Autor: mh

673 fallecidos, 9 desaparecidos, 113 personas rescatadas con vida, 6.274 heridos, 28.775 damnificados viviendo en albergues y 6.998 edificaciones destruidas evidencian la magnitud de la tragedia provocada por el terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter ocurrido el pasado 16 de abril de 2016 (16A) en la franja norte de la costa ecuatoriana, con epicentro en las provincias de Manabí y Esmeraldas. 
Desde ese trágico 16A, según reportes del Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional (IGPN), se han producido 1.570 réplicas, ocho de las cuales han sido mayores a 6 grados. Sin embargo, el 18 de mayo, dos nuevas réplicas, la primera de magnitud 6,8 se registró en la madrugada y otra de igual intensidad a las 11:46. Aunque de inmediato el Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar) descartó un tsunami, el pánico volvió a apoderarse de la población, que aún tenía fresco el impacto del del 16A.
En el país, solo dos sismos han sido más fuertes desde enero de 1906: En esa fecha se produjo un terremoto-tsunami de 8,8 grados frente a las costas de Tumaco, en la frontera con Colombia. Ochenta y un años más tarde, el 5 de marzo de 1987, otro terremoto de 8 grados golpeó Manabí. 
Eso quiere decir que Ecuador es vulnerable a sufrir temblores y terremotos. Establecer la intensidad de un sismo e informar a las autoridades y a la población la magnitud de cada evento es un asunto técnico complejo. 
Ante las críticas al IGPN manifestadas sobre todo en redes sociales tras las cifras preliminares y definitivas comunicadas por el organismo, MilHojas.is dialogó con su director Mario Ruiz, a fin de aportar con un análisis que permita entender su trabajo y, sobre todo, estar mejor preparados para afrontar situaciones de emergencia que se pueden presentar en cualquier momento.
Por ejemplo, tras la réplica de la madrugada del 18 de mayo, el Instituto reportó tres magnitudes: la primera de 7.1 grados a las 02:57:01, la segunda de 6,8 grados un segundo más tarde, y la tercera de 5,7 grados a las 03:00:43. 
Según el experto, los reportes del Geofísico son técnicamente emitidos dentro de un protocolo de 12 a 15 minutos después del evento establecido con las autoridades y que es uno de los más rápidos de la Región. 
También advierte que las réplicas se mantendrán seis o siete meses más y, dado que en ningún país del mundo la ciencia ha desarrollado todavía un sistema sismológico de alertas tempranas, lo adecuado es tomar medidas de precaución en la casa, en el trabajo y en todo lugar. 
De forma simultánea, es indispensable desarrollar normativas que obliguen a construir edificios sismo resistentes y establecer políticas públicas efectivas para que los servicios de protección civil actúen lo antes posible después de un movimiento telúrico para así mitigar su impacto. 
 
¿A qué se debe la diferencia entre el primero y el segundo anuncios de la magnitud del sismo del 16 de abril del 2016 y de las réplicas del 18 de mayo por parte del IGPN? ¿Cómo se mide la magnitud de un sismo en la escala de Richter?
El Instituto tiene un protocolo en base al cual hace el análisis de los sismos y el envío de la información. Dentro de ese protocolo damos una información preliminar que luego se va modificando. Eso se hace para balancear porque primero queremos tener la información rápida y luego la completa. Para en el informe rápido publicamos datos preliminares que contienen el análisis de los primeros arribos, de las primeras porciones del sismograma que llegan a las estaciones más cercanas. No esperamos que las ondas lleguen a todas las estaciones sísmicas porque eso retrasaría nuestro reporte. Apenas tenemos un número suficiente de porciones mandamos el primer informe.  
¿Cómo es el proceso desde que empieza hasta que termina un sismo? 
El movimiento primero es detectado por las estaciones sísmicas que están en el campo y en las estaciones que están más cercanas al epicentro. Apenas tres estaciones detectan un sismo, automáticamente la máquina empieza a calcular dónde está el epicentro y cuál es su magnitud. Conforme aumenta el número la máquina va haciendo cambios o ajustes. Cuando las ondas llegan a 10 estaciones y satisface un cierto criterio de calidad, se emite el primer informe al Instituto y al público. Después esa información es analizada por un analista, quien verifica que la máquina no haya confundido el ruido. 
¿Por qué puede confundirlo? 
Por ejemplo, si pasa un carro crea una vibración, si un árbol es movido por el viento crea otra vibración. La máquina se confunde, no distingue, solo registra si han un incremento importante. Si hay un sismo en un volcán, es otra cosa. La máquina solo reconoce que hay un cambio y lo localiza. El analista revisa todas esas señales. Podemos tener 100 señales de un sismo, razón por la cual no podemos emitir un informe muy rápido. El analista tiene que desplegar las 100 señales y determinar cuáles son sísmicas y el sitio en el que están localizadas. 
¿Cuánto dura este proceso? 
Normalmente siete minutos, pero es variable porque depende del número de estaciones. Si es un sismo grande llega a toda la red y podemos tener cien estaciones. 
¿En cuánto tiempo? 
La velocidad a la que se propagan las ondas normalmente es de siete kilómetros por segundo. Una vez que la computadora toma las señales y detecta los cambios de amplitud, hace correr un algoritmo que hace una búsqueda con miles de puntos y establece los residuos entre los tiempos observados y los tiempos calculados. Una vez que va comparando los residuos va encontrando dónde la solución del proceso está más ajustada. Ahí cambia a una definición con más detalle. Es decir que el espaciamiento ya no es de un kilómetro si no de 10 metros entre los puntos y comienza nuevamente a buscar la mejor solución. Ese proceso, así sea automático, toma unos dos o tres minutos y la máquina lo hace cientos de veces. 
¿Cuándo la máquina diferencia un sismo pequeño de un grande? 
Si es un sismo pequeño el analista revisa 20 señales, si es grande revisará cien. Por eso los tiempos varían. Por ejemplo, en una de las réplicas del 18 de mayo tuvimos un sismo y menos de un minuto más tarde tuvimos otro. Ahí hay que ser más cuidadosos con el procedimiento. Normalmente se puede indicar que 8 minutos después del sismo el analista manda la información y mandamos esa información con confirmado o revisado manual a las instituciones, con prioridad a la Secretaría de Riesgos y al Inocar. También podemos actualizar la magnitud que está en Facebook y en Twitter. 
¿Quiere decir que el Geofísico no puede informar directamente a la ciudadanía la magnitud de un sismo, tiene que pasar primero a esas entidades? 
No, lo hacemos simultáneamente. Luego de unos 10 minutos, cuando la mayor parte de las ondas sísmicas han sido registradas, la máquina hace un nuevo proceso en el que básicamente filtra, deja solo las muy bajas frecuencias y hace lo que llamamos la inversión de un modelo para determinar el tamaño del sismo para que genere las ondas que se observan en los componentes de toda la red. 
Según normas internacionales ¿hay un tiempo determinado o prudencial entre el momento de un sismo y el primer reporte de su magnitud por parte de organismos como el Geofísico? 
Cada país tiene sus propios tiempos de acuerdo con el tipo de red. Quizá nosotros estemos entre los más rápidos. Lo que le puedo decir es que en Estados Unidos los reportes de las primeras estaciones de servicio sismológico llegan 15 minutos después. Eso que ahora ellos están utilizando parte de la información que nosotros mandamos. 
Pero en el terremoto del 16 hubo muchas críticas porque las primeras noticias del sismo salieron por medios de comunicación internacionales. 
Claro, pero eso ocurrió porque la red de Internet, la red de telefonía celular y parte de la convencional colapsaron. Nosotros teníamos la información pero no los canales para comunicar. Algo se alivió cuando pudimos poner la información en Facebook y en Twitter. La población que estaba afuera podía acceder a la televisión por cable Después de que el Instituto capta una suficiente porción del sismograma a través de las ondas de mayor amplitud, que son las más superficiales y las más lentas, cosa que puede tomar de 10 a 12 minutos, se hace una inversión que se le llama y se busca la mejor solución para obtener la magnitud mw, que es la más confiable en estos casos. Por lo tanto, nosotros hemos establecido que a los 15 minutos podemos reportar la magnitud mw. 
¿Qué es la magnitud mw? 
Es la magnitud de momento sísmico, es un tipo especial. Esa información se actualiza y enviamos nuestros informes a la población y a las autoridades. Podemos calcular esta magnitud antes para reportar dentro de los primeros 12 minutos. Pero si hay una complicación como la del 18 de mayo, de tener dos sismos seguidos, con poco tiempo entre ellos, el cálculo matemático puede tomar un poco más de tiempo. Pero digamos que 15 minutos es nuestra propuesta de protocolo. 
¿Por qué la diferencia entre los reportes y los definitivos, al punto que el Instituto puso un boletín en el que explica esa situación? 
Eso se debe a que las primeras localizaciones se hacen con la primera parte del sismograma que puede durar 20 minutos. Si yo quiero informar solo la magnitud definitiva tengo que esperar 15 minutos, pero la población pasaría ese tiempo sin conocer la magnitud de un sismo. Sobre esto hemos conversado con las autoridades y les hemos dicho que necesitamos un protocolo porque a los tres minutos nosotros podemos tener una magnitud, pero es preliminar.
¿Por qué? 
Porque el método que calculamos, la parte del sismograma que está disponible en esos tres minutos corresponde a las primeras ondas. Por eso es que la magnitud es preliminar, porque va variando. 
¿Es decir que mientras más rápido se informe la magnitud preliminar, más diferencia puede haber con la definitiva? 
Exacto. Porque la cifra definitiva va a tardar unos 15 minutos. Yo prefiero dar una información más rápida, pero aclarando que es preliminar, para que sirva de referencia para la población y las autoridades. Al comienzo, si utilizamos solo una parte del sismograma, si se trata de sismos pequeños no hay problema pero, si son grandes, vamos a subestimar su magnitud definitiva. 
¿Qué prefiere usted, tardarse más e informar una magnitud más cercana a la realidad o dar la preliminar e irla ajustando? 
Eso les hemos explicado bien a las autoridades y les hemos preguntado si quieren una información rápida, que puede tener errores pero puede servir de referencia, o quieren que nos demoremos el tiempo suficiente para sacar un valor mucho más confiable. 
¿Han entendido eso las autoridades? 
Han entendido que se tiene que trabajar con esas diferencias: con una magnitud que es preliminar y se va ajustando. Mire, los compañeros hacen algo que demanda esfuerzo porque cada vez que la marca recibe más señales comienza a hacer un nuevo cálculo. De tiempo en tiempo los compañeros hacen ajustes y mandan esas soluciones y mandan los informes por Facebook y Twitter. A veces se mal interpreta esto y reclaman que por qué están cambiando. Lo hacemos porque es un proceso natural y van llegando más señales a las estaciones y la magnitud es un promedio de los valores obtenidos en todas las estaciones, pero el promedio es diferente si se obtiene de 5, 10, 20, 50, 80 o 100 estaciones. Va cambiando ese valor. 
¿Más estaciones es lo óptimo? 
Claro, la magnitud más confiable resulta de más estaciones, cuando el valor estadísticamente es más confiable. 
¿Cuántas estaciones hay en el país? 
Cien. 
¿Eso es lo óptimo o se necesitan más? 
Eso es como preguntarle a un médico cuántos quirófanos es lo óptimo, el médico le dirá: mientras más, mejor. Debo decirle que ahora tenemos 100 estaciones de banda ancha, hace 10 años solo una. Entonces hemos hecho un esfuerzo bien grande. Si me dice que vamos a tener mil, yo le digo excelente. 
¿Cuánto cuesta cada estación? 
Es preferible no dar el valor, pero cuesta mucho dinero 
¿Está el Geofísico bien equipado? 
Creo que somos la red sísmica más densa de América Latina. Brasil seguramente tiene más estaciones, pero es un país mucho más grande. Tenemos otra ventaja que es contar con un sistema automático que procesa la información. Es muy robusto y confiable. 
¿Ese es el que mide la escala de Richter? 
Originalmente la escala de Richter estaba calculada para determinar la magnitud ml con un tipo específico de sismógrafo: los Wood Anderson, que hacían el cálculo y daban la magnitud. Esos ya no existen en el mercado. Ahora usamos equipos mucho más sensibles para hacer una analogía con la magnitud de Richter y calculamos la magnitud ml y la mv. Con otra parte del sismograma obtenemos las ondas de cuerpo, las p y las ondas s.  
¿Qué significa cada magnitud? 
La mv es la de ondas de cuerpo, la ms la superficiales y la mw es la magnitud del momento sísmico. Entonces, determinar una magnitud no es un proceso trivial. Primero tenemos que calcular todas las magnitudes locales posibles, que pueden ser 30, 40 o 50, hacemos una estadística, sacamos los valores atípicos y promediamos los valores. Hacemos lo mismo con las mv y las ms y después sacamos un promedio de todas para sacar un valor de magnitud. Luego, cuando tenemos el mw reemplazamos e informamos el nuevo valor. 
¿Qué otros países tienen ese mismo sistema de medición magnitudes preliminares y finales? 
Varios países en el mundo, entre ellos el observatorio de los japoneses. Ellos, a los pocos minutos de un evento publican la magnitud preliminar. En el último sismo que hubo en el sur de ese país, reportaron una magnitud preliminar de 6,3, pocos minutos después la subieron a 6,6 y la final fue 7,2. Entonces eso que nos pasa y por lo que a veces somos objeto de la crítica fuerte de las personas, pero pasa también en Japón. La diferencia es que allá están mejor preparados y conocen que las magnitudes preliminares pueden ser corregidas. 
¿Hay un margen de diferencia razonable? 
Si, 0,3 es un margen común y establecido a nivel mundial. No olvidemos que con sismos grandes. Con sismos grandes se pueden dar márgenes mayores. Le invito a revisar lo que pasó en el terremoto del 12 de marzo de 2011 en Japón. Ahí primero sacaron una magnitud de 7.8 y el sismo terminó con una magnitud de 9 grados. Si eso pasa en Japón, que tiene una red de más de 4.000 estaciones sísmicas. Imagínese lo que puede pasar aquí. 
Hay que educar a la población. Por eso Mil Hojas solicitó esta entrevista, para entender y estar mejor preparados ante cualquier situación. 
Los científicos de todo el mundo buscan la forma de encontrar un método que permita dar una magnitud confiable con las primeras ondas que llegan a los sismógrafos. Esa investigación es complicada. Algún rato quizá lo logren.? 
¿Cómo está trabajando la Red Nacional de Sismógrafos (RENSIG)? ¿Están todos están operativos e intercomunicados? 
Tenemos varios métodos de comunicación, pero siempre hay problemas, no es fácil mantener la red funcionando al cien por ciento, porque los sismómetros van atados a digitalizadores, que en realidad son computadoras. Después pasan la información a un sistema de radio, desde donde son transmitidos. Mire los puntos que pueden haber de fallas. Normalmente, estas estaciones o computadoras están localizadas en el campo, a veces sufren variaciones de temperatura importantes. Tener una computadora trabajando a tiempo completo y en las mejores condiciones posibles no es fácil. 
¿Está o no operando bien la red y cuántos sismómetros tiene? 
Si está operando bien. La red nuestra tiene 130 estaciones sísmicas y 100 estaciones de banda ancha. 
¿Todas están operativas? 
No todas, entre el 80 y 90 por ciento, porque una computadora puede apagarse y tenemos que viajar en lancha a la estación para arreglarla. Lo que siempre tratamos de hacer es que las estaciones más importantes funcionen siempre. Otro punto delicado es la alimentación de la energía de la computadora. Normalmente tenemos un sistema de baterías que está conectado a paneles solares. Es lo más confiable que hay. A veces ocurre que no reciben carga porque hubo tres semanas nubladas, eso provoca que disminuya el voltaje y que la computadora se apague. En ese caso tenemos un sistema automático porque si la computadora empieza a trabajar con bajos voltajes, puede dañarse. Otras estaciones, en el Cotopaxi por ejemplo, pueden ser afectadas por la caída de ceniza. Ahí toca limpiar a diario, porque no podemos pasar con la estación sin funcionar. Otro problema que tenemos es que las estaciones tienen antenas que están bien sujetas, pero puede haber vientos que mueven y cambian la orientación de la antena y dejamos de recibir la señal. Entonces tenemos que enviar un equipo técnico para que revise. 
¿Qué tipo de transmisión tienen los sismógrafos que están en la costa del Pacífico? 
A fin de no depender de un solo sistema, tenemos varios tipos porque consideramos que todo puede pasar, así que diversificamos las vías. A las estaciones más importantes las tenemos con transmisión satelital, otras vienen por microonda, pero es muy cara y lo que hacemos es mandar a un nodo y de ahí utilizamos la microonda cuando mandamos paquetes de 15 a 20 estaciones. Como cada estación tiene tres componentes serían 50 trazas y las mandamos en un solo paquete. Otras estaciones las mandamos a través de fibra óptica y otras con enlaces de radio directos.
¿Cuál es la diferencia entre los modos de transmisión sugerida, satelital, transelectric, CNT, red IG y qué otro tipo de formas de transmisión tienen? 
Lo recomendable es diversificar los medios de transmisión.
¿Cuál es el rol de la red nacional de acelerógrafos? 
Tiene dos funciones. La primera a es medir el nivel de sacudimiento del terreno en las ciudades a causa del sismo. La segunda aplicación para otro grupo de acelerógrafos permite cuantificar cómo se atenúan las ondas según la distancia. Ahora usamos ecuaciones que están disponibles a nivel mundial, pero queremos obtener con nuestros propios datos y en base a nuestra sismología nuestra propia ecuación.  
¿Qué hace falta para que la obtengan? 
De que tengamos más temblores. 
Uy, entonces mejor que no la tengan… 
Esa es la realidad, porque la ecuación tiene que ser confiable a diferentes valores de magnitud. Desde que instalamos la red, el del 16 de abril es el primer sismo con una magnitud mayor a 7.1. Por tanto, tenemos que esperar más tiempo y mayor número de eventos para tener una ecuación propia. Hay que trabajar para eso. 
¿Está el IGPN preparado y equipado para lograrlo? 
Tenemos una red de 100 acelerógrafos, la mayoría está en ciudades y otros en roca, que serán destinados para realizar lo que se llamaba ley de atenuación y ahora es la ecuación de predicción del movimiento del terreno. ?  
¿Eso permite advertir que va a ocurrir un sismo?
No, eso indica cómo va decayendo la amplitud de las señales sísmicas con respecto a la distancia. Hay una tesis de grado sobre esto en la Politécnica y estamos trabajando con colegas franceses en el tema. La red fue instalada hace unos cinco años y se requiere trabajar durante algunas décadas para tener una ecuación robusta y muy confiable. La única forma de lograrlo es ir recogiendo los datos que tenemos.
En agosto del 2014, la exsecretaria de Gestión de Riesgos, María del Pilar Cornejo, anunció una inversión de $6 millones en equipos para que el Instituto Geofísico del Ecuador realice estudios sobre la sismicidad y la detección de los mismos. ¿Se concretó esta inversión? 
No se concretó. Quizá se refería a una inversión para atender el tema del Cotopaxi. La Secretaría nos atendió en unos requerimientos que necesitábamos de urgencia. 
¿Cuánto se concretó de ese monto? 
Una pequeña cantidad. Eso mejor le pregunta a ella. Lo que yo le puedo decir es que el apoyo de la Secretaría no llegó a esa cifra.
¿Qué función cumplen las 12 nuevas estaciones GPS de alta precisión instaladas en la zona costera ecuatoriana, luego del terremoto del 16 de abril pasado, con colaboración de IRD (Instituto de Investigación para el Desarrollo, por sus siglas en inglés)?
El Instituto tiene una red de GPSs de alta presión. Con ellos lo que vamos a hacer es densificar, es decir colocarlos en zonas que no tenemos cubiertas. Eso nos permite estudiar qué pasa abajo con las placas en base a las deformaciones que se puede medir en superficie. Eso es importante y nuevo, son métodos que se están aplicando en los últimos cinco años a nivel mundial. Para ello tenemos el apoyo del IRD que trabajan con nuestros colegas del Geofísico. 
¿Por qué hizo falta incrementar estos equipos, en qué ayudan? 
Por ejemplo podemos ver las zonas que están más acopladas, donde las placas están más ajustadas unas con otras. Hay estudios que dicen que las zonas donde están más acopladas son más proclives a producir sismos. Es como si tuviéramos un bloque sobre otro, mientras más les friccionemos uno con otro y más ajustados están, hay más presión.  
¿Cuáles son las zonas más proclives o con mayor riesgo en Ecuador? 
Yo no digo con mayor riesgo, ese es otro concepto. Hay varias zonas con mayor acoplamiento: una está frente a las costas de Tumaco, en la frontera con Colombia; otra frente a Puerto López y otra entre Atacames y Esmeraldas.  
¿Era posible determinar algún mecanismo de alertas tempranas sobre la ocurrencia del sismo del 16 de abril? 
No. Lo que podemos es prevenir sobre lo que puede ocurrir a largo plazo, pero no podemos establecer cuándo va a pasar. Ya hemos tenido casos desafortunados cuando los sismólogos han hecho ese tipo de predicciones. No es posible porque hay muchas variables y conocemos las principales, pero no todas.  
¿Cree usted que la ciencia creará algún día un mecanismo de alerta sismológica temprana? 
Estados Unidos lanzó un programa para el pronóstico de sismos en la falla de San Francisco, que es una zona con alta sismicidad. Después de trabajar 20 años en ese objetivo científico, la Fundación Nacional de la Ciencia de ese país dejó de apoyar ese proyecto porque consideró que no estaban en capacidad de buscar un método que permita predecir erupciones. Quizá se vayan encontrando cosas más adelante, pero no veo que en un futuro cercano eso sea posible.
¿Desde cuándo están investigando el tema de la subducción de la placa de Nazca debajo de la placa continental? 
Los primeros estudios vienen desde el aparecimiento mismo de la tectónica de placas, en los años Setenta. El estadounidense Peter Clomsley hizo el primer trabajo sobre la zona de subducción; luego otro norteamericano Peninton y en los Ochenta, sismólogos de fama mundial estudiaron la zona de subducción frente a nuestras costas. El Instituto Geofísico tuvo su primera red en 1988. Al poco tiempo de tener los primeros aparatos comenzamos a instalar ?estaciones de período corto en la Costa. En esa época era lo más avanzado en tecnología. Para 2008 presentamos un proyecto para poner instalaciones de banda ancha y en 2011 terminamos de instalar esta segunda generación de estaciones en la Costa, para estudiar la zona de subducción. Desde entonces trabajamos con los franceses.  
¿Qué es la subducción? 
Es el hundimiento o zambullimiento de la plaza oceánica nazca, que es más pesada, debajo una placa continental, que normalmente es liviana y tiene menor densidad.  
¿Eso causa los temblores y terremotos? 
Si, ese rozamiento es el que provoca que se acumule energía, la misma que se libera cuando se producen los sismos. 
Después de las dos réplicas del 17 y 18 de mayo, que nos pusieron los pelos de punta a todos, ¿qué escenario tenemos, puede decir usted si ese rozamiento permitió liberar toda la energía y podemos estar más tranquilos? 
No podemos decir eso todavía. Nos hace falta algún tiempo para que las placas se sigan reajustando. Lo que hemos informado es que el número de réplicas irá disminuyendo. La mayoría pueden ser de magnitudes menores a 5 grados y, en casos muy especiales, mayores a 6 grados. 
¿Cuánto tiempo pueden durar esas réplicas? 
Meses.
¿Cuántos meses? 
De seis a siete meses, debemos estar preparados.
¿Nuevas réplicas fuertes y otro terremoto como el del 16 de abril pueden ocurrir en cualquier momento? 
Podría ocurrir otro sismo pero seguramente no en la misma zona, sino en una zona cercana o aledaña. 
¿Es decir que los epicentros pueden estar en Santa Elena, El Oro, Guayas. Nada se puede descartar?
Puede ser, nada podemos descartar.
Conocemos su detallado trabajo en el tema volcánico, ¿también cuentan con un mapa de riesgo sísmico de la zona de la costa del Pacífico del Ecuador? 
El trabajo del Instituto es hacer mapas de peligro, no de riesgo sísmico.
¿Cuál es la diferencia? 
La diferencia es que el riesgo cuantifica la probabilidad de pérdidas materiales en base a metodologías especiales. El peligro es la probabilidad de ocurrencia de eventos. Nosotros hemos hecho el cálculo de la probabilidad de tener aceleraciones sísmicas en el país. Algunas generaciones de estudiantes de Ingeniería hicieron como tesis el mapa de peligro sísmico del Ecuador. (muestra los mapas elaborados por los estudiantes). 
¿Cómo es la relación del IGEPN con la Secretaría de Gestión de Riesgo y con el IRD? 
El Instituto es un organismo de apoyo científico-técnico de la Secretaría. Tenemos un convenio por medio del cual nosotros les informamos los resultados de nuestras actividades. Siempre tratamos de mantener una buena relación.

En junio de 2015, MilHojas.is contó la historia de estos tres niños con discapacidad mental, que no han recibido atención del Gobierno, pese a que viven en situación vulnerable.  Un año después, este portal vuelve a conversar con sus madres.  Anita Rivadeneira dice que Emilio José, de 9 años, necesita con urgencia  una operación de cadera. Patricia Moreno lamenta que su hija Victoria, de 24 años,  haya sufrido una regresión preocupante por falta de atención especializada. Y Diana, la niña golpeada por un policía a caballo durante las  protestas efectuadas en diciembre pasado contra las reformas constitucionales promovidas por el presidente Rafael Correa, no ha superado el trauma, dice Patricia Almeida, su madre. 
Imagen: Emilio José, de nueve años, con sus familiares, en la puerta de su casa.
Para Anita Rivadeneira y Patricia Moreno, la Misión Manuela Espejo y los bonos para las personas con discapacidad son más publicidad que realidad y lamentan que miles de ecuatorianos hayan sido engañados, pues aseguran que Lenín Moreno no instauró en el país una real política de atención para este segmento de la población.   
Cerca de $1.000 mensuales necesitan juntos  Emilio José, Victoria y Diana para sus tratamientos y  medicinas. Sus madres, dedicadas a su cuidado a tiempo completo, hacen malabares para sacar de donde sea ese dinero, pues no tienen empleo fijo. 
No deje de leer: 'Victoria y Emilio José, historias de exclusión en el Gobierno de la inclusión' ⇒
Anita Rivadeneira cuenta que su hijo,  Emilio José, era beneficiario del bono Joaquín Gallegos Lara, pero a inicios de 2014 lo eliminaron de la lista, sin justificación.  
Patricia Moreno solicitó por más de cuatro años la calificación de Victoria para recibir los bonos estatales. Nunca le dieron una respuesta favorable. 
Patricia Almeida dice que la pequeña Diana no ha recibido la vista de ninguna autoridad, pese a los ofrecimientos que le hicieron tras el incidente con el policía montado.  
Las tres madres están indignadas, no solo porque el ex vicepresidente Lenín Moreno ocupa el cargo de  Enviado Especial de la ONU para las personas con discapacidad y vive  en Ginebra, sino porque suena como el candidato con mayor intención de voto para ganar las próximas elecciones presidenciales y suceder en 2017 a Rafael Correa, de quien fue vicepresidente de 2007 a 2013. 
No hay un dato oficial sobre el salario de Moreno en Suiza, pero bordearía $250.000  por año, es decir $20.000 mensuales. Al ser un puesto ad honórem, su sueldo y estadía, así como la de su familia, no los cubre la ONU, salen del Presupuesto del Estado ecuatoriano. A eso hay que sumar los $6.744 mensuales que su hija, Irina Moreno González, percibe desde que en marzo último el entonces canciller Ricardo Patiño la nombró Consejera del Servicio Exterior en la Representación Permanente del Ecuador ante la ONU en Ginebra. 
Si hacemos una simple operación matemática concluiremos que, en lugar de mantener al ex vicepresidente y a su familia en Suiza, el Gobierno podría financiar cada mes las terapias y medicinas de 26 mil niños y jóvenes como Emilio José, Victoria y Diana. 
Cada sabatina de $22.000 equivale a terapia y medicinas para 88.000 niños especiales al mes 
Si le tomamos la palabra al presidente Rafael Correa y damos por cierto que cada enlace ciudadano, mejor conocido como sabatina, cuesta $22 mil dólares, quiere decir cada mes el Gobierno destina $88.000 dólares para ese rubro. 
Si esta cifra la multiplicamos por 12 meses, el gasto anual asciende a $1.056.00. Eso quiere decir que un número similar de niños como Emilio José, Victoria y Diana, que sufren retraso mental, autismo y otros problemas de salud derivados de su condición, podrían ser atendidos si es que el mandatario dejara de gastar en las sabatinas, que duran de tres a tres horas y media. 
De acuerdo con notas de prensa, solo para la producción de los  sketch que se presentan en las sabatinas, el Ejecutivo destina $87.600 más IVA, cada seis meses. En este enlace se puede ver el contrato publicado en la página web de la Presidencia de la República. 
Su beneficiario es el periodista Ramón Bravo Arteaga quien, además de actuar en los sketch, ocupa el cargo de productor ejecutivo de noticias en Radio Pública, de línea oficialista. 
Mientras tanto, en Esmeraldas, cientos de personas discapacitadas y de la tercera edad se quedaron sin el Bono de Desarrollo Humano.

De 53. 610 beneficiarios, alrededor del 70% por ciento no lo cobrará. La reducción se dispuso tras el último censo de selección de beneficiarios (Selben), que se inició en enero pasado con la actualización de datos y encuestas domiciliarias a discapacitados y ancianos…

De acuerdo con un nota publicada el 16 de mayo por diario La Hora, de 53. 610 beneficiarios, alrededor del 70% por ciento no lo cobrará. La reducción se dispuso tras el último censo de selección de beneficiarios (Selben), que se inició en enero pasado con la actualización de datos y encuestas domiciliarias a discapacitados y ancianos. 
La nota de prensa señala que la suspensión obedece a que no han entregado documentos, algo que niegan los afectados.  
Cecilia Almendáris, directora del Ministerio de Bienestar Social y Jenny Ortega, jefa política de Esmeraldas, recopilan copias de cédulas de los afectados para remitirlas a Quito, a fin de que se revise sus casos y se autorice su reinserción.  
Anita Rivadeneira: 'Lenín Moreno es una farsa, el Gobierno nos ha dado la espalda'
“En agosto de 2013 solicité  el bono Joaquín Gallegos Lara. Enseguida le dieron a Emilio José el carnet del Conadis y desde septiembre de se año empezó a recibir el bono de $240.  
Eso me alcanzaba para cubrir una terapia. Pero, en enero de 2014  le eliminaron de la lista de beneficiarios.  
Imagen: Anita Rivadeneira, la madre de Emilio José.
He pedido explicaciones, pero la respuesta ha sido peor. “Usted no vive en piso de tierra, su caso no es tan grave como otros”. Por eso he optado por pedir ayuda a  fundaciones fuera del país. Hay una en Miami que me ayuda una vez al año para cubrir la terapia más cara.  
Lenín Moreno es una farsa, lo están utilizando. El Gobierno dice que ayuda, pero a mí me ha dado la espalda. No tengo un trabajo fijo, estoy enferma. Si dejo de hacerle las terapias principales, mi hijo se va a deteriorar, eso no lo puedo permitir. El Emilio lucha por salir adelante, por vivir. Sería muy cruel dejarle sin terapias.   
Esto es injusto, mi situación es crítica. No solo tengo al Emilito sino una hija que termina el colegio, los gastos son muy fuertes, no tengo para la educación universitaria, para las terapias de mi hijo. Un niño con discapacidad necesita innumerables cosas. 
Me he visto limitada, no le estoy haciendo la terapia de lenguaje, pero sigo con las dos terapias neurológicas para que no empeore su situación cognitiva. Las dos cuestan $450 mensuales, que yo no tengo. Gracias a mi familia pago la mitad y la otra mitad estoy debiendo a la terapista. Ella le hace las terapias porque es una gran profesional, le conoce al Emilio desde que nació y no quiere que retroceda en  su tratamiento. 
Es terrible no tener lo necesario, un niño con discapacidad necesita estar mejor alimentado, pañales, vestido,  medicinas, terapias, leches, vitaminas. Deben estar bien nutridos porque así avanzan más rápido. 
Mi hijito está esperando por una cirugía de su cadera, porque los niños con parálisis cerebral desarrollan problemas en su columna. Voy a hacerle operar en las jornadas médicas gratuitas. Tengo que esperar, porque los médicos que vienen hacen gestión comunitaria y no cobran por su trabajo. Así no me costará mucho la operación. Hice una rifa y tengo parte del dinero guardado. La otra parte tuve que utilizar en gastos de la casa, porque a veces no tenemos ni para comer. 
Con respecto a la gestión de Lenín Moreno, cuando estuvo de vicepresidente, dieron ciertos beneficios, el bono. A mucha gente nos dan un tiempito, luego nos quitan, lo hacen para decir que dan a todo el mundo. En los centros de salud no hay gente profesional ni capacitada para tratar a los niños especiales. Mi hijo tiene el carnet del Conadis, pero no está recibiendo ningún beneficio.
Creo que Lenín Moreno va a ser o quieren candidatizarlo, le están utilizando porque tuvo gran aceptación, pero no creo que esté capacitado para ser Presidente y menos por el partido que nos tiene en la crisis en la que estamos. No es cierto que haya una política de Estado para atender a los discapacitados, es pura propaganda. No es un buen candidato,  seguramente no tienen a nadie más. 
Mi esposo nos abandonó, me siento impotente porque la falta de dinero trunca la vida de un niño que quiere salir adelante. 

Paty Moreno: “Si tengo que subirme a una tarima para desenmascarar a Moreno, lo hago”  
“Este Gobierno ha utilizado a los discapacitados para su beneficio político. La prueba es que solo les han contentado dándoles cama y colchón y un bonito para contentarlos. Eso es un insulto a la pobreza. Han pasado nueve años de este Gobierno y no tenemos un centro especializado para tratar a las personas con autismo, solo para mencionar una cosa. 
Imagen: Victoria, entrando a su casa. Ella necesita tratamiento especializado.

Mi hija Victoria necesita terapias especializadas, aquí no hay terapias para autistas ni ayuda  para los padres en estado de pobreza que tenemos que llevarlos y traerlos a todos lados, porque no pueden quedarse solos. 
No tenemos a dónde acudir, el Gobierno no se ha preocupado de nosotros. Tampoco tenemos $300 o $400 mensuales para mandarles a centros privados. En Guayaquil solo presta ese servicio  la fundación Comunicar, pero  está a tope, no hay espacio. Para ayudar a algunas personas tienen medias becas,  pero todas están copadas. 
Los autistas no pueden estar junto a personas con otro tipo de discapacidad. 
Cuando acudí, hace varios años, al MIES me dijeron que iban a mandar a la visitadora social a mi casa, nunca llegó.  
Me preocupa que Victoria esté involucionando. Vivo en un primer piso alto, la escalera no es reglamentaria y se cayó hace unos meses. No le pasa el estrés, ya no quiere salir de la casa. 
El Estado no brinda ayuda psicológica. En el hospital Abel Gilbert, todos los días hay filas de 100 a 150 discapacitados en espera de atención. 
Lo del bono no existe para mí, ni para mucha gente. No es cierto, la ayuda es solo publicidad. Publican a cuatro que les han dado y ellos son el escenario hermoso. 
En La Secretaría Técnica de Discapacidades cambian de gente a cada rato porque los cargos públicos son cuotas de poder. 
A uno la ven blanca y rubia y le dicen, “usted que va a necesitar, que va a ser pobre”.  Eso de los préstamos para que los padres de discapacitados iniciemos  un negocio es ridículo, no es cierto. 
Hasta me metí en la Vicepresidencia, hace tiempo hablé  con el coordinador, de nada sirvió.

'Cada vez que veo en las noticias a Lenín Moreno, le digo que todo es mentira, que no se burle de nuestros hijos, que no somos estúpidos'

Por eso, cada vez que veo en las noticias a Lenín Moreno, le digo que todo es mentira, que no se burle de nuestros hijos, que no somos estúpidos. Me bloquean mis cuentas en las redes sociales, pero sigo diciendo lo que pienso, sigo denunciando la verdad. Si tengo que subirme a una tarima para decirle mentiroso, lo haré. Hagan un recorrido y pregunten a los familiares de las personas discapacitadas sobre los beneficios y les dirán que no hay nada. 
Victoria aprendió a leer a los cuatro años porque le enseñé yo. Conmigo aprendió el significado de los ruidos, pero no puedo hacer más, llegué al límite y no tengo ayuda especializada.  
Ella sola coordina notas y te hace en el piano una composición musical con ritmo, pero si no tiene un terapista no puede desarrollar eso que le gusta tanto. 
Ahora se pasa acostada, ya pesa 160 libras y mide 1,50, es preocupante. Aunque los autistas son solitarios, a ratos Victoria quiere cogerme la mano. Ahora habla menos, ha involucionado, pero no lloro, sigo luchando. 
He ido al dispensario Martha Roldós, en Guayaquil, pero casi no encuentro al psiquiatra, porque es itinerante y solo atiende hasta las 12. Por mi cáncer de piel tengo recaídas y me prohibieron el calor. Pero lo que sé hacer es cocinar y me he dedicado a hacer tortas de choclo, de maduro, para sacar algo para las medicinas de Victoria, en las que gasto alrededor de $160 mensuales.  
Yo no lloro, yo discuto, prefiero pelear. Por eso sostengo que no es posible que, por estar encaramado en una silla de ruedas,  tengamos que mantener a Lenín Moreno en Suiza. Que me digan qué hizo por los discapacitados. Para mí es un sinvergüenza.

MilHojas.is

La Secretaria de Comunicación del Estado posee un eficaz sistema de censura para los medios digitales y las redes sociales. Se sustenta en el supuesto registro de propiedad intelectual de imágenes y fotografías que produce el sistema de propaganda del Gobierno financiado con dinero de todos los ecuatorianos. La publicación de una imagen del presidente, del vicepresidente o cualquier logotipo gubernamental, es razón suficiente para accionar mecanismos legales que tienen el objetivo dar de baja a portales como PlanV, FocusEcuador y MilHojas.is. 
MilHojas.is está nuevamente en la mira del sistema de comunicación del Estado, encabezado por Patricio Barriga Jaramillo. El pasado 2 de julio Barriga le escribió a la página de la empresa americana, CloudFlare, para decirle que este portal violó la Ley de Derechos de Autor de los Estados Unidos de América, llamada Milenio Digital (DMCA en inglés). 
Imagen: El artículo por el que Patricio Barriga presentó la demanda para dar de baja a MilHojas.is.
Barriga demostró que MilHojas.is usó no menos de nueve imágenes de Rafael Correa junto a un logotipo del IESS, fotografías de un dispensario médico del seguro social y de la campaña para la consulta popular de 2011. 
En su desconocimiento, el secretario de comunicación consideró que CloudFlare podía dar de baja nuestra página, pero en realidad se trata de un servicio que esa empresa brinda a nuestro portal. MilHojas.is es beneficiario de Galileo, el programa de protección de CloudFlare, creado para medios y artistas que son perseguidos por la censura en sus países mediante ataques simultáneos al servidor para que deje de funcionar (DDoS).  
MilHojas.is es parte de ese programa después de que nuestra página sufriera un ataque DDos por publicar la ubicación de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), en una lujosa mansión incautada, en Lumbisí. 
El 2 de junio, Barriga envió otro correo más a CloudFlare y reclamó una infracción de marca registrada (Tredemark Infringement) por el uso del logotipo “Ecuador ama la vida”. Ese logo fue creado para promocionar los productos de exportación y el turismo en Ecuador, pero también es usado por el Gobierno como membrete en documentos oficiales sean digitales o impresos, pero también en propaganda del régimen y hasta como señalética para identificar las decenas de oficinas que tiene regado el estado en el campo y la ciudad. 
Así funciona la maliciosa lógica correísta para la censura: la presencia del logo en cualquier informe de interés periodístico condiciona su uso y por ello el Estado puede censurar el contenido de sus publicaciones sustentados en una simple imagen que posee derechos de autor. 
Pero cuando hay una figura de poder que quiere dominar en base a la fuerza, o en base a la lógica de la violencia y el abuso del poder, siempre deja rastros de lo que se podría llamar estupidez burocrática. Más bien, estupidez pura. En este caso, la información del proceso remitida a los correos de MilHojas.is señalan que el dueño de los derechos de autor de las imágenes es Vinicio Alvarado Espinel, cerebro del sistema de propaganda estatal y censura a los medios. ¿Acaso el logotipo “Ecuador ama la vida” le pertenece o simplemente aparece como el representante del Estado en el registro de las imágenes? Además, los registros de marca –cuyos números se incluyen en las cartas de protesta– no pueden ser consultados en línea en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.  
El afanado intento por dar de baja a los portales críticos les hace perder la línea de la razón y, por ello, quedan nuevamente en evidencia ante los ciudadanos, y ojalá muy pronto ante el sistema judicial. Sin duda esta es una nueva arista para conocer cómo el clan Alvarado construyó su fortuna en 11 años de revolución ciudadana. Ahora necesitamos saber si las condiciones de los registros de marca pagan regalías a los Alvarado, al Gobierno o al Estado.  
El nombre de Vinicio Alvarado como aparente dueño de esos registros evidencia los abusos de estado correísta: apropiarse de la propiedad intelectual de lo que se produce en organismos del Estado es un privilegio que algún día debe ser sancionado en los juzgados. 
Es posible que los pedidos de Barriga logren ejecutarse, de hacerlo podrá agregar a su hoja de vida el de abusador de derechos humanos. En MilHojas.is no olvidamos aquel día cuando actuó como maestro de ceremonias en la rueda de prensa que brindaron varios ministros ante la denuncia de la violación de una niña por parte de Jorge Glas Viejó, no para ofrecer apoyo a la víctima, sino para solidarizarse con el hijo del victimario, el vicepresidente de la República.

MilHojas.is

Cuando sucede una tragedia siempre parece que hubo señales que se dejaron pasar y medidas que se pudieron tomar.  Los individuos e incluso las instituciones no pueden estar considerando el escenario más adverso todo el tiempo, eso sería enfermizo… a no ser que ese sea su trabajo.  Para la Secretaría de Gestión de Riesgos, pensar los peores escenarios, es su trabajo.  Prevenir el riesgo, mitigarlo, reaccionar ante las catástrofes y plantear salidas, es su razón de ser. 
En el caso ecuatoriano, ello implicaba considerar los posibles riesgos de tipo natural y antrópico que amenazan al país.  Dejar pasar una amenaza cuya probabilidad fuera muy alta, implica haber incumplido su propósito. 
Por ello es sorprendente, descubrir que desde su fundación, la Secretaría de Gestión de Riesgos nunca desarrolló un Plan de Contingencia para riesgo sísmico y su impacto en los centros urbanos en la Costa del Ecuador: 

Los planes de contingencia, previos al terremoto del 16 de abril de 2016, contemplaban la prevención ante la actividad volcánica, deslaves e inundaciones, en particular aquellas originadas por el Fenómeno del Niño. No abordaban el riesgo sísmico de manera directa, sino  tangencial, relacionándolo a las erupciones volcánicas en la sierra o como precursor de los tsunamis en la costa.  
Pero las señales estaban ahí, fuertes y claras. Según fuentes internacionales y nacionales, incluso de la propia Secretaría de Gestión de Riesgos, Ecuador es un país multiamenaza, entre las que se incluye el riesgo sísmico tanto volcánico como geológico. 
 
Un antiguo documento de la OEA establecía una probabilidad del 90% de que se produzca un sismo de 7.7 en la escala de Richter en Ecuador, con epicentro en la población de Jama, en la Provincia de Manabí, una de las poblaciones más afectadas por el terremoto del 16 de abril.  Aunque ese artículo fecha la amenaza de sismo entre 1989 a 2009, dado que el origen del mismo era la subducción de la placa de Nazca bajo la placa continental, la amenaza permanecía latente.  
El riesgo que la subducción de la Placa de Nazca bajo la placa continental ha generado estudios más actuales.  En junio de 2011 el Instituto Geodésico de la Escuela Politécnica Nacional  (IGEPN) anunció que estaba realizando un proyecto de manera conjunta con el Instituto Francés para el Desarrollo (IRD), el laboratorio de “Geociencies Azur” de Niza y el INOCAR,  para colocar dos grupos de estaciones de sismógrafos, terrestres y submarinos, con el objeto de conocer mejor el comportamiento de las dos placas en la zona de subducción y conocer la existencia de fallas activas en la provincia de Manabí. 

En este caso, las señales de advertencia provenían de la voz más autorizada del Ecuador.  El Instituto Geofísico desde hace años tiene una relación con el Estado ecuatoriano y sus instituciones. El 13 de enero de 2003, mediante Decreto Ejecutivo 2593, el ejecutivo le encargó al IGEPN el diagnóstico y la vigilancia de los peligros sísmicos y volcánicos en todo el territorio nacional. Para cumplir esta tarea el IGEPN desarrolló el “Servicio Nacional de Sismología y Vulcanología” SENASV. La modernización del SENASV fue financiada por la "Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnolgogía" SENESCYT mediante un programa de investigación multianual aprobado en el año 2008.  Y la propia Secretaría de Gestión de Riesgos invirtió en él, 6 millones de dólares para medir la sismicidad, según declaraciones de Pilar Cornejo publicada en agosto del 2014 en CRE Satelital.4  Sin duda la Secretaría de Gestión de Riesgos conocía la realización de estos estudios sobre la subducción de la placa de Nazca.   
Tan claro tenía el riesgo la Secretaría que en su documento ECUADOR: REFERENCIAS BÁSICAS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS 2013 – 20145, menciona que los sismos más grandes de la historia del país se han registrado frente a las costas ecuatorianas, en la zona de subducción de la placa de Nazca, bajo la placa Sudamericana.   
El documento incluso enumera, las limitaciones que el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos y el país enfrentan ante un eventual sismo: 
“ • Alta exposición al impacto de terremotos y erupciones volcánicas, alta vulnerabilidad del Estado y de la sociedad a estos eventos y poca capacidad de respuesta del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión del Riesgo (SNDGR) por limitaciones de los sistemas de alerta temprana y aviso inmediato.  
• Dificultades para el funcionamiento óptimo 24/7 de las redes de monitoreo sísmico y volcánico, y limitada automatización de los procesos de análisis e información.  
• Limitada capacidad de respuesta rápida del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos ante posibles efectos de terremotos en el territorio, incluyendo la potencialidad de generación de tsunamis, ante la falta de información inmediata sobre ubicación y tamaño de los terremotos, sus mecanismos de generación y su capacidad de producir daños.  
• Poco acceso del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos a la información relativa al monitoreo en tiempo real de los volcanes activos y dificultad en la comprensión del significado de la actividad registrada y a las alertas tempranas emitidas.  
• Poco desarrollo y aplicación de regulaciones para la construcción sismorresistente por un limitado conocimiento de la potencialidad de generación e impacto de los terremotos en el país, y poca difusión de mapas de amenaza sísmica…”

Figura 3. Mapa de los sismos mayores registrados instrumentalmente en el Ecuador desde 1900. 
Fuente: elaboración IG-EPN  
Pero si las señales fueron evidentes y percibidas, ¿qué pasó con la respuesta? 
Más que nunca, llama la atención la limitada reacción de la Secretaría de Gestión de Riesgos frente al riesgo sísmico que enfrentaba la costa ecuatoriana.  De la revisión de milhojas.is surgen algunas medidas: una propuesta, acogida por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda6, de una norma ecuatoriana de construcción que regule la sismoresistencia, la solicitud en algunos documentos de que en su evaluación de riesgo los GADs debían tomar en cuenta la amenaza sísmica, la realización de un folleto de divulgación para recomendar comportamiento ante los sismos.

Después de las escenas de destrucción que los ecuatorianos han visto/vivido a raíz del terremoto del 16 de abril de 2016 estos folletos resultan cuanto más ingenuos, casi como una tomar una aspirina para curar el cáncer. 
Entre las medidas más pertinentes estuvieron los simulacros de sismo, pero sólo se realizaron dos fronterizos en el marco de acuerdos binacionales entre Ecuador y Colombia8 y entre Ecuador y  Perú.  Ninguno de ellos incluyó las zonas más amenazadas por la subducción de la placa de Nazca. 
Guayaquil realizó algunos simulacros, el último de ellos por cuenta propia.  Y para ese evento el entonces gobernador del Guayas, Rolando Panchana, negó la cooperación gobierno.  
Nadie les dijo que en un terremoto los edificios se caen y hay que rescatar a quienes quedan atrapados 
Lo más sorprendente ante el riesgo sísmico es la nula preparación de la Secretaría respecto a la necesidad de rescate en edificaciones colapsadas.  Esto es inexplicable dado que en la zona costera amenazada por la subducción de la placa de Nazca, existen muchos centros urbanos densamente poblados.  
Las consecuencias de un terremoto en un centro urbano no se reducen a las personas heridas, muertas, desplazadas, cuyas necesidades de agua, alimento y refugio hay que evaluar y resolver. Un terremoto en un centro urbano genera cientos de personas atrapadas en estructuras colapsadas a las que urge rescatar. Y estas operaciones de rescate tienen protocolos y estándares que era obligación de la Secretaría de Gestión de Riesgos conocer y difundir al resto del Sistema. 
 Luego de una revisión exhaustiva de los planes de contingencia, informes de rendición de cuentas, resoluciones, manuales y otros documentos de la Secretaría de Gestión de Riesgos no existe evidencia de políticas, manuales, procedimientos y estándares respecto a rescate urbano.  
La omisión es más sorprendente cuando se sabe que en esta materia la Secretaría de Gestión de Riesgos no tenía que inventar el hilo negro, debía tomar lo que tenía al alcance de la mano. 
Existen protocolos y estándares para rescate urbano avalados por las Naciones Unidas.  Fueron formulados por primera vez 1991 por parte del “Grupo Asesor Internacional de Búsqueda y Rescate” (INSARAG) adscrito a la “Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas” (OCHA). Desde entonces están en continua evolución.   
INSARAG incluso tiene un proceso de calificación para equipos USAR internacionales, pero en general son los cuerpos bomberos de cada país con entrenamiento de búsqueda y rescate quienes dan la primera asistencia, enmarcados en estos parámetros.  Los equipos USAR internacionales llegan a apoyar este proceso para las partes más complicadas del rescate.  Las guías y estándares de INSARAG orientan y a la vez se retroalimentan del trabajo de los “Equipos de Búsqueda y Rescate Urbano”.
Toda esta información ha sido socializada por la ONU a sus estados miembros.  
La Asamblea General de las Naciones Unidas mediante su Resolución 57/150 del 16 de Diciembre 2002, instó a sus países miembros a facilitar las operaciones de búsqueda y rescate urbano en casos de desastre. El tema del Rescate Urbano y el rol de INSARAG, también fueron considerados en la Declaración de Hyogo de 2010, misma que generó el marco para la prevención del riesgo de desastres.

Ecuador ha estado en esos foros, incluso tiene varios documentos e informes respecto a las metas en materia de prevención de riesgos de desastres de Hyogo de 2010 a 2015…”

Ecuador ha estado en esos foros, incluso tiene varios documentos e informes respecto a las metas en materia de prevención de riesgos de desastres de Hyogo de 2010 a 2015 y también para el nuevo marco y metas establecidas en Sendai, Japón, el 2015. Más aún, desde Enero de 2016, Ecuador representado por la Secretaría de Gestión de Riesgos, tiene la Vicepresidencia Regional de INSARAG y en 2017 le toca asumir su Presidencia. 
Pese a estos antecedentes la SGR no preparó nada sobre las operaciones de rescate urbano, conocidas como BREC (Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas), que se rigen mediante estándares y protocolos que han sido desarrolladas a través INSARAG.   Si hubiese existido un plan de contingencia, estas operaciones hubieran sido parte indispensable de él.  
El reporte del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ecuador presenta una cifra de 10.506 edificaciones afectadas o destruidas por el terremoto y sus réplicas en el área urbana de Esmeraldas y Manabí, la necesidad de haber estado preparado y haber respetado los protocolos en materia de operaciones BREC (Búsqueda y Rescate en Edificaciones Colapsadas) salta a la vista.
En la Zona Cero 
Al día siguiente del terremoto del 16 de abril se vio al alcalde de Pedernales, ciudad del epicentro, rogar desesperado por el envío de maquinaria pesada para rescatar a la población atrapada en los escombros de múltiples edificios de esa localidad, sin que nadie de la Secretaría de Gestión de Riesgos, del ECU 911 o de los delegados del Presidente a la zona lo corrija y le indique que eso precisamente es lo que NO se debe hacer, que es contraproducente y que pone en mayor riesgo las vidas que él quiere salvar.  
No sólo nadie corrigió al alcalde de Pedernales, sino que su contraproducente llamado fue atendido y desde el día siguiente al terremoto se introdujo maquinaria pesada para remover los escombros de los cientos de edificaciones colapsadas.  Una nota de prensa de esos días reseñó que la propia Secretaría de Gestión de Riesgos coordinó el uso de dicha maquinaria en el cantón.  Y Pedernales no fue un caso aislado.  Testimonios de rescatistas internacionales señalaron que en Ecuador se habían violado los protocolos de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas que señalan que se deben esperar mínimo 72 horas para introducir maquinaria pesada. El portal MilHojas.is documentó que también en Manta, Portoviejo, Rocafuerte y El Carmen se trabajó de forma continua con maquinaria pesada removiendo escombros de estructuras colapsadas desde el día siguiente a la catástrofe. 
Son los protocolos, normas y guías de operaciones BREC las que reclamaban los bomberos ecuatorianos y los rescatistas internacionales que trabajaban en la Zona Cero, como se denomina a la zona de mayor devastación en una catástrofe: El irrespeto al protocolo de las 72 horas de espera para introducir maquinaria pesada fue la culminación de una serie de omisiones: No se realizó el marcaje de la zona, ni el triage (proceso de priorizar los sitios para salvar tantas vidas como sea posible) y ni siquiera existió un Sistema de Comando de Incidentes en las Zonas.      
La inacción en materia de búsqueda y rescate por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos, no es una crítica procedimental, tuvo consecuencias en la práctica. 
En ECUADOR: REFERENCIAS BÁSICAS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS 2013 – 2014 al analizar el riesgo sísmico la Secretaría expresó:  “El siglo XXI, hasta el momento, ha sido particular y anómalamente tranquilo en lo que a la intensidad sísmica se refiere, aunque hayan pasado ya 14 años desde el último evento de características destructoras (Bahía de Caráquez). Inclusive, el último terremoto de magnitud 7.3 del 12 de agosto de 2010, a pesar de su gran magnitud no causo mayores daños, dada su característica totalmente inusual de haberse localizado a más de 230 km de profundidad en su zona hipocentral de desgarre de la placa Nazca.” 
¿Será que la Secretaría de Gestión de Riesgos en lugar de prevenir, cruzó los dedos esperando que continúe la anomalía sísmica? 
 
Postdata: 
Recién a los 13 días de ocurrido el terremoto, la Secretaria Nacional de Riesgos publicó en su portal los estados de situación del sismo. Estos reportes aparecieron en el portal de esa entidad el pasado viernes 29 de abril alrededor de las 15:00.  En cambio los Reliefs Reports de OCHA se produjeron y subieron a su página desde el día siguiente. 
 
Documentos consultados sobre la Secretaría de Gestión de Riesgos: 
-Decreto Ejecutivo 1046-A del 26 de abril del 2008, y publicado en Registro Oficial No. 345 del 26 de mayo de 2008. 
-Art. 389 de la Constitución de la República del Ecuador:  
–http://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/04/PEI_SGR.pdf 
-Art. 390 de la Constitución de la República del Ecuador 
-Decreto Ejecutivo No. 42 del 10 de Septiembre de 2009 
-La Ley de Seguridad Pública y del Estado. Capítulo 3 Art. 11
-Arts 3 y 18 del Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado
http://www.eird.org/pr14/panelistas/tematica2/BIO-Tematica-2-Panel%201-Ma-del-Pilar-Cornejo.pdf
http://190.214.44.206:82/repositorio/Ecuador%20Referencias%20B%C3%A1sicas%20para%20la%20Gesti%C3%B3n%20de%20Riesgos%20Espa%C3%B1ol.pdf
http://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/08/Logros-SGR_finalok.pdf 
http://www.derechoecuador.com/productos/producto/catalogo/registros-oficiales/2014/noviembre/code/RegistroOficialNo211-Martes25Noviembrede2014Edicio/registro-oficial-no-211—martes-25-de-noviembre-de-2014-edicion-especial 
Bibliografía consultada en la página de la Secretaría de Gestión de Riesgos: 
-Se revisaron todas las resoluciones y acuerdos que constan en la biblioteca de este portal oficial: http://www.gestionderiesgos.gob.ec/biblioteca/ 
-Plan de Contingencia frente a tsunamis en Esmeraldas
–http://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Informe_SNGR_2010.pdf 
-Informe de Gestión del período 2011 
– Informe de Gestión del período 2012 
–http://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/01/Acuerdo-SGR-001-2014.pdf
–http://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/12/Resoluci%C3%B3n-SGR-073-2015.pdf 
–http://www.cre.com.ec/noticias/2014/08/14/68973/hay-3-zonas-sensibles-ante-sismos-guayaquil-quito-y-esmeraldas-pilar-cornejo/ei 
-Manual Esfera, elaborado por ONGs internacionales, la Cruz Roja y la Media Luna Roja 
-Metodología de evaluación de respuesta humanitaria en desastres en base a las normas esenciales del proyecto Esfera. 
–http://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-terremoto-magnitud-7-8/

Los funcionarios que han manejado las políticas públicas de comunicación del Gobierno de Rafael Correa son quienes lideran el ranking de los que más han atacado a la prensa mediante tuits, entre 2012 y 2015. 
El primero es el exsecretario de Comunicación y actual ministro de Turismo, Fernando Alvarado, el segundo es el exrepresentante de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el Consejo de Regulación de la Comunicación (Cordicom), Roberto Wohlgemuth. Mientras el presidente Rafael Correa ocupa el tercer lugar. 
Imagen: El 'Hall de la Infamia', los que atacan a los periodistas para mantener su espacio de poder.
Estos datos son el resultado del estudio “Tuitómetro: La batalla en 140 caracteres”, un monitoreo del discurso contra la prensa en las cuentas de funcionarios e instituciones del Estado que fue elaborado por el Observatorio de Medios del Ecuador (OME) de Fundamedios. 
La muestra de este estudio fueron 27 cuentas que pertenecen a 13 funcionarios públicos, 7 asambleístas oficialistas, una alta dirigente política oficialista y 6 instituciones públicas. De cada cuenta seleccionada por el número de tuits y de seguidores, se monitorearon 3.200 tuits. 
En el análisis de los tuits de los tres personajes que lideran el ranking, Fundamedios destaca que Alvarado, con 449 tuits que desacreditan a la prensa, es el responsable de convertir las cadenas nacionales en espacios de difusión obligatoria para descalificar a quienes se expresen en contra del régimen. “Se ha convertido en un experto en imponer contenidos a través de pedidos de réplica y rectificaciones, que llegan a los medios con notas tituladas, diseñadas y listas para su publicación”. 
De Wolhgemuth, que fue representante de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el Consejo de Regulación de la Comunicación (Cordicom) y ahora es subsecretario Nacional Intergubernamental, se señala que sus 166 tuits contra la prensa los publicó en un período en el que protagonizó cuatro alertas de libertad de expresión, según Fundamedios.

“En sus tuits se centra en desprestigiar la labor periodística, desmentir y criticar la publicación de noticias…”

“En sus tuits se centra en desprestigiar la labor periodística, desmentir y criticar la publicación de noticias de temas como la revuelta policial del 30S, el proceso de comunidades afroamericanas contra el caricaturista Bonil, etc”. También ha atacado a organismos como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que defienden la libertad de prensa y DDHH. 
Correa publicó 119 tuits en contra de periodistas y medios de comunicación, entre 2012 y 2015, con lo que se ubica en el tercer lugar de este ranking.
En el informe se resalta que el mandatario también ha sido responsable de 225 alertas de libertad de expresión, cifra que lo convierte en el personaje de la lista con más casos atribuidos. 
Los enlaces ciudadanos que dirige cada sábado han sido su principal podio desde el cual ha lanzado epítetos como: Prensa corrupta, hipócritas, cavernarios, cobardes, mentirosos, politiqueros disfrazados de periodistas, canallas, cínicos, manipuladores, mediocres, sicarios de tinta y golpistas. Además ha roto diarios por siete ocasiones, en rechazo a determinadas publicaciones.
Por este comportamiento, en el estudio se lo ha catalogado como “el funcionario que más insultos y desacreditaciones ha emitido en contra de la prensa, la oposición y los ciudadanos”. 
Luego de haber impulsado y aprobado la Ley Orgánica de Comunicación (en 2014) que avaló numerosas sanciones a medios de comunicación, en 2015 Correa usó 4 sabatinas para abanderar una batalla en redes sociales al ordenar a sus partidarios que persiguieran y descubrieran los perfiles anónimos de administradores de páginas de Facebook como Crudo Ecuador.
Imagen: 1.384 tuits fueron revisados por el equipo de Fundamedios.
Es decir, en estos últimos cinco años la estrategia comunicacional del Gobierno tomó fuerza al ser ejecutada en las redes sociales (Twitter y Facebook). En este contexto, se inauguró la página web www.somosmas.ec, a la que Correa promocionaba e invitaba a inscribirse “en la página Somos más se pueden registrar … y cada vez que haya una de estas campañas de difamación mandaremos a la cuenta que está difamando la verdadera información para que les llegue 10 mil tuits, diciendo la verdad… A través de esta página nos vamos a organizar para rebatir a esta clase de difamadores, sinverguenzas”. 
El monitoreo a 27 cuentas gubernamentales entre 2012 y 2015 ha registrado 1.384 tuits y retuits de desacreditación y descalificación a la prensa. 
Entre otros personajes que sobresalen en el tuitómetro contra la prensa están tres de los ministros más cercanos de Correa: el actual canciller y exministro de “cultura”, Guillaume Long, el ministro coordinador de la producción, Vinicio Alvarado, el ministro del Interior, José Serrano. 
También constan dos asambleístas oficialistas, María Alejandra Vicuña y Rosana Alvarado, y la secretaria ejecutiva de Alianza País, Doris Soliz. 
En el puesto número 10 está Carlos Ochoa, Superintendente de Información y Comunicación, mientras Patricio Barriga Secretario de Comunicación y ex presidente del Cordicom, ocupa el puesto 12. 
Al analizar lo que en el estudio se denomina los recursos discursivos o las características de frases empleadas para argumentar un punto de vista de las autoridades se identificaron cuatro: verdad absoluta; la doble moral; el dónde están y el qué dirán; y los insultos y agravios. 
Imagen: El discurso de los que atacan a los periodistas se basa en la verdad absoluta del Régimen.
El primero, en el que los funcionarios se centran en desmentir continuamente publicaciones de la prensa, se encontró en 1.022 tuits y retuits. Representa el 74% de la muestra y es parte de una estrategia que busca posicionar la versión oficial sobre temas de coyuntura y de la política nacional e internacional mediante constantes pedidos de réplica, rectificaciones y disculpas de los medios privados. 
El discurso de la doble moral fue registrado en 166 tuits (12%) y acusa a la prensa de tener un doble estándar para informar acerca de hechos que los funcionarios consideran importantes. Como parte del discurso gubernamental en contra de los medios privados también se destacan los insultos y los agravios. Se contabilizaron 117 tuits con este recurso, lo que representa el 8% de la muestra. 
La categoría del dónde está y el qué dirá (registro de 15 tuits, es decir el 1,08% de la muestra) es? mencionada en el estudio porque se refiere a cómo reaccionarán los medios de comunicación, algunas organizaciones civiles y entidades privadas sobre determinados hechos: @Mashirafael: ‘¿Entienden lo que pasa? ¿Qué dirá prensa “libre e independiente”? ¿Qué dirán los políticos de siempre? ¡El pasado de evasores nunca más!’. [TUIT ORIGINAL] 
@MashiRafael: ‘…Si se detiene a alguien por insultar al Presidente es “atentado a la libertad de expresión” ¿Qué dirá Fundamedios?’. [TUIT ORIGINAL] 
Imagen: El exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, es el más rabioso atacante de periodistas.
En el estudio se precisa también que de las 27 cuentas, 14 pertenecen a funcionarios públicos y en ellas se registró 1.089 tuits y retuits agraviantes contra la prensa. Pero, incluso se encontró mensajes descalificadores desde cuentas de instituciones: 98. El total de los 1.384 tuits de este tipo generó 590 alertas contra la libertad de expresión. 
El grupo con mayor número de agravios o descalificaciones contra la prensa en Twitter fue el de la Comunicación. De ellos, también en esta lista está a la cabeza el exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado. El segundo grupo corresponde al de asambleístas oficialistas y el tercero a la Presidencia. 
En los 1.384 tuits con agravios se encontraron 185 hashtags, que acompañaron estos mensajes publicados entre 2012 y 2015. Algunos de ellos: #EcuavisaMiente, #VendePatria, #MediosSinViolencia, #LaDobleMoralDeLaSemana, #Caretucos, #FueraGolpistasFuera. 
En su estudio Fundamedios destaca que la red Twitter es solo un eslabón más de un conjunto de mecanismos de presión del Gobierno contra la libertad de prensa como la Ley de Comunicación, las cadenas o el abuso de rectificaciones y réplicas.

MilHojas.is

A un mes del terremoto que azotó Ecuador el 16 de abril de 2016 la propaganda oficial hablaba de un Ecuador Listo y Solidario.  Pero con el terremoto no sólo se desmoronaron miles de edificios en varias ciudades de las provincias de Esmeraldas y Manabí. La edificación del promocionado Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos también quedó gravemente lesionada.
En un momento que, en medio del terror y el error, el país esperaba respuestas estas llegaron desde otros espacios y no desde la institucionalidad construida por la Revolución Ciudadana para prevenir y mitigar los riesgos o responder a las desastres. Está por verse si tal estructura puede restaurarse o debe ser demolida.  
Después de más de mil réplicas, dos de más de 6,7 grados en la escala de Richter el miércoles 18 de mayo de 2016, se evidenció que el Ecuador es un país solidario, pero definitivamente no estaba listo.
Ecuador Listo y Solidario
En el Enlace Ciudadano #475, un promocional informativo de Ecuador Listo y Solidario destacaba que en materia de rescate y atención de la crisis humanitaria “se hizo lo que se debía hacer y se lo hizo bien” que “el rescate fue efectivo” y que se “evitó pérdidas de vidas por descuido o mal manejo de crisis”. Curiosamente esa pieza mencionaba la importancia del rol jugado por el ECU911 y su coordinación con la Defensa Civil durante la tragedia.  
En ese mismo enlace, el Presidente Correa recordaba que en Ecuador la “Defensa Civil” ya no existe y fue reemplazada por una nueva institucionalidad la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. 
Según el Presidente Correa “esta tragedia hace 10 años hubiera sido mucho peor”. Para él,  uno de los elementos que marcó esta positiva diferencia fue el cambio institucional que implicó la creación de la Secretaría de Gestión de Riesgos. En sus palabras, mientras la Defensa Civil, manejada por militares, tenía un rol meramente reactivo, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos “cumple tres tareas: prevenir, reaccionar, coordinar esa reacción y reparación después del desastre”.  Según este guion, gracias a estos cambios, el 16 de abril de 2016, el Ecuador habría estuvo listo (preparado) y reaccionó con rapidez y efectividad, a diferencia de lo que sucedía en el pasado.  
Más allá de la comparación con el pasado, la pregunta es si el sistema creado por la constitución de Montecristi estuvo a la altura de lo que enuncia.  ¿Reaccionó adecuadamente la nueva institucionalidad en materia de riesgos creada en la administración del Presidente Correa? ¿Realmente se reaccionó con rapidez y efectividad y se hizo lo que se debía hacer en la zona del terremoto?
¿Quién está a cargo de la gestión de riesgos en el Ecuador?
En su intervención al mes del terremoto, el Presidente se congratuló por la nueva institucionalidad de gestión de riesgos en el país, reduciendo el sistema a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.  Luego mencionó como puntal del manejo de la crisis al ECU911 y a continuación, el promocional informativo de ese día mencionó que varios Ministros de Estado dejaron sus carteras para responsabilizarse de la crisis en distintas circunscripciones en las provincias afectadas, por encargo del Presidente.  El grupo de Ministros entró a trabajar el 18, coordinado por el Ministro de Defensa, Ricardo Patiño y el Ministro de Seguridad Interna, César Navas, con asesoría del Secretario de Gestión de Riesgos, Vicealmirante Luis Jaramillo.  ¿Quién manejó entonces a crisis?
Esta confusión grafica lo sucedido con un sistema que no termina de cuajar y que no respondió adecuadamente ante el desastre, debiendo en la práctica ser reemplazado de manera improvisada.
En 2008 la Constitución de Montecristi, Art. 389, propone la creación del “sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos” que estaría integrado por “las unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y privadas en los ámbitos local, regional y nacional”, bajo la rectoría del Estado (que terminaría siendo el ejecutivo central) “a través del organismo técnico establecido en la ley.” 
Lo planteado por Montecristi reemplazaba, la “lógica reactiva” de la Defensa Civil, por un sistema que idealmente no sólo lidiaba con las crisis causadas por los desastres, sino que intentaba mapear el riesgo, incorporar medidas para su prevención y se planteaba el manejo de la ayuda humanitaria, la mitigación y la reconstrucción -cuando fuese necesaria- desde una perspectiva de derechos. 
Todo esto sonaba perfecto y acorde a las más avanzadas propuestas en materia de gestión de riesgos a nivel mundial. Sin embargo, después de ocho años este es aún un proyecto en construcción por razones legales y operativas. Estas fallas hacen que el peso de la preparación de la reacción recaiga, aún más de lo que plantea el esquema constitucional, en una Secretaría de riesgos que estuvo virtualmente ciega ante la amenaza sísmica.
En cuanto al marco legal del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, la propia institución rectora del sistema, la Secretaría de Gestión de Riesgos, ha cambiado su status legal tres veces desde que reemplazó a la Dirección Nacional de Defensa Civil:

Tantos han sido sus cambios, que el propio Presidente Correa se confundió en su último enlace ciudadano No. 475 y repetidamente se refirió a ella como la “Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos” pese a que él mismo la transformó en “Secretaría de Gestión de Riesgos” por Decreto No. 62 de la Presidencia de la República del 5 de agosto de 2013.  
Los cambios de status legal de la Secretaría de Gestión de Riesgos están vinculados a algo más profundo, a una suerte de limbo legal.
Según el Art.  133 de la Constitución, las instituciones creadas por esta deben ser regidas por una Ley Orgánica, lo mismo aquellas instituciones o sistemas que garanticen derechos.  Por ambas razones el Sistema Nacional Descentralizado de Riesgos y su ente rector debían ser normados por una ley orgánica que debió votarse al año de la aprobación de la Constitución de Montecristi. Sin embargo hasta ahora esa ley no existe, pese a los esfuerzos de algunos asambleístas y de la propia Secretaría de Riesgos.
En lugar de ello, sobre el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos y su ente rector, están enmarcados en una estructura normativa que funciona como una colcha de retazos donde hay normas que repiten algunos aspectos del mandato constitucional versus normas cuya lógica subordina el tema de la gestión de riesgos y su garantía de derechos a la lógica de la seguridad pública.
Entre las primeras están: el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD), el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP), la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el Plan Nacional de Desarrollo para el “Buen Vivir” 2013- 2017.
Las segundas son las que tienen más peso: la Ley de Seguridad Pública y del Estado y su Reglamento, pues son las que a falta de su propia ley orgánica norman directamente el Sistema.  La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos es definida en 2009 como el ente rector del Sistema por una ley que le es ajena, la de Seguridad Pública. Y es el reglamento de esta ley el que establece sus funciones y determina la existencia de los elementos del Sistema, cuya “ejecución” le corresponde.
Pero aún hay más. El marco constitucional y legal de la gestión de riesgos estuvo rezagado frente a la voluntad presidencial. 
Antes de que la Secretaría fuera reconocida como ente rector del Sistema Nacional Descentralizado de Riesgos por parte de la Ley de Seguridad Ciudadana e incluso antes de la aprobación de la Constitución de Montecristi, la Defensa Civil  ya había sido reorganizada por decreto como Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos adscrita al Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa.1 
Los subsiguientes cambios en la naturaleza de la Secretaría se hicieron también por decreto, incluso el hecho de darle a Pilar Cornejo, quien dirigió la Secretaría desde el 18 de septiembre del 2009 hasta noviembre del 2015, el rango de Ministra.
Mientras la Secretaría fue creada y reformada a voluntad del Presidente por  Decreto, el funcionamiento del Sistema Nacional Descentralizado  se estableció mediante una decisión ejecutiva de menor nivel, la de la Secretaria de Gestión de Riesgos, María del Pilar Cornejo, a través del Manual del Comité de Gestión de Riesgos emitido por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos en 2011 y reformado en 20142
Reemplazando a la ley orgánica, entre el Reglamento de la Ley de Seguridad Ciudadana y el Manual del Comité de Gestión de Riesgos, se crea un complejo sistema liderado por la Secretaría de Gestión de Riesgos. En este sistema se supone que existen “Comités de Gestión de Riesgos”, CGR, en todos los niveles de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) –parroquias, cantones, provincias. 
Una de las novedades del Manual del Comité de Gestión de Riesgos de la Secretaría es que a nivel provincial irrespeta el formato de que los encargados de los comités de gestión de riesgos sean los dignatarios electos (a nivel parroquial son los presidentes de las juntas y a nivel municipal los alcaldes).  El Manual establece que a nivel provincial quien estará a cargo de la gestión de riesgos es el Gobernador de la Provincia (funcionario de libre remoción designado por el Presidente en cuya representación actúa) en lugar del Prefecto Provincial, quien es electo.  Esto entra en contradicción con la COOTAD y con la propia.
En síntesis, el problema de que el marco normativo de la Secretaría de Gestión de Riesgos y de todo el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos este fundado en Decretos y manuales y no en su ley orgánica, es que lo deja totalmente a merced de las decisiones del ejecutivo, sustrayéndolo del debate nacional.  El mismo rango y adscripción de la Secretaría que es el ente rector lo ha evidenciado estos años.
En cuanto a lo operativo
Tenemos a la Secretaría de Gestión de Riesgos es el ente rector, da políticas, métodos y orienta la acción y a los Comités de Gestión de Riesgos en los Gobiernos Autónomos Descentralizados, son quienes gestionan el riesgo en los territorios.
Pese a su inestabilidad legal, la Secretaría existe vía decreto incluso antes de que fuera explicitada en la Ley de Seguridad Ciudadana.  La situación de los Comités de Gestión de Riesgos de los GADs es otra.
Varios años después de que el Sistema entrara en operación tales Comités no habían terminado de estructurarse.  Según el “Plan Estratégico Institucional 2014-2017” de la Secretaría de Gestión de Riesgos, recién para 2017 se iba a contar con Unidades de Gestión de Riesgo en los 221 cantones del Ecuador.  La Secretaría citaba que al 2014 había 103 cantones con unidades de gestión de riesgo y se esperaba que entre 2015 y 2017 se crearan 38 unidades de gestión de riesgo por cada año.
¿Cuántos de esos comités habrán estado estructurados para las provincias de Manabí y Esmeraldas, sin hablar del resto de provincias que fueron parte de la primera declaratoria de emergencia el 16 de abril de 2016?
El reto de los Comités de Gestión de Riesgos no sólo era estar estructurados sino inteligenciados de cuáles son las políticas y procedimientos ante los riesgos.  Sin embargo, tal preparación no existía ni siquiera a nivel provincial, según el Plan Estratégico no todas las 24 provincias contaban con agendas de reducción de riesgos en sus territorios, y los cantones tampoco incorporaban la gestión de riesgos en sus Planes de Desarrollo ni en su Ordenamiento Territorial.  Recién para el año 2017 se esperaba contar con avances  significativos al respecto. Quien debe darles directrices para desarrollar esos instrumentos era la propia Secretaría, la misma que debía tener por lo menos un delegado a nivel provincial en caso de desastres.
Cómo debía funcionar:
Los Comités de Gestión de Riesgos, donde existen, deben reunirse periódicamente para tareas de prevención y mitigación de los riesgos en los GADs, y ante los desastres se convierten en “Comités de Operaciones de Emergencia” COE. 
Los COE convocan a todos los actores relevantes de los GADs (bomberos, policías, organizaciones de la sociedad civil) y funcionan en varias Mesas Técnicas Temáticas (MTT) para evaluar y atender la emergencia. 
En las primeras 8 horas del desastre, los COE y sus mesas deben hacer una evaluación de lo sucedido para proceder a brindar la ayuda necesaria.  
La posibilidad de que la emergencia debida al desastre supere a los municipios afectados está contemplada en el Artículo 390 de la Constitución, donde se establece que el Sistema funciona de manera desconcentrada y subsidiaria con responsabilidad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en su gestión, pero “cuando sus capacidades sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad”.
El esquema planteado para esta operación desconcentrada y subsidiaria es  el siguiente:
En este esquema ideal, una vez ocurrido el terremoto se monitoreaba la situación, se activaban los COE y se realizaba una evaluación y se determinaba la necesidad de ayuda humanitaria y la capacidad o no del  COE de gestionarlo por sí mismo o si este la supera y debe ser respaldado provincial o nacionalmente. Pero un terremoto no respeta los cuidadosos organigramas de los burócratas, peor aun cuando estos no han terminado de colocar todas las piezas del engranaje que pretenden construir.
El ruido y la furia
En lugar de este esquema, el Ecuador post terremoto, experimentó una versión faulkneriana tipo “El ruido y la furia” de gestión de riesgos: La evaluación no estuvo lista a tiempo, se empezó a trabajar a ciegas y sin control en la zona cero, los niveles del sistema empezaron a funcionar al unísono pero sin adecuada coordinación, superponiéndose, en las primeras horas.  
La ausencia del país del Presidente de la República quien presidía el COE nacional y de su Canciller, quien debía procesar las solicitudes de ayuda humanitaria, durante las primeras horas del terremoto incrementó el caos. 
Pero incluso si todo hubiera funcionado existía un vacío fundamental: la falta de políticas, procedimientos y estándares para lidiar con fenómenos sísmicos por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos que dejaba a todos los actores públicos, desde los líderes cantonales hasta la Presidencia de la República y sus ministros delegados, huérfanos de herramientas y a merced de la improvisación. Tal situación prevaleció hasta que pudieron articular la asistencia de los expertos internacionales, sobre todo la de aquellos que tenían capacidad de interlocución con los altos funcionarios del gobierno, los expertos de Naciones Unidas.
La evaluación inicial
La evaluación que los COE debían hacer se realiza siguiendo una metodología. Esta metodología había sido cambiada recientemente en el Ecuador.   
Hasta 2014, en el país se utilizaba un instrumento llamado EDAN, Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades.  Este instrumento de evaluación es uno de los más ampliamente utilizados en la región, con usuarios como la Organización Panamericana de la Salud, y otros.  En Ecuador fue introducido por lo OFDA (Oficina de Atención a Desastres Foráneos) de la USAID y se suspendió su uso en 2014, coincidiendo con la salida de USAID del Ecuador a pedido del gobierno nacional.
Desde entonces entró en vigencia una nueva metodología llamada EVIN (Evaluación Inicial de Necesidades) desarrollada por la Secretaría con apoyo del PMA (Programa Mundial de Alimentos). La metodología de “Evaluación Inicial de Necesidades” recién estaba siendo socializada en los GADs en 2015. 
Se suponía que, como sucedía con el EDAN, debía ser implementada en las primeras 8 horas, pero según fuentes de milhojas.is, recién al día miércoles 20 de abril se contaba con los resultados de la misma.
Es decir, que entre el día 16 de abril del terremoto, hasta el día 20, las decisiones se tomaron sin la base de información objetiva y técnica como la que proveen instrumentos probados como el EDAN o su reemplazo nacional EVIN.
Atención/Desatención
A más de la falta de un instrumento técnico que oriente las decisiones, en las primeras horas las poblaciones afectadas con más fuerza tuvieron dos escenarios: el de la atención de las autoridades locales y nacionales, con sus limitaciones y errores, y la desatención que en algunos casos fue más allá de las 40 horas.  En el primer caso tenemos los dos centros urbanos más importantes de la provincia de Manabí: Portoviejo y Manta, y el lugar del epicentro: Pedernales.  En el segundo caso, tenemos a Jama y el pueblo de Canoa en el cantón San Vicente de Manabí y Muisne en provincia de Esmeraldas, sobre todo el golpeado pueblo de Chamanga.
La atención y desatención en materia de rescate tuvo diversos costos.  En los cantones donde llegó la ayuda también llegó la maquinaria pesada, que se introdujo antes del tiempo que los protocolos establecen.  En cambio, la demora de la ayuda en otras poblaciones puso en riesgo a quienes necesitaban una ayuda mayor de la que podían brindarles sus vecinos u otros rescatistas improvisados.
La ausencia y el retorno
La ausencia presidencial llevó a que en la capital funcionara un COE N (Comité de Operaciones de Emergencia Nacional) sin liderazgo.  Cuando partió a Estados Unidos y Vaticano, para promocionar “El Royal Tour” y participar en la elaboración de una nueva encíclica respectivamente, el Presidente no dejó encargada la Presidencia a Jorge Glas.  Por lo tanto, Glas, no tenía capacidad para decretar Estado de Emergencia ni para movilizar a las Fuerzas Armadas.  Desde el avión presidencial, Correa debió enviar el decreto.  Por lo tanto, más allá del desplazamiento del Vicepresidente a la zona cero, quien lideraba el proceso era el Presidente ausente. 
Con Correa estaba también el Canciller Long, de cuya cartera dependía, junto a la Secretaría de Gestión de Riesgos y el COE N, dar trámite a la ayuda humanitaria internacional que fue ofrecida al país a las pocas horas de que se conoció globalmente la noticia del terremoto.
Si el Sistema y la Secretaría hubieran cumplido su rol a cabalidad, la ausencia presidencial hubiera sido un solo un dato.  En momentos en que los COE cantonales e incluso el provincial se vieron rebasados, su rol como Presidente del COE Nacional, imposible de cubrir por Glas al no ser el Presidente encargado, significó que ciertas decisiones importantes se vieran postergadas.
Tal postergación, en esta situación podía ser costosa.
A su llegada el Presidente diseñó un manejo de la crisis que se superponía al Sistema que había inventado para desmantelar a la Defensa Civil. Designó a varios Ministros para que se encarguen de diferentes cantones en las provincias afectadas, con el Ministro de Defensa, Ricardo Patiño, y el Ministro de Seguridad Ciudadana, César Navas, como coordinadores con la asistencia técnica del Secretario de Gestión de Riesgos, puesto que desde el 25 de noviembre de 2015 ocupaba el Vicealmirante Luis Jaramillo.3  
Estos cambios iban mucho más allá del apoyo subsidiario que el Art. 390 de la Constitución contemplaba.  En muchos cantones son los Ministros los que se ponen al frente de los COE, en otros, donde los alcaldes estaban más activos, se genera confusión. En los hechos, los primeros momentos la función de la Secretaría de Gestión de Riesgos como asesoría técnica es también limitada, la violación de los protocolos de búsqueda y rescate así lo atestigua. 
La incorporación de César Navas, en la gestión de la crisis humanitaria del terremoto, con el adicional rol de vocero, repetía el esquema ya utilizado por el Presidente en dos situaciones de riesgo de 2015, el fenómeno del Niño y el estado de excepción ante la actividad del Volcán Cotopaxi.  En este segundo evento, además, el rol de Navas implicó darle un giro represivo a la emergencia con la actuación de las Fuerzas Armadas en Saraguro, a gran distancia de la zona amenazada por el volcán. 
Con la movilización de los Ministros y la fuerza armada, se generó cierta noción de orden y control en la zona luego de la tragedia.  A ello también coadyuvó el rol que las Agencias Internacionales de Cooperación y Asistencia Humanitaria empezaron a cumplir en la zona en coordinación con los ministros. Pero eso nada tiene que ver con el planteamiento de un Sistema que se suponía que iba a actuar desde la prevención, la mitigación, la recuperación y mejoramiento de las condiciones del desastre con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad, citando el Art. 389 de la Constitución.

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El Servicio de Rentas Internas (SRI) deberá este 19 de mayo licitar un contrato por mas de 90 millones de dólares que busca controlar eficientemente el pago del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE). Se trata de un sistema urgente y necesario que el Estado busca implementar en este período de crisis financiera, pero al interior del entidad tributaria ya se  conoce el nombre de la empresa ganadora, se trata de la suiza Sicpa, la misma que enfrenta cargos de fraude y soborno en Brasil por haber dirigido un contrato similar al que intenta ejecutar en Ecuador.
Documento: Los pliegos para la adjudicación del contrato.
El proceso ya se halla en el Sistema de Compras Públicas desde el pasado 7 de abril de 2016. Se trata del concurso para la identificación, marcación, autenticación, rastreo y trazabilidad fiscal para bebidas alcohólicas, cervezas y cigarrillos de producción nacional.  
El objeto del proyecto es colocar un sistema de identificación y rastreo  en cada embase y  reconocer si son productos de contrabando o si las industrias nacionales mantienen un sistema de producción no declarado, para burlar el pago de impuestos.  
En 2007 un trabajo realizado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investihgación (ICIJ), que ahora acaba de revelar el escándalo de los Panama Papers, publicó un informe internacional que explicaba cómo las empresas de cigarrillos en diversas partes del mundo contaban con líneas de producción no declaradas que fomentaban el contrabando, el terrorismo y la evasión de impuestos. El estado ecuatoriano además identificó que existió el ocultamiento en la producción de cerveza, por ejemplo: en 2012 las cerveceras declararon la producción de 570'744.914 de botellas pero al 2013 cuando las empresas sabían que se implementaría el proyecto de trazabilidad, se registró una producción de mas de un billón de botellas de cerveza (1''033'664.556)  ¿pudo aumentar en un año la producción en un 100%?, ¿qué autoridad se ha referido a ello?, ¿dónde están los revolucionarios para rasgarse las vestiduras? 
De eso el presidente Correa no ha dicho una sola palabra. En todo caso el sistema a implementar establece mecanismos de control para disminuir el mercado ilegal de alcohol y cigarrillos y  busca un eficiente proceso de recaudación del impuesto a los consumos especiales (ICE). El costo: $93'504.625,48. Nada de esto suena extraño y el proceso es por demás necesario, pero hay un inconveniente: el concurso público de ofertas está dirigido a favorecer a Sicpa.  
Existen evidencias claras de ese direccionamiento. Días antes de la publicación del proceso en el portal de compras públicas, el SRI emitió un memorando interno con las bases del concurso, en estas se ratificaba la posibilidad de participación de varias empresas.  Por ejemplo en el numeral 2.2.1 de experiencia general, se decía que las participantes debían brindar servicios de marcación, rastreo y trazabilidad de cualquier producto, que su experiencia debía ajustarse al sector privado y que el número de envases marcados sea al menos de 700.000 unidades. En el punto de experiencia específica también se ratificó el rastreo de “cualquier producto”.  
Pero eso varió en los pliegos publicados: en el segmento de experiencia general se agregó el servicio de trazado a “empresas privadas y gobiernos”, se aumentó el monto: 3´000.000 de unidades identificadas y se especificó que la ganadora debía  brindar esos servicio de marcación, rastreo y trazabilidad para “bebidas alcohólicas, cervezas o cigarrillos”.  
Esos simples cambios provocarán que sólo Sicpa Ecuador cumpla los pliegos. En las bases del concurso se establece que la experiencia general y específica se calificará con el 25%.

Sicpa en la actualidad atraviesa un escándalo de corrupción en Brasil, fue acusada de entregar sobornos por 32 millones de dólares a diversos funcionarios del Ministerio de Hacienda de ese país por firmar un contrato de servicio de miles de millones de dólares para supervisar la producción de bebidas…

Sicpa en la actualidad atraviesa un escándalo de corrupción en Brasil, fue acusada de entregar sobornos por 32 millones de dólares a diversos funcionarios del Ministerio de Hacienda de ese país por firmar un contrato de servicio de miles de millones de dólares para supervisar la producción de bebidas como cerveza y refrescos, muy similar al que busca implementar con el SRI de Ecuador.  
En julio de 2015 la Policía de Brasil allanó las oficinas de la Agencia Federal de Impuestos como parte de la investigación. El escándalo se enmarcó en otras investigaciones como el caso Petrobras y Odebrecht. Entonces el Ministerio de Finanzas emitió un comunicado afirmando que la investigación comenzó cuando se informó  a la Policía Federal la sospecha de que funcionarios dirigieron la licitación  favor de Sicpa, que ya había implementado el sistema Sicobe desde 2008 que registra contadores para el control, registro, grabación y transmisión en las las líneas de producción de bebidas frías como cervezas, refrescos, jugos, aguas minerales para el posterior pago de impuestos, para propósitos de impuestos.  
En Ecuador la empresa ya realizó proyectos para el Sistema Nacional de Aduanas (Sinae). En 2014 firmó un contrato de $855.000 para entregar 7 millones de timbres o etiquetas fiscales para colocarlas en los licores importados. Se trató de una subasta inversa que a todas luces estaba dirigida a Sicpa.  
La empresa nuestra un alto nivel de opacidad, en su registro ante la Superintendencia de Compañías, se establece el Consorcio Sicpa Supraplast Ecuador es representado por Sicpa Security Solutions, esta segunda compañía registra como apoderado a BBR Representaciones que a su vez mantiene como representantes a cinco empresas mas. Solo se registra el correo electrónico de un empleado de la firma de abogados Bustamante y Bustamante.  
Pero existe un registro que brinda pistas quién es Sicpa en Ecuador. En octubre de 2010 la empresa dirigió una carta a la entonces ministra de coordinación de la política económica Katiuska King,  la misiva fue firmada por Marco Erazo, amigo personal de Rafael Correa, que compartió espacio en el grupo Ecuador Alernativo, el colectivo que impulsó la candidatura de Correa hace dos lustros. Erazo ocupó la embajada del Ecuador en Francia por pedido de Corrrea y luego de su cumplir su misión fue nombrado representante de Sicpa en el país. En el enlace ciudadano 170 realizado el 1 de mayo de 2010 en el Palacio de Carondelet, Correa ya hizo referencia a la contratación de Sicpa: “Hay un proyecto para implementar timbres, mas que timbres son cintas de seguridad que está aplicando una empresa suiza, con eso podemos contar la producción de cada industria y saber cuánto se debe pagar de ICE, ese impuesto no lo paga la industria, lo paga el consumidor, se puede controlar cuántas botellas se produjeron”, dijo.
Imagen: Sicpa viene tras el contrato desde 2010.
En la carta dirigida a la entonces ministra King, Marco Erazo reconoció haberse reunido con el presidente (su amigo) el 28 de abril de 2010.  
Para impulsar el nuevo proyecto con Sicpa, el gobierno creó el 22 de septiembre de 2014 el sistema SIMAR:  Sistema de Identificación, Marcación y Rastreo como mecanismo de control para hacer cumplir el régimen tributario. En el segundo suplemento del Registro Oficial 338 se establece el objetivo de marcar a cada embase, botella o cajetilla de cigarrillos con una identificación que permita conocer si ingresó legalmente al país.  
En el enlace Ciudadano 468 del 16 de marzo de 2016 Correa volvió a referirse al proyecto SIMAR. Lo  hizo el segmento la libertad de expresión es de todos. Luego de las repetitivas críticas a los medios de comunicación y periodistas por informar sobre el aumento del precio de los licores dijo: “Qué me averigüen cómo se llama el sistema que cuesta decena de millones de dólares de lectura de timbres, que puede detectar enseguida licor de contrabando, cajetillas de cigarrillos de contrabando”.  
La licitación que promueve el SRI se halla en fase preguntas de preguntas, la presentación de las propuestas será hasta el 19 de mayo y ese mismo día se conocerá a la empresa ganadora.   

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Video: El entonces secretario de Gestión de Riesgos niega el uso de maquinaria.
La salida del vicealmirante Luis Jaramillo de la Secretaría de Gestión de Riesgos, anunciada la noche del pasado lunes 2 de mayo de 2016, no puede convertirse en cortina de humo por las evidentes limitaciones del Gobierno de Rafael Correa ante el reto del terremoto del 16 de abril de 2016.
El 25 de abril de 2016, el portal gubernamental El Ciudadano publicó que: "Se cumplieron los protocolos internacionales en la búsqueda y rescate de víctimas del terremoto”.  En tal nota, se incluye un video donde el vicealmirante Luís Jaramillo, Secretario de Gestión de Riesgos "niega enfáticamente que se hubiese incumplido el protocolo respecto a la introducción de maquinaria pesada para remoción de escombros antes de las 72 horas", que indicaban los Protocolos Internacionales. Jaramillo mintió.
Muchas voces, tanto de rescatistas, periodistas y ciudadanos que estaban en el área, atestiguan lo contrario a lo señalado por el Secretario Nacional de Gestión de Riesgos y El Ciudadano.
•No deje de leer: 'Terremoto: el riesgo es que el Gobierno siga sin hacer nada'
El 1ro. de Mayo, el portal noticioso argentino Infobae publicó una entrevista con Luis Carabelli voluntario del equipo de rescate argentino 'Cascos blancos', quien señala que el hecho de que se utilizara maquinaria para la remoción de escombros en las localidades afectadas por el terremoto antes de las 72 horas que indican los protocolos internacionales de rescate de víctimas "pudo aumentar la cantidad de muertos". 
Caraballi no es el primero en hacer este tipo de comentarios.  El 19 de abril, a pocos días de la tragedia, el Diario El País de España, reseñaba la preocupación del Capitán Germán Andrés Miranda, director nacional de los Bomberos de Colombia -que colaboraban en los esfuerzos de rescate en Ecuador- por el incumplimiento por parte de las autoridades ecuatorianas de los protocolos de rescate de sobrevivientes.  El Capitán Miranda expresaba su preocupación por el uso de “maquinaria pesada en las áreas en las que trabajan los organismos de socorro, lo que podría generar una desestabilización del terreno.”
El grupo de rescatistas mexicanos conocido como los Topos, también expresó su preocupación por el incumplimiento de los protocolos de rescate de víctimas en el terremoto sufrido en Ecuador el 16 de abril de 2016 con epicentro en la población de Pedernales, provincia de Manabí. Al igual que rescatistas argentinos y colombianos, los mexicanos identificaron la introducción de maquinaria pesada para la remoción de escombros antes de las 72 horas como uno de los incumplimientos más graves a dichos protocolos.
•No deje de leer: 'Karla Morales, líder de la sociedad civil tras el terremoto'
En el video de El Ciudadano, Jaramillo dice enfáticamente: “Quiero indicar que en ningún momento se intervino con máquinas para la remoción de escombros como se ha difundido de una forma totalmente  antiética y totalmente inmoral. El tema de las pocas maquinarias que entraron fueron para limpiar la vía de acceso, no para remover escombros."
El Secretario de Gestión de Riesgos fue más allá y descalificó a quienes denunciaron el uso de maquinaria pesada:
“Ingresaron turistas que una vez que estuvieron en el país como turistas se colocaron trajes de seudo rescatistas y ellos quienes de una forma totalmente inmoral están difundiendo noticias falsas o desinformando a la ciudadanía”

Video: El entonces secretario de Gestión de Riesgos descalifica a rescatistas.
La nota de El Ciudadano también atribuye a un funcionario del PNUD la afirmación de que el país había cumplido con los protocolos internacionales en la búsqueda y rescate de víctimas. 
¿Dónde está la verdad?  ¿Hubo cumplimiento o no de los protocolos? ¿Se puede considerar a los Topos mexicanos, los bomberos colombianos y los cascos blancos argentinos como seudo rescatistas?
Lo que nos queda claro es que el Gobierno acepta que introducir maquinaria antes de las 72 horas violaba los protocolos y por ello lo niegan enfáticamente.
Nuestra revisión de las fotos y videos publicados en medios locales, nacionales e internacionales prueban que Jaramillo  y El Ciudadano' mintieron. 
En estas fotos y videos se ve claramente a la maquinaria pesada demoliendo edificaciones. Los diarios y medios de comunicación publicaron tales imágenes entre los días 18, 19 y 20 de abril y dado que los diarios cierran su edición impresa en la noche, estas  fotos corresponden al día anterior.  Estas fotos se corresponden además con los testimonios de personas en los sitios del siniestro, quienes en redes sociales levantaban la voz de alarma. Como el terremoto fue a las 6:55 pm las 72 horas se cumplían a las 6:55 pm del día martes 19, siendo altamente improbable que se usen estas maquinarias en la noche, el día 20 todavía no deberían haber existido imágenes de maquinaria pesada en los escombros.
•No deje de Leer: 'Lo que el Estado entorpeció, las redes sociales solucionaron'
Las imágenes desmienten que Ecuador haya respetado los protocolos para búsqueda y rescate mostrando inequívocamente remoción de escombros de casas y edificios, la maquinaria que aparece en ellas no está despejando vías de acceso.
En su testimonio en el portal Plan V, el periodista Jean Paul Bardellini quien estuvo en Pedernales expresó:
“También se me acabaron los insultos para expresar la rabia e impotencia al ser testigo de cómo maquinaria pesada era usada para remover escombros sin esperar las 72 horas que establece el protocolo internacional para rescates en estructuras colapsadas…Duele porque los rescatistas de varios países explicaban que al hacerlo la maquinaria compacta los escombros, los llena de polvo, reduciendo a casi 0 las posibilidades de sobrevivir en ellos”.

La máquinaria antes de las 72 horas en los diarios
Imagen: Pedernales 17 de abril de 2016, publicado al día siguiente del terremoto en El Tiempo Latino.

Imagen: Pedernales 17 de abril de 2016 al día siguiente del terremoto (publicado el 18), en diario La Prensa de San Antonio, Texas.

Imagen: Pedernales 17 de abril de 2016 al día siguiente del terremoto (publicado el 18), en el portal BenditoFútbol.

Imagen: En el Diario El Universo se evidencia cómo a las pocas horas del terremoto la maquinaria pesada estaba removiendo escombros.
Imagen: Portoviejo 17 de abril de 2016 (publicado el 18), en el Diario de Manabí.
Imagen: Manta 17 de abril de 2016, no habían pasado ni 24 horas del terremoto (publicado el 18).
Imagen: Calderón 17 de abril de 2016. La maquinaria remueve escombros cuando no habían pasado ni 24 horas del terremoto (publicado el 18).
Pedernales 18 de abril de 2016, aun no se cumplían las 48 horas del terremoto (publicado el 19).
Rocafuerte 18 de abril de 2016, aun no se cumplían las 48 horas del terremoto (publicado el 19).
Manta 18 de abril de 2016 (Publicado el 19).
MilHojas.is no solo encontró fotos, también hay videos que muestran la maquinaria removiendo escombros, como este video de El Universo, durante el martes 19 de abril de 2016.  Las setenta y dos horas que indica el protocolo recién se cumplían a las siete de la noche, sin embargo vemos a la maquinaria trabajando desde la mañana.
Video: Manta 19 de abril de 2016, El Universo.

Incluso en crónicas sobre el terremoto de medios gubernamentales aparece la maquinaria como telón de fondo.  Durante el reportaje “Pedernales quedó devastado por el terremoto en Ecuador” podemos ver a los veinte segundos como aparece la pala mecánica removiendo escombros en Pedernales y a partir de los 57 segundos vemos como trabajaba la maquinaria ese día en El Carmen.  El reportaje fue publicado el día 18 de abril y las tomas tenían luz de día. Es decir que no habían pasado ni cuarenta y ocho horas del terremoto.
Video: Pedernales 19 de abril de 2016, TC Televisión.

En ese mismo reportaje podemos ver en el segundo 32 al alcalde de Pedernales solicitando desesperadamente ayuda, rescatistas y maquinaria pesada para su cantón.  La misma solicitud la hizo en TeleAmazonas y diferentes medios de comunicación. A su entender, la remoción de escombros era fundamental para el rescate.  Es sorprendente que ni la Secretaría de Gestión de Riesgos ni las otras autoridades nacionales, que estaban ya en la zona se hayan preocupado de sacarlo de su equivocación e indicarle cuál era el protocolo para rescate de víctimas en estos casos.
El Alcalde de Pedernales, quien preside en ese cantón el COE (Comité de Operaciones de Emergencia) según el incipiente Sistema de Nacional de Gestión de Riesgos no era el único en esa confusión. Como hemos visto por las fotos en otras ciudades pasó lo mismo.
¿Quién es responsable de esto? Si las autoridades locales y las personas particulares, con desconocimiento de los protocolos correspondientes decidieron usar maquinaria pesada para remover escombros comprometiendo la seguridad de quienes estaban atrapados, ¿qué rol jugaron las autoridades nacionales que ya se habían desplazado a las localidades afectadas por el terremoto el día siguiente? Por lo menos se sabe que el Ministro del Interior llegó a Pedernales y el Vicepresidente Glas también se desplazó a la provincia de Manabí.  La remoción de escombros con maquinaria pesada no se dio de manera aislada ni secreta, en la cobertura que los diarios hicieron del terremoto en Manabí y Esmeraldas hay gran despliegue de fotos donde se ve de la maquinaria en los días inmediatamente posteriores al terremoto.  Es imposible no haberse percatado del uso de tal maquinaria. ¿Debemos suponer que desde su retorno al Ecuador el domingo 17 de abril el Presidente de la República no vio un solo periódico?
Pero lo queda en evidencia la ignorancia de los protocolos en caso de terremotos por parte de la propia Secretaria de Gestión de Riesgo, o su inoperancia.
Imagen: captura de pantalla de noticia publicada por El Universo, en la que habla de retiro de escombros a 24 horas del terremoto.

La respuesta del Vicealmirante Jaramillo ante esta realidad ha sido negar que haya ocurrido lo que a todas luces sucedió y descalificar a quienes lo denunciaron. 
El terremoto del 16 de abril fue una prueba de fuego para el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo.  Pero no solo debe responder este sino todas las estructuras paralelas que ha creado este Gobierno dando como resultado una torre de Babel administrativa que se traduce desatención de los damnificados.
Que Jaramillo se vaya no significa que aceptemos que se pase la página sin fincar su responsabilidad y la de los demás involucrados.  ¿Qué tiene que decir de todo esto el Ministro  Coordinador de Seguridad César Navas, quien repitió como vocero en desastres naturales? El año pasado lo fue para el caso del Cotopaxi y ahora para el terremoto. Cuando Correa introdujo a Navas en la ecuación el año pasado, la Secretaría Nacional de Riesgo se redujo a mera Secretaría Técnica.  Navas, quien pasó del ECU911 a manejar el Ministerio Coordinador de Seguridad, maneja una estructura paralela a la Secretaría de Riesgos.  Cuando intervino el año pasado ante el estado de excepción por el Cotopaxi, donde la medida más importante fue la utilización del ejército para reprimir en Saraguro, quedó claro el tipo de riesgo en que se especializa Navas.
La demora en el rescate en Canoa, Pedernales, Muisne, Chamanga…
Si el manejo del rescate en Pedernales, Portoviejo y Manta violó los protocolos internacionales poniendo en riesgo a quienes estaban bajo los escombros, otras poblaciones que sufrieron también derrumbes de edificaciones ni siquiera fueron atendidas en las primeras 24 horas, las cruciales para el rescate. Qué pensar de un país cuya constitución garantiza la existencia de un Sistema Nacional Descentralizado de Riesgos y no es capaz de estar en menos de 24 horas en poblaciones víctimas del siniestro.  La falta de acceso no es un argumento válido.  Karla Morales y su equipo de voluntarios de la sociedad civil llegaron antes que el Gobierno a Canoa, a las 20 horas del desastre.
Las etiquetas del Mies
Los terremotos no solo tienen víctimas mortales, heridos y operaciones de rescate, también implican una situación humanitaria de damnificados que han perdido todo y necesitan refugio y alimento.  En este aspecto tampoco hubo adecuada respuesta por parte del Gobierno y sus entidades de riesgo y seguridad ciudadana.  Quien sostuvo a los damnificados de Manabí y Esmeraldas fue la solidaridad de la sociedad civil, gobiernos seccionales y empresas privadas que organizaron la recolección, acopio y traslado de agua, víveres, medicinas, artículos de aseo y vestimenta a las zonas afectadas.  Cuando el Gobierno reaccionó fue para controlar la ayuda y si bien es cierto que es importante la existencia de centros de acopio oficiales, la saliente Ministra de Inclusión Social le debe a los afectados y a todos los ecuatorianos una respuesta a la repetida denuncia de que en muchos centros de acopio la entrega de kits a los afectados fue demorada mientras esperaban que llegaran las etiquetas del Mies para que los destinatarios pensaran que la ayuda tenía fuentes gubernamentales.
Imagen: Bolsas de ayuda humanitaria con etiquetas del MIES.

Un ejército con hambre
Los primeros en llegar a un desastre usualmente son los bomberos, equipo de rescate, policía y militares.  En el caso de los militares destinados a las diversas zonas del terremoto del 16 de abril de 2016, lo sorprendente es que llegaron en condiciones bastante precarias, con carpas de la época del Cenepa y, gran cantidad de ellos, sin alimentos.  Como reseñó Christian Zurita en “Terremoto: el riesgo es que el Gobierno siga sin hacer nada”, los militares destacados en Jama pudieron comer gracias a la ayuda de la gente de un circo que les prestó una cocina y utilizando parte de los alimentos enviados a los damnificados. Alguien debe responder por haber enviado a la zona de desastre personal de ayuda que tuvo que buscar su propia supervivencia.
La ayuda internacional supeditada al guión de la propaganda
Otro de los temas que debe ser esclarecido es el del manejo de la ayuda internacional.  Existen varias denuncias de que se demoró la aceptación de la ayuda internacional de Estados Unidos y Europa para privilegiar la llegada de ayuda venezolana y cubana.  En entrevista en Radio Democracia el martes 26 de abril de 2016, el Economista Ramiro Crespo, citaba la entrevista que realizó el 18 de abril, Christian Johnson a Franciso Borja, Embajador del Ecuador en Estados Unidos, donde comentaba que el Secretario de Estado de Estados Unidos, Kerry, había ofrecido ayuda al Ecuador y que esta oferta “estaba siendo evaluada” por la Cancillería Ecuatoriana.  La ayuda de Estados Unidos a Ecuador solo se oficializó después de la llamada personal que hiciera el Presidente Obama a Rafael Correa.  Según Crespo, delegados de algunos países europeos expresaron la misma preocupación. Por otra parte, la ayuda de los Estados “hermanos” fue promovida y promocionada por el aparato de propaganda gubernamental. 
¿Y ahora?
En este momento el país necesita revisar y evaluar lo sucedido. El uso de maquinaria pesada antes del plazo de las 72 horas es solo uno más de los costosos errores del Gobierno en su manejo de la crisis del terremoto.  En términos de búsqueda y rescate el haber dejado poblaciones también gravemente afectadas por el terremoto desatendidas por más de un día o dos, significó afectar sustancialmente la oportunidad de supervivencia de quienes estaban bajo los escombros y la nula capacidad de abastecimiento de alimentos y ayuda a la población damnificada de Manabí y Esmeraldas no tuvo consecuencias funestas gracias a la activa ayuda de la sociedad civil ecuatoriana.
Ecuador es un país con alto riesgo sísmico, volcánico y pluvial tiene que aprender las lecciones que los errores en el manejo de este siniestro le deja.  Eso no se hace con mentiras ni silencios.

MilHojas.is