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Autor: mh

Eva Golinger defiende el paraíso del buen vivir en la ‘Gran Manzana’

El Gobierno ecuatoriano buscó maquillar su imagen internacional y no escatimó gastos para lucir su buen vivir en diversas latitudes del planeta, por eso contrató, en 2014, a la “novia de Venezuela”, Eva Golinger, como consultora de la misión diplomática del Ecuador ante las Naciones Unidas.
Imagen: Eva Golinger, la 'Novia de Venezuela', como la llamaba Hugo Chávez, trabaja para la cancillería de Ecuador. Vive en un lugar de alta plusvalía, el condado de Kings, en Nueva York (la 'Gran Manzana').
La relación de Golinger con el Palacio de Najas tiene historia, lo demuestra el memorando MREMH-ONUNY-2014-1139-M de esa entidad que establece la “Suscripción Nuevo Contrato Eva Golinger”.
El 14 de octubre de 2014, el entonces embajador del Ecuador ante las Naciones Unidas, Xavier Lasso Mendoza, contrató a Golinger como consultora legal de la misión diplomática y estableció renovaciones permanentes  a partir del primer año calendario
El objeto del contrato decía: “funciones de consultora legal, que involucra acciones estratégicas como ofrecer asesoría en temas legales y otros asuntos pertinentes”. Su remuneración se estableció en $5000 y se le exigió viajar al Ecuador una vez al mes para reportar el avance de su consultoría.
Por eso se le reconocen pasajes y viáticos, pero el contrato no establece el valor del último rubro.

El contrato no es específico en explicar qué tipo de actividades desarrolla Golinger, pero deja en evidencia que tendrá acceso a información confidencial de terceras personas. Por ejemplo: en el capítulo de restricciones el contrato expresa que los datos personales que le proporcione el contratante (la misión diplomática) son propiedad de este y ella no podrá usarlos de forma personal, ni conservarlos.
Le obliga además a mantener estricto secreto y confidencialidad de los mismos: “que mantenga las medidas técnicas necesarias técnicas que garanticen la seguridad de los datos”.
En julio pasado el diario ABC de España informó del interés de Golinger, con pasaporte No 029150340,  de defender la revolución ciudadana a cambio de sendos contratos con la presidencia y la cancillería ecuatoriana.
El rotativo español indicó que sus servicios se concentrarían en identificar las fuentes de información negativa y desmontar y desacreditar a quienes cuestionan  la gestión de Rafael Correa y por ello pidió un monto de 180.960 dólares.
El contrato establece que Golinger está exenta de aportes patronales al seguro social en Ecuador y al programa de cuidado de salud federal (Medicare) en los Estados Unidos,  pero se le reconoce el pago del 7.65% adicional por costes de seguros. Agrega que la cancelación de impuestos es un tema entre Golinger y el Internal Revenue Service de los Estados Unidos.El domicilio del contrato es Nueva York, específicamente el condado Kings de Brooklyn, una zona residencial de alta plusvalía. Desde ese lugar, de fácil acceso a la isla de Manhattan, Golinger se encarga de defender los intereses de la Revolución Ciudadana, nada mal para una anti imperialista que reside en la capital del mundo.
Postdata
Hay más contratos todavía

Hay otros contratos como el firmado con la italiana Federica Zaccagnini, que se relacionó con la escuela del Buen Vivir de la cancillería ecuatoriana.
El 22 de octubre de 2014 Zaccagnini logró un contrato por disposición del ministro de movilidad humana con la embajada de Ecuador en Italia. El Embajador en ese país Juan Fernando Holguín firmó un contrato de consultoría y formación de la comunidad ecuatoriana presente en Italia para fomentar la participación social de la comunidad migrante ecuatoriana residente en ese país Italia, en especial de las mujeres. Se le pidió además organizar talleres en el territorio nacional de capacitación sobre los derechos de los migrantes ecuatorianos residentes en Italia. Además de incentivar a los ecuatorianos residentes en Italia a organizarse en redes y a mantener un comportamiento solidario y organizado entre ellos. En la Universidad de Salamanca dio un curso abierto titulado: "El Ecuador de la Revolución Ciudadana: del modelo neoliberal a la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo basado en el Buen Vivir". Zaccagnini suele enviar mensajes en redes sociales a nombre de la Escuela de formación del buen vivir de la Cancillería y resaltan perlas como la imagen de Fidel Castro con el texto: “Gracias por llenar de luz nuestra historia, feliz cumpleaños comandante.

Contrato Eva

Contrato Italia

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El Gobierno paga estudios que alaben su modelo

Un contrato establecido entre la Secretaría de la Administración Pública y la empresa de relaciones públicas Kreab Gavin Anderson Iberia S.L., por un monto de 526 mil dólares, permite al Gobierno promocionar la “marca Ecuador”. Los medios de comunicación gubernamentales tuvieron que darle una mano a esta empresa para promocionar uno de sus productos ante la pobre acogida en los medios europeos.
Imagen: Portada del folleto elaborado por Kreab y firmado por el economista español Ramón Casilda Béjar.
Kreab es una empresa sueca que tiene una sucursal en España, lugar donde ofrece la mayoría de sus servicios para cambiar la mirada de los medios de comunicación europeos sobre la gestión de Rafael Correa. En Madrid ha realizado dos actos para este propósito. Uno de ellos fue la presentación, el de 12 de julio pasado, de un libro escrito por René Ramírez, secretario de Ciencia y Tecnología, titulado 'La virtud de los comunes, de los paraísos fiscales a los paraísos abiertos'.
Las más reciente actividad de Kreab, en el marco del convenio con el gobierno ecuatoriano, fue la presentación de un híbrido entre boletín de prensa y estudio académico titulado 'Ecuador y la revolución ciudadana', firmado por Ramón Casilda Béjar, Profesor del Instituto de Estudios Latinoamericanos Universidad de Alcalá, y con un prólogo de Eugenio Martinez Bravo, managing partner de Kreab España.
Imagen: Rueda de prensa de Kreab en Madrid, con el autor de la obra, Ramón Casilda Béjar; Juan Carlos Coellar, consejero de la Embajada de Ecuador; Eugenio Martínez Bravo, managing partner de Kreab España; y José Luis Cabascango, de Proecuador Madrid.
La rueda de prensa de lanzamiento del libro fue el 7 de mayo de 2015. La sala estuvo llena de lo que parecían ser periodistas. Sin embargo, la respuesta fue pobre en cuanto a reseñas de la obra en la prensa europea.
Las notas periodísticas publicadas fueron las del diario ABC, y otra del diario económico Expansión, esta última tomada de un cable de la agencia EFE. Una tercera nota la realizó la propia empresa Kreab Ecuador, en un blog de su creación. Todo esto a pesar de que en el contrato se habla de publicaciones en los principales medios de comunicación de Europa. Incluso esta empresa de relaciones públicas ofrece una entrevista al presidente, Rafael Correa, en diario El País de Madrid.

La maquinaria propagandística al rescate
»16 de mayo de 2015.
Tras esta difusión poco exitosa, salió la maquinaria propagandística del Gobierno al rescate de Kreab. El incautado diario El Telégrafo fue el primero en informar sobre el estudio de Kreab en una noticia en la que se decía que "Ecuador es un fenómeno que no puede pasar desapercibido”. En la nota propagandística se ponía énfasis en la trayectoria de Kreab, posicionándola como una consultora internacional, sin mencionar que en realidad es una empresa de relaciones públicas.
» 30 de mayo de 2015.
En la sabatina 426, realizada en Girón, en Azuay, (tres semanas de haberse realizado la rueda de prensa en Madrid), se transmitió un video en el que se promocionaba al estudio de Kreab.
Video: Extracto del video presentado en la sabatina 426.
Ese mismo día, la "agencia de noticias" Andes publicó una nota informativa sobre el estudio de Kreab.
El portal de noticias Ecuadorinmediato, de marcada tendencia gobiernista, publicó una noticia con el extracto del estudio de Kreab.
» 1 de junio de 2015
El portal de la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) publicó un post del mismo calibre.
Por su parte, el portal del canal incautado TC Televisión, colocó esa misma fecha una entrada sobre este tema.

» 3 de junio de 2015.
El sitio sabatina.ec, dedicado a comentar y hacer públicos los principales temas de las cadenas presidenciales de los sábados, publicó una nota con la misma matriz.

Preguntas que flotan en el aire
¿Cuál es la fiscalización a este tipo de contratos?
Para una contratación de 526 mil dólares, es evidente que un par de notas periodísticas no justifican ese oneroso gasto. Además, no hay forma de hacer una evaluación de los procedimientos y los resultados, ya que este contrato fue realizado en modalidad de Régimen Especial, lo cual a la final de cuentas es una forma de evadir responsabilidades, evaluación y fiscalización.
¿Cuál es el monto de contratación del académico que realizó el estudio?
Uno de los principios de la academia es que un estudio debe tener fuentes sólidas, de otros autores y, de manera imprescindible, debe evitar la autocitación como ocurre en este texto de Casilda Béjar, quien recurre a citar varios estudios suyos previos (en términos académicos, eso se llama autoplagio).
Imagen: Juan Pablo Burbano, de Kreab Ecuador, con el autor de la obra, Ramón Casilda Béjar.
De esta forma, ese escrito no puede ser considerado ni un estudio, ni un ensayo. Más bien recae en el espectro de la propaganda pura. Una exposición tan burda de su nombre seguro no es gratuita.
¿Por qué un contrato de evidentes alcances propagandísticos no lo realiza la Secom, que es la organización pertinente antes que la Secretaría de la Administración Pública?
Una investigación previa de Planv.com.ec expuso que en Ecuador Kreab cuenta con un consejo asesor “del que forman parte, entre otros, el exembajador del Ecuador en Washington, Luis Gallegos -quien fue expulsado por el Gobierno de Estados Unidos en represalia por la expulsión de una embajadora norteamericana decidida por el Gobierno correísta-; Alfredo Larrea e Isabel Ortiz,vinculados a la empresa OCP; el empresario de ferias, revistas y eventos digitales Rafael Roldán; el diplomático peruano Luis José Diez Canseco y el publicista español, residente en nuestro país, Eduardo Cadenas del Llano”. Cadenas del Llano es el exsuegro de Vinicio Alvarado, titular de la Secretaría de la Administración Pública.
Por lo tanto, a pesar de que no hay una razón oficial para que la Secretaría de la Administración Pública haga un contrato de relaciones públicas a escala internacional, por 526 mil dólares, hay lazos familiares. Otra cosas más, el contrato ya no aparece en el sitio de Compras Públicas. Pero si desea revisarlo, aquí le ofrecemos un link para que lo lea detenidamente.

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30 de septiembre. Análisis de los sucesos

ANÁLISIS
EL 30 DE SEPTIEMBRE ¿INTENTO DE GOLPE DE ESTADO?
El día 30 de septiembre de 2010 continuará por mucho tiempo en el centro del debate político ecuatoriano. El  carácter de lo que sucedió ese día está aún en discusión. Según el Gobierno de Rafael Correa fue un intento de golpe de Estado, secuestro e incluso un intento de magnicidio. Según otros sectores (y no solo la oposición política) fue una crisis mal manejada que costó vidas humanas que, luego, devino en una excusa más para la persecución política.
La actuación de Policía
No se puede justificar ni la desprotección que vivió la ciudadanía en todo el Ecuador.  Lo de Durán es inexcusable, pues bloquearo la circulación vehicular en el puente Rafael Mendoza Avilés, que conecta a Durán, Samborondón y Guayaquil. de la misma forma, la agresión sufrida en horas de la mañana por el presidente, Rafael Correa. Estos servidores violentaron la Ley y su deber. Pretender otra cosa sería alentar el discurso del Gobierno, que a su vez quiere limitar a ellos la responsabilidad de los sucesos.
Imagen: Rafael Correa protegiéndose de los gases lacrimógenos en el Regimiento Quito.
Lo que debe ser objeto de denuncia es que la ilegalidad de los actos cometidos por el Gobierno en su manejo de la crisis el día 30 y durante las investigaciones subsecuentes legitime con la justificación de la violación a la ley por parte de la Policía. Un régimen de derecho y menos aún uno de protección de derechos, no puede asumir la premisa de la simetría.

Una cosa es el uso proporcional de la fuerza –mencionado por el entonces ministro del Interior, Gustavo Jalhk- y otra es responder a la ilegalidad con la ilegalidad, al delito con el delito. Cuando se analizan los actos del poder constituido ante cualquier infractor, jamás se asume que en virtud de la infracción los gobernantes responderán también violentando las normas. Las normas de derecho internacional y las constitucionales, sobre todo en lo que refiere a la protección de los derechos, han sido concebidas para probarse en tales trances.
Antecedentes del 30 de septiembre, un veto y múltiples focos de conflicto
Es necesario recordar que el origen de estos sucesos fue el veto presidencial a la Ley de Servicio Público y Carrera Administrativa. El día 29 unos pocos puntos se fueron debatidos en la Asamblea, entre ellos el vinculado a los permisos de lactancia materna que el veto pretendía eliminar. El punto referente a las condecoraciones y bonos de la Policía y Fuerzas Armadas no se insistió y por lo tanto, el allanamiento al veto por parte de los asambleístas de Alianza País constituía un retroceso en materia de derechos. El agravante, como indicó reiteradamente Nívea Vélez, Presidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores, era que estos colectivos habían solicitado que se les mantuvieran esos beneficios, renunciando a su derecho al incentivo de cinco salarios básicos unificados establecido para todos los servidores públicos. Con lo que el veto los golpeaba doblemente. Si bien todos los servidores públicos se sentían golpeados por el veto presidencial, sus reiteradas protestas no habían logrado alterar el orden.
Otra cosa fue la protesta de las fuerzas del orden: Estas optaron por la huelga policial y el amotinamiento en sus recintos. La huelga llevó a la desprotección a la ciudadanía.
El amotinamiento se dio en varios cuarteñes, el más grave el del Regimiento Quito. Las Fuerzas Armadas se sumaron por lo menos en dos localidades, el Ministerio de Defensa y el Aeropuerto de Quito.
El de la Policía fue un conflicto que escaló, el de las Fuerzas Armadas, en cambio, se calmó. La diferencia está en quien manejó cada uno de los conflictos. Por una parte, está la labor del entonces ministro de Defensa, Javier Ponce, quien dialogó con las Fuerzas Armadas. Mientras que en el caso de la Policía, fue el propio presidente, Rafael Correa, quien decidió manejar directamente el conflicto en su foco, en el mismísimo Regimiento Quito.
La escalada de los sucesos del 30 de septiembre está vinculada a la participación del Presidente de la República y a sus respuestas.  Esa interacción generó una situación voluble que, por lo menos para su análisis, debería segmentarse en tres momentos:
Los tres grandes momentos del proceso de toma de decisiones el 30 de septiembre
1. En el Regimiento Quito
La decisión/reacción del Presidente Correa de manejar personalmente la revuelta policial y enfrentar a la topa enardecida no se puede excusar bajo la premisa de su estilo personal. 
Al hacerlo:
2. En el Hospital de la Policía
La evaluación del ejercicio del mando presidencial durante su estadía aquí plantea varios problemas según el supuesto que partamos: ¿Estaba o no estaba secuestrado el Presidente? 
o El escenario del refugio: El Presidente no habría estado secuestrado sino refugiado en el Centro de Salud y prefirió mantenerse ahí por diversas consideraciones -entre otras la de su seguridad para movilizarse, ya que había sido operado de su rodilla derecha-. En ese caso no estaba limitado para comunicarse se podía admitir su capacidad para seguir al mando del Estado.
Si nos remitimos a los hechos, vemos que el Presidente Correa despachó desde el hospital. El mandatario además no estuvo incomunicado, recibió a sus ministros, en la tarde incluso llegó la Presidenta encargada de la Asamblea Nacional con sus escoltas. Más aún, fue parte de la cadena virtual en la que vivimos sumergidos el jueves 30 de septiembre. ¿Es posible hablar de secuestro?
o El escenario del secuestro: Si asumimos la tesis presidencial del secuestro correspondía  aplicar lo que claramente establece el artículo 146 de la Constitución:
“Art. 146.- En caso de ausencia temporal en la Presidencia de la República, lo reemplazará quien ejerza la Vicepresidencia. Se considerará ausencia temporal la enfermedad u otra circunstancia de fuerza mayor que le impida ejercer su función durante un período de máximo de tres meses o la licencia concedida por la Asamblea Nacional.” 
Un secuestro cae en la categoría de circunstancia de fuerza mayor, sin duda. Además, usualmente el secuestro tiene como componente inherente la coerción -existía presión en torno al tema del veto cuya resolución dependía de la Asamblea- y la incomunicación del secuestrado. Ambos elementos hubieran impedido el ejercicio de sus funciones al mandatario. Por lo tanto la pertinencia de la aplicación del Artículo 164
o Contrastando ambos escenarios: Ante un escenario de secuestro correspondía aplicar el Art. 164, no la sucesión o destitución del mandatario, sino su reemplazo temporal hasta que se resolviera la circunstancia de fuerza mayor que le impedía ejercer su cargo. Si no hubo secuestro no correspondía aplicar el Art. 164.
En el escenario del secuestro, presentado con posterioridad a la “operación de rescate”, ¿era necesario para legitimar un operativo tan aparatoso y sobre todo costoso en vidas humanas?
Por otra parte, si hablamos de una situación de “virtual” secuestro dada la dificultad de movilización y se considera como un elemento de coerción la demanda policial de la insistencia legislativa ante el veto presidencial a la ley de Servicio Público y Carrera Administrativa, aceptamos que lo que motivó el acto fue una reivindicación puntual y ello dejaría sin bases el escenario del golpe.
(¿Ambas cosas eran posibles al mismo tiempo?)
3. El operativo de rescate/ataque al Hospital de la Policía
¿Hacía falta semejante operativo? Nuevamente hay posiciones antagónicas. Lo cierto es que la situación fue dinámica y cambiante conforme se acercaba la noche. Finalmente la orden del mandatario fue atacar por sorpresa el hospital con las fuerzas armadas y rescatarlo por la fuerza. 
En ese momento cruento de violencia peligró en efecto la vida del mandatario, pero también corrieron peligro la vida de los pacientes y personal del hospital. Jamás se planteó negociar la salida de los pacientes, ni siquiera de los niños y recién nacidos con sus madres. En sectores de la opinión pública se recurrió al concepto de profecía autocumplida (self fulfilling prophecy) para referirse a este desenlace.
o El operativo de rescate/ataque al Hospital de la Policía y las normas
La noche del 30 de septiembre, se puso a prueba la correspondencia de la acción gubernamental con la normativa que la rige. Aún aceptando la lógica del Presidente Correa y su entorno (golpe/secuestro y por lo tanto la necesidad del rescate) existen preguntas no contestadas vinculadas a normas nacionales e internacionales violadas:
¿Para qué sirve la Constitución y las normas si no se las respetan? ¿Cómo se establecen las prioridades en el Estado Ecuatoriano? ¿A qué obedeció la actuación del Presidente el 30 de septiembre?
¿Qué decía la Constitución?
¿Cuál es el primordial deber del Presidente?: “Art. 147.- Son atribuciones y deberes de la Presidenta o Presidente de la República, además de los que determine la ley: Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los tratados internacionales y las demás normas jurídicas dentro del ámbito de su competencia. …..”
o ¿Qué dice la Constitución sobre la protección de derechos y los tratados internacionales? “Art. 424.-…La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público.”
o Respecto al episodio del “Rescate/operativo de ataque al Hospital de la Policía” hay algunas preguntas que flotan en el aire: ¿Qué medidas se tomaron respecto a los pacientes?
¿Quién debe gozar de atención prioritaria en un operativo así? ¿Por qué no se tuvo en consideración a los pacientes y se negoció su desalojo?  Eso no sólo era lo sensato y humanitario.  Es lo que establecen las normas internacionales y la propia Constitución. Los artículos 19 y 21 de Capítulo III de la Convención de Ginebra son expresos:
“Artículo 19 – Protección Los establecimientos fijos y las unidades sanitarias móviles del Servicio de Sanidad no podrán, en ningún caso, ser objeto de ataques, sino que serán en todo tiempo respetados y protegidos por las Partes en conflicto. Si caen en poder de la Parte adversaria, podrán continuar funcionando mientras la Potencia captora no haya garantizado por sí misma la asistencia necesaria para los heridos y los enfermos alojados en esos establecimientos y unidades. Las autoridades competentes velarán por que los establecimientos y las unidades sanitarias aquí mencionados estén situados, en la medida de lo posible, de modo que los eventuales ataques contra objetivos militares no puedan ponerlos en peligro.”
“Artículo 21 – Cese de la protección de establecimientos y de unidades   La protección debida a los establecimientos fijos y a las unidades sanitarias móviles del Servicio de Sanidad no podrá cesar más que en el caso de que se los utilice, fuera de sus deberes humanitarios, a fin de cometer actos perjudiciales para el enemigo. Sin embargo, la protección puede cesar sólo después de una intimación dando, en todos los casos oportunos, un plazo razonable, y que no haya surtido efectos.”
¿Era aplicable la Convención de Ginebra a los sucesos del 30 de septiembre?
Imagen: el rescate del presidente Correa del Hospital de la Policía.
“He escuchado algunos análisis en aplicación del Derecho Internacional Humanitario, yo diría incluso haciendo una pirueta intelectual buscando responsabilizar a quienes dentro del marco de la ley cumplían con su deber de defender la vida del Presidente de la República y no se hace alusión a que quienes justamente infringieron esas normas de derecho internacional humanitario, eventualmente aplicables, son justamente un grupo de sublevados pues parte de ellos son los que le quitan la inmunidad a la instalación sanitaria, invadiéndola, bloqueando sus accesos, tomando rehenes, que es lo que justamente el derecho humanitario califica como un delito, ellos le quitan esa inmunidad.  Porque tampoco se puede permitir que no se pueda rescatar personas que se encuentran secuestradas dentro de un recinto sanitario”.
Gustavo Jalhk, 11 de noviembre de 2010, entrevista con Alfredo Pinoargote, Contacto Directo, Ecuavisa (Transcripción)

La Convención de Ginebra es un instrumento del derecho internacional humanitario para la guerra entre dos países, e incluso una guerra interna.  Ella establece reglas mínimas, incluso cuando por la gravedad de las circunstancias ciertos derechos humanos se han suspendido. Aún en esa situación extrema no es posible atacar un Centro de Salud, menos aún en un Estado donde se supone que los derechos humanos están en plena vigencia. 
Jalhk dice que aún en el caso que fuera aplicable, el hecho del secuestro presidencial le quitó esa protección.  Pero el Art. 21 de la misma Convención establece las condiciones para el cese de protección: la alerta previa.  ¿Acaso hubo una alerta previa en el caso del Hospital de la Policía el 30 de septiembre de 2010? No se conoce que haya existido.
Además, si se habla de un secuestro que duró cerca de 12 horas, hubo más que tiempo suficiente para negociar la salida de los pacientes.  No se ha mencionado tal cosa, al parecer nunca fue una prioridad.
 
¿Quién tiene derecho a atención prioritaria en Ecuador y quién realmente gozó de ella el 30 de septiembre?
La Constitución es enfática: Los niños son el único grupo cuyos derechos prevalecerán sobre los otros, en ninguna parte se otorga ese status al Presidente de la República. 
Revisemos el primer párrafo del artículo 44 de la sección quinta niñas, niños y adolescentes: 
“Art. 44.-El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas…”
Y en su protección la Constitución es específica y enfática: 
“Art. 46.-El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: ….
4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones.
6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de emergencias.”
En la concepción del asalto al Hospital de la Policía y durante su ejecución la lógica del Presidente Correa y del Alto Mando Militar fue dar prioridad a la seguridad y precautelar la vida del Presidente Correa.
Esto se hizo en desmedro de la seguridad y la protección de la vida de los pacientes del hospital, muchos de los cuales eran niños y sobre todo neonatos.
El Presidente fue evacuado pasando incluso por la sección de neonatología. Su cuerpo todo el tiempo protegido por los cuerpos de su guardia de las balas.  Su rostro cubierto con una máscara antigases para evitar la asfixia.
Mientras tanto los niños de pediatría y los recién nacidos en la sección de neonatología, eran expuestos por a las balas y los gases sin ninguna protección.
El manejo de la crisis del 30 de septiembre como un indicador de la salud de la democracia y la institucionalidad en el Ecuador
Si algo nos muestra el manejo de la crisis del 30 de septiembre en cualquiera de sus interpretaciones es que en el Ecuador ninguna norma se aplica más allá de la voluntad presidencial. La institucionalidad ecuatoriana ese día fue sólo un parapeto que nadie tomo en cuenta ni siquiera como marco referencial de sus acciones. 
El análisis del proceso de toma de decisiones por parte del Presidente, sus ministros, la Presidenta encargada de la Asamblea y el alto mando de las Fuerzas Armadas en los tres momentos de la crisis, (sobre todo en el asalto al Hospital de la policía, operación cuyos oficiales a cargo por su preparación y rango conocen de sobra estas normas) hizo evidente que en el Ecuador, lo que prevalece es un liderazgo caudillista que es obedecido hasta en la sinrazón.
Imagen: Rafael Correa increpando a los policías a su paso en el Regimiento Quito.
Esta falta de caminos institucionales, no justifica pero explica la violencia de ese día en un país donde no hay reglas claras para procesar los conflictos. 
¿El 30 de septiembre se llegó incluso a vulnerar principios del derecho humanitario? 
¿Tales violaciones son susceptibles incluso de una demanda internacional?
¿Quién le pone el cascabel al gato?  El manejo subsecuente de la investigación a cargo de la fiscalía es más de lo mismo.  Sólo se investiga a partir de la voluntad presidencial y no la pertinencia de las acciones tomadas por parte del gobierno y las violaciones cometidas en ese proceso.
¿Quién es responsable?
En momentos en que enfrentamos una nueva reconstrucción de los hechos, nos preguntamos: ¿Quién es responsable de esto?
Habida cuenta que según todos los testimonios, el Presidente estuvo todo el tiempo a cargo del gobierno y que incluso concibió el operativo del rescate / ataque al hospital habría recuperar también el Art. 233 de la Constitución:
“Art. 233.- Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos”.

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Septiembre de 2010, antes del día 30

Según la verdad estatal, el 30 de septiembre de 2010 hubo un golpe de Estado y nació una niña a la que llamaron la Megan, un personaje en el que se basa la apuesta propagandística del Régimen para simplificar su versión de los acontecimientos de ese día. Sin embargo, tras cinco años, es importante reflexionar sobre todos los temas que complicaban en ese entonces al Gobierno y que desaparecieron de los titulares o bajaron notablemente de perfil para dar paso a la farragosa estrategia comunicacional del Gobierno para centrar a los ciudadanos en una idea: tras el 30S "nació la democracia", como reza el eslogan oficialista.
EL REFLOTE DE LOS ESCÁNDALOS DE CORRUPCIÓN
o  'EL GRAN HERMANO', EN BOGA
Los titulares y otros espacios de intercambios de noticias se centraban en la obra “El Gran Hermano” de los periodistas investigativos de Expreso: Juan Carlos Calderón y Christian Zurita.  El escándalo de los negocios de Fabricio Correa, hermano del Presidente de la República, desatado un año antes, se refrescó con la obra y fue objeto de titulares nacionales e internacionales-hasta entrevistas de CNN- incluyendo alusiones directas a sus autores por parte del Presidente de la República en su cadena sabatina. El éxito del libro es tal que ante el agotamiento de su edición versiones pirata se vendían en los semáforos y estaba en prensa su segunda edición.
Imagen: Portada del libro 'El Gran Hermano', que detalla los contratos de Fabricio Correa con el Estado.
-El 14 de septiembre recogían las declaraciones del Asesor Legal de la Presidencia quien tachaba a los autores de “miserables”.
-El 17 de septiembre la Ministra de Obras Públicas María de los Ángeles Duarte envía una carta en la que amenaza demandar a los autores y exige que retiren el libro de circulación.
-El 27 de septiembre los autores ratifican que el libro va a seguir circulando.
-El portal de Ecuadorinmediato del 29 de septiembre anunciaba que el Gobierno pide que los autores declaren formalmente que el hermano del Presidente tenía contratos con el Estado.
-El jueves 30, estaba programada la entrega de los Premios Nacionales de Periodismo al equipo de investigación de Diario Expreso que sacó a la luz el escándalo un año antes, con la serie de reportajes: Fabricio Correa: El holding.  Entre ellos Christian Zurita.  La anunciada premiación tuvo que ser suspendida por los sucesos del Regimiento Quito, y luego se realizó con un perfil mucho más bajo.
o   EL EXMINISTRO DE AGRICULTURA WÁLTER POVEDA Y LA INDAGACIÓN PREVIA POR PECULADO
El 28 de septiembre después de muchas especulaciones se entregó a la justicia el Exministro de Agricultura Wálter Poveda, quien enfrentaba acusaciones de la Secretaría de Transparencia por un presunto peculado en el caso de la concesión de contratos con sobreprecio en Manabí. .
Imagen: Wálter Poveda sale de la prisión, 24 horas después de haberse entregado.
Al recuperar su libertad, Poveda manifestó que en su caso se cumplió con el debido proceso y se hizo justicia. “Yo creo que dejar un precedente de este tipo está bien para el resto de los compañeros que fueron parte de la revolución ciudadana”, explicó.
En cuanto a las obras inconclusas, Poveda indicó que hay un administrador del contrato, que es quien debe explicar por qué están paralizadas.
o   ALVARADO & ALVARADO VS. JUAN SEBASTIÁN ROLDÁN
El escándalo de la pugna Alvarado-Roldán se dio la misma tarde del 29 de septiembre en Radio Pública. Juan Sebastián Roldán, quien fungía como secretario anticorrupción, durante la entrevista señaló que su cartera estaba investigando a Vinicio Alvarado, Secretario General de la Administración Pública. En plena entrevista, el hermano de Vinicio, Fernando Alvarado, Secretario de Comunicación del Régimen, interrumpió la entrevista para recriminar a Roldán por imprudente.
o   ÓSCAR HERRERA ACUSADO DE PECULADO
En un proceso abierto por el fiscal subrogante de ese entonces, Alfredo Alvear, Óscar Herrera fue llamado a declarar en el caso de un supuesto peculado en la admisntración de los contratos de seguros del antiguo Seguro Obligatorio de Accidentes de Trásnsito (SOAT). Mientras duraba este caso, Herrera fue llamado para un cargo diplomático, como agregado comercial en Corea del Sura.

LOS CONFLICTOS SOCIALES AGUDIZADOS
o   EL DESALOJO DE LOS MINEROS ARTESANALES EN ZAMORA
Un enorme operativo policial, con al menos 1.500 efectivos, a los que se agrearon varias unidades de las Fuerzas Armadas, fue desplegado en Zamora , para desalojar a los mineros artesanales de la zona que buscaban manifestarse por las operaciones de las empresas mineras Ecuacorrientes y Kinross.
Esa fue una crisis anticipada, desde el día 14 estaba ya la policía. El operativo se desarrolló el 15, con un saldo inicial de 7 heridos y 3 detenidos. La persecución a los dirigentes locales fue evidente,incluso llegó hasta el Prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe. 
Las denuncias de las licencias ambientales para operar en la misma provincia a dos transnacionales mineras dos días antes, caldearon el debate.Al 23 de septiembre seguían las noticias de las retaliaciones a los dirigentes mineros.

LA EVIDENTE CRÍSIS POLÍTICA
o   VETO PRESIDENCIAL A LA LEY DE SERVICIO PÚBLICO Y CARRERA ADMISNISTRATIVA
En la Asamblea Nacional, el 29 de septiembre se trataba el veto del presidente a la Ley de Servicio Público y Carrrera Admnistativa, que generó dos escenarios de crisis en el país:
Por una parte, el allanamiento de la Asamblea en lo pertinente a la eliminación de condecoraciones y pensiones, que fue la causa de la rebelión de la tropa policial del 30 de septiembre.
La ratificación de la Asamblea en varios temas de la ley original que implicaban negarse a aceptar temas presentes en el veto como la renuncia obligatoria, o la eliminación del permiso de lactancia materna. Esto desató el enojo del ejecutivo, cuya ministra de la política, Doris Soliz, salió a anunciar la Muerte Cruzada, un argumento constitucional que le permite al ejecutivo disolver la Asamblea por una sola vez en su mandato.
o   EL DECRETO PARA LA MUERTE CRUZADA ESTABA LISTO
El noticiero de las 8pm de Ecuavisa anunció al país que ya estaría listo el Decreto para la muerte Cruzada por parte del Presidente de la República como un escarmiento a sus asambleístas de AP por haber pretendido rescatar algunos temas de la ley como la había aprobado la Asamblea y no acoger el Veto en un 100%.
Imagen: Doriz Soliz, la mentalizadora de implementar la 'muerte cruzada'.
El buró de Alianza País habría estado reunido sopesando los escenarios en torno a la muerte cruzada.
o   LA REVOCATORIA DE MANDATO Y SUS PRIMEROS EVENTOS DE RECOLECCIÓN DE FIRMAS
Bajo la modalidad de lanzamientos concentrados en ciudades y horarios determinados generaban congregaciones de ciudadanos firmando contra el Presidente.

PÓLVORA MOJADA: TEMAS POTENCIALMENTE CONFLICTIVOS QUE SE BORRARON DE LA AGENDA
o  LAS DECLARACIONES DE PANCHO HUERTA
En la mañana del 30 de septiembre, el país se desayunaba con las declaraciones en la prensa escrita y en vivo en Ecuavisa de Francisco Huerta Montalvo, quien presidió de la Comisión que investigó el bombardeo a Angostura.  Huerta reveló que los hermanos Edison y Miguel Ángel Ostaíza, ahora condenados por narcotráfico, le contaron que ellos le pidieron al abatido jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ‘Mono Jojoy’ que negara un aporte económico de la guerrilla colombiana a la campaña delpresidente ecuatoriano Rafael Correa.
o  LAS INCÓMODAS RELACIONES CON USA Y COLOMBIA
Paladín latinoamericano del discurso antiimperialista con Hugo Chávez, Evo Morales y Daniel Ortega, las actuaciones del Gobierno de Rafel Correa frente al conflicto colombiano se situaban en las antípodas de su discurso y le generaban problemas de cohesión interna.  El cierre de la frontera coordinado con el gobierno colombiano, y el viaje del entonces ministro de Defensa, Javier Ponce a Estados Unidoos, su visita al Pentágono y Casa Blanca para reunirse con los máximos representantes de los aparatos de defensa y seguridad internacional de la potencia y solicitarle que ayude a fortalecer las relaciones con Colombia.
-El Bombardeo Previo. El 19 de septiembre, Ecuador amanecía con el agradecimiento del Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos por la colaboración de las autoridades ecuatorianas en la operación en la que fueron abatidos 22 guerrilleros de las FARC cerca de la frontera con Ecuador. "Es muy importante (…) la colaboración del Gobierno de Ecuador, yo personalmente voy a llamar al presidente Correa a agradecerle esa forma como vamos a hacer mucho más efectivo el control de la frontera. Es un hecho que hay que destacar".
-El Bombardeo al Campamento del Mono Jojoy: El día 21 de septiembre, mientras Santos estaba en New York, con 30 aviones y 27 helicópteros un operativo conjunto de policía y fuerzas armadas bombardean el campamentodel Mono Jojoy en el Departamento del Meta. El líder de las FARC acabaría abatido en la madrugada del 22. El presidente Santos hizo el anuncio del operativo y la muerte del Mono Jojoy al siguiente día.
Imagen: El Mono Jojoy, que sería abatido el 22 de septiembre de 2010.
-Ponce en el Pentágono, Patiño con Santos en New York. "El compromiso internacional para asegurar la frontera norte (ecuatoriana) es urgente. Queremos que Estados Unidos se comprometa para que Colombia preste más atención a esa zona, porque la presencia (colombiana) actualmente es mínima", dijo Javier Ponce antes de su encuentro con Robert Gates, secretario de Defensa de EE.UU. "Estados Unidos debería ayudar a que Colombia también haga un esfuerzo", alegó Ponce, quien calificó como "un éxito" su reunión con Gates porque "el diálogo en términos de defensa inaugura una nueva etapa, especialmente si hay un compromiso claro de Colombia en la frontera norte".
El día 21 de septiembre de 2010 se publicaba en el Diario Hoy: “La visita de Ponce coincide con el viaje del canciller ecuatoriano Ricardo Patino a Colombia para establecer contactos con el nuevo gobierno del presidente Juan Manuel Santos”.

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Nadie responde por el bebé que perdió Carolina Llanos en la cárcel

LO QUE SE SABE. El 16 de enero de 2012, Carolina Llanos Romero, pareja del exasambleísta de oposición Galo Lara Yépez (SP), fue aprenhedida para las investigaciones del triple asesinato de su primo Carlos Llanos Avendaño, la esposa y el hijo de tres años ocurrido en Quinsaloma, Los Ríos, el 4 de agosto de 2011. Luego, el 3 de enero de 2014, Llanos fue sentenciada a 20 años de prisión en la Cárcel de Mujeres de Guayaqui como autora intelectual de ese crimen, sobre lo cual se declara inocente.
Imagen: Carolina Llanos, acusada y condenada por un supuesto triple asesinato. Ella es la madre de dos hijos del opositor al Régimen, Galo Lara, quien también está encarcelado.
LO QUE NO SE SABE. Sin embargo, detrás de estas informaciones de dominio público, lo que no se llegó a revelar es que, un mes depués de su detención, la Fiscalía confirmó que estaba embarazada y que tras una golpiza propinada por un grupo de internas de la cárcel tuvo complicaciones, y que el 8 de marzo de 2012 la directora del centro penitenciario no le permitió atenderse rápidamente por lo cual perdió a su bebé, un hecho por el cual tres años depués no hay culpables. Aquí es pertinente señalar que el artículo 148 del COIP dice lo siguiente: "Aborto no consentido.- La persona que haga abortar a una mujer que no ha consentido en ello, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.
Hasta hoy ninguna entidad del Estado ha indagado, peor sancionado a las reas culpables de la agresión. Por esas fechas, el Colegio de Abogados del Guayas, a través de su web, había informado detalles de la situación de Llanos. Solo el 19 de octubre de 2012, el Ministerio de Justicia, entonces dirigido por Johanna Pesántez, sacó un comunicado en contra de las informaciones del gremio de abogados. Sin embargo, el Ministerio reconocería que: “…Llanos presentó un dolor fuerte en el abdomen y manifestó que se encontraba en estado de gestación, motivo por el cual fue trasladada hasta la maternidad Santa Marianita de Jesús, en la ciudad de Guayaquil, donde confirmaron que el feto había fallecido…”.
Al ver todo este cuador la pregunta es: ¿por qué estuvo encarcelada Carolina Llanos, si a un mes de su prisión preventiva la Fiscalía confirmó su embarazo? El artículo 537 del COIP señala, sobre la detención preventiva, lo siguiente: "Casos especiales.- Sin perjuicio de la pena con la que se sancione la infracción, la prisión preventiva podrá ser sustituida por el arresto domiciliario y el uso del dispositivo de vigilancia electrónica, en los siguientes casos: 1. Cuando la procesada es una mujer embarazada".
Sometida a tortura carcelaria
Un informe de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), firmado por el Dr. Manuel Alcívar Rendón, revela detalles del ataque que sufriera Carolina Llanos en Cárcel de Mujeres de Guayaquil el 19 de enero de 2012. Incluso se menciona a las cinco agresoras. Indica que dos días después del ingreso al sitio, a las 08:00, la golpearon salvajemente, con puños y puntapiés; e: “…insertando una bolsa de plástico en su cabeza luego de previamente haberle obligado a absorber por la nariz un líquido resultante de la mezcla entre Coca Cola y pimienta (sic).
Imagen: Facsímil de la carta enviada a la directora de la Cárcel de Guayaquil por parte de las internas que informaba del ataque sufrido por Llanos.
 “…La señora Geomar Carolina Llanos Romero es sometida a torturas durante al menos veinte minutos sin que aparezca un solo celador, un solo agente del orden para evitar su suplicio y violación, fue agredida con una barra de hierro, le fue rociada gasolina luego de haber sido obligada a desnudarse, entre sollozos y gritos desgarradores (sic)…”, según refieren a los investigadores de la CEDHU en el informe que, aseguran: “…ha sido elevado luego de seis meses de seguimiento, revisando más de 7.000 fojas…, con entrevistas en la Cárcel de Mujeres de Guayaquil con internas que han descrito con pavor el infierno que ha sufrido y sigue soportando la víctima en este centro de destrucción de la dignidad humana por el grave pecado de ser madre de hijos de un asambleísta (Lara) que fiscaliza actos de supuesta corrupción en el gobierno (sic)…”, resume en un párrafo Geovanny Jaramillo Lino, Director de Asuntos Internacionales de la CEDHU.
En el informe sobre el caso que poseen los abogados defensores, Juan Vizueta y Pedro Granja,  se incluye un escrito, elaborado a mano y firmado por al menos veinte internas del centro de rehabilitación, quienes dan detalles de la agresión que sufriera Carolina Llanos aquel 19 de enero. Se lo remiten a la entonces directora, María Belén Chérrez Molina: “…las abajo firmantes sugerimos el traslado inmediato de las ante mencionadas… con el de fin de mantener la disciplina y el orden en este centro (sic)…”, dicen. A los pocos días las violentas fueron removidas de la cárcel de Guayaquil. (Documentos Informe de internas y firmas).

A confesión judicial por denunciar agresión
Imagen arriba: El traslado de Carolina Llanos a una de sus audiencias.
Después de esa agresión la salud de la interna Llanos comenzó a desmejorarse paulatinamente hasta derivar en un traumático aborto durante y tras el cual no recibió un tratamiento adecuado. Contrario a indagar y sentenciar a las responsables de la violenta golpiza, y, pese a la existencia de documentación suficiente que daba cuenta de la veracidad del hecho criminal, el Ministerio de Justicia la llamó a confesión judicial por denunciar su detención y la tentativa de asesinato sufrida en la cárcel.
En una de sus declaraciones, Carolina Llanos asegura: “Un día a las 18:00, me avisaron que debía salir a una audiencia. Eso me sorprendió y, al llegar al juzgado, me negué a declarar porque no estaban mis abogados. El juez comprendió y respetó mi derecho”. Pese a la decisión judicial, dice, el delegado del Ministerio insistía que se realice la diligencia; porque, según el punto de vista de las autoridades: “…la versión del aborto no era creíble”.

La mano de Serrano»Testigo protegido»»

Nadie responde por el bebé que perdió Carolina Llanos en la cárcel (3)

3. 'Testigo protegido'
Con el dolor de haber perdido a su hijo, Carolina Llanos se siente víctima de una “persecución política”, que afectó a su pareja Galo Lara (uno de los principales opositores del actual régimen), puesto que también fue sindicado en el proceso por el triple crimen de Quinsaloma, pese a que en primera instancia no fue responsabilizado por los investigadores. Ahora, al igual que ella cumple una sentencia, pero de 10 años en la cárcel de Guayaquil.
Imagen: Carolina Llanos, en una audiencia en Quito.
Uno de sus mayores sustentos para denunciar “persecución política” es que su acusación se basa en una declaración de José Manuel Véliz Sánchez, quien primero habría dicho que fue ella quien los contrató para ejecutar el crimen de Carlos Llanos. Pero después, asegura, haber sido obligado a acusarla de contratarlo para ejecutar el hecho a cambio de 20 mil dólares, que le habría ofrecido un supuesto policía, el que incluso grabó un video, que se usó durante el proceso investigativo. Después el joven negó la acusación que se hiciera contra la aprehendida, quien el 4 de agosto del 2011 (día del triple crimen) se recuperaba de una cesárea en una clínica del norte de Guayaquil. El 2 de agosto había alumbrado a dos niños, hijos del asambleísta de Sociedad Patriótica, contra quien, durante el proceso, el Gobierno Nacional emitiera al menos 310 cadenas nacionales; y otras decenas en Panamá, donde se exilió, tras ser vinculado en el caso.
Video: Reportaje de la televisión pública que relata paso a paso la teoría oficialista sobre el crimen.
La familia de Carolina Llanos, también originaria de Quinsaloma, siempre ha defendido la inocencia de la mujer. Asegura que ella es una persona buena y que ha sido víctima de persecución del poder solo por ser pareja del exsambleísta opositor de Sociedad Patriótica. En tanto, ella desde la cárcel, en más de una ocasión demandó que se la someta a un proceso “legal, justo y alejado de las pasiones y los odios políticos”. Pero, pese a que Véliz en más de una ocasión se retractó de su versión que fuera grabada en aquel video, la fiscalía la acusó y un juez la sentenció. Pero hasta hoy nadie hace justicia por el hijo que la violencia carcelaria le arrebató de su vientre.
El proceso legal contra Carolina Llanos y Galo Lara estuvo siempre en la retina del Gobierno Nacional, de la mano del ministro del Interior, José Serrano Salgado, quien no descansó hasta que los declararon culpables. Tanto que, pese a que los responsables de la investigación aún no se pronunciaban, en julio del 2012,  él, como se le ha convertido costumbre, ya hacía de jurista, y sentenciaba: “El proceso judicial determina que el triple homicidio lo realizó Carolina Llanos con el dinero del asambleísta Galo Lara”.
Para involucrar a la pareja, el gobierno nacional incluso se valió del testimonio de Álex Vicente Cedeño Molina, quien pasó a ser “testigo protegido” a pesar de haber sido detenido en julio del 2012 como sospechoso del asesinato del ciudadano Claudio Marcos Cortez Cali (empleado del Municipio de Catarama), quien fuera baleado en la gallera Pico de Oro, .
Durante una de las audiencias del proceso, la defensa de Llanos y Lara presentó un video en el que Jesús Narváez, gobernador de la provincia de Los Ríos, felicita a la Policía Nacional por la aprehensión de Cedeño, de quien dice tiene: “…toda una trayectoria (criminal y delictiva) en la provincia de Los Ríos, conocida por los ciudadanos y ciudadanas, por la prensa y por supuesto por los diversos grupos sociales e incluso políticos, de actos delincuenciales, de asesinatos realizados, de asociaciones (ilícitas), de portar armas…”. Y asegura que “la policía actuó profesionalmente”.
Además, el Teniente Coronel, Patricio Carrillo, Jefe del Comando en Los Ríos, también certifica la presunta vinculación de Cedeño en el crimen de Cortez; e incluso indica que, si bien es cierto no existen archivos de los antecedentes del detenido, está claro que “pueden haber sido marginados del registro (policial y judicial de la provincia)”; es decir, manipulados a lo largo del tiempo. El gobernador, por su experiencia, califica al grupo liderado por Álex Cedeño, como una “banda delictiva histórica” en Los Ríos.
Imagen: La comparecencia de Álex Vicente Cedeño Molina junto con el hombre que lo convirtió en testigo protegido, el Fiscal General, Galo Chiriboga.
Galo Chiriboga, Fiscal General de la Nación, también fue un defensor de Álex Cedeño, pese a las expresiones del gobernador de Los Ríos, Jesús Narváez; del oficial de la Policía Patricio Carrillo y de la ciudadanía riosense, que señala al “testigo protegido” como poseedor de antecedentes criminales por décadas. Fue tan férrea la defensa de Chiriboga, que expresó: “Lo que ha presentado la defensa (de Galo Lara) es absolutamente fuera de la realidad de los hechos. Este señor (Cedeño) no tiene antecedentes penales, ni ha sido condenado por ninguno de los delitos que le mencionan”.
Es así como Cedeño se convierte en un “protegido” del ministerio del Interior, principal acusador de los Lara-Llanos, y lo desvinculan del hecho criminal ocurrido en la gallera. Hasta ahora se desconoce quién asesinó al ciudadano Cortez. Mientras eso sucedía en el aspecto legal, en lo político Lara, como asambleísta, continuaba presentando denuncias de corrupción contra el Ejecutivo e incluso prohibiría el ingreso de los medios manejados por el Gobierno a las ruedas de prensa que él ofrecía porque, aseguraba: “No publican ninguna denuncia y únicamente acuden a grabar audios y videos que después son malutilizados en cadenas del gobierno”.
Aunque la ciudadanía teme contar o denunciar, en  Los Ríos, a la banda de los Cedeño, liderada por Álex, se le atribuyen al menos 30 crímenes. Varios, como el ocurrido en la gallera Pico de Oro, cometidos en espacios públicos, ante testigos oculares, que después han tenido pavor denunciarlo ante las autoridades. Uno de los más funestos hechos que se le atribuyó fue el cometido contra el dirigente deportivo Kléber Rodríguez Hidalgo, conocido como ‘Joselo’, quien fuera asesinado en el 2002 junto con su esposa, Lucrecia Araujo, y el menor de sus hijos; mientras sus hijas mayores quedaron gravemente heridas, durante una emboscada en la carretera.
Imagen: Álex Cedeño dice que no se le ha comprobado ningún crimen.
“Cuando ocurrió el crimen en la gallera y detuvieron a (Álex) Cedeño en Los Ríos se experimentaba una sensación de que al fin se haría justicia contra un hombre que es considerado criminal, pero lo sorpresivo fue que más bien apareció como ‘testigo protegido’ de la Fiscalía en  el caso Quinsaloma. Qué irónico, que el gobierno proteja a los delincuentes con tal de conseguir sus objetivos en la persecución a sus opositores”, expresa una ciudadana, riosense residente en Quevedo, que prefiere proteger su identidad por temor a ser víctima de alguna represalia de la banda de los Cedeño.
En determinado momento, Galo Lara criticó la acción de la Fiscalía que, según él, daba crédito a un “sujeto descalificado” como Álex Cedeño. Sin embargo, este último aseguró que en efecto había enfrentado varios juicios, pero que había sido sobreseído en todo momento; y que sufría injurias del exasambleísta, solo para “desviar la atención” y restarle peso a la acusación por el triple crimen de Quinsaloma que se investigaba.

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Posdata:
Aquí, una lista de los documentos de este caso:
1. Escrito de las internas  además de las firmas de respaldo
2. Confirmación del embarazo

3. Informe médico legal de embarazo
4. Autorización médica de salida fuera de la cárcel para examen
5. Directora de la cárcel no permite salida
6. Clínica certifica estado delicado de Llanos
7. Certificado: Llanos estaba embarazada de 8 semanas y media
8. Certificado de aborto
9. Diagnóstico Clínica Sotomayor
10. José Serrano ordena retorno de Llanos a la cárce sin recuperación médica
11. Informe de la orden de José Serrano

««Lo que no se sabe«La mano de Serrano

 

Nadie responde por el bebé que perdió Carolina Llanos en la cárcel (2)

2. La mano de José Serrano
Imagen: parte policial en el que se indica que José Serrano ordenó la encarcelación inmediata de Llanos tras la intervención quirúrgica.
Una vez que Carolina Llanos padecía las consecuencias del aborto en proceso, una serie de actos discrecionales de las autoridades afectaron a Carolina Llanos, incluso el ministro del Interior ordenó su traslado inmediato después de la operación de legrado.
Los certificados médicos de la Cárcel de Mujeres de Guayaquil, de la Fiscalía del Guayas, de galenos de las maternidades Santa Mariana de Jesús y Enrique C. Sotomayor, y, además, de la clínica Guayaquil; y partes policiales sobre las emergencias que alertan del deplorable estado de salud de Carolina Llanos, evidencian la veracidad de la pérdida del nonato que crecía en su vientre al momento de la detención, en un centro comercial de Guayaquil.
Imagen: Informe que dertalla la confirmación del embarazo de Carolina Llanos.
La doctora Daysi Trejo Valdez, perito de la Fiscalía es una de las primeras de certificar el embarazo. En un informe del 10 de febrero de 2012, Trejo Valdez indica que hacía poco tiempo (agosto 2, 2011) la interna, originaria de la provincia de Los Ríos, había alumbrado a dos niños gemelos; y, que: “…por la probable corta edad de la gestación, no es posible determinar mediante un examen ginecológico dicho estado (sic)…”. Por tanto, opta por tomar una muestra de sangre a la paciente para que sea analizada en la Cruz Roja, donde la doctora María de Lourdes Loor certifica que el embarazo es positivo.
A esa fecha, casi un mes después de haber sido víctima de la agresión física en la cárcel, las huellas externas de los golpes sufridos habían ido desapareciendo en el cuerpo de Carolina Llanos, no así el daño al ser que llevaba en su vientre, cuya vida, por los síntomas que comienza a presentar la paciente, va extinguiéndose. El 8 de marzo, una autorización médica de salida, firmada por la doctora Victoria Sánchez de Vera, tratante en el centro de rehabilitación, indica que debe ser trasladada de “emergencia a la maternidad”, porque padece: “Dolor pélvico + sangrado transvaginal…”.
Con hemorragia le niegan salida de la cárcel
Pese a la emergencia, certificada por la doctora de la cárcel de mujeres, un parte policial, fechado el 8 de marzo y firmado por el Subteniente de Policía Richard Cabezas Enríquez, oficial de guardia en el Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil, indica que a las 13:45 de aquel día por solicitud de la jefa de guías, Beatriz Quiñónez, acudieron a dar custodia para que la interna Llanos fuese llevada a la maternidad, pero “no se pudo realizar el respectivo traslado, ya que la Ab. MARÍA JOSÉ MURILLO Directora del Centro Femenino de Rehabilitación Social y la Ab. MARÍA BELÉN CHEREZ Coordinadora Zonal de los Centros de Rehabilitación Social negaron la salida de la PPL (Persona Privada de Libertad) antes mencionada ya que solicitaban el diagnóstico médico de otro doctor para cerciorarse si era prudente autorizar la salida… (sic)”.
Desde la agresión sufrida el 19 de enero, Carolina Llanos había sentido molestias en su vientre, informa su hermana Galud Llanos Romero, quien comparece ante la CEDHU, y lo certifican sus abogados. Todos, aseguran, que  no recibió atención médica para salvar la vida que germinaba en su vientre. Incluso, después del diagnóstico médico del 8 de marzo, padeció varias horas. La certificación médica, emitida por la maternidad Mariana de Jesús, y firmada por la doctora Katiusca Hernández Velasteguí, jefe de consulta externa, indica que recién recibió tratamiento al día siguiente:
“La SRA. LLANOS ROMERO GEOMAR CAROLINA, con historia clínica # 375609, fue atendida por emergencia el día 9 de marzo del año en curso, por presentar dolor pélvico tipo contracción y sangrado transvaginal, con AMENORREA (ausencia de menstruación) DE 4 MESES. Al realizar estudios complementarios, se corrobora con ecografía un EMBARAZO DE 8.5 SEMANAS DE GESTACIÓN, con EMEBRIÓN SIN LATIDOS CARDIO FETALES, compatible con ABORTO DIFERIDO INFECTADO, SE REALIZO LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL Y ANTIBIOTICOTERAPIA CORRESPONDIENTE…(sic)”. (Lea el documento).
De la maternidad a la clínica por la gravedad
Tras realizarle una serie de exámenes de laboratorio, en la maternidad Mariana de Jesús determinan que la paciente estaba anémica y que los dolores abdominales persistían. Debido a la notoria gravedad, un día después (marzo 10, 2012) familiares solicitan a las autoridades judiciales (la fiscal Inés Barco Loor y el juez Jimmy Iza Barahona), el “alta petición para ser trasladada a otra unidad hospitalaria”. Es en ese momento en que fue llevada a la Clínica Guayaquil, donde el doctor Freddy Ayala Irigoyen, jefe de emergencia, diagnostica que: “…al realizar ecosonografía trans-vaginal, no se evidenció restos ovulares, pero sí QUISTES CERVICALES, que denotan la presencia de proceso infeccioso-inflamatorio, severo a nivel de canal cervical. En los exámenes efectuados, se observó…anemia severa (sic)…”.
Sustentado en la evaluación médica, el galeno determina que “la paciente se encuentra en un delicado estado de salud, con metrorragia persistente, de pronóstico reservado, sin visualización de fecha de alta (sic)…”. Pese a la gravedad, Carolina Llanos, por disposición y exigencia de los ministerios de Justicia y del Interior, su principal perseguidor y acusador en el proceso judicial por el triple crimen de Quinsaloma, fue devuelta a la cárcel de mujeres de Guayaquil, con un tratamiento inconcluso tras realizarle, además de un legrado uterino, la extirpación de otros órganos.
Otra vez debe ser trasladada a maternidad
La evidencia más palpable de que nunca superó por completo la afectación de su salud, generada por el aborto, es que el 18 de marzo la interna volvió a ser ingresada en una casa asistencial. La tercera en apenas diez días, desde el primer diagnóstico emitido en la misma cárcel. Un certificado médico de la maternidad Enrique C. Sotomayor, firmado ese día por el doctor Wagner Moreno (laparoscopista), indica que padece: “Síndrome doloroso abdominal, aborto incompleto, sospecha de perforación uterina. A la Sra. Llanos se le realizó laparoscopia operatoria de emergencia + colesistectomía + adhesiones epiploica extensa + legrado uterino instrumental (sic)…”. Además, le sugiere reposo absoluto por 30 días. (Revise el documento aquí).
Ministro “bajo su responsabilidad” la devuelve a la cárcel
Ante la alerta médica de la gravedad que experimentaba, el 21 de marzo familiares de la paciente vuelven a solicitar a la fiscal Inés Barco Loor su traslado a la clínica Guayaquil, gestión que es aprobada por el juez Jimmy Iza Barahona. Con la autorización de la directora de la Cárcel de Mujeres, indica la trabajadora social de ese centro, Evita Loor Vélez, ella acude junto con la guía Esther Guzmán a la maternidad Enrique C. Sotomayor para cambiar a la PPL de casa asistencial (una vez más a la clínica Guayaquil). Sin embargo, la diligencia no se ejecutó, pese a la emergencia de la paciente. En ese momento prevaleció una disposición del ministro del Interior, José Serrano, quien exigió que se lleve a Carolina Llanos de vuelta a la cárcel.
“…Encontrándonos con la novedad (en la maternidad Enrique C. Sotomayor) de que el Coronel Cristian Rueda tenía otra disposición de que la PPL sea traslada al Centro de Rehabilitación Femenino de Guayaquil, por disposición telefónica del señor ministro del Interior (José Serrano) y el manifestó que el se hacia responsable y asumia toda la responsabilidad del caso (sic)”. Ante esa situación, detalla la trabajadora social en su escrito: “…Se la llevaron en una ambulancia de la Policía Nacional N°6 con los paramédicos Sub Oficial Jhonny Ortega, Dra. Rita Ordoñez, Conductor Alexander Vargas, Daniel Francisco (civil) y Coronel Cristhian Rueda (sic)…”. (Revise el informe.)

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Ricardo Patiño, el mecenas de los Latin Kings

El 7 de agosto de 2015,  los Latin Kings, grupo que se halla en proceso de inserción social, solicitó un aporte de $35.000 para el concierto Paz Urbana en Estados Unidos. De ese monto, $10 mil fueron pedidos al canciller, Ricardo Patiño, pese a que desde el 22 de julio estaba en medio de una licencia para atender problemas internos de su movimiento político.
Imagen: Facsímil de la carta enviada por los Lating Kings a Ricardo Patiño.
MilHojas.is accedió a una copia de la carta en la que la Corporación de Reyes y Reinas Latinas del Ecuador, mejor conocida como Latin Kings, solicita a Ricardo Patiño un aporte de $10 mil para financiar parte de los $35 mil que requería para realizar un concierto. Así, las actividades sociales de los Latin Kings son financiadas por el Estado, por instituciones como Cancillería, encargada de la política internacional, mientras su titular, Ricardo Patiño, reorganiza las bases de su movimiento político, Alianza PAIS.
El oficio fue enviado después de que, por disposición del presidente, Rafael Correa, Patiño, el jefe de la diplomacia ecuatoriana, empezara a promover el llamado ‘Diálogo sobre la Equidad y la Justicia’.
Patiño, en declaraciones divulgadas por la prensa, explicó que mientras Pabel Muñoz, secretario nacional de Planificación, impulsa el diálogo con grandes organizaciones, él hará lo propio con los barrios,  las organizaciones cristianas de base, de economía popular y solidaria, las cooperativas, los indígenas, los pescadores, los afrodescendientes y otros colectivos.
En la misiva  –verla completa en este link–, los Latin Kings se definen como una organización juvenil que cuenta con 3.000 miembros en todo el país y que participa en procesos de inserción social mediante estrategias de emprendimiento y actividades culturales. Una de ellas  es el proyecto Paz Urbana, “que busca impulsar propuestas de convivencia ciudadana y la construcción de una cultura de paz entre los jóvenes”.
Según dice la carta, esa fue la sexta edición del festival Música Urbana por la difusión de los derechos y deberes de los jóvenes, bajo el lema 'Los derechos llegan a las calles'.
A decir del colectivo, este es un nuevo enfoque, pues considera que la difusión de los derechos se ha efectuado tradicionalmente desde perspectivas equivocados y discriminando a ciertos grupos.
Por ello, y aprovechando la aceptación de géneros urbanos como el Hip Hop y el Reggaetón entre los jóvenes, los Latin Kings plantean explotarlos con letras que promuevan la no violencia, la solidaridad, los derechos y deberes.
En el detalle de gastos a cubrir con los $35 mil figuran cinco pasajes a Nueva York  para cinco expositores, estadía de una semana, alimentación y movilización.
Como parte del evento se realizó también el Segundo Foro Internacional de Participación Juvenil 'Los derechos llegan a la calle' y un Foro Académico, con la participación de representantes de los Latin Kings, de los ministerios del Interior y de Justicia, de la Dirección Nacional de la Juventud (MIES), gestores Comunitarios, académicos e  investigadores.
La programación también incluyó el Encuentro Nacional Universal, que, según consta en el documento al que Mil Hojas tuvo acceso, estaba agedado para el 30 de agosto en Quito.
Ese fue un espacio de socialización del trabajo realizado, avances y resultados obtenidos en trabajos con el Estado, metas y compromisos. Como invitados  especiales estaban invitados al evento los  ministros José Serrano, María de los Ángeles Duarte, Guillaume Long y el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja.
Para conocer cómo se desarrollaron estos eventos y los beneficios para el Ecuador, MilHojas.is llamó a los números de contacto que la Corporación Reyes Latinos puso en la carta a Patiño: 0984586080 / 0993673802 , pero nadie respondió.

Gobierno-Latin Kings-Ñetas, una relación que se afianza
El 8 de abril último, la primicia publicada por el oficialista diario El Telégrafo de que cerca de 250 miembros de grupos urbanos como Latin Kings, Corporación, Ñetas y Master of the steeet se afiliaron al gobernante movimiento Alianza País (AP), dio cuenta de que esa relación va viento en popa.
Imagen: El ministro del Interior, José Serrano, junto con los Latin Kings.
“El Estado nos ha visibilizado como organizaciones juveniles, estamos construyendo otra imagen para que nuestros derechos sean reconocidos de manera que podamos exponer nuestro problemas y contribuir con soluciones desde nuestra perspectiva”, dijo a El Telégrafo  Diego Carrillo, representante de los Latin Kings, tras hacer efectiva su afiliación a AP.
En las últimas contramarchas a favor del Gobierno, estos colectivos fueron clave para el Gobierno. Tras varias grescas entre grupos pro y anti Correa, varios ciudadanos denunciaron haber sido atacados por miembros de esos grupos.
No obstante, el presidente, Rafael Correa, les ratificó su respaldo incondicional.  Durante su trigésima sabatina  en El Puyo dijo que los Latin King son un ejemplo para el mundo y que su Gobierno no reprimirá  a esos jóvenes, como se lo está haciendo en España y otros países, sino incorporarlos a la sociedad.
"A mí los Latin King me recuerdan mucho a los Boy Scout –grupo al que Correa pertenece desde su niñez-. Con sus principios con sus leyes, con su hermandad. Tienen esos mismos principios de honorabilidad".
También aseguró que, una vez que sean reconocidos como corporación, podrán obtener créditos y ser capacitados para abrir sus empresas.
El  grupo firmó un acuerdo de paz y legalización el 1 de noviembre de 2009. Lo hizo tras una alianza alcanzada por la Subsecretaría del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).
Un año más tarde, para agilitar el cumplimiento de su compromiso de dejar la violencia, crearon la Fundación SerPaz.

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El rompecabezas del narcotráfico en Ecuador: las narcoavionetas (3)

Narcoavionetas en la mitad del planeta
El más reciente caso de narcotráfico vinculado con instituciones del Gobierno es el alarmante proceso levantado en la hacienda La Clementina. Una enorme propiedad incautada por el Servicio de Rentas Internas (SRI) al empresario Álvaro Noboa. Posteriormente, se anunció que el bien fue adquirido por alrededor de 1900 trabajadores que crearon la Cooperativa de Producción y Comercialización Clementina (Cooproclem).
Imagen: El decomiso de una avioneta mexicana, repleta de droga, incautada el 30 de noviembre de 2014 en la hacienda La Clementina. Esta hacienda está regentada por el Estado ecuatoriano.
“El negocio, tanto la producción y la exportación no se paralizó ni un solo día, tenemos un funcionario del SRI, el doctor Carlos Ordeñana, que se encarga de la administración entre otras de sus funciones, contamos con asesoramiento técnico y, de hecho, los propios empleados de la Hacienda La Clementina, están ahí trabajando conjuntamente y garantizando el normal flujo de las actividades productivas y comerciales, respetando estrictamente a los trabajadores", dijo Carlos Marx Carrasco en julio de 2013, cuando fue incautada esta propiedad.
Sin embargo, el 30 de noviembre de 2014, una aeronave mexicana ingresó a La Clementina. La avioneta estaba lista para despegar con 486 kilos de clorhidrato de cocaína. El 1 de diciembre de 2014, desde el Ministerio del Interior se revelaron detalles de la incautación de una segunda avioneta mexicana. Los uniformados confiscaron 664 kilos de cocaína y hubo 17 detenidos, entre estos un mexicano, presunto líder de la red y encargado de exportar los cargamentos de droga.
Imagen: La entrada a la hacienda La Clementina, cerca de Babahoyo.
Reportes de Inteligencia revelan que dichas operaciones ya se conocían desde hace más de un mes. Los agentes identificaron que la red estaba estructurada con financistas, abastecedores y seguridad. En este último grupo había tres empleados de La Clementina. Dos fueron arrestados el domingo en el operativo denominado Duro Amanecer y Cosmos, junto con otros ocho sospechosos, entre estos cuatro extranjeros.


El gerente de la Cooperativa de Producción (Cooproclem), Carlos Ordeñana, confirmó que desde este año ese bien es administrado por una Junta de Fideicomiso que está conformada por un miembro de la Senplades, otro del Ministerio de Agricultura y empleados de la bananera.
A pocos días del operativo, un grupo de trabajadores publicó un comunicado. Allí dicen que la hacienda, inicialmente incautada por el SRI, es manejada por “el fideicomiso” de la Corporación Financiera Nacional (CFN) y representantes legales nombrados por el Gobierno. El remitido está firmado por Julio Mosquera, quien dice ser Secretario General del Comité de Empresa. Este dirigente advierte que el bien no lo manejan los trabajadores.
Según las estadísticas de la Policía, seis narcoavionetas han sido halladas en territorio ecuatoriano desde mayo de 2012 hasta enero de  2015. Dichas aeronaves, la mayoría de tipo Cessna, pueden aterrizar y despegar en pistas cortas, que son óptimas para volar bajo y evadir los radares. Con solo dos pasajeros y con el tanque de combustible lleno, estas avionetas pueden cubrir la distancia entre México y Ecuador.
La avioneta de Pedernales
En mayo de 2012, la avioneta de matrícula XB-MPL (México) se estrelló cerca de pedernales en la provincia de Manabí, sus dos ocupantes de nacionalidad mexicana fallecieron, en su interior se halló una maleta con U$ 1,3 millones, según la Fiscalía.
Imagen: La aeronave accidentada en una pista abandonada en Pedernales, en el límite de las provincias de Manabí y Esmeraldas.
La aeronave procedente de México volaba en la noche y sin luces, para evitar los radares. El ministro del Interior, José Serrano, dijo que la maleta podría pertenecer al narcotráfico. Supuestamente iba a ser usada para pagar un envío. Junto a ellos había revistas de adultos, un celular y camisetas de camuflaje similares a las que usan los militares.
Por su parte el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) , Gustavo Iturralde (Partido Comunista) señaló que “lo ocurrido con el accidente de la avioneta con registro mexicano, evidencia el sometimiento de los traficantes de origen colombiano a los carteles de México”. La UAF precisó “que el país está siendo utilizado como tránsito de dinero sucio”.
En Pedernales existen varias pistas de aterrizaje abandonas las cuales están siendo utilizadas por el narcotráfico. Moradores de la zona confirmaron que cada mes una avioneta de color blanco con celeste aterriza en el lugar. “Es igual a la que se chocó contra el cerro”, dijo un poblador. Esta era la cuarta vez que en Ecuador se vinculaba a una aeronave con carteles del narcotráfico.
Caso César Fernández
El caso conocido como “Aniversario“, se reportó en el 2003, cuando un avión perteneciente al cartel de Sinaloa fue retenido en el aeropuerto de Portoviejo (Manabí) con 400 kilogramos de cocaína. La nave se encontraba en el hangar del empresario César Fernández, ex gobernador de la provincia de Manabí, acusado de aportar económicamente a la campaña presidencial de Lucio Gutiérrez.
Imagen: Los detenidos tras el operativo Jaque Mate
Fernández salió de prisión en mayo de 2010, tras permanecer en la cárcel seis años y medio, aunque la condena era de 16 años; pero, poco tiempo después, agosto de 2012, un nuevo operativo antinarcóticos, denominado “Jaque Mate“, en el que se encontraron 115 kilos de cocaína, lo condujo nuevamente a prisión. Según el ministro del Interior, José Serrano, el líder de la banda era Fernández, cuyo objetivo era el envío de droga a México y España.
La sobrina de Fernández, Scheznarda Fernández, ocupaba entonces el cargo de asambleísta por el partido opositor socialcristiano, pero, sospechosamente, luego del apresamiento de su tío, ella se alineó con el gobierno de Rafael Correa, convirtiéndose en un voto clave en la Asamblea. Legisladores de oposición denunciaron que el viraje de la congresista fue a cambio de la libertad de su tío, un hecho que efectivamente se produjo meses después.
Droga en puré de banano
Vale la pena sumar el caso de la droga encontrada en un contenedor de puré de banano de una empresa de propiedad del entonces ministro Coordinador de los Sectores Estratégicos del Gobierno y actual asambleísta de Alianza País, Galo Borja. En marzo del 2012 la Policía Antinarcóticos del Guayas incautó un cargamento de droga en un puerto de Guayaquil. Durante un operativo los agentes descubrieron 119 kilos de clorhidrato de cocaína embalados en bloques y ocultos en un contenedor para transportar banano.
El contenedor para la exportación, según la guía era de propiedad de una agroexportadora con base en Machala (InBorja), de la cual, según la denuncia presentada por el ex asambleísta César Montufar, Galo Borja es el propietario mayoritario.

Postdata:
'Nos está venciendo el narcotráfico'

El 9 de marzo de 2012 se publicó un artículo de fondo en la revista Foreign Policy de los Estados Unidos, indicando que el Estado ecuatoriano estaba en manos del narcotráfico. Acto seguido apareció el informe de las FFAA del Ecuador para el 2011, aunque de manera escueta, en apenas una página de las 255, se repite esa posición y se indica que la situación es peligrosa y estaba a punto de desbordar la estructura de legalidad. En cierta manera, ambas publicaciones se referían a la preocupación sobre la narcotización del Estado ecuatoriano.
Imagen: La incautación tras el operativo en la hacienda La Clementina.
La advertencia en el informe de FFAA es severa: el Ecuador está en grave riesgo por el narcotráfico. “Si no se toman los correctivos adecuados llegará con facilidad, en corto o mediano plazo, a desbordarse del control gubernamental y caer en índices de violencia extremos, obligando al Gobierno a tomar medidas como la intervención de las Fuerzas Armadas, donde el esfuerzo principal lo llevaría el Ejército”.
En ese mismo año se visualizaron nuevas señales preocupantes: primero fue el 'Reporte mundial de las drogas 2011' de Naciones Unidas y en marzo de 2012, el 'Informe Anual sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcótico', del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Pero para muestra un botón, el 19 de marzo de 2011, en una entrevista en Televisión Española el presidente Rafael Correa dijo: “Nos está venciendo el narcotráfico y el crimen organizado”.
Luego de revisar todos estos casos de narcotráfico donde de una u otra manera vemos vinculaciones con la institucionalidad del país, surgen algunas preguntas: ¿Vivimos actualmente una narcotización del Estado? Y como lo aseguró Francisco Huerta en 2009 ¿Nos estamos convirtiendo en una “narcodemocracia”?

Operación Walkiria: Así censuraron a Bananaleaks

El 28 de enero de 2013, cuatro empresas mercenarias dedicadas a al hackeo de sitios web trabajaron en conjunto para el Gobierno de Ecuador. Su objetivo, sacar a la página web Bananaleaks.com de Internet, según un documento al que accedió Milhojas.
Imagen: portada del informe del equipo de hackers que bajó el sitio Banannaleaks.com.
Ese trabajo conjunto fue bautizado por estas empresas como Operación Walkiria, que incluyó no solo tumbar la página sino duplicarla y crear contenido falso para desprestigar su trabajo. El trabajo finalizó el 31 de enero de 2013.
La vida de Bananaleaks.com, que había realizado una serie de reportajes sobre el Gobierno de Rafael Correa basados en filtraciones,  fue bastante efímera. Apenas 10 días duró desde publicó su primer post, el 18 de enero de 2013, hasta que fue intervenida en la Operación Walkiria el 28 de enero de 2013.
Aun así, tuvo varias publicaciones que pusieron jaque al Gobierno:  “El presidente que se disparó un tiro en el pie”, escrita por Santiago Villa Chiappe (18-01-2013). La famosa filtración del la “tesis doctoral en comunicación” del secretario de Administración, Vinicio Alvarado, y el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado: “Dos hermanos que son ministros ecuatorianos y sus padres se doctoraron simultáneamente, con la misma tesis, en universidad que no da ese tipo de títulos” (18-01-2013). “Conozca los depósitos secretos en Bahamas del primo y consejero financiero del Presidente de Ecuador” (23-01-2013). Y finalmente, "Exclusiva Internacional de BananaLeaks.com,  Rafael Correa, presidente de Ecuador, tiene dos cuentas secretas en Suiza”, (28-01-2013), publicada el día en que se desarrolló en pleno la Operación Walkiria, que terminó en la salida definitiva del aire de Bananaleaks. Así fue la operación:
1. Ataque DDOS
La operación Walkiria fue ejecutada por cuatro empresas dedicadas al hackeo profesional: Analytics Team (Ecaudor), Scanner Team (México), Social Interaction Team (Argentina) y Metaexploit & Hacking Team (Rusia). Todos coordinados por una organización llamada EyeWatch, que fue la que realizó el informe al que accedió Milhojas. Bananalekas.com fue dada de baja mediante un ataque DDOS (siglas en inglés que en español significan: denegación de servicio distribuido). Este ataque hace que una página web reciba miles de llamados por segundo para desplegarse, por lo que sus servidores terminan colapsando y el sitio deja de funcionar. En este caso, fue tan contundente el ataque que bananleaks.com nunca más volvió a abrirse. La técnica de este pull de hackers incluye, además, esconder las direcciones de sus equipos de ataque mediante triangulaciones de servidores en varios sitios del planeta.
2. Ataque a la cuenta de Twitter
Los hackers lograron intervenir la cuenta de Twitter de Bananleaks, mediante denuncias de contenido inapropiado y de infracción de contenido con propiedad intelectual reclamada, por lo que fue suspendida el 31 de enero de 2013. De esta forma, Bananleaks creó una cuenta tipo alterego que fue llamada @Papayaleaks.
3. Duplicación de contenidos y desprestigio
Quizá esta es la táctica menos esperada. El 31 de enero de 2013, los administradores de la web atacada decidieron crear un sitio provisional, con los mismos contenidos, pero con una dirección alterna: www.bananaleaks.co, es decir, con redireccionamiento a un servicio de hosting en Colombia. En ese instante, el equipo de hackers de Eyewatch creó un sitio web y otra cuenta de Twitter con diseños similares, pero con contenidos tergiversados “para confundir a los usuarios”, como dice el informe.
Original fuera de servicio: www.bananaleaks.com.
Sitio provisional: www.bananaleaks.co.
Sitio falso creado por los hackers: www.bananaleaks.com.co.
Twitter original dado de baja: http://twitter.com/BananaLeaks”.
Twitter provisional : http://twitter.com/papayaLeaks.
Twitter falso para difundir la información del nuevo portal: http://twitter.com/bananaleaks.
Los hackers utilizaron el sitio y la cuenta de Twitter falsos para desprestigiar a las fuentes que aparecían en los reportajes originales y para confundir a los lectores. “En este site-espejo, el contenido de las notas se modifica para causar daño a través del contenido: tergiversando todo y cambiándole el sentido. Cada vez que hay nuevo contenido, en el site (bananaleaks).com.co se replica. Con esto se busca debilitar la credibilidad del sitio, y meter a los creadores en problemas.
Una vez que entró a funcionar el sitio alterno, Bananaleaks publicó un reportaje titulado: “Presidente de Ecuador debe explicar descalabro de un banco con maniobras de pariente y asesores suyos”. Ya ninguno de estos sitios funciona en la actualidad.
A continuación, mostramos un contenido original de Bananaleaks, y luego cómo los hackers duplicaron el diseño de la web para que fuese idéntico y así agregar contenido que distorsionaba la información.
Sin embargo, algunos de los procedimientos que se dieron en el caso de la Operación Walkiria son semejantes a los que sufrieron los sitios PlanV, Gkillcity y Milhojas cuando publicaron reportajes sobre el espionaje de la Senain a sus ciudadanos.

Lea el informe filtrado completo sobre la Operación Walkiria AQUÍ.