POR FUNDAMEDIOS
De los nueve años del llamado gobierno de la “Revolución Ciudadana”, más de 158 días, completos fueron dedicados exclusivamente a imponer la “verdad oficial” en los medios de comunicación radiales y televisivos ecuatorianos, a través de cadenas obligatorias.
Estos mensajes del gobierno se traducen en un total de 22 841 minutos, o un aproximado de 3792 horas que salieron al aire de manera gratuita en los medios.
Desde el 2007 a diciembre de 2016 -durante la gestión del presidente Rafael Correa- Fundamedios contabilizó la transmisión de al menos 5584 cadenas que fueron difundidas a nivel nacional, siendo el 2016 el año de mayor difusión de los productos comunicacionales del gobierno con un total de 2405 cadenas de radio y TV que suman 5874 minutos, solo en ese año.
Si tomamos de referencia el primer año de gobierno de Rafael Correa, en donde se difundieron 156 cadenas, el incremento es exponencial y representa un aumento del 1441% frente al total de cadenas difundidas el año pasado. Un bombardeo mediático casi diario que se ha ido tomando los espacios informativos y de entretenimiento.
*Las 632 cadenas correspondientes a 2007,2008 y 2009 fueron contabilizadas por Fundación Ethos
**Para la presente investigación, no fue posible conseguir las órdenes de cadenas de septiembre a diciembre de 2012.
El artículo 74 de la LOC, establece que: “Los medios de comunicación audiovisuales de señal abierta tendrán la obligación de prestar gratuitamente los siguientes servicios sociales de información de interés general: Transmitir en cadena nacional o local, en todos o en varios medios de comunicación social, los mensajes de interés general que disponga el Presidente de la República y/o la entidad de la Función Ejecutiva que reciba esta competencia. Los titulares de las demás funciones del Estado coordinarán con esta entidad de la Función Ejecutiva para hacer uso de este espacio destinado a realizar las cadenas establecidas en este numeral. Estos espacios se utilizarán de forma coordinada única y exclusivamente para informar de las materias de su competencia cuando sea necesario para el interés público”.Las órdenes de cadena son enviadas a los medios a través de oficios o correos, a veces informales, remitidos por la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM), entidad que se sustenta en el artículo 74 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) en vigencia desde junio de 2013. Antes de la vigencia de esta Ley, las cadenas se ordenaban en aplicación de la Ley de Radiodifusión y Televisión que fue derogada.
Un instructivo de la SECOM, que consta en su portal web, se refiere al enfoque político que deben tener las cadenas, en donde se establecen parámetros como:
– “No buscarán destacar una figura pública sino posicionar un tema de interés ciudadano, esclarecer tergiversación informativa y difundir alertas en casos de emergencias por desastres naturales o conmoción social”.
– La cadena “fortalecerá el apego a la Ley, la normativa y representará una fuente directa de acceso a la información entre las entidades de Estada y los ciudadanos”.
– Las cadenas “son piezas audiovisuales que tienen el propósito de garantizar y promover los derechos de los ciudadanos a recibir información exacta, veraz, verificada y contextualizada acerca de hechos, acontecimientos y procesos de interés ciudadano”.
Pese a ello, esta herramienta, además de posicionar los mensajes oficiales, ha servido para atacar a la prensa independiente y sectores de la oposición, enviar “réplicas” que no lo son y hasta campañas gubernamentales sin tener que pagar a los medios por ese espacio, . Es así que en estos años, se ha vuelto una práctica común la interrupción de espacios informativos de medios no alineados al gobierno, para descalificar y rebatir información, o comentarios vertidos por entrevistados que han cuestionado al gobierno en distintas materias.
De los registros que lleva Fundamedios anualmente, el total de cadenas nacionales destinadas con fines descalificadores suman 178, desde el 2008 hasta enero de 2017. En todas ellas, se atacó, desprestigió y cuestionó la opinión de personajes, por tener criterios o pensar distinto al oficialismo.
De qué tratan las cadenas?
La primera alerta que emitió Fundamedios respecto al abuso de cadenas fue en diciembre de 2008. En ese entonces se reportó que el 17, 18 y 19 de diciembre, el gobierno interrumpió el programa matutino “Contacto Directo” de Ecuavisa para transmitir un espacio en el cual se criticaba abiertamente a Carlos Vera, quien para ese entonces, era considerado uno de los personajes de la televisión más críticos con el gobierno.
Desde esa fecha, ya se alertó que la transmisión de ese tipo de cadenas no se ajustaban a los reglamentos en vigencia en ese momento -como la Ley de Radiodifusión y Televisión que manejaba el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (CONARTEL), en cuyo artículo 19 del Capítulo de la Obligaciones Sociales de la Ley de Radiodifusión y Televisión, se especificaba que los espacios del Gobierno deben ser transmitidos como cadenas nacionales en un mismo horario por las redes televisivas en general-. Este tipo de cadenas interurmpían un programa en específico, incumpliendo con la normativa citada. Esta práctica se volvió común en el correísmo, convirtiendo a las cadenas en mecanismos para imponer una verdad oficial y descalificar a quienes pensaban distinto, como si se tratara de un “blanco” al que hay que apuntar y combatir.
Entre el 2007 al 2009* de la administración del gobierno de Rafael Correa, se difundieron un total de 632 cadenas, mientras que entre el 2010 al 2012, el número de cadenas sumó un total de 732, y eso, tomando en cuenta que en 2012, solo se pudo recabar información hasta el mes de agosto de ese año**. Sin embargo, con estas cifras se puede ver claramente el aumento en el uso y abuso de este recurso comunicacional del Estado. Entre el 2010 al 2012, se utilizaron 138 cadenas nacionales para difundir mensajes del “Gobierno”, que representó 1464 minutos gratuitos en más de 200 estaciones radiales y televisivas del país. En ese mismo lapso de tiempo, se contabilizaron 137 cadenas (1.029 minutos) para difundir mensajes bajo el tema “interés general”, según se especifica en las órdenes de la Secom.
Un hecho que cabe recordar en esos años fue la cadena de radio y televisión “indefinida e ininterrumpida” del 30 de septiembre de 2010, cuando el país vivió una jornada de violencia generada por una sublevación policial, que el Gobierno calificó como “intento de golpe de Estado”. Aquel día, todas las estaciones del país tuvieron que enlazarse obligatoriamente a la señal de Ecuador TV , llamado medio público que constituyó un acto de censura a la información, donde no se permitió a los medios privados informar de lo que sucedía y donde se le privó a los ciudadanos de obtener información de distintas fuentes. También vale señalar que en 2011 se utilizaron 17 enlaces para informar sobre el proceso de la Consulta Popular y Referéndum, celebrado el 7 de mayo de ese año.
En 2013, año en el que entró en vigencia la LOC, las órdenes de cadena empezaron a citar esa normativa, pero, además, se ordenó este tipo de herramientas comunicacionales como “réplicas” obligatorias. Un ejemplo de ello se dio el 1 y 2 de agosto de 2013, cuando dos cadenas ordenadas por la SECOM interrumpieron durante cinco, y dos minutos y medio, respectivamente, el programa de entrevistas Contacto Directo,de Ecuavisa. Estos espacios de gobierno se difundieron pese a que la reciente aprobada Ley de Comunicación establece, en su artículos 23 y 24, un procedimiento muy claro para ejercer el derecho a la rectificación y réplica, y no como una cadena obligatoria.
En el primer caso, la interrupción se dio para aclarar “las grandes mentiras” dichas por el asambleísta de oposición Andrés Páez , por haber cuestionado una resolución del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y el segundo caso, la cadena fue para afirmar que Estefanía Espín, presentadora de ese espacio “intentó vincular a altas autoridades gubernamentales con supuestos desprecios e insultos a las mujeres ecuatorianas”.
Pero ese es solo un pequeño ejemplo del total de las 840 cadenas que fueron difundidas en 2013 y que representaron un total de 4390 minutos. De ellas, el 53% se destinaron para informar “Actividades del Gobierno Nacional”; el 35% para divulgar temas de “interés general” y el 12% para actividades de la Asamblea Nacional. En ese año se dio un incremento importante en el número de cadenas, en parte porque el Ecuador vivió, al igual que en 2011, un proceso electoral, cuando el 17 de febrero se reeligió como presidente a Rafael Correa en una sola vuelta.
En 2014, el total de cadenas disminuyó y se pudieron contabilizar un total de 292, que representan 847 minutos al aire. En ese año se divulgaron 70% de cadenas bajo la premisa de “Acontecimientos de interés general”, mientras que el resto se destinó para el programa de oficialista denominado “El Gobierno a sus mandantes”, versión nacional y provincial; e informe de la Asamblea. En ese año, también se destinaron espacios oficiales para atacar a medios y periodistas. Por ejemplo, tres cadenas se destinaron para atacar a diario Expreso y en cuya orden de difusión constaba como título: “análisis de un caso de diario Expreso”.
El 14 de julio de 2014, Fundamedios reportó que una cadena ordenada por la SECOM interrumpió los espacios informativos y de opinión de las estaciones televisivas Ecuavisa y Teleamazonas para descalificar a diario Expreso y afirmar que el medio de comunicación “engaña a sus lectores”. Es así que Durante tres minutos, la Secom arremetió contra el medio de comunicación por la publicación de una nota, el pasado 9 de mayo, bajo el título “El IESS deja de otorgar anticipos a las clínicas”. Al respecto, la Secom aseguró que “Diario Expreso además de no contrastar omitió información para mentir a sus lectores”.
En ese año y desde julio, la SECOM también se valió del mecanismo de las cadenas para difundir una campaña anti medios denominada “La ciudadanía le habla a los medios”, que consistía en la emisión, en horario rotativo, de una serie de cadenas de aproximadamente 50 segundos de duración, en las que ciudadanos criticaban la labor periodística de un comunicador o entrevistador en concreto. Las cadenas arremetieron en contra de personajes de pantalla como María Josefa Coronel, Estefani Espín, Hugo Gavilánez o Vito Muñoz. También se emitieron una serie de cadenas para atacar y desprestigiar la labor periodística de los medios de comunicación privados como diario El Comercio y las estaciones televisivas Ecuavisa y Teleamazonas. Estas cadenas, cuyo encabezado común tenía la leyenda que dice: “Por un periodismo de calidad”, interrumpieron los espacios noticiosos de los canales mencionados durante dos minutos en promedio.
En 2015, se divulgaron 683 cadenas que representan 499,2 minutos al aire. De estas, el 72% se destinó para la difusión del programa de gobierno “Ecuador Noticias” y el resto para temas de “interés general”, “actividades de la Asamblea”, entre otros. Sin embargo, a diferencia de años anteriores, en el 2015 se difundieron en mayor medida cadenas para reafirmar y convencer sobre temas que el oficialismo quiso posicionar dentro de su discurso.
Es el caso del tema de las salvaguardias, sobre el cual se emitieron siete cadenas de televisión en marzo. Todas ellas para reafirmar que el impuesto a ciertos artículos importados era una buena decisión. Asímismo, se destinaron seis cadenas de más de quince minutos para atacar a la Unión Nacional de Educadores y referirse al tema del feriado bancario, o enmiendas constitucionales, manifestaciones, entre otras. En otros tópicos, ocho cadenas de televisión de más de dos minutos y medio cada una se emitieron para referirse a una visita oficial del Presidente a Estados Unidos y otras dos por una visita oficial a Ginebra. En ese año también se divulgaron cadenas por la Cumbre de Periodismo CUPRE, el Cotopaxi, información del Fenómeno del Niño, entre otras.
Un ejemplo de ello ocurrió con una cadena de cinco minutos difundida la noche del 16 de agosto de 2015 para deslegitimar las protestas sociales ocurridas en los últimos días y acusar a medios privados como Teleamazonas y diario La Hora de ser abastecedores de alimentos y transportadores de los manifestantes. El espacio de gobierno acusó a los dirigentes de la violencia generada y de las agresiones contra policías. Se dijo que tras la orden de los dirigentes de “cercar Carondelet” se dio paso a la violencia extrema.
Otro ejemplo ocurrió con una cadena divulgada el 1 de diciembre y que interrumpió el informativo estelar de Ecuavisa para descalificar a su presentador y Vicepresidente de noticias, Alfonso Espinosa de los Monteros, por comentarios vertidos por el periodista respecto a una de las reformas constitucionales que el oficialismo presentó como enmiendas y fueron aprobaron en la Asamblea. El periodista se había referido a la necesidad de que la Contraloría sea un organismo independiente.
El 2 de diciembre, otra cadena de cuatro minutos y medio ordenada por la Secom interrumpió los espacios informativos matutinos de Ecuavisa y los medios incautados TC y Gama para defender la tesis del gobierno respecto a los supuestos beneficios que tendría para los ciudadanos la aprobación de las reformas a la Constitución.
Finalmente, en 2016, se difundieron 2405 cadenas y fue el año de mayor uso y abuso de estos espacios. El incremento se evidenció, sobretodo, en los últimos cuatro meses, donde el bombardeo mediático por parte del gobierno tomó mayor fuerza con el objetivo de enaltecer la gestión del Vicepresidente Jorge Glas, quien se perfilaba como uno de los favoritos para postularse a la candidatura presidencial del 19 de febrero del 2017, siendo así que los meses de septiembre, noviembre y diciembre del año pasado se transmitieron 1371 cadenas con 1948 minutos, cuyos temas de relevancia fueron la difusión de la propaganda denominada “Década Ganada” y el informe de interés a la ciudadanía referente a la vicepresidencia y la agenda vicepresidencial.
El denominador común de las cadenas
1. Interrupción de espacios noticiosos.
2. Transmisión exclusiva en medios privados: para “desmentir”, “aclarar”, desacreditar, a juicio del gobierno, imprecisiones de información u opiniones vertidas en esos espacios noticiosos
3. Este enlace se ordena como “cadena”, cuando existe la disposición de que ninguna estación contraria a la dispuesta, se enganche a esta señal.
4. Son utilizadas para defender la postura oficial: proyectos de ley, juicios, etc.
5. La duración de este tipo de enlaces oscilan entre los 3 y 15 minutos.
6. Generalmente el material que se emite en forma de “cadena”, es el utilizado en los enlaces sabatinos del presidente Correa.
Cadenas y censura
“La propaganda intenta forzar una doctrina sobre la gente… La propaganda opera sobre el público general desde el punto de vista de una idea y los prepara para la victoria de esta idea.” Adolf Hitler escribió estas palabras en su libro Mein Kampf (1926)
Con estas cifras y estos ejemplos, es notorio que el fin primordial de las cadenas es imponer la verdad oficialista por sobre todos los criterios. En ese sentido, poco importa si se interrumpen espacios noticiosos o de opinión. De hecho, de todas las cadenas reportadas como alertas -por haber atacado o descalificado a alguien- han sido difundidas en medio de algún espacio de estos.
Tampoco es es una coincidencia que el discurso del Presidente desde sus enlaces sabatinos esté alineado con las cadenas y que a su vez, muchas de estas también sean usadas en los Enlaces Ciudadanos o viceversa.
Si bien por un lado -y dentro del debate democrático y cuando de asuntos de interés público se trata- se exige que las autoridades estatales actúen con mayor transparencia y rindan periódicamente cuentas a la ciudadanía de cómo desarrollan sus gestiones, en ese sentido la Corte Interamericana ha indicado que no solo es un derecho, sino un deber de todo funcionario público pronunciarse públicamente sobre tales asuntos, y para ello es legítimo que empleen los mecanismos comunicacionales del Estado, y por la misma razón las cadenas nacionales son el medio tradicional por el cual las autoridades estatales comunican a la ciudadanía sobre asuntos de especial interés para el país. Sin embargo, la utilización de esta potestad que tiene el Gobierno ha degenerado en un abuso constante.
Al respecto los órganos del Sistema Interamericano han venido alertando en años recientes sobre un uso abusivo que algunos estados estarían dándole a su facultad de emitir enlaces y cadenas nacionales, pues ello se ha convertido en la práctica, en un mecanismo de restringir indebidamente el ejercicio del derecho a la libre expresión, y en ciertos casos ha dado cabida a que se menoscaben otros derechos fundamentales de particulares.
En repetidas ocasiones, la Relatoría Especial ha alertado sobre el uso excesivo y discrecional de las cadenas nacionales. En particular, ha hecho referencia a que la excesiva frecuencia de tales mecanismos en la práctica conlleva a que los medios de comunicación que deban interrumpir su programación para dar paso al enlace nacional, se ven impedidos de ejercer su derecho a difundir la información que deseen en el marco de su ejercicio a la libre expresión. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, al respecto, ha indicado que “este mecanismo, utilizado en forma discrecional y con fines ajenos al interés público puede constituir una forma de censura”.
Por lo tanto, si esa transferencia de acciones se hubiera concretado hacia el BCE se habría tenido que cumplir los trámites que determinan los artículos 4, 5 y 6 de la resolución, que señalan que las acciones no podrán transferirse al sector privado, que la emisión y transferencia de acciones debe ser informada a las autoridades de control y que las acciones deben ser registradas en el Libro de Acciones y Accionistas que mantengan estos dos bancos públicos. http://milhojas.is/wp-content/uploads/2015/deudas_gobierno/resolucion-307-2016.pdf
El primer caso, que no es nuevo, fue ubicado por las declaraciones de Roberto Trombeta, que fue representante de la empresa Kingsfield, una compañía constituida especialmente para lavar dinero de todas partes del mundo y que fue identificada en la lista de los papeles de Panamá. Trombeta, en su segunda declaración al Ministerio Público de Curitiba, en junio de 2015, relató hechos de corrupción cometidos en la división OAS Exterior.
