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Autor: mh

Ivonne Cazar, víctima del machismo y del ‘espíritu de cuerpo’ policial (3)

Guillermo Andrés GómezJurado Astudillo, un violador en serie 
Antes de recibir la sentencia de 22 años de reclusión mayor especial, por haber sido hallado culpable de violar a una adolescente de 13 años de edad en Guayaquil, el exoficial de la Policía Nacional Guillermo Andrés GómezJurado Astudillo acumuló una serie de actos de indisciplina siendo parte de esa institución. Además, enfrentó denuncias judiciales por abusos sexuales contra otra adolescente (Machala) y una joven (Santo Domingo de los Tsáchilas); acoso sexual a otra menor de edad (Guayaquil); y demandas por violencia intrafamiliar de exconvivientes.
Dos de los casos más polémicos que enfrentó a nivel judicial fueron las denuncias por violaciones cometidas contra Anita I., una joven de Santo Domingo de los Tsáchilas, ocurrido en el 2005; y Verónica, acaecido en el año 1998, en Machala. En ninguno de los dos casos; y, supuestamente amparado y protegido por superiores e influencias a nivel judicial, no recibió sentencia alguna, aseguran las afectadas.

Imagen: el excapitán de POlicía Guillermo GómezJurado fue ubicado en el cartel de 'Los más buscados'. Ahora está preso.
La madre de Anita, cuenta que, en octubre del 2004, siendo capitán de policía, llegó con el pase al Comando cantonal de Santo Domingo de los Tsáchilas. Dos meses después, entre la noche del 29 y madrugada del 30 de diciembre, habría cometido el delito contra su hija. En el escrito de la denuncia se indica que, adoptando una postura de caballero ante quienes asistieron a un baile de gala, organizado por la Policía en el Grand Hotel Santo Domingo, se ofreció a llevar a la víctima, que había acudido al sitio como reina de la institución policial, hasta su vivienda. Compromiso que no cumplió, sino que la trasladó a un hotel en las afueras de la ciudad. Pese a la perseverancia de la madre, la justicia nunca lo acusó. Pero la mujer le ha hecho seguimiento y estuvo satisfecha ahora que le aplicaron la sentencia de 22 años. Es más viajó a la audiencia en Guayaquil; y, cuenta que, cuando lo vio vestido con la camiseta naranja que usan los reos en Ecuador, tuvo el “placer” de gritarle: “Ahora sí me puedo morir en paz, porque te veo como lo que eres, un violador”.
En el 1995, contra este uniformado se había presentado otra denuncia por violación a una menor de edad, estudiante de un colegio de El Oro, que hacía un curso del cual él era el instructor. La madre indicó que su hija había sido ultrajada por su profesor del Plan de Educación Vial; es decir, Guillermo GómezJurado Astudillo, quien enseñaba a estudiantes de los quintos cursos de diferentes colegios, que optaban por ese programa para evitar la redacción de monografías en sexto año.
El abuso sexual, indicó la madre en su denuncia, se cometió en las mismas instalaciones del Comando de Policía de Machala, en el área donde estaban las habitaciones que usaban los oficiales. Después de ese hecho; y, pese a que estaba casado, el uniformado siguió acosando a la joven hasta que la embarazó.
Una de las “estrategias” (si se lo puede llamar así) de Guillermo GómezJurado para evitar un enfrentamiento con la justicia, era que, después de haber cometido la violación, ejecutaba una persecución o acoso contra la víctima, a las que incluso les prometía matrimonio, pese a estar casado, para seguirlas violando.
Es lo que intentó hacer en Guayaquil, para no ser acusado de violación. A lo largo del proceso investigativo los familiares de la chica de 13 años, mostraron como sus evidencias los consecutivos mensajes que él enviaba a su víctima, a través de redes sociales (como Facebook) y de texto al teléfono celular, diciéndole que la amaba. A lo que la joven, después de haber sido violada, no accedió jamás.
En el departamento de procesamiento de datos de la Policía, que antes indagaba los procedimientos negativos de los uniformados, se registran descuentos por casos judiciales de Anita y la estudiante. Lo inexplicable es que en la Dirección General de Personal de la Policía no constaba la causa penal No. 258-1995 seguida contra GómezJurado por el delito de abuso sexual contra la joven machaleña, madre de una de las hijas del exuniformado, que fue remitida por el juzgado Segundo de lo Penal de El Oro, en el año 1998, porque el titular de ese entonces se inhibió. .


En los 17 años que GómezJurado fue parte de la institución estuvo arrestado 1.272 horas. En el 1992, fue arrestado en tres ocasiones; entre el 93 y 95 fue arrestado dos veces cada año; en el 1996 tuvo 6 arrestos; dos más en 1997; cinco en 1998; y uno en el año 2003…


Además, por información interna de la Policía, se conoce que en los 17 años que GómezJurado fue parte de la institución estuvo arrestado 1.272 horas. En el 1992, fue arrestado en tres ocasiones; entre el 93 y 95 fue arrestado dos veces cada año; en el 1996 tuvo 6 arrestos; dos más en 1997; cinco en 1998; y uno en el año 2003. En los aspectos positivos alcanzó dos méritos: en 1999, no incurrió en faltas disciplinarias; y, después de aprobar con calificación sobresaliente el XXXII curso de especialización, obtuvo tres nombramientos de profesor: en 1996, 1997 y 2001; e hizo dos cursos más, uno en 1992 y otro en el 2000. 
No obstante, en el mismo año 2000 le negaron la calificación para realizar el curso de especialización porque en su récord tenía antecedentes disciplinarios negativos. En el 2003, le volvieron a decir no a una reconsideración; y en el 2005, tampoco calificó como postulante al curso de ascenso de capitán a mayor. 
En su historial, se indica que fue parte de la cuadragésima tercera antigüedad de la quincuagésima tercera promoción de oficiales de línea. Estuvo en la institución 17 años, dos meses y 22 días. Ejerció el grado de capitán 5 años, un mes y 26 días. Ascendió a Subteniente el 4 de agosto del 1994; el 11 de octubre de 1995 llegó a ser Teniente; y el 11 de octubre del 2000 alcanzó a ser Capitán. Fue separado de la Policía⇒ tras haber sido enjuiciado por mala conducta profesional. Hasta que el 23 de octubre del año 2012 fue incluido en la lista de los Más Buscados del Guayas por le Ministerio del Interior. Su detención se dio el año pasado, en el balneario de Salinas, provincia de Santa Elena. Sobre él pesaba la boleta de detención por violación. Antes de eso, en su intención de evadir la justicia, había permanecido en Perú.

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Ivonne Cazar, víctima del machismo y del ‘espíritu de cuerpo’ policial (2)

Se perdió en un espacio de 60 metros
Ivonne Cazar fue vista por última vez la noche del 1 de marzo de 1996, cuando en horas de la noche llegó a las calles Cornelio Merchán y Nicanor Aguilar, de Cuenca, donde vivía. Según información recogida por los investigadores, ella arribó al sitio a bordo del vehículo del doctor Pablo Cordero, catedrático de la Universidad del Azuay; y con una compañera de estudios identificada como Helen Maldonado. En sus versiones, ambos dijeron que la dejaron en la esquina porque ella así lo deseó. Cárdenas, cuenta que a la universitaria siempre le gustaba quedarse en ese sitio y caminaba unos 60 metros a casa. ¿Qué sucedió después de ese instante?
Un guardia del barrio, de nombres Nelson Gutama Laso, fue la última persona que saludó con la joven en ese sector. Indicó en su testimonio que vio a la universitaria caminar hacia el apartamento que rentaba; y que entre sus manos llevaba una cartera y un abrigo. Esos mismos accesorios aparecerían, al día siguiente, afuera de la casa donde ella vivía. Le fueron entregados a la propietaria del inmueble por una mujer joven (inidentificada) que dijo que los había hallado al pasar por el sitio. En el proceso consta que, pese a que había llovido durante toda la madrugada, ambas pertenencias estaban secas. Así denunció su hermana Aida.

Imagen: Facsímil del diario El Tiempo, de Cuenca, que da cuenta de una manifestación, en 1996, de los comapñeros universitarios de Ivonne Cazar, que exigían una investigación. El juicio recién se abrió dos años más tarde.
Cárdenas recuerda que entonces la Policía indicaba que al parecer un automóvil de color blanco aguardaba a la universitaria cerca de su casa. "Decían que la había estado siguiendo y que la estaba esperando porque ella nunca entró a su vivienda. Y, voluntariamente, se subió al carro. Por eso creían que había sido alguien conocido, pero no hay testigos de eso… Ahí viene la teoría (de sospechar) de una persona que se llama César Jerves, quien fue uno de los investigados en el proceso. Y el carro de Verónica Tama, también, que era un carro blanco. Los dos tenían autos blancos: el uno era un Skoda; y el otro era un wolskwagen Gol…”, recuerda el profesional del derecho. A raíz de esa versión, se investiga a ambos en el proceso.
César Augusto Jerves Rojas, María Verónica Tama Vintimilla y el oficial de policía Diego Andrés Gómez-Jurado Astudillo, fueron los únicos sindicados dentro del proceso penal.


Los dos hombres indicaron que habían conocido a Ivonne dos días antes de su desaparición. Se las presentó Verónica Tama, quien a su vez entabló amistad con ella por la cercanía que mantenía con su esposo, José Serrano, como líderes estudiantiles de la Universidad del Azuay…


En sus versiones, los dos hombres indicaron que habían conocido a Ivonne dos días antes de su desaparición. Se las presentó Verónica Tama, quien a su vez entabló amistad con ella por la cercanía que mantenía con su esposo, José Serrano, como líderes estudiantiles de la Universidad del Azuay. En su testimonio María Verónica Tama indica que, hasta las 17:30 de ese 1 de marzo, la joven desparecida estuvo compartiendo con ella en su vivienda; y, desde ahí, se trasladaron a la clausura del Seminario de Derecho Tributario. Después ella se había ido a una cena.
En la investigación, además, se tomó la versión de Diego Gómez-Jurado Astudillo. En una parte de su versión él asegura: "…señor juez quiero aclarar en este momento que la noche del primero de Marzo, cuando yo me refería que estaba con mi hermano, César Jerves y Alfredo Moscoso en la vereda de Pitys, pasó Verónica Tama con una amiga, chica, y entonces pregunté yo quien era la que acompañaba a Verónica Tama, ya que yo me encontraba de espaldas hacia la calle y César Jerves que se encontraba con la vista a la calle supo manifestar que era Ivonne Cazar y esperamos a que den la vuelta para cerciorarnos lo cual ya no fue posible… (sic)". Además, dijo que esa noche no tuvieron una merienda familiar en casa de la madre de su cuñada Verónica Tama, pues el padre de él (un alto oficial de la Policía) no había llegado desde Quito.
Existen algunas diferencias en las versiones que dio Verónica Tama a la Fiscalía de Azuay dentro del proceso. E incluso se señala que la entonces señora de Serrano habría incurrido en el delito de destrucción de documentos públicos, pues, según uno de los investigadores del caso, de nombre Polivio Aymar Ludeña, después de haber dado su versión tras la desaparición de su amiga Ivonne, ella volvió a la policía para entregar una declaración que había sido redactada en un lugar distinto a esas dependencias. "La declaración inicial fue destruida delante de dicha señora y, como tiene manifestado, se procedió a tomarle una nueva entrevista…(sic)", indicó Aymar, quien asegura que Verónica Tama exigió que se le cambie la versión. ¿Qué indicó en esa versión original que luego quiso cambiar?, hasta hoy se desconoce.
‘No hubo investigación seria’
Dentro de las observaciones de la Segunda Sala de lo Penal de Azuay se indica: "Se puede apreciar que no existió una investigación seria, técnica y oportuna, que ha permitido que la misma se desvíe del principal objetivo cual fue dar con el paradero de la desaparecida (sic)". Y una de las conclusiones es: “Se presume que el viernes 01 de marzo de 1996 a las 21H30 aproximadamente, luego de ser dejada en la intersección de las calles Nicanor Aguilar y Padre Sodiro, entre la caseta del Guardia que le vio por última vez y su domicilio pudo haber sido recogida por alguna persona conocida de ella ya que de haber violencia el Guardia y vecinos del lugar se hubieran percatado…(sic)”.
En las conclusiones de la investigación también se indica que, "…de conformidad con el art. 241 del Código Adjetivo Penal, esta sala se pronuncia por el sobreseimiento provisional del proceso y definitivo  de los sindicados, recalcando que si a través del tiempo se establecen presunciones o pruebas de que la señorita Ivonne Cazar fue víctima de un delito de homicidio simple o asesinato, se iniciará un nuevo juicio en razón de esta infracción”. Lo que ha sucedido ahora, a inicios de marzo del 2016, cuando, por sugerencia de la Fiscalía de Guayas, se dispuso se reabra el caso.
Fue el 2 de febrero de 1998, cuando la Tercera Sala Penal de la Corte Provincial del Azuay emitía esa resolución. Además, hizo la siguiente recomendación "…tanto al señor agente fiscal, para que de conformidad con el literal a) del art. 19 de la Ley actual del Ministerio Público, realice las indagaciones y la investigación, con el apoyo de la Policía Judicial, para lograr determinar con precisión, no sólo la existencia de la infracción del plagio, sino que se llegue a determinar a los autores, cómplices y encubridores, esperando así mismo del Ministro Fiscal, que supervigile la conducción de estas indagaciones e investigaciones con el fin de poder establecer y descubrir la realidad del hecho que motiva este juicio… (sic)".


El proceso por la desaparición de Ivonne Cazar Ramírez permaneció estancado desde el 3 de febrero de 1998 hasta el 20 de enero del 2014, cuando el juez primero de Azuay, Miguel Antonio Arias, dispuso que se dicta auto de sobreseimiento definitivo del proceso y a favor de los entonces sindicados…


Sin embargo, el proceso por la desaparición de Ivonne Cazar Ramírez permaneció estancado desde el 3 de febrero de 1998 hasta el 20 de enero del 2014, cuando el juez primero de Azuay, Miguel Antonio Arias, dispuso que: “…en aplicación a lo previsto en el Art. 248 del C. de P. Penal, se dicta auto de sobreseimiento definitivo del proceso y a favor de los entonces sindicados César Augusto Jerves Rojas, Diego GómezJurado Astudillo y María Verónica Tama Vintimilla. En esta virtud se dispone que se mantenga el proceso en el archivo y se dé la baja respectiva del archivo (del Consejo) de la Judicatura… (sic)”.
Dentro del expediente del caso de Ivonne está la declaración que dio su padre, Alcides Cazar, el 2 de abril de 1996. Ahí recordó las palabras que le había dicho el actual ministro del Interior: “El señor (José) Serrano nos insistía que hiciéramos la propaganda porque no vaya a suceder lo que había sucedido con los chicos Restrepo…”. Pero, pese a los plantones de los universitarios exigiendo justicia, el caso está impune. Y es una historia más de desaparición no resuelta de las que se repiten en Ecuador. Es lo que más lamenta Galo Cárdenas, quien, cuando recuerda el hecho sufre una transformación emocional notoria en su rostro. Se sonroja, de las iras. Llora, de impotencia. Y confiesa que renunció a ser penalista porque el proceso que se siguió en el caso Ivonne Cazar lo decepcionó. Le marcó la vida. Marca que, seguro, también lleva la familia de Ivonne que hasta el momento no ha iniciado una demanda contra el Estado…

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Gobierno se endeuda para testear sus campañas de autopromoción


Video: La efectividad de la campaña #ElPasadoNoVolverá fue una de las obsesiones del exsecretario de la Administración Pública, Vinicio Alvarado.
José Miguel Delgado Vélez es un militante de la Revolución Ciudadana. Es parte de la nómina de empleados de la Secretaria Nacional de la Administración Pública y antes había sido Coordinador General de Infocomunicaciones y proyectos especiales en la Secretaría Nacional de Inteligencia, Senain.
Delgado Vélez es uno de los tantos funcionarios que monitorea el millonario gasto que realiza el Gobierno para mantener el Estado de Propaganda. La Secretaría de la Administración Pública destina mucho dinero a la publicidad y para realizar el seguimiento de esos recursos constituyó la Subsecretaría de Seguimiento Ciudadano, desde allí se gerencian cada uno de los proyectos comunicacionales  que mantienen las diversas entidades del Estado.  
Como la burocracia requiere varios pasos para lograr sus objetivos esa subsecretaría constituyó una unidad ejecutora llamada “Dirección Nacional de Contacto Ciudadano”, que es la instancia que autoriza el proyecto, asigna el dinero y establece metódicamente los avances de cada campaña que emprende el régimen a su favor. 
Por ejemplo, el funcionario Enrique Alejandro Pérez Flor lideró en 2015 el Proyecto “Desarrollo de Estrategias Comunicacionales periódicas”, un programa de implementación de “mecanismos de difusión de la imagen gubernamental y relacionamiento ciudadano”.  
En términos simples consistió en elaborar una estrategia general de comunicación que sirva de guía para la gestión de las campañas publicitarias del Gobierno y a su vez permita generar decisiones en materia de publicidad oficialista. Su costo inicial fue $305,760 pero en diciembre de 2015 la Secretaría de la Administración Pública estimó el valor final en  $617,090 ¿El beneficio? Sólo ellos saben. 
Como es costumbre de la revolución, lo primero que hace es guardar su imagen, por eso los resultados se presentan en una impecable matriz que detalla los resúmenes ejecutivos, se marcan además los hitos importantes en la ejecución, los indicadores de progreso y el avance financiero, bla, bla bla…


Los proyectos que maneja la Dirección de Contacto Ciudadano son renovados continuamente a medida que cumplen su ciclo, por ejemplo: el desarrollo de pautas publicitarias, entre enero y diciembre de 2015, generó un gasto de $3'979,682.39 para los spots 'El pasado no volverá', 'Somos +', 'Canción renacer del optimismo', 'La herencia de RC'


Los proyectos que maneja la Dirección de Contacto Ciudadano son renovados continuamente a medida que cumplen su ciclo, por ejemplo: el desarrollo de pautas publicitarias, entre enero y diciembre de 2015, generó un gasto de $3'979,682.39 para los spots “El pasado no volverá”, “Somos +”, “Canción renacer del optimismo”, “La herencia de RC”, “Es por ti Diálogo Nacional” y el nunca olvidado “Ecuador país de Paz”.  Incluyó el alquiler de 500 vallas en lindas carreteras. 
El gasto publicitario para el gobierno (léase Vinicio Alvarado) no es suficiente y, por tanto, requiere conocer el impacto de sus campañas. Por esa condición crearon el proyecto “Investigación y seguimiento” y destinaron $226,914.34 para una encuesta que les diga si la sociedad asimiló el mensaje de los spots “somos +”, “el pasado no volverá”, etc. Las encuestas se realizaron entre mayo y octubre de 2015. 
Documento: En la página 3 de esta matriz se menciona cómo Vinicio Alvarado pide evaluar el efecto de la campaña de las universidades Yachay, Ikiam y de las Artes.
No fue lo único que midieron: en marzo de 2015 crearon el proyecto “Evaluación y medición de la percepción ciudadana para la mejora de los servicios ciudadanos” por $212,800. Su objetivo fue conocer la percepción de la sociedad sobre varios temas, entre ellos lo que pensaban sobre la Universidad Amazónica, Ikiam, Yachay, Universidad Nacional de Educación y Universidad de las Artes.  
Este proyecto fue de importante gestión ya que fue financiado con dinero del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, es decir, el Gobierno midió la percepción ciudadana con deuda externa. Pero más allá de eso el BID se tardó un año en aprobarle al gobierno los términos de referencia para invitar a un concurso público de ofertas por lista corta que se llevó en el sistema de compras públicas. Se trató de un acto excepcional para el gobierno ya que en materia de comunicación su costumbre es entregar contratos a dedo, amparados en la norma legal del “giro específico del negocio”.  
En otros proyectos empujaron la producción de piezas publicitarias para la campaña This is Ecuador Now (TIEN) por $760,378.00 y luego impulsó otro llamado “Desarrollo de Pautajes (TIEN)” que implicó la difusión de las cuñas por un costo de $1'253,712.67  
 Hay otros casos como los $2'540,518.34 usados para la producción de spots del programa “Cocción Eficiente”. El dinero llegó a la Secretaria de la Administración Pública por un convenio firmado con el Ministerio de Electricidad y se manejó entre julio y diciembre de 2015. Luego llegó otro proyecto, por $4'884,100 para pautar esa publicidad en los medios del país afines al régimen
Para los últimos dos meses del año impulsaron el proyecto “Producción de piezas publicitarias”. Entonces crearon el vídeo “Somos”, singles de “El gobierno se moviliza hacia ti”, spots de “Ecuador ya cambió” y “salvaguardas arancelarias”. Pagaron $744,290.67.

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Correa reactiva persecusión a Villavicencio por ‘hackeo’


Imagen: Momentos cuando la casa de Fernando Villavicenio fue allanada por personal policial el 27 de diciembre de 2013.
“Señor Fiscal, usted es autónomo, pero sí exijo celeridad en la justicia. Tuvimos un hackeo gravísimo a las cuentas de la presidencia, del asesor jurídico… Se tiene fuertes indicios de quién lo hizo y todavía no se hacen las acciones del caso. Como un ciudadano cualquiera tengo derecho a recibir justicia oportuna”,  reclamó airadamente el presidente Rafael Correa, en su enlace Ciudadano #467 del pasado 19 de marzo, en referencia al periodista y activista político Fernando Villavicencio.
Este llamado de atención del mandatario, se da a los cinco días de que Villavicencio anunciara no solo su adhesión al movimiento político CREO, sino también el compromiso de Guillermo Lasso, líder de esta organización, de crear una comisión de la verdad para fiscalizar la gestión del actual gobierno.
Entre vaticinios respecto al fracaso electoral de Lasso y las críticas a sus alianzas políticas, Correa volvió a increpar a la Fiscalía, “por favor qué pasa con esa investigación, por qué está parada varios años y tenemos gente inmoral todavía supuestamente haciendo política. Este tipo (Villavicencio), dos veces ha sido condenado por injuria, dos veces ha huido cobardemente, no ha asumido su responsabilidad….Ahora a la fanesca con CREO”. 
El mandatario se refiere a la sentencia por injurias que  condenó a Villavicencio y al exasambleísta Cléver Jiménez, a 18 meses de prisión.
Después de esta reprimenda presidencial a la justicia, Villavicencio denuncia que la fiscal subrogante Cecilia Armas estaría por emitir una nueva instrucción fiscal en su contra y en la de Jiménez.  Mediante un comunicado, el periodista asegura que la investigación fiscal solicitaría medidas como la prisión preventiva por haber “usado indebidamente información reservada” de  la Presidencia de la República. 
Villavicencio señala a abogados de la Presidencia y a la asesora fiscal Elizabeth Gaibor, como los autores de la instrucción fiscal y afirma que el pedido de Correa busca evitar que él y Jiménez participen en las elecciones de 2017, pues la acusación de un juez penal los inhabilitaría.
El activista político desestima las acusaciones de Correa al asegurar que el asesor jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, habría indicado que quien hackeó lo emails de la Presidencia, fue la compañía petrolera Chevrón: “La fiscalía nunca determinó la existencia de un delito en el supuesto hackeo, de hecho el presidente Correa aseguró que el entonces asambleísta Jiménez no podía encender una computadora…El presunto hackeo se basó en la información que Cléver Jiménez, en el estricto derecho  de sus actividades como legislador, solicitó a la Procuraduría General del Estado sobre un posible conflicto de intereses en la contratación del estudio jurídico internacional Foley Hoag para defender al Ecuador. Foley Hoag también defendió los intereses de Chevron en Birmania".
Otros antecedentes del tema se remiten a la noche del 26 y madrugada del 27 de diciembre de 2013, cuando elementos de élite de la policía allanaron la vivienda de Villavicencio y se llevaron computadores, tablets, teléfonos celulares y documentación. También fue allanado el despacho de Jiménez en la Asamblea y su domicilio.
En su comunicado, Villavicencio puntualiza que Correa reveló que tenía las evidencias encontradas en esos allanamientos, lo que confirmaba la violación del debido proceso y la vulneración de la cadena de custodia, al haber accedido a las supuestas pruebas que debían permanecer bajo custodia exclusiva de la Fiscalía.


La Fiscalía debe cumplir con las órdenes de Correa y para perseguir nuevamente a Jiménez y Villavicencio se ha inventado la supuesta figura penal de uso indebido de información al haber revelado documentos sensibles de la presidencia…


Ahora, “la Fiscalía debe cumplir con las órdenes de Correa y para perseguir nuevamente a Jiménez y Villavicencio se ha inventado la supuesta figura penal de  uso indebido de información  al haber revelado documentos sensibles de la presidencia”, denuncia Villavicencio, quien advierte que esta pretención del gobierno puede revertir la situación, pues tendría que procesarse a diario El Telégrafo y su director Orlando Pérez, por haber publicado los correos electrónicos de la ex asambleísta Martha Roldós, “con el agravante de que ellos sí difundieron los emails íntegros.
Mientras tanto, Ignacio Boulin Victoria, abogado del Centro Latinoamericano de Derechos Humanos denunció (vía electrónica) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el contenido de las declaraciones de Correa en su último enlace ciudadano: “Por medio del presente, envío para su información recientes hechos relativos a la situación de Fernando Villavicencio, uno de los beneficiarios de las medidas cautelares 30/14, otorgadas contra el Estado de Ecuador. El Sr. Villavicencio ha sido nuevamente atacado por el Presidente Correa, quien además ha incitado a los fiscales a perseguirlo penalmente, violando las medidas cautelares vigentes.“

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Esa torpe policía política llamada Senain


La nómina de los empleados que trabajan -y que alguna vez laboraron- en la Secretaría Nacional de Inteligencia, es impensable. En términos concretos, carece de toda experiencia en la lucha contra el crimen organizado y las bandas delincuenciales que azotan el campo y la ciudad. La Senain es una amalgama de jóvenes profesionales sin experiencia que han constituido una especie de torpe policía política.
La conclusión no es traída de los cabellos porque se analizó la condición de los 845 empleados que constaban en la nómina del año 2013, se cruzaron sus datos con la información del registro civil y su historia laboral en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  La gran novedad fue descubrir que solo 25 funcionarios (2,9%) fueron identificados como agentes de campo, búsqueda y operativos. Tres de ellos nacieron en los años 70, doce en los años 80 y seis en los 90, hasta 2013 ninguno era casado y su sueldo variaba entre 850 y 950 dólares.  
¿El resto de empleados? Aquí la historia, el primer paso fue determinar la experiencia acumulada por la entidad para realizar un trabajo delicado y reservado, se descubrió que 89 funcionarios tenían edades entre los 50 y 55 años, el segmento de mayor experiencia laboral, pero solo cuatro  ostentaron cargos de analistas de inteligencia o planificación, cinco como asesores en diversas áreas y sólo uno con conocimiento de contrainteligencia.
Documento: la nómina completa de los agentes de la Senain.
En ese grupo etario se encuentran quienes desempeñaron los cargos financieros. Al revisar la historia de algunos burócratas saltan sus antecedentes. José Leonel Agurto Carpio por ejemplo todo es un personaje, fue director financiero de la Senain con $2546 de sueldo, pero antes de llegar a esa responsabilidad buscó inútilmente postularse a puestos públicos sin éxito como  “jefe de sección de programación de obras” del gobierno provincial del guayas.
Agurto Peralta fue denunciado por el ex secretario anticorrupción Alfredo Vera Arrata por el caso Gran Hermano.  En su blog http://alfredovera-ecuador.blogspot.com/ escribió que Fabricio Correa fue a cabildear a favor de una empresa Agurto Carpio con el entonces ministerio del deporte, Raúl Carrión, sentenciado por el caso “come cheques”:  CAÍN (Fabricio Correa) personalmente fue al Ministerio de Deportes asustado por el escándalo de los contratos a pretender a los 14 meses de incumplimiento, “rescindir”, de “mutuo acuerdo”, un malicioso contrato que suscribió el apresado Raúl Carrión con una empresa falseta TOPECUADOR, de José Leonel Agurto Carpio, para comprar 180 plantas de agua al precio de $97.200 recibiendo el 70% de anticipo (para los tabacos). Llevó el borrador del acta, pero le dijeron que los documentos estaban en la Fiscalía y se retiró vociferando, “que le va a avisar al ñaño”.
•No deje de leer: El cuartel secreto donde se espía a los ecuatorianos⇒
•No deje de leer: Asambleístas fueron al cuartel-mansión de la Senain⇒

Agurto también fue asociado a una denuncia que presentó el ex legislador de Sociedad Patriótica Galo Lara, en junio de 2012, por  irregularidades en el manejo de recursos públicos de la Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia de la República, la semilla de la Senain. La denuncia aseguró que personal de esa unidad manejó recursos públicos en cuentas privadas. Entonces Agurto aparecía como director financiero de la Senain.
Otro funcionario, Héctor  Torres Torres, que también fue director financiero, se desempeñó como  Gerente Nacional de Negocios Fiduciarios y Titularización de la Corporación Financiera Nacional, a su salida de la Senain fue apoderado de diario El Telégrafo y como tal, encargado de la firmar los contratos de ese medio con las entidades del Estado. Para 2015 se registró su presencia en el ministerio de la política económica con el cargo de coordinador estratégico del sector fiscal.
Cinthia Antonia Rodríguez Holguín que aparece en la coordinación de la Senain se cambió a la Asamblea Nacional como asesora 2 de la Asambleísta Brito Mendoza Mónica.
En la nómina completa se contabilizan además 56 funcionarios que antes de pertenecer a la Senain se desempeñaron como asesores. Parecía que se trataba de un grupo humano homogéneo y experimentado en inteligencia, pero al revisar con detalle sus actividades pasadas saltan las rarezas: asesores de venta y posventa, asesores parlamentarios y otros con supuestas escalas que nunca se especificó qué hacían.
Por ejemplo el decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Guayaquil, Kleber Alfonso Loor Valdiviezo, aparece en nómina. O Marco Hernán Jarrín López, que luego se consolidó como Coordinador de Infraestructura y Seguridad Informática del Registro de Datos Públicos.
No es caso común que en una democracia se entregue un cargo tan delicado, que debe precautelar la seguridad de la información de todos los ecuatorianos, a un funcionario aprendiz de inteligencia y que la sociedad desconoce de su moral.
Más allá de los nombres, quienes llegaron con el pergamino de asesores lo hicieron de cualquier lugar, por ejemplo: ministerios de Electricidad, Educación, Cultura, Agricultura, Deporte, Obras Públicas. Otros de la Empresa Municipal de Basura del cantón Rumiñahui, la Empresa de Correos, el Consejo de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior, Autoridad Portuaria, el Consejo de la Judicatura y empresas privadas unipersonales.


En la nómina también hay analistas, esa línea es fundamental en un sistema de inteligencia, pero solo ocho de ese grupo decían ser expertos en inteligencia. El resto era cualquier cosa: analistas junior, de tecnología, de gestión social, cultural, comunicación, planificación, geoinformación o simplemente analistas


En la nómina también hay analistas,  esa línea es fundamental en un sistema de inteligencia, pero solo ocho de ese grupo decían ser expertos en inteligencia. El resto era cualquier cosa: analistas junior, de tecnología, de gestión social, cultural, comunicación, planificación, geoinformación o simplemente analistas.
En ese grupo se encuentra Juan Ángel Jaramillo Rojas que recibió uno de los sueldos más altos de este segmento ($2546), pero  la Senain fue una entidad de paso porque su nombre apareció años después en el organigrama de la cancillería, ocupó el cargo de director de seguridad informática.  De ese grupo también es Andrea Vanessa Cáceres Silva, que fue parte del despacho ministerial del canciller Ricardo Patiño.
José Miguel Delgado Vélez, igual. Es ingeniero de  la Escuela Politécnica del Litoral con un diplomado en seguridad informática, él ocupó el cargo de Coordinador General de Infocomunicaciones y Proyectos Especiales y Coordinador General de Contrainteligencia, tal como lo puso en su Curriculum Vitae, pero no se quedó en esa entidad, también trabajó en la Cancillería para el señalado ministro.
También aparecen Eduardo Rodolfo Bueno Smirnov, se sabe que es profesor politécnico, nada más. Ana María Albuja Martínez, que ahora es parte del Consejo de Educación Superior. Santa de Gloria Coloma Romero, una doctora en Ciencias de la Educación que fue secretaria del desaparecido  Consejo de Seguridad Nacional. Juan Carlos Gómez Romero, un ingeniero en telecomunicaciones graduado en la Escuela Politécnica del Ejército. Lorena Yael Piedra Cobo, una joven académica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales que en 2005 presentó el libro “Coyunturas críticas de los sistemas de inteligencia”.
Otro “apergaminado” es Galo Antonio Nina Rada que aparece en el cargo de analista, pero públicamente desde 2013 ocupó el cargo de subsecretario de formación técnica, tecnológica, artes y música del Senacyt.
Caso extraño es el de José Alejandro Ricaurte, que luego de haber desempeñado la gerencia administrativa del BIESS⇒ se trasladó a la Senain.

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Esa torpe policía política llamada Senain (2)


¿Mayor experiencia? No
La lista de los 845 reconoció al menos 338 profesionales en diversas ramas, para ejemplificar su planta contaba con  27 administradores de empresas, 24 educadores, 20 economistas, el 16 ingenieros de sistemas, 16 abogados, 10 comunicadores, 9 arquitectos…
La lista recoge 14 expertos en seguridad, pero todos ellos fueron cabezas de la institución, como el almirante Homero Arellano, el general del ejército Javier Pérez Rodríguez, el coronel de policía Carlos Alulema. Es decir, des ese número de especialistas en seguridad ninguno fue “funcionario de carrera”.
¿Bajo este perfil, qué tipo de investigación hacen? Ninguna. Se confirma que la Senain es solo una especie de torpe policía política dirigida por un policía de segunda línea como Rommy Vallejo o Francisco Jijón.
La lista denotó que la mayoría de los empleados (251) oscilaban entre los 24 y 36 años. Buena parte de ellos se encontraba en formación académica, por eso no registraron actividades laborales anteriores. Otros en cambio, sin empleo y sin experiencia,  encontraron en la Senain un espacio de desarrollo personal que les permitió, luego, consolidarse en otros espacios del sector públicos.
De estos sólo uno fue identificado como policía: Fabián David Abeiga Vera, extremadamente activo en redes sociales a favor del Gobierno.
Se identificó que 104 jóvenes llegaron del sector privado y sin experiencia alguna en manejo de información, como el caso de  María de la Paz Almeida Román, una ingeniera ambiental graduada en 2010. Antes de llegar a la Senain  fue supervisora de ventas de una empresa de productos tecnológicos, para 2015  -con el acuerdo 1422 de la Secretaría de la Administración Pública, firmado por Pedro Solines- fue nombrada como delegada permanente del Secretario de la Administración Pública ante el Comité del Servicio de Contratación de Obras.
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Fernando Vladimir Acosta Tamayo, dependiente de una galería de artesanías, con sueldo de $350 dólares, del que no se tiene más información.  
Verónica Tapia Suarez, que antes de la Senain trabajó para el Banco de Loja y después ya era parte de la nómina del Ministerio de Talento Humano. Holger Leoro Mendoza llegó a la Senain luego de desempeñar el cargo de vendedor en una florícola, luego se estableció en el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos.
Geovanna de las Mercedes Lamiña Lamiña, que ejerció un cargo de coordinación en inteligencia, trabajó para Importadora Vega. Vanessa Desired Guerrero Guevara era una empleada privada, Alejandra Chediak Izquierdo que llegó de una empresa constructora.
Hay casos que dibujan mejor el accionar de los jóvenes en esta entidad: Carlos Santiago Vera Meneses, por ejemplo, aparece contratado por la entidad, pero además era gerente de una empresa, Publihead, que fue contratada por el Estado para promover su aparato de propaganda en su canal del YouTube.


Pocos son los que se mantuvieron en la entidad que denota una enorme movilidad de su personal, la poca capacidad de hacer inteligencia a favor de la seguridad del país y la constitución de una policía política que está en manos de jóvenes que aceptaron el trabajo como único camino para surgir profesionalmente


Además hubo 77 plazas cubiertas por jóvenes que no poseían historia laboral. Nombres como Fabricio Andrés Zules Acosta, el mismo que en 2011 fue sospechoso de clonar la cuenta de Facebook de la asambleísta Cristina Kronfle, de  Madera de Guerrero. Zules fue estudiante de ingeniería en sistemas en la politécnica de Quito, un hacker que podía espiar asambleístas, pero que nada sabe de lucha al narcotráfico o grupos violentos de  las comunidades.
Katherine Patricia Verdugo Rosero que obtuvo su título profesional en 2013 en el área de comunicación social, en 2016 registra ser parte de la nómina del Instituto Nacional de Altos Estudios Nacionales, IAEN. Caso parecido el de María Daniela Ruiz Carrión que terminó de asesora del centro de educación continua del IAEN en 2015.
Dennis Hernán Sisalema Morejón, al parecer sin oficio, aparece en comprobantes únicos de registro (cur) realizados por la Secretaria Nacional de Gestión Política de PAIS para desplazarse como “asistente voluntario” en 2015 en actos de provinciales.
Sisalema también participa de redes sociales y se manifiesta como un troll(Aquí su actividad en Twitter).
Jhonathan Lee Rosales Santamaría  llegó a la Senain por ser miembro de Alianza Pais, cercano a Doris Soliz.
 Patricio David Pozo Hinojosa fue estudiante de comunicación social en 2012 presentó su tesis, una lectura crítica a los contenidos de diario Extra.
O Rodolfo José Noboa Sánchez un joven magister en relaciones internacionales que luego de pasar por la Senain ocupó el cargo de  director de Comunicación Social del Ministerio de Defensa Nacional, en Quito.
Verónica Pamela Muñoz Vallejo a 2015 aparece como asesora de la presidencia del  Consejo Nacional de Gobierno parroquiales rurales. Carolina Prexl Buitrón que luego fue asistente de Fernando Bustamante en la Asamblea y además asesora de comunicación de María Augusta Calle. O Darwin Quezada Zapata que  logró ser nombrado tercer secretario en la Embajada de Ecuador en Chile.
Los nombres restantes tienen la misma historia, pocos son los que se mantuvieron en la entidad que denota una enorme movilidad de su personal, la poca capacidad de hacer inteligencia a favor de la seguridad del país y la constitución de una policía política que está en manos de jóvenes que aceptaron el trabajo como único camino para surgir profesionalmente.

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Gobierno utilizó unidad clandestina policial en protestas por enmiendas


El jueves 3 de diciembre de 2015, Gabriela Catalina Mosquera llegó a las 09:00 a la Caja del Seguro, en el centro norte Quito, para manifestarse en contra de la aprobación de las Enmiendas Constitucionales. Ella es activista de derechos humanos. Tenía un megáfono con el que había alentado a sus compañeros de protestas a organizarse. Llevar el megáfono fue el motivo desencadenó los hechos posteriores que incluyen retención arbitraria, privación de la libertad y ser objeto de un grupo clandestino policial sin nombre, solo conocido como Grupo de Extracción, creado por el Gobierno para utilizar a la Policía para actuar durante las protestas ciudadanas.
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El Grupo de Extracción es una unidad clandestina dirigida por la Dirección General de Inteligencia de la Policía, en coordinación con los agentes antimotines y personal de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) para extraer, es decir, sacar de las protestas a las cabezas visibles de las manifestaciones.
Aquel jueves, Gabriela, con megáfono en mano, se acercó a unos policías y les espetó al máximo de volumen de su megáfono: “Después del 30S se convirtieron en asesinos asalariados”.
A la tercera hora del plantón, vio que varias personas la filmaban. Decidió refugiarse dentro de la parada del Trolebús. Cuando menos lo pensó, seis hombres, vestidos de civil se acercaron, forcejearon con ella y le retiraron el megáfono con violencia. Su mano sangró. Finalmente, la llevaron a la fuerza del grupo. Del hecho quedó la constancia de una fotografía del cronista gráfico de El Comercio. Eran las 12:30 de ese jueves 3 de diciembre de 2015.
Imagen: el momento de la detención de Gabriela Mosquera, activista de derechos humanos, en las protestas del 3 de diciembre de 2015.
Los seis hombres, que resultaron ser agentes policiales, la habían llevado a la Unidad de Flagrancias de  la Fiscalía. Esa noche, se había realizado el operativo Eslabón 80, en el que se detuvieron a todos los microtraficantes de drogas del sector de la Av. Amazonas en Quito. Gabriela tuvo que pasar esa noche con esas personas en Flagrancias.
Finalmente, salió a las 17:00 del siguiente día sin ningún cargo en su contra. Tras este suceso, los documentos que dejan este caso muestran una serie de rastros que demuestran la creación de un grupo de clandestino, llamado Grupo de Extracción.
“Pongo en su conocimiento mi coronel, que encontrándonos de servicio como Grupo de Extracción 1, conformado por diferentes unidades policiales como son DGI (Dirección General de Inteligencia), Dinapen (Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes), UMO (Unidad  de Mantenimiento de Orden), al mando de suscrito mayor de Policía Jorge Vásquez, perteneciente a la Dirección General de Inteligencia”, dice el mayor Vásquez, en su versión libre sin juramento, en el proceso contra Gabriela Catalina Mosquera. Mire aquí el parte policial completo ⇒
Según Gabriela, su declaración de conocimiento de derechos constitucionales fue firmado por una tal cabo Campos, que labora en la Dinapen. Este documento ya no aparece en el proceso.


Finalmente, los miembros de la Dinapen firmaban los papeles de detención, para encubrir los nombres de los agentes de inteligencia


De todas formas, la Unidad de Extracción funciona así: los policías de la UMO se plantaban ante los activistas para provocarlos. Otros agentes grababan las acciones de los objetivos. Luego, policías vestidos de civil apresaban a los objetivos. Finalmente, los miembros de la Dinapen firmaban los papeles de detención, para encubrir los nombres de los agentes de inteligencia.
Sin embargo, en esta inteligente operación policial, el escenario no planeado fue que el la víctima de la represión exigiera que el parte policial fuera firmado por quien actuó en el momento de la detención, y que además el fiscal de turno aplicara el debido proceso y pidiera a los captores de Gabriela ese requisito. Finalmente, el mayor Vásquez, quien dirigió el operativo, firmó el documento y no tuvo más remedio que dejar por escrito cómo funcionaba el grupo clandestino que lideró durante esa jornada de protestas.

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Comandante del Ejército pide disculpas por el desplante de militares en retiro a Correa

El nuevo Comandante del Ejército,  Luis Miguel Castro Ayala, posesionado el 26 de febrero en una ceremonia castrense en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, inició sus gestiones con un traspié: luego del acto  tuvo un enfrentamiento verbal con otro general que lo reprendió por haber pedido disculpas al presidente Rafael Correa, luego de que decenas de oficiales en servicio pasivo abandonaron el acto cuando el presidente de la República tomó la palabra.
El caso no trascendió al nivel civil, pero el malestar por el acto de oficiales en servicio pasivo motivó al subsecretario de defensa, José María Egas, solicitar al jefe del Comando Conjunto,  vicealmirante Oswaldo Zambrano, la lista de los militares retirados que abandonaron el acto y le dejaron con la palabra en la boca el presidente.

Imagen: Los militares pasivos abandonan la ceremonia del Día del Ejército justo cuando el presidente, Rafael Correa, iniciaba su discurso
En un acto que buscó bajar las tensiones, el general Castro pasó de la disculpa verbal a una de tipo oficial pasado viernes 4 de marzo, cuando emitió una serie de disposiciones en una reunión realizada por video conferencia con altos mandos del ejército. En esta volvió a pedir disculpas por el comportamiento que tuvieron los oficiales en servicio pasivo al abandonar la ceremonia militar. Sus palabras causaron malestar en la oficialidad porque no le correspondía hablar en nombre de militares retirados.  Mucho más cuando reconoció que los militares no se jubilan: “Un militar se retira. Nos retiramos de la vida militar, un profesional luego de jubilado puede continuar su profesión, nosotros nos retiramos para siempre de la vida militar”.
Documento: Las disposiciones del general Luis Miguel Castro.
Castro reconoció el malestar existente en las fuerzas armadas por el caso Issfa y por ello pidió al personal militar que evite ocultarse en las redes sociales para emitir opiniones.
Las otras disposiciones establecen que el comandante es la única la voz oficial para anunciar cambios. Que el personal militar debe comandar con el ejemplo y que esa institución es jerarquizada y su mando se obtiene con preparación y responsabilidad.
Esta última una disposición es una paradoja para un general de brigada que llegó al cargo de comandante del ejército luego de que Rafael Correa decapitara a 10 generales de la cúpula militar para llegar a Castro, hombre de su entera confianza.
Castro  hizo hincapié en el tema de la alimentación , dijo que debe existir un rancho único, que  no habrá incremento del mismo y de haberlo,  se realizará un estudio.
Sobre el tema del ISSFA dijo que “su comandante es la voz y les dará a conocer cuando exista información” no hay que dejarse influenciar por redes sociales.

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Andec, donde la chatarra y la corrupción son lo mismo

Si usted, amable lector, desconocía que la chatarra sirve para la corrupción, debe leer este texto.
Aceros del Ecuador, Andec, la empresa siderúrgica de propiedad de la Fuerza Terrestre, catalogada entre las 100 más grandes del país, que facturaba anualmente un promedio de 220 millones de dólares, ahora está al borde de la quiebra.
La crisis de la compañía se remonta al año 2010, cuando el presidente, Rafael Correa, ordenó la liquidación de las empresas de la Dirección de Industrias del Ejército, el llamado Holdongdine. Estas empresas pasaron a control del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA). Desde entonces, Andec inició un franco deterioro provocado por la flexibilización de sus normas internas, la discrecionalidad en la toma de decisiones empresariales y la galopante corrupción.
Imagen: La planta de fabricación de acero de Andec, en Guayaquil.
Las pérdidas económicas no son un secreto: el ministro de Defensa, Fernando Cordero, reconoció que en 2015 la siderúrgica redujo sus ventas de acero en 57 millones de dólares, es decir, 26% menos que el promedio de otros años. Las tendencia en la caída de ventas no ha parado, personal cercano a la gestión de la empresa militar cuenta que en las ciudades de la Sierra el promedio de facturación para el mes de enero era de 5.000 toneladas, pero en el primer mes de 2016 esa cifra fue de apenas 1.000 toneladas, 20% menos del promedio histórico de las ventas.   
“Hay días en que el transporte se ha parado por falta de ventas, en todos los años de vida de esta empresa eso jamás pasó y es un contundente indicador de la grave situación que atraviesa la fábrica, hace algunos años si vendíamos menos de 150 mil dólares diarios se encendían las alarmas porque se consideraba la peor de las ventas, hoy en día no pasa nada”, dice una fuente de Andec que ya abandonó sus labores en la planta de esa empresa, y que decidió hablar con MilHojas.is.
Algunas denuncias hechas en el interior de la empresa ya se investigan en la Fiscalía del Guayas. En estas se establece la forma en que altos funcionarios de Andec utilizaron la compra de chatarra (que luego se funde y se transforma en las varillas de acero) para beneficiarse económicamente.
Las primeras acusaciones recayeron en el gerente de materia prima, Roberto Aguayo, encargado de adquirir la chatarra en Ecuador y en otros países. Un documento interno de la compañía dice que cometió peculado y que el sobreprecio en la materia prima fue de 1,8 millones de dólares. Ese valor representa el costo mensual de los roles de pagos de cada mes para los 963 empleados que tiene la empresa.
Aguayo llegó al cargo de gerente de materia prima por pedido del director del ISSFA, el contralmirante Freddy García. De hecho, al interior de la empresa se asegura que no fue su único recomendado. Hay varios cargos ocupados por familiares de García. En agosto de 2015, los problemas de la empresa se tornaron personales y empezaron aflorar conflictos en las relaciones laborales.


Si existiera el comité de compras, que antiguamente se tenía, se habría recomendado la compra de palanquilla (lingotes), ya que su precio en el mercado internacional es el 20% o el 30% del valor de la chatarra…”


“Si existiera el comité de compras, que antiguamente se tenía, se habría recomendado la compra de palanquilla (lingotes), ya que su precio en el mercado internacional es el 20% o el 30% del valor de la chatarra”, dice la fuente que habló para MilHojas.is. Agrega que esas acciones toman las gerencias que saben del negocio, como lo hace su competencia, Novacero. “El proceso de transformación de la chatarra en palanquilla está por los $500 la tonelada y en el extranjero la palanquilla cuesta $300”.
Aguayo también fue acusado de favorecer a la empresa chatarrera ETR en la que trabajó, ya que supuestamente habría elaborado una estrategia que, según la denuncia interna, buscó debilitar la cadena de proveedores locales de Andec imponiendo trabas comerciales, financieras y tributarias, reduciendo las compras directas y restringiendo canales logísticos que permitían que la chatarra llegase a la acería.  “Se quiere desanimar a todos los proveedores y de manera fiel han provisto materia prima a Andec, teniendo siempre de manera constante una participación de entre el 35 y 40% de la generación de chatarra”, agrega la denuncia.
La denuncia agrega que se adquirió chatarra a ETR a precio preferencial (mayor al del mercado) sin haber realizado inspecciones visuales del material y sin que cuente con el stock anunciado. Esa misma empresa funcionó como importadora de chatarra  con ayuda de la empresa Global Guerra Trading, propiedad de Christian Guerra, hijo de un oficial del ejército. “Cuando no se atiende a este proveedor llaman desde el ISSFA y disponen que se lo atienda rápido”, dicen fuentes interiores de Andec.
Aguayo respondió las acusaciones asegurando que las mafias ya dominaron esa empresa desde hace mucho. Lo dijo en un memorando del pasado 28 de enero, dirigido a la abogada Aurora Espinoza, contralora de la empresa: los funcionarios de Andec restringieron ilegalmente la llegada de nuevos proveedores de chatarra, hecho que favoreció a la competencia, las empresas Adelca y Novacero. Dijo que no escatimará en aunar esfuerzos por acabar con la mafia enquistada en Andec y que se investigue un fraude en la compra de chatarra supuestamente proveniente de los lugares más remotos del país para cobrar bonificaciones que no ameritaban.
Imagen: Trabajadores de Andec, en el sitio de embalaje de las cargas de acero.
Exfuncionarios de la empresa explican que la compra de chatarra de mala calidad influyó directamente en el producto de venta en el mercado. Por ejemplo, entre los meses de junio y agosto de 2015 se adquirió material con exceso de residuos. Eso fue llevado a los hornos para la elaboración de palanquillas y el resultado fue que las varillas de acero se fracturaron.
Los constructores en diversas zonas del país emitieron las alarmas y el acero de Andec, que todo lo resistía, dejó de venderse.
A eso se agregó que unos de sus principales socios comerciales, Disensa, empresa que adquiere el 50% de la producción anual de Andec, para vender el acero en los centenares de locales que tiene esa franquicia en todo el país, está por romper el contrato. Esto lo dio a conocer el pasado 18 de diciembre de 2015 el gerente general de Disensa, Juan Carlos Vayas Gando, en una carta al gerente general de Andec, Benigno Sotomayor. En ella explica que Andec cometió graves incumplimientos del contrato al intentar negociar independientemente con los franquiciados de Disensa el precio del quintal del acero.
"Estos hechos son causales de incumplimiento grave que dan lugar a la terminación del contrato de suministro sin que medie una notificación previa, solicitó respetuosamente que subsane en 30 días", aseguró Disensa en la misiva a Andec. De romperse el contrato, Andec no podrá vender la mitad de su producción y será el fin, dicen exfuncionarios de la empresa.
Sin embargo, esas no son las únicas razones para la quiebra de una empresa que facturaba 220 millones anuales. Otra razón de peso se sustenta en que el proceso de traspaso de Andec desde el Holingdine al ISSFA. En diciembre de 2014, su gerente encargado, mayor Edison Jácome Armas, en un alarde de demostrarle al seguro militar su buen desempeño empresarial, transfirió 12 millones de dólares a manera de regalías.
Los altos costos de la materia prima, a más de ser chatarra de mala calidad, impide bajar los costos de producción. Andec no puede competir con los mejores precios de las otras dos siderúrgicas Novacero y Adelca, esta última ofreció descuentos en el precio del quintal de hierro hasta del 21% frente a los de Andec, que eran de apenas el 16%. El precio referencial del quintal en el mercado nacional es $48,98.


Este militar aprovechó esa condición y, como todo buen gerente que vive del dinero público, elevó los sueldos de los altos ejecutivos y se fue a vivir en las suits del hotel Marriot, no sin antes incluir en la nómina de la empresa a unos pocos parientes…”


La contadora de la empresa, Cristina Vinces, intentó impedir ese traspaso de los 12 millones de dólares al ISSFA. Por oponerse a esa decisión del mayor Jácome Arias fue despedida. En el ISSFA, la llegada de ese dinero se entendió como salvación y nadie se preguntó cómo una empresa que perdía competitividad año tras año podía entregar utilidades de una manera expedita. Cómo recompensa al buen trabajo, el contralmirante Freddy García, director del ISSFA, le entregó plenos poderes al mayor Jácome Arias. Este militar aprovechó esa condición y, como todo buen gerente que vive del dinero público, elevó  los sueldos de los altos ejecutivos y se fue a vivir en las suits del hotel Marriot, no sin antes incluir en la nómina de la empresa a unos pocos parientes. Pero más allá de esas acciones, lo más importante es que el mayor Jácome Armas al haber tomado el dinero de operaciones de Andec y al entregarlo al ISSFA, el la empresa perdió liquidez para sus actividades y debió cubrir sus gastos con endeudamiento.
Luego de la gestión del mayor Jácome Arias, el civil Benigno Sotomayor fue nombrado como gerente. Sotomayor es un empresario que paradójicamente trabajó para el grupo Disensa y es él quien está por finiquitar el acuerdo descrito en párrafos anteriores. Cuando fue posesionado se le asignó un sueldo de 10 mil dólares pagados a través de gastos de representación y arriendo por vivir en Guayaquil, sede de la empresa, a pesar de que él vive en esa ciudad. El hecho provocó la indignación del personal.
La mala situación empresarial llevo a la directiva hacer lo que toda entidad requiere en esos casos: pautar publicidad. Andec buscó a la empresa Publigrata S.A. y, luego de que no cumpliera los requisitos de los términos de referencia, se la contrató por $120.000 bajo la modalidad de régimen especial para producir spots de televisión.
El ministro de defensa Fernando Cordero ordenó iniciar una investigación y solicitó a la contralora Aurora Espinoza un informe sobre la situación interna. Hasta el momento se ha hecho público un arreglo de venta de hierro para la ampliación del estadio del Club Sport Emelec, pero las sumas son por demás bajas para el giro de negocios de Andec.

Documentos:
Pedido de auditoría al ISSFA⇒
Denuncias de irregularidades en el ISSFA ⇒
Finiquito contrato con Disensa ⇒

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Pamela Martínez, la jueza 100/100

Imagen: Pamela Martínez, como vicepresidenta de la Corte Constitucional, visitó La Habana en enero pasado. No dudó posar en la Embajada de Ecuador junto a un retrato de Rafael Correa, de quien fue su asesora antes de postular a la CC.
Pamela Martínez Loayza fue electa jueza de la Corte Constitucional en octubre de 2015 cuando se debían renovar tres jueces de la Corte Constitucional. Según la comisión seleccionadora, la candidata tuvo una puntuación perfecta 100/100, tanto que se llegó  a pensar en ella como una fuerte candidata a la Presidencia de la Corte Constitucional. Finalmente fue electa Vice Presidenta.  De ella, como de los otros nuevos jueces se criticaba su cercanía con el régimen.
Pero, ¿cuál es la trayectoria de la Jueza Constitucional de la puntuación perfecta?
Documento: Nombramiento de Pamela Martínez como asesora de la Presidencia.
Al momento de su elección, de Pamela Martínez, se sabía que había sido Asesora del Presidente. Quienes conocen a Pamela Martínez en su faceta de abogada en ejercicio en Guayaquil aseguran  que se les hizo imposible creer que ella alcanzo la nota de 100 sobre 100 en el examen. De hecho, comentan, prácticamente carecía de experiencia en juzgados, experiencia necesaria para una futura jueza constitucional.
Una mujer que sabe relacionarse. 
En los años de la llamada partidocracia, cuando el Colegio de abogados del Guayas estaba bajo el mando de Ángela Albán-allegada al Prian hizo su aparición Pamela Martínez. Amiga entrañable e íntima de la doctora Albán y del juez Ángel Rubio –exPSC- les solicitó con un puesto en el colegio de abogados, ente que siempre fue su obsesión. Llegó a ser Secretaria del Colegio de Abogados con ella. Pamela actualmente es la presidenta del comité de damas del Colegio de Abogados, toda vez que Jimmy Salazar actual presidente del gremio –afín al régimen-, es su esposo.
En su juventud, Pamela y su hermano pertenecieron al mismo grupo de Boy Scouts del presidente Rafael Correa a quien lo trata de “hermano mayor”, así como trata de “hermano menor” a varios funcionarios del gobierno que también fueron Boy Scouts.
Su carrera profesional en Guayaquil
Durante su época de abogada en libre ejercicio laboral nunca se la vio litigando en los juzgados, comisarias o fiscalías del país, así que es muy poca la experiencia judicial que pudo haber demostrado para llegar a formar parte de la Corte Constitucional, ente que necesita juristas con experiencia.  La principal actividad –prácticamente la única- a la que se dedicó por muchos años fue  la de la compra y venta de vehículos usados, negocio que le ocasiono muchos problemas de índole legal, también fue muy requerida por los migrantes que deseaban solucionar su situación en la época en que no se podía conseguir cupos para vuelos a Europa.
Imagen: En la Presidencia, jugando con el perro (cachorro) del Presidente.
Posteriormente, ingreso a la trabajar en la Universidad de Guayaquil al  área administrativa, hasta que fue llevada  a la Presidencia de la República a trabajar con Rafael Correa en calidad de Asesor 1. Siempre tuvo su domicilio legal en Guayaquil, sin embargo, en la Presidencia de la República se le autorizaba el pago de viáticos por supuestamente trasladarse a Guayaquil a varias audiencias. En sus redes sociales se encargaba de promocionar y  buscarles dueños a los perros (cachorros) que viven en la presidencia.
Documento: Mire aquí el cuadro de pago de viáticos de Presidencia donde aparece el nombre de Pamela Martínez.
Pamela Martínez se convirtió en la 'dura' de la función judicial del Guayas, gracias a que  su cargo en la Presidencia de la República y a su visible amistad con  Nestor Arbito quien actualmente es miembro del CJ, pero en esa época era Ministro de Justicia.  Fuentes señalan que Martínez era la “palanca” que todos buscaban para los puestos en la función judicial del Guayas, ella era la que “ayudaba” a aplicar  sanciones, movía sanciones a jueces , secretarios y fiscales no alineados con el régimen de Correa, ponía y sacaba jueces, fiscales , etc.
Hasta el año 2015 Pamela Martínez y su esposo Jimmy Salazar dirigían el programa de televisión denominado “Es de Justica” que se trasmita todos los domingos a las 10:30 por TC televisión en donde hacían proselitismo político a favor de Correa y de todas las políticas adoptadas por el Gobierno.
De miembro de la Comisión Calificadora a Juez Constitucional en un período
Cuando se procedió a  la elección de una nueva Corte Constitucional, en diciembre del 2011 se expidió un reglamento para la creación de la comisión calificadora de la primera Corte Constitucional.


Ella fue una de las encargadas de elegir a la CC, pero sobre todo de tomar los exámenes con las preguntas que años después ella respondería sin ninguna equivocación para acceder a ese cargo. Durante todo este proceso, continuaba siendo asesora en la Presidencia


Pamela Martínez Loayza fue nombrada  Presidenta de la Comisión Calificadora de la primera Corte Constitucional (CC). Ella fue una de las encargadas de elegir a la CC, pero sobre todo de tomar los exámenes con las preguntas que años después ella respondería sin ninguna equivocación para acceder a ese cargo. Durante todo este proceso, continuaba siendo asesora en la Presidencia de la República.
En esa época salió electa como miembro de la CC su mejor amiga la doctora Tatiana Ordeñana, también se le iniciaron procesos judiciales por permitir la posesión de Gagliardo como miembro de la CC pese a que este había sido impugnado por muchas personas.

Una jueza constitucional despachando en Guayaquil
El colegio de abogados del Guayas presidido por el esposo de Pamela Martínez adquirió recientemente un edificio en la avenida 9 de Octubre de la ciudad de Guayaquil, en dicho inmueble se está habilitando un piso que se ofreció en alquiler a la Corte Constitucional  para que sirva de oficina para Pamela Martínez Loayza quién ha manifestado prefiere despachar desde la ciudad de Guayaquil para seguir siendo activa militante de AP, toda vez que quiere conseguir para su esposo la designación a candidato a la alcaldía por el movimiento político AP.
Pamela Martínez es conocida por realizar todos los eventos tanto del Colegio de Abogados del Guayas, como los homenajes realizados para ella o por ella  en el exclusivo Bankers Club de Guayaquil.

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