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Autor: mh

hhhhh

1. Have you found a conection between these efforts of hacking with the ALBA countries (we mean the leftists governments of the region)?
Beyond what we have stated in the report itself, we are limited in how strongly we can "attribute" these attacks to a particular sponsor at this time
2. Have you found any conection between the software used by these hackers and the software provided by Hacking Team?
None.
3. Your report says that Ecuador is one of the most surveilled countries of the region, do you have cuantitative data that support that?
We say that Ecuador is where we found the most malware. (We did not say it is one of the most surveilled countries of the region.)  That may just be a factor of how we conducted our analysis, and the places we looked. It is possible that there are just as many malware attacks by this group elsewhere. We just did not see them.
And the last question:
4. Once a computer got infected is it possible to rehabilitate it, to repare it? Or it will never be safe to use again?

It requires significant expertise to remove malware from a computer.  For this particular malware, unless you have this expertise, it is probably a good idea to back up your data and start fresh with a newly formatted (or new!) hard drive.
 

La caída del capo del fútbol ecuatoriano

Imagen: El instante cuando Luis Chiriboga Acosta se entrega en la Fiscalía, en Quito, el pasado 4 de diciembre.
Agosto de 2006, Luis Chiriboga Acosta tenía ocho años en funciones como presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y sacó 80 mil dólares de las arcas de esa entidadpara indemnizar “por injurias calumniosas” a Galo Roggiero Rolando, su antecesor fallecido el 2013, quien desde 1998 lo había demandado, después de que lo criticara públicamente y señalara que en su administración hubo supuestos “malos manejos económicos”.
El trato amable que se había observado entre ambos dirigentes años atrás terminó con la llegada de Chiriboga al poder, en 1998, cuando ganó en su segundo intento. En 1994, no había podido vencer al propio Roggiero.
Desde su cargo, al que accedió tras superar con 29 de los 72 votos que suman clubes y asociaciones, el riobambeño inició una persecución contra el extinto dirigente que no solo llegó a los juzgados del país sino que incluyó un Congreso Extraordinario, exclusivamente convocado para declararlo “persona non grata” para el fútbol ecuatoriano.
Imagen: Rodrigo y Esteban Paz, dirigentes de Liga de Quito, quienes han criticado al máximo la gestión de Luis Chiriboga.
Ironías o no del destino, con el tiempo, Chiriboga, que en enero próximo cumpliría 18 años como presidente de la FEF, comenzó a ser criticado por personajes del fútbol ecuatoriano que antes habían aupado su candidatura. Hay quienes, incluso, lo han acusado de “malos manejos”. Principalmente, Rodrigo y Estaban Paz, padre e hijo, dirigentes de Liga de Quito; además, de Eduardo Granizo, directivo del Olmedo. Los tres han señalado el “abuso de poder” del directivo.  Ese, es uno de los delitos que también ahora le imputa la Fiscalía de los Estados Unidos, que lo ha involucrado en una red delictiva internacional conformada por quienes hasta hace pocos meses conformaban la élite de la dirigencia del fútbol mundial. Entre otros delitos, en el denominado FIFA Gate, se los acusa de asociación delictiva, fraude electrónico, lavado de dinero, delitos en los que todos han incurrido entre los años 2000 y 2015.
En el proceso, la fiscal Loretta Lynch ha indicado que en los últimos años Chiriboga era parte de una red, denominada el ‘grupo de los seis’, que con él a la cabeza exigían el pago de grandes cantidades, equivalentes a seis cifras, a cambio de respaldar la venta de los derechos de televisión de los eventos futbolísticos más importantes que organiza la Confederación Sudamericana de Fútbol. Lynch ha indicado que el esquema de corrupción de la dirigencia ha venido funcionando desde hace casi un cuarto de siglo y que antes la lideraban dirigentes de países más grandes, como Brasil y Argentina. “Con el objetivo de enriquecer personalmente a los dirigentes”, ha dicho; y aseguró: "Han participado dos generaciones de dirigentes".
Imagen: La fiscal de EE.UU., Loretta Lynch, quien hizo la acusación formal a Luis Chiriboga.
"A todos lo que piensan que pueden evadir la Justicia, sepan que no lo lograrán", afirmó la fiscal general de Estados Unidos, durante la conferencia de prensa ofrecida el pasado jueves, cuando refirió detalles de un nuevo capítulo del escándalo de la FIFA. La funcionaria confirmó que hay 16 nuevos acusados en el esquema que repartió más de 200 millones de dólares en negociados ilegales… Entre esos nombres apareció el de Luis Chiriboga Acosta.
Lynch, también advirtió a quienes -dijo- piensan que podrán “evadir” la Justicia de los Estados Unidos, y afirmó que no lo lograrán. Sin embargo, Chiriboga ha preferido ser juzgado en el país, donde, además la Constitución prohíbe extraditar a sus ciudadanos; y, desde el pasado sábado, permanece con arresto domiciliario en su apartamento del condominio Villa Regina, ubicado en el exclusivo sector del Quito Tennis, el cual, según fuentes extraoficiales, estaría valorado en más de 1’200.000 dólares. Nada comparado con la modesta vivienda que tenía en el sector de Las Casas, cuando llegó a la presidencia de la Federación, y que habría adquirido con un préstamo hipotecario obtenido a través del IESS. También han sido involucrados otros dos directivos del balompié nacional. Se trata de Francisco Acosta, su primo y secretario de la FEF, quien se encuentra con arresto domiciliario; en tanto, el Cap. (r) Vinicio Luna, coordinador de selecciones y, para muchos, la “mano derecha” del presidente, guarda prisión en la cárcel.
Imagen: Luis Chiriboga tuvo entre su gente de confianza al secretario de la FEF, Francisco Acosta (abajo, izquierda), quien también está viculado en la investigación que lleva a cabo la Fiscalía de EE.UU.
En Ecuador, Chiriboga, que se diera a conocer en el ámbito futbolístico como dirigente del Deportivo Quito a mediados de los años 70, siempre impuso su decisión desde la presidencia. Así fue como canceló los 80 mil dólares con dinero de la Ecuafútbol, pese a las críticas de un determinado sector de la dirigencia e incluso del demandante. No obstante, en ese momento dirigentes allegados lo excusaron sosteniendo que actuó como presidente de la Federación.
A nivel dirigencial, enfrentar a Roggiero fue como un“debut legal” para Chiriboga, quien en sus casi 18 años dirigiendo la FEF ha llevado una actividad marcada por procesos judiciales o disciplinarios contra los críticos de su gestión, que, principalmente, le han exigido informes económicos, como los gastos realizados durante el Mundial de Brasil 2014, detalles de las ”maletas viajeras (invitados, casi siempre dirigentes provinciales, a los que de esa forma, supuestamente, “tenía contentos” y así ‘aseguraba votos’)”; la adjudicación de los derechos televisivos del campeonato nacional y de eliminatorias.
Otros dos puntos críticos también fueron: 1. La permanencia y cercanía con las selecciones nacionales de uno de sus hijos (que cuando él llegó a la presidencia de la FEF era jugador juvenil que pasó, sin trascendencia alguna, por el Deportivo Quito) como empresario de futbolistas; 2. El retorno de Vinicio Luna a la coordinación de la selección de mayores, después de que fuera condenado por “tráfico de personas”, tras ser descubierto que en las delegaciones de la FEF que solicitaban visas para entrar a los Estados Unidos se incluía a personas ajenas a la entidad del balompié ecuatoriano.
Tras el enfrentamiento legal con Roggiero, fue el turno de Eduardo Granizo y de los Paz. Pero contrario a lo sucediera con el extinto directivo, quien fuera señalado por Chiriboga por “malos manejos” que nunca pudo demostrar, Granizo y los Paz, en cambio, han sido perseguidos por ser críticos de su administración. Con el primero perdió una demanda por calumnias en el 2011.
Una vez liberado de la acción legal, el directivo riobambeño inició un proceso contra Chiriboga solicitando una indemnización económica por el daño causado, no solo en el aspecto moral, sino por la afectación a su salud y su familia; que, asegura Granizo, sufriera desde que fuera suspendido por la FEF, en el 2009.
Imagen: Otro hombre fuerte de la gestión de Chiriboga ha sido Vinicio Luna, quien ya pagó una condena en la cárcel por un caso de gestión ilegal de visas en los viajes de la Selección.
Una de las frases que entonces el riobambeño expresara, fue: “El Presidente de la Ecuafútbol actúa con prepotencia para cumplir con sus intereses y compromisos en el fútbol nacional”. Al momento, aunque sigue aportando a las arcas del Olmedo, el expresidente del club chimboracense ha dicho que volvería a la dirigencia el día que el ahora detenido por el escándalo internacional de corrupción deje la Federación.  
Rodrigo y Esteban, en cambio, han enfrentado procesos judiciales y de sanciones disciplinarias en el ente rector del fútbol ecuatoriano, en el que Chiriboga se ha apoyado en vista de que en la justicia ordinaria, no obtuvo respuestas positivas a sus intereses. En octubre del 2014, Esteban, por ejemplo, fue suspendido un año, después de haber expresado, durante una entrevista, que: “La Federación Ecuatoriana de Fútbol usurpó los derechos de televisión de los clubes…”. Se refería al hecho de que primero (tras aprobación en el Congreso Ordinario del 2012) la FEF se apropiara de los derechos de televisión de todos los clubes que intervienen en el campeonato nacional; y luego los negociara con los canalesTCMiCanal y GamaTV, ambos incautados y administrados por el Estado. No obstante en noviembre pasado, varios clubes, sobre todo los que enfrentan crisis económicas internas, expusieron su inconformidad por el incumplimiento en los pagos. Tras esas críticas, se conoció que las televisoras tendrían al menos 2’500.000 de dólares pendientes de cancelarles, de los 18’301.500 de dólares que deben pagar en la temporada, según el presupuesto presentado por la FEF en enero.
Imagen: Luis Chiriboga ha estado al frente de la FEF desde 1998 gracias al apoyo de las asociaciones provinciales en su mayoría.
En su defensa, antes de ser sancionado, Estaban Paz, dijo: “Mis declaraciones en ningún momento han sido para ofender, sino para dar una opinión crítica. No estoy de acuerdo de cómo se están manejando las cosas aquí en la Federación, pero no puedo quedarme callado”. No obstante, esas expresiones fueron calificadas como “una campaña mediática para ilegitimar la labor de Luis Chiriboga”, según el síndico Guillermo Saltos Guale. Fue él, hasta hace unos años dirigentes de Barcelona, quien pidió sanción para Paz, aplicando los artículos: Art. 140: Los dirigentes por todo acto que menoscabare el espíritu deportivo, el espectáculo, la integridad física y moral de las personas y el respeto de quienes participen en una competencia o partido, serán juzgados y sancionados por la Comisión Disciplinaria conforme determina este reglamento.
Imagen: Luis Chrirboga, Rafael Correa y Joseph Blatter (expresidente de la FIFA).
Art. 141: Las faltas cometidas por los dirigentes, según la gravedad de las mismas o la reincidencia, serán sancionadas con amonestación o multa de hasta mil UDM, o suspensión de hasta cinco años calendario. Los dirigentes que estando sancionados continuaren cometiendo infracciones previstas en el Estatuto y Reglamentos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y/o sus organismos, serán suspendidos cinco años y no podrán formar parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol ni de sus afiliados, aún después de cumplida la sanción. Una vez descubierto el FIFAGate, que comenzó a hacerse público en mayo pasado, Esteban Paz fue uno de los primeros dirigentes en aplaudir la labor de la Fiscalía delos Estados Unidos y, en su cuenta de Twitter, escribió: “Por fin que se limpie tanta basura”. En días pasados, a raíz de que se conociera la segunda lista de dirigentes involucrados en el FIFAGate, y en la que apareció el nombre de Luis Chiriboga, su padre, Rodrigo Paz, en cambio, expresó: “Esto  no es corrupción, esto es una mafia de ladrones disfrazados de dirigentes”. Además, ha indicado: “Tengo una sensación de pesar por el ser humano, es la historia de cuando uno está muy arriba y no se da cuenta de las cosas, de repente se resbala, y cae; y la caída es muy dura…”.
Imagen: Luis Chiriboga saliendo de la Casa de la Selección.
Detalles de las investigaciones judiciales del denominado FIFAGate se comenzaron a conocer desde el 27 de mayo pasado. Tras el primer informe, que consta de 161 páginas,se procedió con la detención de siete dirigentes de distintos países, en Suiza; otros se entregaron voluntariamente a la justicia de los Estados Unidos. Ahora, el pasado jueves, se conoció el contenido del segundo informe de los investigadores, que tiene 267 páginas. Cuando hizo pública la información, durante una rueda de prensa, la fiscal Lynch, fue crítica de las acciones de corrupción. Después tuiteó en su cuenta: "Nos comprometimos a terminar la corrupción rampante que describimos en la administración de la conducción del fútbol", y responsabilizó a otros 16 dirigentes a los que acusó de “abuso continuo para su enriquecimiento ilícito”, entre ellos estaba el nombre de Luis Chiriboga, contra quien en ese instante la Fiscalía del Ecuador abrió una indagación previa, que incluyó el bloqueo de sus cuentas, el allanamiento de las dependencias de la Federación de Fútbol; y de su departamento en Quito.
En tanto, y pese al pedido de ciertos directivos, exdirigentes y aficionados al fútbol, él no ha renunciado a la presidencia; sin embargo, el pasado viernes, en cuanto fue apresado en Quito, el directorio (al cual también se le pide renunciar) procedió a suspenderlo por 90 días.

PD: LINKS RELACIONADOS
El capitán Luna volvió a ser el hombre fuerte de la Ecuatoriana de Fútbol . Esta crónica, elaborada el 2010, deja ver claramente que Luna es el lavador de dinero con Moon Tour, su agencia de viajes; y, además, es el organizador de los conciertos de famosos de Chiriboga.
Un socio de Chiriboga obtuvo una visa gestionada por la FEF. Esta  crónica, elaborada en el 2010, narra cómo Luis  Chiriboga se involucra con Carlos Correa, empresario al que lo ayuda a financiar la venida de Marc Antony.
Luis Chiriboga hizo del fútbol un imperio 
Luis Chiriboga implicado en una trama de corrupción

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Protesta por las enmiendas: los nombres detrás de la represión

Dijo el escritor Juan Carlos Onetti que la forma mas repugnante de mentir es decir la verdad, aquella que logra ocul­tar el alma de los hechos, porque estos son siempre vacíos, como recipientes que toman la forma del sentimiento que los llena.
Alianza PAIS lo entiende a la perfección y lo cumplió este 3 de diciembre: mientras en las calles que rodean la Asamblea Nacional, centenas de policías armados, cubiertos con trajes balísticos con capacidad de absorber golpes, apoyados por la caballería, con armaduras de polímeros de alta resistencia, el ministro del Interior José Serrano, como voz oficial del Estado, denunciaba la agresión a los uniformados.
Documento: Síntesis de reunión en  la que se evaluaba cómo se accionaría la represión ante las protestas por las enmiendas.
“Mientras la Democracia triunfa en la asamblea, agredían a los policías que evitaban confrontaciones” escribió José Serrano. Es el Estado como víctima de los ciudadanos.
Fueron bombazos y toletazos de alta eficiencia ya que los policías lograron identificar a los líderes opositores y golpearlos con fuerza.
El control de las manifestaciones se concretó el 30 de noviembre en una reunión del llamado Comité Estratégico conformado por Pedro Solines, secretario de la administración; Vinicio Alvarado, ministro coordinador de la producción; Patricio Barriga, secretario de Comunicación, Paola Pabón, secretaria nacional de acción política; Carlos Baca Mancheno, asesor del presidente de la República; Omar Simon, secretario general de la presidencia; María Augusta Enríquez, asesora de Vinicio Alvarado; y Ricardo Patiño, Canciller de la República.
En esa reunión se analizó el informe de inteligencia, sesión del pleno, movilización social, comunicación y operativo de seguridad. En la planilla de reunión se especifica que ese proceso estuvo a cargo de la Secretaría Nacional de Inteligencia, la Asamblea Nacional, la Secretaria de Gestión Política y el movimiento PAIS.
Participaron además otras autoridades como José Serrano, ministro del Interior; Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional; aparece el nombre del asambleísta de PAIS, Juan Carlos Cassinelli; Gustavo Baroja, prefecto de Pichincha; y Eduardo Paredes, como asesor del canciller Ricardo Patiño.
Imagen: Los cientos de policías estaban realmente preparados para la represión.
Como miembros de soporte al comité estratégico consta Roberto Wohlgemuth, subsecretario nacional intergubernamental; Fausto Jarrín, subsecretario de coordinación interinstitucional; Andrés Granada, subsecretario de Pueblos  y Jacobo García por PAIS.
Guillaume Long consta en la lista de convocados pero su presencia fue para exponer su plan cultural para fiestas de Quito.
En esa reunión se analizó el informe de inteligencia, sesión del pleno, movilización social, comunicación y operativo de seguridad. En la planilla de reunión se especifica que ese proceso estaría a cargo de la Senain, la Asamblea Nacional, la Secretaria de Gestión Política y el movimiento PAIS.
El resultado de este operativo de seguridad fue 21 personas detenidas y decenas de heridos, entre ellos el presidente de la Ecuarunari, Carlos Pérez Guartambel, y un reportero gráfico de diario El Comercio. Esto, mientras en otros sectores de la ciudad se desarrollaba una veintena de actos para “celebrar” las fiestas de Quito.
Los detenidos fueron sentenciados a 15 días de cárcel y al pago de $200 a cuatro policías. 
El cargo por el que se les imputó: proferir expresiones en descrédito o deshonra en contra de otras personas. El juez Rafael Pérez hizo el dictamen amparado en el artículo 396, numeral 1, del Código Orgánico Integral Penal.
Por otra parte, una mujer denunció que su hija fue agredida por la policía a caballo. La niña, de 9 años, fue a parar al hospital Eugenio Espejo. Cuando la mujer denunció el hecho, la Fiscalía le explicó que en estos casos la Policía no puede ser acusada.

MilHojas.is

Consulta 2011: cómo tapar el fraude con un escándalo cualquiera

Un hecho de suerte sepultó el peor escándalo electoral de la vida democrática del Ecuador. Para ser exactos fue un escándalo encubierto por otro.
Sucedió el 7 de mayo de 2011, cuando se realizó el referéndum y la consulta popular que impulsó y ganó el gobierno de Rafael Correa con el objeto de reformar la Constitución y meterle la mano en la justicia.
También logró la licencia ciudadana para crear un sistema para amordazar a la prensa y restringir la libertad de expresión. 
Imagen: La consulta popular del Ejecutivo se realizó el domingo 11 de mayo de 2011 y contó con un aparataje previo de propaganda costeado por el Estado.
Desde ese día, todas las organizaciones que se registraron como sujetos políticos para participar como actores en la consulta, denunciaron a gritos que sucedieron cosas por demás irregulares. Esa denuncia se convirtió en certeza el 12 agosto de 2012 (un año después), cuando el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), emitió el informe final sobre los comicios de mayo de 2011.
El informe de la OEA señaló que el 63,61% de las actas de escrutinio de esa elección, a nivel nacional, tenía inconsistencias numéricas. Se considera inconsistencia cuando el total de votos no es igual al total de sufragantes. Con ello se reconoció que se contabilizaron mal los votos  de 17 703 actas. Es decir, en términos concretos, hubo errores al contabilizar los sufragios de más de 7 millones de ecuatorianos.
Esa fue la razón por qué ningún ecuatoriano pudo determinar, en el momento, cómo quedaron los resultados de las mesas en que votaron y mucho menos contar con un mapa inmediato de resultados. De hecho la oficialización de estos duró dos meses.
¿A eso no se le llama fraude?
Sí. Pero en agosto de 2012, cuando se publicó el informe de la OEA, el Consejo Nacional Electoral ya había armado un nuevo escándalo que dejó en el olvido la consulta popular de mayo de 2011.
Dos semanas antes de que emita el informe definitivo, estalló el escándalo de las firmas falsas. Todas las organizaciones políticas en proceso de reinscripción fueron acusadas de presentar firmas falsas de sus afiliados o adherentes. El caso tenía dimensiones épicas, los noticiarios mostraban imágenes de grandes canchones, con centenares de computadores, en los que técnicos analizaban, escogían y aprobaban millones de firmas desde sus pantallas.
El caso tomó fuerza porque miles de ecuatorianos constataron que sus nombres fueron registrados en el sistema informático del CNE como afiliados o adherentes a organizaciones políticas de los que no eran parte.
Hubo detenidos, se habló de tráfico de bases de datos, se inculpó a las organizaciones políticas de actuar fuera de la ética al apoderarse de los nombre de los ecuatorianos, para registrarlos en sus partidos o movimientos.
Imagen: Afiche oficial de la consulta del Gobierno.
Entonces todos entraron en la lógica del CNE y en vez de exigir un control exhaustivo al sistema informático del ente electoral, se pusieron a recolectar, nuevamente, firmas para impedir que sus partidos salgan del juego electoral. En ese camino todos los organismos políticos que un año atrás protestaron por las irregularidades cometidas en la consulta, no se enteraron del informe final de la OEA.
Llamó la atención que nadie de los partidos políticos nacionales fue enjuiciado por el caso firmas falsas, incluso  hubo un movimiento que evidenció la falsedad de esos hechos cuando le probó al CNE que no presentó una sola firma para el proceso de reinscripción.
Cuestionado por la opinión pública, Domingo Paredes, recién asumido presidente del CNE, enfiló contra Omar Simon a quien criticó por haber adquirido un sistema barato.
Si el software usado en 2012 para calificar a los partidos no era el adecuado, ¿qué sucedió con sistema informático usado en elecciones pasadas?
Simon estuvo frente de los comicios presidenciales de abril de 2009, sobre estos la OEA emitió un informe poco favorable sobre la calidad del sistema informático. Pero en vez de mejorarlo, los ecuatorianos llegamos a la consulta popular del 2011 con un sistema que fue un verdadero misterio para los ciudadanos y todas las organizaciones políticas.

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Consulta 2011: cómo tapar el fraude con un escándalo cualquiera (3)

Al día siguiente, Simon fue clave
El 8 de mayo, ante la obligación de abrir las urnas y contar voto a voto para subsanar las actas que no fueron validadas, el presidente Omar Simón ideó un instructivo mal llamado “para proceder al reconteo de los votos”, que en los hechos evitó el reconteo de votos.
Imagen: el presidente, Rafael Correa, entrega las preguntas de la consulta a Omar Simon, en 2011. El 10 de marzo de 2014, Simon fue nombrado secretario personal de Correa en la Presidencia.
En ese instructivo dictado por Simon se evidenció que la Dirección de Sistemas del CNE ya contaba con el reporte de inconsistencias en cada provincia, es decir ya se conocía a ciencia cierta todos los problemas.
El contenido de esa guía fue elaborado para evitar abrir las urnas, un ejemplo: “Si la inconsistencia numérica es porque el total de votos emitidos por las opciones: SI, NO, BLANCOS y NULOS, es mayor al número de votantes se recurrirá al segundo ejemplar del acta de escrutinio o auxiliar de escrutinio para verificar dicha información”.
Es decir, comparar las actas originales, guardadas en las ánforas, con las copias presentadas para su registro en las juntas de escrutinio. Pero eso no solucionaba el problema al ser un número tan grande de inconsistencias.
El instructivo fue violatorio a la Constitución porque el presidente del CNE no estaba facultado para dictar procedimientos o normas obligatorias para el escrutinio.
Frente a los hechos surgió otra pregunta: ¿Cómo aceptó el sistema informático tantas inconsistencias? La consejera del CNE Marcia Caicedo aseguró que software fue reprogramado para aceptar inconsistencias en Santo Domingo de los Tsachilas.
Video: Marcia Caicedo, entonces consejera del CNE, aseguró que el sistema de los escrutinios fue reprogramado.
Los hechos provocaron una denuncia de los partidos políticos a los observadores de la OEA donde se le hacía conocer esta anomalía a y se exigía que  todas las actas no validadas tengan el tratamiento de actas suspensas y se cuente voto a voto. 
En el informe de la OEA de agosto de 2012 se dijo: “Entre las provincias que registraron mayor número de actas con novedad se encontraron Los Ríos, Manabí, El Oro, Esmeraldas y Santo Domingo, las cuales se demoraron 7 días en finalizar el proceso de escrutinio y transmisión de datos. Es importante resaltar que las provincias de Pichincha y Guayas se vieron en la necesidad de pedir una prórroga excepcional al haber pasado el límite legal de presentación de resultados demorándose hasta el 18 y 19 de mayo en la revisión y transmisión al CNE. La cantidad de actas con errores en estas dos provincias llegaron al 74% y 72%, respectivamente”.
Bajo esas consideraciones de error, ¿cómo es que el CNE se atrevió a dar resultados del conteo rápido la madrugada del 8 de mayo, seis horas después de que se cerraron las urnas?
Antes del anuncio de esa madrugada, el oficialismo, con Rafael Correa a la cabeza, se mantuvo reunido en la sede de PAIS, lugar donde pocas horas antes festejaban.
Imagen: A la izquierda, Galo Mora, y a la derecha su gran amigo Ricardo Patiño, canciller de la República.
En esa madrugada Galo Mora, entones coordinador del movimiento de gobierno, brindó ciertas declaraciones a la prensa que únicamente quedaron registradas en el portal coberturadigital.com.
—¿Esto se convirtió en un margen muy estrecho? —le preguntó un periodista a Galo Mora.
—Todos hemos confiado en el exit poll, toda la prensa, nosotros, creo que también la oposición —dijo Mora—. Cuando el CNE da otros datos obviamente causan una preocupación de conocer porque esos datos no coincidieron, podemos tener una específica determinación de la diferencia, pero en todo caso es a favor del presidente.
—¿Se puede pensar en error del exit poll? —preguntó la prensa.
—Puede hablarse, pero esperemos mañana —contestó Mora—. Quizá el hecho de tener 10 preguntas pueda haber incidido en la encuesta pero tendremos una proyección, dado el ingreso de Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, que no han llegado en un gran porcentaje a incrementar la votación por el Sí.
Pero entonces nadie pensaba que los cálculos de los resultados se realizaron sobre actas con inconsistencias numéricas. 
El enorme número de actas declaradas con novedad y suspensas obligó a los sujetos políticos en  Guayas como en la Delegación Nacional a demandar públicamente se entregue un consolidado con detalle de cada Junta Intermedia de Escrutinio donde se indique número de actas totales, de actas válidas, con novedad, suspensas y nulas.  
Pero en Guayas  se rehusaron entregarlo. Justificaron señalando que a los delegados de cada partido se les entregó resúmenes de cada acta. Se dijo que no tenían capacidad de hacerlo porque todo el proceso de cómputo estaba centralizado en Quito y que por tanto la junta de Guayas no estaba en posibilidad.
La falta de datos contrastaba con los hechos de elecciones anteriores, cuando el Consejo Electoral del Guayas entregaba cortes hora por hora de todo lo digitado, diferenciando lo nacional y lo local. Los sujetos políticos iniciaron la tarea de armar su propio consolidado a partir de la información parcial recuperada por sus delegados a las Juntas Intermedias de escrutinio. 
Entonces iniciaron la titánica tarea de explicar a la opinión pública qué sucedía. Pero ninguno tuvo éxito ¿Cómo un hecho que fue denunciado con fuerza por las organizaciones políticas no pudo sustentarse? La posible respuesta es que los hechos que daban como ejemplos no parecían representativos de la situación local y mucho menos nacional.
El periodista Carlos Vera Rodríguez, por ejemplo, se tomó el tiempo necesario para tratar de explicar qué sucedió en un video colgado en su canal de Youtube. Pero fue en extremo fácil perderse en las cifras de una parroquia determinada.
El error en el conteo de votos de cada una de las 17.000 mesas fueron provocado, supuestamente, por la falta de capacitación de los miembros de las mesas electorales.
Imagen: Facsímil del informe de la OEA donde se explica que no se utilizó el sistema del CNE.
El informe de la OEA dijo que el CNE distribuyó un manual para los miembros de las Juntas Receptoras del Voto, que narraba la metodología para contabilizar los votos pregunta a pregunta. “Se observó que determinadas JRV utilizaron su propio sistema dado el volumen de votos a escrutar, no cumpliendo con el instructivo del CNE. Además, el diseño del acta de escrutinio carecía de un casillero que totalizara los votos de cada una de las preguntas que permitía cotejar numéricamente la cantidad de opciones en cada pregunta (SI; NO; NULO o BLANCO) contra el total de votantes. La falta de preparación, el diseño de las actas, el número de papeletas y número de preguntas a escrutar, fueron factores que contribuyeron a la lentitud observada en el proceso de escrutinio”.
Se puede agregar que a los procesos de capacitación solo llegó al 33% de los integrantes de las JRV. “En las provincias de mayor caudal electoral (Azuay, Guayas, Pichincha, Manabí y Los Ríos) los promedios capacitación fueron menores aún, quedándose en torno al 25%”, expresó la OEA.
Imagen: La rueda de prensa en la que Omar Simon no pudo explicar el retraso en el conteo rápido y las inconsistencias.
Todo esta información nunca logró consolidarse en el debate público, los medios de comunicación no alcanzaron a comprender la gravedad de los hechos, por tanto los principales denunciantes fueron silenciados. 
A medida que los partidos políticos reunieron información comprendieron que las irregularidades perfeccionaban el fraude, por ejemplo actas desaparecidas o simplemente actas falsas. En la Junta Intermedia de Guayaquil de la Red Ética y Democrática identificó 220 actas menos. A su vez,  la Delegación Provincial del Guayas (que funcionó como junta intermedia para algunas parroquias) en cambio aumentó su número de actas totales. Originalmente eran 759 actas, de pronto eran 1250. 
Carlos Vera en su canal de Youtube brindó datos importantes: en diversos centros de votación se perdieron decenas de actas que luego aparecieron sin explicación en la Junta Provincial del Guayas, fueron 491 actas, que en votos significan 196 400.
Eso quedó también evidenciado en el informe OEA: “Es importante resaltar las medidas de seguridad para el traslado de las actas desde los centros de votación a las Juntas Intermedias de Escrutinio. Los miembros de la policía nacional fueron los responsables de recolectar, acopiar, transportar los sobres cerrados que contendrán las Actas de Escrutinio…se observaron que en determinados casos los policías de acopio no portaban las respectivas cédulas de identidad y trasladaban las actas dentro de bolsas de plástico corrientes”.

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Consulta 2011: cómo tapar el fraude con un escándalo cualquiera (2)

“Es común que pasen estas cosas”, Omar Simon en rueda de prensa a las 22:00 del 7 de mayo de 2011, al anunciar la suspensión del escrutinio en Pichincha por 12 horas.

El Fraude
A las 17:00 del 7 de mayo de 2011, al cierre de las mesas, el encuestador Santiago Pérez apareció en las pantallas de Gamavisión a narrar las cifras de la encuesta a boca de urna que su empresa, pagada por el Gobierno, había realizado. A cada pregunta Pérez dijo que el triunfo del Sí era de al menos 20 puntos de diferencia. Cada cifra leída por su encuestador era correspondida por el presidente Correa con una risotada en las pantallas de TV.
Telesur recogió en su primer despacho internacional está información. A la primera pregunta: “tipificar en el Código Penal como un delito autónomo el enriquecimiento privado no justificado”,  sostuvo que el 64 por ciento de la población estaba de acuerdo; mientras el 36 por ciento en contra.
Imagen: un cartel del oficialismo que legitimaba ideológicamente los cambios que el Ejectuvo deseaba imponer en el Poder Judicial a través de la consulta.
En la pregunta sobre la creación de un Consejo de Regulación que controle los contenidos publicados en los medios de comunicación, dijeron que un 61% contestó Sí y el 39% No.
El triunfo pronosticado por el exit poll de Pérez no podía ser contrastado con la información oficial del CNE. De hecho, horas antes de instalarse el escrutinio y empezar a registrar los primeros datos de las actas, la página del CNE  había colapsado.
Los medios en web recogieron esta información y atribuyeron el daño a una saturación de la página por el número de visitas.
El festejo del Correísmo no se hizo esperar. La avenida de los Shirys en Quito, dónde se encuentra la sede del movimiento Alianza PAIS, era un zafarrancho de música protesta y algarabía. Sólo quedaba esperar los resultados del conteo rápido.
Pero el conteo rápido fracasó. Omar Simon había persuadido al pleno del CNE aprobar – en el mes de abril de ese año- la ejecución del conteo rápido en 3091 Juntas Receptoras del Voto para tener resultados y proclamarlos rápidamente.
Imagen: El escrutinio de la consulta fue un proceso lento por la cantidad de preguntas y porque la papeleta tenía falencias para el conteo manual. 
Luego, el propio Simon, un día antes de las elecciones, dio marcha atrás a este proceos y dijo que el conteo lo haría el propio CNE.
El anuncio provocó preocupación en los observadores de la OEA como quedó registrado en Diario El Universo el 6 de mayo: "El magistrado del Consejo Nacional Electoral de Colombia, Gilberto Rondón, comentó que en su país se contrata a un ente privado para la aplicación de este mecanismo con el propósito de garantizar imparcialidad en los resultados".
Además, el representante de Paraguay, Juan Muñoz, dijo que era la primera vez que conocía que un organismo oficial organizaba a la par un conteo rápido.
La fiesta de PAIS concluyó cuando Simon, ante la evidencia, no tuvo más remedio que aceptar que algo fallaba.  El sistema informático estaba programado para rechazar actas con inconsistencias numéricas, que se suponía serían una excepción, pero la realidad es que se había mal contado los votos de al menos 7 millones de ecuatorianos. 
Eso ya lo sabían los principales miembros del CNE como Simon y el vicepresidente Fausto Camacho.  Diario El Universo en su crónica del día dijo: “Apenas a las 23:10, se conoció que el escaneo y digitalización de las actas en la delegación provincial de Pichincha estaba suspendida porque solo habrían llegado 80 de 800 actas. La paralización del proceso, al parecer, se produjo por una impugnación de AP”. Ese rotativo dijo que Simon intentó dar una respuesta a los medios de comunicación presentes, les explicó que había una suspensión en el proceso de escrutinio en Pichincha que duraba 12 horas. "Es común que pasen estas cosas".
No solo en Pichincha había problemas: en Guayas también se suspendió el conteo  en las Juntas Intermedias de Escrutinio mas numerosas como Tarqui y Ximena, donde había 75% de actas con inconsistencias.
Entonces Correa inició una reunión de emergencia en la sede de PAIS con el vicepresidente Lenín Moreno y Galo Mora, coordinador del movimiento.
A esa hora los diversos actores políticos de oposición empezaron a recolectar las primeras piezas del rompecabezas y comprendieron que en las actas de las juntas receptoras el voto las diversas preguntas tenían totales diferentes.
Por ejemplo, no había concordancia en el número de votos de cada pregunta. En la junta 10M (masculina) de la Zona El Paraíso de la Flor-El Fortín,  Parroquia Tarqui, donde la pregunta 1 totalizaba 381 votantes, se diferenciaba del resto de ocho preguntas que registraban 386 votantes.
Pero no era el único problema: también se registró pérdida de actas y en varios lugares votaron más personas que el número permitido de 400.
Esos hechos que en primera instancia parecían un problema focalizado, tomó formas de fraude cuando fue explicado en el informe de la OEA un año después: “Las dificultades para completar el acta de escrutinio en las JRV generó inconsistencias numéricas en el 63,61% de las actas a nivel nacional”.
Imagen: la parte del documento de la OEA en el que se dice que 63,61% de las actas, de la consulta popular de 2011, a nivel nacional, tenían inconsistencias. Click aquí para ir documento completo.
La definición de inconsistencia numérica se refiere a que “si en una Junta votaron 300 personas, en el acta de escrutinio debe constar exactamente el mismo número de votos, sumados los del Si, del No, nulos y blancos, por cada una de las diez preguntas.” (El Comercio del 11 de mayo del 2011).
“Este hecho provocó el retraso general de todo el proceso de transmisión de resultados desde las provincias a la capital, ya que las actas recibidas por las JIE (Junta Intermedia de Escrutinio) y JPE (Junta Provincial Electoral) no estaban en condiciones para la transmisión inmediata de resultados al centro de cómputos del CNE en Quito”, dijo la OEA en su informe.
En medio de estos problemas llegaron al CNE Gilmar Gutiérrez de Sociedad Patriótica y Luis Villacís del extinto MPD a reclamar transparencia en el conteo.
En las primeras horas del 8 de mayo Simon dio la cara con los resultados “validados”. En rueda de prensa felicitó a los ecuatorianos por su vocación democrática, dijo que fue un proceso normal y el momento en que se disponía a leer los resultados del conteo rápido, empezó a trastrabillar. Lo hizo de forma verbal, no le acompañó una pantalla con los datos numéricos para su análisis inmediato o posterior. Se limitó a leer los resultados de una hoja simple y al final exclamó: “La muestra ya se estabilizó y lo que se tiene son resultados reales con márgenes de error reales de Juntas Receptoras del Voto”.
A la pregunta de un periodista de cómo se tomó la muestra, Simon trastrabilló otra vez: “Realizamos otro diseño muestral, obviamente con un número mayor de datos pero la estabilidad muestral se la obtuvo ya con esta información con este porcentaje…las provincias, los resultados en las provincias va entrar en la página web en la medida que en cada una de las provincias ya se estabilicen las muestras…”
Luego fue Fausto Camacho quien se encargó de zanjar las preguntas de los periodistas que estaban presentes y asegurar que todo estaba en orden a pesar de la “confusión en las cifras”. Por ejemplo, aseguró que la tendencia de resultados no variaría.  Que el margen de error estaría en 0,1%  y sobre la página web dijo que estaba en “actualización”, pero no supo explicar qué pasó.
Imagen: Fausto Camacho, vicepresidente del CNE de ese entonces, también colaboró para que se fraguara la estrategia oficialista para que ganara el Sí.
Lo que en realidad se vivía era la abrupta interrupción en la madrugada del domingo del conteo rápido debido a las inconsistencias numéricas de las actas, se trataba de actas no validadas por tanto no podían ingresarse al sistema de contabilización.
El artículo 138 del Código de la Democracia establece que: “La Junta Provincial Electoral únicamente podrá disponer se verifiquen el número de sufragios de una urna para establecer si corresponde a las cifras que constan en las actas de la Junta Receptora del Voto, en caso de inconsistencia numérica”.
Es decir, la única forma de solventar esas irregularidades era el reconteo de los votos. Entonces el CNE decidió considerar a las actas con inconsistencia como “con novedad” pero el concepto de “actas con novedad” no existía en ningún reglamento electoral.
Bajo esa consideración todo fue nombrado con el calificativo “novedad”. El informe de la OEA señaló: “A lo largo de la noche, desde los primeros momentos en que fueron entrando las actas en las Juntas Intermedias de Escrutinio y Juntas Provinciales Electorales  se evidenciaron actas catalogadas como “con novedad”. Pudo corroborarse que esa novedad se debió a: Deficiencias en la legalidad de las actas por ausencia de las preceptivas firmas de  Presidente de Mesa y Secretarios.  Incoherencias en los resultados de los cómputos de votos efectuados por las Juntas en relación a los consignados en las actas. Falencias tales como no consignar en el encabezado de las actas el número de votos correspondientes al padrón de la mesa”.

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Consulta 2011: cómo tapar el fraude con un escándalo cualquiera (4)

¿Fueron las mismas actas u otras? Nadie respondió…
En medio del caos, el técnico Enrique Mafla, ingeniero con Ph.D, delegado de la “Coordinadora Plurinacional por el No” identificó 1 558 actas con problemas en las imágenes. Se trató de una grave irregularidad ya que las actas de las mesas eran llevadas hasta  las Juntas Intermedias de Escrutinio donde eran digitalizadas.
Imagen: el sistema de conteo tuvo problemas al finalizar el proceso de votación en la consulta popular.
Entonces las actas eran analizadas en las pantallas de cada computador y sus datos copiados en el Sistema de Escrutinio Oficial (SEO). Pero resulta que en ese número de actas (1 558 ) tenían problemas en las imágenes publicadas por el sitio Web del CNE. “En algunos casos no existía ninguna de las 5 imágenes (cada acta consta de 5 páginas). En otros casos, las imágenes no correspondían a las actas computadas; es decir que, por ejemplo, la imagen era de las preguntas 7 y 8 y el acta computada era de las preguntas 3 y 4. También existían imágenes que aparecían "dañadas (arrugadas) ¿Cómo las arreglaron. Yo tengo las copias de las páginas web originales que tenían estos problemas?” explicó Mafla en una de sus misivas con miembros de la coordinadora por el No.
Las demandas para aperturar las urnas y hacer el conteo de votos obligó a al presidente de la Delegación del Guayas iniciar el proceso como indicaba el reglamento: con la observación de un delegado por cada una de las fuerzas políticas, es decir Alianza PAIS, Partido Social Cristiano, Partido Sociedad Patriótica, Movimiento Popular Democrático y Red Ética y Democracia. 
Pero AP presionó a la junta para que aceptara un delegado por “tendencia”, es decir uno por quienes propugnaron por el sí y otro por el no.  La consecuencia fue que el desconocimiento de los sujetos políticos trasladó las responsabilidades a los delegados en las mesas que se encargaron de “cuadrar” los resultados, se explica en una denuncia presentada a la fiscalía del Guayas por el Partido Social Cristiano y la Red Ética y Democrática.
Imagen: uno de los afiches de la propaganda oficialista.
De las 29170 Juntas Receptoras del Voto del país, el 63% de actas de esas juntas fueron mal contadas, por tanto con inconsistencias; pero apenas se recontaron 128 en Guayas y 225 en Pichincha.
Sujetos políticos como Madera de Guerrero y la RED iniciaron sendas denuncias en La Junta Provincial de Guayas que fueron negadas el 27 de mayo.
Eso obligó a la RED a acudir al Consejo Nacional Electoral, pero tampoco fueron escuchados por el pleno del organismo compuesto por Omar Simon, Carlos Cortez, Manuela Cobacango, Fausto Camacho.
De ese grupo, solo Marcia Caicedo defendió las denuncias de las diversas organizaciones políticas.
Las negativa obligó a la RED acudir al Tribunal Contencioso Electoral, como organismo de última instancia. En ese entonces era dirigido por Tanía Arías Manzano.
El triunfo del Sí le permitió a Rafael Correa meter las manos en la justicia y formar un Consejo de la Judicatura a su medida. Tania Arias fue parte de ese grupo y beneficiaria de ese fallo.
Omar Simon es secretario particular del presidente Rafael Correa y Fausto Camacho, miembro del observatorio electoral. Marcia Caicedo se fue a su casa.

POST DATA
Dejamos aquí los links que pueden aclarar aún más esta investigación.
Reglamento de Tratamiento de inconsistencias 2011, firmado por Omar Simon
Carta  a Enrique Correa (mayo 8 de 2011)
Oposicion y Gobierno pelean por conteo de actas en Guayas (El Universo)
Comuicación  sobre la continuación del escrutinio
Fallas en actas retrasan escrutinio El Universo
Sentencias Tribunal Contencioso_electoral
Fraude Electoral según Mafla a través del software
Informe de la OEA sobre Elecciones Generales 2009
Informe de la OEA Consulta Popular Ecuador 2011
Impugnaciones rechazadas
Escándalo de firmas falsas 2012 (La Hora)

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Señora jueza, le contestamos la pregunta sobre cómo se hicieron ricos los hermanos Alvarado

El pasado martes 17 de noviembre el periodista Roberto Aguilar Andrade fue citado a un juzgado penal para contestar preguntas del secretario nacional de  comunicación Fernando Alvarado Espinel. En el llamado a confesión judicial hubo preguntas como: “Diga el deponente cómo es verdad  que las empresas de publicidad de Vinicio y Fernando Alvarado crecieron mas allá del mil por ciento desde que los hermanos se convirtieron en hombres duros del Correismo?”.
Aguilar sabía que responder semejantes cuestionamientos le costaría sendos juicios y sentencias que lo llevarían a la cárcel. Pero basta realizar una exhaustiva búsqueda en Internet para demostrar cómo las empresas de estos funcionarios crecieron exponencialmente, incluso mas de mil por ciento de lo que establece la pregunta.
Imagen: El temerario cuestionario enviado por Fernando Alvarado para la confesión judicial de Roberto Aguilar.
La información es clara: datos del Servicio de Compras Públicas establecen que en los dos últimos años las empresas de publicidad Creacional y Percrea, controladas por los hermanos Alvarado Espinel, concretaron 25 contratos por $ 12'108.872,14.
Cinco de estos fueron adjudicados por el Consejo Provincial del Guayas de Jimmy Jairala a Creacional S.A., por $ 5'300.000,  la mayoría bajo el concepto “servicio de colocación de espacios comunicacionales del Gobierno Provincial del Guayas en canales de categoría abierta”.
Percrea Perfil Creativo Cía. Ltda. logró los 20 restantes contratos por $ 6.808.872,14. Doce se firmaron con el prefecto Jimmy Jairala, la mayoría por el mismo objeto: “colocación de espacios comunicacionales”.
Las dos empresas poseen estrategias voraces, no miran si es un gobierno local grande o pequeño y no importa la complejidad del servicio o consultoría. Veamos unos ejemplos: hizo un contrato con el Municipio de Atacames (que no tiene para agua potable de los pobladores) y le cobró: $42.142 dólares por un contrato que no se puede determinar su objeto, en todo caso el Servicio de Compras Públicas describió que en la contratación ese municipio se ahorraron $100 dólares porque el presupuesto referencial era de $ 42.240,00.
El Municipio de El Chaco, uno de los más pequeños del país, en la provincia de Napo, también contrató esa empresa para una asesoría y estudio de mercado y publicidad de las actividades generadas por ese gobierno autónomo descentralizado por $30.500
En este año el Municipio de Ambato contrató a Percrea por $58.000,00 para que le brinde servicios de “asistencia operacionales de orientación y de asesoramiento en relación con la estrategia normativa de sociedades y con la planificación estructuración y sus actuaciones en materia de gestión general…”.
Otros son más simples y costosos como el que firmó con el prefecto Jairala en 2014 (contrato RE-GPG-CS-CD-001-14) por “colocación de espacios comunicacionales del Gobierno Provincial del Guayas a través de una agencia de publicidad en diferentes medios radiales”.
Imagen: Uno de los tantos contratos de las empresas de los hermanos Alvarado, este por apenas $1'400.000.
Las cifras de contrataciones superan con creces la pregunta que el mismo Fernando Alvarado le planteó al periodista Roberto Aguilar.
De hecho, se pueden perfeccionar las preguntas que Alvarado elaboró en su pedido de confesión Judicial, por ejemplo: ¿El crecimiento de mas del mil por ciento de sus empresas es antes o después del primer período presidencial de Rafael Correa o es antes o después del escándalo de Vialmesa?
El señor Alvarado cree que el mundo funciona a partir de su pequeña parcela de inquisición, es posible que al interior del Gobierno sus subalternos acaten su divina palabra bajo condiciones inescrutables, pero fuera de Carondelet su palabra sólo causa hilaridad.
Se atrevió a preguntarle a Roberto Aguilar si es verdad que existen negocios turbios de los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado; nadie duda en responder, incluso al interior del Gobierno, en voz baja: sí.
Imagen: Fernando y Vinicio Alvarado, piezas clave del Régimen de Rafael Correa.
Alvarado entiende que el silencio de sus subalternos es la fortaleza de su ética, pero debe saber que esa lealtad está por demás descompuesta.
Es cuestión de tiempo que esa fortaleza se desarme, entonces necesitará un golpe de suerte por cada contrato que firmó y todos sabemos que la suerte, a veces, no existe. Y para los que no estén aún convencidos, ahí van los contratos, completos sobre cómo los hermanos Alvarado se han enriquecido a través de contratar con el Estado.

Contrato para publicidad en Tv abierta para el Gobierno Provicial del Guayas
Contrato para publicidad en Tv abierta para el Gobierno del Guayas (principal)
Contrato para publicidad en radio para el Gobierno Provincial del Guayas
Contrato para publicidad en radio para el Gobierno Provincial del Guayas (2)
Contrato para publicidad en radio para el Gobierno Provincial del Guayas (2015)
Contrato para difusión de obras
Contrato para publicidad en TV 2015 Guayas (1)
Contrato para publicidad en TV 2015 Guayas (2)
Contrato para publicidad en TV 2015 Guayas (3)

MilHojas.is

 

IESS: viejos problemas en el nuevo hospital de 23,2 millones de dólares

MilHojas.is y Planv.com.ec
Nota: los nombres de este reportaje son protegidos.
Martes 21 de octubre de 2015. El reloj marca las 09:30. María sale de la consulta con el Pediatra que atendió a su hija de cuatro años, que sufre de parálisis cerebral. Es la primera vez que acude al Centro de Especialidades Comité del Pueblo-Ponceano, el nuevo hospital construido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). La transfirieron del Hospital Carlos Andrade Marín (HCM), donde fue tratada desde que nació.
Imagen: Anuncio de la Secretaría Nacional de Comunicación sobre la inauguración del Centro de Especialidades Comité de Pueblo, ubicado al norte de Quito.
María cuenta que la atención fue buena y rápida, pero lamenta que, como casi siempre, no le den los medicamentos  ni la leche especial que su hija consume a diario.  Dice que tendrá que conseguir alrededor de 50 dólares para no interrumpir el tratamiento contra el hipotiroidismo y la desnutrición que afecta a la pequeña, que corretea sonriente e inquieta, ajena por completo al drama que atraviesa.
Media hora más tarde, Patricia, otra afiliada al IESS, con cierto recelo, acepta dar su testimonio para este reportaje. Si bien admite que solo esperó 20 minutos para que el médico general atienda a su madre, una señora de la tercera edad, considera inconcebible que le hayan dado cita para hacerse los exámenes tres meses después.

A pocos metros de ellas está Lorena, madre de una niña de dos años. Ella y su esposo están molestos y cuestionan que, viviendo al sur de la ciudad, del Andrade Marín, que están en el centro-norte de Quito, les hayan transferido al Comité del Pueblo. Para llegar a tiempo a la cita  debieron salir de su casa hora y media antes y pagar siete dólares de la carrera de taxi. Eso no sirvió de mucho pues el médico atendió a la niña dos horas más tarde, según informaron.
A María Eugenia le fue mejor ese día. Cuenta que le transfirieron del Hospital San Francisco, ubicado en Carcelén, y la atendieron enseguida.
“Lo que me encanta de aquí, hasta ahorita, es que se viene, se coge la cita y ese mismo día le atienden”. Le hicieron exámenes de sangre y laboratorio. En ocho días le entregaron los resultados  y le dieron turno para el especialista de forma inmediata.
A María Eugenia, igual que a los otros afiliados contactados para este reporte, no le dieron los medicamentos y debió comprarlos afuera. “Eso está mal, porque nosotros pagamos el Seguro y nos deben dar las medicinas”, comenta.
Uno de los casos más dramáticos es el de Patricio y su hijo con capacidades especiales, que tiene 25 años. Desde hace tres meses ellos acuden al Centro del IESS ubicado en el sector de Ponceano, en el nororiente de Quito.
Patricio señala que no tuvo dificultad para la primera cita médica. Él fue diagnosticado  de una desviación en la columna vertebral. Informa que primero le dieron cita en Medicina General, en donde le mandaron a tomarse una radiografía. Luego lo remitieron a Medicina Familiar y ordenaron una resonancia magnética. Entonces le mandaron para Trabajo Social y le dijeron que regresara luego de tres meses. El 22 de octubre le comunicaron que debe ser atendido por un traumatólogo, quien le explicó que, para autorizar la resonancia debe esperar una auditoría. Por último, para esa especialidad hay turnos dentro de 90 días.
“Yo reclamé porque, a la final, es un derecho que tenemos todos los que estamos aportando. Deberíamos tener el mejor seguro de salud y en todos los aspectos. A la final no sabemos qué es lo que están haciendo con la plata que nosotros pagamos. Como siempre, el Gobierno es el que se lleva toda la plata…  Si mi columna no resiste más, me quedo paralizado por culpa del personal administrativo de aquí. El médico general duplica el trabajo con el familiar. Debe haber personas capacitadas en lo administrativo para que esto funcione bien”.
Imagen: Este acto en el que se lo ve interncenir al presidente, Rafael Correa, por la inauguración del Centro de Especialidades Médicas Comité del Pueblo, costó $205 mil.
Para Patricio, este problema obedece a que han aumentado los beneficiarios pero no hay la capacidad suficiente para atenderlos.
A su hijo le ha ido peor. Nació con parálisis cerebral y no encuentra en el país las medicinas que necesita. Él tenía  un tratamiento especial en Italia,  de donde decidió regresar a Ecuador por las prebendas que ofrece el Gobierno para los migrantes. “No he recibido absolutamente nada.  Regresé hace año y medio con algo de plata. El Plan Retorno es una burla prácticamente. A mí me ofrecieron el Plan Cucayo, que daban préstamos para esto y lo otro. Lastimosamente creo que tengo que regresar por la situación de mi hijo”.
Para Patricio, la Fundación Manuela Espejo ahora es solo una figura pues todo fue derivado al Ministerio de Salud. Tras casi cuatro meses de trámites aún no ha podido renovar el carnet de minusválido que el Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis)  extendió  hace 20 años a su hijo. Tampoco le ha ido bien en el Municipio, en donde hace 90 días solicitó el permiso para circular cuando hay pico y placa. No le han respondido hasta la fecha.
Este migrante, que vivió 15 años en Italia, asegura que, de haber sabido lo que ocurriría, no habría regresado a Ecuador.  Para mantener la calidad de vida de su hijo debe destinar para sus medicinas 300 dólares mensuales de su pensión de jubilado, que bordea los 500 dólares.
“El Gobierno no me da nada ni como discapacitado, peor como afiliado al IESS. En Italia mi hijo tenía todo, sin que  cueste un centavo”.
Este ciudadano, que regresó a Ecuador porque extrañaba sus raíces y creyó en el Gobierno, trajo sus ahorros y abrió un restaurante. Hace año y medio debió cerrarlo para atender a su hijo, que desarrolló epilepsia.
“De la revolución ciudadana mejor no hablemos. Socialismo es el poder al servicio del pueblo, no al revés”, comenta indignado.
En suma, una mañana fue suficiente para tener este diagnóstico de los primeros seis meses de operación del Centro de Especialidades Comité del Pueblo.
Si bien hay avances en atención al cliente, en el agendamiento de la primera cita con el médico general o familiar, el cuello de botella sigue siendo la atención especializada y la falta de medicinas y otros insumos que los afiliados deben pagar de su bolsillo, pese a que cada mes capitalizan con sus aportes la Caja del Seguro.
Estos son los viejos problemas estructurales que en ocho años el Gobierno de Rafael Correa no ha sabido solucionar.

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La complicada tarea de contrastar la información
El 19 de octubre, Plan V solicitó una entrevista con Rafael Calvo, director del Centro de Especialidades Comité del Pueblo.
Su asistente tomó nota de la solicitud y ofreció responder durante la tarde. Tras una semana de espera y de insistentes e infructuosas llamadas al call center 3968200, Plan V visitó nuevamente a la funcionaria. Entonces ella informó que la solicitud había que enviarla al Departamento de Comunicación de la oficina matriz del IESS. La jefa de esta dependencia  indicó que el pedido se lo envíe a una cuenta de mail.
Imagen: Vista nocturna del edificio Centro de Especialidades Médicas Comité del Pueblo.
El 5 de noviembre se procedió de la forma indicada, pero hasta el mediodía del martes 10 de noviembre no llegó ninguna respuesta oficial. Entonces se efectuó una nueva llamada al Departamento de Comunicación para informar que el reportaje se publicaría sin la versión oficial, debido a la falta de respuesta.
A las 13:44, vía correo electrónico, la Asesoría de Comunicación de la matriz remitió las respuestas que adjuntamos a este informe. Ningún directivo concedió una entrevista sobre el tema.
1 100 pacientes atendidos cada día en 25 especialidades
El 31 de marzo,  el presidente Rafael Correa, al inaugurar el Centro de Especialidades IESS Comité del Pueblo, anunció que alrededor de 400 mil personas que viven en los barrios del norte de Quito se beneficiarán de sus servicios. Lo hizo mientras recorrió las instalaciones, se hizo chequear sus signos vitales, verificó el funcionamiento de los equipos y que la farmacia esté dotada de las medicinas suficientes para garantizar una atención eficiente a los afiliados.
Este centro de 21 400 metros cuadrados, en el que el Gobierno invirtió 23,2 millones de dólares, fue construido con el objetivo de descongestionar los hospitales Carlos Andrade Marín y San Francisco de Quito. Cuenta con 133 consultorios distribuidos en cinco pisos y 3 subsuelos para parqueaderos. Según estimaciones oficiales, tiene capacidad para atender cada día a un promedio de 2850 pacientes. Según el IESS, al momento atienden a un promedio de 1 100 pacientes diarios.
De ello se encargan  48 médicos y odontólogos especialistas, 35 generales, 3 odontólogos, 1 nutricionista, 2 psicólogas clínicas y 11 enfermeras, que atienden en  las 25 especialidades  y 10 servicios de imagen, farmacia, laboratorio y rehabilitación que están activos.
Según el Departamento de Comunicación del IESS, el tiempo máximo de espera para ser chequeado por un especialista es de cuatro semanas. Las personas entrevistadas para este informe cuestionan las cifras oficiales y aseguran que deben esperar hasta cuatro meses para obtener una cita en la mayoría de especialidades.
El IESS tampoco admite que en el Centro de Especialidades Comité del Pueblo no se esté entregando a los afiliados medicinas y otros insumos, como leche para niños especiales. Una vez más, la versión oficial contrasta con los testimonios ciudadanos.

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IESS: viejos problemas en el nuevo hospital de 23,2 millones de dólares (3)

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS PLANV Y MILHOJAS.IS
1 ¿Cuántas especialidades tiene el Centro Médico Comité del Pueblo-Ponciano del IESS?
Medicina General, Medicina Interna, Neumología, Nefrología, Alergología, Pediatría, Ginecología, Endocrinología, Psiquiatría, Cirugía General, Medicina Familiar, Dermatología, Cardiología , Geriatría, Imagenología, Odontología, Odonto pediatría, Endodoncia, Nutrición, Psicología adultos, Psicología infantil, Trabajo Social, Fisiatría y Rehabilitación, Clínica de Crónicos Metabólicos, Servicio de atención médica domiciliaria
Servicios y pruebas de diagnóstico: Laboratorio Clínico, Rayos X, Ortopantomografía, Ecografía, Ecografía Ginecológica, Ecocardiograma, Electrocardiografía, Electroencefalografía, Estudio Holter, Ergometría de esfuerzo.
Imagen: Las facilidades del Centro de Especialidades Médicas Comité del Pueblo.
2 ¿Cuántas están funcionando desde abril de 2015, cuando fue inaugurado?
El centro médico fue inaugurado el martes 31 de marzo del 2015, hasta la fecha todas las especialidades antes mencionadas brindan atención a los afiliados y beneficiarios del IESS.
3 ¿Cuántas faltan y en cuánto tiempo atenderán a los afiliados?
El Centro de Especialidades cuenta con todas las especialidades que exige la norma según su nivel de atención.

4 ¿Cuántos pacientes atiende cada día el centro?
Al momento en promedio se atienden 1100 consultas por día (incluyen las atenciones en el área de rayos X y rehabilitación)
5 Los afiliados están satisfechos con la primera cita, que es inmediata, el mismo día que acuden al hospital, pero lamentan que, para ser atendidos por un especialista, deben esperar hasta tres o cuatro meses.
Nuestro tiempo de espera en las especialidades con mayor demanda no supera las cuatro semanas, esto está dentro de los estándares internacionales.
6 ¿Cuántos especialistas atienden en cada área?, ¿por qué tanta demora? y ¿cuántos empleados tienen en total?
Hay un profesional por consultorio, el número de especialistas por área depende de una planificación sustentada en la demanda, el perfil epidemiológico de la zona de influencia y de las unidades cercanas. El Centro al momento tiene 48 médicos y odontólogos especialistas, 35 generales, 3 odontólogos, 1 Nutricionista, 2 Psicólogas Clínicos, 11 enfermeras. Como se manifestó anteriormente esto está dentro de los estándares internacionales.
7.- Algunos afiliados, padres de personas con capacidades especiales, denuncian que no les dan medicamentos, que todo tienen que comprar afuera y que les complica porque son costosos, ¿cuáles son las razones?
Esta información es errónea. Si existiera algún caso particular por favor detalle, qué medicamentos y en qué especialidades fue.
8 ¿El Centro Médico cuenta con todos los equipos e insumos necesarios para dar a los afiliados la mejora atención, como anunció el presidente Rafael Correa, cuando lo inauguró?
El Centro de Especialidades Médicas Comité del Pueblo  – Ponceano tiene el Nivel II – B es una unidad de especialidades médicas, no es un hospital y cuenta con el equipamiento y Talento Humano necesario para su correcto funcionamiento y atención con calidad y calidez.
9  El Centro tiene el call center 3968200, ¿cuánto se invirtió en ese servicio? ¿Sirve o no para pedir citas médicas?
A través de esta línea telefónica no se agendan  citas médicas, los afiliados pueden agendar citas a través del call center.
9.- ¿A qué obedecen estos inconvenientes, hay falta de recursos por causa de la crisis por la caída del precio del petróleo u otro tipo de problemas? Y ¿qué soluciones se están implementando para garantizar a los usuarios un servicio de calidad?
Como señalamos anteriormente el centro médico atiende a su máxima capacidad todos los días brindando un servicio de calidad a los asegurados y la ciudadanía en general.
10.- No he encontrado en la web del IESS el presupuesto del Centro Médico Ponciano, por favor agradezco ayudarnos con el monto y la especificación de cuánto es gasto corriente y cuánto inversión. Sería mejor si nos ayudan con una copia del presupuesto para publicarla con el reportaje.
El presupuesto con el que cuenta es el asignado para el centro Nivel II – B.

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