo que se hace, el objetivo era hacer una pieza de calidad internacional. Y de alguna manera era una forma de amparar la nueva ley de comunicación. Luego entre gallos y media noche el proyecto se rompió, de los cinco capítulos hicieron ocho: rompieron el arco dramático de cada capítulo y transformaron una serie de nivel internacional en una teleserie sin pena ni gloria.
Cuando terminamos la serie se la envié a Fox y me pidió los datos porque la querían comprar. Si no me la hubieran quitado pudo ser un producto comercialmente importante, la idea era venderla en Latinoamérica.
Cuando se planificaba la serie me decían que querían un personaje que le haga sentir orgullo a la Policía e ideamos al hijo de un hombre acaudalado que renuncia al manejo de las empresas para ser policía. Cada personaje fue idea mía.
Cuánto cree que se pagó por la puesta al aire
Entre cinco y seis millones.
¿En ese momento cuál era su estatus para estar alejado de todas esas decisiones?
Fui a la conferencia de prensa que hizo TC en Guayaquil para el lanzamiento, fui porque mas allá de mi frustración yo convencí a actores de primer nivel que participaron en la serie pagándoles muy poco. Yo les dije que la serie sería muy buena y les traería mucho trabajo. A actores de prestigio se les pagó una porquería y al final no tenía el control de nada, estaba arrinconado y cuando quise protestar me dijeron: “recuerda que trabajaste para la Policía”. Lo entendí como amenaza y me callaron. Yo dejé parte de mi vida para esa serie.


¿Puede ser mas específico y narrar la amenaza?

La verdad es que los periodistas me perseguían para dar una opinión sobre el monto del proyecto. El portal 4 Pelagatos dijo que la serie costó 5 millones y e inmediatamente llamé al ministerio y me dijeron que no diga nada. Voy a Guayaquil y en un hotel la prensa me arrincona por respuestas, entonces llamé al ministerio a decirles que no me podía quedar callado. El tema es que respondí preguntas a El Comercio y luego de eso me llamaron del Ministerio del Interior donde me dijeron que recuerde que trabajé para la policía. Al buen entendedor es un cállate, no digas nada.
¿Qué tiempo transcurrió desde la puesta al aire de la serie hasta la amenaza?
Era el tiempo de promoción de la serie y había expectativa mas el anuncio del costo de 4 o 5 millones. La verdad es que soy dueño de Claqueta y allí entraron $ 800 mil dólares y algo mas. Si costó cuatro o cinco millones no tengo forma de corroborarlo.
¿Ese monto de 800 mil dólares y mas fue el pago por su trabajo?
No, fue para la producción de la serie, fue todos los sueldos, el equipo y a los actores que se les pagó mal. De allí no quedó ninguna utilidad, quien llevó la parte financiera fue Nora y ella me dijo que no quedó nada de dinero.
¿Cómo fue el pago del Ministerio del Interior?
No participé directamente pero lo que sí existe es un recibo de salida de dinero, nada mas y no sé por dónde salió ese dinero, si fue compras públicas o qué. El caso es que no hubo contrato.  Según las normas internacionales a falta de contrato los primeros dos años el beneficiario del producto sería el Ministerio del Interior, luego tengo la ventana de un año del que soy total propietario y luego vuelve a estado ecuatoriano. Eso no inhibe el respaldo de la propiedad intelectual, lo que hicieron es lucrar y al haber cambiado el producto no tuvo eficiencia.
¿Has sentido riesgo por lo vivido?
El gobierno actual ha dado muestras de otro estilo y eso me empujó a decirlo: me robaron a mi hijo y han lucrado con eso y lo hicieron porque sentían la impunidad, TC deberá responder ante los tribunales. Por lucrar perdió su valor comercial y sobre todo su valor comunicacional que tanto ansiaba el régimen.

LA MANO DE THANIA MORENO EN EL CASO PASES POLICIALES


Thania Moreno ha sido señalada como la fiscal que construyó un escudo a favor de José Serrano Salgado. Su oportuna llegada a la fiscalía de Pichincha cambió por completo la teoría del caso “Pases Judiciales”, que involucró de decenas de altos funcionarios y policías. Fue posesionada el mismo día de la audiencia preparatoria del juicio y sin que tercie protocolo alguno sacó del caso en plena audiencia al fiscal Wilson Toainga y desisitió de acusar al ministro del interior de ese entonces José Serrano.
Noviembre de 2016, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia condena por delincuencia organizada al ex comandante de policía Fausto Tamayo  y otro número de oficiales; la investigación fiscal dejó fuera a la ex secretaria particular del ex presidente Corra, Mariana Pico, así como al entonces ministro del Interior, José Serano
El funcionamiento del caso pases se basó en la conformación de un grupo de Inteligencia, cuyos integrantes visitaban los repartos policiales para identificar a los uniformados que requerían irse a otra localidad.?A ellos se les ofertaba los cambios. Los policías que aceptaban tenían que depositar el dinero en las cuentas de otros agentes, quienes eran los recaudadores. 
Las denuncias por el montaje de una red para cobrar hasta $1.500 a cada policía que buscaba cambiarse de una ciudad a otra llegaron a la Fiscalía en el 2015. Pero ¿cómo la asignación de pases en la Policía se convirtió en un organizado sistema de cobros con ingentes ingresos para sus beneficiarios?
La investigación se inició en enero de 2015 con 27 personas indagadas. Desde entonces cuatro ex policías han sido sentenciados, cinco fueron absueltos y dos tuvieron un dictamen mixto.Esos montos al final presuntamente eran entregados al teniente Alexis Cifuentes, pero, ¿cómo un oficial, con rango de teniente, pudo haber tenido tanto poder para ubicar incluso a sus generales superiores en las plazas por las que pagaban, sin tener el aval de un actor de jerarquía superior en la línea de mando de la Policía Nacional?
El sistema de pases que rigió hasta 2011 otorgaba al Comandante General de la Policía y al área de recursos humanos analizar y tramitar los pases, pero esa facultad se modificó con el Acuerdo Ministerial 2405, del 7 de noviembre de ese año.
Sobre esta base legal se integró una Comisión Técnica de Pases con el viceministro de Seguridad Interna del Ministerio del Interior (quien la presidía), el inspector general de la Policía Nacional, el director general de personal, un asesor de seguridad del Ministerio del Interior (designado por el ministro), el suboficial más antiguo de la Policía Nacional y un representante de los clases y policías.
Las atribuciones que tenía la comisión apuntaban a los trámites de autorización de pases, delegaciones, comisiones, cursos y otras actividades profesionales de la policía que impliquen traslados.
Pero las irregularidades que se daban en la práctica ya empezaron a ser investigadas por la fiscalía.  El primer hito que marca el inicio del caso pases policiales arrancó con una indagación previa en enero de 2015.
El cabo Milton Albacura, miembro de la Dirección Nacional de Inteligencia, DGI, emitió un parte policial que mencionaba la existencia de una red de corrupción en la policía, liderada por alguien denominado "El duro".
Este documento sirvió de base para que el teniente Marco Paredes Aldaz, jefe de la Unidad Judicial de la DGI, pida al fiscal provincial de Pichincha, Wilson Toainga, el inicio de una indagación previa. Thania Moreno entró en escena, pues fue la fiscal especial asignada para el caso.
El caso pasó casi desapercibido hasta que el 1 ero de julio de 2015 cuando el entonces ministro del interior, José Serrano, en su cuenta de twitter apareció ante la opinión pública como el denunciante de los ilícitos : "Urgente, hemos encontrado red de corrupción de pases (traslados d un lugar a otro) de nuestros Policías, esto es intolerable y bochornoso" (sic).  Se trató de una jugada que pretendía capitalizar para sí lo actuado hasta ese momento por la Fiscalía.
Y luego el 3 de julio de 2015 Serrano informaba también vía twitter que el Comandante General de la Policía, Fausto Tamayo había presentado su renuncia tras el inicio de una investigación administrativa por supuestos actos de corrupción en pases policiales.
Este tweet del entonces ministro se difundió mucho después de que la fiscalía vinculó a Tamayo dentro del delito de delincuencia organizada, disponiendo también su prisión preventiva y la prohibición de enajenar bienes, según se constata en un comunicado de prensa emitido por el mismo Ministerio del Interior. (http://www.ministeriointerior.gob.ec/fausto-tamayo-recibe-prision-preventiva-en-caso-de-corrupcion-por-pases-policiales/)
Una denuncia formal del caso fue presentada por el Ministerio del Interior ante la Fiscalía 17 días después. 
Observamos lo extraño de las acciones de Serrano que, seis meses después de que fiscalía concluyera la etapa de indagación, hizo públicos los hechos en un trino como si se tratara de su descubrimiento. Poco después Serrano se justificó y dijo que la estructura de corrupción de pases en la policía ya existía desde hace dos décadas y que era la nueva red, que funcionaba desde 2014, la que él denunció. Pero esto solo confirmaba que, con los cambios que este mismo funcionario lideró, la estructura de corrupción no solo continuó sino que empeoró.

El caso estrella dorada implicaba el análisis de un promedio de 2.000 a 3.000 pases al año pero en 2015 la cifra llegó hasta los 5.000 pases. Casi un año después de iniciadas las investigaciones, el 29 de diciembre del 2015, se instaló la audiencia de formulación de cargos, en la cual la fiscalía acusó a 19 policías en servicio activo de ser parte de una presunta estructura delincuencial. Entre ellos constaban los tenientes Alexis Cifuentes, quien lideraba la red, junto a Ernesto Montenegro, quien visitaba las provincias para identificar las necesidades de los miembros policiales y gestionar los pases a cambio de un pago. No se mencionaba al general Fausto Tamayo.
Los pagos iban entre $1.000 y $1.500, de acuerdo con la tesis de la Fiscalía.  Este esquema había funcionado entre octubre del 2014 y julio del 2015. Según las investigaciones de la fiscalía, la red habría negociado 1.309 pases por un monto de alrededor de $6 millones. Las diligencias en el caso continuaron bajo la tutela del Fiscal provincial Wilson Toainga. El aparece hasta el 15 de abril de 2016 cuando se realiza la reconstrucción de los hechos en restaurantes del Centro Histórico de Quito, cuarteles policiales y viviendas para conocer el listado de los aspirantes a los pases.
Para el 9 de mayo de 2016 Toainga ya no investiga en el proceso y Serrano sale de la teoría del caso, una vez que Thania Moreno fue designada como Fiscal Provincial de Pichincha.
Dos ex policías, Ernesto Montenegro y Luis Carrera fueron condenados a ocho meses y cuatro días de prisión tras acogerse al proceso abreviado dentro del proceso de delincuencia organizada. En las cuentas personales del primero y en las de su esposa, se encontró dinero.
El 15 de septiembre de 2016 el excomandante de la Policía Fausto Tamayo, en sus declaraciones dentro del juicio implicó a varios funcionarios del ejecutivo, de la Fiscalía General del Estado y de la Asamblea Nacional, así como a Pierina Correa, hermana del ex presidente, Rafael Correa, sobre quien aseguró que lo visitó tres veces solicitando pases.
La fiscal Moreno refutó tal aseveración indicando que los funcionarios pueden pedir pases y Pierina Correa lo hizo como Fedeguayas. Pero Tamayo no paró ahí. Aseguró también que el ex ministro del Interior, José Serrano, conocía de los listados que el teniente Ernesto Montenegro enviaba a la comandancia general de la Policía pidiendo los pases. También dijo que parte del dinero recaudado por la venta de pases fue al ministerio del Interior y a concentraciones de Alianza PAIS.
Serrano desestimó estas aseveraciones y en rueda de prensa mostró 350 documentos de funcionarios y personas que solicitaron pases en la Policía Nacional, entre ellos el asambleísta de oposición, Andrés Páez, en junio de 2004.
Otro detalle importante de la audiencia del caso fue cuando la defensa de Tamayo, desistió el 16 de septiembre de 2016, de convocar a sus testigos debido a información que circulaba en las redes sociales sobre la presidenta del tribunal judicial que lleva el proceso. Se refería a un tweet sobre la afiliación de la jueza Inés Maritza Romero al movimiento Alianza País.
El mismo día que Serrano intentaba desmarcarse de los ilícitos de los que le acusaban, en su testimonio el policía Alexis Cifuentes, arremetió contra el entonces ministro del Interior, asegurando que llevaron a su madre hasta el despacho del funcionario, donde él y la fiscal del caso Thania Moreno, le habían ofrecido beneficios en su proceso a cambio de que se declarara culpable.
Según diario Expreso, Serrano reconoció que habló con la madre del acusado. Quería que envíe un mensaje a su hijo: “que se entregue, que facilite las investigaciones porque podría beneficiarse”. http://www.expreso.ec/actualidad/acusado-dice-que-es-el-chivo-expiatorio-GH696080
Un elemento clave dentro del proceso fue el informe DAAC-0032-2017 en el que la contraloría evaluó la gestión de la Comisión Técnica de Pases, entre el 1 de octubre del 2012 al 31 de diciembre del 2015. Entre sus conclusiones consta que “existieron actos negligentes de los miembros de la Comisión, y de quien la presidía, pues se realizaron pases sin la autorización previa por parte de la Comisión Técnica (…) que ocasionó que se ejecuten movimientos del personal policial al margen del Reglamento de Designación, Pases y Traslados de Personal Policial y del Acuerdo 2405, ya que al establecer procedimientos para implementar la autorización de los trámites mencionados (pases) no detectaron inconsistencias e irregularidades, como el caso de 4.700 pases, que se ejecutaron sin documentación de respaldo o justificativos que demuestren el cumplimiento de los requisitos reglamentarios….Estos fueron soportados solo con partes informativos suscritos en su mayoría por el jefe de la Sección de Designación, Pases y Traslados de la Policía”.
La Contraloría determinó también que "los miembros de la Comisión Técnica, los directores de personal y los jefes de procesos de designación, pases y traslados que actuaron entre el 1 de octubre del 2012 y el 21 de julio de 2015 inobservaron normas contempladas en el Acuerdo 2405, el Reglamento de Designación y la Ley Orgánica de la Contraloría del Estado.
En este lapso de tiempo se concretaron 82.129 pases. Solo entre el 2014 y el 2015 se efectuaron 47.223 pases.
Es decir, en la auditoría del organismo de control se realiza un análisis que demuestra las irregularidades en las que incurrió la Comisión de Pases, presidida por Diego Fuentes Acosta, viceministro de seguridad interna, en delegación del entonces ministro del interior, José Serrano y otros servidores policiales como el director general de operaciones, el director general de personal, un asesor de seguridad designado por el ministro del interior, el suboficial más antiguo de la Policía Nacional y el representante de clases y policías.
Establece que era la comisión de pases, presidida por el ministro del interior y delegada al viceministro (José Serrano y Diego Fuentes, respectivamente) quienes tenía la responsabilidad de los pases policiales.
El fiscal Toainga verificó esto mediante el convenio de cooperación eficaz suscrito con el teniente coronel Aldrin Torres, jefe de pases de la policía y de la agenda de dicho servidor policial, donde se confirma quien dispuso dichos pases. Sin embargo aquellos altos funcionarios no fueron llamados por fiscal Moreno a que justifiquen sus actuaciones pese a que expresamente fueron quienes autorizaron los pases en unos casos y en otros los avalaron posterior a que se ejecute la orden del ministro del interior y de otras autoridades civiles.
Nombramiento al apuro de Thania Moreno coincide con inicio del juicio en el caso de pases policiales
El Consejo de la Judicatura organizó y concluyó de forma maratónica el concurso para el cambio de fiscales provinciales. El 7 de marzo de 2016 se hizo la convocatoria y en menos de 30 días hábiles se nombraron a 9 fiscales provinciales. Por lo tanto el Consejo de la Judicatura como la fiscalía incumplieron la Constitución, así como leyes, códigos, reglamentos e instructivos.
El art. 25 del Instructivo para el Concurso de Méritos y Oposición para la Designación de Fiscales Provinciales establece que la evaluación práctica la realizará un tribunal conformado por dos funcionarios designados por el Consejo de la Judicatura (juez / conjuez de la Corte Nacional designado por la Escuela Judicial y director nacional o provincial designado por el director general del Consejo de la Judicatura), y un tercer funcionario de la Fiscalía General designado por el fiscal general.
Sin embargo, la fiscalía no tuvo presencia en los tribunales que se conformaron para la valoración práctica y la calificación de los fiscales provinciales, es decir, no evaluó a los concursantes, por lo que el pleno del Consejo de la Judicatura, al emitir la resolución No. 060-2016 de 18 de abril de 2016, que aprueba el “Informe Final del Concurso para la Designación de Fiscales Provinciales a Nivel Nacional”, violó el mencionado artículo 25.
En la actualidad nadie recuerda que el Consejo de la Judicatura otorgó un puntaje de 50/100 a la evaluación práctica por considerarla la más importante. Y en ese contexto destacan que la omisión de los vocales del Consejo (al aprobar la Resolución 060-2016), irrespetaron el Código Orgánico de la Función Judicial (el art. 254) y atentaron contra la independencia e imparcialidad de la Fiscalía al manipular el concurso para favorecer a funcionarios públicos de, tal como establecen los arts. 176 y 178 del Constitución.
Como si esto no fuese suficiente los nombramientos de los fiscales provinciales se hicieron sin procesos previos de impugnación y control social, pese a que el artículo 176 de la Constitución preserva estos derechos ciudadanos en los concursos para designar a servidores judiciales. Con esos antecedentes se posesionaron los 9 fiscales provinciales, entre ellos Thania Moreno Romero, quien como fiscal de Pichincha debió conocer casos en los cuales estaban implicados servidores públicos con fuero de Corte, como el denominado “estrella dorada” o “pases policiales”.
Es decir, el Consejo de la Judicatura, violando su propio Instructivo, el Código Orgánico de la Función Judicial, los derechos ciudadanos de participación y control social previstos en la Constitución nombró a Thania Moreno, quien dejó de ser Fiscal 1 Fedoti 1, sustituyendo a Wilson Toainga Toainga que por el caso de fuero de algunos funcionarios públicos denunciados, estaba investigando el caso de los pases policiales.
Moreno fue nombrada y posesionada el 9 de mayo de 2016 a las 09H00 como Fiscal Provincial por el Consejo de la Judicatura, la misma fecha fijada para la audiencia preparatoria de juicio y sustentación del dictamen fiscal en contra de los servidores policiales y autoridades civiles por el caso pases. Se esperaba que la audiencia esté a cargo de Toainga, Fiscal Provincial titular hasta ese día; sin embargo, solo pudo instalarla, puesto que minutos después compareció la nueva fiscal provincial con modificaciones sustanciales en su tesis respecto al caso.
Lo ético hubiese sido que Moreno se inhiba de presidir la acusación fiscal y dejar a Toainga que desarrolle su teoría del caso. Pero no lo hizo: Moreno se metió con apretujones a dirigir esa audiencia y beneficiar a Serrano.
Hay que recordar que Toainga, antes de ser relevado del cargo, llamó a rendir versiones a José Serrano; Diego Fuentes Acosta, ex viceministro de Seguridad Interna; a Diego Fierro, asesor del ministro del interior; a Vicente Peralta, ex subsecretario jurídico de la presidencia; al mayor Francisco Saavedra Yépez, jefe de operaciones de la dirección general de inteligencia; y, al general Diego Mejía, subsecretario de policía del Ministerio del Interior.

Con el ingreso de Thania Moreno al proceso estos funcionarios ya no fueron convocados. La flamante fiscal fundamentó su investigación penal en una lista de 1.317 servidores policiales que se habría beneficiado con pases y que formarían la “estructura delincuencial” y sostuvo que el actual Comandante General de la Policía Nacional, el Inspector General de la Policía Nacional, entre otros altos funcionarios policiales, le pagaron al Teniente Alex Cifuentes para sus pases, es decir un oficial de rango inferior les cobró a sus superiores por sus pases.

¿Cómo Alex Cifuentes podía tener el poder político para actuar y ordenar a sus superiores? ¿Imagina usted a un oficial de bajo rango ordenar al comandante general disponer cobros? La respuesta es que si es posible, siempre que ese oficial represente la voz de las mas altas autoridades, como José Serrano.  Al interior de Carondelet también se sabía que Cifuentes era un “mimado de MarianaPico”, la funcionaria que manejó el despacho del presidente Correa. Thania Moreno lo sabía pero prefirió encontrar en Cifuentes al responsable mayor de toda la trama de corrupción organizada desde la presidencia y el Ministerio del Interior.
Para cerrar con broche de oro, la jueza ponente del caso pases policiales, Inés Maritza Romero Estévez hizo un reconocimiento público que comprometió su imparcialidad.  En la audiencia pública de juzgamiento, Romero reconoció ser militante del Movimiento Alianza PAIS, el partido de gobierno del ex Presidente Correa. Pese a ello, ni la fiscal provincial, ni los vocales del Consejo de la Judicatura han tomado ninguna acción en el caso.
En este maremágnun de dudas y cuestionamientos la Fiscal Moreno investigará por peculado al Fiscal General Carlos Baca Mancheno.

El veneno viene del cielo

Lise Josefsen y Rebeca Calabria, Danwatch
Encontramos un gran surtido de barriles, tinas y cubos de pesticidas en un pequeño cobertizo junto a una de las muchas pistas para avionetas fumigadoras a lo largo y ancho de las provincias bananeras de Ecuador. Los numerosos contenedores dan testimonio de lo que realmente hay bajo la pegajosa llovizna de la que somos testigo en los campos del banano. Es última hora de la tarde y las fumigaciones han terminado a excepción de las avionetas que vuelven a la pista.
El 
nombre Dithane 600 aparece en muchos de los bidones. Es el aerosol químico más común en la producción bananera ecuatoriana, y está permitido en la UE. Otro de los pesticidas, uno que vemos en un cobertizo alambrado en una plantación bananera, es GramoxoneSu principio activo es Paraquat, que está prohibido tanto en toda la UE. Jorge Acosta es piloto de avionetas fumigadoras retirado. Ha rociado toneladas de pesticidas sobre las plantaciones bananeras ecuatorianas, y sobre cualquier otra cosa que estuviera directamente bajo sus alas.
"Al principio, no sabía nada sobre los riesgos”, reconoce. Más tarde empezó a ser consciente del daño y en una conferencia, un toxicólogo nos dijo que podíamos beber un galón de Mancozeb, y que no nos pasaría nada ". Acosta le invitó a hacerlo él mismo delante de los allí presentes y el toxicólogo declinó la invitación.
"El peor pesticida aún en uso"

Antes de llegar a la historia personal de Acosta, detengámonos en uno de los siete productos químicos que están prohibidos en la UE, pero que se rocían a diario sobre las plantaciones bananeras de Ecuador: el paraquat.
Alexander Naranjo es ingeniero ambiental. En 2017, publicó el estudio The Other War: The Pesticide Situation” en Ecuador para la organización ambiental Acción Ecológica, que mostró que había 26 ingredientes activos de plaguicidas en la producción bananera de Ecuador.

"El paraquat es verdaderamente tóxico. Es el peor pesticida que todavía se usa en Ecuador ", dice Naranjo. Un estudio de 2016 de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. mostró un vínculo entre paraquat y el riesgo de bronquitis crónica, trastornos metabólicos e incluso la incidencia de la enfermedad de Parkinson. Varios países europeos habían prohibido el paraquat antes de 2003, pero desde 2007 se convirtió en algo ilegal para toda la UE.
El paraquat es altamente tóxico y causa un daño inmediato si entra en contacto con la boca, el estómago o el intestino, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. El paraquat provoca reacciones químicas tóxicas en el cuerpo, principalmente en los pulmones, el hígado y los riñones, y también puede causar una mutación celular.
Dependiendo de cuánto se ingiere, el efecto tarda entre algunas horas y semanas antes de que las consecuencias de la exposición a la toxina sean evidentes. Estos pueden incluir insuficiencia cardíaca, renal y hepática, cicatrización de los pulmones, coma, edema pulmonar, y la muerte.
Según el Centro para el Control y la Prevención de las Enfermdades en EEUU, no existe un contra agente que pueda tratar a los pacientes envenenados con Paraquat. La autoridad estadounidense para la prevención de enfermedades recomienda que, si el Paraquat se deposita sobre la ropa, debe retirarse lo más rápido posible, y si está en una camisa, no debe quitarse por la cabeza, sino cortarse y colocarse en una bolsa. Si la sustancia entra en contacto directo con la piel, debe lavarse de la manera más rápida y exhaustiva posible. Tanto Paraquat como Dithane 600, con su ingrediente activo Mancozeb, son familiares para Helle Raun Andersen, un experto en medicina ambiental de la Universidad del Sur de Dinamarca. "Mancozeb es un fungicida y se sospecha que afecta la función tiroidea. Si las mujeres embarazadas están expuestas, puede afectar al feto, porque su cerebro en desarrollo depende de las hormonas de la glándula tiroides de la madre. Esto se ha demostrado en estudios de mujeres embarazadas y en estudios en animales ", dice Raun Andersen. El paraquat, por otro lado, es un herbicida, explica. "El paraquat y el diquat están
relacionados. Ambos son herbicidas que queman e irritan. El paraquat es el más peligroso, y la razón por la que no está permitido en la UE es porque daña los pulmones y su efecto puede ser extremadamente duradero ".
La enfermedad interminable
 
Bidones plásticos vacíos son la evidencia del uso constante de productos químicos en el sector bananero, los restos suelen quedar en las cabeceras de las decenas de pistas para avionetas desde Esmeraldas hasta la provincia de El Oro
Las lesiones físicas y perceptibles más inmediatas no son las más graves, según el epidemiólogo Jaime Breilh, rector de la Universidad Andina en Quito y autor de varios estudios sobre los efectos de las aspersiones de plaguicidas en la salud de los trabajadores bananeros. Jaime Breilh explica que es posible que el componente cancerígeno no se manifieste de inmediato, pero podría manifestarse uno o incluso diez años más tarde, según lo nocivo que sea. Una cosa es el daño que provoca un pesticida en particular y otro, el método que se aplica para fumigar las plantaciones. Aproximadamente una vez a la semana una avioneta sobrevuela sobre cada una de las plantaciones de la región haciendo círculos lo suficientemente anchos como para llegar a todos los bananos y esto hace que algunas veces caiga también parte del pesticida sobre las poblaciones.
En promedio, el número de fumigaciones ha aumentado de 22 a 45 por año por plantación en Ecuador. Esto quiere decir una aplicación por semana, según el informe de Alexander Naranjo.
La UE reconoce que la fumigación aérea puede tener graves consecuencias negativas para la salud humana, y trata de evitar estas secuelas sobre los ciudadanos de la UE, gran cliente de las exportaciones bananeras de Ecuador. Por lo tanto, desaconseja la fumigación aérea de cultivos con pesticidas, a menos que existan condiciones excepcionales que hagan que la fumigación sea una ventaja en lugar de un riesgo para los humanos y el medio ambiente.
Sin embargo, en el caso del banano, corren riesgos para la salud, tanto los consumidores europeos al consumir un producto rociado con pesticidas nocivos, como los propios trabajadores de esta industria o los familiares que viven con ellos.
Niños bajo una nube de pesticidas

El capitán Acosta tomó conciencia de los agrotóxicos que por aspersión regó sobre las plantaciones cuando empezó a sufrir los efectos en su salud, entonces organizó a trabajadores y constituyó Astac, el síndicato que defiende derechos de trabajadores y habitantes cercanos a bananeras
El fallecimiento de la esposa de Jorge Acosta fue un punto de  inflexión en la carrera y en la vida de este piloto fumigador.  Abandonó su avioneta para siempre para crear ASTAC, el sindicato de  trabajadores bananeros ecuatorianos, y luchar por mejorar sus condiciones laborales y en algunos casos, velar por su integridad  física.
Las regiones bananeras se encuentran a la cabeza de las estadísticas nacionales en nacimientos de bebés con malformaciones, según un 
informe de la Defensoría del Pueblo, defensora de los derechos humanos del país. Un gran número de expertos creen que esto está ligado a los pesticidas que se rocían constantemente sobre los trabajadores y habitantes de las plantaciones bananeras. La conciencia estaba acabando con el piloto Jorge Acosta (57) cada vez
que se subía en una avioneta hasta que un día decidió bajarse de la avioneta para siempre."Una vez en la provincia de El Oro, tuve que fumigar sobre una casa de dos pisos. Había dos niñas jugando afuera. Cuando me acerqué con la avioneta, vi que estaban recogiendo la ropa. Me negué a fumigar sobre esa casa, esas niñas y esa ropa. Más tarde, el productor de banano se quejó de que no había fumigado su plantación ". Su crisis de conciencia no era algo que le afectaba solo a él. Sus compañeros pilotos sufrían por su salud y su conciencia. "Muchos de mis antiguos colegas tuvieron problemas de hiperventilación, visión borrosa y mareos. Cuando hablamos sobre nuestras experiencias, todos teníamos los mismos síntomas. Hubo un compañero piloto que se desmayó al salir de la avioneta después de rociar una combinación de Mancozeb y Calixin ", asegura.
Calixin también figura en la lista de productos químicos no aprobados para su uso en la UE. "Yo también sufrí pulso rápido, visión borrosa y cansancio, pero pensé que era un problema cardíaco. Fui al médico, pero dijo que todo
estaba bien, y que probablemente se debió a una intoxicación: la intoxicación por plaguicidas con toda probabilidad, porque los síntomas eran los mismos para todos los que trabajábamos en ello. Empecé a preocuparme porque un día, justo después de volar y rociar Mancozeb, casi me desmayo ", asegura Acosta.
Diariamente decenas de avionetas fumigan desde el cielo cientos de hectáreas de plantaciones de banano, ninguna institución ha realizado una seria investigación de los efectos de estos productos en la población 
El ingeniero ambiental Alexander Naranjo ha escuchado historias como las de Acosta antes. "El envenenamiento por Mancozeb es algo bastante común. Cuando se rocía, las personas deben evitar la plantación durante al menos 24 horas. No sirve de nada irse un rato", explica. Ninguno de los trabajadores a los que hemos entrevistado reconocen que nunca han abandonado el trabajo tanto tiempo después de fumigar. Algunos comentan que se van por la tarde cuando se realiza la fumigación y comienzan a trabajar otra vez a primera hora de la mañana del día siguiente. Casi todos reconocían que se les obligaba a continuar trabajando en la plantación mientras se estaba fumigando y en algunos casos se ponían a cubierto en alguna parte de la plantación.
Naranjo confirma que no solo los trabajadores bananeros están en riesgo, también lo están los miembros de las comunidades que viven cerca de las plantaciones. "Los aerosoles químicos se mueven con el viento. Se ha encontrado Mancozeb, por ejemplo, a un kilómetro de distancia de las plantaciones de banano. Los pesticidas son dinámicos: se mueven con los ríos, la lluvia y el viento ", asegura.
Un cóctel peligroso
Naranjo alberga serias preocupaciones sobre el uso de pesticidas. 
"La gente no entiende lo que significa ser el país exportador de banano más grande del mundo". Están orgullosos de nuestros plátanos, sin embargo, estos pesticidas se usan al azar. Es realmente una situación terrible ", dice. "Los productos químicos que están prohibidos en la UE se utilizan en todas las plantaciones convencionales de banano en Ecuador", explica Naranjo. Lo cual no quiere decir que Ecuador sea único entre los países productores de banano. "Lo mismo ocurre en Colombia, Costa Rica, Guatemala y Perú", aclara.
Parte del problema es que no se vierte un solo pesticida en la producción de banano. "Es un cóctel entero de pesticidas. Se mezclan varios, y uno de ellos es siempre Mancozeb. El problema es que se sabe muy poco sobre los efectos de esa combinación de pesticidas así ", dice Naranjo.
Efectos crónicos sobre la salud
Patricia Polo Almeida es geógrafa de la salud que ha realizado unaserie de estudios sobre la salud y las condiciones de trabajo de los trabajadores bananeros en varias provincias ecuatorianas. 
Sus informes muestran que los trabajadores son conscientes de que los pesticidas afectan su salud. Permanecen en sus trabajos para mantener a sus familias, pero no quieren que sus hijos los sigan en el negocio. "Sienten que no hay otras opciones a su alcance más allá del banano porque tienen familias y tienen que trabajar", dice Almeida.
No solo los trabajadores del banano tienen razones para estar preocupados. También los residentes de poblaciones cercanas tienen motivos, asegura Polo Almeida. "Están rociando un cóctel de productos químicos". La fumigación con
pesticidas desde un avión afecta a todos. Se mueve con el viento. Hay muchos niños discapacitados cuyos padres trabajan en el banano ", dice Almeida.
"El problema es la fumigación. Tiene un olor desagradable y contamina todo. Te mareas y te pica en la nariz. Las plantaciones de banano están cerca, pero la gente necesita trabajar. Si no lo hacen, ¿qué van a comer? ¿de qué van a vivir? ¿qué pueden hacer? Tienen que seguir trabajando o les despedirán". Según los estudios consultados, de los 26 pesticidas que se usan en Ecuador, siete son ilegal es en la UE, muchos de ellos porque son
demasiado peligrosos. Conoce a Jorge Acosta, un piloto fumigador que dejó su profesión porque le mataba la conciencia.

 

 

VIVEN Y MUEREN DEL BANANO
El pueblo de San Pedro de la "Y" está en el medio de múltiples plantaciones de banano. La mayoría de sus residentes trabajan en la industria bananera. Los plátanos son su medio de subsistencia y su maldición. Todos los que se ganan la vida en las plantaciones corren el riesgo de enfermarse. Algunos incluso mueren. San Pedro de la "Y", como cualquier otro pueblo típico ecuatoriano a lo largo de la costa, está rodeado de plantaciones de banano. Se encuentra en una de las tres provincias bananeras de Ecuador, Los Ríos, de donde provienen la mayoría de las bananas del país El ruido de las avionetas fumigadoras es parte del día a día. Y aquí la cosa se pone seria. Hay un porcentaje considerablemente más alto de cáncer y de bebés nacidos con malformaciones con respecto a cualquier otra provincia. Los expertos coinciden en la conexión entre estas enfermedades y el uso de pesticidas tóxicos sobre los campos de bananos.
Gregoria no ha vuelto a trabajar en la plantación desde que nació Taison. Ella dedica su tiempo a cuidar de su hijo, que ahora tiene 
seis años. Todavía usa un pañal, y probablemente lo hará por el restoEn una de estas casas humildes de San Pedro de la Y vive Sara. Al igual que el resto de los doscientos habitantes de esta aldea, la familia vive con las justas. La foto enmarcada de un hombre cuelga en una pared. "Soy su hermana", aclara Sara. Murió como consecuencias de los pesticidas en la cara.
Una familia afectada por pesticidas
Sara comienza a hablar sobre su hermano, enterrado en el cementerio de 
la iglesia. Poco antes de morir, fue a trabajar a la plantación. "Era casi como si el líquido se hubiera comido la mitad de su cara. Murió poco después de recibir pesticidas en la cara en la plantación. Los médicos no nos dijeron la causa de la muerte ni si los pesticidas fueron los culpables ", dice.
Sara tiene 40 años y ha vivido en este pueblo los últimos 13. No logra contener las lágrimas al hablar de su hermano. Después continúa con su hijo. Nació con múltiples malformaciones, como muchos otros niños de esta aldea bananera. "Mi hijo tiene problemas cardíacos, sus testículos no descendieron correctamente y tiene un tumor en la cabeza. Todo es muy complicado. Le han operado una vez y necesita tres cirugías más. ¿De dónde voy a
sacar el dinero para todos estos tratamientos?
El hijo discapacitado de Sara, Brandon, tiene diez años. A unos metros de distancia, parece un niño de cinco años. "Él no crece mucho ". Brandon nació prematuro y pasó sus primeras semanas en una incubadora. Según los toxicólogos y epidemiólogos, algunas de las consecuencias para la salud de los pesticidas, son los abortos espontáneos, los nacimientos prematuros, las malformaciones y otras discapacidades. Sin embargo, los habitantes de San Pedro de la Y nos aseguran que los médicos no les han confirmado nunca las evaluaciones de los expertos, o nunca por escrito, por lo que es difícil para ellos reaccionar para emprender acciones legales.
La pregunta más difícil
Brandon está en sexto grado y acaba de aprender a escribir su nombre. "Lo llevo a la escuela para que pueda hacer amigos", dice Sara. Se le saltan las lágrimas otra vez mientras hablamos sobre el futuro de su
hijo. "Esa es la pregunta más difícil. ¿Qué será de él cuando yo ya no esté aquí? No tengo respuesta para eso ". Mientras hablamos con Sara, escuchamos las avionetas. Están fumigando las plantaciones de banano alrededor de la pequeña aldea. Según los expertos y los residentes, aquí es donde comienzan los problemas. "Cuando escuchamos las avionetas, nos vamos dentro. Deberían advertirnos antes de fumigar, y sí, no deberían fumigarnos a sobre nuestra comunidad, sino sobre las plantas de banano ", dice Sara con una expresión de resignación.
"Estamos rodeados de plantaciones de bananos, ese es el problema. Creo que los problemas de mi hijo están relacionados con los químicos que están rociando. Solían rociar nuestro pozo ". El esposo de Sara trabaja en una plantación. "Es el único trabajo que hay por aquí". Sara nunca ha ido a la escuela, y no sabe leer ni escribir. Ella quiere mostrarnos la documentación del médico y el hospital, pero no entiende qué dicen. Los documentos médicos no describen una conexión directa entre los pesticidas y las enfermedades de su hijo, algo que escuchamos de varios otros trabajadores y familias que entrevistamos en el área.
¿Realmente no hay conexión entre los pesticidas y las enfermedades y lesiones que sufren los trabajadores bananeros? Los expertos consultados creen que hay una conexión fuerte.
Más enfermedades en las regiones bananeras
Adolfo Maldonado asiente al describir la falta de información de Sara sobre la muerte de su hermano y la enfermedad de su hijo. Ya lo ha escuchado antes. Es especialista en enfermedades tropicales y autor de varios estudios
sobre las consecuencias para la salud del uso de pesticidas al que se ven sometidos los trabajadores bananeros y las comunidades locales en Ecuador. "Es muy difícil estar 100% seguro de que una enfermedad o lesión específica puede ser atribuida a los pesticidas, pero estos tipos de problemas genéticos son consecuencias típicas de estos químicos. Y las tasas significativamente más altas de enfermedad son muy llamativas en estas regiones", dice Maldonado.
En 2007, Maldonado fue coautor de un informe que examina los efectos de la contaminación ambiental como consecuencia del uso de plaguicidas en la región de Las Ramas-Salitre-Guayas. El informe mostraba que los
recién nacidos en Ecuador en ese momento tenían un 0,22% de riesgo de nacer con malformaciones. En las provincias bananeras, sin embargo, el riesgo fue de 2.58%, es decir más de once veces mayor.
El sueño de Sara es que sus hijos vayan a la escuela y tengan la alternativa de trabajar en otro lugar que no sea en las plantaciones. "Solo quiero que mis hijos reciban una educación, para que no terminen como yo. Espero que no acaben en una plantación bananera donde rocían pesticidas, y donde les puede pasar lo mismo que a mi hermano. Tampoco fue a la escuela, no sabía escribir ni su nombre, y es por eso que terminó en la plantación".
Afuera, el calor es seco y sofocante. Una mujer se sienta a dar el seno a su bebé en el patio de su casa. Las hojas de banano se meten en el patio.

La enfermedad de mi hijo fue causada por los pesticidas
A escasos metros de la madre alimentando al bebé vive Gregoria Ramírez. Tiene 45 años y trabajó durante 11 años en una plantación. Es madre de cuatro hijos. El 9 de marzo de 2011, su vida y la de su familia cambiaron para siempre. El cuarto hijo de Gregoria, Taison, nació con malformaciones: un agujero en la columna vertebral, un testículo no descendido y un pie torcido. En los embarazos de los tres hijos mayores no trabajó en la plantación. En el de Taison, lo hizo dos meses.
"Pregunté en el hospital qué lo había causado y me dijeron que eran los productos químicos. Me preguntaron si había trabajado con plátanos. Dije que sí, trabajé en una plantación, y también mi esposo. Los doctores me dijeron que esa era la causa; que, si trabajas con esos químicos y te quedas embarazada, el bebé nacerá con deformidades".
Al igual que Sara, Gregoria no pudo hacer que los médicos evaluaran por escrito que las enfermedades de su hijo estaban relacionadas con los pesticidas. Sin embargo, tras nuestra estancia en las plantaciones bananeras, le mostramos el historial médico y los diagnósticos de muchos de los enfermos a los que entrevistamos y que nos ceden su material para escuchar la versión del Dr. Maldonado. Respecto al caso
del pequeño Taison, éste médico tropical no tiene dudas. "Estos son síntomas absolutamente típicos de los efectos de estos pesticidas", dice Maldonado. De su vida, dice Gregoria. "Quién sabe cuánto tiempo vivirá", dice ella.
"Está mal que fumiguen"
Aquí la comunidad está acostumbrada a las avionetas fumigadoras. "Está mal que fumiguen. Cuando llegan las avionetas, entramos rápido a la casa porque apesta. El olor entra a la casa también. El líquido se
pega a las plantas y flota en el agua en el río como el aceite. "Creo que está mal, pero no hay otro trabajo aquí. Tienen que trabajar allí". Así dice otro de los vecinos de Gregoria, Cerilo Calderón. Lo
despidieron de la plantación hace unos años, tras perder la vista. Él cree que fue por los pesticidas, pero no tiene un diagnóstico por escrito que lo respalde. Todas las casas del pueblo tienen historias similares que contar, y
todas las historias giran en torno a las palabras "enfermedad", "bananos" y "pesticidas".
"Solo espero que mi hijo no termine como yo"
También conocemos a un trabajador bananero de 28 años, a quien llamaremos David, que deseaba permanecer en el anonimato por miedo a 
perder su trabajo y meterse en otro problema. Él ha trabajado limpiando las plantaciones durante tres años. David vive a 200 metros de una hacienda y se sienta a hablarnos en frente de la carretera con su hijo dormido de tres meses. "Quiero lo mejor para mi hijo". No quiero que termine como yo, trabajando en una plantación", dice David. Él es muy consciente de los muchos químicos a los que se ve sometido en el trabajo que desempeña.
"Cuando fumigan desde el aire y estamos trabajando abajo, nos empieza a picar todo el cuerpo. Fumigan algunos productos químicos realmente fuertes ". Gramoxone, Basta, Glifosato. David sabe los nombres, y sabe que es
venenoso, dice. ¿Pero de qué le sirve eso a él? "No hay otro trabajo para nosotros, los pobres sin educación. Es la única forma en que puedo ganar suficiente dinero para mantener a mi
familia ".
Los químicos fueron una muerte lenta para mí
Trabajar en el banano arruinó su vida. Los pesticidas lo enfermaron, o al menos eso le dijeron los médicos. Nunca le dieron por escrito cual era la causa real de su enfermedad, sin embargo, a Efrén Vélez Cedeño
le daban a entender que los pesticidas fueron los responsables. Los trabajadores con los que nos pusimos en contacto, coinciden en que este es un problema generalizado.
A las tres y media de la tarde, comenzó a vomitar sangre. Después se desmayó. "Vomité sangre cinco veces. La última vez no recuerdo", dice Efren Velez Cedeño, de 56 años, al describir su último día de trabajo
hace ya cuatro años.
Durante treinta años, se dedicó al control de calidad del banano que se exporta a Rusia o países de la UE. Ese día de febrero de 2013 fue su último día de trabajo. Cedeño recibió un diagnóstico de cirrosis hepática. Descarta la ingesta de alcohol como causante de la enfermedad, el origen debía ser laboral. Al estar en contínuo contacto con los pesticidas, los médicos le aconsejaron que no reanudara el trabajo, porque su enfermedad empeoraría volviendo a estar cerca de los químicos.
"Los doctores dijeron que probablemente los pesticidas habían arruinado mi cuerpo y arruinado mi vida. También dijeron que examinarían mi caso más de cerca, pero nunca lo hicieron ", dice Cedeño.
Una muerte lenta
Aunque los médicos le aconsejaron no volver a la plantación por su proximidad a los pesticidas. "Los productos químicos fueron como una muerte lenta para mí", dijeron. Sería mejor tomar precauciones y no volver a estar expuesto a
los pesticidas. Pero no me dieron un certificado escrito para confirmar que fueron los productos químicos los que me enfermaron ", dice. 
"Un médico me dijo que solo estaban siguiendo órdenes desde arriba",dijo Cedeño, pero no le dijeron nada más sobre lo que podría significar. Todas las personas enfermas con las que el equipo de reporteros tuvo contacto y entrevistó, que trabajaban en plantaciones o viven cerca de plantaciones, cuentan la misma historia: que sus médicos les dicen extraoficialmente que su enfermedad la han causado los pesticidas, pero cuando llega el momento de obtenerla por escrito, los doctores pusieron reparos o se negaron. El banano significa mucho cualitativa y cuantitativamente para Ecuador, y pocos se atreven a tocar una industria tan poderosa, especialmente si viven y trabajan en una de las provincias productoras de banano del país.
Cedeño tiene esposa, dos hijas y cinco nietos. La familia vive en un barrio muy humilde a las afueras de Quevedo, una de las principales ciudades de la región bananera de Ecuador. Viven juntos en una habitación, que también es cocina.
En varias ocasiones, mientras trabajaba en las plantaciones, le atrapó una nube de pesticidas, dice. "Quema la piel. Picaduras y picazones. Nunca nos dijeron de antemano que los aviones iban a fumigar. Nunca. Teníamos que tratar de
escondernos debajo de algún plástico". Él trata de mantener la calma mientras nos cuenta su historia. Los médicos le han aconsejado no llevarse disgustos que pudiesen afectar a la salud. 
El equipo de reporteros contactó con varias plantaciones de banano en un intento de entrevistar a sus propietarios. Ninguno estaba interesado en hablar con periodistas.
Sueños que nunca se hicieron realidad
Actualmente, Efrén Vélez Cedeño se preocupa por sus colegas del gremio del banano. "Hay 200,000 de nosotros que trabajamos directamente en el negocio de exportación de banano en Ecuador. ¿Cuántos miles de
nosotros nos enfermamos?”  Al igual que el resto de trabajadores con los que hablamos, siente que no tienen otra opción. 
Cedeño no parece un pusilánime, sin embargo, cuando le preguntamos si lamenta haber trabajado en la plantación, tarda más de la cuenta en contestar. "Por un lado, valió la pena, porque sustenté a mi familia y pudimos
vivir de ello. Pero, por otro lado, ha sido mi perdición, debido a esta enfermedad. Espero que, si luchamos hoy, mientras aún vivimos, las próximas generaciones puedan evitar lo que me sucedió. Espero que no todos se contaminen como yo y que los pesticidas no los maten ".
Eduardo Ledesma, presidente de los exportadores de banano:
"Cumplimos con todas las regulaciones"

Eduardo Ledesma, presidente de los exportadores de banano de Ecuador, ha trabajado en la industria bananera durante veinte años y nos recibe en su oficina en el puerto de Guayaquil, la ciudad más grande del
país. La industria bananera es una de las más importantes en Ecuador, y muchas personas dependen de ella. Más de 200,000 personas recogen y empacan bananas en las 5737 plantaciones del país, que ocupan unas
163,000 hectáreas. Según la organización comercial de la industria en Ecuador, el país representa el 29% de las exportaciones de banano en todo el mundo.
Eduardo Ledesma habla del orgullo ecuatoriano por la industria. "El banano es un referente a nivel nacional e internacional, pero es una constante pelea con el gobierno, el país no lo reconoce. Sí, los ecuatorianos presumen de banano, pero el gobierno no le da la atención que le debería dar al banano… Lamentablemente los políticos se volvieron bananeros y los bananeros se volvieron políticos”.
P: ¿Y las exportaciones? ¿Mejorará con la UE a partir de ahora?
El año pasado exportamos 319 millones de cajas y este año hemos de pasar 323, estamos creciendo en un 2 ó 3 %
P: ¿Quiénes son sus clientes más importantes?
Vendemos más a Rusia, con un 25%. Para la UE como un bloque, vendemos el 33%, y luego los EE. UU. Con el 9%.
P: ¿Cuánto cuesta una banana en Ecuador? ¿Sabe cuánto vale en Europa?¿Quién gana en este proceso?
Casi los regalan en los supermercados. No se venden individualmente, y un kilo cuesta aproximadamente $ 0,50. Digamos unos 10 centavos por plátano. Los supermercados son los grandes ganadores, pero también son
los más exigentes. La producción de banano en Ecuador cumple con todas las regulaciones internacionales. Defendemos las normas internas para proteger a los empleados, les pagamos por encima del salario mínimo,
por supuesto, respetamos las normas medioambientales, los acuerdos sociales, las leyes bananeras y el seguro social. Cumplimos con los requisitos de la UE con respecto a la tolerancia a los pesticidas. La
tendencia en Ecuador es ir eliminando plaguicidas de acuerdo a las necesidades o exigencias de cada país. Ecuador no utiliza productos que no están permitidos en la UE o los EE. UU.
P: Puedo garantizarle que algunas de las plantaciones que hemos visitado usan pesticidas prohibidos por la UE.
R: No sé a qué haciendas han ido que hayan visto pesticidas no autorizados por la Unión Europea para hacer las denuncias respectivas. No me sorprende porque de todo hay en la viña del señor y nosotros
como asociación tratamos de que nuestros asociados cumplan con las reglamentaciones.  Lo que sí sé es que hay un terrorismo por parte de Europa que vienen a molestar y a afectar al sector bananero ecuatoriano. ¿Por qué no se van a Guatemala donde pagan 6 dólares y nosotros pagamos casi 30? ¿Por qué no se van a Guatemala a afectar y molestar? Hemos pedido a la Cancillería y al Ministerio de Comercio Exterior que tome cartas en el asunto y mande las quejas respectivas sobre estas empresas que quieren afectar a Ecuador.
P: ¿Los pesticidas que se utilizan en Ecuador afectan a la salud humana?
R: Algunos si y otros no. Hay que usarlos de acuerdo a la reglamentación de pesticidas. Los pesticidas que se utilizan aquí son los mismos que se utilizan en Guatemala, Colombia que van a todos los países. Si están prohibidos por la UE le puedo asegurar que no se utilizan aquí. Y si es así, dígame el nombre del producto y de la bananera. A ver dígame quienes son, dígame quienes son. Si es periodista y es frontal, dígalo, es obligación de ustedes denunciar.
Si usted es una periodista idónea dígamelo. Con mis asociados no se aplican pesticidas prohibidos por la UE.
P: Sr. Ledesma, hemos hablado con trabajadores que nos aseguran que trabajan en las plantaciones mientras están fumigando.
Eso es mentira. Eso es mentira, porque los trabajadores son notificados. Deja de insistir en eso, porque es una mentira. Obviamente he estado presente cuando están rociando, y nadie es tan
estúpido como para hacer eso. Te digo, es una mentira. Si realmente quieres convertir la verdad en una mentira (libras sobre la mesa), entonces terminemos esta entrevista. Te digo, es una mentira. Eso es falso eso es falso porque mientras se da el anuncio los  trabajadores se es falso, no siga insistiendo porque es falso. Yo he estado cuando fumigan por supuesto que sí y nadie es tonto para estar fuera del sitio. Le estoy contestando que es falso. Si usted quiere
sacar de verdad a mentira, (golpe en la mesa) terminemos la entrevista. Es falso.
P: Hemos visitado comunas donde viven trabajadores y ex trabajadores de banano. Dicen que las avionetas fumigan sobre ellos.
R: No es verdad, pues no es verdad señorita. Es falso es falso hay más contaminación en otros productos que en banano. En banano no cabe la contaminación porque no la utilizan las personas. Viene en un avión con un GPS que controla donde tiene que caer y cómo tiene que caer. Si las personas están guarecidas, si se fumigase sobre poblaciones o de una forma irresponsable, probablemente ocurriría. Son datos falsos probablemente de algún país competidor que quiere afectar a Ecuador.
P: Pasemos al tema de la enfermedad. El informe de Manuela Espejo demuestra que la incidencia de enfermedades como el cáncer es significativamente más alta en las regiones productoras de banano que
en otras.

R: Eso no ha sido probado. No confío en el informe de la institución en cuestión.
P: El informe de Manuela Espejo también analiza la incidencia del cáncer y bebés que nacen con malformaciones cerca de las plantaciones de banano.
R: Eso no es verdad. Si usted me va a seguir preguntando sobre cáncer y malformaciones se lo voy a seguir negando porque no son realidades. No es verdad puede haber un informe o muchos informes amañados. ¿Por
qué no han ido a Colombia, han ido a Costa Rica han ido a Guatemala? ¿Filipinas? ¿India?
P: ¿Qué tipo de documentación necesitaría para admitir que este es un problema real?
R: Yo creo que la poca documentación es una documentación alterada con efecto de hacer daño.  Estoy seguro de que no la hay y si la hay, es forzada. No. Creo que mis productores bananeros cumplen con todas las
normativas.

 
 

Rafael Correa es involucrado con responsabilidad penal en adjudicación del campo Singue

La papa caliente sobre las irregularidades penales en las que habría incurrido el ex presidente Rafael Correa en la adjudicación del campo petrolero Singue está ahora en la cancha del Fiscal General del Estado, Carlos Baca Mancheno. El tema volvió a sus manos, pero esta vez con un pez más gordo.
A partir de nueva información encontrada por la Contraloría General del Estado se incluyó al ex presidente en los indicios de responsabilidad penal que encontró en la adjudicación del mencionado campo.
Singue es uno de los casos por los cuales el vicepresidente Jorge Glas (sentenciado a 6 años de prisión por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht),  podría ser acusado de peculado, pero este proceso no ha prosperado en la Fiscalía General del Estado desde el año pasado, pese a que el 27 de octubre del 2017 el contralor general del Estado, Pablo Celi, ordenó la destitución de Glas, por confirmarse su responsabilidad administrativa culposa en el proceso de adjudicación del campo Singue.
En su informe DASE-0044-2017, enviado a la Fiscalía General el primero de agosto de 2017, el organismo de control determinó irregularidades en la negociación del contrato de prestación de servicios entre el Estado ecuatoriano y el consorcio DGC, integrado por las compañías DYGOIL, Consultoría y Servicios Petroleros Cia.Ltda, y Gente Oil Development Ecuador LLC. cuando Glas fue miembro del Comité de Licitación Hidrocarburífera (COLH), y mientras fue ministro coordinador de Sectores Estratégicos.
Se determinó que en la fase precontractual, el Comité de Licitación no contó con respaldos como la certificación del Instituto Geográfico Militar del mapa de bloques Petroleros 2011, por lo que la Décima Ronda Petrolera, no contenía las áreas certificadas para la exploración y/o explotación de yacimientos de hidrocarburos; tampoco tuvo informes de aval técnico sobre el análisis económico y de la capacidad de financiamiento.  Debido a esta falta de sustentos Glas, como miembro del COLH, debió declarar la descalificación de la oferta presentada y no lo hizo. 
Además se concluyó que la adjudicación del contrato se dio con una tarifa acordada en $33.50 por barril. Estas determinaciones de indicios penales fueron producto de un examen especial que hizo la Contraloría a las fases pre contractual, contractual y de ejecución del contrato para la prestación de servicios para la exploración y explotación del campo Singue. 
El 27 de febrero de 2018, como alcance a lo ya enviado a la Fiscalía el año pasado, la Contraloría no solo presentó documentos que ratifican su primer informe, sino que adjuntó otro muy revelador que prueba que Rafael Correa estuvo al tanto de los pormenores de las “negociaciones” para la adjudicación de Singue, desde que Dygoil operaba el pozo formando parte del Consorcio Petrolero Amazónico (CPA) en un contrato para campos marginales, pues así lo delata la comunicación directa que el representante legal de Dygoil envió a Correa.
Se trata del Oficio N° 018-DYG-2011-YG de 26 de enero de 2011 en el que César Guerra, gerente de Dygoil, dirigió al ex presidente y menciona que el Consorcio Petrolero Amazónico del cual formaba parte su empresa tenía un contrato para la exploración y explotación del campo Singue y que como consecuencia de reuniones con la Comisión negociadora, presidida por el Ministro de Recursos Naturales no Renovables y el Secretario de Hidrocarburos, concluyó con la propuesta final del CPA sobre las inversiones a realizarse en el campo Singue es de $26,7 millones con una tarifa de operación propuesta por el Ministro de entonces de $29,3 por barril producido. "Tarifas que fueron aceptadas por el Consorcio Amazónico y que consideramos no son exorbitantes”.
En esta trama es importante tomar en cuenta cómo fueron encajando los tiempos y las acciones para la décima ronda petrolera con el fin de acceder al contrato del campo Singue, pero en esta vez por parte de un nuevo consorcio: DGC, en el cual se incorporó Dygoil. Antes de la convocatoria a la nueva ronda de licitación para contratos de prestación de servicio que fue el 16 de junio del 2011, el gerente de Dygoil envió la mencionada comunicación (N° 018-DYG-2011-YG de 26 de enero de 2011) a Correa y tres días después de constituido el consorcio DGC, (el 23 de septiembre del 2011) este presentó la única oferta para la operación de Singue. 
El organismo de control señaló a la Fiscalía que con esto se confirma el informe DASE-0044-2017, es decir que la empresa tenía pleno conocimiento de las condiciones de operación y reservas de Singue y también tenía estudiada una tarifa para el cambio de modalidad de contrato. Y pese a ello, el consorcio DGC ofertó $34,5 por barril,  cifra que al final de la negociación se adjudicó en $33,5, es decir $4,2 más la justa y no exorbitante tarifa que Dygoil destacó ante Correa 8 meses antes.


La Contraloría planteó en su oficio enviado a la Fiscalía con este nuevo hallazgo: “Por qué la razón de este incremento en el lapso de pocos meses?”
Entre los anexos que respaldan las afirmaciones del organismo de control está la certificación de la Presidencia de la República de que el oficio enviado a Correa está en los archivos de Carondelet.
La expectativa sobre el curso que se dé a este alcance al primer informe de la Contraloría sobre el tema se centra en las acciones que tome el Fiscal General, Carlos Baca. 
El ex presidente ya ha reaccionado al alcance del informe de la Contraloría y en el tono y discurso que tiene siempre que se revela un caso de corrupción de su Gobierno, diciendo que no conoce nada ni a nadie relacionado con el tema:   “@MashiRafael;  ¡Ups! La venganza de los sinvergüenzas. Ahora estoy “involucrado” en el “caso Singue”, del cual ni siquiera había escuchado hablar hasta hace pocos meses. La persecución es evidente, pero todos callan. …” "El querer involucrarme en el caso Singue (que no conocía), por una supuesta carta enviada a la Presidencia por la empresa Digoil (que no conozco), demuestra el grado de ridiculez al que está dispuesto a llegar Celi con sus patrones, para tratar de acusarme de algo.¡Ya basta!
Otras irregularidades en la adjudicación del campo Singue fueron denunciadas en 2015 por el portal digital Focus.  Una de las firmas que integran el consorcio DCG es Gente Oil, cuya apoderada es Silvana Pástor Tapia, hija del ex ministro de petróleos y actual embajador en Viena, Austria, Wilson Pástor Morris.
Es decir, Pástor habría favorecido con un contrato petrolero a una empresa de su hija, firma que estaba vinculada la transnacional Ivanhoe.

Las contradicciones del CPCCS

“Moreno mintió cuando dijo que los miembros del CPCCS transitorio no pertenecerían a partidos políticos ni habrían trabajado para el Estado, peor aún en el caso de Xavier Zavala Egas, que tiene dinero en un paraíso fiscal”, manifestó Marcelo Espinel, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, en entrevista con Mil Hojas sobre el futuro del Consejo de Participación Ciudadana.
Luego de enviar (el pasado 19 de febrero) a la Asamblea Nacional su propuesta de ternas para conformar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de transición, el presidente Lenín Moreno dijo “he cuidado que no sean amigos, ni parientes ni funcionarios de Gobierno”.
Ante la desconfianza que existe sobre el proceso de preselección de los nuevos consejeros definitivos Espinel planteó la necesidad de contar con una veeduría internacional para garantizar transparencia.
¿Han existido aportes de la sociedad civil a la realización del proyecto de Ley que reforma el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social?
Nosotros, como organización, presentamos unas observaciones al Proyecto de Ley presentado por Moreno, y nos dimos cuenta que es una copia del sistema Boliviano de elección de jueces.
¿Qué diferencias hay entre el boliviano y el ecuatoriano?
La diferencia sustancial es que el filtro en lugar de ser el CNE, en el caso boliviano es la Asamblea Nacional. Hablando de números se presentaron más de 400 jueces dentro del parlamento, se crearon dos comisiones para analizar los perfiles, de los cuales 50 obtuvieron el voto de las dos terceras partes.
¿Cuál fue el problema?
El ciudadano al momento de votar por sus jueces no comprendía el rol que iba a ejercer, el resultado de la votación fue el 65% de los votos en blancos y nulos. Es decir la gente no sabía lo que estaba decidiendo.
¿Qué pasaría en el caso ecuatoriano?
Independientemente que el mecanismo de selección sea el Consejo Nacional Electoral (CNE) o la Asamblea Nacional, la gente no va a comprender por qué está votando, considerando que el nuevo CPCCS se va a elegir junto con los representantes a los GAD’s, quienes si contarán con recursos para hacer campaña. Los primeros van a ser totalmente invisibilizados
¿Hay algún aspecto adicional que preocupe en la propuesta de Moreno?
Claro que si, establece que los postulantes podrán ser conocidos por la ciudadanía a través de la difusión equitativa de sus perfiles y propuestas. ¿Cómo es posible que alguien que pretenda llegar al Consejo definitivo pueda hacer una propuesta cuando claramente están delimitadas sus funciones.
¿Cree usted que si se realizan propuestas se puede caer una especie de populismo?
Por supuesto, vas a tener una especie de populismo cívico en el cual la gente diga ‘yo quiero llegar al CPCCS para escoger el mejor fiscal’. No podemos supeditar este tema tan importante a este tipo de manifestaciones
¿Qué opina sobre el hecho de que el CNE haga la preselección de los candidatos?
En primer lugar, implica continuar con el sistema actual de designación de consejeros, simplemente no se va a quedar en el concurso de méritos y oposición que actualmente ya puede hacer el CNE para su designación, sino que ahora se pasa un proceso de elección.
¿Se ha ido contra el voto popular?
La gente votó en contra de cómo se integra actualmente el CPCCS. Están manteniendo el sistema solo que le añades votación popular. Más allá de eso, los consejeros, el CNE son designados por el Consejo de Participación Ciudadana y ahora el mismo puede pasar a través de un proceso de designación del mismo CNE, tienes una puerta giratoria.
¿Cuál sería la propuesta?
El concurso, este sistema de preselección, que es de obligatoria realización, porque alguien tiene que comprobar que se cumplan con estos requisitos tan etéreos, debe estar en manos de instituciones que tengan legitimidad ciudadana y que no sean designados en el futuro por el CPCCS.
¿Qué instituciones?
Lo únicos que tenemos en nuestro aparataje institucional son: la Presidencia de la República, la Corte Constitucional y la Asamblea Nacional. Nosotros propusimos que el concurso se realice con un representante de cada una de estas instituciones. Por ejemplo, en la Asamblea este representante debe contar con el apoyo de al menos de las dos terceras partes.
¿Es necesaria una veeduría internacional?
De esto no se ha hablado y es muy necesario, el proceso de preselección debe contar con una veeduría internacional para darle legitimidad al proceso ya que hay tanta desconfianza en las instituciones.
¿Cree usted que el CPCCS debe desaparecer?
Definitivamente debe desaparecer, no es necesario. La participación ciudadana no se puede estatizar, debe ser un control vertical hacia las instancias de poder.
¿Cree usted que el CPCCS fue un instrumento del poder para deslegitimar a las organizaciones de la sociedad civil?
Para mi desde el inicio esa fue la intención y claro, les quitaron legitimidad a los otros espacios. La creación del CPCCS fue un engaño que pretendió desarmar a los procesos organizativos. El Gobierno lo que hizo fue meter en un cajón la participación ciudadana y de esta manera ejercer control.

Una mirada a lo que fue el CPCCS
En el 2008 la Constitución de la República del Ecuador estableció la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) como una entidad autónoma, que forma parte de la Función de Transparencia y Control Social. Inició con una asignación presupuestaria de $5,9 millones y para el 2017 se le asignó $12,4 millones.
Además, el CPCCS debía garantizar la existencia de una sociedad libre de corrupción. En estos años han ingresado 103 denuncias sobre posibles hechos de corrupción en la gestión pública; sin embargo, el pleno emitió 85 resoluciones concluyentes. En tanto que hay 296 expedientes en indagación.
Una de las funciones del CPCCS era la de nombrar autoridades como: al Contralor Carlos Pólit, quien permanece prófugo de la justicia; al Procurador, Diego García, quien ha recibido duros cuestionamientos por su accionar en el caso Odebrecht; al Fiscal, Galo Chiriboga, quien también fue objetado en su gestión sobre los casos de Odebrecht y Petroecuador; sin olvidar al superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, quien al momento enfrenta un juicio político; y Gustavo Jalkh, quien por medio de correos filtrados presuntamente recibía órdenes del ex presidente Rafael Correa.
Además, el CPCCS anterior fue la oficina de colocación de personal en cargos públicos de los amigos, las parejas y familiares del Gobierno pasado.
En cuanto al manejo del presupuesto, la mayor parte del dinero estaba destinado a gasto corriente. Un ejemplo de ello es que en febrero de 2018 se contrataron $7,546.39 en “servicio de telefonía celular para las máximas autoridades del CPCCS”, es decir,7 personas cuyo plan de datos era de $225 mensuales que incluían: 8 megas de datos, redes whatsApp y facebook, llamadas ilimitadas a operadoras locales, 100 minutos a destinos internacionales, llamadas ilimitadas entre las siete líneas del CPCCS y un número privado.
En cuanto a sueldos el CPCCS destinaba $6'752.652 solamente para pagar remuneraciones a los funcionarios que ahí laboraban. http://www.cpccs.gob.ec/es/transparencia-lotaip/#1454341802263-4782c7ea-7638. Además, llama la atención que se contrate a través de régimen especial “pólizas de seguros en las ramas de incendio, robo, equipo electrónico, rotura de maquinaria, responsabilidad civil y vehículos de propiedad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social”.
El pasado jueves 22 de febrero se realizó la última sesión del CPCCS con los anteriores miembros, a la reunión solo asistieron 4 de los 7 vocales. En esa reunión los consejeros salientes se comprometieron a entregar toda la información que el nuevo Consejo requiera.