Skip to main content

Autor: mh

Manabí albergaba red internacional de pederastas

Escrito por mh en . Publicado en Reportaje.

Matheus Hendrick (Marthijn) Uittenbogaard de 50 años, uno de los líderes del Partido Amor Fraterno, de la Libertad y de la Diversidad (PNVD por sus siglas en holandés), que por el 2006 buscaba que en Holanda se legalicen las relaciones sexuales entre adultos y menores de 12 años, además de la posesión libre de pornografía infantil y el sexo con animales (zoofilia), se paseó hasta junio último por las costas ecuatorianas: Manabí era su centro de operaciones.

Lo hizo hasta el pasado 23 de junio, cuando, luego de una investigación previa de la Unidad de Delitos Transnacionales de la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General del Estado, fue detenido a las 16h30 en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, de Guayaquil. Sucedió minutos antes de abandonar Ecuador, abordo de un avión de una aerolínea europea. El día anterior, esto es el 22 de junio, su esposo, el también holandés Lesley Gerardus Servaas (34 años), había sido aprehendido en la parroquia Canoa del cantón San Vicente, en el norte de Manabí.

Aquel día se allanó un inmueble de tres plantas, que se ofertaba como hostal, pero que por esta época lo que menos recibía eran turistas. Lo que sí había ahí a diario era el paso libre y a toda hora de niños, según las investigaciones preliminares de la Policía Nacional que actuó, junto a la Fiscalía, de oficio, ante una serie de alertas recibidas sobre lo que sucedía en aquel inmueble de construcción mixta, una de las pocas estructuras que no sucumbió del todo al terremoto del 2016, tragedia que destruyó casi el 90% de viviendas de esa parroquia manabita.

En aquel sitio, desde hacía al menos dos años, según indagaciones realizadas por pi., “varios ciudadanos ‘gringos’” llegaban al hostal.  En el sitio, refiere uno de los documentos emitidos por los investigadores, estaban “reclutando menores de edad, de escasos recursos económicos, para obtener material visual con representación de desnudos y semidesnudos (reales o simulados) de niñas, niños y adolescentes en actitud sexual, el que habría sido difundido a través de diferentes aplicaciones”.

Con la aprehensión de Uittenbogaard y Servaas se busca determinar cómo operaba en Ecuador la red que por el año 2006, en Holanda, anhelaba la desestigmatización de la pederastia. En el país europeo, el líder de la agrupación era Uittenbogaard, según publicaciones generadas entonces por diferentes medios de comunicación. Además de la pedofilia, también aspiraban la legalización del bestialismo o sexo con animales. No obstante, pese a ser legalizado por un Tribunal, cuatro años más tarde la ambición de sus miembros se enfrío frente al rechazo mayoritario de la sociedad holandesa y el partido se disolvió.

Las acciones

En nuestro país, las investigaciones iniciales de la Policía Nacional y la Fiscalía han determinado que la red, liderada por Uittenbogaard y Servaas, actuaron en varios cantones de Manabí, como San Vicente, Portoviejo, Manta, Pedernales, Rocafuerte y Bahía de Caráquez. Al menos cinco personas diferentes habrían permanecido en distintas épocas en la parroquia Canoa, recoge el proceso que permanece en etapa de instrucción fiscal.

Ahora, se busca determinar la relación de ambos detenidos con el también holandés Nelson Maatman, otro aliado del Partido Amor Fraterno, de la Libertad y de la Diversidad (PNVD), que habría estado en Ecuador y que fue aprehendido el pasado 5 de junio en Ciudad de México, en posesión de 4 terabytes de pornografía infantil, según los reportes de la policía azteca, que además le incautó un arma de fuego y drogas. Dos años antes, en el 2020, Maatman habría sido arrestado en Holanda con más de 10 mil imágenes pornográficas protagonizadas por niños, por lo que fue juzgado por pedofilia.

Tanto la Policía como la Fiscalía de Ecuador, además, buscan esclarecer quiénes eran los amigos que el holandés Lesley Gerardus Servaas halló en la parroquia Canoa de San Vicente a su arribo al Ecuador, en septiembre del 2021. Poco tiempo después de vivir en Manabí, según las primeras declaraciones que ha dado a conocer a los investigadores, adquirió (vía compra-venta) la edificación del hostal donde residía y fue hallado el día de su detención. Ahí, además, permanecían dos niños sin sus padres, quienes supuestamente habían ido a atender una emergencia suscitada en un sitio cercano. La construcción, que fue restaurada tras el terremoto del 2016, había pertenecido a un ciudadano español, quien ya no reside en nuestro país.

En Canoa, Uittenbogaard y Servaas se mostraban como hombres buenos, que atraían a los niños al hostal ofreciéndoles dulces, horas y horas de videojuegos, lo que para los padres de familia no era nada malo. La actitud de los europeos tampoco les habría despertado sospechas, pese a que los menores de edad también recibían dinero, se conoció. Incluso en estos días, mientras los ciudadanos europeos permanecen presos en la cárcel de Bahía de Caráquez, existe inconformidad en cierto grupo de ciudadanos de la parroquia Canoa, sobre todo, de los más allegados que hoy hacen de “guardianes lejanos” del hostal que fue allanado por Policía y Fiscalía. Los niños afectados serían al menos una docena, dijo un policía.

Vínculos a otros casos

Mientras los holandeses permanecen en prisión, tanto en Ecuador como en Perú se han detectado otros casos de pornografía infantil. En San Isidro, localidad del cantón Sucre, en Manabí, la semana pasada la Policía detuvo a una pareja que es investigada porque habría estado distribuyendo material de menores de edad. Investigadores dieron a conocer que desde inicios de año fueron alertados por la Interpol desde Australia (Oceanía) sobre el hecho, en el que la mayoría de víctimas son chicos de entre 10 y 15 años de edad, amantes de los deportes.

Aunque no se ha confirmado, existe la sospecha de que los aprehendidos tienen vínculos con la pareja de ciudadanos holandeses, que residían en Canoa.

Otro detalle que se busca determinar es si las actividades ilícitas de Uittenbogaard, quien en su país ha dicho libremente que “a los niños les gusta que alguien se comunique con ellos a su nivel. Eso también tiene que ver con la sexualidad, los sentimientos y el erotismo”, tienen relación directa con un hecho internacional desarrollado en Perú el pasado 20 de julio, donde se detuvo a 53 personas que serían parte de una organización criminal de generación y distribución de pornografía infantil, que estaba siendo dirigida desde Ecuador, Estados Unidos y Europa, indicó el fiscal del caso Jorge Chávez, según información difundida por la prensa peruana.

Un investigador de la Fiscalía, además, detalló que los 53 sospechosos, que fueron aprehendidos durante allanamientos realizados en 15 regiones del país vecino y 14 distritos de Lima Metropolitana, son parte de un grupo de 255 criminales sexuales, que operan desde 17 países del mundo, 77 son de nacionalidad peruana, de los cuales ya están identificados 71.

Marthijn Uittenbogaard también mantenía un blog https://bit.ly/3S8GIHQ, en el que de entrada salta una alerta: “Es posible que este sitio web sea prohibido por el sistema de ‘Justicia’ holandés…” Su último post lo tituló ‘Falleció Gert Hekma’ y lo publicó en abril. Ahí rinde homenaje póstumo al antropólogo y sociólogo holandés Gergardus “Gert” Hekma, conocido por sus investigaciones y publicaciones sobre la sexualidad; y quien defendió y expuso estudios sobre gays y lesbianas, en su natal Amsterdam.

En su post, Uittenbogaard escribe: “Conocí a Gert Hekma hace unos 25 años. Fue durante un debate sobre la pedofilia y los límites de edad en la ley de moralidad… Habló sin vergüenza de la abolición de estos límites de edad. De una manera que nadie en la sociedad tendría ningún problema con eso, tan libremente. Quería lugares especiales, una especie de centro juvenil, donde los jóvenes y los niños pudieran tener sexo libremente con quien quisieran…”. Similares pensamientos de los actos ilícitos por los que hoy se lo investiga, junto a su esposo…

Uittenbogaard tuiteó desde la cárcel

El pasado 17 de julio, a través de la red social Twitter, Uittenbogaard, quien en el perfil de la cuenta @MHUittenbogaard, se describe como un “luchador por los derechos humanos: jóvenes y mayores. Luchador por la libertad de expresión”, tuiteó varios mensajes pidiendo ser auxiliado porque se considera víctima dentro de la investigación abierta en el Ecuador.

En la serie de tuits y respuestas publicados, escritos en su idioma natal, el holandés, él dice:

  1. “No quiero morir a los cincuenta. Soy totalmente inocente. Los presos no hay problema excepto los M que están a cargo aquí”. https://bit.ly/3PJKYwa

“La mitad de los presos aquí tienen teléfonos celulares”. https://bit.ly/3cANLsE

Mujer descubre quién soy. Inventa una historia de fantasía en Facebook sobre la piscina. El edificio ni siquiera tiene piscina. Niños encontrados en el mismo edificio pero en un apartamento diferente. Solo vivía allí. https://bit.ly/3zzQ34r

Encerrado sin cargo. Sin ver a un juez. Sin llamar a un abogado durante semanas. Inocente fijo. @amnestynl no hace nada. https://bit.ly/3zDlUBe

Holanda comenzó a criminalizarme por citar estudios científicos. Decir la verdad es un crimen. @amnestynl no hace nada. Subsidio binoculares devoradores (sic). https://bit.ly/3z5lORq

En sus tuits, publicados hasta hace pocos días, también indica que está preso junto a su esposo. Cuando cita a @amnestynl, Uittenbogaard se refiere a una entidad defensora de los Derechos Humanos con sede en Amsterdam Holanda, país en el que tanto él como Maatman han sido investigados por pedofilia y posesión de pornografía infantil.

Entre 2016 y 2021, análisis de entidades internacionales que luchan contra la pornografía infantil, como la organización británica Internet Watch Foundation (IWF) han dado cuenta de que desde Holanda se ha generado la mayor cantidad de sitios web con publicaciones de esa índole https://bit.ly/3S3TdVf (informe de la IWF, 2021).

De 117.544 casos detectados en el 2020 llegó a 102.676 hechos en el 2021, el 41% del total. Pero en lo que va del 2022 las cifras han sufrido un cambio: Ahora los Estados Unidos de América pasaron a liderar la generación de contenido pedófilo, que ha crecido en el mundo debido a la crisis originada por la pandemia del Covid_19, pues tanto depredadores como menores de edad permanecen más tiempo online, dicen expertos. Con esa situación también ha ido en aumento el material pornográfico “autogenerado”.

No obstante, expertos de la misma IWF, han explicado que ese cambio drástico en las cifras puede radicar en que varias webs que generan contenido de pornografía infantil han migrado los servidores desde Holanda hacia América, centrándose en los Estados Unidos, especialmente.

En Canoa a Lesley Gerardus Servaas se le incautó 1 tablet, 2 laptops, 4 video cassette, 2 flash memory, 1 tarjeta de 4 GB, 1 disco duro de 1x terabyte, 3 teléfonos celulares, 1 disco duro de 500GB, 1 cartola de cuenta de ahortos de la Cooperativa Calceta a nombre de los detenidos, 1 pasaporte y 1 cédula de identidad, 760 dólares en efectivo. En Guayaquil: A Matheus Hendrick Uittenbogaard se le halló 1 teléfono celular, 1 maleta color rosa, 1 CPU ,1 teclado, 1 play station 5, 1 disco duro, 2 flash memory, 1 web cam.

Entregar un medicamento atrasado es acelerar la muerte

Escrito por mh en . Publicado en Reportaje.

Los centros hospitalarios tienen hasta este 21 de julio para presentar un informe con pruebas documentales de que están entregando medicinas a los pacientes con enfermedades catastróficas, raras y huérfanas, según una sentencia de abril de 2022.

Todos los días a las 7 de la noche, Darly Pozo, conecta su frágil cuerpo a una máquina de diálisis. Si durante la noche necesita ir al baño, se levanta y se desplaza solo hasta donde una manguera de metro y medio le permite. La niña duerme así, conectada a esa máquina hasta las 7 de la mañana del día siguiente. 

Siempre será una molestia este proceso, sabe que es parte esencial del tratamiento que debe seguir para sobrevivir, aunque es incierto durante cuánto tiempo más.

Darly nació con insuficiencia renal crónica y se encuentra en fase terminal.

            Darly Pozo, paciente con insuficiencia renal crónica

Desconectada del equipo, Darly trata de tomar actividades propias de los niños. Va a la escuela, comparte con sus compañeros, pero a la hora de jugar hay varias limitaciones: debe evitar caídas y golpes en el área donde se ubica el catéter de diálisis, sabe que es imposible hacer rodar una pelota. Además debe usar pañal porque su vejiga no funciona normalmente.

En los últimos años Darly ha tratado de sobrellevar su padecimiento sin que sus compañeros de aula lo sepan.  Solo sus maestros conocen su estado y le ayudan con su aprendizaje que por cierto tiene retrasos debido a la condición de la niña. Hoy tiene 11 años, pero parece una niña más pequeña. La enfermedad ha limitado su crecimiento.

Su madre, Evelyn Espinoza, dice que Darly requiere un trasplante de riñón, necesita una cirugía llamada ureterostomía que consiste en desviar la evacuación de la orina mediante un orificio en el vientre, pero los médicos aún evalúan qué procedimiento usar y si ese este sería compatible con el trasplante de riñón.

A Darly le atienden en el Hospital del Niño Francisco De Icaza Bustamante y la experiencia en los últimos tres años ha ido para peor. Evelyn, la madre, dice que luego de muchos esfuerzos hoy recibe los insumos para diálisis, pero no eso no sirve si no hay medicinas. Al no contar con los dos elementos los pacientes se descompensan.

Evelyn cuestiona que en el hospital no existe ni lo más básico: paracetamol y vitaminas que debe tomar Darly como calcitriol, hierro, complejo B; peor aún otras medicinas más específicas como Sevelamer que sirve para bajar los niveles de fósforo en pacientes renales. “Son pastillas muy costosas y me toca comprarlas porque no hay en el hospital ni tampoco hay convenio para obtenerlas por fuera”.

Evelyn calcula un gasto mensual en medicinas de unos $300. El frasco de 100 pastillas de Sevelamer cuesta $80, cuando está en oferta, de lo contrario puede subir a $120. “Mi hija toma 6 pastillas diarias. Por lo tanto, me toca comprar hasta 2 frascos al mes, aparte de otras medicinas”. 

Evelyn, quien es también representante de padres de niños y adolescentes con insuficiencia renal crónica terminal, asegura que la falta de medicinas se agudiza en pacientes que están hospitalizados, pues tienen que comprar antibióticos e incluso insumos como gasas, jeringuillas, agua destilada, catéteres, etc. “Son personas de bajos recursos y si no tienen en ese momento ¿qué hacen? Parecemos farmacias ambulantes”.

Pie: Evelyn Espinosa cuestiona la rotación de autoridades en el Icaza Bustamante. Dice que los cambian para lavarse las manos sobre las falencias del hospital.

Como Evelyn hay pacientes y otros padres de familia que han perdido la esperanza de acceder a una atención de salud digna. “Ganamos una acción de protección para los pacientes con enfermedades catastróficas, pero hasta ahora no hay resultados. Pienso que fue una burla. No se ha hecho valer la palabra de la jueza porque seguimos igual”.

Evelyn se refiere a la sentencia emitida el pasado 14 de abril del 2022 por la jueza de la Unidad Civil de Guayaquil, Lissette Reyes Cantos, en la que al haber comprobado que no existe stock suficiente de los medicamentos reclamados por los pacientes con enfermedades catastróficas, raras o huérfanas declaró la vulneración de los derechos a la salud, al buen vivir, a una vida digna y al derecho de los grupos de atención prioritaria.

La jueza Reyes dio un plazo de 15 días a los hospitales del sistema de salud pública para que adquieran 65 fármacos:

Fuente: Portal Función Judicial

La sentencia estableció también que para evitar que estos medicamentos se agoten deberán implementarse acciones para abastecerse de forma oportuna y suficiente, “a fin de que no vuelva a repetirse el desabastecimiento”.

Pero la escasez de medicinas en los hospitales públicos sigue afectando a los pacientes. Los niños con cáncer figuran entre los más vulnerables. Imagínense el drama que viven los infantes que provienen de familias con predisposición genética a esta enfermedad, como es el caso de Elenita, que tiene leucemia linfoblástica B común. Esta niña ya perdió a su hermana víctima de otra variedad de leucemia y tiene otro hermano con el mismo padecimiento. 

La propensión al cáncer proviene de la familia materna de Elenita. Su madre, Beatriz Flores, relata que su abuela murió de cáncer de útero y a su mamá la han operado tres veces de un tumor cancerígeno en el estómago. 

Los 3 hijos de Beatriz se han atendido en el hospital Francisco Icaza Bustamante. En el caso de Elenita desde 2018, cuando ingresó a este centro de salud, ha tenido que comprar absolutamente todas las medicinas e insumos. “No quería que mi hija se atrase en su tratamiento porque un medicamento atrasado es como acelerar su muerte”.

Elenita tiene 6 años, a su corta edad, con las molestias propias de la quimioterapia, debió someterse a una intervención para extraerle un catéter debido a complicaciones en su implantación. Permaneció 10 horas en quirófano y logró salir. A ello se suman las crisis asmáticas que sufre sobre todo en las noches o cuando camina mucho. Se trata de un tipo de asma no especificado que, según han explicado los médicos puede ser un efecto secundario de la quimioterapia. 

Elenita se encuentra en fase de mantenimiento, es decir concluyó un período de quimioterapia, pero debe tomar medicinas para afrontar las secuelas del tratamiento. Algunos de los fármacos que utilizan son: Magaldrato (protector gástrico), Sabutamol spray (para el asma) y Alegra (para sus alergias en la piel).

Ya sea porque no le entregan estos medicamentos o porque le dan genéricos, Beatriz se ha visto obligada a comprarlos porque no quiere arriesgar la recuperación de Elenita porque asegura que nunca le ha hecho bien los genéricos.

A pesar de los anuncios oficiales de que la provisión de medicinas mejorará para los pacientes de la red pública de salud, Beatriz se muestra escéptica porque asegura que en el Hospital Icaza Bustamante ya le advirtieron que esta situación no cambiará. 

La situación de quienes ya perdieron la batalla 

El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo. En Ecuador, la situación es similar. En 2020 se diagnosticaron 29.273 casos nuevos y de ellos, 1.199 corresponden a cáncer infantil, de acuerdo con el Observatorio Global del Cáncer (OMS). En el caso de niños y adolescentes menores de 15 años, la leucemia linfoblástica aguda (LLA) es el cáncer más frecuente. Representa entre el 75 y 80% de todas las leucemias. Esta patología afecta a la médula ósea y a la sangre. Sin embargo, si se manejan protocolos terapéuticos apropiados, el 85 o 90% de casos se curan.

Rafael Palacios, presidente de la Asociación de padres de niños y adolescentes con Cáncer (APNACC) concuerda con que en otros países hay altas tasas de sobrevida por la atención temprana pero lamenta que nuestro país esté lejos de esos estándares. Para empezar, no existen estadísticas oficiales actualizadas e integrales sobre los pacientes con cáncer. No se cuenta con un estudio genómico que es como un censo completo de las enfermedades crónicas, catastróficas o raras, lo que permitiría contar con un mapeo de la realidad de estos pacientes en el Ecuador.

Del seguimiento hecho por ASPNAC, Palacios refiere que solo en Guayaquil, hasta el 2021 había 2.000 pacientes de cáncer atendiéndose en el Hospital Abel Gilbert. En el Hospital Icaza Bustamante alrededor de 240; en la unidad Oncopediátrica de Solca unos 250. Asegura que la tasa de mortalidad de esta enfermedad es alta y que solo dentro de su organización, que agrupa a más de 550 padres, ya suman más de 60 niños que han fallecido.

Otra debilidad del sistema de salud hacia los pacientes con cáncer es la falta de presupuesto que se evidencia en hechos como la constante falta de pago del Estado a Solca por las derivaciones de pacientes a ese centro hospitalario. “Nos ven como un rubro que infla el presupuesto del estado”, lamenta Palacios.

En el sector público, solo hay 2 hospitales para atender a los niños con cáncer: Baca Ortiz e Icaza Bustamante. Pero Palacios precisa que no cuentan con un servicio integral, dice que hay apenas 17 médicos oncopediátricos en todo el país.  

Nunca se podrá conocer en cuánto disminuyó la esperanza de vida de los pacientes que no han recibido sus medicinas a tiempo y cuántos murieron por no haber tenido acceso a los fármacos debido al desabastecimiento. Y es que no le conviene al Estado mantener y transparentar un registro de los efectos en las tasas de mortalidad de esta grave crisis de falta de fármacos.

Hospitales siguen incumpliendo acción de protección

Pese a haber transcurrido casi 90 días desde que se dictó la acción de protección que ordenó a los hospitales del sistema de salud pública a abastecerse de medicinas para los pacientes catastróficos, un análisis realizado por la Defensoría del Pueblo del Guayas revela que las farmacias y bodegas de las principales casas de salud todavía no cuentan con al menos 26 medicamentos para 7 tipos de enfermedades que padecen los usuarios.

Fuente: Defensoría del Pueblo 

La Defensoría del Pueblo ha hecho un seguimiento de este tema y luego de varios pedidos a la jueza Lissette Reyes para que haga cumplir su sentencia sobre la acción de protección (Nº 09332-2021-161009), este 13 de julio el delegado de la defensoría del Guayas, Francisco del Pozo Villamil planteó 4 exigencias a Reyes: que ordene a los hospitales demandados que en 24 horas le presenten un informe con pruebas de haber adquirido todos los medicamentos referidos en la sentencia y que sean suficientes para el período de tratamiento; una actualización de todos los medicamentos, insumos y reactivos que se encuentran en las bodegas y farmacias de cada unidad hospitalaria; la realización de inspecciones en los hospitales para que constate la falta de provisión de muchos fármacos. 

Si persiste el incumplimiento le solicitó iniciar las acciones administrativas y judiciales que prevé la ley de Garantías jurisdiccionales, es decir que la jueza determine si la responsabilidad es estatal y esta violación de derechos implica un delito, deberá remitir el expediente a la Fiscalía; así como a la máxima autoridad de la entidad responsable para que inicie las acciones administrativas.  

El Defensor del Pueblo del Guayas incluso pidió a la jueza que disponga la intervención de la Policía Nacional para que se ejecute la sentencia, que evalúe el impacto de las medidas de reparación en las víctimas y sus familiares y de ser necesario modifique dichas medidas de reparación (potestades previstas en el artículo 21 de la Ley de garantías jurisdiccionales y control constitucional).

Pese a estos pedidos de la Defensoría, el 14 de julio pasado la jueza resolvió dar un nuevo plazo de cinco días hábiles a las instituciones de salud para que le presenten un informe completo junto con pruebas documentales que sustenten el cumplimiento de la sentencia de abril de 2022.

Las acciones del gobierno y la realidad paralela de la ex ministra

Al sinnúmero de denuncias de pacientes que no han podido acceder a medicinas se unieron las voces de los médicos reclamando también la falta de material para operar y los problemas con el mantenimiento preventivo de equipos; el Colegio Médico de Pichincha pidió que se declare en emergencia el sistema de salud.

A día seguido de estas declaraciones, el 27 de mayo pasado la respuesta de la entonces ministra de Salud, Ximena Garzón, fue desestimar la necesidad de la declaratoria de emergencia, insistiendo que en Quito hay un 70% de abastecimiento de medicamentos y que en otras jurisdicciones se están tomando medidas para abastecer a la red de salud. Pero el mes siguiente firmó la declaratoria de emergencia sustentándose en un informe que no solo contradice sus declaraciones de mayo, sino que incluye un mea culpa sobre la problemática de las medicinas.

Ximena Garzón, ex ministra de Salud

“El desabastecimiento no es una percepción, sino un hecho, por lo que la presente situación de emergencia es objetiva”, consta en el ´Informe Situacional sobre la realidad actual del desabastecimiento de medicamentos e insumos necesarios para operar en los establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública (MSP)´.

Este informe (No. MSP-DNMDM-GIMEG-IT0071-2022) fue uno de los principales sustentos de la declaratoria de emergencia del 22 de junio.

Si bien la emergencia en el sector rige desde el 17 de junio cuando el presidente Guillermo Lasso emitió el Decreto Ejecutivo 454, la cartera de Salud publicó 4 días después la Resolución Nro. MSP-MSP-2022-0012-R debido a que cada institución de la Red Pública Integral de Salud (IESS, ISSFA e ISSPOL) está obligada a declarar su emergencia.

En el mencionado informe situacional que sustenta la emergencia se identifican las causas del desabastecimiento. Si bien no lo menciona entre los primeros factores, el MSP señala que la salida progresiva de medicamentos del catálogo electrónico ha generado procesos de compra pública poco eficientes. Otro elemento que afectó a los niveles de inventarios, son los procesos de adquisición declarados desiertos, pues entre 2019 y 2021 en el 70% de los casos no se presentaron ofertas al procedimiento de contratación de medicinas. Un ejemplo de la baja participación de oferentes: en el proceso de compra por emergencia declarada en septiembre de 2021 se adjudicaron solo 42 procesos (el 30%) de 123 ítems, y en el Régimen Especial se adquirieron 149 fármacos de una necesidad de 299, es decir se entregó únicamente el 73% del contrato. 

Cuando se declara desierto un proceso, el retraso en la firma del contrato puede ser de dos meses o más.

El Informe situacional del MSP concluye que los medicamentos del catálogo electrónico corresponden a una cantidad ínfima respecto a los que integran el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos (CNMB), “por lo que este mecanismo de adquisición se vuelve insuficiente para superar la problemática …”

Y como ha sido evidente la baja participación de oferentes sobre todo en los últimos dos años, en este informe se identifican las limitaciones de los procedimientos de régimen común de compras públicas sobre todo por los tiempos requeridos para su realización que podrían generar un desabastecimiento inmanejable. Otro factor que ha incidido en el desabastecimiento, a criterio del Ministerio, ha sido el efecto del Plan FENIX (monitoreo de la pandemia) aplicado durante 18 meses, pues generó un represamiento de la atención de otras patologías no Covid y hasta su complicación en algunos casos. De marzo a mayo de 2020 el total de atenciones se redujo en 60% aproximadamente para ubicarse en 1.144.384 pacientes por mes. A partir de julio de 2021 se incrementaron las atenciones clínicas y quirúrgicas a 1.198.943 pacientes por mes con lo cual también aumentó la demanda de medicamentos e insumos médicos para otras enfermedades. Y hasta mayo de 2022 se alcanza una cifra de 1.202.504 pacientes por mes. 

El documento señala que al 31 de mayo de este año el nivel de abastecimiento de medicamentos es de 69% y de dispositivos médicos, del 71%, afectando las atenciones a los pacientes porque el indicador de Disponibilidad de Medicamentos Esenciales para 2022 debería ser del 90% para evitar un riesgo de ruptura del stock. De hecho, según el Informe, algunos establecimientos de salud se encuentran en ruptura y riesgo de ruptura de stock, sobre todo desde el último semestre de 2020 hasta el primer semestre del 2022.

Entre las conclusiones del Informe se admite que el desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos que se acrecentó desde 2021 no pudo ser previsto, pues en el documento se afirma que el Ministerio de Salud tomó las precauciones para afrontar la situación de pandemia en 2020. Pero no se dice nada sobre su planificación para afrontar las demandas de salud, luego del previsible descenso de contagios por Covid19.

También la poca participación de proveedores en las compras públicas de medicamentos y las declaratorias de desiertos a los concursos estaba sucediendo desde 2021 y tampoco se tomaron las previsiones necesarias para 2022.

El Ministerio de Salud ha ofrecido contar con todos los fármacos del cuadro nacional básico y ha explicado que las gestiones que realice para las adquisiciones bajo la emergencia se articularán más adelante con el plan de externalización de farmacias denominado ´Medicina Cerca´.

Sin embargo, los tiempos en los que ofrece cumplir con estos objetivos no son claros. En un comunicado del 20 de junio pasado, se publicó que con la emergencia en el sector salud “se logrará el 100% de abastecimiento para seis meses”.

Mientras que en otro comunicado del 25 de junio en el que se informa sobre el trabajo de las mesas técnicas para analizar el nivel de abastecimiento en las coordinaciones zonales de salud, se dice que “durante los 60 días de emergencia se prevé gestionar la compra de medicamentos para tres meses”.

El MSP ha dicho que dispone de $80 millones para comprar más de 600 tipos de medicinas en el período de emergencia. Mientras tanto ¿quién va resarcir los costos que han debido asumir los usuarios del sistema de salud en los últimos años por el desabastecimiento?

$132 millones saldrán del bolsillo de los usuarios por falta de medicinas en 2022

Las consecuencias de las limitaciones presupuestarias para adquirir medicinas, insumos y equipos, de la falta de planificación y de la corrupción en los procesos de compras públicas han golpeado las economías de los pacientes y sus familiares que han tenido que sacar de sus bolsillos para pagar desde los medicamentos más básicos.

En el Informe Situacional del MSP se admite que una de las implicaciones del desabastecimiento es que el costo se traslada directamente al usuario final o paciente y es lo que se denomina el gasto de bolsillo en salud (GBS). 

Debido a que las compras de medicamentos e insumos que realizan los ciudadanos se dan al por menor y no se benefician de factores de ahorro a los que tiene acceso el Ministerio de Salud por comprar a nivel corporativo, el impacto financiero para los pacientes es grande. 

El MSP proyecta que con los niveles de abastecimiento actual de 69% y 71% en medicamentos y dispositivos médicos respectivamente, el gasto de bolsillo de los ciudadanos podría ascender a $132,12 millones hasta finalizar 2022.

En 2021 las estimaciones del impacto económico para la ciudadanía fueron mayores. El “Informe Técnico Justificativo para el abastecimiento de Medicamentos y Dispositivos Médicos aprobado   por el Ministerio de Salud, al 12 de agosto de 2021, estableció que el abastecimiento era tan sólo del 52% para medicinas y del 65% para dispositivos médicos. Estos indicadores de stock de medicinas e insumos de 2021 se calificaron como críticos y para la ciudadanía se tradujeron en un gasto de $257 millones, niveles superiores a los registrados hasta el momento en este año. De hecho, el 12 de agosto de 2021 se declaró la emergencia del Ministerio de Salud por 60 días.

El desabastecimiento también genera un aumento en los costos de compra de los medicamentos y dispositivos médicos en déficit. De acuerdo con el Informe situacional de 2022, si no hay volumen suficiente de productos a adquirir para alcanzar descuentos, las compras directas o las de ínfima cuantía incrementan los precios. “En base a la experiencia de diferentes unidades de salud durante la pandemia, estos incrementos pueden oscilar entre 30 a 800% más”.

A esto se suma un costo estimado de $ 19,1 millones que los hogares y la economía dejarían de percibir por la pérdida de productividad en los establecimientos del Ministerio de Salud para atender enfermedades crónicas no transmisibles. 

Comisión Anticorrupción vigilará los procesos de contratación de la emergencia

Si bien a los pacientes les urge acceder a medicinas en los centros hospitales del sistema de salud, eso no puede significar una nueva oportunidad para que se comentan atracos en contra del fisco.

Una de las primeras entidades en anunciar que estará vigilante de los procedimientos de contratación que realice el Sercop en el marco de la emergencia es la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), pues considera que la declaratoria de emergencia en salud «no puede convertirse en patente de corso» para que se seleccione con discrecionalidad a proveedores de insumos y medicinas para entregar sus productos al IESS o al Ministerio de Salud con sobreprecios.

Esta organización ha advertido que «en tales procesos no deben intervenir quienes, mediante subastas inversas amañadas, suscripción de convenios de pago, entre otras cosas, han asaltado los dineros de los ecuatorianos».

Ricardo Ramírez, coordinador de Comisión Anticorrupción del Guayas considera que el desabastecimiento de medicinas e insumos es parte de un esquema premeditado y advierte un atraco en el sistema de externalización de la provisión de medicinas.

“Hay una deliberada estrategia de boicotear al sistema de salud para alimentar la idea de que hay que darle al sector privado cada vez más áreas del sector público”, asegura Ramírez, pues son millones de recetas las que se despachan anualmente y que ya no se comprarán a los laboratorios productores o a los importadores de medicinas, sino a intermediarios que son las cadenas de farmacias. Eso implica gastar más y comprar menos.

¿Por qué no se logra destrabar este conflicto?

Son varios los nudos críticos que están impidiendo la provisión de medicinas e insumos para los pacientes en general, de acuerdo con las conclusiones de las mesas de trabajo realizadas bajo la coordinación de la Defensoría del Pueblo, en las que han participado los directores y gerentes de los principales hospitales de la red pública de salud, así como representantes del SERCOP, de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado y hasta la Fiscalía.

La Defensoría está realizando una evaluación integral de la red de salud pública. Y luego de varias reuniones en las que han participado delegados de los hospitales: Andrade Marín, Baca Ortiz, Eugenio Espejo, Militar, de la Policía Nacional, de Quito; así como también del Teodoro Carbo, Ceibos, Francisco Ycaza Bustamante, del Guasmo, Universitario, de la Armada, además del hospital de Portoviejo, se han identificado los siguientes problemas: 

  • En contratación pública .-  algunas empresas oferentes no se presentan a los concursos a pesar de tener los precios requeridos, lo que incide para elevar lo valores o para que los procesos se caigan. En muchos casos son las únicas empresas que distribuyen determinados productos por lo que tienen el poder sobre determinados medicamentos. Entonces podrían existir problemas en el ámbito de competencia.
  • Las dificultades en los procesos de contratación pública se deben a que varios aspectos del sistema están caducos, por lo que se requieren reformas legales.
  • Las asignaciones presupuestarias desde el Ministerio de Economía para la adquisición de medicamentos y dispositivos médicos han ido decreciendo cada año en relación a las necesidades de las instituciones de salud. (Esto se corrobora en un Informe Técnico del   MSP, de agosto de 2021 en el que menciona una reducción presupuestaria a 2021, de $117 millones en comparación con lo asignado para medicamentos en 2018, lo que significó un decremento del 77%) 
  • Los gerentes de los principales hospitales sostienen que la Contraloría hace auditorías sin suficiente criterio técnico para analizar los contextos de crisis que ocasionaron la compra de determinados medicamentos. Muchos funcionarios responsables de estas adquisiciones temen que si no aplican todos los largos procesos del sistema de compras públicas pueden enfrentar glosas hasta después de siete años de haber concluido sus gestiones
  • El catálogo electrónico no incluye los medicamentos para las enfermedades catastróficas y el plan de externalización tampoco incorpora los fármacos para estas patologías

Frente a este panorama la Defensoría del Pueblo presentará varias recomendaciones a todas las autoridades involucradas en estos temas:

  • La Superintendencia de Control de poder de Mercado debería vigilar y/o regular la participación de las comercializadoras de fármacos e insumos en los procesos de adquisición que hace la red de salud integral
  • Debe ampliarse el catálogo electrónico para que las unidades de salud adquieran lo que necesiten.
  • Establecer procedimientos directos de compra de medicinas e insumos cuando existan sentencias judiciales de por medio
  • Capacitaciones generales en línea y semipresencial a personal de los hospitales, pues debido a la pandemia la última acreditación para los responsables de compras públicas se hizo de manera electrónica.

HIDALGO E HIDALGO, LA CONSTRUCTRA VITALICIA EN LA VÍA ALÓAG-SANTO DOMINGO

Escrito por mh en . Publicado en Reportaje.

La Constructora Hidalgo e Hidalgo ha monopolizado las obras y contratos en la vía Alóag-Santo Domingo por al menos un tercio de su existencia, llevándose contratos por USD 387 millones desde 2002 a la fecha, únicamente en esa carretera. Esto en medio de escándalos de corrupción, sobreprecios, retrasos y un proyecto a medias que está paralizado debido a su disputa legal con otra mimada del correísmo: la empresa china Sinohydro.

Apadrinados por la prefectura de Pichincha, Hidalgo e Hidalgo se consolidó como la única contratista en 20 años de la conexión más importante entre las regiones Costa y Sierra. Por esta vía circulan cerca de 13.000 vehículos cada día y un 50% de estos son de carga pesada.

Para tener una idea de la importancia de esta conexión basta recordar los últimos días de la reciente protesta indígena, pues una vez comenzaron los bloqueos de la vía, también comenzaron los problemas de desabastecimiento en Pichincha y en parte de la Costa. El 29 de junio de 2022, por ejemplo, quedó registrado cómo centenares de camiones quedaron varados en el tramo de la parroquia San José Alluriquín, sin poder entregar sus cargas en Quito y otras ciudades.

La vía Alóag- Santo Domingo es por demás clave para el eje logístico nacional; y, en contraste, también es una de las más peligrosas del país, porque ocupa el sexto lugar de siniestralidad.  Según la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), solo en 2021 se registró 175 accidentes en esta vía. Allí los derrumbes son frecuentes y a lo largo de sus 101 kilómetros de extensión es común tropezar con baches, material suelto, maquinaria abandonada y obras inconclusas.

Desde mayo de 2017, dos prefecturas comparten la responsabilidad de esta vía. Pichincha, el tramo de 72,5 kilómetros Alóag-Unión del Toachi; y, Santo Domingo, los restantes 28,5 kilómetros, desde del tramo Unión del Toachi hasta el Redondel de los Sueños de Bolívar.

La zona con más baches y obra inconclusa está bajo responsabilidad de la prefectura de Pichincha que, irónicamente, todavía mantiene deudas y responsabilidad contractual con HeH. El descuido se debe, según la prefecta Paola Pabón a que no cuentan con los recursos para pagarle a la constructora. Risible.

Es por esto que en diciembre de 2021, a las puertas de un año electoral y luego de casi tres años a la cabeza de la prefectura, Pabón ofreció al Ministerio de Transporte y Obras Públicas una alternativa para financiar parte de las deudas pendientes con HeH: devolverles la delegación de la carretera para que sea la Cartera de Estado la que administre la vía y solucione sus problemas. Eso sí, condicionando el pago de una restitución en favor de la prefectura por USD 66,7 millones.

“Conociendo las dificultades financieras, estaríamos abiertos a que el Gobierno Nacional pueda entregarnos una parte en bonos o podamos asumir un plan de pagos. Lo que nos interesa es que el proyecto sea financiable y sostenible”, explicó la prefecta Pabón, en enero de 2022, ante la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional.

En esa ocasión, Pabón expuso cinco propuestas de “viabilidad económica para el contrato de 2015”, con la Constructora HeH. Las otras cuatro, además de devolverle la vía al MTOP, apuntaban a recaudar de USD 1,50 a USD 2 por cada vehículo que pase por los dos peajes ubicados en Alóag y en el Km. 56. Tras la comparecencia en la Asamblea, el MTOP aceptó el cobro de USD 0,50 en el peaje del Km. 56, en donde hasta esa fecha solo existían casetas vacías y sin uso.

Las cuentas de HeH, un balón que la prefectura patea desde 2007

Aumentar la recaudación por el cobro de peajes servirá en un inicio para saldar apenas una parte de las deudas de la prefectura con HeH. Tras la respuesta del MTOP, la Prefectura  señaló que lo que se cobre en el peaje del Km. 56 (USD 0,50) permitiría retomar el contrato firmado en 2015, pues lo que ya se cobra del peaje en Alóag (USD 1 ) se utiliza para pagar otro contrato anterior, firmado en el 2007.

En total son cuatro los contratos adjudicados a HeH en la vía Alóag Santo Domingo. Tres de estos firmados por la prefectura de Pichincha; y, un cuarto firmado por la de Santo Domingo en 2019, que hasta la fecha no puede ejecutarse a causa de un conflicto de intereses que desató una pelea entre dos grandes empresas de la Construcción (los detalles más adelante).

El primero de los contratos del gobierno pichinchano se firmó en 2002, durante la administración del ex prefecto Ramiro González – actualmente prófugo de la justicia- por un monto de USD 17,8 millones, para la reconstrucción y mantenimiento de la vía.

Los siguientes dos contratos se firmaron en 2007 y 2015, por la administración de Gustavo Baroja, que en esos mismos años dio el camisetazo de la Izquierda Democrática a la Revolución Ciudadana junto a su compañera de militancia Paola Pabón. Ambos contratos, por USD 92 millones y USD 252,9 millones, respectivamente, se hicieron para ampliar la vía a cuatro carriles.

Fuente: Sistema Nacional de Contratación Pública. Portales SOCE y Datos Abiertos.

Únicamente el contrato de 2002 está terminado. Del contrato firmado en mayo de 2007 queda un pendiente de USD 4,7 millones. Suman otras deudas por USD 7,7 millones por las ampliaciones de la vía en abril de 2019; y USD 5,4 millones, por trabajos de mantenimiento.  En total, en este momento la deuda de la prefectura de Pichincha con HeH es de USD 17´768.251,92, pero podrá aumentar pues la Constructora sigue a cargo de los mantenimientos básicos de la vía y de brindar apoyo en situaciones de emergencia. Pabón alega que son compromisos adquiridos por por administraciones anteriores a la suya; y, ofreció saldar la deuda hasta finalizar 2022.

El cobro de peajes

Solo en 2020, la prefectura recaudó USD 12,7 millones por el cobro de peajes; y, en 2021, recaudó otros USD 13,5 millones. Esta cifra corresponde al cobro de peajes en las carreteras Alóag-Santo Domingo, Rumiñahui e Intervalles.

De esos USD 26 millones, se destinó cerca del 4% para mantenimiento vial en dos años (USD 989.283). A la CAF se pagó otros USD 12 millones por una deuda ligada al programa vial para el Valle de los Chillos; USD 11,4 millones, para deudas con la Constructora HeH; y, USD 1,91 millones, al pago de una empresa fiduciaria encargada del fideicomiso usado para los dineros del peaje Alóag-Santo Domingo.

HeH y Sinohydro se pelean el tramo de Santo Domingo

Existió un cuarto contrato por USD 26’387.453 millones, que el ex prefecto de Santo Domingo Geovanny Benítez (Alianza País) le adjudicó al Consorcio Multinacional Tsáchila, conformado por la firma ecuatoriana Eufratesinvest, que ya ha tenido otros contratos de vialidad en Santo Domingo; y, la empresa china Sinohydro, responsable de la construcción de la polémica y sobre preciada hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, en la que se hallaron graves fallas estructurales (unas 7.600 fisuras y daños irreversibles en los sistemas de generación) y cuyo funcionamiento causó problemas geológicos en la cuenca del río Coca como es la erosión regresiva.

El asunto es que el ex prefecto Benítez entregó  la obra “a dedo”, usando la figura de la Contratación Directa, a menos de dos semanas de dejar su cargo, el 26 de noviembre de 2018, pero el acuerdo se fue abajo una vez dejó la Prefectura y asumió en el cargo Andrea Maldonado, que apenas llegó tumbó el contrato de forma unilateral y anticipada, para después entregar la obra a la constructora Hidalgo e Hidalgo, en las mismas condiciones: vía contratación directa.

Maldonado entregó el contrato por 24’190.152,35 el 23 de abril de 2019. La Constructora HeH no perdió el tiempo y ese mismo día comenzó con los trabajos en el tramo de la vía delegada a Santo Domingo.

Aquí inició una batalla legal entre dos gigantes de la construcción antes aliadas y  con una historia en común: ambas han sido investigadas y señaladas por separado en diferentes entramados de corrupción durante el gobierno de Rafael Correa; y, también fueron investigadas en conjunto por pagar sobornos para llevarse el millonario contrato de la Hidrovía en la Amazonía peruana.

El Consorcio Tsáchila (Sinohydro) no estuvo de acuerdo con dejarle el contrato a la Constructora HeH y presentaron una acción de protección contra el gobierno provincial. Resultado de esto, el 26 de septiembre de 2019, el juez del caso dejó sin efecto todo el proceso de terminación unilateral del contrato. El fallo fue ratificado el 17 de diciembre siguiente por la Sala de la Corte de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Para entonces Santo Domingo ya tenía una nueva prefecta: Johana Nuñez. Hidalgo e Hidalgo no tuvo más opción que suspender los trabajos; y, el 28 de junio, la flamante prefecta dispuso la terminación del contrato con HeH. En respuesta, HeH interpuso una acción de protección y solicitó una indemnización de USD 4,8 millones por los gastos que efectuó en los primeros trabajos de ampliación. El 13 de septiembre de 2019, la Corte Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas dejó sin efecto las decisiones de la autoridad provincial.

Desde entonces  y hasta que la justicia ecuatoriana resuelva la disputa, ningún avance de obra será posible en un tramo de 15 km., desde KFC hasta la Unión del Toachi. “Ambas empresas han amenazado con destituirme desde el momento en que asumí la prefectura de Santo Domingo”, cuenta Nuñez. “Yo no puedo decidir a qué empresa le entrego el contrato, eso lo determinarán los jueces”, agrega y asegura que mientras esto sucede, es el gobierno provincial el que asume los gastos de mantenimiento en los 28,5 kilómetros de la vía bajo su delegación.

Nuevos contratos en Guayaquil y Cuenca

La reputación de Hidalgo e Hidalgo no le impide llevarse nuevos contratos públicos. Pese a su vinculación con escándalos de corrupción, entre 2015 y 2019 se llevó con cuatro contratos estatales: dos de estos con la Empresa de Agua Potable de Guayaquil, uno con la Corporación Aeroportuaria de Cuenca y el antes señalado contrato con la prefectura de Santo Domingo. Estos contratos suman USD  en total 47’487.224,07, según detalla la base de datos abiertos del Servicio Nacional de Contratación Pública.

Fuente: Sistema Nacional de Contratación Pública. Portales SOCE y Datos Abiertos.

H&H ha sido investigada y sentenciada por la justicia ecuatoriana porsu participación en la red de corrupción del Caso Sobornos 2012-2016. La investigación periodística fue publicada por este medio digital y reveló cómo la mencionada empresa obtuvo contratos estatales a cambio de aportes para las campañas presidenciales de Alianza PAIS entre 2012 y 2017, para binomios Rafael Correa-Jorge Glas y Lenín Moreno-Jorge Glas.

Usando ese mecanismo, entre 2008 y 2016 obtuvo al menos 16 contratos, por USD 814 millones. Uno de ellos es la ampliación de la vía Alóag-Santo Domingo por USD 252 millones, otorgado por la prefectura de Pichincha, a cargo de Gustavo Baroja.

Como resultado de esta relación, el costo inicial de la vía se incrementó y superó los USD 100 millones. Es decir, que a los USD 54 millones del presupuesto inicial se sumaron otros USD 15,9 millones, por mantenimiento rutinario; USD 21,6 millones por mantenimientos periódicos; y, USD 13,6 millones, por contratos complementarios.

Vandalismo a río revuelto

Escrito por mh en . Publicado en Reportaje.

Fernando Villavicencio, presidente de la comisión de fiscalización, presentó a la fiscalía un oficio en el que destaca los hechos que se han suscitado en el marco del #ParoNacional

A río revuelto, se están realizando actos vandálicos, concentraciones violentas, cierre de vías, suspensión de servicios, daños a propiedades públicas y privadas, entre otros, actos que, más allá del ejercicio y goce del derecho a la resistencia que garantiza la Constitución, son conductas que ocasionan graves perjuicios a la colectividad, al orden público y desestabilizan el régimen establecido; poniendo en riesgo la seguridad e integridad física de todos los ecuatorianos

Tubería de agua atacada en Pinsaquí

El viernes 17 y sábado 18 de junio de 2022, fue atacada la tubería de agua potable Pinsaquí-San Antonio, en la zona de la quebrada “El Artesón”, provocando desabastecimiento de agua potable en varias zonas aledañas a la parroquia San Antonio.

Sistema de agua Pinsaquí – San Antonio sufre otro atentado

Intento de corte de luz en Antonio Ante

el 17 de junio de 2022, manifestantes intentaron cortar el suministro eléctrico, situación que generó preocupación entre los vecinos. En un video que se ha vuelto viral en las redes sociales, se puede escuchar a un grupo de personas pidiendo a los empleados de la subestación Atuntaqui que suspendan el servicio, e incluso les dieron 20 minutos para hacerlo.

https://www.eluniverso.com/noticias/ecuador/paro-nacional-en-imbabura-atentan-contra-sistema-de-agua-potable-se-investiga-quienes-serian-los-responsables-de-actos-vandalicos-nota/

Manifestantes incendiaron un patrullero de la Policía afuera de la Unidad de Flagrancia, en Quito

Un grupo de jóvenes manifestantes que hacían campaña en la avenida Patria y la calle 9 de Octubre, en el centro norte de Quito, vandalizaron e incendiaron un vehículo de la Policía Nacional que estaba estacionado frente a la unidad de Flagrancia de la Fiscalía General del Estado. La multitud roció gasolina sobre la patrulla y uno de los jóvenes arrojó un artefacto provocando el incendio.

https://www.eluniverso.com/noticias/politica/paro-nacional-manifestantes-incendiaron-un-patrullero-de-la-policia-afuera-de-la-unidad-de-flagrancia-en-quito-nota/

Disturbios en el norte de Quito: policías fueron retenidos por varias horas y una ambulancia bloqueada

Tres policías fueron detenidos el lunes 20 de junio por manifestantes en Guayllabamba, provincia de Pichincha. Horas después, salieron golpeados y heridos, según la Policía Nacional.

https://www.vistazo.com/actualidad/nacional/disturbios-en-el-norte-de-quito-policias-fueron-retenidos-por-varias-horas-y-una-ambulancia-bloqueada-XA2020415

Video de manifestantes con armas de fuego

En el video contenido en el enlace que se muestra aquí arriba, se puede observar claramente a un manifestante encapuchado, con una soga, palos y presuntamente portando un arma de fuego con un arma cortopunzante incorporada.

Contaminación de agua obliga a suspender el servicio en Ambato

Según el informe, el equipo técnico de EpEmapa ha dejado temporalmente de suministrar agua potable para no afectar a la población y ha comenzado la limpieza de los depósitos correspondientes para restablecer el servicio a la mayor brevedad posible.

https://www.eluniverso.com/noticias/ecuador/alerta-de-supuesta-contaminacion-con-hidrocarburo-obligo-a-suspension-del-servicio-de-agua-potable-en-ambato-nota/

Vandalismo en la Universidad Católica de Quito

Según un comunicado de prensa de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), los manifestantes ingresaron sin permiso por la avenida 12 de Octubre y destrozaron las puertas. Los hechos se registraron la mañana del martes 21 de junio de 2022, en el marco de la novena jornada de paro nacional. Un grupo de jóvenes irrumpió en la puerta y adentro se reportaron otros vandalismos.

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/actualidad/44/puce-manifestantes-campus

Sucesos violentos y uso de armas en el sector de Tumbaco.

De acuerdo con los enlaces que aquí arriba se citan, en un video difundido en redes sociales, se observa el cierre de la vía en ambos sentidos y cómo un vehículo de color negro se acerca ante varios manifestantes. De inmediato se escuchan presuntos disparos y el vehículo negro se retira, vuelve en reversa para luego alejarse de la barricada. Inmediatamente aparece una camioneta que también repite la acción.

Ataque a las inmediaciones de la Fiscalía General del Estado

La Fiscalía General del Estado informó que “el edificio de la planta central de la institución se encuentra bajo ataque, por lo cual ha solicitado a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas que refuercen la seguridad del inmueble”. En el video contenido en el enlace, se puede observar cómo varios individuos lanzan objetos contundentes contra las puertas del edificio de la Fiscalía General del Estado.

Reportan ataque contra edificio de la Fiscalía en Quito

Uso de tanques de gas comprimido como potenciales explosivos en el sector del Chaupi

Grupos violentos bloquean la vía principal de acceso a Pifo, en el sector de Chaupi Molino. Se colocaron dos tanques con gas comprimido y pentolita en posición de ataque.

Sucesos de vandalismo en la ciudad del Puyo que culminaron con un fallecido, el incendio de una UPC y de varios vehículos de la Policía Nacional.

En el contexto de las manifestaciones, en Puyo, provincia de Pastaza, se registraron actos vandálicos la noche del 21 de junio de 2022. Decenas de personas incendiaron la unidad policial del distrito central, los carros y motos de la policía, y al mismo tiempo saquearon una sucursal bancaria del Banco de Guayaquil

https://www.metroecuador.com.ec/noticias/2022/06/22/policia-nacional-sobre-fallecido-en-puyo-se-presume-que-fue-a-consecuencia-de-la-manipulacion-de-artefacto-explosivo/

“El país se encuentra atravesando una grave conmoción social, provocada por personas que buscan sembrar caos y obtener protagonismos, quienes no han reparado en ejecutar actos atentatorios solicito que su autoridad, en el marco de sus competencias, determine quiénes son los que financian los actos vandálicos de las protestas de junio de 2022”  señaló Villavicencio en el oficio dirigido a la Fiscal.

Hacker español contratado para atacar al Gobierno y a Villavicencio fue parte del equipo que espió a Julian Assange

Escrito por mh en . Publicado en Reportaje.

Ramón Devesa González es el “experto en ciberinteligencia” contratado por el correísmo para atacar al Gobierno de Guillermo Lasso y a Fernando Villavicencio, a través de la difusión de contenidos y videos con noticias falsas.

Esto como parte de la estrategia correísta para desviar la atención de las revelaciones sobre el legislador correísta Ronny Aleaga, y la presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana, Marcela Aguiñaga.

En días pasados, el asambleísta Villavicencio hizo pública una fotografía tomada en Miami, Estados Unidos, en la que Aleaga aparece disfrutando los placeres del dinero y el poder con tragos y en una piscina, junto con Xavier Jordán Mendoza, prófugo de la justicia por un proceso legal de asociación ilícita en 2020.

También circuló una fotografía de Marcela Aguiñaga junto a Xavier Jordán Mendoza y se conoció que Aguiñaga vivió en el edificio “Quo” y que fue “vecina” de Daniel Salcedo, sentenciado por peculado en el caso hospitales, y de Julio César Quiñónez, exasambleísta de Alianza País.

El medio digital La Posta, incluso, aseguró que la expareja sentimental de Aguiñaga era socio de Xavier Jordán.

“Estos ataques contra el gobierno y mi persona son financiados por Xavier Jordán y orquestados por el correísmo, con el prófugo Rafael Correa a la cabeza. Sé que Juan Pablo Jaramillo Dávila, operador de Jordán, mantuvo reuniones en el extranjero para organizar estos ataques”, asegura Villavicencio.

Jaramillo es un activo participante del correísmo que también hizo negocios en los hospitales, especialmente los de Guayaquil. En septiembre de 2018, obtuvo un contrato por $ 507.200 para la provisión de insumos médicos para el área de Urología del hospital Los Ceibos.

Dos meses después, obtuvo otro en el Teodoro Maldonado Carbo por $ 938.969 para suministrar equipamiento para terapia respiratoria. Este contrato fue examinado por la Contraloría General del Estado, quien en sus conclusiones determinó que el presupuesto de la mencionada contratación tenía sobreprecio.

El legislador explica la implementación de la campaña de difamación, el correísmo buscó a Podemos y sus sociedades de “consultoría política” que operan desde hace años en varios países de América Latina, y para las que trabajan exempleados de UC Global y el mismo Devesa González como informático.

Ramón Devesa González, originario de Cádiz, España, es un exempleado de la empresa de seguridad española UC Global SL, famosa en el Ecuador por haber hecho vigilancia al margen de las leyes británicas a Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres, por orden del Gobierno de Rafael Correa.

Esta misma compañía dio protección y vigilancia a Correa y su familia en Bélgica y su hija en Francia. Seguridad que se mantiene hasta la actualidad.

De la relación laboral con UC Global, Devesa conserva una estrecha relación con Ernesto Julián Ruiz Alonso y Ángel Molina, dos extrabajadores de esa compañía, que en su momento fueron escoltas de Rafael Correa. Luego Ruiz Alonso y Molina se hicieron con el servicio de la empresa.

Devesa trabaja para R5 Personal and Corporative Services, empresa administrada por Alonso y Molina que también ha sido contratada por el partido español Podemos para obtener toda la información referente a la seguridad del partido, que estaba en poder del antiguo equipo informático de la organización política.

Se conoce que la estrategia de difamación en contra de Villavicencio se ejecuta a través de la empresa española Areani Consulting S.L., de propiedad de Devesa, que mantiene contacto semanal con el prófugo Rafael C. y le da el servicio y gestión, mediante controles parentales, instalados en los ordenadores que usan a diario.

Otra empresa usada por Ramón Devesa es Oliver Law Integral ServiceS.L., que fue creada para fines políticos. Devesa está involucrado en una causa en España que investiga a Podemos por la presunta financiación ilegal de ese partido. Se le investiga por falsificación de pruebas para favorecer al partido político en una investigación que se lleva en un Juzgado en Madrid.

Se conoce que Ramón Devesa estuvo en Ecuador con el objetivo de vender información sobre UC Global y el espionaje a Julian Assange en Londres a la Inteligencia ecuatoriana. En el país dictó cursos de “hacking ético” al Servicio de Protección Presidencial y de “Inteligencia de Fuentes Abiertas” al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Actualmente trabaja con el nuevo correísmo, en campañas de desprestigio con el objetivo de causar agitación social, desprestigiar las instituciones democráticas y generar opinión pública en contra de Villavicencio.

Villavicencio asegura que ya está en marcha la campaña de difamación y hace alusión a videos que circulan en internet sobre la Corporación Financiera Nacional en el que se le acusa de formar parte de la “mafia de CNT” y a campañas que defienden a Xavier Jordán.

El legislador señala que pondrá el caso en conocimiento de los Gobiernos de Bélgica y España y solicitará que se realicen las investigaciones correspondientes, “elevaré un reclamo al Gobierno de Bélgica porque las actuaciones de Rafael Correa, quien goza de asilo político, vulneran los principios del asilo; también solicitaré al Gobierno de España que realice una investigación a estas empresas y a Ramón Devesa que están ofreciendo servicios a un prófugo en contra del Gobierno ecuatoriano y de un legislador”.

Xavier Jordán Mendoza compró mansión a Xavier Macías Carmigniani

Escrito por mh en . Publicado en Reportaje.

La trama involucra a decenas de empresas ecuatorianas y off shore, relacionadas entre ellas en Panamá, Costa Rica y el Reino Unido. Sobresalen Katalist Fund y Rebrot Ltd. Las dos de Xavier Jordán domiciliadas en el Reino Unido. La primera le vendió la casa a Leandro Noreno, la segunda compró la casa de playa de Xavier Macías

Al final fue una negociación entre empresas: la panameña Sociedad Inversiones Larena Ltd. S.A., de Xavier Macías Carmigniani, vendió a la empresa Rebrot Ltd. de Xavier Jordán Mendoza, domiciliada en Reino Unido, la maravillosa casa de Salinas, que todo turista se maravilla al verla cuando cuando camina por la playa. 

Según el Registro de la Propiedad de Salinas, la transferencia de dominio del inmueble que tiene 1050 metros cuadrados se registró el 22 de marzo de 2022 y el 28 de abril.

En la compraventa participaron el representante local de Inversiones Larena Ltd. S.A., Juan Carlos Carmigniani Valencia, y el apoderado general de Rebrot en Ecuador, Brian Paúl Valle Delgado.

La vendedora de la casa, Inversiones Larena, vinculada a Xavier Macías y su esposa, María Patiño, fue parte del entramado de empresas extranjeras (Ina Investment Corp., Fundación Amore, Espíritu Santo Holdings, Probata Investments SA, San Antonio Bussines Corp, Turquoise Holdings Ltd, Associated Corporation Services, Manela Investment Corp, Jugorlo Investment Corp., entre otras) de la pareja que manejó incesantes recursos, e incluso compró, en 2015, muebles y vajillas para sus buenos amigos el entonces presidente Lenín Moreno y su esposa Rocío González. 

Conto Patiño Martínez, fue el representante de Sinohydro y su yerno Xavier Macías Carmigniani, junto a su hija, María Patiño Herdoíza, hicieron de lobistas de Sinohydro. Fueron los encargados de agenciar la adjudicación del contrato de construcción de la central Coca Codo Sinclair a Sinohydro; por esa gestión Patiño recibió $18 millones, monto que, según el Servicio de Rentas Internas, nunca fue justificado.

La compradora de la propiedad, Rebrot, fue constituida por Jaime Coronado Llanos el 17 de diciembre de 2021 en Londres, Inglaterra (32 Drayton Road, N17 6HJ), con un capital de 1.000 libras esterlinas. El mismo día, la compañía nombró director y “persona con control significativo” a Xavier Jordán Mendoza y cesó a Coronado del manejo de la empresa. Actualmente, Jordán es el único accionista de Rebrot.

Jordán seis años atrás, en 2016, le vendió una casa en Samborondón, a Leandro Norero Tigua, actualmente detenido y acusado por la justicia del delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico.

Jordán Mendoza, es prófugo de la justicia por presunta delincuencia organizada en la trama de la corrupción en el hospital del IESS Teodoro Maldonado.

El asambleísta Fernando Villavicencio, explicó que el 18 de abril de 2022, diez días antes de la venta de la casa, Xavier Jordán dio una fiesta por su cumpleaños en Miami, a la reunión social asistieron el asambleísta Ronny Aleaga y Juan Carlos Carmigniani Valencia: 

“el señor Carmigniani estuvo en esa fiesta para festejar, a más del cumpleaños de Xavier Jordán, cerraron un gran negocio con una mansión de propiedad de Xavier Macías Carmigniani. La mansión sin duda fue construida con los recursos de sobornos pagados por la compañía Sinohydro, constructora de Coca Codo Sinclair, llegaron a manos de la empresa Recorsa, del suegro de Javier Macías Carmigniani, Conto Patiño Martínez”, detalló Villavicencio.

Villavicencio dice además que el exdirector de Rebrot Ltd. en Londres, Jaime Coronado Llanos, es “testaferro y operador de empresas offshore, entre ellas las de Javier Jordán Mendoza”.

La dirección en Londres de Rebrot Ltd. conecta a otra empresa con la que Javier Jordán tuvo tratos comerciales en 2016: Katalist Fond Ltd., la offshore que le compró a Xavier Jordán una casa en Riveras del Batán en Samborondón, lugar donde fue arrestado Leandro Norero y su conviviente el pasado 25 de mayo. 

Según explicó ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional el comandante general de la Policía, Fausto Salinas, Xavier Jordán Mendoza vendió la lujosa propiedad a Mónica Padilla Obando, representante de Katalist Fond Ltd. Padilla Obando, oriunda de la provincia de Carchi, administra una serie de empresas en Londres y Ecuador.

Telaraña societaria

Según la Superintendencia de Compañías, fue gerente general de Curamedecsa y presidenta de Gigacrete Ecuador, empresas que actualmente son gerenciadas por Brian Valle Delgado, el representante ecuatoriano de Rebrot Ltd. Valle Delgado también es el gerente general de Media Property Administración de Negocios Medprop S.A.

La Superintendencia de Compañías del Ecuador, señala que la dueña de Gigacrete es la compañía inglesa Sophos Azul Ltd., que tiene la misma dirección de Rebrot en Londres, y registra a Jaime Coronado Llanos como su director. 

Curamedecsa tiene como accionistas a Operaciones Portuarias Hafen de Centroamérica SRL, de Costa Rica, y Port Finance International Ltd., de Inglaterra, también con la misma dirección de Rebrot Ltd.

Medprop S.A., la tercera empresa gerenciada por Brian Valle Delgado fue constituida en noviembre de 2015 por Recon S.A., esta última de propiedad del Estudio Jurídico Vivanco & Vivanco. En 2021, Recon S.A. vendió la compañía a Artesian Investments Ltd., de Inglaterra, también con el mismo domicilio de Rebrot. Es administrada por Fabiola Sáenz Quezada de Costa Rica.

Rebrot Ltd. registra en Londres la misma dirección de más de una decena de empresas, vinculadas a Jaime Coronado, los hermanos José y Javier Jordán, José Marazita, su esposa Carolina Suastegui, y al estudio jurídico Vivanco & Vivanco.

Jaime Coronado Llanos, de 44 años, peruano-ecuatoriano, es el actual presidente de Peanfra S.A., una compañía constituida en mayo de 2013 por José Marazita Espinar y John Andrade Cornejo; posteriormente, Andrade vendió su participación accionaria a Carolina Suastegui, esposa de Marazita.

Actualmente, los accionistas de Peanfra son Instalaciones Médicas LGH LP, de Canadá y LGH Hospitales Grup Sociedad Anónima, de Costa Rica. Según la Superintendencia de Compañías de Ecuador, esta última registra como accionistas a Peanfra y Medicalplus S.A., empresa en la que tiene participación Carolina Suastegui.

Peanfra S.A. y Palafren S.A. fueron identificadas como parte de la trama de corrupción en los hospitales, pues obtuvieron millonarios contratos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Palafren fue adquirida en 2015 por José Marazita Espinar, posteriormente la vendió a José Luis Jordán Mendoza, este a su vez, vendió la compañía a Andean Sheperd Ltd., de nacionalidad inglesa, en diciembre de 2016. Andean tiene la misma dirección de Rebrot en Londres. Actualmente, es administrada por el colombiano Alberto Arciniegas, que también dirigió compañías con Jaime Coronado Llanos en Londres. 

El poder de ‘El Patrón’ Norero se permea en instituciones públicas

Escrito por mh en . Publicado en Reportaje.

Norero fue aprehendido junto a su conviviente, Lina R.V., en una casa moderna con exclusivos detalles tecnológicos que estaría avaluada en 2 millones de dólares y que perteneció a un exservidor del IESS que ha sido investigado como parte de una red de corrupción hospitalaria. Ahora se conoce que esa propiedad pertenecía a Xavier Jordán, acusado de lavado de dinero en el caso Gran reparto, y que trabajó de la mano de los Bucaram y Daniel salcedo.

Información proporcionada por altas autoridades de la fuerza pública dan cuenta de una estrecha relación entre Xavier Jordán y alias «Leandro», de hecho establecen que el primero se encargaría de lavar el dinero de Leandro fuera del país. En estas imágenes se observa ademas una relación especial entre el asambleísta de UNES Ronny Aleaga y Xavier Jordán. Algo por demás extraño si consideramos que Aleaga ha sido uno de los grandes denunciantes de la corrupción de Lenín Moreno.

Amistad ante todo: el asambleísta Ronny Aleaga empuja la silla de ruedas de la madre del prófugo Xavier Jordán, uno de los lavadores de dinero de la estructura criminal liderada por Leandro

El asambleísta Ronny Aleaga empuja la silla de ruedas de la madre de Xavier Jordán, previo a un viaje de placer en un yate particular. 

La propiedad está ubicada en la urbanización Riveras del Batán, cantón Samborondón; además de esa vivienda, se le incautaron 11 propiedades en varios sitios exclusivos de Guayas, como en un edificio de Puerto Santa Ana; también de Manta, Manabí; y en Punta Blanca, Santa Elena.

Al 2022, el hombre de 34 años considerado uno de los “narcos invisibles” que operan en Ecuador, ya había edificado una poderosa organización dedicada al Lavado de Activos, a la que durante la Operación Despegar, desarrollada la madrugada del 25 de mayo, se le incautaron más de 24 millones de dólares, 6,5 millones en efectivo, en 31 paquetes de 100 dólares; y el resto es el avalúo de 11 viviendas, 6 vehículos de alta gama, lingotes de oro, un sinnúmero de relojes, que cuestan entre 200 mil y 600 mil dólares; 6 laptops, 5 armas de fuego y municiones.

Tras una investigación de ocho meses, la Dirección Nacional de Antinarcóticos ha logrado determinar que alias El Patrón, quien de joven fue parte de la agrupación Los Ñetas, se habría iniciado en el 2005 como cargador de “mulas” (persona que lleva droga en su interior). Ahora, “junto a su conviviente, había logrado establecer en emporio”, dice la Policía.

Durante la audiencia de formulación de cargos por Lavado de Activos también se lo hizo contra las firmas (algunas son solo de papel) Salon L&C S.A.; Samsongseafood S.A.; Corporación de Estética Lumina Luminacorpgye S.A; Ashimha Life S.A.; Agronorting C.A.; y, Norerodesign S.A.

Aunque hacía parecer que estaba netamente dedicado a actividades dentro de una lavadora de carros, ubicada en La Aurora, Daule, denominada Tecnicentro & Car Wash; y su conviviente a la administración de un SPA, localizado en Urdesa, informes del Servicio de Rentas Internas, de la Unidad de Análisis Financiero y Económico; y de la Superintendencia de Compañías dan cuenta de que juntos movían millonarias sumas de dinero que no podían ser justificadas con los ingresos que tenían.

Sobre todo Lina R.V., quien pese a que atendía solo a personas de nivel socioeconómico alto no poseía una cartera de clientes tan amplia como para obtener el dinero que mantenía en las 11 cuentas que había abierto en 5 bancos del Ecuador.

Hoy El Patrón, quien fue parte de las negociaciones de paz desarrolladas en el 2006 entre Los Ñetas y Latin King, es investigado por Lavado de Activos y Tenencia Ilegal de Armas, aunque todavía resta por determinar si es procesado por los documentos que tenía en su poder, con su fotografía.

“Portaba dos licencias de conducir con distintos nombres, también dos cédulas de identidad”, informó el Ministro de Gobierno, Patricio Carrillo, este viernes 27 de mayo en Guayaquil. Además, refirió que se lo debería investigar por enriquecimiento ilícito, vínculos con la minería ilegal y usurpación de identidad.

“La Fiscalía y la Policía Nacional recién están iniciando una gran investigación en este caso”, expresó la autoridad en el Cuartel Modelo.

También aclaró que los vínculos que Norero tenía en los distintos organismos públicos los tendrá que determinar la investigación, pero –aseguró- “por experiencia se conoce que el crimen organizado, cuando actúa, se articula y actúa con protecciones de todo tipo, judiciales, políticas, comunicacionales”.

Y es que en la residencia de El Patrón también se habrían hallado documentos que reflejan la adquisición de una vivienda en Santa Elena, valorada en 230 mil dólares, que estaría a nombre de la exfiscal de antinarcóticos que lo asesora jurídicamente.

Tras haber sido cargador de “mulas”, delito por el cual fue procesado en Perú y que logró que se archive al hacer creer a las autoridades de ese país que había fallecido víctima del Covid 19, El Patrón, además de lavar dinero del narcotráfico, se convirtió en traficante de drogas de alto nivel.

Se estima que enviaba al menos 10 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización por mes a diferentes países del mundo, a través de distintas rutas, las que habría conocido por medio de Jorge Luis Zambrano González, alias Rasquiña, líder de Los Choneros, quien fuera asesinado por un sicario en Manta, en 2021, y “con el que mantenía una buena relación”, según la Policía.

Pero Norero, quien poseía 9 cuentas bancarias en 6 entidades del Ecuador, no solo lavaba dinero en sus empresas sino que es señalado como el financista de bandas narcodelictivas de Los Lobos, Chone Killers y Tiguerones, que mantienen enfrentamientos en las calles del país contra otros grupos narcocriminales e incluso han liderado varias matanzas en las cárceles de Guayas, Azuay y Cotopaxi. Se conoce que, en 2019, sufrió un atentado en el norte de Guayaquil.

Ahí, la Policía reveló que sobre él pesaba una difusión roja de la Interpol, no obstante, ese caso se diluyó. En su prontuario consta que ha enfrentado procesos por narcotráfico, en 2018; y, además, por tenencia ilegal de armas, asalto, robo y asociación ilícita.

Tras la audiencia de formulación de cargos, la Fiscal Lidia Sarabia López, de la Unidad Contra el Lavado de Activos, formuló cargos a Leandro Norero Tigua, sus hermanos Johanna Z.T. e Israel N.T., también contra las seis firmas que administraban El Patrón y su conviviente, Lina R., a quien se le dictó medidas sustitutivas.

Deberá presentarse todos los jueves ante el fiscal que lleve el proceso judicial y tendrá que usar un dispositivo electrónico de vigilancia.

Ex asesor del Banco Central usa información reservada para comprar irregularmente un departamento de lujo

Escrito por mh en . Publicado en Reportaje.

El uso de esa información privilegiada tiene un nombre,  Mauro Alejandro Naranjo Benítez,  pero sobre todo tiene un perjudicado: el empresario Pablo Maya Rivadeneira, dueño del departamento, que desde el feriado bancario nunca dejó de cumplir las obligaciones de pagos que le exigió la Agencia de Garabntía de Depósitos (AGD) y mas tarde el BCE.

Él asegura que nunca pudo recuperar el bien, a pesar de haber pagado el crédito original.

Maya Rivadeneira perdió su departamento en un remate realizado en Guayaquil, sin que tenga conocimiento. El departamento pasó a manos de un funcionario del Banco Central del Ecuador, MauroNaranjo Benítez. Aquí la historia.

El 21 de marzo de 2018 la Fiscalía General del Estado receptó la denuncia de Pablo Alejandro Maya Rivadeneira y Marco Vinicio Antonio Tamayo Lalama por el delito de falsedad de información financiera y otros delitos conexos.

La denuncia 1701018033139 detalla cómo Karla Jeannine López Solórzano fue usada como testaferro por su pareja sentimental Mauro Alejandro Naranjo Benítez, miembro de AP, exasesor de la expresidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, y también de la Superintendencia de Bancos y del Banco Central del Ecuador.

Naranjo Benítez fue asesor de la Gerencia General y como tal accedió a información privilegiada del Banco Central del estado legal y financiero de varios bienes inmuebles que se encontraban en garantía desde la crisis bancaria del 1999.

Con información en mano escogió un departamento de lujo ubicado en la av. González Suárez, en Quito valorado en $200.000., lo llevó a remate en Guayaquil, en un proceso por demás oscuro y lo adquirió en $50.000 con crédito directo del Banco Central, a cinco años plazo y apenas con $5.000 de entrada.

Es uno de los cientos de casos registrados por el Colectivo de Deudores de Buena Fe, que desde hace 18 años se han visto impedidos de pagar sus obligaciones y han vivido prisioneros de las acciones corruptas de la entonces Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), Banco Central y actualmente la llamada Compañía de Servicios Auxiliares de Gestión de Cobranzas, Recycob.

Documento de la denuncia en la Fiscalía de Pichincha.

El departamento

En 1996 la empresa Taguachips fabricante de botones de tagua para exportación, que llegaban a mercados como el Asia y Turquía, realizó un crédito en sucres al Banco del Progreso por un equivalente a $65.000. Por este préstamo Taguachips dejó en garantía real el departamento en la avenida González Suárez de propiedad de Maya Rivadeneira.

La compañía había cancelado capital e interés por tres años, la empresa generaba ingresos y crecía. Además daba trabajo a más de setenta personas. Era un emprendimiento en marcha.

A la fecha del cierre del Banco del Progreso el pago total por ese crédito fue del 45%. “Ya solo quedaba por pagar $29.000”, cuenta Maya en 2019.

En lugar de que la AGD proceda a reestructurar las obligaciones de la empresa y brindar una solución, arrancaron procesos coactivos y fueron tras los bienes en garantía, que parecía un frenesí de cobros como una acción que suplía el mal accionar de los banqueros sobre quienes tenían deudas.

“Fue terrible, cuando ocurrió esto nos quedamos sin poder operar. Y pasamos a ser perseguidos y extorsionados con llamadas de funcionarios y juicios de coactivos ilegítimos”, recuerda.

Notificaron a todos los bancos la condición de morosos a pesar de haber mantenido la calificación “A” como deudores de empresa, que tenía incluso cartas de crédito a su favor en el Banco del Progreso off shore pero que nunca se lograron registrar y se dieron con los años por perdidas.

Mauro Alejandro Naranjo y Karla Jeannine López

Cuando la AGD inició los cobros a Taguachips, esta había quebrado y liquidado por los problemas del feriado bancario.

Maya pidió una solución con la dación en pago de la deuda mediante la entrega definitiva del departamento en garantía, pero la AGD nunca realizó un avaluó real y peor el reconocimiento de todo lo pagado. “Nosotros proponíamos soluciones y reestructuración, pero jamás nos contestaban”, en la misma condición le sucedió a la mayoría de los deudores del feriado bancario.

“En lugar de preocuparme porque mis empleados tengan mejores condiciones de vida con el desarrollo de mi empresa, tuve que pasar días enteros en las instalaciones de la AGD recibiendo maltratos con un juicio coactivo en el que no había solución y enfrentando una prohibición de salida del país”.

Miles de deudas sin poder cobrarse y sin voluntad política para encontrar una salida técnica a este problema. “Ahora, en 2019, existen 14 mil casos, en ese entonces el número tiene que haber sido diez veces más”.

La AGD no respondió a esos pedidos, de hecho, el juicio fue declarado nulo por las irregularidades hasta 2009 cuando Naranjo identificó el bien inmueble. Para Pablo Maya fue la continuación de un problema que empeoró porque perdió el bien y siguió endeudado. Según la denuncia de Tamayo y Maya en 2010 se conoció que la entonces gerente del Banco Central en 2010, Hilda de la Torre, trasladó el caso del juzgado de coactivas de Quito al de Guayaquil. “Llegamos a enterarnos que sin nuestro conocimiento y sin que hayamos consentido o prorrogado expresamente la competencia de la causa que tuvo origen y se radicó en Quito” por resolución de la Superintendente de bancos, Gloria Sabando, terminó rematándose en Guayaquil de la mano de la gerente del BCE, Hilda de la Torre.

Hall de ingreso al edificio en la exclusiva zona de la avenida González Suárez en Quito; posee acabados en madera de chanul.

De la información que se ha podido recabar Naranjo Benítez era asesor de la gerente y por ello tuvo acceso a la información del departamento que luego se adjudicó.
Así los funcionarios de coactiva ordenaron el embargo del departamento y avaluaron el inmueble en $42.000. Es decir, luego de 10 años se dio paso al nuevo avalúo del bien (realizado por Gonzalo Beltrán Torres), pero con el objeto de rematarlo a favor de Naranjo.
Al tiempo que Maya perdía su inmueble de manera amañada por la AGD, su salud se deterioró y enfrentó problemas en el colon y un trastorno nervioso, ambos provocados por la situación de estrés al que estaba sometido.
El remate
Aprobado el avalúo el 24 de febrero de 2011 el juez de coactivas remató el inmueble y adjudicó a Carla López Solorzano, novia de Mauro Naranjo, por $51.000 pagaderos a cinco años.
En Guayaquil, en abril de 2012, cuando el departamento fue rematado y consolidado a favor de la novia de Naranjo, el juzgado de coactiva de Quito pidió nuevamente que el caso sea remitido otra vez a su sede en Quito. “Era para que yo no conozca” dice Pablo Maya. El abogado de coactivas en aquel entonces era Juan Posligua Aveiga y Roberto Gómez.
El departamento estuvo deshabitado desde que lo compraron. Según los guardias del edificio consultados por Maya, Naranjo pagaba las alícuotas de la vivienda sin habitar el mismo, un par de meses luego del haber obtenido el departamento en remate se mudó allí.
Para el 13 de marzo del 2019, luego del impulso que ha dado Maya a su caso, se logró que la fiscalía llame a rendir versiones como parte de la etapa de indagación previa, a quienes se apropiaron del departamento en la av. González Suárez: Mauro Alejandro Naranjo Benítez y Karla Jeannine López Solórzano. Ambos se acogieron al derecho al silencio y no se pudo obtener los testimonios.

Solo 125,33 dólares de pensión para el niño del caso Glas Viejó

Escrito por mh en . Publicado en Reportaje.

Para la fijación, el juez se acoge al Nivel 1 de la Tabla de Pensiones que equivale al 29,49% del Salario Básico Unificado (SBU) vigente al momento en el Ecuador, que es 425 dólares.

Sin siquiera considerar que la tutora del pequeño suma ya medio año sin recibir el dinero para su manutención y educación, puesto que, según el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA) del Consejo de la Judicatura, entre diciembre y febrero -mes en el que murió- Glas Viejó no cumplió con la obligación.

Situación que se ha repetido hasta ahora, pues ninguno de sus herederos se ha preocupado del bienestar del niño, que ahora tiene 10 años.

En la providencia que fuera emitida el viernes, el juez Lituma indica que el valor de los 125,33 dólares deberá ser consignado los primeros 5 días de cada mes en favor del titular de la acción, más los beneficios que disponga la ley.

“La pensión establecida en este auto, corre desde el momento de la presentación de la demanda de conformidad a los establecido en el artículo 8 de la Ley Reformatoria al Libro II, Título V del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, se ajustará automáticamente de conformidad con el artículo 15 del mismo cuerpo de leyes…”.

Además, dispone que se cite a los demandados en los lugares que se indican en la acción judicial, “advirtiéndoles de la obligación que tiene de comparecer al juicio, contestar la demanda y señalar correo electrónico para que pueda recibir sus notificaciones en la presente causa en el término máximo de diez días después de citado… De igual forma, se le hace saber a la parte demandada que deberá anunciar todos los medios probatorios destinados a sustentar su contradicción…”, señala el juez Lituma en su providencia.

La demanda contra los hermanos Glas Espinel fue presentada el pasado 4 de mayo en la Unidad Judicial Norte 2 de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia por el doctor Juan Vizueta Ronquillo, patrocinador judicial de la abuela del pequeño que posee un poder especial de la víctima del delito de violación que Glas Espinel cometiera en el año 2011, cuando en reiteradas ocasiones abusó de la niña que asistía a la escuela Hans Christian Andersen, ubicada en la vía a Daule, en la que él fungía de director.

Vale indicar que en la demanda, también se exige que se designe a un perito debidamente acreditado por el Consejo de la Judicatura, a fin de que realice la liquidación de todos los valores que ha dejado de percibir el menor de edad desde el año 2013 al 2022, y que corresponden a la indexación automática de la pensión alimenticia, que no se ha efectuado año a año, considerando el aumento anual del salario básico unificado.

Además, “que en sentencia se ordene a los obligados subsidiarios al pago de esos valores”, ha indicado la parte afectada.

Según la sentencia de septiembre del 2012, emitida por la jueza Martha Guerrero, se estableció que la pensión alimenticia en el caso Glas Viejó debía ser equivalente al salario básico unificado, que entonces era 292,79 dólares y que este año ha alcanzado los 425 dólares.

En el 2021, era de 400 dólares, pero jamás los recibió, pues lo máximo cancelado por el violador fue 361,79 dólares.

Sin embargo, “el pago de este valor se ha mantenido en el tiempo, sin que el funcionario administrativo del SUPA aplique la indexación automática del aumento anual del salario básico unificado”, se explica en la demanda presentada contra los hermanos Glas Espinel. 

¡No bajemos los brazos! 

Escrito por mh en . Publicado en Reportaje.

Tenemos evidencia que parecería sugerir que, dependiendo de la estructura que a uno lo proteja en Ecuador (sea una organización criminal de mediano alcance o una organización política que, en la práctica actúa como organización criminal), las consecuencias de quebrantar la ley no llegarán, o si llegan, es posible sacudirse de ellas sin mayores complicaciones.

Redundar en cifras y entrar en detalles de cada caso no tiene mayor sentido; la pregunta que debemos hacernos es ¿qué posición vamos a tomar frente a todo esto?

Es tiempo de dejar atrás la indiferencia, ya es hora de recordar que en medio de este gran problema de seguridad que experimenta Ecuador están vidas humanas en juego; nuestras vidas, las de nuestros hijos y nietos.

En el fondo está en vilo la posibilidad de reproducir la vida en el territorio ecuatoriano, trabajar, y disfrutar el día a día en nuestro país. 

Es tiempo de no ser indiferente con la corrupción, que es la expresión del crimen organizado transnacional; tan “rentable” que le cuesta al mundo al menos el 5% del PIB mundial, es decir unos 2.6 billones de dólares al año.

El único “negocio” ilícito que se le acerca en cifras es el tráfico de drogas, que no llega a la tercera parte del valor antes mencionado.

El problema de la corrupción y la población ecuatoriana es que está naturalizada. Entre otros motivos porque pocas veces esta actividad deja víctimas mortales identificables, y porque creemos que esta forma de “vida” siempre ha sido así, y que las cosas nunca van a cambiar.

Tenemos que hacer un esfuerzo para relacionar directamente la corrupción con la disminución de inversiones, con el florecimiento de otras formas de delincuencia organizada, con el deterioro en el cumplimiento de derechos, en la disminución de la calidad de vida de las poblaciones, la pobreza y la pobreza extrema.

Aunque desde hace años los efectos de la corrupción están presentes en nuestra realidad diaria seguimos sin establecer la relación.

El fortalecimiento de las bandas criminales en la población de niños, adolescentes y jóvenes pudo prevenirse, al igual que el crecimiento del microtráfico en el país, que hace que hoy la edad de inicio del consumo de drogas esté por debajo de los ocho años.

Pudo evitarse si tan solo se hubiera implementado de forma exitosa la mitad de la política pública diseñada en las áreas de bienestar social y educación. Si tan solo no se hubiese asesinado al sector productivo nacional, poniéndole trabas que le imposibilitaron crecer.

Si tan solo no se hubiese desmembrado a las organizaciones de la sociedad civil, impidiendoles trabajar en los sectores más necesitados del país. Si tan solo no se hubiese destrozado el tejido social que sí existía, y nos permitiría encontrarnos en los ojos de los otros en situación de vulnerabilidad y compartir con ellos.

La ilusión de un estado fuerte y omnipotente que sirvió de guarida para criminales de alta monta nos legó consecuencias que solo podrán ser resueltas en el mediano y largo plazo.  

Latinoamérica es la región más desigual del planeta; sumado a ello la pandemia por la COVID y el conflicto bélico han derribado las previsiones de crecimiento de la economía.

Con los problemas estructurales que arrastramos esto solo puede significar malas noticias, porque cuando el PIB baja suben las cifras de muertes violentas, así como las filas de adolescentes y jóvenes que se involucran con estructuras de delincuencia organizada, y además disminuyen los niveles de confianza en las instituciones.

Como es obvio disminuyen los recursos disponibles para sostener las prestaciones que son responsabilidad del Estado y que sirven para construir equidad dentro de una sociedad, sin la cual en lo concreto no puede existir una sociedad distinta a un caldo de cultivo de violencias, donde ni siquiera las vidas humanas se encuentran aseguradas, peor aún los medios para la continuidad de la misma por siguientes generaciones. 

Aunque sería hermoso soñar con soluciones salidas de una historia fantástica, donde llegan la “elegida”, o el “elegido”, y por arte de magia todo mejora, eso nunca sucede.

Las soluciones a problemas estructurales como el que tenemos se construyen por años y a través de largas intervenciones. Son caminos que deben ser planteados en conjunto con la participación de la sociedad en su conjunto, y jamás darán resultado si el único actor real continúa siendo el débil Estado y sus instituciones deterioradas. 

Hoy es el momento, éste es el momento en el que debemos decidir participar más; en el que debemos rendir cuentas a nuestras autoridades, desde los ámbitos más pequeños.

El instante para decidir renunciar a la indiferencia cómoda en la que nos encontramos y construir soluciones. Sabemos de memoria que si dejamos las cosas únicamente en manos de tomadores de decisión de turno, el resultado no será el mejor.

No bajemos los brazos, no perdamos la esperanza y hagamos nuestra parte, desde comités barriales, asociaciones, nuestros lugares de trabajo, nuestras empresas, los grupos de oración, los colectivos.

Desde todas las instancias tenemos algo que aportar y que decir, algo que permitirá a construir la realidad que urgentemente necesitamos, y no una realidad donde incluso nuestra vida esté en constante peligro.