Autor: mh

La violación se utiliza en conflictos como una estrategia militar deliberada y en cuanto empiezan los disparos, es la causa principal de miedo para mujeres y niñas. 

Tienen razón en tener miedo. Es fundamental La violencia sexual en los conflictos está aumentando en todo el mundo; en un informe del Consejo de Seguridad de la ONU, se identificaron en el mundo 49 agentes, estatales y no estatales, como sospechosos de haber cometido, o de haber sido responsables de violación u otras formas de violencia sexual en situaciones de conflictos armados en 2021.

El testimonio de una mujer de la región de Equatoria Central, en Sudán del Sur, describe una situación que, por desgracia, resulta demasiado común. Atacada por soldados en su propia casa, contó: “Después de que un hombre me mordiera, otro me apuntó directamente al pecho con la pistola y me dijo que, si no los aceptaba, me mataría”. Esta violación a sus derechos humanos ocurrió delante de sus hijos aterrorizados.

La violencia sexual y de género aumenta siempre que hay un conflicto armado, porque el miedo, el caos y la confusión crean condiciones perfectas para los agresores. Los conflictos armados agudizan las desigualdades de género que repercuten exacerbadamente sobre mujeres y niñas en todo el mundo, aumentando los niveles de violencia a los que de por sí ya están expuestas. La ruptura de normas sociales, de las restricciones legales y de protección común, otorga a los hombres armados la oportunidad de aprovecharse de las mujeres, niñas, niños, y adolescentes vulnerables. A menudo lo hacen como una táctica intencionada para aterrorizar a la población.

Los conflictos y los desastres naturales separan familias y desplazan a mujeres, niñas, niños, y adolescentes, obligándolos a trasladarse a campos de refugiados y otros entornos inseguros. Los separan de sus comunidades, estructuras sociales y redes de apoyo, así como de los servicios sanitarios y sociales.

En estos entornos las mujeres y niñas tienen más probabilidades de sufrir violencia de género y se vuelven extremadamente vulnerables a abusos físicos, sexuales y psicológicos. De hecho, de los casos de violencia sexual en conflictos reportados durante 2021, el 97% fueron de mujeres y niñas.

Las mujeres, niños, niñas, y adolescentes migrantes también se enfrentan a un mayor riesgo de violencia de género debido a la falta de rutas de migración seguras y reguladas. Esto se ve agravado por la falta de acceso a servicios básicos e información, incluida la relacionada con sus derechos, así como por barreras lingüísticas y acceso limitado o nulo a un trabajo decente y a oportunidades educativas. Una evaluación realizada entre personas migrantes y refugiadas en la frontera entre Colombia y Venezuela clasificó la atención y la prevención de la violencia sexual y de género como una de las 10 principales necesidades insatisfechas en materia de salud sexual y reproductiva.

Una revisión de 19 estudios estimó que el 21% de las mujeres desplazadas sufrieron violencia sexual. Sin embargo, es probable que la cifra real sea mucho mayor, ya que el registro de los incidentes es irregular y las mujeres suelen tener miedo a hablar por temor al estigma social.

En circunstancias de desesperación, las mujeres, niñas y adolescentes pueden verse obligadas a intercambiar sexo por comida, dinero y otros recursos necesarios para sobrevivir. Hasta un tercio de las niñas que viven en un entorno de crisis humanitaria afirman que su primera relación sexual fue forzada.

Pero los conflictos armados no son el único motor de la violencia sexual y de género. Las emergencias sanitarias, en particular la COVID-19, y las catástrofes naturales, incluidas las ocasionadas por el cambio climático, son también factores importantes. Antes de la pandemia, una de cada tres mujeres en el mundo había experimentado violencia física o sexual por parte de una pareja íntima. En 2021, una evaluación realizada por ONU Mujeres en cuatro  países descubrió que más de la mitad de las mujeres encuestadas declararon que ellas, o alguna mujer conocida, habían sufrido violencia física y abusos verbales desde que inició la pandemia.

La COVID-19 también ha interrumpido los servicios sanitarios esenciales y ha desviado recursos hacia la respuesta a la pandemia. Las barreras para reportar y acceder a servicios, incluyendo estigma, miedo a represalias y un estado de derecho frágil han existido desde hace mucho tiempo, pero se han intensificado debido a la pandemia. Adicionalmente, las restricciones de movilidad debido a la COVID-19 no permiten a las supervivientes de violencia sexual acceder a servicios esenciales. 

El cambio climático y las catástrofes naturales provocan pobreza, desplazamientos, conflictos y pérdida de acceso a la educación. Llevan indirectamente a un aumento en el matrimonio infantil, reconocido por el derecho internacional como una forma de violencia de género.

Por desgracia, el matrimonio infantil es solo una atrocidad más de una larga lista. Durante 2018, la ONU verificó más de 24.000 violaciones graves contra niños, niñas y adolescentes en veinte países, incluyendo el reclutamiento de niños soldados, asesinatos o mutilaciones y agresiones sexuales o secuestros.

Acciones dirigidas

Estas atrocidades no desaparecerán por sí mismas. Necesitamos urgentemente acciones e intervenciones específicas para prevenir y responder a la violencia sexual y de género, especialmente en entornos frágiles y de crisis humanitarias, respetando los derechos humanos universales y el derecho internacional humanitario. Los y las supervivientes requieren servicios específicos de salud sexual y reproductiva y atención social, así como participar en la toma de decisiones. Sin embargo, como demuestran los datos, a menudo no se dispone de esa atención o no es accesible. Asimismo, exigen justicia y rendición de cuentas por parte de los perpetradores. Pero la mayoría de los crímenes son impunes, no hay consecuencias para los responsables y los supervivientes se ven sin reparaciones ni remedios.

A nivel global, es necesario un esfuerzo multilateral y sistemático para acelerar la respuesta y prevenir la violencia sexual y de género, reforzando la colaboración internacional para lograr salud y derechos sexuales y reproductives de forma integral para toda la población, incluyendo la prevención. También se debe asegurar la respuesta a supervivientes con una perspectiva de género y de edad, alineado con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. 

En el ámbito nacional, los países deben crear políticas y concentrar recursos para proteger la salud física y mental de personas refugiadas y en desplazamiento, así como de otras personas en riesgo de violencia sexual debido a conflictos armados. Las medidas deben integrarse en un programa global de salud y derechos sexuales y reproductivos, que proteja el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva en todos los entornos, incluidos en los de respuesta humanitaria. También son necesarias las medidas para promover la rendición de cuentas y reducir la impunidad de los perpetradores.

Los países deben destinar inversiones a largo plazo y elaborar planes de protección social con el fin de integrar esta agenda en su respuesta humanitaria de emergencia y programada, incorporando este enfoque en todos los sectores de actuación. Esto incluye inversiones en el fortalecimiento de capacidades, el análisis y seguimiento de datos, la formación esencial de los y las trabajadoras sanitarias y la creación de un entorno propicio y seguro en el que estos y estas puedan trabajar.

Nos enfrentamos es una “plaga” global de violencia sexual y de género, que se alimenta del caos anárquico de los conflictos armados, de la perturbación sin precedentes que ha generado la COVID-19 y de la creciente destrucción ocasionada por el cambio climático.

El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer ha elaborado una guía sobre las dimensiones relacionadas al género de la reducción de riesgos por desastres en el contexto del cambio climático y las mujeres en la prevención de conflictos, situaciones de conflicto y posteriores a los conflictos. Tenemos las herramientas para acabar con esta plaga, pero será necesario abordar el problema a través de alianzas en todos los niveles. Nuestras acciones deben estar guiadas por los principios clave de derechos humanos – igualdad y no discriminación, participación y empoderamiento, rendición de cuentas, así como acceso a la justicia. Ningún aporte individual tendrá el impacto necesario por sí mismo; todos los sectores y actores relevantes deben contribuir a erradicar la violencia sexual y de género en conflictos armados y entornos humanitarios.

¿Hasta cuándo ganará  el cálculo de la renta electoral en la respuesta que los líderes locales le otorgan y le deben otorgar a la lucha contra este tipo de delincuencia?  ¿Qué elementos deben tomarse en cuenta para  que alcaldes y funcionarios de los gobiernos autónomos descentralizados tomen el lugar real que les corresponde y ejecuten de una vez una efectiva política pública preventiva?

¿Cuáles son los  motivos detrás de la omisión del CIES en formar parte del gabinete Estratégico conformado por el Decreto 536 y, con esto dejar sin análisis prospectivos al Estado, al tomar decisiones de alta relevancia en materia de seguridad?

Sabemos ya que el Estado ecuatoriano por décadas construyó una serie de condiciones estructurales de desigualdad social, que privaron de su misma presencia real a territorios importantes del país; que ese mismo Estado ejerció y sigue ejerciendo violencia estructural contra los sectores más vulnerables de la población.

Conocemos que las estructuras de delincuencia organizada llenan el espacio dejado por el Estado, y al hacerlo ganan la fidelidad de la población, pues reclutan a personas vulnerables dentro de sus filas. El resultado de estos hechos se refleja en la ausencia del imperio de la Ley en barrios, sectores y ciudades completas.

Deja ver su lado humano en aquellas personas privadas de libertad por condenas, en su mayoría, de tráfico de drogas. Hablamos de mujeres y hombres que con suerte leen y escriben, que nacieron pobres, que no rompieron el círculo de pobreza que en este país pesa más que armadura de hierro y, que condena  a generaciones completas.

Tenemos conciencia también de que bajo las condiciones actuales es alta la probabilidad de que «perdamos la batalla contra el narcotráfico»; utilizando la alegoría que se usa desde el mismo Gobierno.

No necesitamos ser expertos para intuir que: sin medidas estructurales de reforma en diferentes ámbitos, el país no experimentará mejoras en el panorama de seguridad. La violencia que sufrimos es multicausal; si la intención es solucionar la violencia de forma permanente el único camino es la prevención integral.

¿Cómo prevenir? Al mejorar las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes en el país, que amplíe sus posibilidades de vivir y no sólo de sobrevivir. Privilegiando en política pública todo lo referente a esta población, más aún cuando se trata de adolescentes infractores.  La fidelidad a las pandillas, el consumo de drogas, y otras conductas de riesgo se aprenden a corta edad, y con el actual sistema sólo se consolidan. Para cumplir el objetivo requerimos que todos los sectores: Estado central, GADs, sector productivo, academia, gremios, entre otros se involucren de forma directa.

Mientras se actúa en este sentido también es urgente consolidar el proceso de depuración iniciado en Policía Nacional y Fuerzas Armadas; reformar los reglamentos disciplinarios y ejecutar una reforma importante en los procesos de formación de sus miembros, que les permita tener éxito al proporcionar seguridad.

En el mediano y en largo plazo centrarse en formar el tipo de profesional necesario para el contexto de hoy. Dejar de lado los ahorros que nos generan desventajas comparativas frente a otros cuerpos de seguridad de la región, y todavía más frente a estructuras de delincuencia organizada.

Sin generar capacidad de anticipación desde el Estado, gastaremos recursos sin solucionar el problema de fondo. Necesitamos reforzar un sistema de inteligencia profesionalizado.

Requerimos analistas civiles con nombramiento, que puedan dedicar su carrera profesional a descifrar este problema y salvar vidas, con capacidad real de generar prospectiva de forma constante. Requerimos también que los tomadores de decisiones tomen en cuenta estos criterios al diseñar políticas públicas.

No podremos solventar el problema de seguridad sin antes consolidar la institucionalidad del CIES  y blindar el SNAI. Es urgente consolidar exitosamente el proceso de reordenamiento y depuración que construirá paz dentro de los centros de privación de libertad. Cada acción implementada para solucionar el problema tiene también un efecto colateral, la tendencia de subir el nivel del discurso ya nos está provocando consecuencias. No podemos esperar a llenarnos de niños y niñas muertos para empezar a tomar el problema en serio.

El Presidente Lasso tiene la oportunidad de pasar a la historia como el responsable de sentar las bases estructurales para que no sea la lógica de la delincuencia organizada la que prime en desmedro de la sociedad. Ecuador debe ser un territorio donde la vida pueda reproducirse, donde la vida se desarrolle libremente, y no esté a merced de las decisiones de los violentos.

In the event report presented by the GNPD, through the UTI, to the Judicial Police, the names of Klever Enrique Gil Jaramillo and Jacinto Ramón Pinargote Pomboza appear as the rangers who found that “slaughtering center”.

They were probably the ones who took the photographs of the slaughter, which went viral and reached the authorities of the National Assembly and the Ministry of the Environment, Water and Ecological Transition (MAATE, in Spanish). But for unknown reasons, in that news report there was no mention of another park ranger who, according to UTI staff, would also have been there at the time of the finding, Máximo Mendoza Yépez.

The 15 Galapagos tortoises killed were Chelonoidis guntheri, a species listed as critically endangered by the International Union for Conservation of Nature (IUCN). In chapter 20 of the book Galapagos Giant Tortoises, by James Gibbs et. al., published in 2020, it is estimated that the population density of giant tortoises should normally be 2.5 adult giant tortoises per habitat hectare.

The habitat area calculated for Chelonoidis guntheri is large, 170 km2 which comprise high and low areas around the Sierra Negra volcano and where, based on the calculation, there should be 42 500 tortoises. But, as mentioned in this chapter of this book, in the last population census of this species, carried out in 2006, only 286 individuals were found in the field and an approximate 572 tortoises was estimated throughout their habitat. After that census, done 16 years ago, currently the population size of the species is unknown.

However, as detailed in chapters 19 and 20 of Galapagos Giant Tortoises, due to the invasive species that currently prey on Isabela’s giant tortoises and their eggs, such as fire ants, rats, pigs and dogs, to those that compete for food with giant tortoises such as feral cows, and mainly due to poaching, the number of surviving Chelonoidis guntheri individuals could be very small.

It is also worth mentioning that in recent years, the theft of juvenile Chelonoidis guntheri and Chelonoidis vicina tortoises (giant tortoises of the Cerro Azul volcano catalogued as endangered by the IUCN) from the Arnaldo Tupiza Chamaidán Breeding Center in Isabela for international species trafficking entails serious problems for conservation. These two species, emblems of Isabela and Ecuador, are a few steps away from disappearing forever and the causes are well known by scientists and also by GNPD and MAATE officials.

The authorities of these institutions know that the giant tortoises of the south of Isabela, Chelonoidis guntheri and Chelonoidis vicina, are becoming extinct mainly because of the clandestine consumption of giant tortoise meat by a minority of the Isabela Island population.

In Galapagos, the slaughter of giant tortoises has been prohibited since 1933. Currently, killing an animal of an endangered species is a crime typified in article 247 of the Integral Criminal Organic Code of Ecuador (COIP, in Spanish) as a crime against the country’s flora and fauna. However, in Isabela, unlike the rest of the Galapagos province, the slaughter of giant tortoises continues taking place in the sight of the competent public agencies.

According to the information obtained in this journalistic research, one of the possible reasons for the lack of action on behalf of the agencies may be related to the fact that there would allegedly be employees of the Isabela Municipal GAD (Decentralized Autonomous Government), the Galapagos Governing Council, the Agency for the Regulation and Control of Biosecurity and Quarantine for Galapagos (ABG, in Spanish) and the Galapagos National Park Directorate (UTI-GNPD) involved in these crimes against the country’s most emblematic wildlife.

At the beginning of 2022, during a visit to the Arnaldo Tupiza Chamaidán Giant Tortoise Breeding Center in Puerto Villamil in Isabela, when asking the site guide about the consumption of Galapagos tortoise meat, he explained that in the past settlers slaughtered giant tortoises to survive on the island but that no one does it anymore due to the crime it represents and the current availability of varied foods in Isabela and throughout the Galapagos.

Then the guide spoke about a program where Isabela´s children feed and take care of Galapagos tortoises to raise their awareness and prevent them from killing giant tortoises in the future.

Going back to the subject again, the guide admitted that there are “fishermen” who, knowing that it is a crime, still capture Galapagos tortoises, even in the north of the island, for meat consumption. However, he said it was a delicate matter and stated that if you are a snitch (and turn them in) they can even kill you… for being a good citizen and denouncing them.

Last May, in a conversation between this media outlet and Att. Christian Fárez, the first prosecutor who investigated the case of the 15 Galapagos tortoises killed and slaughtered in Isabela, Fárez revealed a significant fact: the slaughtering of giant tortoises is carried out for consumption and also for illegal meat trade among a certain group of islanders.

In conversations with residents of Isabela, who for safety reasons asked Periodismo de Investigación to protect their anonymity, we found out that 10 or 12 years ago most Isabeleños, who are now tour operators, were fishers, and that several of them used to kill Galapagos tortoises, even more than 40 Galapagos tortoises a month.

Residents say that among the people currently working in showing the value of Isabela’s natural heritage to tourists are, ironically, some of the endangered giant tortoise meat eaters.

But then, who are those who make wildlife crime a way to make money?

Isabela’s residents explained that before answering that question, legalized hunting must be understood as a transcendental issue of the problem. Surprisingly, by filling in an application at the GNPD technical units and paying USD 2.00, residents of San Cristóbal, Santa Cruz and Isabela islands can get a permit that allows them to hunt introduced species of social interest such as pigs, cows and goats on their islands, for three days, within the Galapagos National Park, as a means of controlling their populations.

But, according to Isabela’s park rangers and residents, those who hunt usually enter the protected areas with or without such permit. Now, in what way is the hunting of introduced animals performed? The use of firearms is prohibited within the National Park, but to our bigger surprise this activity is carried out with packs of hunting dogs. According to UTI officials, information from the Galapagos Giant Tortoises book, and to residents of the island, these are poorly cared for and unsterilized dogs that usually run away in the countryside and are currently invading the island’s ecosystems and further affecting Isabela’s native fauna. In fact, in the 2021 and 2022 entry control sheets to Isabela’s protected areas, the number of dogs have been recorded at the hunters’ entry, but not at their exit.

After reviewing the ecological problem posed by these hunting methods to target introduced animals, we move on to the biggest problem which, according to anonymous GNPD and resident sources and based on a 2013 GNPD internal control document, many of those hunting the pigs and feral cows of Isabela are also those who are slaughtering the Galapagos tortoises of the island and those trafficking their meat.

In Chapter 20 of Galapagos Giant Tortoises, poaching is pointed out as the main cause of the current extinction process of Chelonoidis guntheri and according to the information collected for this report, the poaching of this species is closely related to the hunting of invasive species: pigs and cows. A GNPD report on poaching on the island verbatim states that: “to avoid suspicion, hunters mix tortoise meat with beef and pork, which are also hunted in the same places where these reptiles are found”. 

That is how, even when the GNPD knows about the killing of tortoises and the introduction of dogs to the natural environments of Isabela, the hunting of pigs and feral cows remains conceptualized as an ecosystem restoration activity, according to the 2005 Management Plan of the Galapagos National Park, as it is considered as the extraction of invasive fauna.

Several residents of Isabela, who are not related to each other, stated that a man named Fabricio Morocho Segura goes from house to house, offering giant tortoise meat, in Puerto Villamil. This man works as a captain of tourist boats and is the brother of Víctor Ramiro Morocho Segura.

Ramiro is a member of the Isabeleños ASSOCIATION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF INTRODUCED SPECIES, which is an unincorporated association formed by the island’s hunters. However, when Periodismo de Investigación requested information from this organization, in the response letter to the questions asked, it was explained that neither the MAATE nor the GNPD have provided the hunters with any training on the “control and management of introduced species.”

According to an anonymous GNPD source, many years ago, in the early 2000s, the institution carried out two invasive species control projects in Isabela in collaboration with invasive species hunters. At that time, some of those hunters were already known as giant tortoise killers.

Among the names that anonymous GNPD and resident sources stated most frequently as giant tortoise hunters and Galapagos tortoise meat traffickers in Isabela are those of the people who run the hunting association, Adolfo Flor Moya and Julio Tiler Flor Yepez, nephews of the former assemblywoman for the province of Galapagos and wife of the former mayor of Santa Cruz, Brenda Flor Gil.

On October 6, 2021, at the 32nd Session of the Biodiversity and Natural Resources Commission of the National Assembly, after learning about the case of the 15 tortoises killed in Isabela, Galapagos assemblyman Pedro Zapata asked Environment Minister Gustavo Manrique about the actions his state portfolio would take in this regard. The Minister first replied that he “wanted” to see this matter as an issue of tortoise meat “ancestral consumption”, trying to disguise this crime as a cultural manifestation.

Then the Minister gave the floor to Danny Rueda, the Director of the National Park, who gave details about the complaint made. Nevertheless, ancestry cannot be brought to the table since the first human settlements in Isabela were in 1897 and only 36 years later the killing of giant tortoises was banned. According to the Galapagos Giant Tortoises book, those who historically exploited the Galapagos tortoises between the 16th and 19th centuries were European pirates who stopped on the islands to capture them for food.

According to Jacinto Gordillo in his book Relatos de 44 años en Galápagos (Stories of 44 years in Galapagos,) criminal fugitives fleeing from the Colonia Penal (the Prison) that the state established in Isabela between 1946 and 1959 also consumed giant tortoise meat.

In general, the sources consulted for this report feel discomfort about what is happening with the Galapagos tortoises and agree that tortoise meat consumers are a minority among the 2 350 inhabitants of Isabela. Island sources agree that those are people who need to value the unique and wonderful nature they coexist in. Currently, the Galapagos province lives on its natural attractions. In fact, according to the Galapagos 2030 Plan of the Galapagos Governing Council, currently 51.4% of the economically active population work on tourism-related activities, which represent 64% of the provincial Gross Added Value (GAV), thanks to the archipelago’s natural wonders. And Galapagos wouldn’t be Galapagos without giant tortoises.

According to GNPD officials, who asked not to disclose their names, knowing all the hunters registered in the hunting permits and in the entry control sheets to the National Park, does not guarantee finding all those who kill Isabela’s giant tortoises there. Residents say that there are those who by land or sea enter the protected areas without permits, sometimes even from other islands, and also kill giant tortoises.

This problem is serious because those criminals are more difficult to identify and stop. According to anonymous GNDP sources, the place in Isabela where park rangers have reported most remains of giant tortoises slaughtered is the Caleta Iguana sector, habitat of Chelonoidis vicina, near the Cerro Azul volcano.  

To the poaching problem, the neglect of the island in terms of security is added. Isabela is the largest island in Ecuador with 4 588 km2 in area. In comparison, the province of Tungurahua measures 3 386 km2. In a meeting with Homero Bucheli Robalino, lieutenant colonel of the Ecuadorian Air Force, on security, he explained to Periodismo de Investigación that, due to the island’s size, at least drones with a 25-kilometer range, long autonomy, with 200x cameras, thermal imagers and advanced command and control centers linked to all the relevant authorities would be necessary for proper protected area surveillance, however this technology is not currently being used.

On the other hand, sources from GNDP’s Isabela Technical Unit (UTI) assure that, on the island, the Environmental Police mainly fulfills urban patrol roles within Puerto Villamil, due to lack of police personnel. Moreover, based on a 2013 GNPD internal control report Periodismo de Investigación had access to, Isabela’s park rangers, UTI officials, are involved in crimes against the flora and fauna of Ecuador.

According to this report, dated December 20, 2013, entitled «Slaughter of giant tortoises in the south of Isabela Island», which was provided to our outlet by an anonymous GNPD official, 28 citizens including hunters, fishers, several municipal employees, an employee of the Agency for the Regulation and Control of Biosecurity and Quarantine for Galapagos (ABG) and UTI officials would be consumers of giant tortoise meat. Nine of the 28 people in the report were also SINGLED OUT INDEPENDENTLY BY DIFFERENT SOURCES.

The document also identifies the sectors where 24 of the suspects would slaughter the tortoises. In addition, 19 of the 28 suspects are also identified as alleged Galapagos tortoise meat traffickers. The 2013 report explains that the price for each whole dead tortoise ranged from US$ 60 to US$ 100, within Isabela. According to anonymous UTI sources and anonymous citizen sources, those trafficking Galapagos tortoise meat currently also sell, by underground ways, cooked meat at a price of US$10 per serving.

This internal investigation report would have been reportedly sent to Arturo Izurieta, Director of the Galapagos National Park at the time, and the document would have been handed over from the General Directorate to the Police. However, the complaint never reached the courts, and no action was taken from GNPD against the UTI employees.

The report states that, since 2000, UTI has been keeping records of giant tortoises found slaughtered by humans in the field. An anonymous GNPD source stated that currently the number of tortoises killed in Isabela amounts to 353, since the beginning of the registry, but the figure corresponds only to the remains discovered and reported by park rangers.

The report points to areas that can be accessed by sea and land such as Roca Unión and Cazuela, near Puerto Villamil, and Caleta Iguana, near Cerro Azul, as the sites where most slaughtered tortoises have been found. 

GNPD sources told Periodismo de Investigación that all those people in the report’s list to this day commit the same crimes, with the exception of Alfredo Gil Ochoa, who passed away. Manuel Ortega Aguirre, Tony (Toni) Pomboza Gil, Christian Ortega Pomboza, Júber Flor Moya, and Danilo Toro Ramírez are still employees of the Municipality of Isabela. Gonzalo Tupiza Villegas and Fabián Jaramillo Pomboza, both identified as Galapagos meat traffickers, keep working, the first as an inspector for ABG and the second as an employee of the Galapagos Government Council in Isabela. 

About the GNPD officials listed in the report, Efrén Pomboza Gil, an alleged consumer of Galapagos tortoise meat and who is brother of Tony Pomboza Gil, the alleged meat trafficker, currently works as the person in charge of UTI’s Ecosystem Process and is one of the officials who approve hunting permits in Isabela.

Máximo Mendoza Yépez, who, like his brother Braulio Mendoza Yépez, is listed in the document for killing giant tortoises in the Cazuela sector, continues to work as a UTI park ranger and is one of the officials who control and register the entry of hunters to protected areas in the Sierra Negra Volcano sector.

Vicente Pinargote Pomboza, a hunter accused of killing giant tortoises at El Solitario sector and of trafficking meat, is the brother of park ranger Jacinto Ramón Pinargote Pomboza. On September 24, 2021, during the discovery of the “slaughter center” of the 15 tortoises, in the La Gorra sector, very close to Cazuela, Jacinto Ramón Pinargote Pomboza and Máximo Mendoza Yépez were at the place. Great ironies and great coincidences.

Before completing this journalistic investigation, Periodismo de Investigación conducted a telephone interview with Danny Rueda Córdova, the current general director of the Galapagos National Park. One of the questions was about the actions that the GNPD would take if an official of the institution was involved in the slaughter of giant tortoises. The director said that every person is presumed innocent until proven otherwise in trial. 

This story was produced with support from Internews’ Earth Journalism Network. 

En el informe de novedades que la DPNG, a través de la UTI, presentó a la Policía Judicial constan los nombres de Klever Enrique Gil Jaramillo y Jacinto Ramón Pinargote Pomboza como los guardaparques que encontraron aquel “centro de faenamiento”.

Probablemente fueron ellos quienes tomaron las fotografías de la matanza, las cuales se viralizaron y llegaron hasta las autoridades de la Asamblea Nacional y del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE). Pero por razones desconocidas, en ese informe de novedades no se mencionó a otro guardaparque que, según el personal de la UTI, también habría estado presente al momento del hallazgo, el señor Máximo Mendoza Yépez.

Las 15 galápagos asesinadas eran Chelonoidis guntheri, especie catalogada en peligro crítico de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). En el capítulo 20 del libro Galapagos Giant Tortoises, de James Gibbs y colaboradores, publicado en el año 2020, se estima que la densidad poblacional de tortugas gigantes normalmente debería ser de 2,5 tortugas adultas por hectárea de hábitat.

La superficie del hábitat calculado para Chelonoidis guntheri, es grande, son 170 km2 que comprenden zonas altas y bajas alrededor del volcán Sierra Negra y donde, según el cálculo, debería haber 42 500 tortugas. Pero, como se menciona en el mismo capítulo del libro de Gibbs y colaboradores, en el último censo poblacional de la especie, realizado en el año 2006, se encontraron únicamente 286 individuos en el campo y se estimó una abundancia aproximada de 572 tortugas en todo el hábitat. Tras aquel censo de hace 16 años, actualmente se desconoce el tamaño de la población de la especie.

Sin embargo, como se detalla en los capítulos 19 y 20 de Galapagos Giant Tortoises, debido a las especies invasoras que actualmente depredan a las tortugas gigantes de Isabela y a sus huevos como las hormigas de fuego, ratas, cerdos y perros, debido también a especies invasoras que compiten por alimento con las tortugas gigantes como las vacas ferales y principalmente debido a la caza furtiva, el número de tortugas Chelonoidis guntheri, que aún sobreviven, realmente podría ser muy pequeño.

También cabe mencionar el problema para la conservación que ha representado, en los últimos años, el hurto de tortugas juveniles Chelonoidis guntheri y Chelonoidis vicina (tortugas gigantes del volcán Cerro Azul catalogadas en peligro de extinción por la UICN) del Centro de Crianza Arnaldo Tupiza Chamaidán de Isabela para el tráfico de especies internacional.

Estas dos especies, emblemas de Isabela y del Ecuador, están a pocos pasos de desaparecer para siempre y las causas son bien conocidas por los científicos y también por los funcionarios de la DPNG y del MAATE.

Las autoridades de estas instituciones saben que las tortugas gigantes del sur de Isabela, Chelonoidis guntheri y Chelonoidis vicina, se están extinguiendo principalmente a causa del consumo clandestino de carne de tortuga gigante por parte de una minoría de la población isabeleña.

En Galápagos, la matanza de tortugas gigantes está prohibida desde 1933. En la actualidad, matar un animal de una especie en peligro de extinción es un crimen tipificado en el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador (COIP) como un delito contra la flora y la fauna silvestre del país. Sin embargo, en Isabela, a diferencia del resto de la provincia de Galápagos, la matanza de las tortugas gigantes continúa a vista y paciencia de las instituciones públicas competentes.

Y según la información obtenida en esta investigación periodística, una de las posibles razones para la inacción de las instituciones puede estar relacionada a que habrían empleados del GAD (Gobierno Autónomo Descentralizado) Municipal de Isabela, del Consejo de Gobierno de Galápagos, de la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos (ABG) y de la propia Dirección del Parque Nacional Galápagos (UTI-DPNG) presuntamente involucrados en estos delitos contra la fauna silvestre más emblemática del país.

A inicios del 2022, durante una visita al Centro de Crianza de Tortugas Gigantes Arnaldo Tupiza Chamaidán de Puerto Villamil en Isabela, al preguntar al guía del sitio acerca del consumo de carne de galápago, él explicó que antiguamente los colonos mataban tortugas gigantes para sobrevivir en la isla pero que ya nadie lo hace debido al crimen que representa y a la disponibilidad de variados alimentos que actualmente existe en Isabela y en todo Galápagos.

Después el guía contó acerca de un programa donde los niños isabeleños alimentan y cuidan tortugas galápagos para crear conciencia en ellos y evitar que en el futuro maten a las tortugas gigantes.

Al tocar el tema nuevamente, el guía admitió que aún hay “pescadores” que aun sabiendo que es delito, capturan a las galápagos inclusive al norte de la isla para el consumo de su carne, pero que es un asunto delicado y que “por estar hecho el sapo (por fisgón y soplón) te pueden hasta matar… por ser patriota” y denunciarlos.

En mayo pasado, en una conversación que este medio tuvo con el doctor Christian Fárez, fiscal que investigaba el caso de las 15 galápagos asesinadas y faenadas en Isabela, Fárez dio a conocer un dato revelador:

los faenamientos de las tortugas gigantes se realizan para el consumo y también para el comercio ilegal de la carne, entre cierto grupo de isleños.

En conversaciones con residentes de Isabela, quienes por su seguridad pidieron a Periodismo de Investigación permanecer en el anonimato, dijeron que hace 10 o 12 años la mayoría de los isabeleños, que hoy son operadores turísticos, eran pescadores y que varios de ellos mataban tortugas galápagos, incluso más de 40 tortugas al mes. Los residentes cuentan que entre las personas que hoy en día trabajan enseñando el valor del patrimonio natural de Isabela a los turistas, irónicamente, están algunos de los consumidores de carne de tortugas gigantes en peligro de extinción.

Pero entonces, ¿quiénes son los que hacen del delito contra la fauna silvestre un modo de ganar dinero?

Los residentes de Isabela explicaron que antes de responder esa pregunta hay que comprender un asunto trascendental del problema que es la cacería, pero la cacería legal. Sorprendentemente, tras realizar una solicitud en las unidades técnicas de la DPNG y pagar dos dólares americanos, los residentes de las islas San Cristóbal, Santa Cruz e Isabela pueden obtener un permiso que les permite cazar, durante tres días, especies introducidas de interés social como cerdos, vacas y chivos en sus islas, dentro del Parque Nacional Galápagos, como una medida para el control de sus poblaciones.

Pero, según guardaparques y residentes de Isabela, quienes realizan cacería suelen ingresar a las áreas protegidas con o sin aquel permiso. Ahora bien, ¿de qué manera se realiza la cacería de animales introducidos?

El uso de armas de fuego está prohibido dentro del Parque Nacional, pero para mayor sorpresa esta actividad se realiza con ayuda jaurías de perros. Y según funcionarios de la UTI, información del libro Galapagos Giant Tortoises y según residentes de la isla, estos son perros poco bien cuidados y sin esterilizar que suelen escapar en el campo y actualmente están invadiendo los ecosistemas de la isla y afectando aún más la fauna nativa de Isabela.

De hecho, en las hojas de control de ingreso a las áreas protegidas de Isabela, de 2021 y 2022, se ha registrado el número de perros que han entrado con los cazadores, pero no el número que ha salido.

Tras la revisión del problema ecológico que suponen estos métodos de caza de animales introducidos, pasamos al problema mayor y es que, según fuentes anónimas de la DPNG, fuentes anónimas residentes de Isabela y un documento de fiscalización interna de la DPNG del año 2013, muchos de los cazadores de cerdos y vacas ferales de Isabela también son quienes están matando a las tortugas galápagos de la isla y quienes trafican su carne.

En el capítulo 20 de Galapagos Giant Tortoises, se señala la caza furtiva como la causa principal del actual proceso de extinción de Chelonoidis guntheri y según la información obtenida para este reportaje, la caza furtiva de esta especie está estrechamente relacionada con la cacería de especies invasoras: cerdos y vacas. Citando textualmente un informe de la DPNG sobre la caza furtiva en la isla, se describe así: “para evitar sospechas, los cazadores mezclan la carne de tortuga con carne de vacunos y de cerdos que también son cazados en los mismos lugares que se encuentran los reptiles”.

Y, aun así, bajo el conocimiento de la DPNG acerca de la matanza de tortugas y de la introducción de perros a los ambientes naturales de Isabela, la cacería de cerdos y vacas ferales se mantiene conceptualizada como una actividad de restauración de los ecosistemas, de acuerdo con el Plan de Manejo del Parque Nacional Galápagos de 2005, por considerarse como extracción de fauna invasora.

Varias fuentes residentes de Isabela, quienes no guardan relación entre sí, señalaron a un hombre llamado Fabricio Morocho Segura de ir de casa en casa, en Puerto Villamil, ofreciendo carne de tortuga gigante. Aquel hombre trabaja como capitán de lanchas turísticas y es el hermano de Víctor Ramiro Morocho Segura.

Ramiro es un miembro de la ASOCIACIÓN DE ISABELEÑOS PARA EL CONTROL Y MANEJO DE ESPECIES INTRODUCIDAS, que es una sociedad no jurídica formada por los cazadores de la isla. Aunque cuando Periodismo de Investigación solicitó información a esta organización, en la carta de respuesta a las preguntas realizadas, se explicó que ni el MAATE ni la DPNG han impartido capacitación alguna acerca del “control y manejo de especies introducidas” para los cazadores.

Según una fuente anónima de la DPNG, hace muchos años a inicios de la década del 2000, la institución realizó dos proyectos de control de especies invasoras en Isabela en colaboración con los cazadores de especies invasivas, algunos de los cuales, para aquel tiempo, ya eran conocidos por matar tortugas gigantes.

Entre los nombres más mencionados, por fuentes anónimas de la DPNG y por las fuentes anónimas residentes, como cazadores de tortugas gigantes y traficantes de carne de galápago en Isabela están quienes dirigen la asociación de cazadores, Adolfo Flor Moya y Julio Tiler Flor Yépez, sobrinos de la ex asambleísta por la provincia de Galápagos y esposa del exalcalde de Santa Cruz, Brenda Flor Gil.

El 6 de octubre de 2021 en la Sesión Número 32 de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional, tras conocerse el caso de las 15 tortugas faenadas en Isabela, el asambleísta por Galápagos Pedro Zapata preguntó al ministro de ambiente Gustavo Manrique, qué acciones al respecto tomaría su cartera de estado.

El Ministro primero respondió que él “quería” ver el hecho como un tema de “consumo ancestral” de carne de tortuga, tratando de disfrazar el crimen como una manifestación cultural. Después el Ministro cedió la palabra a Danny Rueda, director del Parque Nacional, quien dio detalles sobre la denuncia realizada.

Sin embargo, no se puede hablar de ancestralidad si los primeros asentamientos humanos de Isabela fueron en 1897 y tan solo 36 años después se prohibió la matanza de tortugas gigantes. Según el libro Galapagos Giant Tortoises, quienes históricamente explotaron a las tortugas galápagos fueron piratas europeos entre el siglo XVI y el siglo XIX, quienes se detenían en las islas para capturarlas como alimento.

Según Jacinto Gordillo en su libro Relatos de 44 años en Galápagos, quienes también consumían carne de tortugas gigantes eran los delincuentes prófugos que huían de la Colonia Penal que el estado instauró en Isabela entre 1946 y 1959.

En general, las fuentes para este reportaje sienten malestar por lo que está sucediendo con las tortugas galápagos y coinciden en que los consumidores de su carne son una minoría entre los 2 350 habitantes de Isabela. Las fuentes isleñas concuerdan en que aquellas son personas que necesitan valorar la naturaleza única y maravillosa con la que conviven.

Actualmente, la provincia de Galápagos vive de sus atractivos naturales. De hecho, según el Plan Galápagos 2030 del Consejo de Gobierno de Galápagos, actualmente el 51,4% de la población económicamente activa realiza labores vinculadas al turismo, lo que representa el 64% del Valor Agregado Bruto (VAB) provincial, eso gracias a las maravillas naturales que posee el archipiélago. Y Galápagos no sería Galápagos sin las tortugas gigantes.

Según funcionarios de la DPNG, quienes pidieron no publicar sus nombres, conocer a todos los cazadores registrados en los permisos de caza y en las hojas de control de ingreso al Parque Nacional, no garantiza encontrar allí a todos quienes matan a las tortugas gigantes de Isabela.

Los residentes cuentan que hay quienes por tierra o por mar ingresan a las áreas protegidas sin permisos, a veces incluso desde otras islas, y matan tortugas gigantes. Este problema es grave porque aquellos delincuentes son más difíciles de identificar y de detener su accionar. Según fuentes anónimas de la DPNG, la localidad de Isabela donde los guardaparques han reportado más restos de tortugas gigantes faenadas es el sector denominado Caleta Iguana, hábitat de Chelonoidis vicina, cerca del volcán Cerro Azul.

Al problema de la caza furtiva se suma el abandono de la isla en materia de seguridad. Isabela es la isla más grande de Ecuador con 4 588 km2 de superficie. En comparación, la provincia de Tungurahua mide 3 386 km2.

En una consulta sobre seguridad al teniente coronel de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Homero Bucheli Robalino, él explicó a Periodismo de Investigación que, con las dimensiones que tiene la isla, al menos se necesitarían drones con alcance de 25 kilómetros, de larga autonomía, que posean cámaras con aumento de 200x, cámaras termográficas y serían necesarios centros de mando y control enlazados con todas la autoridades pertinentes para una correcta vigilancia de las áreas protegidas, sin embargo esta tecnología no se usa actualmente.

Por otro lado, fuentes de la Unidad Técnica de Isabela (UTI) de la DPNG aseguran que, por falta de personal en la isla, la Policía Ambiental principalmente cumple roles de patrullaje urbano dentro de Puerto Villamil. Y respecto a los guardaparques de Isabela, un informe de fiscalización interna de la DPNG del año 2013, al cual Periodismo de Investigación tuvo acceso, indica que funcionarios de la UTI están involucrados en delitos contra la flora y fauna silvestre del Ecuador.

Según ese informe, con fecha del 20 de diciembre de 2013, titulado “Sacrificio de tortugas gigantes en el sur de la isla Isabela”, el cual fue entregado por un funcionario de la DPNG bajo condición de anonimato, 28 ciudadanos entre ellos cazadores, pescadores, varios empleados municipales, un empleado de la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos (ABG) y funcionarios de la UTI serían consumidores de carne de tortugas gigantes. Nueve de las 28 personas del informe también fueron señaladas por las fuentes.

En el documento también se muestran identificados los sectores donde 24 de los sospechosos realizarían los sacrificios de las tortugas. Además 19 de los 28 sospechosos también son identificados como presuntos traficantes de carne de galápago.

El informe de 2013 explica que el precio por cada tortuga entera muerta oscilaba entre 60 y 100 dólares americanos, dentro de Isabela. Según fuentes anónimas de la UTI y fuentes anónimas ciudadanas, quienes trafican carne de galápago actualmente venden también, de manera muy discreta, la carne cocinada a un precio de 10 dólares por porción.

Este informe de fiscalización interna habría sido remitido a Arturo Izurieta, Director del Parque Nacional Galápagos de aquel tiempo, y desde la Dirección General este documento se habría entregado a la Policía Nacional. Sin embargo, la denuncia nunca llegó a instancias judiciales y no se tomó acción alguna en contra de los empleados de la UTI señalados.

El informe indica que, desde el año 2000, la UTI lleva registro de las tortugas gigantes sacrificadas por humanos encontradas en el campo. Una fuente anónima de la DPNG indicó que actualmente el número de tortugas asesinadas en Isabela asciende a 353, desde el inicio del registro, pero la cifra corresponde únicamente a los restos que han podido ser descubiertos y que han sido reportados por los guardaparques.

El informe señala zonas con ingresos por mar y por tierra como Roca Unión y Cazuela, cercanas a Puerto Villamil, y Caleta Iguana, cerca de Cerro Azul, como los sitios donde se han encontrado más tortugas sacrificadas.

Fuentes de la DPNG indicaron a Periodismo de Investigación que todos los señalados en la lista del informe hasta hoy en día cometen los mismos delitos, a excepción de Alfredo Gil Ochoa quien falleció. Manuel Ortega Aguirre, Tony (Toni) Pomboza Gil, Christian Ortega Pomboza, Júber Flor Moya, y Danilo Toro Ramírez aún son empleados del Municipio de Isabela. Gonzalo Tupiza Villegas y Fabián Jaramillo Pomboza ambos señalados como traficantes de carne de galápago, se mantienen trabajando, el primero como inspector en ABG y el segundo como empleado del Consejo de Gobierno de Galápagos en Isabela.

Con respecto a los funcionarios de la DPNG señalados en el informe, Efrén Pomboza Gil quien fue señalado como presunto consumidor de carne de galápago y quien es hermano del presunto traficante de esta carne Tony Pomboza Gil, actualmente trabaja como responsable del Proceso de Ecosistemas de la UTI y es uno de los funcionarios que aprueban los permisos de cacería en Isabela.

Máximo Mendoza Yépez quien, al igual que su hermano Braulio Mendoza Yépez, está señalado en el documento por matar tortugas gigantes en el sector de Cazuela, sigue trabajando como guardaparque de la UTI y es uno de los funcionarios que controlan y registran el ingreso de los cazadores a las zonas protegidas en el sector del Volcán Sierra Negra.

Vicente Pinargote Pomboza cazador señalado de presuntamente matar tortugas gigantes en el sector de El Solitario y traficar la carne es hermano del guardaparque Jacinto Ramón Pinargote Pomboza. El 24 de septiembre de 2021, durante el hallazgo del “centro de faenamiento” de las 15 tortugas, en el sector de la Gorra muy cercano a Cazuela, quienes se encontraban allí eran Jacinto Ramón Pinargote Pomboza y Máximo Mendoza Yépez. Grandes ironías y grandes coincidencias.

Antes de finalizar esta investigación Periodismo de Investigación realizó una entrevista telefónica a Danny Rueda Córdova, el actual director general del Parque Nacional Galápagos. Una de las preguntas fue sobre las acciones que tomará la DPNG si un funcionario de la institución estuviera involucrado en los sacrificios de tortugas gigantes. El director dijo que toda persona tiene presunción de inocencia hasta que en un juicio se demuestre lo contrario.

Esta historia fue producida con el apoyo de Earth Journalism Network de Internews.