Skip to main content

Autor: mh

Gobierno utilizó unidad clandestina policial en protestas por enmiendas


El jueves 3 de diciembre de 2015, Gabriela Catalina Mosquera llegó a las 09:00 a la Caja del Seguro, en el centro norte Quito, para manifestarse en contra de la aprobación de las Enmiendas Constitucionales. Ella es activista de derechos humanos. Tenía un megáfono con el que había alentado a sus compañeros de protestas a organizarse. Llevar el megáfono fue el motivo desencadenó los hechos posteriores que incluyen retención arbitraria, privación de la libertad y ser objeto de un grupo clandestino policial sin nombre, solo conocido como Grupo de Extracción, creado por el Gobierno para utilizar a la Policía para actuar durante las protestas ciudadanas.
• No deje de leer: los nombres detrás de la represión⇒
• No deje de leer: La niña a quien la Policía Montada agredió en el 3D y la Fiscalía ignoró⇒
El Grupo de Extracción es una unidad clandestina dirigida por la Dirección General de Inteligencia de la Policía, en coordinación con los agentes antimotines y personal de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) para extraer, es decir, sacar de las protestas a las cabezas visibles de las manifestaciones.
Aquel jueves, Gabriela, con megáfono en mano, se acercó a unos policías y les espetó al máximo de volumen de su megáfono: “Después del 30S se convirtieron en asesinos asalariados”.
A la tercera hora del plantón, vio que varias personas la filmaban. Decidió refugiarse dentro de la parada del Trolebús. Cuando menos lo pensó, seis hombres, vestidos de civil se acercaron, forcejearon con ella y le retiraron el megáfono con violencia. Su mano sangró. Finalmente, la llevaron a la fuerza del grupo. Del hecho quedó la constancia de una fotografía del cronista gráfico de El Comercio. Eran las 12:30 de ese jueves 3 de diciembre de 2015.
Imagen: el momento de la detención de Gabriela Mosquera, activista de derechos humanos, en las protestas del 3 de diciembre de 2015.
Los seis hombres, que resultaron ser agentes policiales, la habían llevado a la Unidad de Flagrancias de  la Fiscalía. Esa noche, se había realizado el operativo Eslabón 80, en el que se detuvieron a todos los microtraficantes de drogas del sector de la Av. Amazonas en Quito. Gabriela tuvo que pasar esa noche con esas personas en Flagrancias.
Finalmente, salió a las 17:00 del siguiente día sin ningún cargo en su contra. Tras este suceso, los documentos que dejan este caso muestran una serie de rastros que demuestran la creación de un grupo de clandestino, llamado Grupo de Extracción.
“Pongo en su conocimiento mi coronel, que encontrándonos de servicio como Grupo de Extracción 1, conformado por diferentes unidades policiales como son DGI (Dirección General de Inteligencia), Dinapen (Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes), UMO (Unidad  de Mantenimiento de Orden), al mando de suscrito mayor de Policía Jorge Vásquez, perteneciente a la Dirección General de Inteligencia”, dice el mayor Vásquez, en su versión libre sin juramento, en el proceso contra Gabriela Catalina Mosquera. Mire aquí el parte policial completo ⇒
Según Gabriela, su declaración de conocimiento de derechos constitucionales fue firmado por una tal cabo Campos, que labora en la Dinapen. Este documento ya no aparece en el proceso.


Finalmente, los miembros de la Dinapen firmaban los papeles de detención, para encubrir los nombres de los agentes de inteligencia


De todas formas, la Unidad de Extracción funciona así: los policías de la UMO se plantaban ante los activistas para provocarlos. Otros agentes grababan las acciones de los objetivos. Luego, policías vestidos de civil apresaban a los objetivos. Finalmente, los miembros de la Dinapen firmaban los papeles de detención, para encubrir los nombres de los agentes de inteligencia.
Sin embargo, en esta inteligente operación policial, el escenario no planeado fue que el la víctima de la represión exigiera que el parte policial fuera firmado por quien actuó en el momento de la detención, y que además el fiscal de turno aplicara el debido proceso y pidiera a los captores de Gabriela ese requisito. Finalmente, el mayor Vásquez, quien dirigió el operativo, firmó el documento y no tuvo más remedio que dejar por escrito cómo funcionaba el grupo clandestino que lideró durante esa jornada de protestas.

MilHojas.is

Comandante del Ejército pide disculpas por el desplante de militares en retiro a Correa

El nuevo Comandante del Ejército,  Luis Miguel Castro Ayala, posesionado el 26 de febrero en una ceremonia castrense en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, inició sus gestiones con un traspié: luego del acto  tuvo un enfrentamiento verbal con otro general que lo reprendió por haber pedido disculpas al presidente Rafael Correa, luego de que decenas de oficiales en servicio pasivo abandonaron el acto cuando el presidente de la República tomó la palabra.
El caso no trascendió al nivel civil, pero el malestar por el acto de oficiales en servicio pasivo motivó al subsecretario de defensa, José María Egas, solicitar al jefe del Comando Conjunto,  vicealmirante Oswaldo Zambrano, la lista de los militares retirados que abandonaron el acto y le dejaron con la palabra en la boca el presidente.

Imagen: Los militares pasivos abandonan la ceremonia del Día del Ejército justo cuando el presidente, Rafael Correa, iniciaba su discurso
En un acto que buscó bajar las tensiones, el general Castro pasó de la disculpa verbal a una de tipo oficial pasado viernes 4 de marzo, cuando emitió una serie de disposiciones en una reunión realizada por video conferencia con altos mandos del ejército. En esta volvió a pedir disculpas por el comportamiento que tuvieron los oficiales en servicio pasivo al abandonar la ceremonia militar. Sus palabras causaron malestar en la oficialidad porque no le correspondía hablar en nombre de militares retirados.  Mucho más cuando reconoció que los militares no se jubilan: “Un militar se retira. Nos retiramos de la vida militar, un profesional luego de jubilado puede continuar su profesión, nosotros nos retiramos para siempre de la vida militar”.
Documento: Las disposiciones del general Luis Miguel Castro.
Castro reconoció el malestar existente en las fuerzas armadas por el caso Issfa y por ello pidió al personal militar que evite ocultarse en las redes sociales para emitir opiniones.
Las otras disposiciones establecen que el comandante es la única la voz oficial para anunciar cambios. Que el personal militar debe comandar con el ejemplo y que esa institución es jerarquizada y su mando se obtiene con preparación y responsabilidad.
Esta última una disposición es una paradoja para un general de brigada que llegó al cargo de comandante del ejército luego de que Rafael Correa decapitara a 10 generales de la cúpula militar para llegar a Castro, hombre de su entera confianza.
Castro  hizo hincapié en el tema de la alimentación , dijo que debe existir un rancho único, que  no habrá incremento del mismo y de haberlo,  se realizará un estudio.
Sobre el tema del ISSFA dijo que “su comandante es la voz y les dará a conocer cuando exista información” no hay que dejarse influenciar por redes sociales.

MilHojas.is

Andec, donde la chatarra y la corrupción son lo mismo

Si usted, amable lector, desconocía que la chatarra sirve para la corrupción, debe leer este texto.
Aceros del Ecuador, Andec, la empresa siderúrgica de propiedad de la Fuerza Terrestre, catalogada entre las 100 más grandes del país, que facturaba anualmente un promedio de 220 millones de dólares, ahora está al borde de la quiebra.
La crisis de la compañía se remonta al año 2010, cuando el presidente, Rafael Correa, ordenó la liquidación de las empresas de la Dirección de Industrias del Ejército, el llamado Holdongdine. Estas empresas pasaron a control del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA). Desde entonces, Andec inició un franco deterioro provocado por la flexibilización de sus normas internas, la discrecionalidad en la toma de decisiones empresariales y la galopante corrupción.
Imagen: La planta de fabricación de acero de Andec, en Guayaquil.
Las pérdidas económicas no son un secreto: el ministro de Defensa, Fernando Cordero, reconoció que en 2015 la siderúrgica redujo sus ventas de acero en 57 millones de dólares, es decir, 26% menos que el promedio de otros años. Las tendencia en la caída de ventas no ha parado, personal cercano a la gestión de la empresa militar cuenta que en las ciudades de la Sierra el promedio de facturación para el mes de enero era de 5.000 toneladas, pero en el primer mes de 2016 esa cifra fue de apenas 1.000 toneladas, 20% menos del promedio histórico de las ventas.   
“Hay días en que el transporte se ha parado por falta de ventas, en todos los años de vida de esta empresa eso jamás pasó y es un contundente indicador de la grave situación que atraviesa la fábrica, hace algunos años si vendíamos menos de 150 mil dólares diarios se encendían las alarmas porque se consideraba la peor de las ventas, hoy en día no pasa nada”, dice una fuente de Andec que ya abandonó sus labores en la planta de esa empresa, y que decidió hablar con MilHojas.is.
Algunas denuncias hechas en el interior de la empresa ya se investigan en la Fiscalía del Guayas. En estas se establece la forma en que altos funcionarios de Andec utilizaron la compra de chatarra (que luego se funde y se transforma en las varillas de acero) para beneficiarse económicamente.
Las primeras acusaciones recayeron en el gerente de materia prima, Roberto Aguayo, encargado de adquirir la chatarra en Ecuador y en otros países. Un documento interno de la compañía dice que cometió peculado y que el sobreprecio en la materia prima fue de 1,8 millones de dólares. Ese valor representa el costo mensual de los roles de pagos de cada mes para los 963 empleados que tiene la empresa.
Aguayo llegó al cargo de gerente de materia prima por pedido del director del ISSFA, el contralmirante Freddy García. De hecho, al interior de la empresa se asegura que no fue su único recomendado. Hay varios cargos ocupados por familiares de García. En agosto de 2015, los problemas de la empresa se tornaron personales y empezaron aflorar conflictos en las relaciones laborales.


Si existiera el comité de compras, que antiguamente se tenía, se habría recomendado la compra de palanquilla (lingotes), ya que su precio en el mercado internacional es el 20% o el 30% del valor de la chatarra…”


“Si existiera el comité de compras, que antiguamente se tenía, se habría recomendado la compra de palanquilla (lingotes), ya que su precio en el mercado internacional es el 20% o el 30% del valor de la chatarra”, dice la fuente que habló para MilHojas.is. Agrega que esas acciones toman las gerencias que saben del negocio, como lo hace su competencia, Novacero. “El proceso de transformación de la chatarra en palanquilla está por los $500 la tonelada y en el extranjero la palanquilla cuesta $300”.
Aguayo también fue acusado de favorecer a la empresa chatarrera ETR en la que trabajó, ya que supuestamente habría elaborado una estrategia que, según la denuncia interna, buscó debilitar la cadena de proveedores locales de Andec imponiendo trabas comerciales, financieras y tributarias, reduciendo las compras directas y restringiendo canales logísticos que permitían que la chatarra llegase a la acería.  “Se quiere desanimar a todos los proveedores y de manera fiel han provisto materia prima a Andec, teniendo siempre de manera constante una participación de entre el 35 y 40% de la generación de chatarra”, agrega la denuncia.
La denuncia agrega que se adquirió chatarra a ETR a precio preferencial (mayor al del mercado) sin haber realizado inspecciones visuales del material y sin que cuente con el stock anunciado. Esa misma empresa funcionó como importadora de chatarra  con ayuda de la empresa Global Guerra Trading, propiedad de Christian Guerra, hijo de un oficial del ejército. “Cuando no se atiende a este proveedor llaman desde el ISSFA y disponen que se lo atienda rápido”, dicen fuentes interiores de Andec.
Aguayo respondió las acusaciones asegurando que las mafias ya dominaron esa empresa desde hace mucho. Lo dijo en un memorando del pasado 28 de enero, dirigido a la abogada Aurora Espinoza, contralora de la empresa: los funcionarios de Andec restringieron ilegalmente la llegada de nuevos proveedores de chatarra, hecho que favoreció a la competencia, las empresas Adelca y Novacero. Dijo que no escatimará en aunar esfuerzos por acabar con la mafia enquistada en Andec y que se investigue un fraude en la compra de chatarra supuestamente proveniente de los lugares más remotos del país para cobrar bonificaciones que no ameritaban.
Imagen: Trabajadores de Andec, en el sitio de embalaje de las cargas de acero.
Exfuncionarios de la empresa explican que la compra de chatarra de mala calidad influyó directamente en el producto de venta en el mercado. Por ejemplo, entre los meses de junio y agosto de 2015 se adquirió material con exceso de residuos. Eso fue llevado a los hornos para la elaboración de palanquillas y el resultado fue que las varillas de acero se fracturaron.
Los constructores en diversas zonas del país emitieron las alarmas y el acero de Andec, que todo lo resistía, dejó de venderse.
A eso se agregó que unos de sus principales socios comerciales, Disensa, empresa que adquiere el 50% de la producción anual de Andec, para vender el acero en los centenares de locales que tiene esa franquicia en todo el país, está por romper el contrato. Esto lo dio a conocer el pasado 18 de diciembre de 2015 el gerente general de Disensa, Juan Carlos Vayas Gando, en una carta al gerente general de Andec, Benigno Sotomayor. En ella explica que Andec cometió graves incumplimientos del contrato al intentar negociar independientemente con los franquiciados de Disensa el precio del quintal del acero.
"Estos hechos son causales de incumplimiento grave que dan lugar a la terminación del contrato de suministro sin que medie una notificación previa, solicitó respetuosamente que subsane en 30 días", aseguró Disensa en la misiva a Andec. De romperse el contrato, Andec no podrá vender la mitad de su producción y será el fin, dicen exfuncionarios de la empresa.
Sin embargo, esas no son las únicas razones para la quiebra de una empresa que facturaba 220 millones anuales. Otra razón de peso se sustenta en que el proceso de traspaso de Andec desde el Holingdine al ISSFA. En diciembre de 2014, su gerente encargado, mayor Edison Jácome Armas, en un alarde de demostrarle al seguro militar su buen desempeño empresarial, transfirió 12 millones de dólares a manera de regalías.
Los altos costos de la materia prima, a más de ser chatarra de mala calidad, impide bajar los costos de producción. Andec no puede competir con los mejores precios de las otras dos siderúrgicas Novacero y Adelca, esta última ofreció descuentos en el precio del quintal de hierro hasta del 21% frente a los de Andec, que eran de apenas el 16%. El precio referencial del quintal en el mercado nacional es $48,98.


Este militar aprovechó esa condición y, como todo buen gerente que vive del dinero público, elevó los sueldos de los altos ejecutivos y se fue a vivir en las suits del hotel Marriot, no sin antes incluir en la nómina de la empresa a unos pocos parientes…”


La contadora de la empresa, Cristina Vinces, intentó impedir ese traspaso de los 12 millones de dólares al ISSFA. Por oponerse a esa decisión del mayor Jácome Arias fue despedida. En el ISSFA, la llegada de ese dinero se entendió como salvación y nadie se preguntó cómo una empresa que perdía competitividad año tras año podía entregar utilidades de una manera expedita. Cómo recompensa al buen trabajo, el contralmirante Freddy García, director del ISSFA, le entregó plenos poderes al mayor Jácome Arias. Este militar aprovechó esa condición y, como todo buen gerente que vive del dinero público, elevó  los sueldos de los altos ejecutivos y se fue a vivir en las suits del hotel Marriot, no sin antes incluir en la nómina de la empresa a unos pocos parientes. Pero más allá de esas acciones, lo más importante es que el mayor Jácome Armas al haber tomado el dinero de operaciones de Andec y al entregarlo al ISSFA, el la empresa perdió liquidez para sus actividades y debió cubrir sus gastos con endeudamiento.
Luego de la gestión del mayor Jácome Arias, el civil Benigno Sotomayor fue nombrado como gerente. Sotomayor es un empresario que paradójicamente trabajó para el grupo Disensa y es él quien está por finiquitar el acuerdo descrito en párrafos anteriores. Cuando fue posesionado se le asignó un sueldo de 10 mil dólares pagados a través de gastos de representación y arriendo por vivir en Guayaquil, sede de la empresa, a pesar de que él vive en esa ciudad. El hecho provocó la indignación del personal.
La mala situación empresarial llevo a la directiva hacer lo que toda entidad requiere en esos casos: pautar publicidad. Andec buscó a la empresa Publigrata S.A. y, luego de que no cumpliera los requisitos de los términos de referencia, se la contrató por $120.000 bajo la modalidad de régimen especial para producir spots de televisión.
El ministro de defensa Fernando Cordero ordenó iniciar una investigación y solicitó a la contralora Aurora Espinoza un informe sobre la situación interna. Hasta el momento se ha hecho público un arreglo de venta de hierro para la ampliación del estadio del Club Sport Emelec, pero las sumas son por demás bajas para el giro de negocios de Andec.

Documentos:
Pedido de auditoría al ISSFA⇒
Denuncias de irregularidades en el ISSFA ⇒
Finiquito contrato con Disensa ⇒

MilHojas.is

Pamela Martínez, la jueza 100/100

Imagen: Pamela Martínez, como vicepresidenta de la Corte Constitucional, visitó La Habana en enero pasado. No dudó posar en la Embajada de Ecuador junto a un retrato de Rafael Correa, de quien fue su asesora antes de postular a la CC.
Pamela Martínez Loayza fue electa jueza de la Corte Constitucional en octubre de 2015 cuando se debían renovar tres jueces de la Corte Constitucional. Según la comisión seleccionadora, la candidata tuvo una puntuación perfecta 100/100, tanto que se llegó  a pensar en ella como una fuerte candidata a la Presidencia de la Corte Constitucional. Finalmente fue electa Vice Presidenta.  De ella, como de los otros nuevos jueces se criticaba su cercanía con el régimen.
Pero, ¿cuál es la trayectoria de la Jueza Constitucional de la puntuación perfecta?
Documento: Nombramiento de Pamela Martínez como asesora de la Presidencia.
Al momento de su elección, de Pamela Martínez, se sabía que había sido Asesora del Presidente. Quienes conocen a Pamela Martínez en su faceta de abogada en ejercicio en Guayaquil aseguran  que se les hizo imposible creer que ella alcanzo la nota de 100 sobre 100 en el examen. De hecho, comentan, prácticamente carecía de experiencia en juzgados, experiencia necesaria para una futura jueza constitucional.
Una mujer que sabe relacionarse. 
En los años de la llamada partidocracia, cuando el Colegio de abogados del Guayas estaba bajo el mando de Ángela Albán-allegada al Prian hizo su aparición Pamela Martínez. Amiga entrañable e íntima de la doctora Albán y del juez Ángel Rubio –exPSC- les solicitó con un puesto en el colegio de abogados, ente que siempre fue su obsesión. Llegó a ser Secretaria del Colegio de Abogados con ella. Pamela actualmente es la presidenta del comité de damas del Colegio de Abogados, toda vez que Jimmy Salazar actual presidente del gremio –afín al régimen-, es su esposo.
En su juventud, Pamela y su hermano pertenecieron al mismo grupo de Boy Scouts del presidente Rafael Correa a quien lo trata de “hermano mayor”, así como trata de “hermano menor” a varios funcionarios del gobierno que también fueron Boy Scouts.
Su carrera profesional en Guayaquil
Durante su época de abogada en libre ejercicio laboral nunca se la vio litigando en los juzgados, comisarias o fiscalías del país, así que es muy poca la experiencia judicial que pudo haber demostrado para llegar a formar parte de la Corte Constitucional, ente que necesita juristas con experiencia.  La principal actividad –prácticamente la única- a la que se dedicó por muchos años fue  la de la compra y venta de vehículos usados, negocio que le ocasiono muchos problemas de índole legal, también fue muy requerida por los migrantes que deseaban solucionar su situación en la época en que no se podía conseguir cupos para vuelos a Europa.
Imagen: En la Presidencia, jugando con el perro (cachorro) del Presidente.
Posteriormente, ingreso a la trabajar en la Universidad de Guayaquil al  área administrativa, hasta que fue llevada  a la Presidencia de la República a trabajar con Rafael Correa en calidad de Asesor 1. Siempre tuvo su domicilio legal en Guayaquil, sin embargo, en la Presidencia de la República se le autorizaba el pago de viáticos por supuestamente trasladarse a Guayaquil a varias audiencias. En sus redes sociales se encargaba de promocionar y  buscarles dueños a los perros (cachorros) que viven en la presidencia.
Documento: Mire aquí el cuadro de pago de viáticos de Presidencia donde aparece el nombre de Pamela Martínez.
Pamela Martínez se convirtió en la 'dura' de la función judicial del Guayas, gracias a que  su cargo en la Presidencia de la República y a su visible amistad con  Nestor Arbito quien actualmente es miembro del CJ, pero en esa época era Ministro de Justicia.  Fuentes señalan que Martínez era la “palanca” que todos buscaban para los puestos en la función judicial del Guayas, ella era la que “ayudaba” a aplicar  sanciones, movía sanciones a jueces , secretarios y fiscales no alineados con el régimen de Correa, ponía y sacaba jueces, fiscales , etc.
Hasta el año 2015 Pamela Martínez y su esposo Jimmy Salazar dirigían el programa de televisión denominado “Es de Justica” que se trasmita todos los domingos a las 10:30 por TC televisión en donde hacían proselitismo político a favor de Correa y de todas las políticas adoptadas por el Gobierno.
De miembro de la Comisión Calificadora a Juez Constitucional en un período
Cuando se procedió a  la elección de una nueva Corte Constitucional, en diciembre del 2011 se expidió un reglamento para la creación de la comisión calificadora de la primera Corte Constitucional.


Ella fue una de las encargadas de elegir a la CC, pero sobre todo de tomar los exámenes con las preguntas que años después ella respondería sin ninguna equivocación para acceder a ese cargo. Durante todo este proceso, continuaba siendo asesora en la Presidencia


Pamela Martínez Loayza fue nombrada  Presidenta de la Comisión Calificadora de la primera Corte Constitucional (CC). Ella fue una de las encargadas de elegir a la CC, pero sobre todo de tomar los exámenes con las preguntas que años después ella respondería sin ninguna equivocación para acceder a ese cargo. Durante todo este proceso, continuaba siendo asesora en la Presidencia de la República.
En esa época salió electa como miembro de la CC su mejor amiga la doctora Tatiana Ordeñana, también se le iniciaron procesos judiciales por permitir la posesión de Gagliardo como miembro de la CC pese a que este había sido impugnado por muchas personas.

Una jueza constitucional despachando en Guayaquil
El colegio de abogados del Guayas presidido por el esposo de Pamela Martínez adquirió recientemente un edificio en la avenida 9 de Octubre de la ciudad de Guayaquil, en dicho inmueble se está habilitando un piso que se ofreció en alquiler a la Corte Constitucional  para que sirva de oficina para Pamela Martínez Loayza quién ha manifestado prefiere despachar desde la ciudad de Guayaquil para seguir siendo activa militante de AP, toda vez que quiere conseguir para su esposo la designación a candidato a la alcaldía por el movimiento político AP.
Pamela Martínez es conocida por realizar todos los eventos tanto del Colegio de Abogados del Guayas, como los homenajes realizados para ella o por ella  en el exclusivo Bankers Club de Guayaquil.

MilHojas.is

El Fantasma se alza con el espectro (3)

III. Televicentro surge de las cenizas de GamaTV

En Ecuador se volvió a hablar de Remigio Ángel González González a raíz de la compra del 94,93% de las acciones del Grupo El Comercio. Esta compra la hizo la empresa Telecomunicaciones Globales de Entretenimiento Televisivo (Telglovisión S.A.). Hace 15 días ‘El Fantasma’ volvió a sonar por el lanzamiento de Televicentro, que usa las marcas de El Comercio y Últimas Noticias para sus noticieros.
González nació en Monterrey, en 1941. Su entronque con los medios comenzó en Guatemala como representante de ventas para Televisa en América Central. Allí se casó con la hermana de Luis Rabbé. Ella falleció en un accidente automovilístico durante la luna de miel, pero la relación con él continuó. De hecho, cuando Alfonso Portillo llegó al poder en Guatemala en enero de 2000, nombró a Rabbé ministro de comunicaciones. Tuvo que dejar su cargo por corrupción año y medio después.
En Guatemala, González inició su imperio. En 1981 compró dos canales de TV y radios pequeñas que puso a nombre de su nueva esposa (Alba Elvira Lorenzana) y de su suegra (Sara Aurora Cardona). Su esposa también da el nombre a su cadena continental, Albavisión. Ahora vive en Miami, en una lujosa mansión en Key Biscayne. Llegó después de haber estado preso en México, en 1987, acusado de no haber pagado a un empresario del espectáculo que le alquilaba salas de cine.
‘El Fantasma’ usa en todos los países, según los relatos de la prensa internacional, el mismo mecanismo para extender su red: entrega a crédito programación de Hollywood y enlatados mexicanos a canales en mala situación económica. Luego, cuando la deuda se agiganta, los compra a muy bajo costo. Su fortuna, según cálculos de El Universal de México, supera 2.000 millones de dólares.
Hombre secreto, se sabe no obstante que González fue amigo de Alberto Fujimori, Alfonso Portillo, José López Portillo y lo es de Daniel Ortega. Alan García negó conocerlo, aunque se dijo lo contrario. Al expresidente peruano se le atribuye la autoría de su apodo: cuando la prensa de su país le preguntó si lo conocía, respondió que no, porque es un fantasma. González prefiere autodenominarse un “Robin Hood que paga los impuestos”. Tiene fama de entenderse magníficamente con los gobiernos. Estos le retribuyen bien con publicidad oficial. En las tres ocasiones que ha dado declaraciones a la prensa, indicó que su negocio es hacer negocios y que él en ningún momento evade la ley aunque le gusta poner a nombre de otros sus empresas. Se considera conservador y honesto.
Cuando el emporio saca al aire un medio de comunicación sigue el mismo patrón: su programación es sencilla, introduce enlatados, películas viejas y un noticiero. Salvo en período electoral, la política y la economía tienen muy bajo perfil. No hay editoriales, entrevistas ni programas de opinión y la apuesta mayor se divide entre crónica roja y entretenimiento.
Bajo este esquema, Televicentro se armó rápidamente. Casi un año después de la venta de diario El Comercio al mismo grupo, los ejecutivos anunciaron a los periodistas que harían parte de dos noticieros de televisión con tres horarios cada uno: 07:00, 12:00 y 19:00.
La principal cara de ese espacio era Andrés Carrión. Él fue el primer dueño de la empresa Ortel y la vendió a ‘El Fantasma’ en 1984. Pero Carrión no duró sino día y medio debido a presiones, como lo contó el medio digital 4pelagatos.com. Tras su salida, la figura es María Fernanda Suasnavas, que fue presentadora del canal estatal EcuadorTV desde sus inicios. Además consta en el IESS como empleada del Consejo de Educación Superior, donde es asesora y gana 3.038 dólares mensuales. Los reporteros son de El Comercio y RTS. En las noticias internacionales participan canales de la red Albavisión como VTV de Honduras e Infobae, de Argentina.
El engranaje del emporio González es visible hasta en el control máster que se encuentra en las instalaciones de RTS en Quito. Las trasmisiones se hacen con tres microondas, una de ellas ubicada en la planta de El Comercio, en San Bartolo. En el edificio de RTS están los estudios principales de Televicentro y las antenas para las dos frecuencias, la repetidora de RTS y la matriz del nuevo canal. Exteriores de los estudios de RTS, en el norte de Quito.
El resto de la programación es de la cadena mexicana Televisa. Novelas como “Antes muerta que Lichita”, “Lo que la vida me robó”, “Simplemente María”, “Soy tu dueña”, “La Rosa de Guadalupe”… Y el Chavo del ocho. Esta programación estaba en manos de GamaTV, que desde 1995 tenía los derechos de Televisa. Hoy es exclusivamente del emporio González en Ecuador. GamaTV, canal incautado y manejado por el Estado, mantenía una deuda con la cadena mexicana, de 2,3 millones de dólares hasta el 2014, según el último reporte financiero entregado a la Superintendencia de Compañías. El acuerdo de ‘El Fantasma’ con Televisa también afectó a otros canales independientes, como Ecuavisa y Teleamazonas, que ya no transmiten ningún contenido de Televisa.
Haber perdido la programación de Televisa ahonda la crisis económica de GamaTV. Hasta 2015, ese canal tenía activos por 32 millones de dólares, pasivos por 26,7 millones, ingresos por actividades ordinarias por 41 millones y una ganancia neta de 59 mil. Además otros programas de alto rating, como “Los Simpsons” y “No-Noticias”, salieron de su programación y regresaron a Teleamazonas. A este ritmo, la situación de GamaTV luce insostenible e incluso entre sus empleados se habla de salarios atrasados y malestar creciente. ‘El Fantasma’ se alzó con el espectro radioeléctrico y la programación.

12

El Fantasma se alza con el espectro (2)

II. Red González: primer oligopolio mediático privado
Con su aparición, Televicentro se convirtió en el decimoséptimo medio de comunicación en Ecuador relacionado con el emporio González. Esa red de empresas y personas empezó a construirse en el país desde 1983.
El grupo El Comercio, que tiene Últimas Noticias, Radio Quito, Platinum FM y el diario El Comercio, es su última adquisición. Diario El Universo publicó el año pasado una investigación sobre las conexiones entre firmas ecuatorianas y uruguayas que se usaron para adquirir el periódico. González no aparece entre los dueños en ninguno de los otros medios.

‘El Fantasma’, como se le llama, posee en Latinoamérica 45 canales de televisión, 68 emisoras de radio, 65 salas de proyección cinematográfica, 3 cadenas de televisión satelital (DTH) y un medio impreso. Eso se detalla en la página de Albavisión, su cadena continental.
La red mediática convierte a ‘El Fantasma’ en el oligopolio privado más grande del país: es concesionario de 87 frecuencias de radio y televisión, 66 repetidoras y 19 matrices, más dos de televisión digital. Todo ello, aunque la Constitución lo prohíbe. En una respuesta del Cordicom a Wambra Radio sobre la concentración de medios del mexicano, se lee: “la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, en cumplimiento de sus funciones y en la condición de entidad competente para el caso, abrió un expediente para investigar y analizar la veracidad o falsedad de lo que usted menciona”.

A pesar de los nexos de los 17 medios con González, la Arcotel no ha objetado ninguna de las concesiones. La Comisión de Auditoría de Frecuencias, creada por mandato constituyente en 2009, sí lo hizo. En su informe reconoce que Tropicálida Stereo, Galaxia Stereo, Metro Stereo, Alfa Stereo y Joya Stereo son propiedad de Ángel González, que a él se le conoce como “El Fantasma” y que “en la jerga de Conartel estas cinco radios son conocidas como “las quintilllizas”. El informe dice que esas frecuencias son irregulares pues usaron el mecanismo de cambio de matriz a repetidora. Por eso, recomienda la terminación unilateral de los contratos de concesión.
En mayo del año pasado, Arcotel comenzó el proceso de terminación de concesiones con la notificación a las estaciones. Entre ellas, 14 empresas relacionadas con González fueron advertidas. Sin embargo esos procesos fueron archivados por la Arcotel. Se arguyó, en el caso de “las quintillizas”, que sí cumplieron con la normativa vigente y que no fue ilegal utilizar el mecanismo de cambio de matriz a repetidora para agrupar más frecuencias bajo una misma empresa.
Telecuatro también fue advertida del inicio del proceso de reversión de la frecuencia matriz de RTS, con base en el informe de la Comisión. Se le objetó porque la concesión fue entregada por una autoridad supuestamente no competente. El proceso fue archivado luego de 18 días. Otros medios de comunicación privados, como Radio Democracia, fueron advertidos con esa misma causal, pero los procesos siguen activos más de dos meses después. Todas las resoluciones están firmadas por Gonzalo Carvajal, asesor de la Arcotel, como delegado de Ana Proaño de la Torre, directora general. Carvajal fue asesor en radiodifusión y televisión de Jaime Guerrero cuando este fue Secretario Nacional de Telecomunicaciones en 2014.
La aparición de Televicentro se da semanas antes del inicio del concurso que supuestamente va a democratizar el espectro radioeléctrico del Ecuador. Este proceso debía empezar en 2010 para cumplir con el mandato constitucional: 33% al sector privado, 33% al sector público, y 34% al comunitario.
La fecha oficial del lanzamiento del concurso aún no se sabe pero se ha dicho que será en febrero. Las bases y la convocatoria todavía no se han hecho públicas y, según el ministro de Telecomunicaciones, Augusto Espín, 1.069 frecuencias serán licitadas de las 1.600 que existen en el país. Gran parte de las estaciones de radio y televisión tienen sus concesiones vencidas y, por decisión oficial, no han sido renovadas. El concurso se abre justamente un año antes de las elecciones presidenciales de 2017. El proceso puede durar, según El Telégrafo, alrededor de ocho meses; es decir que esos medios estarán tramitando la concesión durante la mayor parte de la campaña preelectoral.
Según la consultora Checks and Balances, Arcotel revertirá 542 frecuencias de radio y 179 de televisión, que están en manos privadas para llenar los porcentajes de “redistribución” del espectro radioeléctrico establecidos en la Constitución.
¿Qué pasará con el oligopolio de González? No es la primera vez que resulta favorecido. Según el artículo 6 de la Ley de Comunicación del Ecuador, se prohíbe que una persona o empresa extranjera sea dueña de un medio de comunicación a escala nacional. Sin embargo, en el reglamento de la Ley, se puso como una excepción que esto no aplica para ciudadanos de países con los que Ecuador tiene convenios. Con esto se allanó el camino para la compra de El Comercio… Y para la operación del canal Televicentro, del mismo diario.

13

El Fantasma se alza con el espectro

I. Televicentro: un nuevo canal sin concurso
El mexicano-americano Remigio Ángel González sigue consolidando su conglomerado mediático en Ecuador. El pasado 1 de febrero de 2016, lanzó casi sin previo aviso un nuevo canal, Televicentro, que no ha estado exento de polémica. Más allá de un debut y despedida del periodista Andrés Carrión como anchor de su noticiero, su lanzamiento evidenció que González recibió, nuevamente, el beneplácito de las autoridades gubernamentales para obtener nuevas frecuencias y cambiar su uso.
Televicentro puede ser visto en los canales 5 en Quito y 11 en Guayaquil. Su slogan es “tu centro de atención” y presenta tres noticieros con el sello editorial de diario El Comercio, que fue comprado por una empresa vinculada al magnate mexicano. La red de firmas uruguayas y panameñas presente tras esa transacción fue revelada por diario El Universo en febrero de 2015.
La Constitución y la Ley de Comunicación establecen que la concesión de frecuencias se debe hacer mediante un concurso público. Hasta que se haga ese llamado, las renovaciones para los otros medios están suspendidas. Sin embargo, Televicentro salió al aire sin concurso.
Las movidas que parieron ese canal comenzaron en julio del año pasado. Ortel y Telecuatro, empresas que trasmitían la señal de RTS, pidieron a Arcotel –ente que regula el espectro radioeléctrico– cuatro frecuencias. En su solicitud aclaran que son frecuencias repetidoras y temporales para “la investigación de nuevas tecnologías de radiodifusión y televisión”. Tras este pedido, Ortel y Telecuatro lograron sumar otro canal: Televicentro. Ahora Telecuatro transmite RTS; y Ortel, Televicentro.
Para esto movieron la señal de RTS en Quito: del 5, la pasaron al 11, canal que no existía en el norte de la capital. En Guayaquil sucedió algo parecido: el 11 no existía en el norte de la ciudad y ahora es de Televicentro. Lo curioso es que en el sur de ambas ciudades el 11 estaba concesionado al canal incautado y manejado por la Secretaría de Comunicación, GamaTV. Pero el 5 de agosto, el gerente de GamaTV, Claudio Moya Rossel, pidió a Arcotel que le canjee el 11, en el sur de Quito y el sur de Guayaquil, por otras frecuencias. Esto fue aprobado el 18 de agosto. Y un día después las empresas de González pidieron esos espacios, que hoy ocupan RTS y el canal de El Comercio.
Arcotel no solo aprobó las cuatro frecuencias que pidió el grupo González (las dos para el norte de Quito y Guayaquil fueron entregadas en 18 días; las dos del sur, en 14 días). También aceptó la figura de uso temporal, que implica, según el reglamento de Arcotel, que la frecuencia sea utilizada para investigar nuevas tecnologías de radiodifusión y televisión. Las supuestas investigaciones que Ortel y Telecuatro iban a hacer son “las pruebas completas de isofrecuencia”. Ese no es el caso, pues este tipo de tecnología se utiliza solamente en televisión digital, y esta concesión es de televisión análoga.
Además, la programación de los canales 11 es de repetidora; es decir, retransmite el contenido de sus respectivas matrices. En Quito RTS incluso la usa de matriz para emitir el Noticiero de la Comunidad. Este esquema es similar al que González ya utilizó en los años noventa para alzarse con cinco radios y su señal en varias ciudades, que al inicio le fueron adjudicadas solo como repetidoras.
El 11 de diciembre pasado, Fundamedios formuló un pedido de información. En la respuesta, que llegó dos meses después, Arcotel se vale del argumento de que el canal 11 en Quito repite los contenidos de la matriz RTS en Guayaquil, para justificar por qué no hubo concurso público para otorgar las frecuencias que permitieron a Televicentro salir al aire. Gonzalo Carvajal, asesor de Arcotel, aseguró que no puede entregar las bases del concurso porque precisamente se trata de “autorizaciones temporales”. Es decir, confirma que no hubo concurso.
Tampoco entregó copias de los informes técnicos y jurídicos que permitieron la adjudicación de las cuatro frecuencias temporales como repetidoras. Esos documentos debían detallar qué investigaciones de nuevas tecnologías están haciendo esos canales que transmiten por televisión abierta, cuyo apagón está previsto para este diciembre con el cambio a la televisión digital. Carvajal no agrega la copia de la resolución que permitió mover la señal de RTS en Quito del canal 5 al 11.
La única versión pública sobre la aparición de Televicentro es la que dio el ministro de Telecomunicaciones, Augusto Espín, en una entrevista en Radio Pública el 5 de febrero de 2016. Ante la pregunta de un ciudadano, dijo que lo único que hubo en este caso es un cambio del nombre comercial de la estación. No se trata, según él, de un nuevo canal sino de un cambio de nombre y de programación.
La ley establece que Arcotel debe notificar al Consejo de Regulación de la Comunicación (Cordicom) la rejilla de programación del canal. Esto lo establece precisamente para las concesiones temporales. Pero, según Paulina Mogrovejo, vocal de la entidad, no han recibido notificación alguna al respecto sobre el canal de El Comercio. “No hemos tenido conocimiento”, dijo ante la consulta de Fundamedios.
Luis Gómez Amador, gerente de RTS, tampoco respondió a un pedido de entrevista. Incluso se le envió por mail, tras cuatro llamadas a sus oficinas en Guayaquil, un cuestionario para que explique cómo se iba a poner al aire la señal de Televicentro sin un concurso y cómo iba a transmitir programación regular en una frecuencia temporal oficialmente asignada para investigaciones. El mensaje fue copiado a su asistente, Wendy Espinosa y, hasta la fecha, no fue respondido.
El beneplácito de las autoridades es evidente. Mientras se gestionaban las nuevas frecuencias, la misma Arcotel tramitaba un proceso de terminación de la concesión de la frecuencia a Telecuatro. Se basa en causales señaladas en el informe de la Comisión de Auditoría de frecuencias creada por mandato constitucional en el 2009. El proceso no sólo fue archivado el 18 de septiembre, sino que RTS había acumulando cuatro concesiones más. No solo eso: además de que el incautado GamaTV entregó las frecuencias sur, González se llevó de ese canal su programación tradicional: Televisa.

23

El gerente renunciante del BIESS recibía doble sueldo


El abogado Christian Bucheli Albán, 39 años de edad, llegó a la gerencia del Banco del Instituto de Seguridad Social (BIESS), el 18 de septiembre de 2015. Fue posesionado por el presidente del directorio del IESS, Richard Espinosa y a su favor se dijo que su experiencia profesional le otorgaba el suficiente mérito para ocupar ese delicado cargo.
Se dijo que Bucheli Albán desempeñó funciones en grandes entidades financieras internacionales como Citibank y Lloyds Bank. Las autoridades también valoraron su calidad moral y dijeron que fue miembro externo del Comité de Ética del Banco Nacional de Fomento.
Antes de llegar al BIESS se desempañó como ejecutivo de AYMESA, una de las ensambladoras de vehículos fuertes de la región andina. Pero esa relación laboral con AYMESA no se rompió con la llegada al BIESS.
De hecho esa empresa le continuó pagando el salario en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Es decir, mientras el Bies le pagaba $USD 12.000 mensuales. Su anterior empresa le pagaba adicionalmente $USD 6,800.
El pago de honorarios de esa empresa privada implicó que su relación laboral no se cortó, por tanto no dedicó todo el tiempo requerido a la gerencia del BIESS que maneja una cifra de USD 7.000.000.000.
Cuando ingresó al BIESS, la institución explicaba que Bucheli "cuenta con una amplia experiencia en el sector bancario – financiero. Fue miembro externo del Comité de ética del Banco Nacional de Fomento y desempeñó cargos especializados en Citibank y Lloyds Bank; así como en el área de bolsa de valores. Profesional de una fuerte formación académica, Christhian Bucheli Albán es licenciado en Administración de Empresas y abogado con estudios de cuarto nivel en Finanzas y Derecho".

MilHojas.is

La historia oculta de la camaronera de Luis Chiriboga


Imagen: Dentro de la Fiscalía, Luis Chiriboga, esposado, es llevado por un policía ante la vista de Vinicio Luna.
Luis Chiriboga Acosta y Francisco Acosta Espinosa manejaron a su antojo al fútbol ecuatoriano. Pero también lo hicieron con la pequeña comunidad de Puerto Chojón, en la isla Puná, provincia de Guayas, lugar  en que montaron una camaronera de 185,8 hectáreas.
Una vez que se dio a conocer el escándalo de corrupción en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), que terminó con la captura de Luis Chiribga, Francisco Acosta y Vinicio Luna, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la Fiscalía mencionó unas transferencias desde la empresa Ticketshow (que maneja las entradas de los partidos de la Selección Ecuatoriana de Fútbol) hacia varias cuentas. “En los años 2011, 2013 y 2014 la compañía TicketShow S.A. realiza transferencias a las cuentas de personas naturales y jurídicas vinculadas con el señor Chiriboga Acosta Luis Gustavo, entre ellos su cónyuge, Merino Gómez de la Torre Grace, Servitron S.A., compañía en la que es accionista y gerente general; así como también al señor Valverde García Winston Hernán, por un valor total de $ 184.551”, dice el informe de la UAF.
Precisamente, Winston Valverde García, que es contador, entra en el juego de transferencias tanto como ayudante de Chiriboga en la FEF como en la camaronera de la isla Puná. Valverde “es mi asistente en la Federación -dijo Chirboga en su declaración libre en la Fiscalía-, pero trabaja directamente conmigo y le pedía que me ayudara con algunas cosas de la camaronera, pero trabaja directamente conmigo”. La camaronera, que no tiene nombre, es un lugar por el que abundan juicios y demandas, como parece ser la tónica en los negocios de Chiriboga.
Imagen: Ubicación de la camaronera de Chiriboga y Acosta, en la isla Puná, en el Golfo de Guayaquil.
El predio de la camaronera, ubicada al norte de la isla Puná, enfrentó sendos conflictos sociales, jurídicos y ambientales, pero, al final, Chiriboga mantuvo el control de esas tierras contra manglar y marea.
La historia arranca a mediados de los años 90. Chiriboga y Acosta eran socios en las empresas Servitron (la misma que aparece en el informe de la UAF) y Prontimil que adquirieron la extensión señalada de terreno.
No se tiene claridad cómo la dupla Chiriboga-Acosta adquirió esos predios. Se sabe que el primer grupo humano que se benefició fue la comunidad de Chojón. Eso se desprende de una resolución del 22 de enero de 2001 (documentos 1⇒, 2⇒ y 3⇒) que emitió el desaparecido Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA).  En esta se cita una declaración de Marcelino Benigno González Consuegra que dijo que en esas tierras  tenían sus casas de habitación los socios de la cooperativa 24 de Septiembre, “que viven allí desde su nacimiento y que se dedican a la producción del camarón”.
Aseguró en la resolución además que contaba con permisos otorgados en 1987 por el Ministerio de Industrias Comercio e Integración, la Armada Nacional  y la Subsecretaría de Asuntos Pesqueros a favor de la cooperativa 24 de Septiembre, formada por la comunidad.
Esa resolución recoge además la palabra de Manuel Ramírez Ramírez, procurador de los habitantes del recinto “Aguas Piedras”: “Las tierras que se pretenden por parte de los mentados señores (Chiriboga y Acosta) son comunales que han servido de asiento desde tiempos inmemoriales, tanto a la comuna Chojón como a la comuna Aguas Piedras. Además que las tierras constituyen el sustento de sus vidas, que son campesinos abandonados por los sectores públicos de todo servicio que no tienen títulos pero son posesionarios desde tiempos inmemoriales”.
• No deje de leer: La caída del capo del fútbol ecuatoriano⇒
Chiriboga y Acosta Espinosa aseguraron en su defensa que eran los legítimos dueños desde mediados de los años 90, que sobre ellos mantuvieron posesión regular, ininterrumpida y pacífica. Que en los lotes realizaban la cría del camarón y que su actividad brindó plazas de trabajo para los pobladores.
Pero nunca se detalló cómo adquirieron esos inmuebles, a quién lo hicieron, cuánto fue el costo real y de dónde salió el dinero.
En la resolución del INDA se asegura que Servitron y Prontimil levantaron una escuela para la comunidad y que se encontraba en buen estado, pero no le dio la razón a ninguna de las partes y ordenó que esos predios vuelvan al patrimonio estatal por considerarlas tierras baldías. El 22 de enero de 2001 ese cuerpo de tierras fue valorado  en $USD 1.053, 22 y registrado como patrimonio nacional.
Imagen: Documento del predio de la camaronera, entre Puerto El Chojón y el recinto Agua Piedra.
Pero esa resolución no significó la salida de las dos empresas, que continuaron laborando. De hecho nada cambió hasta el 8 de abril de 2005, cuando el INDA emitió dos resoluciones adjudicando (esta vez de forma legal) 48,76 hectáreas a la Compañía Servitron S.A. y 65.80 hectáreas, adyacentes, a Prontimil.  
El entonces del director del INDA, Juan Jácome Pasquel ordenó la inclusión de un plan de explotación de las tierras. Este se limitó a una simple hoja  en la que Chiriboga afirmó que cultivaría en cinco años 20 hectáreas de cucubitáceas, es decir, hortalizas.  Además dijo que sembraría 15 hectáreas de árboles de tamarindos, chirimoyas y ciruelas. Nunca se mencionó las palabras camarones, camaronera, ni nada parecido.  
Formalizada la entrega de los predios, Prontimil vendió su parte a Servitron en un valor de $USD 37.374,40 según se desprende de la escritura de compraventa celebrada el 27 de diciembre de 2006 en la notaría 25 de Guayaquil.
Se trató del traspaso de un bolsillo a otro porque las dos empresas estaban registradas en la misma dirección: piso 5, oficina 4 del edificio torre Colón, Guayaquil. Además Luis Chiriboga apareció como gerente general de Prontimil y Servicon.
En 2013 el Ministerio de Agricultura a través de la Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria realizó un estudio de buena parte de las adjudicaciones de tierras realizadas por el desaparecido INDA y el 15 de octubre de ese año concluyó que las tierras entregadas a Prontimil y Servicon eran nulas porque se logró determinar que esos predios formaba parte de una zona de manglar, salitral y playa. “Al tratarse de bienes nacionales, su uso pertenece a los habitantes de la nación como es el caso de calles, plazas, puentes” expresó en la resolución el subsecretario de tierras y reforma agraria, Manuel Suarez Rites.
Chiriboga solicitó a la justicia una acción de protección que recayó en el Juzgado 1ro de Tránsito de Pichincha. Aseguró que esa decisión vulneró su derecho al trabajo, a la estabilidad laboral, la seguridad jurídica, la privación de tutela efectiva e indefensión.  Dijo además que la Subsecretaría de Acuacultura, junto a la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos, otorgaron a Servitron una  concesión de playa y bahía con una extensión de 50 hectáreas. Agregó que el 25 de abril de 2013 la Capitanía del Puerto de Guayaquil  le dio matrícula de concesión de zonas de playa y Bahía. 
Pero el juez César Fernando Fabara Benalcazar negó la petición de medidas cautelares presentadas por Chiriboga.
No fue el único conflicto, el 6 de septiembre de 2012 el Ministerio del Ambiente multó a Servitron en $USD 44.636,50 por haber talado y quemado media hectárea de manglar.  Chiriboga demandó una acción de protección contra el Ministerio del Ambiente en la persona de la ministra Lorena Tapia en el juzgado 8 de lo Civil de Pichincha..


En la causa 253-2013 impugnó el informe técnico(…). Para corroborar esa historia utilizó a su favor las declaraciones de las familias que habitan Chojón. Es decir, las mismas familias que hace 13 años reclamaron las tierras como suyas, defendían al presidente de la FEF…


En la causa 253-2013 impugnó el informe técnico y la decisión del Ministerio del Ambiente. Dijo que se trató “mínimo podamiento, de unas pocas ramas de ciertos árboles que impedían transitar por debajo de los mismos”.
Para corroborar esa historia utilizó a su favor las declaraciones de las familias que habitan Chojón. Es decir, las mismas familias que hace 13 años reclamaron las tierras como suyas, defendían al presidente de la FEF.
Ninguna de las acciones judiciales que impulsó prosperaron y la empresa fue obligada a pagar esa suma, pero se desconoce si lo hizo.
En la actualidad la camaronera continúa en poder de Chiriboga, es decir, no se ha podido efectivizar la decisión de la Subsecretaria de Tierras. De hecho, hace  pocas semanas, cuando el asambleísta Ramiro Aguilar hizo público el informe de la Unidad de Análisis Financiero que  estableció que hubo transferencias desde las cuentas de Chiriboga en Panamá a nombre de Hernán Valderde García, contador de la FEF, que además trabajaba privadamente para Chiriboga en la camaronera.
Luego la  abogada defensora de Chiriboga, Lucía Vallecilla, especificó que $USD 120.000 fueron transferidos para el giro de negocio de la camaronera y que el dinero fue manejado por Valderde García.

MilHojas.is