Autor: mh

Tras el deceso de Jorge Heriberto Glas Viejó, el 21 de febrero pasado , en  Guayaquil, fueron demandados tres de sus hijos, para que, de acuerdo a lo dispuesto en el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia (CONA), asuman la manutención del niño que nació producto de la violación que el fallecido cometió el 2011 contra una estudiante menor de edad, que acudía al centro de estudios que él dirigía, la Escuela Hans Christian Andersen, ubicada en la vía a Daule, noroeste de Guayaquil.

La demanda, que fue presentada en la Unidad Judicial Norte 2 de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia por el doctor Juan Vizueta Ronquillo, patrocinador judicial de la abuela del pequeño, es contra Jorge, Heriberto y Silvia Glas Espinel, quienes, según  el CONA, deberían asumir la responsabilidad en calidad de “obligados subsidiarios”, como indica el Artículo 5, de la Ley Reformatoria al título V, del Libro II, detallado a continuación:

”Art. 5.- Obligados a la prestación de alimentos.-Los padres son los titulares principales de la obligación alimentaria, aún en los casos de limitación, suspensión o privación de la patria potestad.

En caso de: ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de los obligados principales, debidamente comprobado por quien lo alega, la autoridad competente ordenará que la prestación de alimentos sea pagada o completada por uno o más de los siguientes obligados subsidiarios, en atención a su capacidad económica y siempre y cuando no se encuentren discapacitados, en su orden:

1. Los abuelos/as;
2. Los hermanos/as que hayan cumplido 21 años y no estén comprendidos en los casos de los numerales dos y tres del artículo anterior; y,
3. Los tíos/as. (…)”

Tras el sorteo la demanda contra los Glas Espinel recayó en conocimiento del juez Johnny Lituma Jines. Al exponer detalles del caso, Vizueta, quien ha liderado todos los procesos legales contra Glas Viejó, desde el año 2011 cuando, junto a Alfonso Luz Yúnes dirigían el Colegio de Abogados del Guayas, ha indicado que el principal objetivo es que el niño cuente con la pensión alimenticia que le permita satisfacer sus necesidades básicas.

Por tanto, es preciso que los descendientes asuman la responsabilidad, como lo refiere el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, porque siempre debe prevalecer la protección a los derechos del pequeño.

 EL NIÑO SIN MANUTENCIÓN DESDE EL 2021

Juan Vizueta además explicó que, sustentados en el artículo 35 del CONA, se espera que inmediatamente se realice la calificación de la demanda y se efectúe la citación de los hermanos Glas Espinel; además, que se fije una pensión provisional de alimentos en base a la tabla del Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA) del Consejo de la Judicatura, puesto que el fallecido cumplió con la obligación de la cancelación de manutención solo hasta noviembre del 2021. Por lo que, considerando la cifra que pagaba por mes, a la fecha existe una deuda de 2.566,27 dólares, según los registros.

“Lo último que estaba recibiendo el niño el año pasado eran 361,79 dólares por mes, pero solo hasta noviembre le pagaron. Desde diciembre a mayo no han cumplido. Para que el niño pueda ir a clases este año he tenido que prestar dinero a un chulquero, pues no tenía uniformes. Ahora me falta el dinero para comprar la lista de útiles escolares”, comenta la abuela, bastante preocupada porque la deuda le genera intereses diarios.

NO SE HA HECHO LA INDEXIÓN AUTOMÁTICA EN EL SUPA

En la demanda también “estamos exigiendo que se designe a un perito debidamente acreditado por el Consejo de la Judicatura, a fin de que realice la liquidación de todos los valores que ha dejado de percibir el menor de edad y que corresponden a la indexación automática de la pensión alimenticia, que no se ha efectuado año a año, considerando el aumento anual del salario básico unificado, desde el año 2013 hasta el 2022; y que en sentencia se ordene a los obligados subsidiarios al pago de esos valores”, ha indicado la parte afectada.

Según la sentencia de septiembre del 2012, emitida por la jueza Martha Guerrero, se estableció que la pensión alimenticia en el caso Glas Viejó debía ser equivalente al salario básico unificado, que entonces era 292,79 dólares y que hasta este año ya ha alcanzado los 425 dólares. En el 2021, era de 400 dólares, pero jamás los recibió, pues lo máximo cancelado por el violador fue 361,79 dólares.

Sin embargo, “el pago de este valor se ha mantenido en el tiempo, sin que el funcionario administrativo del SUPA aplique la indexación automática del aumento anual del salario básico unificado”, se explica en la demanda presentada contra los hermanos Glas Espinel.

UNA NIÑA ABANDONADA POR EL ESTADO

En el año 2012, Glas Viejó fue declarado judicialmente padre del niño producto de la violación, tras renunciar en dos ocasiones a realizarse la prueba de ADN en la Cruz Roja, como dispuso la justicia. Al año siguiente fue sentenciado a 20 años de prisión, recuerda Maritza Bravo, jurista que también patrocinó a la menor abusada, como parte del equipo de asistencia social del Colegio de Abogados del Guayas.

Ella critica lo endeble que fue la justicia frente a tan execrable hecho contra una niña, a quien el abusador la obligaba a ir a un  motel cercano a la escuela Hans Christian Andersen, donde la sometía. Al sitio, ingresaba en un vehículo de su propiedad y usando cédulas de identidad de maestras del plantel, las que nunca fueron investigadas para determinar su participación en el delito.

Supuestamente para sacarla del centro de estudios, Glas Viejó aducía que la llevaba al médico, pues la niña tenía un problema visual.

“El Estado jamás veló, ni asistió a la niña violada, ni a su hijo. No hubo medidas de protección. Ni seguimiento educativo, porque la niña, aparte de ser menor de edad, era estudiante de primaria.

Nunca el Estado se preocupó por garantizar la educación de aquella menor madre-infante.  Tanto que la abuela del niño mendiga una manutención para el bienestar del niño, cuenta la abogada Bravo, quien espera que ahora los Glas Espinel asuman la responsabilidad de la manutención.

EL VALOR MENSUAL DE LA MANUTENCIÓN PODRÍA SER SUPERIOR

La pensión mensual que se fije no debe ser inferior a los 425 dólares, equivalentes al Salario Básico, el abogado demandante aclara que de comprobarse ingresos superiores obtenidos por los “obligados subsidiarios” se solicitará que el valor mensual de la manutención sea superior.

Es por eso que se ha pedido que se disponga a la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos remita información respecto a Jorge, Heriberto y Silvia Glas Espinel, durante los últimos años, dentro del IESS, SRI, ANT y los Registros Civil, de la Propiedad y Mercantil.

La abuela del niño como su abogado, esperan que la Unidad Judicial de la Familia, Niñez y Adolescencia acoja la demanda disponga la citación inmediata a Jorge, Heriberto y Silvia Glas Espinel.

De no cumplir con la convocatoria,  el Artículo 35 del CONA, establece que serán declarados en rebeldía; y se deberá llamar a las partes a una audiencia, la que se fijará dentro del término de diez días contados desde la fecha de citación.

La larga entrevista se desarrolló en la oficina de su abogado, Julio Vasco, quien fue el principal interlocutor y dedicó gran parte del tiempo a advertir a este medio sobre el riesgo de publicar información que sea parte del juicio que Teodoro Gallegos inició por enriquecimiento ilícito en contra de Cabezas y de enriquecimiento privado no justificado en contra de Vaca Soto. No hubo cifras, fechas, hechos o documentos para sustentar la posición de la exasambleísta respecto a sus movimientos económicos o sus declaraciones de bienes.

Tras aclarar que es la voz autorizada en este tema debido a que hay procesos judiciales de por medio, Vasco inició su intervención con una especie de interrogatorio: “usted dice que ha accedido a información acerca de una compraventa ¿quién le dio esa información? ¿me puede indicar el nombre de la persona? ¿El Sr. Teodoro Gallegos es quien le ha proporcionado a usted información?

Ni bien terminó de justificar su actuación en que “hay que manejarse sobre una base de transparencia”, advirtió: “tiene que saber que esos procesos judiciales tienen el carácter de reservado. Al estar en fase de investigación la ley prohíbe proporcionar cualquier dato”.

Las respuestas siguieron siendo evasivas cuando se le plantearon los principales temas de la entrevista: cómo se configuró la dación en pago que recibió Cabezas por parte de Inmómetro mediante el terreno en ‘Casa de Campo’; cómo se originó esta deuda en la que Cabezas resulta ser acreedora de la empresa inmobiliaria; el proceso de adquisición de las principales propiedades y deudas de la familia Vaca-Cabezas; la actuación de Elizabeth Cabezas al frente de la Comisión de Uso de Suelo del Municipio de Quito al aprobar uno de los informes que sirvieron de base para que el Concejo Metropolitano apruebe el nuevo trazado vial del proyecto ‘Casa de Campo’, en el que 3 años después sería dueña de una parte de los terrenos.

Vasco indicó una vez más que no puede informar al respecto, pues estaría incurriendo en un delito de divulgación de información reservada. “Cualquier persona que quiera sacar una información de un proceso judicial, incluidas las personas que, en este caso usted si es que ha obtenido información pueden incurrir en un delito que está determinado por una autoridad judicial mediante providencia”. El abogado del matrimonio Vaca-Cabezas se limitó a asegurar que todos temas planteados por Periodismo de Investigación han sido desvirtuados y sustentados de sobra en el proceso por enriquecimiento ilícito, al punto que la administración de justicia luego de un año de investigaciones concluyó que no hay delito y decidió el archivo de la causa, calificando la denuncia de maliciosa y temeraria.

Las advertencias de Vasco continuaron con más énfasis: “si es que se saca una información de un tema reservado, yo pongo en su consideración que ustedes deben pensarlo muy bien a qué les están induciendo porque esto no es un chiste. No es que yo voy y quiero sacar lo que quiero sacar. Aquí existen disposiciones de los jueces de que esto no puede ser divulgado… Debe haber un respeto a la ley”.

Vasco citó el artículo 180 de Código Integral Penal (COIP) que establece que “la persona que difunda información de circulación restringida será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. En cuanto a información producida por la Fiscalía en el marco de una investigación, el artículo 282 del COIP determina que “la persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas, dirigidas a ella por autoridad competente en el marco de sus facultades legales, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.

Si ya se archivó la investigación ¿por qué tiene el carácter de reserva? Según Vasco, además de lo ya expuesto, otra razón para la reserva es que Gallegos ha presentado una acción extraordinaria de protección.

Tanta restricción y cautela se debe a que Cabezas y su esposo dentro del proceso por enriquecimiento ilícito interpusieron una denuncia en contra de Gallegos, por difusión de información de circulación restringida. A criterio del abogado Vasco, si Cabezas o su esposo responden preguntas sobre el caso se exponen a una denuncia de Gallegos por divulgar información.

La instrucción fiscal iniciada sobre esta denuncia se cerró el 13 de abril de 2022 y la audiencia preparatoria de juicio está convocada para el 6 de mayo del 2022. “Entonces, lo que no queremos y le pedimos a usted de la manera más cordial…es que cualquier cosa que ustedes pretendan hacer no interfiera en esta diligencia” dijo Vasco.

Esto, a decir del abogado de los esposos Vaca-Cabeza, explica por qué no pueden dar cifras, fechas o cualquier otra información del caso de enriquecimiento ilícito.

Lo que sí aclaró Cabezas es que ha presentado un total de 19 declaraciones patrimoniales correspondientes a cada uno de sus cargos públicos sin haber omitido bienes. Afirmó incluso haber pedido certificados de los registros de la Propiedad y de los municipios a nivel nacional para cotejar con todo lo declarado. “Tengo bienes comprados y heredados, varios porque mi papá lastimosamente falleció cuando yo tenía 26 años. Él nos dejó varios bienes. Algunos conservo, otros hemos vendido, hemos comprado otra cosa, hemos cambiado etc. No oculto mis bienes porque si hubiera robado le pondría a nombre de otros, no mío”. Explicó que ha obtenido sus propiedades mediante préstamos bancarios y los ingresos obtenidos por su trabajo y el de su marido. También dijo que la Contraloría ha examinado su gestión sin encontrar nada irregular.

La exlegisladora rechazó la demanda en su contra por enriquecimiento ilícito enfatizando que tratan de afectar su honra. Cabezas atribuyó las declaraciones de Gallegos publicadas en redes sociales y la denuncia que él interpuso en su contra, a un interés por captar atención ciudadana con miras a candidatizarse a la Asamblea Nacional. Además, “yo soy de Riobamba y he tenido mis logros políticos y profesionales y él también es un riobambeño que ha aspirado a tener algo y no ha tenido”. Cabezas también considera que es un tema de violencia de género “porque el señor es un machista”.

Criticó al demandante, diciendo que si realmente combatiera la corrupción, debería tener una serie de denuncias de otros casos y le advirtió: “en esto no voy a parar. No acepto que ningún descalificado trate de pisotear mi nombre y el de mi familia…Tengo que precautelar el nombre de mis hijos. Y lamentaré si es que este es un tema que recibe eco de otras personas porque a sabiendas que está archivado sería totalmente inentendible que lo hagan”.

Cabezas puso una denuncia de violencia de género y ya se ha abierto un expediente en la Defensoría Pública. También en el departamento de violencia de género de la Fiscalía está abierto un proceso para dar seguimiento a la causa.

“No nacimos ayer, ni somos botados. No hay grandezas, pero hay mucho trabajo”, añadió su esposo, Javier Vaca, mientras resaltó que la exasambleísta ha sido gerente de bancos durante 22 años y que él ha sido textilero y abogado. “Tengo 60 años. He trabajado desde los 16. Mi señora también. Toda una vida honorable, sin un juicio de nada… A mí no me han regalado plata. Pero eso ha hecho que nosotros tengamos muchos créditos, muchos bienes y que los bienes se vayan pagando. Cuando uno compra una casita, vive ahí. Luego se compra otra casita, le alquila y se paga sola. Pero hay que invertir”, dijo Vaca Soto.

Los movimientos inmobiliarios, las inversiones y las deudas de la exconcejal de Quito y exasambleísta Elizabeth Cabezas se circunscribieron al ámbito nacional en una primera etapa de su vida, pero luego la compraventa de departamentos y casas, así como los préstamos tanto de Cabezas como de su familia, empezaron a transarse no solo a nivel nacional sino también en el extranjero.

Sumado a ello abrió cuentas bancarias internacionales y ha contratado abultados créditos con instituciones financieras estadounidenses. Algunos de sus bienes no se reportaron a tiempo, al menos en dos de sus declaraciones patrimoniales, y respecto a una de sus más importantes operaciones contractuales que le permitieron recibir un cotizado terreno, los hechos y las fechas no cuadran.

Entre las actividades de los bienes raíces de Cabezas y su familia que más llaman la atención destaca la forma en que Harrington Maccarthney Consultores & Asociados S.A., una empresa de su esposo y de sus hijos, accedió a un extenso terreno en uno de los proyectos urbanísticos más exclusivos de Quito, al recibirlo como pago de servicios profesionales que habría dado esta desconocida empresa del sector de servicios de asesoría.

A ello se suma que alrededor de este proyecto urbanístico se han iniciado investigaciones en la Fiscalía por presuntas irregularidades en sus procesos de aprobación desde el Municipio de Quito.

Su trayectoria y sus bienes desde concejal hasta presidenta de la Asamblea

Elizabeth Cabezas se inició en la función pública en 2002 en el Municipio de Quito. En 2004 accedió a su primera jefatura al estar a cargo del despacho de la Alcaldía. Luego fue directora de seguridad ciudadana del Municipio de Quito, pero por poco tiempo, pues con la revolución ciudadana en el poder pasó a trabajar para el gobierno desde marzo de 2007 hasta diciembre de 2008, en la Subsecretaría de los programas sociales del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, donde estuvo a cargo del proyecto de dotación de uniformes escolares “Hilando el Desarrollo”, y de la provisión de desayunos escolares a las escuelas fiscales.

Desde este espacio y de la mano del movimiento Alianza PAIS, el salto a la tarima electoral fue rápido, resultando elegida concejala de Quito en 2009, donde se desempeñó como presidenta de la Comisión de Uso de Suelo y Ordenamiento Territorial.

El 16 de diciembre de 2013 Cabezas renunció a su designación como concejala de Quito e intentó lanzarse para la reelección en el periodo 2014-2019 pero las fricciones con el entonces alcalde de Quito, Augusto Barrera jugaron en su contra y no fue registrada en la lista de candidatos de Alianza PAIS.

Rafael Correa decidió llevar a su excompañera de aulas a trabajar en la Presidencia de la República entre el 9 de diciembre de 2013 y el 31 de marzo de 2015, como coordinadora general de cumplimiento de la agenda territorial del mandatario. Luego fue subsecretaria general de despacho de la Vicepresidencia de la República y asesora del sentenciado Jorge Glas, entre abril de 2015 y noviembre de 2016.

En 2017 logró una curul en la Asamblea Nacional por Alianza PAIS sin embargo optó por el morenato y el 14 de marzo de 2018 alcanzó la presidencia de la legislatura luego de que José Serrano fue destituido por promover, junto a Carlos Pólit, la destitución del fiscal general Carlos Baca Mancheno.

La faceta pública de Cabezas contrasta con su lado empresarial y hasta de inversionista, con cuentas en bancos del exterior, según la información que consta en notarías y en organismos de control nacionales, así como en registros de datos públicos en Estados Unidos.

El terreno en ‘Casa de Campo’

Al terminar sus funciones como asesora de Jorge Glas (noviembre de 2016), Elizabeth Cabezas y su esposo Javier Vaca Soto se convirtieron en dueños de un terreno de 2.500 metros cuadrados ubicado en uno de los parajes más caros del Distrito Metropolitano de Quito, el proyecto urbanístico Casa de Campo, a un costo de $74 el metro, una ganga a la que no cualquiera podría acceder.

Mediante dos rutas: cesión de derechos y dación en pago, Cabezas pasó a ser acreedora de Inmómetro Compañía Ltda., que es la inmobiliaria promotora de la ‘Urbanización Casa de Campo’, localizada en el valle de Tumbaco, en la zona de la Ruta Viva. Para ello se configuró, desde años atrás un entramado de trámites y contratos en los que los derechos de la propiedad terminaron entregándose a la exasambleísta desde una persona muy cercana a ella.

La compañía inmobiliaria Inmómetro fue constituida el 23 de marzo de 2003, cuenta con un capital social de $40 mil, nunca ha pagado impuesto a la renta y según los registros de la Superintendencia de Compañías, no ha cumplido sus obligaciones societarias correspondientes al ejercicio económico de 2019, principalmente la presentación de balances.

Inmómetro adquirió los terrenos para el proyecto ‘Casa de Campo’ en 2004. Con el fin de que se le faculte a ejecutar la subdivisión de su propiedad, elemento clave para el desarrollo del proyecto urbanístico, el 7 de agosto de 2012 Inmómetro transfirió un lote de terreno de 16.907 m2, como contribución de áreas verdes y áreas de equipamiento comunal a favor del Municipio de Quito. Pero todavía había un largo camino que recorrer en el desarrollo del proyecto.

Por ello, Inmómetro acude a una fórmula para empezar a desenredar el proceso de aprobación del fraccionamiento y urbanización del terreno: ceder derechos de parte de su propiedad a cambio de obtener, en un plazo determinado, las autorizaciones oficiales.

Así empieza esta historia de traspasos de las tierras de ‘Casa de Campo’: el 8 de agosto de 2012 Inmómetro, representada por Jorge Burneo como su gerente, firmó una promesa de compraventa a favor del abogado Julio César Plaza Vivar y su esposa, mediante la cual Plaza Vivar se comprometía a comprar el 50% de derechos y acciones del lote 11-12 que forma parte del proyecto mencionado. Esta área del terreno sumaba 2.500 m2. El precio a pagar por parte de Plaza Vivar fue de $20 mil.

Pero además, en un plazo de seis meses el comprador se comprometía a entregar la primera etapa del fraccionamiento de la urbanización totalmente aprobada por las entidades municipales hasta su catastro e inscripción en el Registro de la Propiedad más cuatro fraccionamientos sucesivos que se requerían en la primera etapa de las obras.

A esta fecha (2012) ‘Casa de Campo’ aún estaba en trámites para obtener la aprobación del fraccionamiento por parte del Municipio.

Julio César Plaza Vivar es un abogado, experto en derecho constitucional y administrativo que, en ese entonces, tenía casi unos 10 años de experiencia y formaba parte de Plaza, Plaza & Plaza Estudio Jurídico, firma que consta en los Papeles de Panamá como un bufet que operó desde Ecuador como intermediario para la constitución de 8 empresas en Panamá a través del despacho de abogados Mossack Fonseca, entre enero y septiembre del 2008.

Pese a esta experiencia jurídica Plaza Vivar no pudo conseguir las autorizaciones municipales requeridas por Inmómetro, por lo que un año más tarde (8 de julio de 2013) transfirió sus derechos de compraventa de la propiedad a Ximena López Ortiz, quien pasó a ser cesionaria de este bien del proyecto ‘Casa de Campo’.

Las condiciones de la transferencia de derechos de compraventa a Ximena López Ortiz fueron similares a las que tuvo Plaza Vivar, es decir, que debía conseguir todas las autorizaciones municipales a cambio de lo cual le entregarían el lote de 2.500 m2.

López Ortiz es amiga muy cercana de Elizabeth Cabezas, quien precisamente cuando se realizaban estas transferencias de derechos de propiedad del terreno se desempeñaba como concejala de Quito y presidía la Comisión de Uso de Suelo y Ordenamiento Territorial. Por lo tanto, López Ortiz tenía el contacto clave para cumplir con las condiciones que se le exigía en la escritura de cesión de derechos.

Y en efecto, en documentos revisados por pi se pudo constatar que Cabezas emitió un dictamen favorable al nuevo diseño vial que requería Inmómetro para llevar adelante el proyecto. Esta resolución era uno de los requisitos que debía cumplirse para que el Concejo Metropolitano de Quito apruebe el trazado de vías de ‘Casa de Campo’. Es así que “la Comisión de Uso de Suelo y Ordenamiento Territorial…en sesión ordinaria realizada el 7 de octubre de 2013, acogió los criterios técnicos y legal, con fundamento en el artículo 264 de la Constitución; artículo 2, numeral 1 de la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito; artículos 55, literal c); y, 129, inciso quinto, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, emite DICTAMEN FAVORABLE, para que el Concejo Metropolitano apruebe el trazado vial de varias calles del sector San Antonio de Tolagasí, parroquia Tumbaco”.

Un mes más tarde de la resolución suscrita por Cabezas, el Concejo Metropolitano aprobó el nuevo trazado vial y desde entonces se emitieron ordenanzas que han permitido las subdivisiones sucesivas de los lotes de terreno del proyecto, pese a que este se encuentra en una zona rural y en un área protegida, características que según normas municipales impedirían que puedan comercializarse como un espacio urbanístico. Por estas y otras autorizaciones dadas al proyecto, Informes departamentales del municipio capitalino han catalogado a la urbanización como ilegal, otro escollo respecto a esta propiedad sobre lo cual se explicará más adelante.

De acuerdo con fuentes del Municipio de Quito, con la autorización del nuevo trazado de vías en el sector donde se ubica ‘Casa de Campo’, se abrió la puerta para que las aprobaciones de los fraccionamientos del terreno, presuntamente irregulares, continúen.

En medio de estos procesos de subdivisiones de tierras, Cabezas (aunque ya no estaba en el Municipio) y su esposo Javier Vaca Soto accedieron a parte del terreno del proyecto inmobiliario. El 23 de noviembre de 2016 Ximena López transfirió todos los derechos de promesa de compraventa a Cabezas y su cónyuge, pero con un detalle adicional: en la escritura se estipuló que, para cumplir esta cesión de derechos, Inmómetro, debía realizar una escritura de dación en pago a favor del matrimonio Cabezas-Vaca. La dación en pago es un mecanismo basado en la entrega de un bien con el fin de cumplir pagos pendientes.

Un detalle adicional en esta promesa de compra venta: si bien se indica que Cabezas y su esposo tienen los mismos derechos y obligaciones que su antecesora Ximena López, la inmobiliaria exoneró al matrimonio del pago de los $20 mil y, en la misma fecha que la operación anterior, es decir 23 de noviembre de 2016, la inmobiliaria suscribió la escritura de dación en pago, transfiriendo la propiedad del lote a la exasambleísta y a Javier Vaca Soto. Supuestamente Innometro hizo la dación por disposición de la junta general, pero no existe ninguna acta que justifique esa acción.

La dación en pago, según la escritura obedece a una supuesta deuda de $185 mil que habría mantenido Inmómetro con el matrimonio Vaca-Cabezas. Por lo tanto, como medio de pago de la obligación total que tiene la inmobiliaria con Cabezas y su esposo “transfiere en favor de los beneficiarios o acreedores el dominio o posesión del 23,91204% de los derechos y acciones fincados en el lote 5E…”.  Se especifica en el documento que debido a las subdivisiones que ha tenido el terreno, ha ido cambiando su nomenclatura, pero la extensión de terreno transferida se mantiene en 2.500 m2.

En esta dación en pago consta explícitamente que Inmómetro entrega la propiedad al momento de la firma de este contrato: “La compañía inmobiliaria se obliga a entregar los derechos y acciones del inmueble materia de la presente dación en pago en favor de los acreedores al momento de la suscripción del presente contrato…”

Hasta aquí todo parecería estar en orden. Pero al comparar el contenido de la escritura de dación en pago versus la fecha de la factura emitida por la compañía Harrington Maccarthney Consultores & Asociados S.A. por $185 mil en favor de la inmobiliaria, además de un contrato de prestación de servicios profesionales entre Inmómetro y Harrington Maccarthney, saltan detalles que no calzan en este entramado.

Primero, en la escritura de dación en pago, que fue el 23 de noviembre de  2016, no se menciona para nada a Harrington Maccarthney. Los beneficiarios directos de esta operación fueron Cabezas y su esposo, sin embargo, cuatro años después, el 20 de octubre de 2020 es Harrington Maccarthney la que emite la factura #390 por haber recibido los $185 mil de parte de Inmómetro hace cuatro años.

Como ya se mencionó en el contrato de dación en pago se dice que Inmómetro entregará el terreno a la firma de esta escritura y eso se dio el 23 de noviembre de 2016. Es decir, casi 4 años antes de emitirse la factura ya se saldó la supuesta obligación de Inmómetro con Cabezas y su esposo.

En la escritura de dación en pago se dice que la Junta General de socios de Inmómetro autorizó la entrega del terreno a cambio de extinguir la deuda de $185 mil, no obstante, ese documento habilitante no se adjunta a la escritura. Lo que sí consta es un acta del 14 de mayo de 2013 en que la mencionada Junta autoriza a su gerente a firmar transferencias de dominio a sus clientes. Pero Cabezas y su esposo no eran sus clientes; constan en la escritura como acreedores de la inmobiliaria.

En un intento por explicar esta dación en pago y la supuesta deuda de la inmobiliaria hay también un contrato civil de prestación de servicios profesionales que se habría celebrado el 12 de enero de 2016 entre Jorge Burneo como gerente de Inmómetro y Javier Vaca Soto, como presidente de la compañía Harrington Maccarthney. En este contrato privado ya no aparece Elizabeth Cabezas sino su marido como representante legal de Harrington Maccarthney.

Según este documento, Inmómetro contrató a Harrington para “asesoría y consultoría integral en el ámbito empresarial, legal y de gestión para el desarrollo de sus actividades comerciales”. El contrato señala que el pago por estos servicios será con la entrega de un área de terreno equivalente a 2.500 m2 en cualquiera de los proyectos de la inmobiliaria. El valor por metro cuadrado se fijó en $74 incluido el IVA.

El pago de los servicios se estableció en un plazo de 6 meses a partir de la fecha de celebración de este contrato y para ello se firmaría una escritura de transferencia de dominio y dación en pago, “reservándose la contratista la facultad de designar al beneficiario final”. Esto último no consta en la escritura pública de dación en pago, pues los beneficiarios finales fueron Cabezas y Vaca. Harrington no tiene empleados y está domiciliada en la misma dirección del departamento donde viven los esposos Vaca-Cabezas: Coruña Nº32-229 y Manuel Barreto, edificio Santa María en el Penthouse.

Denuncia por enriquecimiento ilícito

El caso de la propiedad Casa de Campo abrió el camino para que este portal conozca sobre otras denuncias presentadas contra Cabezas y su esposo. Una de esas investigaciones se inició en septiembre de 2020 cuando Teodoro Gallegos Salem pidió se investigue por enriquecimiento ilícito a Elizabeth Cabezas y por enriquecimiento privado no justificado a Javier Vaca Soto.

Pero la fiscalía en este caso no hizo las relaciones necesarias para determinar las irregularidades ni el origen de los fondos que Cabezas y su esposo mantienen en tres bancos de los Estados Unidos. Adicionalmente Contraloría General del Estado no sancionó a Cabezas por haber omitido en su declaración patrimonial la casa que el matrimonio compró en Miami, estado de Florida, el 10 de diciembre de 2015. En este caso Cabezas la hizo pasar como propiedad única de su esposo, cuando aún no existía separación de bienes de la pareja.

Sin embargo la fiscalía desestimó los hallazgos identificados en la información que recibió del caso y no realizó la correcta relación de los hechos. El caso prácticamente se cerró con peritaje realizado por Nubia Haydee Almeida Llerena que no determinó incremento patrimonial injustificado del Sr. Javier Vaca Soto y su esposa Elizabeth Cabezas. Por la información que este portal obtuvo entre las cifras que llaman la atención y que debió ahondarse en la investigación están los créditos hipotecarios recibidos por Cabezas entre 2016 y 2018 por $464 mil desde bancos los bancos: Civic Financial Services INC y el Florida Bank. Además de los préstamos hipotecarios por $289 mil del banco del Pacífico, y deudas con familiares por más de $90mil. Tampoco se investigó la cuenta del Chase #3766818679 en los Estados Unidos donde se hacen transferir parte de la venta de los departamentos ubicados en el edificio El Tempo en Quito. Eso quedó en evidencia en la escritura que la misma Cabezas levantó el 9 de diciembre de 2019 para la venta de departamentos de la compañía Harrington Maccarthney, de su propiedad, y que no constaban en su declaración patrimonial.

Harrington Maccarthney, fue creada en 2010, no aparece en las declaraciones patrimoniales de la exlegisladora y no se identifica separación de bienes con su esposo el año 2017.

Información pública obtenida en la web se establece que Harrington Maccarthney tuvo utilidades de $107 mil en 11 años y sacaron del país $512 mil en un período de 8 años Los montos transferidos al exterior hechos Vaca, Cabezas y su empresa, rebasan los $600 mil.

A otros personajes de la política en el actual gobierno por mucho menos se les ha iniciado sendas investigaciones de carácter tributario, ¿y en este?

Fiscalía se hizo de la vista gorda.

Alberto Santillán Molina, quien llevó el caso como Fiscal de Pichincha, aceptó como válido el peritaje realizado a los patrimonios de Cabezas y su esposo, así como otras diligencias y pese a ello ha pedido el archivo de la denuncia. La pregunta de cajón al fiscal Santillán es si esta nueva relación de hechos que consta en toda la información que reposa en su despacho no es suficiente para reabrir el caso.

El juez Vladimir Jhayya Flor, entonces presidente de la Corte Provincial Pichincha, además de archivar la denuncia, el 12 de enero de 2022, acogió el pedido de Cabezas y la declaró “maliciosa y temeraria”, un hecho sin asidero pues el Código Integral Penal establece que las dos figuras son excluyentes.

Gallegos, que fue el denunciante, en un vídeo publicado en su canal de youtube dijo que ese juez, un día antes de dejar la presidencia de la Corte de Pichincha recibió el pedido del fiscal y al día siguiente resolvió el tema, lo que implica haber procesado más de 1.300 páginas en menos de un día.

Las acciones del fiscal y del juez apalancaron las acciones de los esposos Vaca-Cabezas y les abrió la posibilidad de demandar por daños y perjuicios a quién se atrevió denunciarlos.

Un año antes, el 23 de diciembre de 2020 la pareja denunció a Gallegos por difusión de información restringida y el 13 de abril de 2022 se cerró la instrucción fiscal en este caso, por lo que la audiencia preparatoria de juicio, en contra de Gallegos se convocó para este 6 de mayo del 2022.

Sobre esta nueva investigación Gallegos si respondió a este portal y dijo que en un diálogo que tuvo con el fiscal del caso le aseguró que pedirá instrucción fiscal, a pesar de que, dice, no hay delito.

Su dúplex en Miami

Uno de los activos que más sobresalen en el patrimonio de Elizabeth Cabezas es una propiedad adquirida por ella y su esposo en el condado de Miami- Dade, ubicado al sur del estado de la Florida EE.UU. La compra se realizó el 10 de diciembre de 2015, por $299 mil.

En la declaración juramentada de bienes que presentó Elizabeth Cabezas al terminar su gestión como subsecretaria general de despacho de la vicepresidencia de la República, el 15 de enero de 2016, tampoco incluyó este inmueble. Reportó un total de activos por $930.195,99, en los cuales incluyó bienes adicionales a la anterior declaración como un departamento en Quito (Manuel Barreto y Coruña), adquirido el 12 de junio 2015 en $283.474,54; y otra propiedad en la misma ciudad (avenida de los Shyris) adquirida el 15 de octubre de 2014 en $118 mil. Mientras por el lado de los pasivos constan 4 créditos hipotecarios de Cabezas y Vaca por $140.510,45, en Ecuador.

La propiedad en EE.UU es un dúplex ubicado en la 7883 SW 9th Terrace de la ciudad de Miami, que según el portal www.miamidade.gov de la alcaldía del Condado Miami-Dade subió su valor de mercado en 2019 a $310.923, en 2020, a $300.845 y en 2021 bajó a $299.827.

Según Gallegos la casa en Miami no está arrendada según pudo constatar personalmente en un víaje que realizó a finales de abril de este año.

Las proyecciones para estas propiedad  son muy prometedoras. De acuerdo con publicaciones especializadas, Miami es la ciudad número uno en recuperación económica post-pandemia. A la tendencia de alza en el precio de las viviendas que se dio en todo el país, se suma el aumento de la demanda en viviendas en el sur de la Florida lo que está provocando un aumento de los precios.

De acuerdo a un análisis de la Asociación de Agentes de Bienes Raíces de Miami, “el salto en el precio de los condominios en un año fue aún mayor (que el de las casas): en marzo de 2022 un condominio en Miami-Dade costó en promedio 400 mil dólares, mientras que un año atrás costaba 305 mil dólares.

Al momento, en esta misma página web que registra las propiedades de Miami-Dade figura como dueño del dúplex Pretorian PRO LLC, una compañía constituida hace más de 8 años (6 de enero de 2014) en Miami y en la cual Javier Vaca Soto aparece como su presidente, según el portal PRETORIAN PRO LLC / Vaca Soto Javier Adr (intercreditreport.com).

Solicitud de Búsqueda de Propiedades – Condado de Miami-Dade (miamidade.gov)

PRETORIAN PRO LLC es una Compañía de Responsabilidad Limitada de Florida, de la cual no existe mayor información sobre sus actividades. El último evento de esta empresa se registró el 18 de febrero de 2014, hace ocho años y dos meses. Sin embargo, el estado de registro de la empresa es activo.

Vale saber

Legalidad de ‘Casa de Campo’ en la mira

El 11 de marzo de 2004 Inmómetro compró dos lotes de terreno signados con las letras G y H, en Tumbaco, con una superficie de 106.220 m2 y 62.850 m2. Para estructurar el proyecto ‘Casa de Campo’, la inmobiliaria celebró las escrituras públicas de unificación de estos lotes y luego, el 7 de agosto de 2012, transfirió 16.907 metros cuadrados como contribución de áreas verdes a favor del Municipio de Quito con lo que accedió a la autorización para el fraccionamiento del terreno unificado en 20 lotes de menor extensión, que están catastrados e inscritos en el Registro de la Propiedad de Quito.  

Sobre los lotes fraccionados Inmómetro empezó a desarrollar el proyecto inmobiliario “Urbanización Casa de campo”. El movimiento catastral de este predio solo entre 2012 y 2016 evidencia cinco subdivisiones de terrenos y rediseños viales, procesos que han sido cuestionados, no solo por propietarios de terrenos en el sector que se sienten afectados por las autorizaciones municipales en favor de Inmómetro, sino también por funcionarios del mismo Municipio.

El 20 de enero de 2017, moradores del Barrio San Antonio de Tolagasí denunciaron presuntas irregularidades ante la Comisión de Lucha contra la Corrupción, ‘Quito honesto’, donde se abrió un expediente para el caso, en el que, entre otras cosas, se pedía información completa de las modificaciones catastrales realizadas al predio desde 2009; así como el procedimiento y los argumentos técnicos y legales para realizar esos cambios.

En junio de 2018 la Comisión Anticorrupción entregó un informe al Barrio San Antonio de Tolagasí donde mencionaba que el informe técnico que sustenta la resolución C737 en la que el Concejo Municipal aprobó unas vías del sector y eliminó otras, no cuenta con análisis técnico ni levantamiento topográfico por lo que recomienda que se remita el caso a Contraloría para que realice un examen especial.

Lo sorpresivo fue que luego de tres meses de insistencia de los moradores de este barrio para que se revise también la actuación de los técnicos relacionados con este tema, la Comisión Anticorrupción contestó que el caso estaba archivado y que la documentación entregada al barrio en junio de 2018 no era oficial. Apareció así un nuevo informe en el que ya no se mencionaba la ausencia de análisis técnico ni la recomendación de enviar el caso a Contraloría.
Ante ello, los moradores del Barrio San Antonio de Tolagasí presentaron el caso a la Comisión de Desarrollo Parroquial presidido por la ex concejala Susana Castañeda, quien solicitó informes a varios departamentos del Municipio sobre estos. Uno de los reportes recibidos por Castañeda señala que el Concejo Metropolitano de Quito, luego de analizar el Informe No. IC-2013-242, emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial (presidido por Elizabeth Cabezas y que fue uno de los sustentos técnicos), emitió la Resolución C737 de noviembre de 2013, aprobando el trazado vial en San Antonio de Tolagasí.

También se observa que «revisados los archivos históricos… se verifica que no existe registro de que se haya realizado algún levantamiento topográfico del sector en los informes que sirvieron de sustento para que el Concejo Metropolitano apruebe la Resolución C737.

El 6 de julio de 2018 la Administradora de la Zonal Tumbaco envió a la Comisión de Desarrollo Parroquial un informe técnico en el que indica que “se han realizado las verificaciones pertinentes, y que Club Casa de Campo se trata de una «urbanización ilegal» ya que su comercialización se realiza como tal, pero para efectos administrativos, la implantación se ha hecho mediante subdivisiones sucesivas, es decir fraccionamientos sobre fraccionamientos”.

A esto se sumó un informe que la Administración Zonal Tumbaco entregó en octubre de 2019, precisando que el proyecto no es urbanización porque se encuentra en suelo rural.

Y por si esto fuera poco hay otro informe en que se comunica a la concejala Castañeda que “la aprobación de los diseños de las «Redes de agua potable y alcantarillado para la Urbanización Casa de Campo, Segunda Etapa- parroquia Tumbaco», emitida supuestamente por la Empresa de Agua Potable con oficios Nos. EPMAPS-GTIS-2017-122 (para agua potable) y EPMAPS-GTIS-2017-320 (para alcantarillado), del 12 y 5 de junio de 2017, respectivamente, corresponden a documentación aparentemente forjada, y que oficialmente se refieren a otros trámites, por lo que la EPMAPS no ha aprobado los proyectos de agua potable y alcantarillado de la Segunda Etapa de la mencionada urbanización”.

Este tema se encuentra en manos de la Fiscalía.

Pese a todo esto, se construyeron un puente para el acceso al proyecto y las vías que constan en los fraccionamientos, así como también se ha dotado de todos los servicios básicos, “convirtiéndose en una Urbanización ilegal, pero con todos los servicios de primera calidad…” según los informes remitidos a Castañeda.

En la actualidad el proyecto ‘Casa de campo’ y otros 2 más que se han desplegado en las faldas del Ilaló están siendo investigados por la Superintendencia de Ordenamiento Territorial del Gobierno. Fuentes municipales indicaron que el organismo gubernamental les ha solicitado información detallada sobre los procesos de fraccionamiento de los terrenos, pues su autorización en áreas rurales ha sido una práctica irregular. 

CFN toma control de la hacienda y ejecuta las garantías.

Lo que hace 8 años parecía un sueño realizado y una oportunidad inédita para miles de trabajadores agrícolas de convertirse en dueños de la propiedad bananera más grande del país, se transformó en una pesadilla. La hacienda La Clementina, ubicada en la parroquia rural La Unión, provincia de Los Ríos, puede ir a remate en pocas semanas. Desde el 13 de octubre pasado está bajo el control de su acreedora, la Corporación Financiera Nacional (CFN).

La deuda de más de $70 millones que aún mantiene la Cooperativa de Producción y Comercialización la Clementina Trabajadores-propietarios (Cooproclem) con la CFN fue declarada de plazo vencido. Esto significa que la Cooperativa ha incumplido varias condiciones pactadas en el contrato de crédito lo que ha debilitado su perfil de riesgo.

Una mora patronal con el IESS por $1,8 millones, el incumplimiento de pago de uno de los dividendos del crédito, la afectación a su producción debido a un paro de actividades que se prolongó por dos meses (iniciado en agosto pasado) y que puso en riesgo de deterioro a la hacienda fueron las causales para que la CFN decidiera declarar de plazo vencido la obligación crediticia. En la práctica la resolución de la CFN también generó que la cuestionada empresa Koval salga de la administración de La Clementina.

Al no contar con el conocimiento y la experiencia que les permita un óptimo manejo de los recursos y sin una adecuada metodología administrativa, la sostenibilidad del negocio le ha sido esquiva a los trabajadores de Cooproclem, quienes han enfrentado un continuo declive de sus condiciones debido a retrasos en el pago de sus salarios y de otros beneficios por parte de Koval, la empresa que ha administrado la hacienda en los últimos años. Estas deficiencias aumentaron la vulnerabilidad de la producción frente a otros factores externos como las intensas temporadas invernales y los efectos de la pandemia.

Mientras tanto el Estado enfrenta los costos de la exigua recuperación de sus recursos, pues debido a las dificultades enfrentadas, Cooproclem ha solicitado dos refinanciamientos de su deuda a la CFN. En el oficio N° CFN-B.P.-GG-2021-0349-OF al que Pi tuvo acceso, emitido por el gerente de la Corporación Financiera, Alejandro Salgado, el 13 de octubre pasado, se detalla cada uno de los incumplimientos de las obligaciones de Cooproclem con CFN.

De acuerdo con el documento, la segunda refinanciación del contrato de crédito celebrado entre la Corporación Financiera y Cooproclem (el 8 de julio del 2019) establece el derecho de la CFN de dar por vencido el plazo, si la deudora deja de cumplir sus obligaciones patronales con sus trabajadores y/o el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Una certificación del Seguro Social evidenció que al 12 de octubre del 2021 Cooproclem mantiene obligaciones en mora por $1’813.738,72.

La paralización de actividades que desde el 9 de agosto pasado en protesta por esta falta de pago de Koval al IESS y por la reducción de sus salarios es otro factor que motivó la declaratoria de plazo vencido. La segunda refinanciación determina que si «de hecho se suspendiere indefinidamente la actividad de la deudora» la CFN podrá declarar la obligación de plazo vencido.

La hacienda la Clementina se encuentra gravada a favor de la CFN en garantía para el cumplimiento de las obligaciones de Cooproclem y el hecho de que la hacienda haya estado sin operar ha afectado su valor. Por ello, otra de las causales detalladas en el documento se refiere a que la CFN tiene derecho de dar por vencido el plazo, aun cuando las obligaciones no estuvieran vencidas, si los bienes puestos en el fideicomiso de garantía «sufrieren menoscabo en su valor de tal forma que la garantía otorgada por la deudora se vea disminuida o afectada».

En el mencionado oficio el gerente de la CFN  explica que el valor de la hacienda está deteriorándose y ello pone en riesgo la garantía. Esta afirmación se sustenta en un informe técnico de este banco estatal en que se afirma que hay un riesgo inminente de deterioro del activo biológico de la hacienda. En el Memorando CFN-CSMC-2021-31 71-M del 18 de agosto de 2021 también se advierte de la inminente amenaza de deterioro de la producción de La Clementina.
En relación a la causal del incumplimiento de pagos, según la tabla de amortización derivada del segundo refinanciamiento o novación, “el 25 de septiembre de 2021 Cooproclem debía cancelar $1’239.619,63, valor que no ha sido pagado totalmente por no existir fondos en el fideicomiso de flujos”.
Sobre esta base Salgado comunicó a Fidunegocios, administradora fiduciaria de los fideicomisos de flujos y de garantía, que es procedente declarar el plazo vencido de la obligación de pago por $74’377.177,88 que Cooproclem mantiene con CFN.

Otras diligencias cumplidas en este proceso se dieron el 14 de octubre pasado cuando Fidunegocios dio por terminado el contrato de comodato precario (en que CFN pide la restitución de la hacienda) que mantenía a favor de Cooproclem e inició el trámite de ejecución del Fideicomiso de Garantía, por disposición del gerente de CFN.

El 22 de octubre pasado la representante de Fidunegocios, María de Lourdes Coronel, informó al entonces gerente de Cooproclem, Carlos Andrade Sellán que CFN ha nombrado como contralor/depositario (custodio) de la cooperativa a Freddy Serrano González. Advirtió a Andrade que al haberse nombrado a este contralor dentro del proceso de ejecución se le debe dar las facilidades para que cumpla sus funciones que incluye “evitar que el personal cause revueltas innecesarias… evitar dar instrucciones distintas a las que emitan la fiduciaria o la CFN. En caso de no permitir el ingreso del contralor/depositario con su personal y de los peritos de la CFN estarían violentando el contrato fiduciario y su proceso de ejecución, siendo responsable de acciones civiles y penales que nos asisten por ser los propietarios fiduciarios, garantía fiduciaria que corresponde a un ente público”.

¿Cómo empezó el endeudamiento?

Los hilos de esta accidentada historia empezaron a tejerse en 2013: “es un paso emblemático para democratizar la propiedad privada” decía Rafael Correa, o “como un claro síntoma democratizador de la propiedad privada, la hacienda La Clementina pasará en los próximos días a manos de los trabajadores, tras la enorme deuda tributaria que Álvaro Noboa, acumuló con el Estado y se negó a pagar”. Con este vendedor discurso difundido en los medios de comunicación oficiales se justificaba otro de los atracos del correísmo en el cual cientos de trabajadores nunca dejaron de ser explotados, están sobreendeudados y a punto de perder la propiedad de sus tierras y su única fuente de ingresos.

En mayo de 2013 el Servicio de Rentas Internas (SRI) embargó la hacienda La Clementina a la Compañía Agrícola Bananera S.A., de propiedad de Alvaro Noboa, por una deuda que mantenía con el estado por $102,3 millones. Seis meses más tarde, el correato ejecutaba uno de sus tantos embrollos financieros. Luego de que los trabajadores se agruparon y constituyeron Cooproclem y, bajo el rimbombante membrete del Programa de “El Buen Vivir, La Clementina fue adquirida por los trabajadores en un remate mediante un crédito de la CFN de $78’930.822,65, a 15 años plazo, con dos años de gracia y una tasa de interés anual de 5%. Pese a estas condiciones preferenciales, desde entonces, la CFN apenas ha recuperado el 7% de capital, mientras ha aprobado refinanciamientos en condiciones que están siendo investigadas por las actuales autoridades de la Corporación.

Para garantizar el pago del crédito entregado por CFN se crearon dos fideicomisos: uno de flujos y otro de garantías.

Pero se necesita mucho más que la entrega de recursos económicos para sacar adelante un negocio que demanda conocimiento y experiencia. Tres años después de entregado el crédito, Cooproclem pidió la primera novación o reestructuración de la deuda a un plazo de 12 años, con dos años de gracia que la CFN aprobó en marzo de 2017.

Un año más tarde, en una cuestionada (por trabajadores) maniobra realizada por la directiva de Cooproclem de ese entonces, se firmó un contrato de asociación con Koval Managment Kovamanag S.A., de supuestos dueños y capitales rusos, pero manejada por el empresario Miguel Macías Ulloa. En ese contrato se entregó la administración del negocio a Koval. Pero las dificultades se intensificaron al punto de que los nuevos administradores pidieron una segunda novación del crédito que fue aprobado por CFN (junio de 2019) a un plazo de 20 años y 4 años de gracia.

No obstante, los problemas en La Clementina no se limitan al ámbito productivo. Alrededor de 400 trabajadores han sido despedidos tras cuestionar presuntas irregularidades por parte de Koval. Incluso un grupo de ellos presentó denuncias a la Fiscalía en septiembre de 2019 por peculado y delincuencia organizada.

Poco después (10 de diciembre de 2019) la entonces secretaria anticorrupción, Dora Ordóñez, denunció posibles delitos en la administración de la hacienda: peculado, testaferrismo, defraudación bursátil, delincuencia organizada y enriquecimiento privado no justificado.

Ordóñez informaba “que se pedirá investigar a la empresa de accionistas rusos que la administra y a un ciudadano ecuatoriano, que estarían detrás de las irregularidades”.

Nunca se conoció qué pasó con esta denuncia en la Fiscalía, pero Koval siguió manejando Cooproclem hasta que el pasado 9 de agosto los trabajadores paralizaron La Clementina en protesta por la falta de pago de sus beneficios de ley y con el objetivo de desplazar a Macías Ulloa del poder que ejercía en el manejo de la Cooperativa.

Un informe de Inteligencia de la Policía del 22 de agosto pasado evidencia que: “La directiva de la cooperativa no es aceptada por la mayoría de trabajadores de la hacienda, por las diversas irregularidades que mantienen con Koval Managment, que está conformada por Miguel Macías Ulloa, Miguel Ángel Torres Cedeño, Carlos Marcelo Sánchez Medina, Alcívar Napoleón Monar Guamán, Agustín Enrique Andino Campos”.

Este informe surge a partir de las acciones desarrolladas para sacar de la hacienda a los trabajadores que protagonizaron las protestas. Miguel Ángel Torres Cedeño, quien era parte de la directiva de Cooproclem, interpuso una acción de protección en contra del resto de la directiva y solicitó a José Morocho Coello, juez de lo civil del cantón Ventanas, el desalojo de los otros 30 directivos.

Con el fallo favorable que se obtuvo de este juez, Macías Ulloa junto al correísta e influyente empresario bananero Omar Juez, convencieron a la gobernadora, Génesis Blum Baquedano, para que obligue el desalojo.

Si bien no se llegó a ejecutar el desalojo, si se desplazaron policías al lugar. “Acá llegaron como si los dueños fueran delincuentes, vinieron 300, 500 uniformados”, dijo a PI, Flavio Chuñir, abogado de los trabajadores de La Clementina, quien anunció que interpondrá acciones legales en contra de la directiva anterior de la Cooperativa y de Koval en respuesta a las acciones legales interpuestas por Torres Cedeño, ilegalmente según Chuñir, en contra de otros 30 directivos que impulsaron las protestas.

La paralización de las actividades continuó hasta la tercera semana de octubre en que el contralor/depositario Fredy Serrano, nombrado por CFN, tomó posesión de la hacienda La Clementina y otros funcionarios de este banco estatal ingresaron para levantar inventarios, con miras a rematar la propiedad en aproximadamente 90 días, según Chuñir.

Producción de La Clementina ha generado $0 para pagar capital y no ha alcanzado para pagar intereses

El presidente del directorio de la CFN, Iván Andrade, tras aclarar que no puede entrar en detalles sobre las causas de la declaratoria de plazo vencido del crédito, aseguró en entrevista con Pi, que se contemplará una solución al tema de Cooproclem que tome en cuenta tres ámbitos: legal, financiero y humano. Andrade dijo que, según el último listado al que ha tenido acceso la CFN, son 1.416 trabajadores a los que hay que tomar en consideración en las acciones que se ejecutarán.

El funcionario evitó confirmar si el siguiente paso de la CFN sería aplicar la coactiva a Cooproclem: “Hay casos en los que hay necesidad de coactiva y otros en los que no se necesita por la naturaleza y la forma en la cual se instrumentó el crédito”, dijo.

Al consultar a Andrade sobre los hallazgos hechos por las nuevas autoridades de la CFN respecto a los argumentos técnicos y legales con los cuales las anteriores autoridades de la Corporación Financiera y los miembros de la Junta de Fideicomiso aprobaron las refinanciaciones del crédito a Cooproclem, el funcionario aseguró que, al no ser información pública, no puede revelar los hallazgos. Lo que sí explicó fue los detalles más importantes de los pagos realizados por la Cooperativa.

La operación original fue por $78,93 millones. En 2016, luego de que el Ministerio del Ambiente expropió 2.000 hectáreas de un bosque protector que había en la hacienda y entregó a cambio $8,5 millones a Cooproclem, esta abonó $5,5 millones con cargo al capital y pagó intereses vencidos por $3 millones. Pero Andrade enfatizó que “de la producción, de la generación de caja de la cooperativa La Clementina no se ha pagado ni un centavo de capital”.

La CFN ha tomado a cargo la hacienda mientras estaba vigente la segunda refinanciación de 2019, a 20 años plazo con 4 años de gracia para capital y un año de gracia para interés, incluido interés vencido que había de 2019. Es decir, se refinanció el interés del interés vencido para pagarse a partir de 2019 hasta 2023, en tres pagos por año. Según Andrade, eso incluía cuotas de $900 mil de interés, más casi $300 mil de intereses vencidos que había en 2019, a pagarse a partir de la segunda mitad de 2020. Por eso, a junio se pagaron alrededor de $1.250.000. Se debía pagar esa misma cantidad en septiembre y en diciembre, pero en septiembre se pagaron solo $650 mil.

Cooproclem tiene otras deudas y pérdidas por casi $30 millones

Cooproclem deberá ser liquidada porque es una organización que está totalmente viciada, a criterio de Flavio Chuñir, abogado de los trabajadores, quien sostuvo que todas las deudas están a nombre de la cooperativa, pero quien dejó de pagar fue la empresa administradora. “Todas las cuentas han caído a nombre de Cooproclem. Es algo injusto cuando el uso y abuso de los recursos lo ha hecho la administradora Koval”.

Cooproclem mantiene deudas por alrededor de $15 millones con el IESS, con la Corporación Nacional de Electricidad CNEL y otros proveedores de bienes y servicios.

El abogado de los trabajadores aseguró que Koval es la que debería asumir esos pasivos, pues la cooperativa nunca manejó un centavo en aplicación de las condiciones del contrato de administración.

Además, a los trabajadores se les adeuda sueldos, liquidaciones de quienes fueron jubilados o separados de la cooperativa. La cuestión es insostenible tal como está, según Chuñir.

Una de las acciones inmediatas para obtener algo de recursos es la venta de banano, pero la suspensión de actividades que tuvo la hacienda desde agosto afectó aún más a las plantaciones. Se intenta vender lo que se pueda, dado que no hay un producto de primera.

Por los 2 meses de paralización los trabajadores calculan pérdidas entre $15 millones y $20 millones.

La CFN ha dado autorización para vender la producción de banano y otros ítems, incluida chatarra. Pero están teniendo trabas para concretar la venta de la fruta, de acuerdo con Chuñir pues explica que la anterior administración de Cooproclem está influyendo en los potenciales compradores para que no adquieran el producto: “Ha habido programaciones de corte, pero cuando ya debíamos cortar se cancela porque hay la intervención de una mano negra en contra de los trabajadores”.

Es decir, luego de que se planifica cuántos contenedores van a salir en cajas en una fecha determinada y los trabajadores están listos para acudir al corte de la fruta, se cancela a último momento. No hay compradores y a decir de Chuñir incluso han circulado rumores de que hay un informe de Agrocalidad que señala que el producto está mal. Pero en el fondo lo que se busca es bloquear el ingreso de dinero.

Millonarias reducciones en los activos de los Fideicomisos

Los trabajadores de La Clementina cuestionan a Fidunegocios, administradora de los fideicomisos de flujos y garantía en los últimos 7 años, por no haber controlado el manejo que dio Koval a Cooproclem, por lo que solicitarán a la Corporación Financiera Nacional que Fidunegocios no continúe como fiduciaria de la hacienda.

Luego de que la CFN se hizo cargo de Cooproclem, se ejecutó el fideicomiso de garantía y los activos que integraban esa garantía, entre ellos la hacienda La Clementina, pasaron a manejo de la Corporación.

Sobre el fideicomiso de flujos no se conoce de fuente oficial, hasta el momento, cuál ha sido el procedimiento. El abogado de los trabajadores, Flavio Chuñir afirma que el fideicomiso de flujos desapareció tras la declaratoria de plazo vencido del crédito.

Los fideicomisos de flujos y de garantía se constituyeron el 6 de febrero de 2014. El primero arrancó con un capital de $5.000 y a diciembre de 2014 contaba con activos por $1’318,593.47, pasivos por $1,313,593.47 y aún no registraba ingresos.

Desde entonces los activos del fideicomiso de flujos se han reducido año a año, excepto en los ejercicios económicos de 2016 donde sumaron $1,42 millones, y 2017, $6,72 millones, de acuerdo con los balances financieros que constan en la Superintendencia de Compañías,

La cifra más baja de los activos de este fideicomiso correspondió a 2019 con $15.493,41. Y a septiembre de este año los activos fueron de $28.988,57.

Desde la conformación del Fideicomiso de flujos hasta este año sus activos se han reducido en $1,28 millones.

No se ven cifras de gran relevancia en cuando a las utilidades de cada ejercicio económico. En 2016 está el valor más alto de ganancias con $14.537,35; le sigue 2020 con $9.427,04. En 2017 tuvo pérdidas por $7.531,67.

El fideicomiso de garantía se constituyó con activos valorados en sus estados financieros en $107 millones. Estos incluyen principalmente terrenos ($38,27 millones), edificaciones ($9,6 millones), maquinaria ($1,39 millones) y activos biológicos que concierne básicamente a la producción agrícola ($57,76 millones).

En 2017 los activos bajan a $83,81 millones, principalmente porque los activos biológicos se reducen a $26,82 millones, una merma del 54% en la producción agrícola.

Para 2019 hay una recuperación de los activos a $98.87 millones principalmente por un aumento en el valor de la maquinaria y equipos que pasó de $1,39 millones a $16,64 millones, una subida del 1000%. En el caso de los terrenos la variación fue de $52 millones a $69.24 millones (33%). En cambio, el activo biológico se redujo considerablemente a $9,55 millones, una baja del 64% en el valor de la producción agrícola.

A septiembre de 2021, la última cifra disponible en la Superintendencia de Compañías, los activos se reducen levemente a $98.55 millones.

¿Alguna autoridad estatal pudo prevenir la crisis de La Clementina?

La Superintendente de Economía Popular y Solidaria, Margarita Hernández, tiene prevista una reunión este 19 de noviembre con un grupo de socios de Cooproclem, que fueron parte de quienes paralizaron las actividades en La Clementina por estar inconformes con la administración de Koval y la directiva de Cooproclem liderada por Carlos Andrade y Miguel Torres, gerente y presidente de la cooperativa, respectivamente.

El tema a tratar será el registro de la nueva directiva, según Hernández. Flavio Chuñir, abogado de los trabajadores indicó que en este marco se consultará a la titular de este organismo sobre sus argumentos para no reconocer a la nueva directiva integrada el 12 de agosto pasado, pues sostiene que las 941 firmas de los socios reunidos en asamblea general la avalaron.

Al ser la asamblea la máxima autoridad que aprobó la designación de la directiva que desplazó a Andrade y Torres de los principales cargos de Cooproclem, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) debió aprobar tal actuación, a criterio de Chuñir.

Pero Hernández explicó que las directivas de las entidades que controla se designan mediante procesos democráticos organizados por esas mismas entidades, por lo tanto, es la asamblea general de socios la que nombra a sus representantes a los consejos de administración y vigilancia de las cooperativas. Y el consejo de administración nombra presidente y gerente. Por lo que el rol de la SEPS es de registro de esos directivos.

Pero al momento el registro de Cooproclem tiene una particularidad, según enfatizó Hernández: judicialmente existe un candado que impide cambiar a las autoridades de la cooperativa porque existe una resolución de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón que lo impide.

Mediante oficio 188-2021-UJMS del 7 de octubre de 2021 ese juzgado comunicó a la SEPS que admitió el pedido de medidas cautelares realizado por Miguel Ángel Torres (entonces presidente de la Cooperativa y cercano a Miguel Macías de Koval) y dispuso a la Superintendente “la suspensión de los efectos de la designación de Carlos García Portilla como gerente y representante legal de Cooproclem hasta que en sentencia de última instancia se dirima sobre el procedimiento seguido para tal designación, a fin de que dentro de sus facultades y atribuciones comunique a quien corresponda sobre la suspensión temporal de los efectos de la resolución e inscripción de García Portilla dentro del trámite 707912725, así como la obligación de abstenerse de inscribir a directiva titular alguna que no sea la elegida en 2020 y que ya consta en sus registros, previo al trámite 079-720 bajo prevenciones de ley en caso de incumplimiento«.
Hernández agregó que “considerando que ciertos términos en este oficio no nos dan toda la claridad… se le solicitó una aclaración a la jueza y no hemos recibido respuesta, pero hemos acatado la parte que es fácil de inferir y es que la directiva elegida en 2020 se mantiene en los registros”.

Esta superintendencia ha pedido que se aclare detalles como el número de trámite citado en la resolución judicial, pues la numeración 079-720 no corresponde a los trámites que se gestionan en la SEPS. Tampoco hay claridad respecto a qué miembros de la directiva se refiere y de qué cargos, pues los órganos de administración y control de las organizaciones tienen responsabilidades determinadas por ley, por lo que es fundamental que la SEPS sepa a quién ordena la jueza que se registre en cada posición, de lo contrario se podría cometer algún error, indicó Hernández.

La superintendente dijo también que no ha sido comunicada de la postura de la directiva actual de Cooproclem de que la SEPS estaría negando la decisión de una mayoría de 941 socios que avalaron a la nueva directiva y dejaron inválida la anterior, pero explicó que la resolución de la jueza se da dentro de una acción constitucional “y el cumplimiento de este tipo de resoluciones es obligatorio para nosotros”.

El abogado de los trabajadores, Flavio Chuñir, ha dicho que solicitarán a la SEPS la designación de un interventor para Cooproclem, pero Hernández señaló que no conoce de manera oficial la declaratoria de plazo vencido del crédito de la cooperativa y aclaró que este organismo de control no tiene participación, pues se trata de un tema que compete a CFN y Cooproclem. Pero si hubiera algún proceso que relacione a la cooperativa, tendrían que ser los socios o sus directivos quienes comuniquen a la Superintendencia para proceder según la ley.

Sobre la designación de un interventor, Hernández explicó que es una figura extraordinaria y que deben darse varias condiciones para aplicarla. “No procede automáticamente en razón de un pedido de los socios, sino que tiene requisitos legales”, anotó. Uno de los más importantes es el de la supervisión previa sobre la base de información documentada que justifique tal supervisión.

Finalmente, los trabajadores de La Clementina plantearán a Hernández su cuestionamiento por haber permitido (en mayo de 2018) una reforma a los estatutos de Cooproclem que según ellos, allanó el camino para ceder el control absoluto de la administración y la gestión del negocio de Cooproclem a la empresa Koval. La superintendente aclaró que el cambio en el estatuto pedido por la cooperativa no tiene relación directa con el contrato firmado con Koval, pues solo permite que se tercericen ciertas actividades sobre las cuales la organización no tiene el capital ni el expertise para desarrollarlas. “De ninguna manera y bajo ninguna circunstancia tiene una vinculación directa con el contrato de Koval, contrato que además es suscrito entre privados y en el que la superintendencia no participa”, enfatizó.

Trabajadores plantean alternativas para recuperar La Clementina

Flavio Chuñir, abogado de los trabajadores, explicó que la declaratoria de plazo vencido del crédito de Cooproclem con la CFN es uno de los pasos previos al remate de los activos de Cooproclem, cuyo principal bien es la hacienda La Clementina de 11.500 hectáreas.

El objetivo de la CFN es recuperar lo que pueda de los recursos que entregó en préstamo a la cooperativa de La Clementina, según Chuñir. Pero ¿qué pasará con los trabajadores? El tema es complejo. “Hubo gente que se aprovechó y se hicieron más ricos a costillas de los pobres…Desde siempre se ensañan con la parte más débil que son los trabajadores y ahora se repite la historia”, cuestionó Chuñir.

No obstante, los trabajadores hacen planes para tratar de recuperar La Clementina.

En una de las estrategias que analizan está la idea de asociarse nuevamente para presentarse al remate. Según el abogado esta es una fórmula que les permitirá recobrar el bien, pues antes, bajo la administración de Koval, estaban atados sin poder recuperar el control de su hacienda. Una de las acciones a seguir es constituir una nueva organización y para ello han empezado a recabar los requisitos legales. Lo más probable es que sea una cooperativa porque con esta figura se pueden agrupar a todos los trabajadores bajo las mismas condiciones.

Para obtener el financiamiento que les permita presentarse al remate Chuñir aseguró que los trabajadores cuentan con un capital inicial y se aliarán con inversionistas interesados en esta operación. La idea es que de las 11.500 hectáreas que tiene la hacienda, solo 2.700 hectáreas son aprovechadas en las plantaciones de banano, en espacios arrendados y lo demás está sin uso. Como la principal fuente de ingresos proviene de la línea de negocio del banano, eso se mantendría y los recursos para devolver a los inversionistas (que entreguen dinero a los trabajadores para acceder al remate) provendrían de la venta de las tierras que no se aprovechan.

Sin embargo, el tiempo avanza y hay desesperación entre los trabajadores que temen perder su fuente de ingresos, entonces el 13 de noviembre pasado, más de 1.000 trabajadores reunidos en asamblea mantuvieron un encuentro con el presidente del directorio de la CFN, Iván Andrade. Le plantearon otra fórmula para recuperar la hacienda mediante la venta de tierras. Con lo recaudado se abonaría al capital reduciendo significativamente el monto del crédito con la CFN. En una segunda etapa los trabajadores seguirían abonando a la deuda con el producto de su trabajo.

Chuñir explicó que bajo esta idea la CFN se mantendría al frente de La Clementina y con la venta de unas 5.000 hectáreas la Corporación Financiera se beneficiaría porque recuperaría casi toda la deuda, pues con el remate habría una pérdida para el Estado, a criterio de Chuñir. “Con esta otra opción CFN mantiene el crédito completo”, sostuvo.

La directiva de trabajadores, que se conformó en agosto pasado, afinará los detalles de esta propuesta para presentarla a la CFN antes de finalizar este mes de noviembre.

Mientras tanto, el proceso de preparación del remate continúa. En este mes estaba previsto que un perito avaluador realice el avalúo de los bienes de Cooproclem.

Por Sebastián Zurita M para Periodismo de Investigación

Biólogo investigador

En la semana del 30 de agosto al 5 de septiembre de 2021, la Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG) firmó un acuerdo de cooperación con la ONG Wildlife Conservation Society para fortalecer iniciativas de conservación y combatir el tráfico de especies. Ambas instituciones se comprometen a trabajar en investigación científica y educación ambiental para desalentar al tráfico de especies entre los civiles. Frente a la realidad actual, dónde esta actividad delictiva perniciosa para los ecosistemas insulares forma bandas similares a las del narco, este acuerdo de cooperación parecería solo un slogan para demostrar que se hace algo contra el tráfico de especies. Según una nota de la revista Scientific American de abril de 2017, este es un negocio millonario, en países como Estados Unidos las tortugas galápagos se venden legalmente como mascotas y llegan a costar de $7 000 hasta $60 000. En contraste los animales nativos de Australia no dejan de pertenecer al estado australiano aunque se encuentren en otros países.

Realmente, Galápagos atraviesa una crisis moral entre sus habitantes, donde muchos estarían lucrando del tráfico de fauna nativa e involucrando a personal de fuerzas armadas, como en la primera historia de este reportaje, y de policía nacional para lograrlo. Así, lo demostraron los acontecimientos sucedidos en la mañana del 28 marzo del 2021, en el aeropuerto de Baltra, en que un policía de la Unidad Nacional Canina intentó enviar a Guayaquil 185 tortugas galápagos neonatas, a través de una encomienda.

A pesar de la pésima redacción del juicio de primera instancia, cuya sentencia y medidas cautelares fueron ratificadas por la Corte del Guayas, este caso de proceso número 20332202100141 se entiende así:

Casi al final de una revisión protocolar de equipajes en el aeropuerto de Baltra, según su declaración en el juicio, el supervisor de operaciones Franklin Sibri Sibri, a través de la máquina de rayos X, vio un bulto color anaranjado intenso al interior de una maleta. Sibri dijo que solicitó a su compañero operador Diego Gamboa la inspección de ese equipaje, que había llegado al aeropuerto como encomienda. Gamboa dijo que, al ver el interior de aquella maleta roja, pensó que se trataba de suvenires de madera y ropa, hasta que vio moverse a las tortuguitas, las cuales estaban envueltas en plástico transparente. Gamboa dijo que comunicó al supervisor de carga Fabián Socola, a los guardaparques Klever Paredes y Tobías Robalino, presentes en el aeropuerto, al personal de Ecogal (Aeropuerto Ecológico de Galápagos) y al personal de la Dirección de Aviación Civil. En el momento de la inspección de las tortugas, Socola pidió que no se las toque, pero los guardaparques exclamaron que los animales se estaban asfixiando y empezaron a sacarlas del plástico sin usar guantes. Realmente no existe un protocolo de parte de Ecogal ni de la DPNG para manejar este tipo de incidentes. Danny Rueda, actual director del PNG, respondió en el juicio a Milton Castillo Maldonado, exdelegado de la Defensoría del Pueblo, que es deber de los guardaparques comunicarse con la Unidad de Protección del Medio Ambiente (UPMA) para proceder ante delitos contra la flora y fauna silvestre. Después llegó personal policial de la PJ, criminalística, inteligencia, la UPMA y policías antinarcóticos a la mesa de inspección del hangar donde estaban las tortugas. Debido a la falta de protocolos, no se pudo identificar huellas dactilares presentes en las envolturas que llevaban las tortugas.

La maleta tenía una etiqueta con los datos: LATAM CARGO; No. Guía 88242; Origen GPS; Destino GYE. Y al exterior e interior de la maleta había un papel y una cartulina que llevaban escrito a mano el nombre CESAR CEVALLOS. Aquella maleta había sido remitida al aeropuerto por la empresa Transgal Bayas y al momento del descubrimiento de las tortugas, Renato Bayas transportista de la empresa se acercó a ver lo que sucedía. Le dijeron a Renato que se necesitaba saber quién era el remitente de la maleta roja y él llamó a su hermano Isaac Jonathan Bayas Vela quién junto a su madre, dueña de la empresa, eran quienes receptaban las encomiendas en la oficina de la empresa en la ciudad de Puerto Ayora. Inmediatamente Isaac viajó en auto al aeropuerto junto a su compañero Sandro Correa. Al llegar al lugar, en la zona de carga del aeropuerto, un policía del ambiente le preguntó a Isaac si reconocía quién dejó esa maleta en la oficina y él reconoció a un agente de antinarcóticos que se encontraba en el lugar y lo señaló diciendo «es mi sub que está ahí».

La investigación de Policía Judicial revisó las cámaras de seguridad aledañas a Transgal Bayas y observaron, en los videos del 28 de marzo, donde se vio que un patrullero de la policía transitó y se estacionó, en horas de la mañana, en las inmediaciones de la empresa. En el local continuo a Transgal Bayas hay una cámara de seguridad que alcanza a apuntar la entrada de la compañía. En el video obtenido de esa cámara se observa al conductor del patrullero que desciende del vehículo, ingresa a la compañía y permanece ahí por unos segundos, después el hombre sale del inmueble, regresa al vehículo y retorna con una maleta idéntica a la que contenía las 185 tortugas bebés. Mediante esos videos se identificó al hombre y se confirmaron los testimonios de Isaac Bayas, Sandro Correa y Zabina Vela, dueña de la compañía, que afirmaron que el cabo segundo de policía Nixon Alejandro Polo Delgado fue quien entregó la maleta a la empresa de transporte. Polo le habría dicho al personal de la empresa que enviaba recuerdos y ropa y, según las palabras de Isaac Bayas y los registros de la encomienda, Nixon Polo, un tanto nervioso, dio el número de cédula y los nombres del remitente, Ronald Saúl Valverde Pozo, y de quién recibía la maleta en Guayaquil, Cesar Heraldo Cevallos Zambrano. Al día siguiente, el 29 de marzo se formularon cargos contra Nixon Polo en audiencia de flagrancia.

La palabra coincidencia queda corta, Ronald Valverde era compañero de Nixon Polo, tenía el mismo rango de cabo segundo de policía del servicio canino antinarcóticos y, al igual que Polo, Valverde también laboraba inspeccionando carga y equipajes en el aeropuerto. Ronald Valverde también estuvo en el aeropuerto cuando se encontraron las tortugas. En su testimonio juramentado, Valverde dijo «llegamos (junto a Nixon Polo) y se nos acerca un trabajador de la seguridad del aeropuerto, ya que había una novedad con la carga». Valverde dijo que al escuchar esto fue a dejar a su perro policía a la oficina, después se dirigió a la mesa de inspección de equipajes, donde ya estaba Nixon Polo observando, se retiró nuevamente, para hacer el parte policial, y cuando retornó criminalística estaba tomando procedimientos. Valverde dijo desconocer por qué constaba su nombre y cédula como remitente en la guía de encomienda de la maleta. Por instrucción fiscal se decomisaron los celulares de los implicados y al revisar el registro de llamadas del teléfono de Valverde, este no registraba llamadas entrantes, salientes ni perdidas, el registro habría sido borrado. Cevallos no pudo ser contactado por la policía. Posteriores investigaciones descubrieron dos números de celular que habrían sido usados por el misterioso Cesar Cevallos, quién recibiría la maleta en Guayaquil a través de la encomienda, sin embargo, no se pidió el reporte de llamadas de la línea celular ligada a su número de cédula. La investigación envió la maleta a Guayaquil, vacía obviamente, pero nadie fue a retirarla del aeropuerto José Joaquín de Olmedo. En el juicio y ante fiscalía, Nixon Polo se acogió al derecho de guardar silencio.

Polo recibió una multa por reparación integral del delito de $138 650 y una sentencia de tres años de prisión, aunque no está ejecutoriada. La próxima audiencia está programada para el 9 de diciembre de 2021, en la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y de Tránsito de la Corte Provincial del Guayas. Actualmente cumple prisión preventiva en el Centro de Privación de Libertad Zona 8, en Guayaquil. En el delito existieron agravantes por el maltrato que sufrieron las tortugas al ser embaladas y almacenadas en la maleta. De hecho, cuando fueron encontradas la mayoría de las tortugas presentaba heridas en la cabeza y extremidades y desprendimiento de los escudos del caparazón y uñas a consecuencia de la manipulación. Por el pequeño tamaño y la suavidad de los caparazones, las tortugas tenían pocos meses de haber nacido cuando se las intentó traficar.

Al 30 de junio pasado, 22 tortugas de las 185 habían fallecido por los maltratos sufridos.

Por decisión de la fiscal Lleislayne Chuncho, el juicio se realizó mediante procedimiento directo, que implica una sola audiencia y esto limitó el tiempo de la investigación. Debido a la gravedad del caso, Milton Castillo, exdelegado de la Defensoría del Pueblo en Galápagos, se comunicó con el actual Ministro de Ambiente Gustavo Manrique Miranda quién le remitió al señor Joaquín Peña de quién Castillo no recibió respuesta. La DPNG tomó una postura a la defensiva frente a Castillo a quién calificaron ante el juez como un insolente por advertir la necesidad de descartar la presunta responsabilidad del Parque en el delito. El director del PNG Danny Rueda Córdova solicitó al juez de Santa Cruz Ramón Abad que no se incluya a la Defensoría de Pueblo como acusador particular en el juicio contra Nixon Polo. Aunque la defensa de la naturaleza es también competencia de la Defensoría del Pueblo el juez accedió al pedido de director del Parque. Posterior a su participación por el esclarecimiento del caso y de otros previos como el aparecimiento de una narco avioneta en Isabela, Milton Castillo fue destituido como delegado en Galápagos.

Volviendo a la historia, la pérdida del rastro de Cesar Cevallos y la posible participación de Ronald Valverde en el delito, no son los únicos cabos sueltos en el caso. Al revisar el registro de llamadas del teléfono celular de Nixon Polo, la pesquisa identificó algunos contactos de frecuente correspondencia durante el 28 de marzo y los días previos al delito flagrante. Uno de los contactos es Juan Daquilema Aulla, alias Pokemon, civil residente de Santa Cruz, a quién allanaron su domicilio en un operativo donde no se pudo encontrar indicios. Los otros tres contactos recurrentes son policías, el sargento segundo Luis Flores Chacha, compañero de Polo y Valverde, el policía Alberto Vera Lucas, quién también era contacto de Juan Daquilema, y Franklin De La Cruz Espinosa, ninguno rindió testimonio en el proceso.

Hubo otra línea de investigación omitida. El mismo 28 de marzo, tras el descubrimiento de las tortugas en la maleta y mientras criminalística tomaba información en el hangar del aeropuerto, Juan Piloso, agente de seguridad de Ecogal, revisaba las cámaras de seguridad del aeropuerto y vio otra maleta roja, igual a la que contenía las 185 tortugas. Entonces, junto al guarparque Tobías Robalino solicitaron a la aerolínea LATAM la revisión de la maleta y esta contenía muchos sacos de yute nuevos y gorras con el logo del PNG. La dueña del equipaje era Éricka Arias Valverde, quién trabaja como guía de turismo en Santa Cruz y cuyo padre, Jhonson Arias, tendría una finca al interior de la isla. Ellos tampoco fueron incluidos en el proceso investigativo más allá de ser mencionados en la versión de Piloso y en el testimonio de Robalino. La posibilidad de que los Arias estén involucrados en el delito puede ser menor a las posibilidades de participación de los otros hombres mencionados, pero concurre la hipótesis de la posible existencia de criaderos clandestinos de tortugas gigantes dentro de los ranchos y propiedades privadas, al interior de las islas habitadas, por donde la fauna nativa transita libremente y no existe control público.

Para aproximarse a conocer el lugar o lugares de donde se obtuvo las 185 tortugas, era necesario conocer la especie o especies a las que estas pertenecían. Fiscalía encargó, a un equipo profesional de la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos (ABG), la realización de una pericia que incluya la identificación a nivel de especie de las tortugas muertas y sobrevivientes, al 9 de abril de 2021, las cuales estaban bajo custodia en el centro de crianza Fausto Llerena de Santa Cruz. Los técnicos de ABG no identificaron las especies, sino que determinaron las islas de supuesta procedencia, comparando una región (secuencia) del ADN mitocondrial con información disponible en la web (GeneBank de NCBI). Según el informe, compararon el ADN de 182 tortugas, 146 tenían parecido genético a tortugas de Santa Cruz y 36 tenían parecido a tortugas de Isabela. La veracidad del informe sería comprobable si ABG publicara las secuencias obtenidas.

Pero entonces, si las tortugas eran de Santa Cruz e Isabela ¿pudieron haber salido de los centros de crianza? Según Christian Sevilla Paredes, encargado del Proceso de Conservación y Restauración de Ecosistemas Insulares (CREI) de la DPNG, en el centro Fausto Llerena hay tortugas Chelonoidis donfaustoi del este de Santa Cruz, especie en peligro de extinción crítico según la UICN (Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza), según un reporte del propio centro también tienen tortugas Chelonoidis becki del volcán Wolf, al norte de Isabela, consideradas como especie vulnerable. Y en el centro Arnaldo Tupiza hay tortugas Chelonoidis vicina, la cual está en peligro de extinción, y Chelonoidis guntheri, en peligro crítico de extinción, ambas del sur de Isabela. En el informe pericial que se presentó a fiscalía junto a los resultados del Laboratorio de Biología Molecular ABG y en su testimonio rendido durante el juicio, la bióloga de ABG Paulina Toscano dijo que el hecho de que las tortugas no estaban marcadas con pintura era «la prueba contundente» de que estas no salieron de los centros de crianza. Al hablar del tema con Paulina Toscano, ella dijo haber conversado con Washington Tapia, quién dirige la iniciativa de restauración de tortugas gigantes de la ONG Galapagos Conservancy, iniciativa que trabaja junto a los guardaparques en los tres centros de crianza y en la cual también se encuentra trabajando Jorge Carrión Tacuri, el exdirector del PNG. Tras escuchar la opinión de Washington Tapia de no «agrandar el asunto», se habría determinado que lo importante no era llegar a nivel de especie sino simplemente determinar que las tortugas eran de las islas Galápagos. Paulina Toscano dijo que simplemente lo que querían era que «el tipo (Nixon Polo) vaya preso» y que «se pague lo que se tenía que pagar» refiriéndose a la reparación integral por el delito.

Aunque la información del manejo de las tortugas en los centros debería ser pública, esta información solo se entrega bajo autorización de la DPNG. Por eso, fiscalía solicitó a los tres centros de crianza de Galápagos que presenten los registros de tortugas y huevos, llevados de agosto de 2020 a marzo de 2021. Al revisar los reportes presentados por cada centro, no había un formato establecido en aquellos registros, todos los reportes eran distintos. El centro Arnaldo Tupiza, que sufrió la pérdida de las 123 tortugas en 2018, y el centro Fausto Llerena de Santa Cruz dieron información del número de tortugas adultas y juveniles presentes. El centro Fausto Llerena reportó el número de nacimientos de tortugas desde 2016 y el número de tortugas nacidas por cada año. El centro Arnaldo Tupiza reportó el número de tortugas presentes por año de nacimiento, pero no reportó el número de tortugas eclosionadas allí. El reporte del centro David Rodríguez de San Cristóbal se limitó a indicar que había 163 tortugas en el centro y que, de agosto de 2020 a marzo pasado, nacieron cinco tortugas. El informe firmado por Olmedo Gil, responsable del centro David Rodríguez, dice que el principal objetivo del Centro no es precisamente conservar y restaurar especies endémicas en peligro de extinción, sino dinamizar la economía del cantón San Cristóbal. Al preguntar a Christian Sevilla, responsable del proceso CREI, si los huevos que son incubados en los centros de crianza provienen del campo, Sevilla dijo que hay tortugas reproductoras en cada centro que ponen los huevos pero que antes los huevos eran obtenidos del campo, pero que actualmente no. Sin embargo, al preguntar lo mismo a Freddy Villalva, responsable del centro de crianza Fausto Llerena, este le contradijo a Sevilla. Villalva dijo que únicamente tenían reproductores para repoblar Floreana con tortugas similares a las extintas de aquella isla, pero que los huevos de las tortugas de la isla Santiago y de Santa Cruz vienen del campo. También dijo que el personal lleva un registro desde que se recolectan los huevos hasta que eclosionan las tortugas. Sin embargo, ningún reporte de los centros de crianza indicó el número de anidaciones colectadas, ni el número de huevos que hubo colectados o puestos por los reproductores. Ahí cabe la gran posibilidad de fuga de huevos y tortugas neonatas. En sus reportes todos los centros dijeron que no tenían faltante de tortugas en sus corrales e instalaciones. 

Aunque los centros dispongan de seguridad pública y privada, tomando en cuenta lo dicho y los casos precedentes, no se puede descartar la posibilidad de que las 185 tortugas hayan salido de los centros o que ni siquiera hayan llegado ahí tras haber sido colectados del campo. Pero ¿quién pudo haber realizado las colectas?

Al hablar con guardaparques sobre el tema del tráfico de especies, la mayoría evitó dar comentarios del tema, muchos se pusieron nerviosos y dijeron que la información solo la entrega la Dirección de Comunicación del PNG. Pero don Marcelo, guardaparque de Santa Cruz, dio un dato revelador sobre la biología las tortugas gigantes, tan solo en Santa Cruz, existen aproximadamente 15 zonas de anidación, donde según él, llegan a desovar hasta 20 tortugas al mismo tiempo. Chelonoidis porteri, especie del oeste de Santa Cruz, desova en promedio 10 huevos por anidación. De tal manera que quiénes delinquen contra la vida silvestre podrían encontrar, de una sola vez, 200 huevos o tortugas recién nacidas por cada zona. Pero ¿quiénes conocen la ubicación de las zonas de anidación? Según el guardaparque los pescadores y los cazadores, de animales introducidos como cerdos, que aún no han sido erradicados. Pero realmente quiénes conocen mejor los sitios de anidación son los propios guardaparques. Marcelo, quien es del campo de la isla Santa Cruz, contó que hace años, cuando aún no trabajaba como guardaparque, él podía pasar sobre un nido de tortugas gigantes sin notarlo y solo con entrenamiento trabajando para el PNG pudo distinguir los nidos en el suelo. En una carta de respuesta al medio digital SosGalapagos, el actual director del PNG dijo que, como acción de control, el personal del proceso CREI realiza controles de nidos en las áreas naturales de anidación y que, a su vez, personal de Control Insular realiza patrullajes semanales por las áreas de reproducción de iguanas marinas, terrestres y tortugas. Incluso el personal de la ONG Galapagos Conservancy monitorea el trabajo de los guardaparques en los sitios de anidación de las tortugas.

Cesar Jumbo, abogado de Nixon Polo y de Paúl Tapia Machuca en el caso de las 123, dijo que Polo solo llevaba un año en Galápagos como policía, que no conoce dónde están las tortugas, que por su trabajo no tenía la facilidad para ir a los nidos de crianza natural y que él solo fue un eslabón más de la banda organizada que recolectó las tortugas para su tráfico ilegal.