Autor: mh

Thania Moreno ha sido señalada como la fiscal que construyó un escudo a favor de José Serrano Salgado. Su oportuna llegada a la fiscalía de Pichincha cambió por completo la teoría del caso “Pases Judiciales”, que involucró de decenas de altos funcionarios y policías. Fue posesionada el mismo día de la audiencia preparatoria del juicio y sin que tercie protocolo alguno sacó del caso en plena audiencia al fiscal Wilson Toainga y desisitió de acusar al ministro del interior de ese entonces José Serrano.
Noviembre de 2016, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia condena por delincuencia organizada al ex comandante de policía Fausto Tamayo  y otro número de oficiales; la investigación fiscal dejó fuera a la ex secretaria particular del ex presidente Corra, Mariana Pico, así como al entonces ministro del Interior, José Serano. 
El funcionamiento del caso pases se basó en la conformación de un grupo de Inteligencia, cuyos integrantes visitaban los repartos policiales para identificar a los uniformados que requerían irse a otra localidad.?A ellos se les ofertaba los cambios. Los policías que aceptaban tenían que depositar el dinero en las cuentas de otros agentes, quienes eran los recaudadores. 
Las denuncias por el montaje de una red para cobrar hasta $1.500 a cada policía que buscaba cambiarse de una ciudad a otra llegaron a la Fiscalía en el 2015. Pero ¿cómo la asignación de pases en la Policía se convirtió en un organizado sistema de cobros con ingentes ingresos para sus beneficiarios?
La investigación se inició en enero de 2015 con 27 personas indagadas. Desde entonces cuatro ex policías han sido sentenciados, cinco fueron absueltos y dos tuvieron un dictamen mixto.Esos montos al final presuntamente eran entregados al teniente Alexis Cifuentes, pero, ¿cómo un oficial, con rango de teniente, pudo haber tenido tanto poder para ubicar incluso a sus generales superiores en las plazas por las que pagaban, sin tener el aval de un actor de jerarquía superior en la línea de mando de la Policía Nacional?
El sistema de pases que rigió hasta 2011 otorgaba al Comandante General de la Policía y al área de recursos humanos analizar y tramitar los pases, pero esa facultad se modificó con el Acuerdo Ministerial 2405, del 7 de noviembre de ese año.
Sobre esta base legal se integró una Comisión Técnica de Pases con el viceministro de Seguridad Interna del Ministerio del Interior (quien la presidía), el inspector general de la Policía Nacional, el director general de personal, un asesor de seguridad del Ministerio del Interior (designado por el ministro), el suboficial más antiguo de la Policía Nacional y un representante de los clases y policías.
Las atribuciones que tenía la comisión apuntaban a los trámites de autorización de pases, delegaciones, comisiones, cursos y otras actividades profesionales de la policía que impliquen traslados.
Pero las irregularidades que se daban en la práctica ya empezaron a ser investigadas por la fiscalía.  El primer hito que marca el inicio del caso pases policiales arrancó con una indagación previa en enero de 2015.
El cabo Milton Albacura, miembro de la Dirección Nacional de Inteligencia, DGI, emitió un parte policial que mencionaba la existencia de una red de corrupción en la policía, liderada por alguien denominado "El duro".
Este documento sirvió de base para que el teniente Marco Paredes Aldaz, jefe de la Unidad Judicial de la DGI, pida al fiscal provincial de Pichincha, Wilson Toainga, el inicio de una indagación previa. Thania Moreno entró en escena, pues fue la fiscal especial asignada para el caso.
El caso pasó casi desapercibido hasta que el 1 ero de julio de 2015 cuando el entonces ministro del interior, José Serrano, en su cuenta de twitter apareció ante la opinión pública como el denunciante de los ilícitos : "Urgente, hemos encontrado red de corrupción de pases (traslados d un lugar a otro) de nuestros Policías, esto es intolerable y bochornoso" (sic).  Se trató de una jugada que pretendía capitalizar para sí lo actuado hasta ese momento por la Fiscalía.
Y luego el 3 de julio de 2015 Serrano informaba también vía twitter que el Comandante General de la Policía, Fausto Tamayo había presentado su renuncia tras el inicio de una investigación administrativa por supuestos actos de corrupción en pases policiales.
Este tweet del entonces ministro se difundió mucho después de que la fiscalía vinculó a Tamayo dentro del delito de delincuencia organizada, disponiendo también su prisión preventiva y la prohibición de enajenar bienes, según se constata en un comunicado de prensa emitido por el mismo Ministerio del Interior. (http://www.ministeriointerior.gob.ec/fausto-tamayo-recibe-prision-preventiva-en-caso-de-corrupcion-por-pases-policiales/)
Una denuncia formal del caso fue presentada por el Ministerio del Interior ante la Fiscalía 17 días después. 
Observamos lo extraño de las acciones de Serrano que, seis meses después de que fiscalía concluyera la etapa de indagación, hizo públicos los hechos en un trino como si se tratara de su descubrimiento. Poco después Serrano se justificó y dijo que la estructura de corrupción de pases en la policía ya existía desde hace dos décadas y que era la nueva red, que funcionaba desde 2014, la que él denunció. Pero esto solo confirmaba que, con los cambios que este mismo funcionario lideró, la estructura de corrupción no solo continuó sino que empeoró.

El caso estrella dorada implicaba el análisis de un promedio de 2.000 a 3.000 pases al año pero en 2015 la cifra llegó hasta los 5.000 pases. Casi un año después de iniciadas las investigaciones, el 29 de diciembre del 2015, se instaló la audiencia de formulación de cargos, en la cual la fiscalía acusó a 19 policías en servicio activo de ser parte de una presunta estructura delincuencial. Entre ellos constaban los tenientes Alexis Cifuentes, quien lideraba la red, junto a Ernesto Montenegro, quien visitaba las provincias para identificar las necesidades de los miembros policiales y gestionar los pases a cambio de un pago. No se mencionaba al general Fausto Tamayo.
Los pagos iban entre $1.000 y $1.500, de acuerdo con la tesis de la Fiscalía.  Este esquema había funcionado entre octubre del 2014 y julio del 2015. Según las investigaciones de la fiscalía, la red habría negociado 1.309 pases por un monto de alrededor de $6 millones. Las diligencias en el caso continuaron bajo la tutela del Fiscal provincial Wilson Toainga. El aparece hasta el 15 de abril de 2016 cuando se realiza la reconstrucción de los hechos en restaurantes del Centro Histórico de Quito, cuarteles policiales y viviendas para conocer el listado de los aspirantes a los pases.
Para el 9 de mayo de 2016 Toainga ya no investiga en el proceso y Serrano sale de la teoría del caso, una vez que Thania Moreno fue designada como Fiscal Provincial de Pichincha.
Dos ex policías, Ernesto Montenegro y Luis Carrera fueron condenados a ocho meses y cuatro días de prisión tras acogerse al proceso abreviado dentro del proceso de delincuencia organizada. En las cuentas personales del primero y en las de su esposa, se encontró dinero.
El 15 de septiembre de 2016 el excomandante de la Policía Fausto Tamayo, en sus declaraciones dentro del juicio implicó a varios funcionarios del ejecutivo, de la Fiscalía General del Estado y de la Asamblea Nacional, así como a Pierina Correa, hermana del ex presidente, Rafael Correa, sobre quien aseguró que lo visitó tres veces solicitando pases.
La fiscal Moreno refutó tal aseveración indicando que los funcionarios pueden pedir pases y Pierina Correa lo hizo como Fedeguayas. Pero Tamayo no paró ahí. Aseguró también que el ex ministro del Interior, José Serrano, conocía de los listados que el teniente Ernesto Montenegro enviaba a la comandancia general de la Policía pidiendo los pases. También dijo que parte del dinero recaudado por la venta de pases fue al ministerio del Interior y a concentraciones de Alianza PAIS.
Serrano desestimó estas aseveraciones y en rueda de prensa mostró 350 documentos de funcionarios y personas que solicitaron pases en la Policía Nacional, entre ellos el asambleísta de oposición, Andrés Páez, en junio de 2004.
Otro detalle importante de la audiencia del caso fue cuando la defensa de Tamayo, desistió el 16 de septiembre de 2016, de convocar a sus testigos debido a información que circulaba en las redes sociales sobre la presidenta del tribunal judicial que lleva el proceso. Se refería a un tweet sobre la afiliación de la jueza Inés Maritza Romero al movimiento Alianza País.
El mismo día que Serrano intentaba desmarcarse de los ilícitos de los que le acusaban, en su testimonio el policía Alexis Cifuentes, arremetió contra el entonces ministro del Interior, asegurando que llevaron a su madre hasta el despacho del funcionario, donde él y la fiscal del caso Thania Moreno, le habían ofrecido beneficios en su proceso a cambio de que se declarara culpable.
Según diario Expreso, Serrano reconoció que habló con la madre del acusado. Quería que envíe un mensaje a su hijo: “que se entregue, que facilite las investigaciones porque podría beneficiarse”. http://www.expreso.ec/actualidad/acusado-dice-que-es-el-chivo-expiatorio-GH696080
Un elemento clave dentro del proceso fue el informe DAAC-0032-2017 en el que la contraloría evaluó la gestión de la Comisión Técnica de Pases, entre el 1 de octubre del 2012 al 31 de diciembre del 2015. Entre sus conclusiones consta que “existieron actos negligentes de los miembros de la Comisión, y de quien la presidía, pues se realizaron pases sin la autorización previa por parte de la Comisión Técnica (…) que ocasionó que se ejecuten movimientos del personal policial al margen del Reglamento de Designación, Pases y Traslados de Personal Policial y del Acuerdo 2405, ya que al establecer procedimientos para implementar la autorización de los trámites mencionados (pases) no detectaron inconsistencias e irregularidades, como el caso de 4.700 pases, que se ejecutaron sin documentación de respaldo o justificativos que demuestren el cumplimiento de los requisitos reglamentarios….Estos fueron soportados solo con partes informativos suscritos en su mayoría por el jefe de la Sección de Designación, Pases y Traslados de la Policía”.
La Contraloría determinó también que "los miembros de la Comisión Técnica, los directores de personal y los jefes de procesos de designación, pases y traslados que actuaron entre el 1 de octubre del 2012 y el 21 de julio de 2015 inobservaron normas contempladas en el Acuerdo 2405, el Reglamento de Designación y la Ley Orgánica de la Contraloría del Estado.
En este lapso de tiempo se concretaron 82.129 pases. Solo entre el 2014 y el 2015 se efectuaron 47.223 pases.
Es decir, en la auditoría del organismo de control se realiza un análisis que demuestra las irregularidades en las que incurrió la Comisión de Pases, presidida por Diego Fuentes Acosta, viceministro de seguridad interna, en delegación del entonces ministro del interior, José Serrano y otros servidores policiales como el director general de operaciones, el director general de personal, un asesor de seguridad designado por el ministro del interior, el suboficial más antiguo de la Policía Nacional y el representante de clases y policías.
Establece que era la comisión de pases, presidida por el ministro del interior y delegada al viceministro (José Serrano y Diego Fuentes, respectivamente) quienes tenía la responsabilidad de los pases policiales.
El fiscal Toainga verificó esto mediante el convenio de cooperación eficaz suscrito con el teniente coronel Aldrin Torres, jefe de pases de la policía y de la agenda de dicho servidor policial, donde se confirma quien dispuso dichos pases. Sin embargo aquellos altos funcionarios no fueron llamados por fiscal Moreno a que justifiquen sus actuaciones pese a que expresamente fueron quienes autorizaron los pases en unos casos y en otros los avalaron posterior a que se ejecute la orden del ministro del interior y de otras autoridades civiles.
Nombramiento al apuro de Thania Moreno coincide con inicio del juicio en el caso de pases policiales
El Consejo de la Judicatura organizó y concluyó de forma maratónica el concurso para el cambio de fiscales provinciales. El 7 de marzo de 2016 se hizo la convocatoria y en menos de 30 días hábiles se nombraron a 9 fiscales provinciales. Por lo tanto el Consejo de la Judicatura como la fiscalía incumplieron la Constitución, así como leyes, códigos, reglamentos e instructivos.
El art. 25 del Instructivo para el Concurso de Méritos y Oposición para la Designación de Fiscales Provinciales establece que la evaluación práctica la realizará un tribunal conformado por dos funcionarios designados por el Consejo de la Judicatura (juez / conjuez de la Corte Nacional designado por la Escuela Judicial y director nacional o provincial designado por el director general del Consejo de la Judicatura), y un tercer funcionario de la Fiscalía General designado por el fiscal general.
Sin embargo, la fiscalía no tuvo presencia en los tribunales que se conformaron para la valoración práctica y la calificación de los fiscales provinciales, es decir, no evaluó a los concursantes, por lo que el pleno del Consejo de la Judicatura, al emitir la resolución No. 060-2016 de 18 de abril de 2016, que aprueba el “Informe Final del Concurso para la Designación de Fiscales Provinciales a Nivel Nacional”, violó el mencionado artículo 25.
En la actualidad nadie recuerda que el Consejo de la Judicatura otorgó un puntaje de 50/100 a la evaluación práctica por considerarla la más importante. Y en ese contexto destacan que la omisión de los vocales del Consejo (al aprobar la Resolución 060-2016), irrespetaron el Código Orgánico de la Función Judicial (el art. 254) y atentaron contra la independencia e imparcialidad de la Fiscalía al manipular el concurso para favorecer a funcionarios públicos de, tal como establecen los arts. 176 y 178 del Constitución.
Como si esto no fuese suficiente los nombramientos de los fiscales provinciales se hicieron sin procesos previos de impugnación y control social, pese a que el artículo 176 de la Constitución preserva estos derechos ciudadanos en los concursos para designar a servidores judiciales. Con esos antecedentes se posesionaron los 9 fiscales provinciales, entre ellos Thania Moreno Romero, quien como fiscal de Pichincha debió conocer casos en los cuales estaban implicados servidores públicos con fuero de Corte, como el denominado “estrella dorada” o “pases policiales”.
Es decir, el Consejo de la Judicatura, violando su propio Instructivo, el Código Orgánico de la Función Judicial, los derechos ciudadanos de participación y control social previstos en la Constitución nombró a Thania Moreno, quien dejó de ser Fiscal 1 Fedoti 1, sustituyendo a Wilson Toainga Toainga que por el caso de fuero de algunos funcionarios públicos denunciados, estaba investigando el caso de los pases policiales.
Moreno fue nombrada y posesionada el 9 de mayo de 2016 a las 09H00 como Fiscal Provincial por el Consejo de la Judicatura, la misma fecha fijada para la audiencia preparatoria de juicio y sustentación del dictamen fiscal en contra de los servidores policiales y autoridades civiles por el caso pases. Se esperaba que la audiencia esté a cargo de Toainga, Fiscal Provincial titular hasta ese día; sin embargo, solo pudo instalarla, puesto que minutos después compareció la nueva fiscal provincial con modificaciones sustanciales en su tesis respecto al caso.
Lo ético hubiese sido que Moreno se inhiba de presidir la acusación fiscal y dejar a Toainga que desarrolle su teoría del caso. Pero no lo hizo: Moreno se metió con apretujones a dirigir esa audiencia y beneficiar a Serrano.
Hay que recordar que Toainga, antes de ser relevado del cargo, llamó a rendir versiones a José Serrano; Diego Fuentes Acosta, ex viceministro de Seguridad Interna; a Diego Fierro, asesor del ministro del interior; a Vicente Peralta, ex subsecretario jurídico de la presidencia; al mayor Francisco Saavedra Yépez, jefe de operaciones de la dirección general de inteligencia; y, al general Diego Mejía, subsecretario de policía del Ministerio del Interior.
Con el ingreso de Thania Moreno al proceso estos funcionarios ya no fueron convocados. La flamante fiscal fundamentó su investigación penal en una lista de 1.317 servidores policiales que se habría beneficiado con pases y que formarían la “estructura delincuencial” y sostuvo que el actual Comandante General de la Policía Nacional, el Inspector General de la Policía Nacional, entre otros altos funcionarios policiales, le pagaron al Teniente Alex Cifuentes para sus pases, es decir un oficial de rango inferior les cobró a sus superiores por sus pases.

¿Cómo Alex Cifuentes podía tener el poder político para actuar y ordenar a sus superiores? ¿Imagina usted a un oficial de bajo rango ordenar al comandante general disponer cobros? La respuesta es que si es posible, siempre que ese oficial represente la voz de las mas altas autoridades, como José Serrano.  Al interior de Carondelet también se sabía que Cifuentes era un “mimado de MarianaPico”, la funcionaria que manejó el despacho del presidente Correa. Thania Moreno lo sabía pero prefirió encontrar en Cifuentes al responsable mayor de toda la trama de corrupción organizada desde la presidencia y el Ministerio del Interior.
Para cerrar con broche de oro, la jueza ponente del caso pases policiales, Inés Maritza Romero Estévez hizo un reconocimiento público que comprometió su imparcialidad.  En la audiencia pública de juzgamiento, Romero reconoció ser militante del Movimiento Alianza PAIS, el partido de gobierno del ex Presidente Correa. Pese a ello, ni la fiscal provincial, ni los vocales del Consejo de la Judicatura han tomado ninguna acción en el caso.
En este maremágnun de dudas y cuestionamientos la Fiscal Moreno investigará por peculado al Fiscal General Carlos Baca Mancheno.

Lise Josefsen y Rebeca Calabria, Danwatch
Encontramos un gran surtido de barriles, tinas y cubos de pesticidas en un pequeño cobertizo junto a una de las muchas pistas para avionetas fumigadoras a lo largo y ancho de las provincias bananeras de Ecuador. Los numerosos contenedores dan testimonio de lo que realmente hay bajo la pegajosa llovizna de la que somos testigo en los campos del banano. Es última hora de la tarde y las fumigaciones han terminado a excepción de las avionetas que vuelven a la pista.
El nombre Dithane 600 aparece en muchos de los bidones. Es el aerosol químico más común en la producción bananera ecuatoriana, y está permitido en la UE. Otro de los pesticidas, uno que vemos en un cobertizo alambrado en una plantación bananera, es Gramoxone. Su principio activo es Paraquat, que está prohibido tanto en toda la UE. Jorge Acosta es piloto de avionetas fumigadoras retirado. Ha rociado toneladas de pesticidas sobre las plantaciones bananeras ecuatorianas, y sobre cualquier otra cosa que estuviera directamente bajo sus alas.
"Al principio, no sabía nada sobre los riesgos”, reconoce. Más tarde empezó a ser consciente del daño y en una conferencia, un toxicólogo nos dijo que podíamos beber un galón de Mancozeb, y que no nos pasaría nada ". Acosta le invitó a hacerlo él mismo delante de los allí presentes y el toxicólogo declinó la invitación.
"El peor pesticida aún en uso"
Antes de llegar a la historia personal de Acosta, detengámonos en uno de los siete productos químicos que están prohibidos en la UE, pero que se rocían a diario sobre las plantaciones bananeras de Ecuador: el paraquat.
Alexander Naranjo es ingeniero ambiental. En 2017, publicó el estudio “The Other War: The Pesticide Situation” en Ecuador para la organización ambiental Acción Ecológica, que mostró que había 26 ingredientes activos de plaguicidas en la producción bananera de Ecuador.

"El paraquat es verdaderamente tóxico. Es el peor pesticida que todavía se usa en Ecuador ", dice Naranjo. Un estudio de 2016 de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. mostró un vínculo entre paraquat y el riesgo de bronquitis crónica, trastornos metabólicos e incluso la incidencia de la enfermedad de Parkinson. Varios países europeos habían prohibido el paraquat antes de 2003, pero desde 2007 se convirtió en algo ilegal para toda la UE.
El paraquat es altamente tóxico y causa un daño inmediato si entra en contacto con la boca, el estómago o el intestino, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. El paraquat provoca reacciones químicas tóxicas en el cuerpo, principalmente en los pulmones, el hígado y los riñones, y también puede causar una mutación celular.
Dependiendo de cuánto se ingiere, el efecto tarda entre algunas horas y semanas antes de que las consecuencias de la exposición a la toxina sean evidentes. Estos pueden incluir insuficiencia cardíaca, renal y hepática, cicatrización de los pulmones, coma, edema pulmonar, y la muerte.
Según el Centro para el Control y la Prevención de las Enfermdades en EEUU, no existe un contra agente que pueda tratar a los pacientes envenenados con Paraquat. La autoridad estadounidense para la prevención de enfermedades recomienda que, si el Paraquat se deposita sobre la ropa, debe retirarse lo más rápido posible, y si está en una camisa, no debe quitarse por la cabeza, sino cortarse y colocarse en una bolsa. Si la sustancia entra en contacto directo con la piel, debe lavarse de la manera más rápida y exhaustiva posible. Tanto Paraquat como Dithane 600, con su ingrediente activo Mancozeb, son familiares para Helle Raun Andersen, un experto en medicina ambiental de la Universidad del Sur de Dinamarca. "Mancozeb es un fungicida y se sospecha que afecta la función tiroidea. Si las mujeres embarazadas están expuestas, puede afectar al feto, porque su cerebro en desarrollo depende de las hormonas de la glándula tiroides de la madre. Esto se ha demostrado en estudios de mujeres embarazadas y en estudios en animales ", dice Raun Andersen. El paraquat, por otro lado, es un herbicida, explica. "El paraquat y el diquat están
relacionados. Ambos son herbicidas que queman e irritan. El paraquat es el más peligroso, y la razón por la que no está permitido en la UE es porque daña los pulmones y su efecto puede ser extremadamente duradero ".
La enfermedad interminable
 Bidones plásticos vacíos son la evidencia del uso constante de productos químicos en el sector bananero, los restos suelen quedar en las cabeceras de las decenas de pistas para avionetas desde Esmeraldas hasta la provincia de El Oro
Las lesiones físicas y perceptibles más inmediatas no son las más graves, según el epidemiólogo Jaime Breilh, rector de la Universidad Andina en Quito y autor de varios estudios sobre los efectos de las aspersiones de plaguicidas en la salud de los trabajadores bananeros. Jaime Breilh explica que es posible que el componente cancerígeno no se manifieste de inmediato, pero podría manifestarse uno o incluso diez años más tarde, según lo nocivo que sea. Una cosa es el daño que provoca un pesticida en particular y otro, el método que se aplica para fumigar las plantaciones. Aproximadamente una vez a la semana una avioneta sobrevuela sobre cada una de las plantaciones de la región haciendo círculos lo suficientemente anchos como para llegar a todos los bananos y esto hace que algunas veces caiga también parte del pesticida sobre las poblaciones.
En promedio, el número de fumigaciones ha aumentado de 22 a 45 por año por plantación en Ecuador. Esto quiere decir una aplicación por semana, según el informe de Alexander Naranjo.
La UE reconoce que la fumigación aérea puede tener graves consecuencias negativas para la salud humana, y trata de evitar estas secuelas sobre los ciudadanos de la UE, gran cliente de las exportaciones bananeras de Ecuador. Por lo tanto, desaconseja la fumigación aérea de cultivos con pesticidas, a menos que existan condiciones excepcionales que hagan que la fumigación sea una ventaja en lugar de un riesgo para los humanos y el medio ambiente.
Sin embargo, en el caso del banano, corren riesgos para la salud, tanto los consumidores europeos al consumir un producto rociado con pesticidas nocivos, como los propios trabajadores de esta industria o los familiares que viven con ellos.
Niños bajo una nube de pesticidas
El capitán Acosta tomó conciencia de los agrotóxicos que por aspersión regó sobre las plantaciones cuando empezó a sufrir los efectos en su salud, entonces organizó a trabajadores y constituyó Astac, el síndicato que defiende derechos de trabajadores y habitantes cercanos a bananeras
El fallecimiento de la esposa de Jorge Acosta fue un punto de  inflexión en la carrera y en la vida de este piloto fumigador.  Abandonó su avioneta para siempre para crear ASTAC, el sindicato de  trabajadores bananeros ecuatorianos, y luchar por mejorar sus condiciones laborales y en algunos casos, velar por su integridad  física.
Las regiones bananeras se encuentran a la cabeza de las estadísticas nacionales en nacimientos de bebés con malformaciones, según un informe de la Defensoría del Pueblo, defensora de los derechos humanos del país. Un gran número de expertos creen que esto está ligado a los pesticidas que se rocían constantemente sobre los trabajadores y habitantes de las plantaciones bananeras. La conciencia estaba acabando con el piloto Jorge Acosta (57) cada vez
que se subía en una avioneta hasta que un día decidió bajarse de la avioneta para siempre."Una vez en la provincia de El Oro, tuve que fumigar sobre una casa de dos pisos. Había dos niñas jugando afuera. Cuando me acerqué con la avioneta, vi que estaban recogiendo la ropa. Me negué a fumigar sobre esa casa, esas niñas y esa ropa. Más tarde, el productor de banano se quejó de que no había fumigado su plantación ". Su crisis de conciencia no era algo que le afectaba solo a él. Sus compañeros pilotos sufrían por su salud y su conciencia. "Muchos de mis antiguos colegas tuvieron problemas de hiperventilación, visión borrosa y mareos. Cuando hablamos sobre nuestras experiencias, todos teníamos los mismos síntomas. Hubo un compañero piloto que se desmayó al salir de la avioneta después de rociar una combinación de Mancozeb y Calixin ", asegura.
Calixin también figura en la lista de productos químicos no aprobados para su uso en la UE. "Yo también sufrí pulso rápido, visión borrosa y cansancio, pero pensé que era un problema cardíaco. Fui al médico, pero dijo que todo
estaba bien, y que probablemente se debió a una intoxicación: la intoxicación por plaguicidas con toda probabilidad, porque los síntomas eran los mismos para todos los que trabajábamos en ello. Empecé a preocuparme porque un día, justo después de volar y rociar Mancozeb, casi me desmayo ", asegura Acosta.
Diariamente decenas de avionetas fumigan desde el cielo cientos de hectáreas de plantaciones de banano, ninguna institución ha realizado una seria investigación de los efectos de estos productos en la población 
El ingeniero ambiental Alexander Naranjo ha escuchado historias como las de Acosta antes. "El envenenamiento por Mancozeb es algo bastante común. Cuando se rocía, las personas deben evitar la plantación durante al menos 24 horas. No sirve de nada irse un rato", explica. Ninguno de los trabajadores a los que hemos entrevistado reconocen que nunca han abandonado el trabajo tanto tiempo después de fumigar. Algunos comentan que se van por la tarde cuando se realiza la fumigación y comienzan a trabajar otra vez a primera hora de la mañana del día siguiente. Casi todos reconocían que se les obligaba a continuar trabajando en la plantación mientras se estaba fumigando y en algunos casos se ponían a cubierto en alguna parte de la plantación.
Naranjo confirma que no solo los trabajadores bananeros están en riesgo, también lo están los miembros de las comunidades que viven cerca de las plantaciones. "Los aerosoles químicos se mueven con el viento. Se ha encontrado Mancozeb, por ejemplo, a un kilómetro de distancia de las plantaciones de banano. Los pesticidas son dinámicos: se mueven con los ríos, la lluvia y el viento ", asegura.
Un cóctel peligroso
Naranjo alberga serias preocupaciones sobre el uso de pesticidas. "La gente no entiende lo que significa ser el país exportador de banano más grande del mundo". Están orgullosos de nuestros plátanos, sin embargo, estos pesticidas se usan al azar. Es realmente una situación terrible ", dice. "Los productos químicos que están prohibidos en la UE se utilizan en todas las plantaciones convencionales de banano en Ecuador", explica Naranjo. Lo cual no quiere decir que Ecuador sea único entre los países productores de banano. "Lo mismo ocurre en Colombia, Costa Rica, Guatemala y Perú", aclara.
Parte del problema es que no se vierte un solo pesticida en la producción de banano. "Es un cóctel entero de pesticidas. Se mezclan varios, y uno de ellos es siempre Mancozeb. El problema es que se sabe muy poco sobre los efectos de esa combinación de pesticidas así ", dice Naranjo.
Efectos crónicos sobre la salud
Patricia Polo Almeida es geógrafa de la salud que ha realizado unaserie de estudios sobre la salud y las condiciones de trabajo de los trabajadores bananeros en varias provincias ecuatorianas. Sus informes muestran que los trabajadores son conscientes de que los pesticidas afectan su salud. Permanecen en sus trabajos para mantener a sus familias, pero no quieren que sus hijos los sigan en el negocio. "Sienten que no hay otras opciones a su alcance más allá del banano porque tienen familias y tienen que trabajar", dice Almeida.
No solo los trabajadores del banano tienen razones para estar preocupados. También los residentes de poblaciones cercanas tienen motivos, asegura Polo Almeida. "Están rociando un cóctel de productos químicos". La fumigación con
pesticidas desde un avión afecta a todos. Se mueve con el viento. Hay muchos niños discapacitados cuyos padres trabajan en el banano ", dice Almeida.
"El problema es la fumigación. Tiene un olor desagradable y contamina todo. Te mareas y te pica en la nariz. Las plantaciones de banano están cerca, pero la gente necesita trabajar. Si no lo hacen, ¿qué van a comer? ¿de qué van a vivir? ¿qué pueden hacer? Tienen que seguir trabajando o les despedirán". Según los estudios consultados, de los 26 pesticidas que se usan en Ecuador, siete son ilegal es en la UE, muchos de ellos porque son
demasiado peligrosos. Conoce a Jorge Acosta, un piloto fumigador que dejó su profesión porque le mataba la conciencia.

VIVEN Y MUEREN DEL BANANO
El pueblo de San Pedro de la "Y" está en el medio de múltiples plantaciones de banano. La mayoría de sus residentes trabajan en la industria bananera. Los plátanos son su medio de subsistencia y su maldición. Todos los que se ganan la vida en las plantaciones corren el riesgo de enfermarse. Algunos incluso mueren. San Pedro de la "Y", como cualquier otro pueblo típico ecuatoriano a lo largo de la costa, está rodeado de plantaciones de banano. Se encuentra en una de las tres provincias bananeras de Ecuador, Los Ríos, de donde provienen la mayoría de las bananas del país El ruido de las avionetas fumigadoras es parte del día a día. Y aquí la cosa se pone seria. Hay un porcentaje considerablemente más alto de cáncer y de bebés nacidos con malformaciones con respecto a cualquier otra provincia. Los expertos coinciden en la conexión entre estas enfermedades y el uso de pesticidas tóxicos sobre los campos de bananos.
Gregoria no ha vuelto a trabajar en la plantación desde que nació Taison. Ella dedica su tiempo a cuidar de su hijo, que ahora tiene seis años. Todavía usa un pañal, y probablemente lo hará por el restoEn una de estas casas humildes de San Pedro de la Y vive Sara. Al igual que el resto de los doscientos habitantes de esta aldea, la familia vive con las justas. La foto enmarcada de un hombre cuelga en una pared. "Soy su hermana", aclara Sara. Murió como consecuencias de los pesticidas en la cara.
Una familia afectada por pesticidas
Sara comienza a hablar sobre su hermano, enterrado en el cementerio de la iglesia. Poco antes de morir, fue a trabajar a la plantación. "Era casi como si el líquido se hubiera comido la mitad de su cara. Murió poco después de recibir pesticidas en la cara en la plantación. Los médicos no nos dijeron la causa de la muerte ni si los pesticidas fueron los culpables ", dice.
Sara tiene 40 años y ha vivido en este pueblo los últimos 13. No logra contener las lágrimas al hablar de su hermano. Después continúa con su hijo. Nació con múltiples malformaciones, como muchos otros niños de esta aldea bananera. "Mi hijo tiene problemas cardíacos, sus testículos no descendieron correctamente y tiene un tumor en la cabeza. Todo es muy complicado. Le han operado una vez y necesita tres cirugías más. ¿De dónde voy a
sacar el dinero para todos estos tratamientos?
El hijo discapacitado de Sara, Brandon, tiene diez años. A unos metros de distancia, parece un niño de cinco años. "Él no crece mucho ". Brandon nació prematuro y pasó sus primeras semanas en una incubadora. Según los toxicólogos y epidemiólogos, algunas de las consecuencias para la salud de los pesticidas, son los abortos espontáneos, los nacimientos prematuros, las malformaciones y otras discapacidades. Sin embargo, los habitantes de San Pedro de la Y nos aseguran que los médicos no les han confirmado nunca las evaluaciones de los expertos, o nunca por escrito, por lo que es difícil para ellos reaccionar para emprender acciones legales.
La pregunta más difícil
Brandon está en sexto grado y acaba de aprender a escribir su nombre. "Lo llevo a la escuela para que pueda hacer amigos", dice Sara. Se le saltan las lágrimas otra vez mientras hablamos sobre el futuro de su
hijo. "Esa es la pregunta más difícil. ¿Qué será de él cuando yo ya no esté aquí? No tengo respuesta para eso ". Mientras hablamos con Sara, escuchamos las avionetas. Están fumigando las plantaciones de banano alrededor de la pequeña aldea. Según los expertos y los residentes, aquí es donde comienzan los problemas. "Cuando escuchamos las avionetas, nos vamos dentro. Deberían advertirnos antes de fumigar, y sí, no deberían fumigarnos a sobre nuestra comunidad, sino sobre las plantas de banano ", dice Sara con una expresión de resignación.
"Estamos rodeados de plantaciones de bananos, ese es el problema. Creo que los problemas de mi hijo están relacionados con los químicos que están rociando. Solían rociar nuestro pozo ". El esposo de Sara trabaja en una plantación. "Es el único trabajo que hay por aquí". Sara nunca ha ido a la escuela, y no sabe leer ni escribir. Ella quiere mostrarnos la documentación del médico y el hospital, pero no entiende qué dicen. Los documentos médicos no describen una conexión directa entre los pesticidas y las enfermedades de su hijo, algo que escuchamos de varios otros trabajadores y familias que entrevistamos en el área.
¿Realmente no hay conexión entre los pesticidas y las enfermedades y lesiones que sufren los trabajadores bananeros? Los expertos consultados creen que hay una conexión fuerte.
Más enfermedades en las regiones bananeras
Adolfo Maldonado asiente al describir la falta de información de Sara sobre la muerte de su hermano y la enfermedad de su hijo. Ya lo ha escuchado antes. Es especialista en enfermedades tropicales y autor de varios estudios
sobre las consecuencias para la salud del uso de pesticidas al que se ven sometidos los trabajadores bananeros y las comunidades locales en Ecuador. "Es muy difícil estar 100% seguro de que una enfermedad o lesión específica puede ser atribuida a los pesticidas, pero estos tipos de problemas genéticos son consecuencias típicas de estos químicos. Y las tasas significativamente más altas de enfermedad son muy llamativas en estas regiones", dice Maldonado.
En 2007, Maldonado fue coautor de un informe que examina los efectos de la contaminación ambiental como consecuencia del uso de plaguicidas en la región de Las Ramas-Salitre-Guayas. El informe mostraba que los
recién nacidos en Ecuador en ese momento tenían un 0,22% de riesgo de nacer con malformaciones. En las provincias bananeras, sin embargo, el riesgo fue de 2.58%, es decir más de once veces mayor.
El sueño de Sara es que sus hijos vayan a la escuela y tengan la alternativa de trabajar en otro lugar que no sea en las plantaciones. "Solo quiero que mis hijos reciban una educación, para que no terminen como yo. Espero que no acaben en una plantación bananera donde rocían pesticidas, y donde les puede pasar lo mismo que a mi hermano. Tampoco fue a la escuela, no sabía escribir ni su nombre, y es por eso que terminó en la plantación".
Afuera, el calor es seco y sofocante. Una mujer se sienta a dar el seno a su bebé en el patio de su casa. Las hojas de banano se meten en el patio.

La enfermedad de mi hijo fue causada por los pesticidas
A escasos metros de la madre alimentando al bebé vive Gregoria Ramírez. Tiene 45 años y trabajó durante 11 años en una plantación. Es madre de cuatro hijos. El 9 de marzo de 2011, su vida y la de su familia cambiaron para siempre. El cuarto hijo de Gregoria, Taison, nació con malformaciones: un agujero en la columna vertebral, un testículo no descendido y un pie torcido. En los embarazos de los tres hijos mayores no trabajó en la plantación. En el de Taison, lo hizo dos meses.
"Pregunté en el hospital qué lo había causado y me dijeron que eran los productos químicos. Me preguntaron si había trabajado con plátanos. Dije que sí, trabajé en una plantación, y también mi esposo. Los doctores me dijeron que esa era la causa; que, si trabajas con esos químicos y te quedas embarazada, el bebé nacerá con deformidades".
Al igual que Sara, Gregoria no pudo hacer que los médicos evaluaran por escrito que las enfermedades de su hijo estaban relacionadas con los pesticidas. Sin embargo, tras nuestra estancia en las plantaciones bananeras, le mostramos el historial médico y los diagnósticos de muchos de los enfermos a los que entrevistamos y que nos ceden su material para escuchar la versión del Dr. Maldonado. Respecto al caso
del pequeño Taison, éste médico tropical no tiene dudas. "Estos son síntomas absolutamente típicos de los efectos de estos pesticidas", dice Maldonado. De su vida, dice Gregoria. "Quién sabe cuánto tiempo vivirá", dice ella.
"Está mal que fumiguen"
Aquí la comunidad está acostumbrada a las avionetas fumigadoras. "Está mal que fumiguen. Cuando llegan las avionetas, entramos rápido a la casa porque apesta. El olor entra a la casa también. El líquido se
pega a las plantas y flota en el agua en el río como el aceite. "Creo que está mal, pero no hay otro trabajo aquí. Tienen que trabajar allí". Así dice otro de los vecinos de Gregoria, Cerilo Calderón. Lo
despidieron de la plantación hace unos años, tras perder la vista. Él cree que fue por los pesticidas, pero no tiene un diagnóstico por escrito que lo respalde. Todas las casas del pueblo tienen historias similares que contar, y
todas las historias giran en torno a las palabras "enfermedad", "bananos" y "pesticidas".
"Solo espero que mi hijo no termine como yo"
También conocemos a un trabajador bananero de 28 años, a quien llamaremos David, que deseaba permanecer en el anonimato por miedo a perder su trabajo y meterse en otro problema. Él ha trabajado limpiando las plantaciones durante tres años. David vive a 200 metros de una hacienda y se sienta a hablarnos en frente de la carretera con su hijo dormido de tres meses. "Quiero lo mejor para mi hijo". No quiero que termine como yo, trabajando en una plantación", dice David. Él es muy consciente de los muchos químicos a los que se ve sometido en el trabajo que desempeña.
"Cuando fumigan desde el aire y estamos trabajando abajo, nos empieza a picar todo el cuerpo. Fumigan algunos productos químicos realmente fuertes ". Gramoxone, Basta, Glifosato. David sabe los nombres, y sabe que es
venenoso, dice. ¿Pero de qué le sirve eso a él? "No hay otro trabajo para nosotros, los pobres sin educación. Es la única forma en que puedo ganar suficiente dinero para mantener a mi
familia ".
Los químicos fueron una muerte lenta para mí
Trabajar en el banano arruinó su vida. Los pesticidas lo enfermaron, o al menos eso le dijeron los médicos. Nunca le dieron por escrito cual era la causa real de su enfermedad, sin embargo, a Efrén Vélez Cedeño
le daban a entender que los pesticidas fueron los responsables. Los trabajadores con los que nos pusimos en contacto, coinciden en que este es un problema generalizado.
A las tres y media de la tarde, comenzó a vomitar sangre. Después se desmayó. "Vomité sangre cinco veces. La última vez no recuerdo", dice Efren Velez Cedeño, de 56 años, al describir su último día de trabajo
hace ya cuatro años.
Durante treinta años, se dedicó al control de calidad del banano que se exporta a Rusia o países de la UE. Ese día de febrero de 2013 fue su último día de trabajo. Cedeño recibió un diagnóstico de cirrosis hepática. Descarta la ingesta de alcohol como causante de la enfermedad, el origen debía ser laboral. Al estar en contínuo contacto con los pesticidas, los médicos le aconsejaron que no reanudara el trabajo, porque su enfermedad empeoraría volviendo a estar cerca de los químicos.
"Los doctores dijeron que probablemente los pesticidas habían arruinado mi cuerpo y arruinado mi vida. También dijeron que examinarían mi caso más de cerca, pero nunca lo hicieron ", dice Cedeño.
Una muerte lenta
Aunque los médicos le aconsejaron no volver a la plantación por su proximidad a los pesticidas. "Los productos químicos fueron como una muerte lenta para mí", dijeron. Sería mejor tomar precauciones y no volver a estar expuesto a
los pesticidas. Pero no me dieron un certificado escrito para confirmar que fueron los productos químicos los que me enfermaron ", dice. 
"Un médico me dijo que solo estaban siguiendo órdenes desde arriba",dijo Cedeño, pero no le dijeron nada más sobre lo que podría significar. Todas las personas enfermas con las que el equipo de reporteros tuvo contacto y entrevistó, que trabajaban en plantaciones o viven cerca de plantaciones, cuentan la misma historia: que sus médicos les dicen extraoficialmente que su enfermedad la han causado los pesticidas, pero cuando llega el momento de obtenerla por escrito, los doctores pusieron reparos o se negaron. El banano significa mucho cualitativa y cuantitativamente para Ecuador, y pocos se atreven a tocar una industria tan poderosa, especialmente si viven y trabajan en una de las provincias productoras de banano del país.
Cedeño tiene esposa, dos hijas y cinco nietos. La familia vive en un barrio muy humilde a las afueras de Quevedo, una de las principales ciudades de la región bananera de Ecuador. Viven juntos en una habitación, que también es cocina.
En varias ocasiones, mientras trabajaba en las plantaciones, le atrapó una nube de pesticidas, dice. "Quema la piel. Picaduras y picazones. Nunca nos dijeron de antemano que los aviones iban a fumigar. Nunca. Teníamos que tratar de
escondernos debajo de algún plástico". Él trata de mantener la calma mientras nos cuenta su historia. Los médicos le han aconsejado no llevarse disgustos que pudiesen afectar a la salud. 
El equipo de reporteros contactó con varias plantaciones de banano en un intento de entrevistar a sus propietarios. Ninguno estaba interesado en hablar con periodistas.
Sueños que nunca se hicieron realidad
Actualmente, Efrén Vélez Cedeño se preocupa por sus colegas del gremio del banano. "Hay 200,000 de nosotros que trabajamos directamente en el negocio de exportación de banano en Ecuador. ¿Cuántos miles de
nosotros nos enfermamos?”  Al igual que el resto de trabajadores con los que hablamos, siente que no tienen otra opción. 
Cedeño no parece un pusilánime, sin embargo, cuando le preguntamos si lamenta haber trabajado en la plantación, tarda más de la cuenta en contestar. "Por un lado, valió la pena, porque sustenté a mi familia y pudimos
vivir de ello. Pero, por otro lado, ha sido mi perdición, debido a esta enfermedad. Espero que, si luchamos hoy, mientras aún vivimos, las próximas generaciones puedan evitar lo que me sucedió. Espero que no todos se contaminen como yo y que los pesticidas no los maten ".
Eduardo Ledesma, presidente de los exportadores de banano:
"Cumplimos con todas las regulaciones"
Eduardo Ledesma, presidente de los exportadores de banano de Ecuador, ha trabajado en la industria bananera durante veinte años y nos recibe en su oficina en el puerto de Guayaquil, la ciudad más grande del
país. La industria bananera es una de las más importantes en Ecuador, y muchas personas dependen de ella. Más de 200,000 personas recogen y empacan bananas en las 5737 plantaciones del país, que ocupan unas
163,000 hectáreas. Según la organización comercial de la industria en Ecuador, el país representa el 29% de las exportaciones de banano en todo el mundo.
Eduardo Ledesma habla del orgullo ecuatoriano por la industria. "El banano es un referente a nivel nacional e internacional, pero es una constante pelea con el gobierno, el país no lo reconoce. Sí, los ecuatorianos presumen de banano, pero el gobierno no le da la atención que le debería dar al banano… Lamentablemente los políticos se volvieron bananeros y los bananeros se volvieron políticos”.
P: ¿Y las exportaciones? ¿Mejorará con la UE a partir de ahora?
El año pasado exportamos 319 millones de cajas y este año hemos de pasar 323, estamos creciendo en un 2 ó 3 %
P: ¿Quiénes son sus clientes más importantes?
Vendemos más a Rusia, con un 25%. Para la UE como un bloque, vendemos el 33%, y luego los EE. UU. Con el 9%.
P: ¿Cuánto cuesta una banana en Ecuador? ¿Sabe cuánto vale en Europa?¿Quién gana en este proceso?
Casi los regalan en los supermercados. No se venden individualmente, y un kilo cuesta aproximadamente $ 0,50. Digamos unos 10 centavos por plátano. Los supermercados son los grandes ganadores, pero también son
los más exigentes. La producción de banano en Ecuador cumple con todas las regulaciones internacionales. Defendemos las normas internas para proteger a los empleados, les pagamos por encima del salario mínimo,
por supuesto, respetamos las normas medioambientales, los acuerdos sociales, las leyes bananeras y el seguro social. Cumplimos con los requisitos de la UE con respecto a la tolerancia a los pesticidas. La
tendencia en Ecuador es ir eliminando plaguicidas de acuerdo a las necesidades o exigencias de cada país. Ecuador no utiliza productos que no están permitidos en la UE o los EE. UU.
P: Puedo garantizarle que algunas de las plantaciones que hemos visitado usan pesticidas prohibidos por la UE.
R: No sé a qué haciendas han ido que hayan visto pesticidas no autorizados por la Unión Europea para hacer las denuncias respectivas. No me sorprende porque de todo hay en la viña del señor y nosotros
como asociación tratamos de que nuestros asociados cumplan con las reglamentaciones.  Lo que sí sé es que hay un terrorismo por parte de Europa que vienen a molestar y a afectar al sector bananero ecuatoriano. ¿Por qué no se van a Guatemala donde pagan 6 dólares y nosotros pagamos casi 30? ¿Por qué no se van a Guatemala a afectar y molestar? Hemos pedido a la Cancillería y al Ministerio de Comercio Exterior que tome cartas en el asunto y mande las quejas respectivas sobre estas empresas que quieren afectar a Ecuador.
P: ¿Los pesticidas que se utilizan en Ecuador afectan a la salud humana?
R: Algunos si y otros no. Hay que usarlos de acuerdo a la reglamentación de pesticidas. Los pesticidas que se utilizan aquí son los mismos que se utilizan en Guatemala, Colombia que van a todos los países. Si están prohibidos por la UE le puedo asegurar que no se utilizan aquí. Y si es así, dígame el nombre del producto y de la bananera. A ver dígame quienes son, dígame quienes son. Si es periodista y es frontal, dígalo, es obligación de ustedes denunciar.
Si usted es una periodista idónea dígamelo. Con mis asociados no se aplican pesticidas prohibidos por la UE.
P: Sr. Ledesma, hemos hablado con trabajadores que nos aseguran que trabajan en las plantaciones mientras están fumigando.
Eso es mentira. Eso es mentira, porque los trabajadores son notificados. Deja de insistir en eso, porque es una mentira. Obviamente he estado presente cuando están rociando, y nadie es tan
estúpido como para hacer eso. Te digo, es una mentira. Si realmente quieres convertir la verdad en una mentira (libras sobre la mesa), entonces terminemos esta entrevista. Te digo, es una mentira. Eso es falso eso es falso porque mientras se da el anuncio los  trabajadores se es falso, no siga insistiendo porque es falso. Yo he estado cuando fumigan por supuesto que sí y nadie es tonto para estar fuera del sitio. Le estoy contestando que es falso. Si usted quiere
sacar de verdad a mentira, (golpe en la mesa) terminemos la entrevista. Es falso.
P: Hemos visitado comunas donde viven trabajadores y ex trabajadores de banano. Dicen que las avionetas fumigan sobre ellos.
R: No es verdad, pues no es verdad señorita. Es falso es falso hay más contaminación en otros productos que en banano. En banano no cabe la contaminación porque no la utilizan las personas. Viene en un avión con un GPS que controla donde tiene que caer y cómo tiene que caer. Si las personas están guarecidas, si se fumigase sobre poblaciones o de una forma irresponsable, probablemente ocurriría. Son datos falsos probablemente de algún país competidor que quiere afectar a Ecuador.
P: Pasemos al tema de la enfermedad. El informe de Manuela Espejo demuestra que la incidencia de enfermedades como el cáncer es significativamente más alta en las regiones productoras de banano que
en otras.
R: Eso no ha sido probado. No confío en el informe de la institución en cuestión.
P: El informe de Manuela Espejo también analiza la incidencia del cáncer y bebés que nacen con malformaciones cerca de las plantaciones de banano.
R: Eso no es verdad. Si usted me va a seguir preguntando sobre cáncer y malformaciones se lo voy a seguir negando porque no son realidades. No es verdad puede haber un informe o muchos informes amañados. ¿Por
qué no han ido a Colombia, han ido a Costa Rica han ido a Guatemala? ¿Filipinas? ¿India?
P: ¿Qué tipo de documentación necesitaría para admitir que este es un problema real?
R: Yo creo que la poca documentación es una documentación alterada con efecto de hacer daño.  Estoy seguro de que no la hay y si la hay, es forzada. No. Creo que mis productores bananeros cumplen con todas las
normativas.

Christian Zurita Ron, Fernando Villavicencio, Cristina Solórzano
Los Alvarado Espinel son una familia unida. No solo obtuvieron un título universitario inexistente con una tesis copiada en conjunto (padres e hijos), sino que también edificaron un auténtico emporio económico al calor de la revolución ciudadana. Un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) realizado a las empresas de la familia Alvarado Espinel, cuyos ex hombres duros de la propaganda gubernamental en la década perdida (Teodoro Fernando y Roldán Vinicio), evidencia indicios penales en contra de los zares del correato. El referido informe de la UAFE incluye una carta de una consultora internacional en la que se observa el comportamiento irregular de las empresas de los Alvarado, en particular de la firma Creacional, la compañía estrella de Vinicio Alvarado Espinel. Las observaciones hablan de “corrupción y lavado de dinero”.
El documento que está en nuestras manos, presenta un detalle de los ingresos de cada uno de los miembros de esta familia que desde el poder rearmó y constituyó empresas que florecieron económicamente pero que sobre todo arrinconó a la prensa y a las organizaciones sociales; abusó y corrompió periodistas; enjuició a ex funcionarios, como Mónica Chuji, que los llamó nuevos ricos y fue sentenciada por el juez Wilson Lozada, uno de los empleados judiciales al servicio del régimen.
Las familias Alvarado Espinel, Alvarado Echeverría y Alvarado Recalde, suman decenas de millones de dólares en sus cuentas, no solo empresariales sino personales, aquí los datos. 

Fernando Alvarado Espinel, el ex secretario de comunicación del Estado, registró depósitos y transferencias en su cuenta bancaria (2010-2017) por $240.464. Ese dinero rara vez se usó para pagos diversos como tarjetas de crédito, pensiones educativas o consumo de combustibles y es posible que no haya invitado una cena a sus allegados porque los egresos apenas representaron el 1% anual de ese monto. Su esposa  Alicia Echeverría tiene un comportamiento financiero similar,  sumó en su cuenta,  en 8 años,  $92.628 y gastó apenas  $1.995 en el mismo período de tiempo. Su hijo, Fernando Andrés Alvarado Echeverría, tiene tres cuentas en el banco del Pichincha que entre 2010 y 2017 recibieron cerca de 87 500 anuales ($699 056).

Diario El Universo retrató en 2011 en sus páginas a padre e hijo el día de la boda José Francisco,el hijo que tiene en sus cuentas mas dinero que su padre
Su otro hijo, José Francisco, dueño de Vialmesa, la empresa que acaparó los contratos estatales  de transporte de urea y otros productos agrícolas, recibió en sus seis cuentas bancarias entre 2010 y 2017 $1 371.392. En ese mismo período realizó egresos  por $312 426 y de ese monto $109.000 fueron transferencias a sus mismas cuentas o de su esposa.
José Francisco Alvarado comparte capital accionario en la empresa Jazznsub S.A con su hermano Juan Diego Alvarado Echeverría con ingresos en el mismo período por $551.759.
Daysi Soraya Alvarado Espinel tiene ocho cuentas en el banco del Pacífico que recibieron ingresos por $127026 y gastos en 8 años por $49.103.
Julio César Alvarado Espinel: $610.581 en ocho años y gastos por 204.027, un promedio de $25503 dólares de gasto por año.
Humberto Alvarado Espinel no se queda atrás, en sus nueve cuentas recibió ingresos $1.806.966 (2010-2017); sus gastos en los 8 años fue de $307.705.
El padre de los hermanos, el desaparecido Humberto Alvarado Prado, dejó en sus cuatro cuentas bancarias $112 231. Su esposa, Daisy Espinel Álvarez, recibió depósitos y transferencias entre 2010 y 2017 por $342.035 pero generó gastos por $230.753.
Roldán Vinicio, el parietal izquierdo, cerebro creativo de los hermanos Alvarado Espinel, registró en sus cuentas ingresos por $955.278 y sus gastos (entre 2010 y 2017) fueron $410.445.
La ex esposa de Vinicio Alvarado, Catalina Alexandra Recalde Llauca, en sus dos cuentas bancarias sumaron (2010 y 2017) $1.203.983 y ese mismo tiempo gastó $173.229.
La empresa Arkae en la que Humberto Alvarado Espinel es accionista, mantuvo ingresos (2010-2017) por $ 1.556.980 y egresos por tan solo $134.693. Un  monto muy bajo de gastos o egresos para una empresa. Entre los ordenantes de esta compañía aparece  la constructora Norberto Odebrecht por $136.071.
La empresa Biogenesis S.A. de la que Julio César y Daisy Soraya Alvarado Espinel, junto a Daisy Espinel Álvarez, son accionistas es una de las pocas que muestra un movimiento financiero algo normal: en los ocho años recibió $1.060.449 y mantuvo egresos por $872.443. Al menos $160.000 de esos egresos se direccionó a ellos y las empresas relacionadas.
CREACIONAL
La empresa emblema de los hermanos Alvarado Espinel recibió ingresos entre 2010 y 2017 por $124.626.838, el dinero se repartió en 28 cuentas que la empresa mantuvo en la banca nacional pero los egresos en ese mismo periodo de tiempo fueron de $6.797.197.
El Servicio de Rentas Internas (SRI) reconoce además altos montos por salidas de divisas de Creacional, por ejemplo en 2010 transfirió a Chile, Estados Unidos y Panamá $157.892,31
Al año siguiente, 2011, transferencias a Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos y Namibia por $213.864. En 2013 transfirió $372.849 a 9 países entre ellos México, Estados Unidos, Irlanda, Argentina; el nombre de Namibia se repite.
En 2014 la salida de divisas ascendió a $589.764; a Estados Unidos fue el monto mas alto transferido: $369.587.
A 2015 el monto de salidas de capitales fue $684.302,55. En 2016: $1.233.060 e incluye países como Singapur, Luxemburgo e Irlanda que registró transferencias por $593.879,58
2017 registró  $1.197.748, 48 mientras que en los 7 años analizados apenas registró entrada de divisas por algo mas de un millón de dólares.
Segú la UAFE el principal cliente de Creacional es la multinacional General Motors con  $27.659.222,89. En mayo de 2017 el portal milhohas.is presentó un amplio reportaje sobre el conflicto de intereses entre Alvarado, Creacional y General Motors. La contratación de la empresa de publicidad de uno de los hombres fuertes del régimen de Correa, Creacional de Vinicio Alvarado, parece estar en el corazón del  éxito de la “estrategia empresarial” del Gerente de General Motors Ecuador. https://www.milhojas.is/#.WnE8W2wFiKs.twitter
El mismo portal milhojas junto a ecuadortransparente.org presentaron un detalle de los llamados papeles de Godwin que refiere a los cobros realizados por los Alvarado a las empresas de publicidad del país y el ataque por redes que recibieron los opositores del gobierno https://ecuadortransparente.org/papeles-godwin/
La información financiera revisada incluye a más de General Motors a otra de las importantes contratistas de Creacional: Odebrecht, acusada de corrupción en todo el mundo y que le costó el puesto de vicepresidente a Jorge Glas. Incluye además significativos contratos de los medios públicos como TC televisión y Gamavisión que estaban dirigidos por Fernando Alvarado, ampliando más el conflicto de intereses de la familia en el gobierno de Rafael Correa.

Durante una reunión con asambleístas y militantes del ala correísta para exponer los lineamientos generales de la campaña por el NO en Guayaquil, el ex canciller Ricardo Patiño, trazó varias de las estrategias, resaltando su énfasis en las preguntas 2,3 y 6, no sin antes reconocer que el aleccionamiento impartido por el anterior régimen a la ciudadanía no ha sido suficiente.
El contenido de la pregunta #2 que se planteará al electorado el 4 de febrero es: ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas una sola vez, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi, y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre del 2015?
La pregunta 3 dice: ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos…?
Y la pregunta 6: ¿Está usted de acuerdo con que se derogue la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de Tierras y Especulación de Tributos, conocida como Ley de Plusvalía…?
En un video que está circulando en redes sociales, Patiño ponderó lo que su organización ha bautizado como la década ganada, mencionando que esa es una fortaleza que no la tiene nadie más. Y luego continuó su alocución denigrando y ridiculizando al presidente Lenín Moreno. Le tachó de no tener nada que presentar a la ciudadanía ni siquiera en el discurso.
Frente a lo hecho por un conjunto de opositores a los que también descalificó, el ex canciller reivindicó supuestos logros de la revolución ciudadana. Pero al mismo tiempo reconoció y lamentó que el gobierno de Rafael Correa no haya podido completar el adoctrinamiento del pueblo ecuatoriano, pese al esfuerzo de una década de sabatinas y estado de propaganda. A eso le atribuye el ex canciller que les esté tomando más tiempo, del que debería, derrocar a Lenín Moreno por su traición. 
En un intento por alentar a su militancia, Patiño aseguró que aún cuentan con el apoyo de sectores populares, como  el suburbio del suroeste de Guayaquil, donde el ala correista de AP hizo un recorrido para promocionar el NO. Sin embargo, admitió que si acudieran a hacer campaña en sectores de clase alta como Samborondón y sobre todo la Isla Mocolí, donde reside el alcalde de Guayaquil Jaime Nebot, enfrentarían el rechazo de la gente. Aunque parece no recordar que varios de quienes fueron asambleístas y funcionarios guayaquileños del Gobierno correísta residen ahora en esas zonas. En cuanto a las preguntas que se plantearán a la ciudadanía en febrero aclaró que si bien la campaña de los correistas será por el NO a toda la consulta, su objetivo central será señalar la inconstitucionalidad, la ilegitimidad y la trampa que supuestamente se encierra en las preguntas sobre la alternabilidad en el poder, la restructuración del Consejo de Participación Ciudadana y la derogatoria de la Ley de Plusvalía.
La lealtad y la traición fueron recursos constantes en un discurso que pretendió ser motivador por parte de Patiño. En esa línea elogió a la militancia correísta, destacando sobre todo la actuación de varios miembros del buró político, como Gabriela Rivadeineira, Paola Pavón y Virgilio Hernández. También agradeció a la bancada correísta de AP en la legislatura por no sucumbir hacia el morenismo.
Estas declaraciones de Patiño se conocen a pocas horas de que se hiciera público un video de su hermano, ex asambleísta y ex secretario de Inteligencia del correísmo, Raúl Patiño,  quien aseguró que sabía que las obras del anterior gobierno se hacían con sobreprecio, pero que les tenían prohibido fiscalizar a los amigos del entonces mandatario, Rafael Correa.

LEA LA TRANSCRIPCIÓN COMPLETA:
“Lo hecho, la década ganada. Esa es una fortaleza que no la tiene nadie más. Lenín Moreno puede hablar las pendejadas que le dé la gana. No tiene nada que presentar (empiezan los aplausos). Es solamente la especulación, la mentira, el show, el espectáculo, los chistes cojudos, eso es lo único que puede presentar porque lo máximo que puede hacer en términos de contenido es contar unos chistes cojudos o pornográficos. O decir cosas para que la gente se ría…
¿Qué nos puede ofrecer Nebot, tal vez a Guayaquil puede decir que ha hecho alguna obra en Guayaquil. Pero a nivel nacional qué puede ofrecer Nebot, qué puede ofrecer Lucio, qué puede ofrecer Bucaram, si no asco. Nosotros tenemos una década ganada. Esa es una de nuestras principales fortalezas.
Lo segundo, qué otra fortaleza? es un pueblo que un nivel de conciencia logró. No podemos decir que tiene un altísimo nivel de conciencia. No, todavía no. Pero allí es en donde el presidente Correa nos ha dicho, es en donde nos faltó trabajar un poco más. A pesar de todo lo hecho, esos enlaces ciudadanos, esos gabinetes itinerantes, por supuesto que eran muy importantes en términos de ir generando conciencia, pero faltó más, faltó más de un trabajo  político desde nuestro movimiento, de un trabajo en las organizaciones sociales para que no hubiéramos tenido que esperar siete meses para esta reacción, si no que al mes ya debía haber estado el pueblo levantado en contra de la traición. Ahí nos ha faltado. 
Pero sí tenemos a un pueblo consciente. Lo dijo hace un momento la querida compañera Gabriela (Rivadeneira). Ayer en la noche hicimos un recorrido hasta muy tarde en la zona del suburbio suroeste de Guayaquil y  también notamos reacción negativa sí, pero yo diría, porque yo iba en la parte de atrás viendo las reacciones que quedan después, diría que un 5% de gente o menos, que decía que estaba en contra, que decía voy a votar sí. Pero la mayor parte de la gente y no de cualquier manera, con altísimo entusiasmo, con mucha emoción, salía de sus casas a decir que estaba con la posición del mashi, estaba con Rafael. Claro, estamos en el suburbio suroeste, no estamos en Samborondón, en la isla Mocolí, donde vive Nebot. Por supuesto ahí nos habrían tirado tomates y cuántas otras cosas. 
Estamos en sectores populares y eso es un elemento fundamental de nuestro proceso que nos puede permitir regresar a tomar el poder. Y a retomar el camino, no es tanto el poder, a retomar el camino.
Luego lo otro también es importante, la militancia. No estamos hablando del pueblo. Lo del pueblo es lo más importante pero es esta militancia compañeros que yo quiero aplaudir, que aplaudamos esta militancia (aplausos),  que se mantiene firme, que no está buscando un puesto, que está buscando un ideal. Esto es fundamental, sin este motor, sin este recurso fundamental no podríamos lograr los resultados y algo clave son los liderazgos que tenemos. Además de la militancia en general nuestra, son determinados liderazgos y entre ellos uno fundamental,  Rafael Correa.
Se me pueden quedar algunos elementos en el tintero, pero esto yo diría que es fundamental.
Quiero que aprovechemos este momento para reconocer un factor clave político de estas últimas semanas, de estos últimos meses que ha sido nuestra bancada legislativa. Quiero pedirle a los compañeros de la bancada que se levanten por favor (aplausos). Felicitarles a ellos. Qué enorme importancia que tiene el trabajo que ellos han hecho, la lealtad, la firmeza. De todo les han ofrecido.
Ha sido muy importante esa firmeza de los compañeros. Insisto, cuántas ofertas, cuántas cosas, cuántas persecuciones y ahí están y es difícil mantenerse así, mantenerse en una situación de esa naturaleza. 
Además de eso pues Gabriela, Paola, Virgilio, todos los compañeros que forman el buró, un equipo de gente que sostiene esto y que es importante.
Estos son elementos de nuestra fortaleza y tenemos que también reconocer la necesidad de hacer una serie de correctivos. Uno de ellos, de los más importantes que es volver a nuestra base. Ese es nuestro principal refugio, nuestra principal fortaleza. Lo que hemos dicho que tenemos en positivo pero que tenemos que ampliar, allá a la ciudadanía. No vamos a convencer solamente a los militantes, tenemos que ir a convencer a la ciudadanía.
Quiero, hasta que llegue Rafael, que está atendiendo una serie de cosas. Ahorita el tiempo de Rafael tenemos que utilizarlo para sacarle todo el jugo posible, en reuniones,  contactos, etc. Quiero presentarles esto que deben trabajarlo en cada una de las provincias también…
Objetivo general: el objetivo que nos debemos de proponer es que el NO gane en las preguntas 2,3 y 6. Esto no quiere decir, y muy bien lo aclaraba Gabriela (Rivadeneira), tal vez no necesito ahondar más, solamente repetir lo que ella decía, nuestra campaña es por el NO a la consulta. Y vamos a  señalar cuáles son las razones: hay clara inconstitucionalidad, es tramposa, hay preguntas que son innecesarias e intentan engañar con las preguntas 2,3 y 6; es ilegítima además porque el pueblo no votó por eso. Hay un montón de razones.
Debemos decir No y un NO  por la traición es muy importante. La gente está harta, incluso hasta la gente de derecha, la gente que no está con nosotros. Yo me he encontrado mucha gente que me ha dicho, “yo de verdad no estoy con ustedes, pero esto de la traición es terrible”. No importa con quién estés pero esto que se traicione es el sentimiento más bajo, no tener capacidad de lealtad con un proyecto o con personas con las que has trabajado con las que te has identificado permanentemente”.

30 de septiembre de 2010, fue el día que marcó el cambio de la democracia en Ecuador. Correa estuvo en real peligro pero supo sacar provecho y fue la pauta para perseguir a culpables e inocentes.

MilHojas.is

La Contraloría General del Estado identificó a Carlos Baca Mancheno, el actual fiscal general del Estado, a Pablo Romero Quezada, exsecretario nacional de inteligencia (Senain) entre otros funcionarios, como autores del presunto delito de peculado. Lo estableció en un informe del 23 de diciembre de 2016 que fue dirigido por el Contralor Subrogante, Daniel Fernández de Córdova, al entonces fiscal general Galo Chiriboga Zambrano, por una serie de irregularidades en la entrega de sueldos y pagos realizados por la comisión que se encargó de la investigación de la revuelta policial del 30 de Septiembre de 2010 (30-S).

Cinco meses después de presentado el informe con indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía, la Asamblea Nacional posesionó a Carlos Baca Mancheno como Fiscal General.  Foto: Fiscalía General del Estado.

La existencia de este examen no fue obstáculo para que el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) y la Asamblea Nacional del Ecuador, posesionaran a Baca como el nuevo fiscal general la nación, el 11 de mayo de 2017, y para que él, en conocimiento del citado informe tomara juramento del cargo. El caso se ha mantenido en silencio e inacción desde hace más de un año por parte del exfiscal Galo Chiriboga Zambrano y del propio señalado, Carlos Baca.

La Comisión 30-S (C30s), creada por Rafael Correa Delgado, en junio de 2013, para investigar los hechos del 30 de septiembre, fue dirigida por Carlos Baca Mancheno junto a Oscar Bonilla Soria, ex subsecretario de la política y Diego Guzmán Espinosa, que en la actualidad lidera a la empresa estatal Seguros Sucre y es familiar de Richard Espinosa, ex director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Iess).

Oscar Bonilla (Oban), Carlos Baca (Cato ) y Diego Guzmán (Waldo), acerrimos correistas que a la llegada del morenismo dos optaron ser funcionales al nuevo régimen y otro siguió fiel a Correa.

El informe de la Comisión 30-S fue clave para judicializar a decenas de ciudadanos acusados de haber participado en un supuesto golpe de estado blando, intento de magnicidio y secuestro del expresidente Rafael Correa Delgado, en la revuelta policial del 30 de septiembre.

El examen de contraloría estableció que “CATO”, “OBAN” y “WALDO”, los sobrenombres que usaron Carlos Baca Mancheno, Oscar Bonilla Soria y Diego Guzmán Espinosa, recibieron sueldos indebidos y solicitaron pagos no justificados a nombre de la C30s por un valor parcial de $ 84.285 dólares, aunque el informe de Contraloría establece un monto total de $ 206.889.  Esta información es parte de un examen especial reservado con indicios de responsabilidad penal a la Secretaría de Inteligencia que la Contraloría General del Estado envió al ex fiscal General Galo Chiriboga el 23 de diciembre de 2016.

El informe establece que Baca, Bonilla y Guzmán recibieron $ 5.500,00 cada uno por concepto de sueldos correspondiente al mes de febrero de 2014, pese a que el decreto ejecutivo 22, emitido por Rafael Correa, estableció que los miembros de la mencionada comisión ejercerían el cargo de manera gratuita.

En 2016, contraloría hizo un análisis a los “fondos públicos permanentes de gastos especiales” de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) y examinó las cifras presentadas por el ex secretario Pablo Romero Quezada, entre el 1 de septiembre de 2013 y el 10 de marzo de 2014.

El informe concluyó que hubo gastos que no fueron debidamente justificados, que se pagó sueldos a personas que no tenía ninguna relación laboral con la institución, que en muchos casos “la información suministrada no es real” porque se pagó a personas que no constaban en el Registro Civil.

Pagos solicitados por Carlos Baca M que según contraloria no fueron justificados

La contraloría señaló que el 4 de septiembre de 2013, se pagó $14.435,50, por concepto de honorarios a varias personas. Estos pagos nunca fueron justificados y a quiénes se les entregó el dinero no formaban parte de la comisión del 30-S. Daniel Fernández de Córdova, contralor subrogante que firmó el examen destaca varios casos, por ejemplo:

El 4 de septiembre de 2013 se pagó $ 1.800,00 por la factura 746, emitida por la empresa GIGatech para el alquiler de un vehículo, el dinero fue retirado por Eduardo Gallegos Enalieva quien no consta en el Registro Civil.

El 13 de septiembre de 2013, Carlos Baca Mancheno, presidente de la Comisión 30-S, solicitó el pago de $ 1.411,80 a favor de Ángel Gabriel Tapia Lomas. La contraloría asegura que esta persona no consta en el Registro Civil y que Baca Mancheno no evidenció cuál era la relación laboral existente entre Tapia y la Comisión 30-S. Cuatro días después se pagó 10.240,39 por “gastos operativos” sin explicar la razón de esos gastos. Contraloría dijo  “que al tratarse de una comisión de investigación no requiere de acciones propias de agentes de seguimiento como uso de combustible, peajes, alimentos en restaurantes, alquileres de vehículos”, adicionalmente la compañía GiGatech presentó la factura 772 por $ 3.300,00 por alquiler de vehículos, a pesar de que su razón social dice que se dedica a otra cosa, por lo que, según contraloría, “no estuvo facultada para prestar el servicio de alquiler de vehículos”.

El 19 de septiembre de 2013, Carlos Baca Mancheno solicitó se le haga dos pagos a una productora representada por Daniel Tapia Daza por $ 3.000,00 y $ 30.000,00 respectivamente, por concepto de procesamiento y facilitación de material audiovisual. Contraloría señaló que Tapia se dedicaba a la entrega de material noticiero, fotográfico y periodístico a los medios de difusión, con el pago mensual de una cuota de 3,96, “por lo tanto su actividad es el servicio de mensajería, razón por la que no estaría en posibilidad de efectuar el trabajo cancelado”.

Cuadro de gastos elaborado por la CGE sobre gastos irregulares realiazdos por la Senain, se detalla los valores gastados por la Comision 30S

El 29 de octubre de 2013 se pagó $1.248,83 a personas que no tenían ninguna relación con la comisión sin que exista documentación que justifique el pago: no hay informe sobre las labores cumplidas por estas personas. El 18 de diciembre de 2013, nuevamente se emiten pagos por $ 2.965,06 a personas que no tenían vinculación laboral con la C30s.

El 24 de enero de 2014, se realizó el pago de $ 2.954,25 por “digitalización de archivos” sin que se justifiquen esos pagos. El servició lo prestó la empresa Entrepreneur Inc., sin embargo, el pago se hizo a la empresa Total Tek como señala la factura 10231 presentada por esta compañía por venta de equipos informáticos, “lo cual no tiene relación con el concepto de egreso”, dice la Contraloría.

Contraloría señala que el 28 de febrero de 2014, “mediante solicitud de fondos N° 231” y el 7 de marzo de 2014,  mediante solicitud 007, se efectuó el pago de $ 16.500,00 a los miembros de la Comisión 30s, por concepto de sueldos correspondientes al mes de febrero de 2014, con un monto de $ 5.500,00 para cada uno. Los beneficiarios fueron “WALDO”, “OBAN” y “CATO”, seudónimos que corresponden a Carlos Baca, Oscar Bonilla y Diego Guzmán; hecho que se contrapone al decreto ejecutivo 22, emitido por Rafael Correa en junio de 2013, que establece que los miembros de la Comisión 30-S “ejercerán el cargo de manera gratuita”. Dice contraloría: “habiéndose provocado por parte del Secretario de Inteligencia una disposición arbitraria de fondos provenientes de gastos especiales al autorizar el pago de los sueldos para los miembros de la Comisión 30-S”.

Detalle de los sueldos de febrero de 2014 de los miembros de la Comisión 30-S

El 24 de octubre y 5 de diciembre de 2014, la contraloría solicitó a Carlos Baca Mancheno, presidente de la comisión, justificar las observaciones encontradas, este respondió que la C30s “no manejó gastos especiales, así como tampoco solicitó ni recibió la asignación de fondos de gastos especiales, y menos dispuso de gasto o pago con recursos de esa naturaleza-ni de ninguna otra- correspondientes a la Secretaría de Inteligencia”.

La Contraloría en su informe concluye que “no corresponde la afirmación” de los miembros de esa comisión “ya que fueron beneficiarios del pago injustificado de los sueldos del mes de febrero de 2014 por sus actividades desempeñadas en la Comisión”. El organismo de control señala directamente a Carlos Baca Mancheno de ser la persona que solicitó valores a la Secretaría de Inteligencia para efectuar varios pagos, en los que “no adjuntó la documentación de sustento de dicho requerimiento”.

Imagen histórica, Correa en pleno espectáculo pidiendo que lo maten, incapaz de comprender su situación particular  y el contexto social que enfrentó el pais.

La contraloría dijo que la C30s no formaba parte del Sistema Nacional de Inteligencia “razón por la que no correspondía la asignación de gastos especiales”.

Baca aseguró que los gastos para financiar las actividades de la comisión estuvieron a cargo de la Secretaría”, señaló además que los documentos de respaldo de los pagos efectuados debían ser requeridos a la Secretaría de Inteligencia pues esta era la autoridad autorizada del gasto.

El informe de Contraloría -además de los gastos de la comisión- analizó las operaciones Caminito, Primavera, Troyano y Goliat efectuadas por la Senain. Caminito por ejemplo fue un proyecto de identificación de vulnerabilidades de las altas autoridades del país y de seguridad electrónica de las instituciones del Estado (en realidad creían que hackers harían daño a la infraestructura tecnológica del Estado). Contraloría determinó que se realizó un pago a un ciudadano español, Eduard Soler, por $ 41.500 por concepto de compra de información. Los pagos se realizaron en Montevideo, Uruguay pero resultó que Soler no existe y ello fue certificado por la embajada de España. “Es posible establecer que el pasaporte que sirvió como identificación de la persona que recibió el dinero en calidad de infórmate no es real y por lo tanto no existe la certeza de que el monto entregado a cambio de la información de carácter secreta que motivó la realización de la operación Caminito tenga el debido sustento considerando que no se ha evidenciado resultados”.

El proyecto Troyano implicó un seguimiento exhaustivo de Francisco Latorre Salazar, amigo personal de Rafael Correa que relacionado con personas vinculadas al narcotráfico. El proyecto Primavera implicó la supuesta capacitación de funcionarios de la Senain con polígrafos, pero se identificaron gastos fuera de ese rubro.

La llamada operación Goliat se relacionó a gastos del caso Chevron: compra de información sobre supuestas amenazas contra la Secretaría de Inteligencia, pero se identificó que se trató de versiones que no condujeron a ningún resultado no se identificaron amenazas.

Ana Gabriela Solórzano Bamba, de 6 años, y Suly Marolyn Nazareno Obando, de 7 años eran alumnas de la unidad educativa Mariano Unda, la más grande del cantón Naranjal, en la provincia del Guayas. Pese a la conmoción que se vivió en esa localidad cuando fallecieron ambas niñas, hasta el momento las autoridades no dan a conocer los resultados de las autopsias ni de los exámenes toxicológicos efectuados el mismo día que murieron, es decir el 16 de agosto.
Precísamente en esta fecha el fiscal Paulo Quisphe informó que el primer protocolo de autopsia de Gabriela Solórzano reveló que un infarto y un edema pulmonar habrían causado su muerte; sin embargo, agregó que extrajeron restos y fluidos biológicos para determinar las causas reales, cuyos resultados estarían listos en 15 días.
Han transcurrido casi tres meses de las muertes y la Fiscalía no ha informado sobre el avance de sus investigaciones para determinar la causa e identificar y sancionar a los responsables si los hubiere.
Cuando la prensa difundió la muerte de las dos estudiantes del centro educativo Mariano Unda, presuntamente debido a una intoxicación por haber tomado le leche de la colación escolar, el Ministerio de Educación difundió un comunicado en el que lamentó el hecho e informó que, como medida preventiva, ha dispuesto que una de las tres empresas proveedoras -de la que hasta la fecha no hace público el nombre- suspenda sus entregas en los centros educativos. 
Así lo anunciaron en rueda de prensa los coordinadores de los ministerios de Educación y Salud de la Zona 5, Gastón Gagliardo y Martha Cedeño; y Magaly Cornejo, coordinadora de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa).
Al mismo tiempo Gagliardo se anticipó a afirmar que “no se ha demostrado que la leche haya sido la causa de las muertes, pero hemos suspendido este alimento como medida de prevención hasta que nos entreguen los resultados de los exámenes de los insumos”.
Quien también adelantó algunos resultados de las primeras constataciones hechas por Arcsa, fue Cornejo al defender la seriedad de los proveedores, asegurando que “de la inspección realizada a la bodega de alimentos de la escuela y a las muestras de la leche, se determinó preliminarmente que no estaban radicadas (dañadas) y que el envase UHT estaba en perfecto estado. Afirmó -además- que, durante las últimas inspecciones a las proveedoras de lácteos, no se encontraron anormalidades. “Son empresas serias y cumplen bien”, acotó.
Mientras Cedeño negó que otros alumnos de la misma escuela hayan presentado síntomas de intoxicación e indicó que 57 menores fueron atendidos, pero solo por precaución. 
Las declaraciones de la funcionaria contrastan con denuncias hechas a través de varios medios de comunicación por padres de familia en Naranjal, quienes solicitaron el retiro de la colación escolar tras asegurar que está causando problemas en la salud de sus hijos.
(En estos links denuncias de los padres difundidas por la prensa) https://www.eluniverso.com/noticias/2017/08/18/nota/6334801/padres-exigen-se-aclare-muerte-dos-alumnos-ministerio-indaga-caso; https://www.youtube.com/watch?v=x4DwebpPCH8; https://www.pressreader.com/ecuador/diario-expreso/20170818/282295320314601 

César Cárdenas, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción capítulo Guayas (CNA-G), asegura que lo poco que ha avanzado la investigación ha sido gracias a la presión de las organizaciones de la sociedad civil, como el Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos de Guayaquil (OCSP) y la Asamblea de Participación Ciudadana. Él acusa a las autoridades de la Dirección de Educación y de la Gobernación de incumplir su compromiso de entregar los resultados en el plazo mencionado.
El comisionado recuerda que, días después de la tragedia, familiares de las niñas fueron recibidos por el gobernador del Guayas José Francisco Cevallos, quien designó a uno de sus asesores, el arquitecto Vicente Nevares, para que dé seguimiento a la investigación y esté en contacto con los padres.
Cárdenas señaló que, extraoficialmente, a la CNA-G se le ha informado que hay fotos del estómago de las niñas, tomadas por el médico forense al practicarles la primera autopsia, en las que se evidencia que, antes de morir, solo habían ingerido leche.
Para él, eso revela la negligencia por parte de la Dirección Distrital de Salud ya que, de acuerdo con el Manual de Manejo de Alimentos, esa entidad tiene que hacer análisis y visitas periódicas a las bodegas en los centros educativos.
“Nunca hubo esa revisión. Por esa razón, este caso va a ser judicializado, debido a que no hay respuesta por parte del Gobierno y las investigaciones no son concluyentes”, advierte el comisionado.
Mientras tanto, los padres de las dos niñas y su abogado denuncian robo de la información y las fotos del médico forense que -según ellos- probarían que la muerte de las dos estudiantes ocurrió luego de la ingesta de leche en mal estado entregada por Lafattoria S.A. a ese centro educativo fiscal.      Foto del Obsservatorio Ciudadano de Servicios Públicos de Guayaquil (OCSP)
“Pedimos al presidente Lenín Moreno que nos ayude para que se haga justicia”, claman las madres
A sus 24 años, Karina Elizabeth Bamba España, recibió el golpe más duro de su vida: la muerte de Gabriela, la segunda de sus tres hijos. “Uno se siente mal, no es lo mismo que uno llegue a su casa y no encontrarla. El Gobierno todavía no nos ayuda en nada, han prometido tantas cosas. Nos prometieron ayudarnos con la casa, vino un asesor del gobernador, pero lo que queremos es que se haga justicia por nuestras hijas muertas. Pido al presidente Lenín Moreno que nos ayude, que se haga justicia”.
Lourdes Obando tiene 30 años y el 16 de agosto pasado también perdió a Marolyn, su segunda hija. “Es un dolor inmenso y no tengo ni siquiera la esperanza que me digan ahí están los resultados, nada. Dijeron que iban traer psicólogas, nunca llegaron. No hemos recibido ninguna ayuda. El gobernador dijo que nos iba a apoyar para las investigaciones, pero hasta ahora nada.
Estamos destrozados, mi hija era una niña tan alegre, tan linda, esto es como un mal sueño. Yo quiero saber que pasó, quiero resultados, quiero justicia, no quiero que le pase a ningún niño más, pero la muerte de las dos bebés no les importa, y como somos pobres, es peor, Que nos ayude el presidente Moreno, queremos justicia”.    Foto Andrés Mendoza Observatorio Ciudadano de Guayaquil
Mientras esta ola de misterio envuelve ambas muertes, aumenta la angustia de las madres de las niñas fallecidas. Andrés Mendoza, comunicador del Observatorio Ciudadano de Guayaquil (OCSP), ha estado en contacto con ellas y lamenta que, hasta el momento, el gobernador del Guayas, José Francisco Cevallos; Marcos Chica, alcalde de Naranjal; y Gastón Gagliardo, coordinador zonal 5 del Ministerio de Educación, quienes el 18 de agosto se reunieron con ellas y se comprometieron a impulsar la investigación y a entregar los resultados en 15 días, aún no hayan cumplido su palabra.
Estas humildes amas de casa afroecuatorianas están indignadas, pues aseguran que las autoridades, en lugar de investigar, les han ofrecido una casa y un solar para tranquilizarlas.
Manuel Narváez: buscan proteger a LaFattoría, a los proveedores de lácteos y a las autoridades
Organizaciones de la sociedad civil como la Asamblea de Participación Ciudadana de Naranjal (APCN) y el Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos de Guayaquil (OCSP) están apoyando a los familiares de las víctimas y dando seguimiento al proceso de investigación.
Manuel Narváez, presidente de la APCN, concluye que la tardanza en la presentación de informes se debe a que “buscan proteger a Lafattoria, a los productores de leche y a las autoridades de los ministerios de Educación y Salud, que son responsables de controlar y supervisar el proceso para garantizar la calidad de los alimentos que los niños y jóvenes se llevan a la boca”.
Narváez asegura que la ciudadanía, que fue convocada a través de una radio, entregó a la Asamblea de Naranjal fundas de leche que se inflaron y reventaron, pese a que la fecha de elaboración es 20 de julio y de caducidad 16 de noviembre de 2017. Ver video: https://www.facebook.com/andres.micomunidad.9/videos/166517277241216/?h c_ref=ARRYYOVlmiSq7rlctd4rp-3EHADI00d-wdZf59StOSa5uGhYWiTgV-WrbmZw3I0QSW8&fref=nf&pnref=story

 
Fotos del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos de Guayaquil (OCSP)
El gran negocio que Correa entregó a Lafattoria: $6 millones de ganancia por año, de 2015 a 2019
Durante el enlace ciudadano 479, el 11 de junio de 2016, el ex presidente Rafael Correa anunció que el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que hasta esa fecha estuvo a cargo de la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA) del Ministerio de Agricultura, pasaba a ser manejado por la empresa privada y para ello se realizaría un concurso público.
Según Correa, la decisión obedecía a que en el PAE  “había graves deficiencias y grandes falencias: algunas veces los víveres llegaban cada semana, otras veces cada tres meses, algunas veces faltaba algún estudiante, no llegaba nada… Aquí nadie está contra el sector privado, estamos contra el sector privado que quita más de lo que da, pero hay mucho sector privado que ha ayudado muchísimo al desarrollo del país y que debe ser un socio estratégico para el Estado en el cumplimiento de sus obligaciones. Hay cosas que no se pueden delegar: educación, salud… ¡pero alimentación escolar! Yo estoy seguro que una gran cadena de supermercados va a distribuir mejor la alimentación de lo que puede hacerlo una institución pública”.
Tras estos argumentos explicó en detalle lo que se venía: “En los próximos días se va a hacer un concurso con un precio referencia de 0.33 centavos por ración de chico. Estamos hablando de tres millones de chicos, 200 días al año. Esto significa un millón de dólares por día, doscientos millones de dólares al año. Así que solo poniendo un pequeñito margen de ganancia… estamos hablando de tres millones de raciones por día, ¡un centavo de ganancia! Haciendo cuentas, por tanto, la entrega de la colación escolar supone una ganancia diaria de 30 mil dólares”, enfatizó Correa.
Hagamos cuentas: 30 mil diarios por 20 días laborables al mes dejan una ganancia mensual de $600 mil. Si multiplicamos por 10 meses nos da una apetitosa utilidad de $6 millones al año”. 
De acuerdo con una investigación del Observatorio Ciudadano de Guayaquil (OCSP), si bien el PAE, cuando estuvo en manos del Ministerio de Agricultura, tenía fallas en la provisión de alimentos procesados para el desayuno gratuito escolar, cumplía estándares de calidad en su elaboración, que era supervisada por especialistas en procesamiento y almacenamiento de alimentos. 
Sin embargo, mediante el decreto ejecutivo 1120 (https://www.milhojas.is/wp-content/uploads/2015/alimentacion_escolar/decreto_certificado_28374.pdf) el 18 de julio de 2016 Correa dispuso el traspaso del PAE al Ministerio de Educación. Este debió crear una sección administrativa para el manejo directo a fin de garantizar el buen funcionamiento del servicio, cosa que no ocurrió. 
Luego de la firma del decreto el entonces ministro de Educación, Augusto Espinosa, mediante el Acuerdo  MINEDUC-ME-2016-00101-A, inició el proceso de contratación amparándose en el oficio SENPLADES-SGPBV-2016-0547-OF del 13 de octubre de 2016. Así se dictaminó la prioridad del proyecto al que denominaron "Intervención en la Alimentación Escolar" – MINEDUC, con una inversión de $473,67 millones para el período 2015-2019, a ser financiado con recursos fiscales y créditos.
El 15 de agosto de 2016, el SERCOP publicó 8 procedimientos y el 22 de noviembre adjudicó los servicios por $408 millones.
Tres proveedores resultaron ganadores: LaFattoria S.A., que firmó un contrato de $211 millones; el Consorcio Sociedad Industrial Ganadera El Ordeño S.A- Forestan por $166 millones;  y Lechera Andina S.A. Leansa por $30 millones. Las tres empresas son responsables de la provisión la alimentación a las 8 zonas en las que el Gobierno de Rafael Correa dividió al país.
LaFattoria S.A. es la misma empresa que provee de alimentación a los presos en el Ecuador, gracias a un contrato que suscribió con el Ministerio de Justicia por $92 millones. Su gerente general, Richard Villagrán Freire, también es propietario de la empresa Provisali, que maneja las tiendas llamadas economatos, implementadas en las cárceles del país. El 31 de enero de este año, Focusecuador.com publicó el reportaje titulado 92 millones de dólares: los juegos del hambre en las cárceles, que incluye fotografías filtradas desde esos centros o facilitadas por personas que recuperaron su libertad, en las que denuncian que la comida que les dan a diario no tiene nada que ver con los menús ofrecidos en el contrato suscrito con el Ministerio de Justicia. El día en que se publicó esta investigación Focus sufrió un ataque informático y salió del aire, pero MIlHOJAS.IS  lo reprodujo: http://milhojas.is/612440-92-millones-de-dolares-los-juegos-del-hambre-en-las-carceles.html.
Lafattoria S. A. es una de las empresas prósperas durante la llamada década ganada del Gobierno de Rafael Correa. Según información extraída de los portales de la Superintendencia de Compañías (SC) y del Servicio de Rentas Interna (SRI), fue constituida por Harold Xavier Quizpi Aguilera y Deacternan José Rodríguez Palacios, el 20 de marzo de 2008, con el RUC 0992557494001. A esa fecha, el capital suscrito fue de $800. El primer gerente general, designado el 8 de marzo de 2008 para un período de 5 años, fue Rodríguez Palacios, pero duró menos de un mes en esa función. El 17 de abril del mismo año fue reemplazado por Rosa Elena Mueckay Morales, quien gerenció la empresa hasta el 29 de septiembre de 2011.
Su presidente fue, desde el 8 de septiembre de 2014 hasta el 26 de mayo de 2015, el estadounidense Richard Villagrán Freire, quien renunció al cargo esa fecha para, al día siguiente, asumir el de gerente general hasta mayo de 2020.

Foto tomada de la licitación del servicio de alimentación para las cárceles del país. El ex presidente Rafael Correa con Richard Villagrán Freire, gerente de Lafattoria (primero desde la derecha)
Para diciembre de 2016, como accionistas de LaFattoria figuran Asesoría Empresarial Riasem S.A. (Riasemsa), con el RUC 0992880953001, y Villagrán Freire, con cédula número 0915624035.
El 26 de agosto de 2017, la Superintendencia de Compañías emite una certificación en la que consta que el capital suscrito de LaFattoria pasó de $800 a $10.000, divididos así: Riasemsa, con una inversión nacional de $9.900 y Villagrán con una inversión extranjera directa de $100.
Las declaraciones del Impuesto a la Renta (IR) también evidencian lo bien que le fue a LaFattoria en el período analizado. El rubro pasó de $6.722 en 2008 a 156.276, en 2012. En adelante, las cifras crecieron como la espuma hasta $511.533 en 2013 y $977.553 en 2014. Aunque para 2015 el IR bajó a $707.144, para 2016 volvió a subir a $805.392.
En contraste, Riasemsa, declaró cero de IR en 2014 y 2015. Según el SRI, aún no ha presentado la declaración correspondiente a 2016. Sobre el pago del IR de Villagrán Freire no hay información. En tanto, Rosa Muekay Morales declaró cero en 2009 y 2010 y aún no presenta declaraciones de 2011 y 2012. En 2013 declaró $506,85; para el año siguiente la cifra subió a $3.287 y se disparó a $9.318 en 2015, para caer a $3.857 en 2016.
Mueckay Morales y Villagrán Freire manejan todo un entramado empresarial pues también son accionistas de Riasemsa y esta compañía es a la vez dueña de Acerinox S.A, Alas Para El Agro Alpagro Cía. Ltda., Henadad S.A., Noviecua S.A, Provisión De Alimentos S.A. Provisali, Quench Quenchesa S.A., Palmiecua S.A., Hacienda San Jorge Hasanjor S.A. Y Rolem S.A. Provisali  es la empresa que maneja los economatos en las cárceles del país, gracias a un contrato por $92 millones que suscribió con el Ministerio de Justicia.
En el objeto social de LaFattoria constan 43 tipos de servicios, desde importación, distribución, compra, venta, elaboración, confección, reparación, producción, mantenimiento y exportación de vehículos, automotores, cubiertas, cámaras, ruedas, llantas y sus accesorios, hasta electricidad, construcción, forestación, reforestación, organización de eventos artísticos nacionales e internacionales, venta y chequeo de pasajes aéreos, televisión por cable, administración de restaurantes, clubes, bares, cafeterías, ciudadelas, centros comerciales…
Son parcas las respuestas oficiales
Durante el último mes y medio, MILHOJAS.IS solicitó entrevistas con Eleonora Morejón, gerente del PAE para obtener una versión oficial sobre las muertes de las dos niñas de la unidad educativa Mariano Unda de Naranjal. Inicialmente ella ofreció la entrevista, pero luego informó que no es vocera y no está autorizada para hablar con la prensa. Esta funcionaria nos remitió al departamento de Comunicación Social, en donde ofrecieron ponernos en contacto con el subsecretario de Educación, cosa que hasta el día de hoy no se concreta.
También se realizó varias llamadas a los números 046008208 046008210 de las oficinas de LaFattoria en Guayaquil, para hablar con su gerente Richard Villagrán Freire o con María Lorena Bonilla, abogada de la empresa. Tampoco fue posible contactarlos.
Debido a que los padres de las niñas y su abogado denuncian que la información robada durante el proceso probaría que la muerte de las dos estudiantes ocurrió luego de la ingesta de leche de la marca Parmalat, Mil Hojas consultó sobre el  asunto con Harold Celis, gerente general de Parmalat, quien vía telefónica dijo: “Sé que las leches de las que están hablando no las produjo esta compañía sino otra. Nosotros hemos dado información de todos los lotes entregados por Parmalat, que vendemos a LaFattoria. Hacemos seguimiento a todos los productos. La leche que tú mencionas fue producida por otra compañía, que también cumple las normas. Entiendo que ya hubo un pronunciamiento sobre eso. La verdad no estoy muy informado, porque no es un tema en el que nosotros estemos involucrados. Es falso, las leches no son de Parmalat, pero mejor llama al abogado de la compañía, por favor”.
MILHOJAS llamó Jorge Pizarro, abogado de Parmalat, quien corroboró lo dicho por Celis y afirmó tener conocimiento sobre un informe de Fiscalía según el cual la causa de la muerte no habría sido el consumo de ningún producto lácteo. Además, Pizarro advirtió a este portal sobre el riesgo de publicar el nombre de la empresa. “Tenga mucho cuidado con la información que está diciendo. Sería importante que usted revise todo el proceso para que efectivamente determine cuál fue la causa real de la muerte de esas niñas.
Además, la empresa que vende la leche no es Parmalat. No somos parte procesal. Esos productos no son de Parmalat, entiendo que son de otra empresa. Y entiendo que hay una resolución, luego de las investigaciones pertinentes, que dice que la causa de la muerte no fue el producto lácteo, independientemente de la empresa que haya producido”. (LEA LA ENTREVISTA COMPLETA CON EL ABOGADO DE PARMALAT) https://www.milhojas.is/wp-content/uploads/2015/alimentacion_escolar/entrevista_abo_parmalat.pdf
Arturo Parra, síndico de la Asamblea de Participación Ciudadana de Naranjal (APC-N) y abogado de las familias de las víctimas, responde a Pizarro: “Eso es producto de un maquillaje con billete. El Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos de Guayaquil (OCSP) nos dio información de que hay tres proveedores de LaFattoria y que el lote que mandan de Cuenca para Naranjal es de Parmalat. Hemos pedido toda la información a la Fiscalía y estamos esperando. Esto no termina aquí. Han hecho un trabajo sucio para maquillar los informes, porque hay millones de dólares en juego… Lo digo clarito: la muerte de las niñas ocurrió en circunstancias diferentes y en casas distintas. Ahora quieren poner que la causa ha sido una bomba de fumigantes que no tenía nada. Como en el caso Odebrecht, las empresas involucradas tienen su frente para negociar adjudicaciones millonarias. Según lo que se conoce, también entregan productos para las penitenciarías. Por eso están que se cubren y compran a funcionarios para que les ayuden a tapar el asunto”.
Parra también denuncia que Gastón Gagliardo, coordinador zonal 5 del Ministerio de Educación, y la jefa política de Naranjal, Glenda Palominos, han ofrecido casas y terrenos a las familias de las niñas, a cambio de su silencio. (LEA LA ENTREVISTA COMPLETA CON EL ABOGADO DE LAS VÍCTIMAS) https://www.milhojas.is/wp-content/uploads/2015/alimentacion_escolar/entrevista_abo_familias.pdf
MilHojas.is solicitó una entrevista con Gastón Gagliardo. Ante la falta de respuesta, vía Whatsapp, el 2 de noviembre pasado se le planteó las siguientes interrogantes: “Buen día señor Gastón Gagliardo, se le ha llamado varias veces por un reportaje sobre la muerte de niños en una escuela de Naranjal. Según Arturo Parra, abogado de las víctimas, la causa habría sido leche Parmalat en mal estado, que les dieron en la escuela Mariano Unda.
Parra denuncia que los tres proveedores de leche contratados por Lafattoria S.A. para distribuir la colación escolar, han pagado para cambiar el resultado de los informes del médico forense, a fin de librar de responsabilidad a las empresas y a las autoridades distritales, que no realizan el control y la supervisión de los productos que están entregando a nuestros hijos. Además, las madres de las niñas afirman que son falsas unas declaraciones suyas publicadas por El Telégrafo, en las que informa que están recibiendo ayuda del Gobierno. Y el abogado Parra lo acusa de velar por los intereses de los productores de leche, más no de las familias de las víctimas. También denuncia que están queriendo comprar el silencio de los padres a cambio de un solar y una casa. Le dejé el mensaje con su asistente y ofreció devolverme las llamadas. El caso es muy delicado, razón por la cual he insistido en conversar con usted, para incluir en el reportaje su posición. Lamentablemente no hay ninguna respuesta”.
Esto respondió Gagliardo de inmediato, en un mensaje de audio por Whatsapp: “Buenos días, estoy en feriado. Bueno, qué pena las cosas que están elucubrando, yo nada tengo que ver con estas situaciones. La fiscal que lleva el caso está de vacaciones y esperamos que la próxima semana haya una respuesta. Todo lo que se diga son puro rumores. Lo que vale es lo que vaya a decir la Fiscalía en sus exámenes que han hecho. Así que lamento las circunstancias que están elucubrando, situaciones que no tienen pies ni cabeza. No voy a dar declaraciones hasta que no haya la información de parte de Fiscalía. Todo lo que puedan decir solo es especulaciones, me remito exclusivamente al tema de las niñas cuando esté el informe. Ahí el Ministerio de Educación informará. Lo que puedan decir otras personas es situación personal de esas personas, no del Ministerio”.