Autor: mh

Los empresarios del país se encuentran sorprendidos. Hay un cambio de actitud del Gobierno hacia ellos, dicen  que en sus correos parece una presentación de las medidas que el Gobierno va a tomar para fomentar la participación del sector productivo privado en el público. Una jugada que podría sumar apoyos en plena crisis económica y política, otro movimiento pendular cuando el Gobierno se ha dado cuenta de que es tarde para una estrategia de cooptación de los sectores sociales. Por eso apuntan a los empresarios.
Imagen: Portada de la presentación enviada a los empresarios para mostrar los beneficios del Proyecto de Ley de Incentivos de Fomento de Alianza Público-Privada.
Desde el pasado 7 agosto, los empresarios han recibidos emails de Nathaly Cely, ministra Coordinadora de Producción, y de sus asesores más cercanos, anunciándoles que el Ejecutivo enviará un Proyecto de Ley con varios beneficios para quienes inviertan en proyectos en conjunto con el Estado. Uno de los incentivos más tentadores es que los proyectos estarán exentos del Impuesto a la Renta durante 10 años. Y sigue en conversaciones para adherir más propuestas antes de pasarlas como un Proyecto de Ley de carácter económico urgente que será aprobado de forma expedita por el oficialismo en la Asamblea.
El pasado 13 de agosto, la ministra asistió a la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea para anunciar esta ley. El proyecto se lo define de incentivos como de fomento de alianza público-privada y tendrá el carácter de económico urgente. "Busca hacer más competitivo el acceso a financiamiento  que tienen las empresas en el país, así como dar incentivos poderosos para las alianzas público-privadas y permita generar inversión tanto nacional como extranjera", dice un comunicado de la Asamblea Nacional.
Los empresarios consultados por Milhojas explican que los principios de este proyecto de ley se "han repartido como caramelos" entre ellos. Se refieren a una plantilla de Powerpoint en la que se muestran los beneficios a los que accederán los empresarios que inviertan en conjunto con el Estado. Esta nueva propuesta, en definitiva, apunta a que el Régimen se alíe con la clase empresarial en un contexto ene l que ha perdido varios apoyos populares. Medidas como esta no son nuevas, por una parte la estrategia del Gobierno en medio de la crisis de gobernabilidad que vive, se centra en la de sumar apoyos. Por una parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, salió temporalmente de la Cancillería, para reorganizar los Comités de la Revolución, que son comités barriales con agenda confrontativa, y así tratar de romper el paro de los trabajadores y la marcha indígena que llegó a Quito, para lo cual presentó un plan conocido como el Informe Patiño, que Milhojas lo hizo público. Ahora le toca el turno a la ministra Cely, que ofrece discrecionalmente financiamiento para proyectos, además de atenuar las medidas de las leyes que causaron la irritación de junio pasado.

Aquí van los ofrecimientos:

1. Hacer que los proyectos ente empresa privada y pública tengan tratamiento especial.

Los beneficios son claros para los inversionistas que decidan colaborar con el Régimen.
2. Facilidades financieras
Si el Gobierno ha desacreditado con tanta vehemencia los paraísos fiscales, en medio de su crisis financiera y política, se propone ahora permitir a los inversionistas que se vuelquen a su plan para obtener apoyos a través de le eliminación del Impuesto a la Salida de Divisas los empresarios que se adhieran a esta propuesta y, que de esta manera, puedan conseguir estos recursos desde paraísos fiscales.Este gráfico muestra que si ahora la financiación de un proyecto tiene una carga de alrededor del 15%, esta bajaría al 13,42%, al eliminarse gastos no deducibles y el Impuesto a la Salida de Divisas. Es más, se plantea eliminar la retención del 2,42%, por lo que la propuesta es totalmente beneficiosa. Una ganga, el precio es trabajar con y para el Estado y ponerse al servicio del Régimen.

Powerpoint»

El pasado 7 de agosto, Lourdes Tibán, asambleísta de Pachakutik, posteó en su cuenta de Facebook unos documentos que asegura que es un informe del canciller Ricardo Patiño para activar una estrategia para desactivar el Paro Nacional, propuesto por los trabajadores, y la Marcha por la Dignidad, organizada por los indígenas. MilHojas.is consiguió el resto de documentos en los que se muestra cómo el oficialismo utiliza al estado para romper las acciones de los movimientos sociales para el #13A.
Imagen: portada del documento de Lineamientos estratégicos para desactivar el proceso desestabilizador…
Los documentos desmenuzan la filosofía oficialistas: ofrecer recursos desde el Estado para para obtener réditos políticos, es decir, ofrecer más a una militancia que poco a poco ha ido perdiendo el movimiento oficialista Alianza PAIS. Para eso su solución es reactivar a los Comités de la Revolución Ciudadana (CDR).
De ahí, que no es gratuito que Patiño dejara su zona de confort en la Cancillería y se dedique a dar clases de organización política a quienes estaban encargados de este proceso, entiéndase los directores provinciales de AP y, en especial, a Doris Soliz, directora política nacional del oficialismo.
El informe Patiño, filtrado por la Asambleísta Tibán, incluye tres partes:
a) Informe de actividades: una guía paso a paso de las actividades de Patiño para desactivar el paro nacional del 13 de agosto.
b) Informe de coyuntura: todas las propuestas para mantenerse en poder y cómo vencer el golpe blando.
c) Lineamientos estratégicos: el plan para reactivar los CDR, con lo cual deslegitima el proceso político realizado por Doris Soliz.

Los ocho puntos clave (las fantasías de Patiño)
Al ver en conjunto los tres informes filtrados, se puede ver una serie de acciones que muestran esta cosmología política desde los ojos de Ricardo Patiño.
1. Es tan débil la propuesta, en términos democráticos, que en varios puntos el informe Patiño propone violar competencias constitucionales. El Informe Patiño explica que el camino de la represión es el único para mantener el poder. Una visión estalinista de mantenerse en el poder.
2. La cosmovisión de la política de Patiño se reduce a concebir a la política pública como recompensa por acciones partidistas lo que implica la desaparición de los sujetos de derecho, fundamento de nuestra constitución.
3. Pero no solo eso, la base para confirmar lealtades es iniciar procesos de delación (ver en el Informe de Actividades), cuando se dice que se debe identificar a la gente que trabaja contra la Revolución Ciudadana.
4. Según los documentos, la forma más visible para demostrar el apoyo popular es la toma de la Plaza de la Independencia, antes o durante las manifestaciones del 13A. Esto debe planificarse, según Patiño, con reuniones con los CDR del Distrito Centro de Quito.
5. Si algo diferencia al proceso político de Venezuela con el de Ecuador, es que acá el Ejército no tiene una filiación con el movimiento político gobernante. En Venezuela, las Fuerzas Armadas fueron clave para obtener y mantenerse en el poder. Mientras tanto, en Ecuador esa lealtad política al movimiento gobernante es baja. Por eso, el Plan Patiño prevé penetrar Fuerzas Armadas y Policía con militantes de AP.
6. Quito como centro de la protesta social debe ser desactivado. Al ya no contar con la alcaldía, se hace necesario tener un plan para desgastar al alcalde Mauricio Rodas a través de movimiento VIVE más AP.
7. Los funcionarios diplomáticos de la "cuota política" deben hacer trabajo político acá. El caso específico es el de Ricardo Ulcuango, quien funge como diplomático de Correa en Bolivia, y regresó a Ecuador para agitar y dividir a la Conaie.
8. Los gremios de la  Salud deben estar a favor del Régimen. Patiño pide a la ministra Carina Vance que planee actividades que lleven a romper al gremio más fuerte que ha tenido el correísmo, el de los médicos.  Para esto, Vance dispone crear un grupo dentro del Ministerio para tomarse las Asociaciones de Médicos y la Federación de Médicos.

En Ecuador cada día hay menos abogados dispuestos a defender a quienes el Gobierno de Rafael Correa califica como detractores, golpistas o simplemente protestan para defender sus derechos y rechazar sus políticas. Quienes asumen esa defensa admiten tener miedo, en especial por su familia, pero ratifican su compromiso de seguir al frente de esas causas.  
Linchamiento mediático, acoso judicial, seguimiento en autos, vigilancia en sus casas u oficinas e incluso agresiones físicas y amenazas de muerte sufren los juristas.
Su vida ha cambiado: no salen por las noches, no van a muchos compromisos sociales, cambian a diario sus rutas de ida y regreso y denuncian las amenazas y ataques a través de las redes sociales. Ellos aseguran que estas son las estrategias de protección que han adoptado ante la falta de un Estado protector y garantista de derechos y de una justicia independiente.
“Quizás tenga q desistir de patrocinar a ciudadanos q desean denunciar en Ecuador el caso Hacking Team. He sido amenazado de muerte”.  Este mensaje, que el abogado guayaquileño Juan Vizueta escribió el 12 de julio en su cuenta de Twitter, alerta sobre la persecución que sufren en el país no solo quienes denuncian casos de corrupción, líderes de oposición o ciudadanos que ejercen su derecho a la protesta. También son objeto de amenazas y amedrentamiento sus abogados.
Cuatro  juristas dialogan con Mil Hojas sobre esta situación y coinciden en que, más allá de los riesgos que implica para ellos y sus familias representar a dichas personas, está la defensa de los derechos y las libertades, algo que consideran inherente a su profesión.
Juan Pablo Albán,  Julio César Sarango, Ramiro García y Juan Vizueta también sostienen que, si bien la justicia ecuatoriana siempre ha estado politizada, nunca fue controlada ni estuvo tan sumisa ante el poder como ocurre con el Régimen de Rafael Correa, quien lleva ocho años en el poder. (Leer entrevistas adjuntas con estos abogados).
Obstrucción de la justicia, dilatación de los procesos, aplazamiento de las audiencias, cambio de jueces y fiscales e incluso  multas y sanciones que los tienen al borde de la suspensión,  son algunas de las formas de persecución judicial que  afrontan los abogados a cargo de juicios como los entablados por el Régimen contra el asambleísta Clever Jiménez, su asesor Fernando Villavicencio y el médico Carlos Figueroa; el de los estudiantes del Colegio Mejía, Los Diez de Luluncoto, la maestra Mery Zamora, el ex oficialista hoy opositor Fernando Balda.
A eso se suma el linchamiento mediático del que son objeto por parte del jefe de Estado y otros altos funcionarios en las sabatinas que se transmiten por  radio y televisión y en las diarias cadenas dispuestas por la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom).
Tales acciones han dado paso a la instauración de un estado de indefensión y censura que viola los derechos humanos consagrados en la Constitución garantista de Montecristi, que fue promovida y redactada por el mismo Régimen de Rafael Correa. 
Se contraponen a la Carta Magna  leyes, decretos y reglamentos punitivos, un aparato de justicia parcializado, una Defensoría del Pueblo que guarda silencio.
Incluso instancias internacionales como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Human Rigths Watch y otras  a las que los afectados acuden tras agotar las instancias locales de justicia, son objeto de una campaña de ataques y desprestigio por parte del Gobierno ecuatoriano.
Como si esto fuera poco, el Régimen  es aupado por un ejército de seguidores que ha llevado las amenazas al plano de la violencia a través de las redes sociales, de llamadas telefónicas e incluso de amenazas de muerte que llegan también a los abogados.  Ellos admiten que resulta absurdo decir que no sienten temor, en especial cuando los amenazados son sus hijos, sus esposas, su familia. Sin embargo, aunque han estado a punto de abandonar ciertos casos, aseguran que seguirán junto a quienes dejaron de ser sus clientes para convertirse en amigos. Por ello, los juristas ratifican su compromiso de seguir defendiendo los derechos de quienes consideran víctimas de un Gobierno que, pese a autodenominarse ciudadano, se convirtió en su peor amenaza.

Correa vs. los organismos internacionales
El último informe del Observatorio de Derechos Humanos (HRW en inglés), divulgado el 21 de julio bajo el título “Los tribunales retrasan indebidamente apelaciones de manifestantes”, enfureció al presidente Rafael Correa y al presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh.
En dicho informe, el organismo, que vela por la defensa de los derechos humanos a escala mundial, aseveró que la Justicia ecuatoriana retrasa los procesos de ciudadanos detenidos durante las manifestaciones contra el Régimen  y los acusa de presuntos delitos como terrorismo y sabotaje.
Correa calificó de mentiroso al organismo y a su presidente, el jurista chileno José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas. Según el mandatario, gracias a la reforma en la administración de Justicia, que su Gobierno efectuó a través del referéndum de 2011,   “se han reducido grandemente los tiempos de los juicios, las audiencias fallidas, etc”.
Los argumentos del mandatario contrastan con el informe de HRW que presenta 14 juicios contra líderes de la oposición acusados de sabotaje, terrorismo y daños a bienes públicos durante las marchas efectuadas el año pasado contra su Gobierno.
Según Correa, Vivanco “odia a todos los gobiernos de izquierda de la Región  y HRW se ha convertido en un partido más de oposición para los gobiernos progresistas…El informe de este año da vergüenza ajena (…) Diciendo verdades a medias que son dobles mentiras".
Jalkh dijo que técnicamente el informe es muy malo y deja mucho que desear. En su criterio, hace una confusión jurídica de muchos temas y hace afirmaciones jurídicas sin sustento técnico al sostener que en Ecuador los jueces no aplican el principio de favorabilidad.
Para el jurista Juan Pablo Albán, la queja de HRW sobre la falta de aplicación del principio de favorabilidad y el retardo injustificado en ciertas causas con contenido político contra detractores del Gobierno, está por demás justificada. “Por el contrario, estimo que la reacción del presidente y del señor Jalkh son la típica pataleta a la que estamos acostumbrados cuando son puestos en evidencia”.
Las críticas de Rafael Correa apuntan a todos los organismos que hacen parte del Sistema Interamericano, léase Comisión y Corte de Derechos Humanos, Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA y  a otras organizaciones independientes  que monitorean el respeto a los derechos humanos el mundo.
HRW anota que “con el apoyo de miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), Ecuador continúo impulsando una campaña internacional orientada a socavar la independencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en particular de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Y recuerda que el Gobierno no participó en audiencias públicas sobre Ecuador convocadas por la Comisión, y anunció que no cumplirá las medidas cautelares ordenadas por esta. A ello se suman las constantes amenazas de que Ecuador podría retirarse del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El observatorio dirigido por José Miguel Vivanco quien, por un informe similar Venezuela, en 2008 fue expulsado de ese país por el entonces presidente, el fallecido Hugo Chávez.
Dicho informe, de 267 páginas, HRW tituló "Una década de Chávez. Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela".
Volviendo a Ecuador, el organismo internacional señala, entre otras cosas que, durante años, la corrupción, la ineficiencia y la influencia política han caracterizado al poder judicial de Ecuador. “Con el mandato popular obtenido tras un referéndum efectuado en 2011, el Gobierno de Correa inició un drástico proceso de reforma judicial para abordar estos problemas crónicos. No obstante, como parte de este proceso, el Consejo de la Judicatura designó y destituyó a cientos de jueces, incluidos todos los magistrados de la Corte Nacional de Justicia, a través de mecanismos sumamente cuestionables que debilitan la independencia judicial”.
Eso no es todo. En el informe que puso los pelos de punta a Correa y Jalkh, HRW incluyó extractos de otro publicado en julio por la Fundación para el Debido Proceso Legal, De justicia y el Instituto de Defensa Legal, entes internacionales que documentaron “la habitual intromisión del Poder Ejecutivo en las decisiones judiciales, el uso indebido del sistema penal contra quienes cuestionan políticas del Gobierno y el uso indebido del sistema de disciplina interno del poder judicial para sancionar a jueces que tomaban decisiones inconsistentes con las políticas del Gobierno de Correa”.

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PUNTO DE VISTA
Xavier González Tejada, analista jurídico y abogado penalista en libre ejercicio
La reforma judicial se quedó en la fachada, en la infraestructura
Si bien personalmente no he sido víctima de ningún tipo de retaliación como abogado, conozco de colegas que enfrentan esa delicada situación. Por eso no estoy convencido de que la administración de justicia en el Ecuador haya mejorado. Los cambios se limitan a la infraestructura que ha permitido mejorar en algo la atención al usuario. Es más, me atrevería a asegurar que la administración de justicia se ha estancado.  Se ha implementado el  Modelo  de Gestión Procesal,  que no da pie con bola.  Más bien ha fracasado este sistema. Incluso algunas unidades judiciales, sobre todo en Pichincha, han colapsado.  Es increíble, puedo demostrar documentadamente que el proceso es extremadamente lento, que hay que insistir por varias ocasiones y por escrito sobre un requerimiento judicial. No es posible que para despachar una providencia tengamos que esperar entre dos y tres meses. Esto evidencia un abierto y franco deterioro de la administración de justicia.
Esto ocurre en el ámbito civil, que abarca asuntos laborales, niñez, adolescencia, inquilinato, contencioso administrativo, etc.  Es la forma, la apariencia lo que ha cambiado, pero lo de fondo no ha mejorado con la llamada revolución ciudadana.
Pero, más allá de eso, lo que más preocupa respecto de la administración de justicia es que resulta muy difícil patrocinar casos de personas o grupos opuestos al Gobierno porque conllevan retaliaciones y persecución, algo que viola los derechos consagrados en la Constitución y las leyes promovidas y aprobadas por el mismo Gobierno.
Tampoco es cierto que la justicia sea más ágil ahora. Las causas siguen represadas, nombraron nuevos jueces civiles que tampoco dan pie con bola.  El asunto ha colapsado. Me atrevo a utilizar este término para referirme a la administración de justica en las Unidades Judiciales de la Niñez y la Adolescencia, en las Unidades Judiciales Civiles. No avanzan los procesos, están apilados los escritos presentados por las partes procesales.
En lo positivo, si bien es un avance en la administración de Justicia la creación de la Defensoría Pública y la asesoría gratuita para los sectores más pobres de la sociedad. Esto concuerda con los principios constitucionales que tienen primacía, aunque eso no soluciona el problema de fondo que es la lentitud de la gestión procesal. Eso no despega y evidencia  un estado de indefensión pues la justicia que tarda no es justicia.
Una justicia dinámica, ágil e imparcial también es un derecho constitucional que debe garantizar el Estado. Lamentablemente ese postulado no se cumple. Basta recordar el caso de los estudiantes del Colegio Mejía,  en el que, según se denunció públicamente, algunos implicados, aconsejados por los defensores públicos, admitieron la culpabilidad de un delito que no cometieron, para que les reduzcan la pena.
Esto ocurre porque la mayoría de defensores son abogados que acaban de graduarse y tienen poca o ninguna experiencia y el Estado les paga para que ejerzan la profesión. Eso explica la falta de independencia de poderes. En consecuencia, es el Poder Ejecutivo el que dispone, maneja y ejecuta las acciones judiciales como mejor convenga a sus intereses. Eso se ha evidenciado en el caso de Los Diez de Luluncoto, con el Mayor Fidel Araujo, del que el Consejo de la Judicatura no sabe cómo resolver pues no ha probado los cargos de terrorismo y otros delitos que le imputan.
Todo esto está generando una reacción social.  El jueves 30 de julio se efectuó una protesta convocada por el Colegio de Abogados de Pichincha ante la falta de respuesta del Consejo de la Judicatura a las múltiples exhortaciones y observaciones planteadas ante el hecho evidente de que la reforma judicial, que fue avalada por el pueblo en el referéndum del 2011, se quedó en la fachada, en la infraestructura.

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Juan Vizueta: “Funcionarios del Ministerio de Justicia presionan a los jueces para que dicten los fallos”
El tuit que usted escribió el 12 de julio, en el que denuncia que analiza desistir de representar a personas que quieren denuncian el presunto espionaje de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) a través de un contrato con la firma italiana Hacking Team, generó alerta y temor. ¿Qué pasó, quiénes lo amenazaron?
Lo grave es que no lo hicieron con migo directamente sino a través de mi hija. Eso está generando un conflicto familiar.
¿Cómo ocurrió?
Cercaron a mi hija en la calle y le dijeron: “Dile a tu padre que no se meta en lo que no le conviene. Parece que quiere terminar como el general Gabela”. Asustada, ella me dijo que se quedó paralizada sin saber qué responder y con temor de que le hicieran algo.
¿Dejará esos casos entonces?
En un principio lo pensé. Imagínese lo duro que es que amenacen a través de sus hijos. Con esto logran lo que buscan, generar terror. Pero luego conversé con mi esposa y mis hijos y les dije que, más allá del temor, ese no es momento para la cobardía sino  para defender con más valentía los derechos humanos. Eso es lo que he enseñado a mis hijos toda la vida y, desde hace 26 años, a mis estudiantes universitarios. No puedo hacer lo contrario a estas alturas de la vida.
La Senain niega haber contratado a Hacking Team. ¿Qué gestiones ha efectuado hasta el momento para que las autoridades expliquen el asunto del supuesto espionaje telefónico a líderes de la oposición?
Como miembro del Directorio de la Federación Nacional de Abogados presenté un pedido para que el titular de la Senain, Ronny Vallejo, sea llamado a rendir confesión judicial.
Si es que acudiera ¿Qué pedirá que Vallejo declare?
Él tiene que aclarar el asunto de los correos electrónicos que WikilLeaks publicó, según los cuales, la Senain habría adquirido equipos para interceptar teléfonos inteligentes y computadoras. Recordemos que WikiLeaks es del señor Julián Assange, que es protegido del Gobierno de Rafael Correa y está refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres. La Ley nos faculta para llamar a todas y cada una de las personas involucradas en este supuesto plan de espionaje a ciudadanos. Recordemos que este asunto no es nuevo. Hace 17 meses la abogada Martha Roldós presentó ante la Superintendencia de Comunicación una acción judicial por un presunto delito similar. Lo que hicieron es no darle trámite por haber incumplido una formalidad: no presentar una cédula de identidad. Imagínese a qué extremo hemos llegado. Seguimos esperando que, por este caso,  rinda confesión el director del oficialista Diario El Telégrafo, Orlando Pérez.
¿Qué otros casos bajo su defensa considera que le han puesto en esta situación y le preocupan más?
El caso de la ex dirigente de la Unión Nacional de Educadores (UNE)  Mery Zamora. Mire usted que, tras ser declarada inocente, el fiscal general Galo Chiriboga concurrió ante la Corte Constitucional y señaló que la sentencia había vulnerado los  derechos del Estado y el debido proceso. Con ese argumento solicitó una acción extraordinaria de protección. Lo insólito es que la Corte haya aceptado ese pedido, aunque su actuación no sorprende al aceptar una acción extraordinaria de protección totalmente improcedente e indebida.
¿Por qué es improcedente e indebida?
Cualquier estudiante de Leyes sabe que la protección de los derechos humanos es para los ciudadanos, jamás para instituciones públicas y mucho menos para la Fiscalía General del Estado. El profesor Emilio Romero Parducci escribió un artículo en diario El Universo, en el que apoya nuestra posición y recuerda que la Fiscalía no tiene derecho a la salud, a la vida, a la educación. Más bien enfatiza que es el Estado el responsable de proteger a los ciudadanos de los abusos del poder.
¿Qué derechos de Mery Zamora viola esa calificación de la Corte? 
Esta acción extraordinaria de protección fue pedida por Galo Chiriboga, ex abogado personal del presidente Rafael Correa en el juicio contra el Banco Pichincha, ex ministro de Energía y Minas,  ex embajador en España y, por último, su pariente.  Nada raro resulta entonces que la Corte Constitucional haya calificado ese pedido totalmente infundado.  (Nota del editor: En junio del 2014,  la Corte Nacional de Justicia (CNJ), mediante sentencia, ratificó la inocencia de Mery Zamora, acusada de terrorismo y sabotaje por su supuesta participación en la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010).
¿Hay conflicto de intereses, abuso de poder…?
Por supuesto y, finalmente, remiten el caso al Consejo de la Judicatura, en donde el fiscal Antonio Gagliardo pide nuestra suspensión por el lapso de seis meses. Tengo conocimiento de que está lista la acción para suspendernos a Pedro Granja, Silvio Enríquez y yo, que defendimos a Mery Zamora.
¿Usted denuncia persecución judicial? 
Cómo más se puede llamar a este tipo de acciones, pero no es la primera vez ni el único caso. Lo mismo sucedió con el juicio de la hacienda La Clementina. Como defensores del abogado Álvaro Noboa, denunciamos una serie de irregularidades por parte del Servicio de Rentas Internas (SRI) que efectuó un proceso viciado. Incluso el depositario había comenzado a vender bienes y ganado a su antojo, como si fueran de su propiedad. Mostramos a los medios de comunicación que este señor había sacado facturas personales, lo cual es ilegal.
¿Qué hicieron al respecto?
Presentamos la denuncia en la Fiscalía y ésta mando un oficio al juez para que iniciara una causa contra el depositario judicial. Luego, el fiscal general Galo Chiriboga pidió que envíen el caso a Quito. Hasta el día de hoy no devuelven el proceso. Más bien nos demandaron por el supuesto delito de sabotaje en una publicación y unas declaraciones que hicimos. Eso hemos padecido a lo largo de todos estos años. Por cualquier mecanismo se nos trata de intimidar, de amedrentar.
¿Amenazas anteriores?
Sí, en el caso del señor Galo Lara. El señor Alex Cedeño, que declaró haber escuchado que Lara había amenazado de muerte, fue detenido por estar vinculado a un crimen. Incluso la Policía y el gobernador de Los Ríos informaron haber capturado a uno de los hombres más peligrosos de la provincia. A ese señor lo denunciamos ante los jueces porque en la audiencia nos amenazó de muerte. Eso está publicado en los medios, pero la Fiscalía no dice nada, más bien lo llevó a Quito para que declare en el juicio contra Galo Lara, pero su testimonio fue descartado por falta de pruebas.
¿Está llegando el país a un estado de indefensión?
Evidentemente, porque tenemos jueces sumisos, no hay derechos para los ciudadanos. Usted acude a una audiencia en la que el Gobierno tiene interés y se encuentra con delegados del Ministerio de Justicia sentados en las salas de audiencias presionando a los jueces para los fallos.
¿Cite un ejemplo?
Hace unos tres meses, en una audiencia porque a Galo Lara le acusaron de tener un celular en la celda, pese a que la persona de la celda contigua en la Cárcel de Latacunga aseguró que el celular es suyo y mostró la factura de la compra, un policía se lo quitó. Y terminaron sentenciándolo. Lo burdo de esto es que, en la audiencia, un señor del Ministerio del Interior hacía gestos con la mano para que el juez termine la audiencia y dicte sentencia. A ese punto hemos llegado en el Ecuador.
¿Desde cuándo se viene dando esta situación?
Desde diciembre de 2012 venimos recibimos una serie de amenazas que han cambiado nuestra vida. No podemos salir con la misma confianza. Tengo terror por mis hijos, no sabría qué hacer, me volvería loco si algo les llega a pasar. Pero, aun así, no es el momento de cobardías. Eso es lo que he enseñado a mis hijos y, desde hace 26 años, a mis estudiantes universitarios. No puedo hacer lo contrario a estas alturas de la vida.
¿Cuál es la salida?
Que el Gobierno deje el autoritarismo y quiera controlarlo todo, que nos permita vivir en democracia, que se respete el estado de Derecho, que los abogados podamos ejercer libremente y, sobre todo, que tengamos jueces idóneos e imparciales. Hoy no tenemos esa garantía constitucional básica para una sociedad libre y democrática. Como es no ocurre,  acudiremos a las calles. Ese es el último recurso y el más efectivo para defender los derechos humanos. Es el último reducto que nos queda y lo vamos a utilizar.
¿Es decir que los abogados plegarán a la movilización y paro nacional que convocados para el 13 de agosto?
Así es, nos vamos a sumar como abogados. Así lo resolvió el Consejo Nacional de la Abogacía, sede Guayaquil. Vamos a apoyar el paro convocado por los trabajadores y los movimientos indígenas y sociales. Ya se han sumado los médicos, los abogados también calentaremos las calles en este momento triste de la historia.

Acoso judicial a Juan Vizueta
1. Denuncia del ex Director del Servicio de Rentas Internas, Carlos Marx Carrasco, contra el abogado Juan Vizueta y su socio Pedro Granja Angulo, por presunto delito de Rebelión. La causa fue  una publicación que realizaron en el diario El Comercio, en la que los acusan de expresiones injuriosas, amenazas al Depositario Fiscal, al Recaudador y al Secretario de Coactivas del SRI,  dentro del proceso coactivo contra Exportadora Bananera Noboa.
2. Sumario administrativo iniciado por el Consejo de la Judicatura contra los abogados Juan Vizueta, Pedro Granja Y Silvio Enríquez Toala para suspender su ejercicio profesional. La causa  fue un escrito dentro del caso de la maestra Mery Zamora en el que cuestionan el proceder de la Corte Constitucional, por haber emitido un auto de admisión de la acción extraordinaria de protección presentada por el fiscal general Galo Chiriboga.
3. El abogado Pedro Granja, socio de Juan Vizueta, denunció ante la Fiscalía que fue agredido con golpes de puño por desconocidos, a la medianoche del 9 de julio del 2013, en la ciudadela 9 de Octubre de Guayaquil, cuando salía de casa de su padre. Tres sujetos a bordo de dos motocicletas lo interceptaron, uno de ellos lo insultó mientras otro lo agredió con golpes de puño. Quedó tendido en la vereda hasta que moradores lo auxiliaron.

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Ramiro García: “Imaginemos lo que significa, en un Gobierno autoritario, ser insultado por el Presidente en 12 sabatinas”
Ramiro García es Doctor en Jurisprudencia por la PUCE y máster  en Ciencias Penales por la Universidad Externado de Bogotá. En Buenos Aires realizó un posgrado en Derecho Penal y se  doctoró en esa materia en la Universidad de Sevilla. Es el único especialista en Derecho Penal que tiene el Ecuador.
¿Ha sido usted objeto de persecución por defender a personas enjuiciadas por el Gobierno como golpistas?
Soy vicepresidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Desde esa posición gremial y como abogado en libre ejercicio denuncio un embate de parte del Consejo de la Judicatura (CJ) que difundió facsímiles contra el presidente y vicepresidente del Colegio.
¿Tiene pruebas?
Solo se puede poner en los casilleros judiciales papeles que el Consejo autoriza. Un día, todos los abogados encontramos un pasquín contra nosotros. A ese nivel de bajeza se ha llegado. Y no es sólo eso. En mi caso, voy como 12 sabatinas en las que he sido nombrado por el Presidente de la República como seudo penalista,  seudo abogado,  odiador y otros epítetos.
¿Qué implicaciones tiene esto en su vida profesional y familiar?
Imaginemos lo que significa, en un país con un Gobierno autoritario, ser insultado por el Presidente. Ser objeto de los odios gubernamentales no es la posición más cómoda.  Tengo un hijo de 13 años que ve a su padre nombrado con insultos en la sabatina. Eso tiene una implicación familiar, por supuesto.
¿Ha recibido amenazas?
He tenido reclamos directos de gente allegada al Gobierno en diferentes tonos, pero no voy  a hacer referencia a nombres, por obvias razones. Han habido advertencias, amenazas que, por supuesto, no han mermado ni en un ápice mi posición.
¿Cuántos años de ejercicio profesional tiene? ¿Recuerda una época como la actual?
Jamás hemos tenido algo parecido a esto. Si bien nuestra justicia siempre fue políticamente débil y dependiente, jamás habíamos tenido esos niveles.
¿Qué casos considera que lo han puesto en esta situación? ¿Se siente vulnerable?
Varios, varios. He sido abogado de Los Diez de Luluncoto, por ejemplo.  También de Fernando Villavicencio….
¿Hay abogados en la mira del poder?
Por supuesto. Y puedo afirmar también que hay una campaña de amedrentamiento contra los abogados que nos atrevemos a defender los derechos humanos de las personas afectadas por el poder.
¿Siente temor? ¿Ha pensado abandonar los casos?
Más de una vez el entorno familiar ha presionado para que deje unos casos y no tome otros. Profesionalmente eso no es posible. Imagínese, soy el único PHD en Derecho Penal en el país. Habría sido más conveniente para mí plegarme a cualquier Gobierno, jugar del lado del poder, legitimar con mis conceptos sus actuaciones y ser usufructuario de las mieles del poder, pero jamás lo haría.
Cada vez son menos los abogados dispuestos a tomar casos polémicos como los que usted defiende. ¿Considera que el país está llegando a un estado de indefensión?
Por supuesto. El derechos a la defensa consagrado de la Constitución depende de que haya abogados que quieran defenderlo, caso contrario no se lo puede ejercer. En la medida en que se reduce el número de abogados que quieran defender casos contra el poder, simplemente la gente que es atacada por el Gobierno no puede defenderse. Es así de sencillo.
Para eso están el Defensor del Pueblo, los jueces, los fiscales…
En situaciones normales eso sería lo lógico, pero a ellos los designa el poder gubernamental. Recordemos el caso de los defensores de los estudiantes del Colegio Mejía. Algunos de ellos se declararon culpables, pese a no serlo, porque se les ofreció una sentencia reducida. Eso les aconsejaron los defensores públicos, que reciben un sueldo del mismo poder que ataca.
¿Hacia dónde va el país?
Se han comido de tal manera la institucionalidad que la gente ha reaccionado y está tomando las calles como única vía de defensa y desfogue. Por eso van creciendo cada día las movilizaciones. 
¿El Colegio de Abogados hará algo para respaldarlos?
En las próximas semanas el Colegio de Abogados de Pichincha emitirá un comunicado en el que planteamos los puntos que se deben abordar si es que en realidad se quiere promover un diálogo nacional, como pide el presidente de la República.
¿Qué está pasando con la administración de justicia?
Hay un sistema de persecución institucionalizado en lo procesal. En la actualidad, las garantías constitucionales y el debido proceso dependen de que el Consejo de la Judicatura no remueva a los jueces y les deje trabajar. Estamos viviendo, por ejemplo, cosas que son alucinantes como el caso Sharon, en el que suspenden a los jueces días después de haber emitido su fallo y ahora no hay quien dicte la sentencia por escrito. Ese tipo de cosas son irracionales. Entonces vemos que en el Consejo de la Judicatura no sólo tenemos jueces incondicionales con el poder sino además gente que desconoce totalmente el Derecho. Esa es una combinación complicada.
¿Cuáles son los riesgos para la gente, para el país?
Si los defensores de los derechos humanos se encuentran en riesgo significa que estamos llegando a un nivel de arbitrariedad que resulta insostenible para el propio Gobierno.
En estos días el abogado Juan Vizueta escribió un tuit en el que indicó que analiza dejar de representar a personas que denuncian el caso Hacking Team porque ha recibido amenazas de muerte. ¿Qué reflexión le merece esto?
Yo también he recibido amenazas de muerte, pero seguiré defendiendo los derechos y libertades de la gente aotropellada por cualquier tipo de poder. Es totalmente entendible cualquier temor de un abogado, pues no se trata sólo de nosotros sino de nuestras familias. Hay que preguntar a qué nivel estamos llegando cuando el poder ataca a una persona como ocurrió con el señor de Crudo Ecuador, a quien le dejaron un ramo de flores a la casa donde estaba de vacaciones.
¿A qué nivel piensa usted que estamos llegando?
Son actitudes mafiosas que denotan mucho miedo del poder a las personas que actuamos dentro de la institucionalidad.
¿Cómo mira el panorama futuro en Ecuador?
Muy complicado para todos, empezando por el Gobierno. Yo creo que es el Gobierno el que la tiene más difícil por sus propias acciones, porque  se ha comido una enorme popularidad, una popularidad sin precedentes, por su accionar arbitrario. Nadie está en contra de las obras de infraestructura, de vialidad, ni de las cosas positivas que hace este Gobierno. El problema es que las cosas negativas terminan afectando los derechos humanos y eso puede remover a todo un país. Eso es lo que está sucediendo ahora. Vemos que las reivindicaciones de todos los sectores que están protestando tienen que ver con derechos y libertades. Eso no se mide en kilómetros de asfalto.

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Julio César Sarango: “Mi vida y la de mi familia están en riesgo, pero seguiré defendiendo derechos”
Julio César Sarango es doctor en Jurisprudencia por la Universidad de Loja y especialista en Derecho Penal y Criminología Indígena por la Universidad Regional Autónoma de los Andes (Uniandes)
Tiene 17 años de trayectoria profesional y ha dictado decenas de conferencias sobre Derecho Civil, Penal y otras materias jurídicas en varias provincias del país.
Algunos  abogados que defienden a ciudadanos que protestan o a líderes de la oposición enjuiciados por el Gobierno denuncian que también están siendo perseguidos en Ecuador. ¿Es su caso también?
Estoy sumamente preocupado por la administración de justicia, por el respeto al debido proceso. Eso está totalmente desequilibrado. Está supremamente lejos de estar en el Estado constitucional de derechos. Es la primera vez que me pasa. En este Régimen no he podido ejercer mi profesión como abogado tranquilamente.
¿A qué casos se refiere?
Al de la señora Guadalupe Llori, ex prefecta de Sucumbíos; al de Radio Arutam (shuar); al caso del asambleísta Pepe Acacho; al de los ciudadanos Carlos Figueroa (médico), Fernando Villavicencio, activista político; y del asambleísta Clever Jiménez.  En el caso de los estudiantes del Colegio Mejía me hicieron una cadena diciendo que soy un abogado mentiroso. Me iniciaron un sumario administrativo en el Consejo de la Judicatura por pedido del Ministerio del Interior. En ese proceso, pese a que presenté todas las pruebas de descargo ante la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura y a que no tuvieron forma de probar que había infringido la ley, el Ministerio del Interior apeló ante el Pleno del Consejo y el proceso sigue ahí. Es decir, utilizan todo el aparataje estatal para irse en contra de una persona de a pie.
¿Cuántos años de ejercicio profesional tiene? ¿Ocurría lo mismo en gobiernos anteriores?
Tengo 17 años de ejercicio y no tuve ningún problema con los gobiernos de Lucio Gutiérrez, de Gustavo Noboa, de Alfredo Palacio. Se ejercía la profesión de manera tranquila, en paz. Es una cuestión aberrante que la autoridad, que el Estado persiga también al abogado de las personas a las que acusa, cuyos derechos están consagrados en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales.   
¿Por cuál caso ha sido objeto de mayor persecución?
Por dos. Últimamente el caso de los muchachos del Mejía, eso fue tenaz. Nos amedrentaron, nos dijeron que nos iban a enjuiciar penalmente. Nos iniciaron un sumario administrativo en el Consejo de la Judicatura y eso está en apelación todavía. En el caso de Clever Jiménez me corren traslado de un escrito que presenta la parte contraria. Yo contesto y le digo al señor juez que, de acuerdo al artículo 142 del Código Orgánico de la Función Judicial, no es competente para ejecutar la sentencia porque los procesados gozan de fuero. Deben ser los jueces de primer nivel, es decir de los juzgados de garantías penales. Los jueces nacionales hacen de primera instancia, no de primer nivel. Es decir, para que capturen a Clever Jiménez, Fernando Villavicencio o Carlos Figueroa, tenía que encargarse a un juez de primer nivel con ayuda de la Policía. Es decir, la carpintería la hacen los jueces de menos rango, los señores de la Corte Nacional ya no hacen eso. Así lo dice el artículo 142. Y le digo al señor juez: “Si usted no cumple la ley podría estar inmerso en el artículo 172 de la Constitución de la República, que establece sanciones civiles y penales por violar la ley. Eso le ha herido tanto al señor juez Luis Enríquez, que dice que le estoy haciendo amenazas contumaces, por actuar en Derecho. Primero me multa con un cuarto del salario mínimo y luego manda un oficio para que el Consejo de la Judicatura me inicie un sumario administrativo.
¿Cuándo dictó la multa?
Hace mes y medio. Luego me corren traslado nuevamente de una contestación que presenté, en la que, en Derecho, le digo que no es juez competente toda vez que fue él quien, como juez, acusó de magnicidio a los policías en el caso del 30 de septiembre (30-S)
¿Por qué razón no es competente?
Porque si está defendiendo al señor presidente en el juicio contra el asambleísta Jiménez debió excusarse porque fue fiscal en el caso 30-S que tiene relación con este nuevo juicio por injurias. Por ética debió excusarse. Y por decir eso me acusa de amenazas contumaces y me manda a multar con cinco salarios mínimos y me inicia otro sumario administrativo en el Consejo de la Judicatura.
¿Correa el riesgo de que le quiten su matrícula profesional?
Por supuesto. Tengo tres sumarios administrativos solo por defender derechos. También han oficiado al Consejo de la Judicatura para que me cobren las multas. Es terrible.
¿Qué hará: pagará, apelará….?
Agotaré todas las instancias necesarias.
¿Cree que le darán la razón?
Bueno, la multa me impone directamente el juez, pese a que no es competente para establecerlas. Eso evidencia claramente el tipo de régimen en el que nos encontramos. Toda persona debe ser enjuiciada, multada o condenada siguiendo el debido proceso. Pero, el señor coge y multa como si estuviéramos en un régimen dictatorial de imposiciones. Y me ponen dos condenas al mismo tiempo. Eso es un amedrentamiento para que no siga presentando escritos. Todo esto es un sufrimiento, no puedo ejercer la profesión de manera libre y tranquila. Tengo que estar exclusivamente a merced de lo que ellos dicen y supeditado a lo que ellos quieren escuchar. Si me baso en el Derecho me multan.
¿Ha pensado en abandonar esos casos?, ¿Hay presión y temor familiar?
Totalmente. A veces he pensado hacerlo, es cierto porque me siento sin protección. Soy un ciudadano de a pie. Tranquilamente me pueden hacer daño y ¿quién me defiende a mí?
¿Ha recibido amenazas?  
Claro. Una vez me quisieron golpear el carro, cerca del aeropuerto. Yo pensé que me iban a robar, pero no fue así. Otra vez, cuando viajaba de Santo Domingo a Chone, un carro me siguió y me quiso cruzar. Gracias a Dios avanzamos rápido y no nos alcanzaron. Eso sucedió hace un mes. Estoy muy preocupado y estresado. Clever Jiménez me pidió que le ayude con una diligencia previa sobre un caso de hackeo de cuentas, pero tengo que pensarlo dos veces porque mi vida y la de mi familia están en riesgo, pero seguiré defendiendo derechos. Estoy sumamente preocupado. Una cosa es contarlo, otra es vivirlo.
Si eso ocurre, la gente no tendrá quien la defienda
Hay momentos en los que uno flaquea y no quiere seguir, pero mi decisión está tomada: seguiré hasta que pueda, haré todo el esfuerzo que sea necesario para seguir defendiendo los derechos de mis patrocinados. Seguiré hasta el final y, si algo me pasa, ya sabemos quién puede atentar contra mi vida, contra mi ejercicio profesional, contra mi familia. Es este régimen.
¿A quién responsabiliza directamente?
Directamente al Gobierno. Lo digo enfáticamente porque cuando uno sale en alguna marcha, mucha gente toma fotos y hace videos para identificarnos.
¿Conoce de otros abogados que estén en situación similar?
Claro. El doctor Gonzalo Realpe. Con él asumimos la defensa en el caso de los estudiantes del Colegio Mejía. Él también ha sido amedrentado y tiene un sumario administrativo. Muchos abogados estamos en esa situación. Hay gente que me dice que me retire, que la familia es primero.  Yo sé que la familia está primero pero los principios son los que cuentan.
¿Cuántos hijos tiene?
Tres, uno de 26, otro de  22 y el último de 16 que padece cáncer, detectado hace tres meses. Ha sido una situación súper difícil, créame. Otro hijo falleció por un tumor cerebral. Es lamentable pero tengo que seguir, no puedo quedarme con los brazos cruzados y dejar en la indefensión a mis clientes.
¿Qué tipo de ataques o amenazas han sufrido usted y su familia?
Tengo el conocimiento fidedigno de que en todas las Judicaturas en que presente demandas, denuncias o cualquier acción, tienen la disposición de hacerme perder los juicios. Esto  lo he venido sufriendo durante estos dos últimos años, puesto que todos los juicios, por más fáciles que sean, terminan negándome los derechos. Todos los juicios los vengo perdiendo. Además mis teléfonos celular y convencional de la oficina y los de mis compañeros se encuentran intervenidos. Por eso nos cuidamos de tratar lo básico y esencial.
¿Cómo ve el futuro?
La gente no reacciona por el miedo, por el temor.  Los jueces también tienen temor. Hay jueces que están conscientes de que no hay infracción cometida por algunos acusados pero, cuando se pronuncian en las sabatinas, cambian de criterio. Recordemos el caso Duzac. El señor presidente Rafael Correa, desde el ex Penal García Moreno dijo que los señores directivos del banco Cofiec eran personas ingenuas, que fueron engañados. Eso fue un sábado y el lunes o martes de la semana siguiente fueron liberados porque declararon la nulidad del proceso. Ahí vemos cómo está manejada la justicia pero, el valiente es valiente hasta que el débil se decide. Yo creo que el pueblo está cansado de este tipo de acciones. La justicia es totalmente deficiente. Ahorita tenemos seis jueces de la Sala de lo Penal y hay cualquier cantidad de causas que no son despachadas.
¿Qué pasa con las leyes internacionales y los tratados que el Gobierno suscribió y se comprometió a respetar?
Solo cuando le conviene. Mire, el Ministerio de Justicia, cuando estaba encabezado por la señora Johana Pesántez, pidió medidas cautelares para Nelson Serrano. La Corte de Justicia de Estados Unidos, sin ser suscriptora de la Comisión Interamericana, suspendió la pena de muerte. El señor Serrano sigue vivo gracias a eso. Ahí el Ministerio de Justicia vela por el derecho de un ecuatoriano, como debe ser. Pero, cuando le toca al Estado ecuatoriano acatar medidas cautelares a favor de Clever Jiménez, dice que la Comisión es politizada, que sirve al Imperio y que no acatan. Hay el Decreto 1317 firmado por María Isabel Salvador como canciller, por el señor Gustavo Jalkh cuando era ministro de Justicia, en la que dicen que se acaten todas las medias y acuerdos del Sistema Interamericano. Ahora se van por encima de este decreto.
Así las cosas, ¿apelar o interponer recursos  internos son un mero trámite para agotar las instancias de la justicia nacional, pues no hay confianza en ella?
Por supuesto, lo hago para agotar el trámite interno para luego llevar los casos a las cortes internacionales.
¿O tiene la esperanza de que algunos jueces actúen apegados al Derecho?
Le soy muy sincero. Yo no tengo ni el 0,01% de esperanza. Estoy totalmente convencido de que aquí no hay esperanzas.
Pero el accionar de las cortes internacionales es lento…
Demasiado lento, pero tenemos que defendernos. Lo peor sería no hacer nada. De alguna manera, alguien debe escuchar, aunque sea para que no duerman tranquilos.
Está decidido ¿seguirá al frente de estos casos?
Soy uno de los primero abogados que, hace ocho años, cuando el presidente Rafael Correa gozaba de una gran credibilidad,  luchó contra las injusticias del caso Dayuma, de la persecución a la señora Guadalupe Llori. Desde entonces lucho contra la concentración de poderes. Muchos políticos no creían, decían que Correa va a sacar de la pobreza a la gente de a pie. Yo decía no, porque veía venir esa forma de  manejar la justicia, de pretender ser la única voz, la única palabra, la única verdad. Yo advertí  esos hechos y actos, no creí en el proyecto político. El tiempo me ha dado la razón. Espero que los trabajadores, los artesanos, la gente se den cuenta de que tenemos que defender las libertades. Lucharé hasta el final por eso. Me preocupa la patria, los ciudadanos, los individuos que estamos viviendo en un país anárquico, sin seguridad jurídica, sin respeto al debido proceso. En dos años habrá un proceso electoral, esperemos que el pueblo razone su voto.
 ¿Los abogados que están siendo perseguidos han pensado unirse  y hacer algo al respecto?
Cuando el poder está de por medio, los oídos son sordos. Si el criminal tiene derecho a un juicio justo, incluso quienes han cometido genocidio o juicios de lesa humanidad tienen derecho a juicios justos desde hace miles de años. Ahora, los defensores somos perseguidos, insultados, calumniados. Debemos tener valor, cualquier rato dejamos la tierra pero quedan nuestras acciones. Es un honor haber defendido los derechos humanos de mis clientes. No me importa ir a la cárcel, no me importa si me quitan la matrícula del Consejo de la Judicatura para ejercer mi profesión. Algún rato el poder cambiará y vendrán personas democráticas que revisarán esas resoluciones y restituirán nuestros derechos.
Retaliaciones jurídicas en los procesos que maneja Julio César Sarango
DENUNCIA NO. 2424-2014 ESTUDIANTES DEL COLEGIO MEJÍA
Tras asumir la defensa de los estudiantes del Colegio Mejía, el ministro del interior, a través de su delegado, el abogado Diego Fuentes Acosta, coordinador general de Asesoría Jurídica de esa cartera, en octubre del 2014 interpone un sumario administrativo ante el Consejo de la Judicatura para que se le suspenda el ejercicio profesional.
En junio del 2015 fue negado por falta de legitimación activa, porque se planteó la denuncia violando el reglamento. No obstante, esta resolución fue apelada por el denunciante ante el Pleno del Consejo de la Judicatura. Pese a que la ley establece que solo se puede apelar las resoluciones emitidas por el director regional del CJ más no  por los directores provinciales, ha sido aceptada la apelación, bajo el argumento de que no existen direcciones regionales.
CAUSA PENAL NO. 826-2012, CONTRA EL ASAMBLEÍSTA CLEVER JIMÉNEZ
El 1 de junio del 2015, el juez nacional  Luís Enríquez dispone que se remitan los escritos presentados por Julio César Sarango para que se investigue su actuación. La causa: haber contestado a los traslados que el mismo juez  corrió y por indicarle que, al asumir una competencia que no le otorgaba el art. 142 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), estaría incurriendo en perjuicio, delito establecido en el art. 172 de la Constitución.
El mismo juez Enríquez, el 24 de junio del 2015, al insistirle que remita la causa a un juez de primer nivel para que ordene la ejecución de la sentencia, ya que él no es competente para ordenar esta ejecución por ser juez de primera instancia y no de primer nivel, manifiesta que, como defensor he litigado en forma contumaz y ordena que se ponga en conocimiento ante el Consejo de la Judicatura, supuestamente por haber inobservado el art. 293 del COFJ.
Multas en esta causa:
El 01 de junio del 2015, el juez nacional Luis Enríquez multa a Sarango con la quinta parte de la Remuneración Básica Unificada (RBU). 
El 24 de junio del 2015 impone la multa de cinco RBU remuneraciones básicas unificadas, por insistir que no viole la ley.
En las dos causas penales, Julio César Sarango también  ha sido amenazado con sanciones previstas en el COFJ.

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