Mes: mayo 2015

5. Entrevista a Xavier Torres, vicepresidente del Directorio del Conadis
'Lo más crítico es que hay muchos profesionales de la salud insensibles'
Hay problemas en el acceso a la Misión Manuela espejo y al bono Joaquín Gallegos Lara. Hay personas que han sido borradas y otras que llevan años haciendo el trámite y no tienen respuesta. ¿A qué se debe y qué se está haciendo al respecto?
Yo no tengo conocimiento, tendría que saber cuáles son las personas y el grado de discapacidad que tengan.
Por ejemplo, en Quito, la señora Ana Ribadeneira, cuyo hijo Emilio José tiene retraso mental recibió el bono cuatro meses porque el caso analizó el doctor Alex Camacho, secretario de Discapacidades. Sin embrago,  le suspendieron el pago desde enero de 2014. Al pedir explicaciones le han dicho que hay una nueva tabla y hay personas en peor situación.
Nosotros no tenemos denuncias al momento, habría que revisar bien para dar una declaración.  Hay que tomar en cuenta la vulnerabilidad de los discapacitados, a veces están abandonados por el padre y es la madre quien mantiene el hogar, o tienen casa propia y vehículo. Hay ciertos parámetros que se deben revisar. Debe haber algún argumento, no creo que le hayan quitado porque sí.
La pregunta es: ¿Si le calificaron y estaba recibiendo, está separada del esposo, es vendedora de Avon a tiempo parcial porque la mayor parte del día cuida a su hijo. Usted sabe que un niño con retraso mental requiere atención permanente. Hay otra señora en Guayaquil, se llama Patricia Moreno, tiene una hija de 24 años, es autista y lleva tres años haciendo el trámite y le han negado el bono. La madre tiene cáncer de piel severo y no trabaja.
Hay que analizar caso por caso, no puedo dar declaraciones si no conozco. Si al Conadis presentan los casos y me argumentan como acaba de decir, yo tengo que hacer una revisión para saber si se está cometiendo un error en el Ministerio  de Salud respecto a la calificación y en el MIESS que es el que maneja el bono ahora.
¿Pueden las señoras solicitar su intervención?
Claro y nosotros podemos pedir la información real de lo que está pasando.
Las dos señoras coinciden en que no hay una revisión médica exhaustiva de los niños para determinar su porcentaje de discapacidad. La asambleísta María Cristina Kronfle cuestiona al Ministerio de Salud, señala que no hay personal capacitado y asegura que están cometiendo errores de discriminación sin precedentes.
Nosotros conjuntamente con el Ministerio de Salud hemos ido corrigiendo errores que ciertamente se estaban cometiendo en la calificación. Lógicamente el cambio en la condición de discapacidad exige hacer ajustes porque hay casos que se van acentuando. Cuidado, que para eso hay que tomar en cuenta parámetros médico, socioeconómico y psicológico. Estos son los que determinan el porcentaje de discapacidad. En la lógica, quien más alto grado de discapacidad tiene enfrenta mayores dificultades y debe recibir más beneficios del Estado.
Usted como parte de este grupo vulnerable, como gestor de la ley y titular del Conadis, ¿cree que fue acertado incluir esos porcentajes en la ley?  Para determinarlos debería haber personal altamente capacitado en el MSP.
Mire, la calificación siempre la hizo el Ministerio de Salud. El Conadis lo que hacía es carnetizar. El sistema de calificación no ha variado, seguramente lo que pasó es que cambiaron los equipos médicos porque capacitaron a otro personal. Yo creo que hay que promover más capacitación directamente con el Ministerio de Salud. La ley salió así de la Asamblea, en donde dice que se establecerán porcentajes para acceder a los beneficios.
¿Cómo quedó la tabla?
Se mantiene el 30 hasta el 39% para todo lo que es integración laboral y a partir del 40% incide en el campo de los beneficios tributarios y algunas acciones afirmativas. A mayor discapacidad, mayor apoyo del Estado.
¿Qué organismos son los responsables de aplicar los beneficios?
Las competencias y atribuciones deben asumirlas los diferentes ministerios, porque son los que ejecutan las políticas públicas. Lo que hace el Conadis ahora es vigilar que eso se cumpla.
De la vigilancia  que se ha hecho hasta el momento ¿cómo evalúa usted la ejecución de la ley?
Bueno,  tenemos denuncias de problemas con los sistemas de calificación del Ministerio de Salud. Ya hemos mantenido algunas reuniones. Lo que le estamos exigiendo es que ya presente el proceso de nueva calificación para que vaya encaminada a la justicia y esté acorde con las necesidades del país.
¿Dónde está el nudo crítico?
El nudo crítico es un poco más de sensibilización de los profesionales de la salud. Lamentablemente hay muchos profesionales de la salud que no hacen quedar bien a su profesión y realmente no son sensibles ante muchos temas. Lo segundo es que existen muchos recelos de los calificadores y tratan de ser demasiado exigentes con sus criterios y no aplican criterios desde la racionalidad en la interpretación de la norma, seguramente porque tienen miedo de tener problemas, sin darse cuenta de que están perjudicando a una sociedad que ha adquirido ciertos derechos y beneficios de acción afirmativa. Yo creo que hay que profundizar nuestra exigencia al Ministerio de Salud para que accione la capacitación directa, en vivo.
¿Presupuestariamente cómo está la situación de la Manuela Espejo?
El presupuesto se ajustó cuando se transfirieron las competencias a los diferentes ministerios. La idea siempre fue esa. Manuela Espejo se crea para traspasar la política pública a los ejecutores: trabajo a trabajo, educación a educación. Los ministerios deben atender la política pública. También hay que reconocer que la situación económica ha cambiado.
¿La baja del precio del petróleo está afectando el flujo de recursos?
Puede que sí afecte, pero estamos mejorando. Tener trabajando a 80 mil personas con discapacidad en el país es importante. Hay cosas que se han ido superando. Esperemos que este hueco económico circunstancial vaya pasando. Nos falta mucho por hacer.
Hay avances si duda, pero familiares de los discapacitados dicen que hay demasiada burocracia que cambia constantemente y no cumple su trabajo ni resuelve sus problemas. Solo la Secretaría de Discapacidades tiene 326 empleados.
La Secretaría Técnica de Discapacidades trabaja en tres componentes: El bono lo maneja el MIESS y lo que es Manuela Espejo está a cargo del Ministerio de Salud. Hay que mejorar el trabajo y la información. Si ustedes como medios de comunicación nos ayudan en eso es importantísimo.
Mucha gente cree que la salida de Lenin Moreno afectó el cumplimiento de la ley y que para el vicepresidente Jorge Glas la atención a los discapacitados no son prioritarios. ¿Qué opina?
Eso es equivocado. Yo fui subsecretario de la Vicepresidencia, de la Manuela Espejo y demás. Cuando estuve con Lenín Moreno la idea siempre fue dejar la estructura para que luego pase a los ministerios, según sus competencias. La parte vital es trabajar en un proceso con enfoque de derechos primero. No es que Jorge Glass no le dé importancia pero si no  tiene funcionando la matriz productiva no podría sostener los proyectos sociales. El compromiso está ahí, por eso se mantiene la Secretaría de Discapacidades. El vicepresidente actual ha dado la importancia que el tema requiere y por eso se trabaja en coordinación con todos los ministerios. Que si tenía mayor incidencia la presencia del vicepresidente Lenín Moreno, por supuesto. Cuando uno está en la misma condición puede influir más. Son momentos y circunstancias. Lo importante aquí es que hay políticas públicas y que la sociedad puede exigir que se vayan corrigiendo esos errores para respetar sus derechos. Nos ha costado mucho en el camino, pero estamos aprendiendo de eso y dando soluciones.
De lo contrario, mucha gente considera que se gasta más en publicidad que en ayuda efectiva. También hay denuncias de que hay gente que recibe el bono y no necesita.
Siempre nos han dicho eso, pero es subjetivo. Hay gente que tiene envidia hasta al vecino.
También es cierto, hay de todo…
Sí, hay de todo, por eso somos un país megadiverso. Hay que seguir analizando los contextos y reconocer que las personas con discapacidad estamos mejor ahora. No solo es el bono, hay beneficios en el pago de la luz, el agua, el teléfono, en Internet se paga el 50%. Eso también ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas. 
Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, 10% de la población en el mundo vive con alguna discapacidad. En Ecuador, el Registro Nacional de Personas con Discapacidad del Conadis estima que 361 486 personas viven en esta condición. Las clasifican así: 175 444 con discapacidad física, 90 443 sensorial, 81 449 intelectual y 14150 mental.

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4. Entrevista a María Cristina Kronfle
'El Ministerio de Salud comete hechos de discriminación insólitos'
Estar atada a una silla de ruedas no ha impedido que esta joven legisladora por Guayas luche por los derechos de las personas con capacidades especiales. Esa tenacidad ha sido reconocida por los ciudadanos que la han elegido por tercera vez asambleísta para el período 2013-2017. Desde esa trinchera, en la que representa al Movimiento Madera de Guerrero,  destaca  avances en políticas y beneficios para este sector en este Gobierno pero advierte también que la incapacidad del Ministerio de Salud ha impedido efectivizar los cambios que exige una verdadera inclusión. Kronfle lamenta que la salida de Lenin Moreno de la Vicepresidencia, con quien -dejando de lado sus diferencias políticas- promovió la aprobación de la Ley Orgánica de Discapacidades, haya afectado su implementación.
¿Qué ha pasado con la Misión Manuel Espejo desde la aprobación de la Ley Orgánica de Discapacidades y luego de que Lenín Moreno dejó la Vicepresidencia de la República?
El bono Joaquín Gallegos Lara pasó al MIESS y la Misión Manuela Espejo a manos del MSP, por disposición legal. En realidad a la Vicepresidencia no le corresponde el manejo de estos temas y menos ahora que no tenemos un vicepresidente con discapacidad.
El problema es que las entidades que están a cargo de esta temática no tienen idea de cómo manejarla. El MSP  es uno de los más inútiles que tiene el país. En temas de calificación han incluido criterios económicos que no tienen nada que ver con la discapacidad. Es decir, una persona puede ser cuadripléjica, tener incapacidad mental o esquizofrenia severa pero, por tener una familia o formación académica, el porcentaje de calificación baja. Son hechos insólitos de discriminación que comete el Ministerio de Salud. En la vida se había visto algo así.
¿Cuál es la lógica de esa calificación?
Evidentemente eso busca que haya menos calificados por incapacidad, con la intención de que no participen en las políticas públicas que demandan recursos del Estado. El Gobierno está cuidando mucho el bolsillo desde muchas esferas y reducir el número de beneficiarios del bono por discapacidad es parte de esas acciones.
¿La política social hacia los discapacitados es más un asunto publicitario?
El problema es la falta de voluntad y el cumplimiento a rajatabla de una consigna de disminución de la población con discapacidad por el tema de porcentaje. Recordemos que, por ejemplo, para tener acceso a las exoneraciones tributarias, hay una tabla de porcentajes. Esto está más complicado que nunca con el fin de que se reduzca el universo de compañeros que podamos acceder a esos beneficios.
¿Quiénes tienen derecho al bono Joaquín Gallegos Lara?
Para acceder al bono Joaquín Gallegos Lara hay que tener una discapacidad severa y no tener en el entorno familiar más de dos salarios básicos unificados. En el porcentaje está la traba porque muy pocos son calificados con discapacidad severa, que es de alrededor del 65% en caso de la intelectual y mental y 75% cuando la discapacidad es física o visual.
¿Esto se debe a un error de concepción?
Yo creo que hay mala fe en la concepción y eso responde a una política de obediencia con el fin de que cada día haya menos beneficiarios de las políticas públicas.
Usted cuestiona al Ministerio de Salud. ¿Qué entidad considera que debería manejar la Misión Manuela Espejo?     
Lamentablemente  el Ministerio de Salud es el que menos sabe tratar la discapacidad. Debo admitir que fue un gran error mío haberlo tomado en cuenta en la Ley Orgánica de Discapacidades para temas de calificación.
¿Creyó que se implementaría una estructura adecuada y con personal calificado para que la letra no quede en el papel?
Por supuesto, en el mundo quien asume el tema es el Ministerio de Salud, no la Vicepresidencia. Lamentablemente tenemos personal descalificado que confunde conceptos socioeconómicos con temas biológicos, médicos o patológicos que nada tiene que ver con la discapacidad. Hay una tabla que aplican y parte del 30% en España, pero ahí no hay requisito mínimo para acceder al beneficio. Incluir porcentajes en la ley es discriminatorio e inconstitucional.
Eso amerita una reforma urgente. ¿La planteará?
Recuerde que fui yo quien presentó primero el proyecto de ley y luego unificamos con el de Lenín Moreno, con cero egoísmos de parte de los dos. Luego se dio el veto del Ejecutivo al que se allanó la mayoría de Alianza País. Por eso la  reforma la plantee en cuanto se promulgó la ley.
¿Qué implicó el veto?
Lo que vino con el veto es el porcentaje de discapacidad, eso hay que reformar así como el acceso a beneficios de los sustitutos y una promoción integral de la ley en entidades públicas para que conozcan sus responsabilidades y obligaciones porque hay una ignorancia generalizada al respecto.
¿Que Lenin Moreno no esté ha significado una disminución de la importancia de la política en discapacidades para el Gobierno?
 No es cuestión de cambiar de mando la misión sino de inteligenciar de buena fe para formar en criterios de derechos humanos al personal del MSP. No ha habido voluntad política  ni humana para hacerlo. El personal que dirige ese ministerio tiene cero conocimientos. Tan es así que tiene errores conceptuales graves sobre el tema del autismo. Yo tengo un escrito enviado por la ministra (Carina)  Vance en el que dice que los autistas son “torpes” y que tienen discapacidad mental. Eso  es un error porque la falencia de los autistas es de orden asociativo, no mental.
¿Qué aspectos positivos destaca?
Destaco la sensibilización política que ayudó a cambiar la mentalidad de la sociedad. Lamentablemente luego se transformó en trabas institucionales. Celebro la Misión Solidaria Manuela Espejo, aunque no me gustó el enfoque que se le dio al principio de un rostro demasiado trágico en lo social. Nos sentimos orgullosos de que se hayan ocupado de estas personas en estado de abandono, la dotación de ayudas técnicas, el bono Joaquín Gallegos Lara y otros avances. Lo importante es que el Gobierno siga fortaleciendo esta política.

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3. Al año, se destinan 4,8 millones de dólares para sueldos
Lo que indigna a Patricia Moreno y a Anita Rivadeneira es que no haya atención prioritaria para quienes pertenecen a la Misión Manuela Espejo. Moreno incluso cree que  su físico ha sido causa de exclusión. “Te ven blanca, rubia y de ojos claros y creen que eres pelucona y que no necesitas ayuda. Es insólito”.
Foto: Los beneficiarios del programa Manuela Espejo.
Mientras tanto, el número de empleados aumenta. “Cada vez que voy hay nuevo personal, pero con una incapacidad tremenda. Hasta se cambiaron a un edificio en el Policentro.
La Secretaría Técnica de Discapacidades tiene 326 empleados cuyos sueldos demandan un gasto anual de 4,8 millones de dólares, de acuerdo con datos publicados en su página web.
Esa  cifra serviría para entregar cada mes el bono Joaquín Gallegos Lara, que es de 240 dólares, a 1 666 personas con discapacidad física o intelectual severa.  
Para Moreno, “la misión Manuela Espejo es mucha propaganda, es una patraña que significa más burocracia y votos. Creo que Lenín Moreno tuvo alguna intención buena, pero era mucho más publicidad. Este vicepresidente de ahora  (Jorge Glas) no sabe dónde está parado. No creo que se encargue de esto, nadie quiere hacerse cargo de los discapacitados, es como una papa caliente. En la Vicepresidencia no saben nada. No digo que no haya ayuda, hay gente que tiene sillas de ruedas y bonos, pero no en la cantidad que se publica. También hay personas que no necesitan y reciben el bono. Un amigo de mi hija, de la Fundación Comunicar, cuyos padres tienen mucho dinero, es beneficiario del bono”.
Patricia Moreno señala que, si bien el Gobierno ha ayudado a muchas  personas con discapacidad, el fin social se volvió comercial. “Si lo que han gastado en propaganda lo hubieran pasado a ayuda habría mejor resultado. Es impresionante ver tanta gente contratada, el personal es demasiado para lo que hacen mientras hay pocos psicólogos que van de casa en casa. Evidentemente eso es para no calificar a más beneficiarios”.
Lo más inquietante es no hay cifras actualizadas sobre el presupuesto de la Misión Manuela Espejo.
Temor a denunciar 
Para este informe se tomó contacto con otros tres familiares de personas con discapacidad mental severa. Se les pidió que contaran su experiencia con la Misión Manuela Espejo y los bonos del Gobierno. Aceptaron la entrevista, pero luego desistieron.
Dos, a pesar de estar satisfechos con la atención y el bono, y de asegurar que el Gobierno de Rafael Correa ha ayudado a los discapacitados como ningún otro, no quisieron dar sus nombres.
El tercero es maestro fiscal. Su hija tiene 12 años, pero no habla ni camina. Pese a que tiene otros dos hijos en edad escolar y que su ingreso es el único sustento de su familia, ha sido rechazado como beneficiario del bono.  Eso es lo único que quiso contar.
La directora de una fundación dio un corto comentario, también a condición de que su identidad se mantenga en el anonimato. “No quiero tener ningún tipo de problema, cada vez tengo más gente pobre, nuestro trabajo es en silencio, hay que manejarse así ahora, si se da una opinión diferente no le gusta al Gobierno", afirma. "Los discapacitados tienen ayuda, pero no es suficiente para la gente pobre, ancianos, madres solteras. Parece que en el Gobierno mismo les ha prohibido dar declaraciones y por eso tienen miedo. Muchos dicen que el bono no les alcanza para alimentarse, la salud, la  movilización, pero tienen miedo de quejarse y perder lo poco que les dan”.
En diciembre de 2013 la prensa publicó denuncias contra médicos del Hospital Guayaquil que supuestamente colaboraban con la Fundación Manuela Espejo y negaban prótesis de piernas artificiales a personas discapacitadas de bajos recursos y luego les recomendaban comprarlas fuera en  3.000 dólares. Otras personas denunciaron haber esperando hasta dos años para que les entreguen sillas de ruedas.
Marco Antonio Rodríguez Gil acusó a personal de la Fundación de negarle una silla, muletas y una prótesis para su pierna, pese a haberse registrado y figurar en la estadística de beneficiarios de ese programa estatal. En su denuncia incluso publicó su número de cédula 0904427xxx y de la Tarjeta de Discapacidad física # 0979xxx del Conadis. Para este reportaje se lo buscó en el celular 0993564xxx que adjuntó a su denuncia, pero no se pudo establecer contacto con él.

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2. Victoria: tres años tramitando el bono Joaquín Gallegos Lara
La exbailarina de ballet guayaquileña Patricia Moreno inició hace tres años el trámite para que Victoria, su única hija de 24 años, acceda a los beneficios de la Fundación Solidaria Manuela Espejo y reciba el bono Joaquín Gallegos Lara. Al cabo de dos años de reclamos y consecutivas idas y venidas, la registraron, pero le negaron el bono de 240 dólares mensuales.
Ese derecho, consagrado en la Constitución y la Ley Orgánica de Discapacidades (LOD), le fue negado bajo el argumento de que su madre -quien padece un cáncer de piel severo-  está afiliada al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) con un empleo de salario mínimo.
Aunque la respuesta resulte insólita, se la han repetido desde 2011 a Patricia quien, tras perder a su madre, que era su principal apoyo, y enterarse de que su cáncer se agudizaba, inició el trámite para que su hija sea beneficiaria de dicha subvención.
Patricia no cree que la respuesta cambie, pero dice que seguirá yendo a la Fundación para dejar sentada su protesta. 
“Si antes, cuando el vicepresidente Lenín Moreno lideraba ese proyecto, no me atendieron, menos lo harán ahora, bajo la gestión de Jorge Glas, para quien la política hacia los discapacitados no es prioritaria”, dice Patricia. 
Patricia recuerda que, para registrar a Victoria en la Misión Manuela Espejo, le dijeron que la visitarían una psicóloga y una  trabajadora social. Al cabo de varios meses la visita se efectuó: “Un médico, una asistente y hasta el chofer llegaron a mi casa, pero ni siquiera miraron, menos examinaron a mi hija… Solo preguntaban y preguntaban. Esa fue la única visita. A los dos días me trajeron una cama de fierro que tuve que recibirla porque el médico me dijo que si no lo hago borrarían a Victoria del registro. Pero la cama no usa Victoria porque  puede golpearse, además la pintura se sale. Más bien la llené de cojines y la uso como sofá. El colchón tampoco sirve porque la pintura azul manchaba las sábanas. Como es lógico,  nunca acosté ahí a mi hija en eso”.
Patricia cuenta que ha buscado en la página web de la misión terapia ocupacional para autistas y le han remitido a Comunicar, fundación privada que  no tiene cupos ni espacio físico.
Por ello asegura que muchos familiares de autistas deambulan en busca de escuelas o centros especializados, sin mayor resultado.
Indignada y preocupada por el futuro de su hija, sostiene que la Misión Manuela Espejo es una farsa publicitaria y espera que, al denunciar su caso, alguna autoridad con un mínimo grado de sensibilidad haga algo para corregir la política.
Superando la peor crisis con valentía y tenacidad
Hace dos años, Patricia y Victoria atravesaron uno de los peores momentos de sus 24 años juntas. Tuvo que dejarla para someterse a un tratamiento contra el cáncer. Su ausencia le desató la peor crisis de angustia que ha tenido. Fue atendida en el Hospital Psiquiátrico de Guayaquil en donde le  cambiaron una medicina. Aunque mejoró, desarrolló una alergia y subió de peso de forma descomunal. Esto desató otra crisis de ansiedad desbordada en diciembre pasado. Tratar estos problemas demanda un gasto mensual que supera los 300 dólares. El rubro baja a la mitad en condiciones normales. Sostener ese nivel es tenaz para Patricia, pues no trabaja porque debe cuidar a Victoria las 24 horas y depende de la ayuda de una hermana y un sobrino.
Para solventar en parte sus necesidades, la exbailarina prepara comida en molde, pero que no implique estar cerca del fuego mucho tiempo., porque eso complica su cáncer de piel.
Preocupada por el estado de Victoria, Patricia llamó a Miguel  Palacios, ex director del Hospital Psiquiátrico, quien detectó que estaba mal medicada. Ahora está en proceso de desintoxicación para luego bajar de peso.
Gracias a la ayuda de su madre, Patricia podía pagar la pensión de Victoria en la Fundación Comunicar, especializada en atención a personas autistas. Pero, desde que falleció, la situación se complicó.
A esta mujer,  acostumbrada a la vida social, a los viajes y dedicada a su arte, la maternidad la sorprendió a los 40 años y dio a su vida un giro de 360 grados.  Hoy  tiene 64, casi el triple que Victoria, quien –en sus palabras-  terminó de moldear su personalidad.
Pese a lo vivido, asegura no sentirse derrotada por el autismo que enmudece los sueños de su hija ni por el cáncer. De hecho  ha mejorado y es probable que no tengan que volver a operarla. Victoria superó la crisis y ha vuelto a hablar. Dice su nombre y los colores en inglés, también pide arrocito y pollito, comenta la madre. Aunque no escribe porque tiene problemas de motricidad fina, es hábil, toca el órgano con ambas manos y le gusta pintar. Y, en cualquier momento y lugar, repite cosas que dice Patricia  y le hace quedar mal.
Patricia no llora, la vida curtió su carácter, pero admite que le preocupa algún día no tener para las medicinas y la comida de Victoria. Hasta ahora no ha ocurrido porque siempre, en el peor momento, no falta un amigo que le tienda su mano.
Recuerda que cuando Victoria nació y la vio en la termocuna con cables por todos lados, estuvo a punto de llorar. “Entonces, el doctor Enrique Valenzuela me dijo: ‘Usted, descontrolada, no me sirve’. Ninguna frase me ha llegado tanto. Se me quitó el llanto y la pataleta. Cuando Victoria  entra en crisis es cuando más tranquila estoy.  Ella cambió mi vida, pulió mis creencias, reafirmó lo que soy. El autismo es difícil de manejar, más aún en un país como Ecuador en donde los médicos y centros especializados  son escasos".
Eso se debe, según Patricia, a que los autistas no aportan nada al país. “Lo digo sin pena, no hay que hacerse pajaritos en la cabeza, personas como mi hija son una carga para el Gobierno. Esa es la realidad y explica su abandono u su exclusión”.
Patricia tenía 40 años cuando Victoria nació. “Yo trabajaba, me divertía, tenía una vida light, siempre me ha gustado lo social. Ahora vivo  en austeridad, no busco lujos, aprendí a ver las cosas desde otro punto de vista. Solo espero que ella se vaya primero, aunque me dejará a un gran vacío. Espero haber paliado sus angustias y miedos durante este tiempo”.

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Operativo Resurgir
El operativo Resurgir, se ejecutó el 27 de septiembre del 2011, cuando una unidad Antinarcóticos de la Policía, gracias a una denuncia de un ciudadano identificado como “Joselo“, permitió la captura de más de una tonelada de cocaína en una propiedad cercana al aeropuerto de Tachina – Esmeraldas. Uno de los principales implicados en la banda, era nada más y nada menos que el comandante de la Policía de Esmeraldas, general Galo Alfredo Carrera Vizuete, detenido junto a otros integrantes. Pero, si bien las autoridades antinarcóticos de Ecuador actuaron con base a una llamada telefónica, la Policía de España, ya había advertido a su similar ecuatoriana, respecto a la red narco que venía operando en los dos países.
Foto: Presentación de los paquetes de droga incautados en el operativo Resurgir. (Imagen El Universo).
En efecto, desde 2010 la Policía de Cataluña, “Mossos d Escuadra”, seguían la pista de una red de narcotráfico cuyo objetivo era el traslado de droga desde Ecuador hacia Europa y África bajo la figura de fundaciones de ayuda humanitaria. Las autoridades ecuatorianas desconocían o hacían caso omiso de esta red e incluso luego del Informe de los Mossos d Esquadra, no se ha investigado a fondo a todos los implicados y su relación con la política nacional. Quienes purgan en las cárceles son los peces chicos, los tiburones o figuras políticas relacionadas, se mantienen en la impunidad.


La Policía española inicia averiguaciones y uno de los primeros personajes que aparece en esta escabrosa historia es el representante de una organización de asistencia a migrantes, Fassae (Fundación de Asistencia Social y Apadrinamiento en el Ecuador), Marco Vinicio Chávez Vallejo que, coincidentemente era el tesorero en España, de la campaña de Alianza País; además de haber sido jefe zonal del Consejo Nacional de Sustancias Sicotrópicas (CONSEP). Una suerte de gato cuidando la quesería.
En los informes de la Policía de Cataluña se encontró información que vincula a Fassae con el mexicano Héctor de Jesús Martínez Ramírez, alias 'El Ingeniero', una pieza clave del cartel de Sinaloa en Ecuador. En otras dos entidades, AERE (Asociación de Españoles Residentes en Esmeraldas) y CONAMOS (Consejo Nacional de Movimientos  Sociales), figuran como representantes, Eduardo Cedeño y Cristian Arana, también sindicados y detenidos.
Dentro de la investigación de la policía española se realizan algunas intervenciones a las líneas telefónicas de Marco Vinicio Chávez, de donde se desprende una amplia información que llevará a la detención de los implicados en esta red de narcotráfico y lavado de activos. La investigación arroja nombres como, Gregorio Tello Mejía , exviceministro del Interior del gobierno de Correa, Eduardo Sandoya Sánchez, quien entonces era subsecretario de Coordinación Institucional del ministerio de Justicia; Nicolás Issa Obando, exembajador de Ecuador en España; Ramiro González, exministro de Industrias, y líder el movimiento político Avanza, organización aliada al gobierno de Alianza País.
Foto: Crsitian Arana fue el que acusó a altos miembros del Gobierno de tener nexos en el caso Resurgir.
También se revela la participación del oficial de la Marina Luis Khon Becerra; Édgar Aguayo Molina, que desempeñó funciones de intendente y director de Autoridad Portuaria de Esmeraldas; Homero Cervantes Coronel, abogado, ex gobernador de Esmeraldas, antiguo dirigente del Partido Comunista del Ecuador, que participa en el gobierno de la Revolución Ciudadana; y del entonces Comandante de la Policía de Esmeraldas, coronel Galo Alfredo Carrera, sentenciado y encarcelado.
Además, muestra la vulnerabilidad del puerto de Esmeraldas para actividades ilegales, situación que dio indicios para las investigaciones de las relaciones de estos personajes con los carteles mexicanos. La policía española identificó en primer lugar al “Ingeniero”, un mexicano que después del operativo Resurgir fue identificado como Héctor de Jesús Ramírez Martínez. Un aspecto particular del operativo Resurgir es que el modus operandi, era el traslado del alcaloide y altas sumas de dinero a través de valijas diplomáticas, mulas y conteiners.
Foto: Valla publicitaria ubicada en Esmeraldas, promocionando el SÍ en la Consulta. Aparecen dos de los implicados: Eduardo Cedeño y Marco Chávez, junto a Rafael Correa.
Según el informe realizado por los Mossos de Escuadra, luego de recibir 500 mil euros de un cártel mexicano, Marco Vinicio Chávez Vallejo ordenó a Eduardo Cedeño Cortez que regrese a Ecuador, el 2 de febrero del 2011, para coordinar el envío del dinero y adquirir un cargamento de cocaína para ingresarlo a España.
Para el envío del dinero a Ecuador, escogieron el sistema de “pitufeo”, que es la utilización de un grupo numeroso de personas de confianza en los países de origen y destino, para realizar operaciones de envío de sumas de dinero inferiores a 3 mil euros. Contactaron entonces en Esmeraldas al abogado Colón Colorado Velasco, quien recibió los primeros 2.249 euros (entonces equivalentes a $ 3.000), cantidad similar se envió a nombre de la madre de Colorado.
Los depósitos en Ecuador se harían a la cuenta del empresario esmeraldeño Armengol Pineda Jacho, dueño de gasolineras y al que la organización buscaba ponerlo en la Autoridad Portuaria de Esmeraldas, también fue detenido en el operativo. En un diálogo telefónico del 7 de enero de 2011, Armengol Pineda le cuenta a Marco Chávez que estuvo con Ramiro González y hablaron de la entrega de la Presidencia de Autoridad Portuaria, y que Homero Cervantes también está tratando de “sacar“ la Presidencia. En la conversación además se hace referencia al cobro de 1 millón de dólares a Petroecuador, aunque Chávez sostiene que sería mejor hacerlo a través del embargo de bienes a la estatal petrolera. No se precisa cuál es el tema. (Informe Cataluña)
Mientras Chávez buscaba lavar el dinero del cartel mexicano liderado por “El Ingeniero”, en Ecuador, su socio Eduardo Cedeño Cortez debía ser el encargado de exportar la droga hacia Europa. En ese proceso entabló relaciones con autoridades de la policía al más alto nivel, como al Comandante de Esmeraldas, Galo Carrera Vizuete, y vinculó al plan a Cristian Arana Vásquez. Arana fue capturado por la policía el 29 de septiembre del 2012 en Santo Domingo de los Tsáchilas y llevado a la cárcel de Esmeraldas. Días después de su captura, Arana le dijo a los medios de comunicación que temía por su vida: “el día de mi captura me iban a asesinar”, además responsabilizó a Mario Latorre de cualquier cosa que pudiera pasarle.
En declaraciones a diario La Hora, Cristian Arana, dijo que la casa de Tachina en la que encontraron la droga nunca fue de su propiedad: “El dinero se me entregó por parte de Mario de La Torre, alegando que como era funcionario público no podía tener bienes a su nombre. Me pidió de favor que buscara una persona de confianza y por ello se le solicitó a la señora Gladis Vega Ávila, que por favor se ubique esa propiedad a su nombre ya que Mario de La Torre quería una propiedad cerca del aeropuerto para las veces que llegara a la provincia tener un lugar donde hospedarse”, expresó.
En otra entrevista concedida a diario El Universo, Arana igualmente insistió en sus acusaciones contra el asesor presidencial, Mario Latorre. “El 5 de mayo en Guayaquil, una persona me entregó 56 000 dólares en el hotel Sheraton” (…) “Me dijo que era por pedido de mi jefe. Fui al baño, conté la cantidad y el 6 de mayo se hizo en la Notaría Cuarta de Esmeraldas la promesa de compraventa. La propiedad tenía hipoteca del Banco Nacional de Fomento por U$ 5000; dijeron que iban a pasar unos días para levantarla. Le comenté a Mario, él habló con una persona llamada Vanesa y al ratito llamaron al departamento jurídico del Banco en Esmeraldas y se levantó la hipoteca”, expresó.
Foto: De izquierda a derecha: Jhon Argudo, entonces miembro del Directorio del BIESS (Banco del IESS), Ramiro González, exdirector del IESS y ministro de Industrias, y Cristian Arana, en Esmeraldas.
La Fundación de Asistencia Social y Apadrinamiento en el Ecuador (Fasae), era una  de las cortinas a ser utilizadas para el envío de la droga, y estaba vinculada con la Asociación de Españoles Residentes en Esmeraldas (AERE), de la cual Cristian Arana era su presidente, pero este rechazó la vinculación y señaló que Fassae tenía supuestamente como cabeza al asesor presidencial, Mario Latorre, y que la compra de la vivienda en Tachina, donde incautaron la droga, la habría hecho con dinero y a pedido del mismo Latorre.
Una de las pruebas exhibidas por Arana para demostrar la participación del asesor presidencial, es la comunicación enviada el 21 de septiembre del 2010, desde Fassae al presidente Correa en la que le propuso convenios entre ministerios y esa fundación. La propuesta lo envió al correo electrónico [email protected] y recibió una respuesta del correo [email protected]: “remitimos su solicitud misma que ha sido remitida por el señor Mario Latorre asesor presidencial para su atención” (sic). Arana declaró que Mario Latorre le habló de la intención de formar una fundación. “La cuenta de integración fue de 4.000 dólares, lo dio él en efectivo; dijo que buscara la gente y que las organizaciones del Estado estaban para colaborar en el proceso”.
Christian Arana, financió la construcción de una obra civil en la Unidad de Vigilancia Sur de la Policía en Guayaquil. Investigaciones internas de la Policía probaron que el teniente coronel Aníbal Sarmiento, jefe de la unidad recibió U$ 2100 por parte de Arana Vásquez como donativo para mejorar las condiciones de una cancha de uso múltiple. Sarmiento declaró que mantuvo al menos tres encuentros con Arana y explicó que este contacto inició por gestión de otro oficial, Marlon Martínez Torres quien aseguró que Arana trabajaba para el Consejo Nacional de Movimientos y Organizaciones Sociales (CONAMOS) y que con ese antecedente podía hacer el trabajo. Los actos de ambos oficiales motivaron al Consejo de Generales de la Policía a emitir la resolución N° 2012-117—CsG el 3 de febrero del 2012 en la que ordenaron colocarlos a disposición del Ministerio del Interior.
Foto: Cartel de CONAMOS en respaldo al gobierno de Rafael Correa.
Arana sostiene que el “CONAMOS nació luego del 30 de septiembre del 2010, cuando se produjo la sublevación policial en Quito. El gobierno se dio cuenta de que no tenía una base social real organizada, para que reaccionara ante problemas graves como un golpe de estado y buscó aliados”. Desde la cárcel, Arana recuerda que CONAMOS movilizó gente a Quito para el primer aniversario del 30S. Además precisa que apoyaron la campaña por el SÍ, en la Consulta Popular de mayo del 2011. En marzo de 2012 el CONAMOS envió una carta de apoyo a Ricardo Patiño, a propósito del escándalo de la narcovalija.
Dice que envió una invitación para la posesión de la directiva del CONAMOS en Santo Domingo de los Tsáchilas, que se realizó en abril de 2011. La presidencia de la república le contestó a través del oficio SECPAR-O-11-02562, agradeciendo por la invitación y delegando un representante. Lo propio hizo el músico de Pueblo Nuevo, Galo Mora, en ese entonces secretario ejecutivo de Movimiento Alianza País, que también envió a CONAMOS el oficio SEAP-O-11-243.
En la casa de Eduardo Cedeño, líder de la banda funcionó una de las sedes del partido de gobierno en Esmeraldas. Cuentan los vecinos que hasta el 2010 había un gran letrero que decía: “La Casa del Movimiento País”, el color verde flex aún da testimonio de ello. Luego se cambió el rótulo por el de la Fundación AERE.
Foto:  Casa de Eduardo Cedeño donde funcionó una sede de Alianza País y luego la Fundación AERE en la ciudad de Esmeraldas.
Aunque algunos funcionarios del régimen han negado toda vinculación con los procesados, Cedeño y Arana, el ex gobernador de Esmeraldas, ex ministro de Justicia, y actual Alcalde de Esmeraldas, Lenin Lara, sí los recuerda, porque fue el responsable de la campaña junto con Miguel Salvatierra, director provincial de Alianza País. El nombre de Miguel Salvatierra también aparece en el informe de la policía española. La sinceridad de Lara fue más allá, dijo Cedeño fue cercano a un ex ministro de este Gobierno al que la Fiscalía acusó de peculado. Se refería a Gregorio Tello Mejía.
Cuando la Policía allanó la casa de Eduardo Cedeño, encontró documentos en los que solicitaba la concesión de un espacio en la terminal aérea de Esmeraldas, para la instalación de un hangar y la creación de una escuela de pilotos. También se encontró un contrato de compra venta de un buque y documentos de compra de una aeronave Cessna, modelo C-320F.
El 21 de febrero de 2011 se registró una llamada de Chávez a Cedeño, en la que le explicó el envío de U$ 30 000 a nombre de la Fundación Prahu, organización catalana de ayuda a migrantes.

««Ostaiza, Chauvín…«Pierina y Ostaiza

Vínculos con carteles mexicanos
En México, el 7 de abril de 2008, el Juez Primero de Materia Penal, ordenó la prisión del piloto del avión GLF59, Jorge Arévalo Kessler, que operó en la ruta México – Quito – Tachina – México. Arévalo no es un piloto cualquiera, es sobrino del exsecretario de la Defensa Nacional, Juan Arévalo Gardoqui , y según la Fiscalía mexicana, él pertenecía a una banda de narcotráfico liderada por Antonio Aguilar, alias “El Arquitecto“, cuyo nombre real es Pedro Antonio Bermúdez Suazo, hombre de confianza de Joaquín “El Chapo“ Guzmán, máximo jefe del cartel de Sinaloa, detenido en 2014 en México. Informes de inteligencia de la Procuraduría General de la República (PGR) señalan a Arévalo Kessler, como transportista de cargamentos de cocaína a México y de dinero en efectivo a Sudamérica.
Foto: Pierina Correa junto a uno de los hermanos Ostaiza en la Penitenciaría del Litoral, Guayaquil.
De acuerdo con el oficio C1/C4/ZP/4852/07, de 26 de octubre de 2007 suscrito por Carlos Anselmo Lugo Félix, de la PGR, “(por) información de inteligencia se sabe que Agustín Romero Villa y Jorge Gustavo Arévalo Kessler están involucrados en el decomiso de 3 toneladas 750 kilogramos de cocaína, mismos que pretendían trasladar de Ecuador al aeropuerto de Toluca, Estado de México”.
En la declaración de Arévalo, a la justicia mexicana, señaló: “El tres de octubre de 2007 recibí una llamada de Agustín Larcen, quien me dijo que íbamos a volar de Toluca a Acapulco y de ahí a Esmeraldas, Ecuador; que íbamos a llevar a cuatro personas y tres llantas que contenían dólares americanos“ (…) “El 24 de octubre de 2007 regresamos al aeropuerto de Toluca, estacionamos (sic) el avión en el hangar de CEA y posteriormente me enteré que el avión había sido decomisado por la PGR, porque en un análisis había dado positivo a cocaína”.
Para esa fecha (2007) el especialista en temas de narcotráfico, Bruce Bagley, ya advirtió sobre la presencia de carteles mexicanos en territorio ecuatoriano. “Sinaloa está presente (en Ecuador). El cartel de Tijuana o los Arellano Félix están aquí. Y hay un nuevo cartel que es del Pacífico Sur que también está aprovechando la desprotección de las costas”, dijo.


Operativo 'Huracán de la Frontera'
El legendario caso, Huracán de la Frontera, vinculó también a ex funcionarios del actual Gobierno. Para febrero de 2009, el tema Chauvín ya había estallado: José Ignacio Chauvín, antiguo dirigente del movimiento oficialista del presidente Correa, Alianza País, reconoció haberse visto en siete ocasiones con "Raúl Reyes", dirigente de las FARC, muerto en su campamento en Ecuador en marzo de 2008 en un bombardeo de las Fuerzas Armadas Colombianas (FARC).
Foto: José Ignacio Chauvín es el fundador de la Brigada Nacional Simón Bolivar y fue subsecretario del Gobienro de Rafael Correa.
Chauvín fue apresado en febrero de 2009 por asociación ilícita con los hermanos Jefferson, Miguel y Édison Ostaiza Amay, acusados y detenidos por narcotráfico e incluso con la sospecha de su vinculación con la campaña de Rafael Correa, tras pedir un recurso de habeas corpus, Chauvín, salió en libertad en junio de ese mismo año. A los Ostaiza, también se los acusa de montar la empresa Joamy Emma, una pantalla para acceder a contratos en Petroecuador y otras áreas estatales. Además se los relaciona con el asesor de Rafael Correa, coronel del ejército (r) Jorge Brito, con el ex embajador en Venezuela, René Vargas, y con el odontólogo de la selección de fútbol, Luis Ayala, asesinado en abril de 2008 por sicarios, cuando salía de su domicilio en Quito en un lujoso auto Jaguar.
La investigación de estos casos quedó en el olvido, como tantos otros donde guardaban relación miembros del Gobierno actual, como la asambleísta oficial María Augusta Calle, señalada en varios informes de inteligencia como contacto de las FARC en Ecuador, e incluso Juan Meriguet Martínez, esposo de la legisladora quien fue subsecretario de Participación en el Ministerio Coordinador de la Política y asesor del Canciller Ricardo Patiño.
La Comisión 'Angostura'
Luego de lo sucedido en Angostura, el presidente Rafael Correa, creó una comisión, las conclusiones de ese informe reflejan la preocupación de Francisco Huerta Montalvo: "se está convirtiendo a Ecuador en una narcodemocracia" (…) "todos los poderes del Estado" están siendo infiltrados por el tráfico de drogas. Esta podría ser considerada una de las primeras y más importantes alarmas de la infiltración del narcotráfico en altos niveles del Estado. Otros datos reveladores se muestran en el documental que fue prohibido en el país: Retrato de un Padre de la Patria.
Foto: el fallecido número 2 de las FARC, alias Raúl Reyes.
La investigación de la Comisión desnudó la relación de altos funcionarios del gobierno con el narcotráfico. En el informe se lee: “el video del Mono Jojoy y los cuadernos encontrados en Tasé y Angostura, establecen vínculos de Gustavo Larrea con las Farc. El video y los cuadernos son auténticos, según los informes periciales ordenados por la Comisión, lo cual también es corroborado por Julio César Vizuete Larrea, quien reconoce que la letra de esos manuscritos era suya y que fue dictada por Raúl Reyes.
En uno de los cuadernos de Reyes se lee: “Larrea, Brito y el Dr. Ayala, estoy seguro, se mueven con los carteles mexicanos de la droga y para tener vía libre en sus líneas colaboran con la CIA. Para ellos yo soy el verdadero botín y entregarme será su mejor negocio. Por mucho que insista Nacho Chauvín como correo de Larrea, no le veo conveniente permanecer en el campamento de Angostura, que ocupé a insistencia de Brito, sé que Larrea está detrás de todo esto. Este lugar es una trampa, pero me tienen amarrado, con el pretexto de que debo recibir a las delegaciones internacionales“
Según la Comisión, el 15 de enero de 2008, Reyes escribió: “Definitivamente, tengo la certeza de que el Gobierno de Correa nos ha traicionado. El coronel Brito con el Dr. Ayala solo nos utilizan para su “cartel“, con la ayuda de esos comandantes que solo ven la conveniencia del negocio. El ministro Gustavo Larrea es otro traidor. Las dilatorias constantes para la liberación de los prisioneros y el intercambio humanitario, lo dejan claro. Solo les interesa negociar la merca. “Nacho Chauvín es otro farsante, nos ha fallado y solo se dedica al negocio de la merca con los Ostaiza“.
Para la Comisión, Ignacio Chauvín estaba fuertemente ligado al narcotráfico y a la guerrilla de las Farc. Su relación principal era con el guerrillero Fredy Castillo, uno de los hombres de confianza de Oliver Solarte, alias “Casimiro“, considerado uno de los capos del narcotráfico, del tráfico de armas, precursores y pertrechos para las Farc. “Casimiro“ administraba una hacienda de propiedad del general (r) René Vargas Pazos, en Santo Domingo de los Tsáchilas. Oliver Solarte fue abatido en 2011 en un enfrentamiento con militares colombianos. De Solarte, dijo el presidente Juan Manuel Santos: “Manejaba todo el narcotráfico y el tráfico de armas del Bloque Sur de las FARC. Estaba entre el Comando Central y el Secretariado y respondía exclusivamente al Secretariado”.
Foto: el juicio de los hermanos Ostaiza tuvo un fuerte resguardo policial.
De acuerdo con la información de la Comisión, René Vargas reconoció ser amigo de Jorge Brito, quien también admitió haber tratado con uno de los hermanos Ostaiza por dos ocasiones. Vargas aparece en 2003 en una foto con Raúl Reyes en la selva del Putumayo. Además, entregó un certificado de buena conducta a Nubia Calderón, la “Embajadora de las Farc.“
Chauvín tenía relación con Guillermo Cabrera, primo de Gustavo Larrea, según un video presentado por Fernando Balda, en el cual se advierte el interés de promover varios negocios de los Ostaiza en el sector petrolero.
La 'frontera porosa'
“Frontera porosa“, así se describe en el Informe de Angostura, a la frontera de 640 kilómetros que une Ecuador y Colombia. “Porosa“, no solo por que ha permitido el tránsito ilegal de más de un millón de desplazados colombianos a Ecuador, sino porque es el cordón de paso y disputa de precursores químicos, droga, armas, guerrilla, paramilitares, dinero. Historias cargadas de muerte y dolor.
En el informe se relata la historia de Ángel Lapo, un comunero de frontera, quien a los pocos días de haber facilitado información a un investigador de la Comisión, apareció asesinado. “Los hechos hablan de un cuadro de frontera donde los campesinos e indígenas ecuatorianos han sido desplazados, instalándose en algunos casos bases con “desplazados plantados por las Farc“, que facilitan el narcotráfico y las acciones de grupos irregulares“
Un ejemplo de desplazamiento es el ejecutado por Marcial Eduardo Campaña, un colombiano que con violencia desplazó a campesinos ecuatorianos de un zona protegida (Río San Miguel), e instaló ahí un campamento de encuentro de las Farc con narcotraficantes extranjeros, en el cual funciona un gran centro de acopio de precursores, drogas y armamento.
Durante las últimas tres décadas, Ecuador enfrenta la evolución acelerada del narcotráfico. En la línea de frontera se han instalado laboratorios de procesamiento de drogas, campamentos fijos y móviles, depósitos de armas y combustibles, y más de 42 pasos ilegales. La provincia de Sucumbíos (Amazonía ecuatoriana) es utilizada como centro de operaciones por los Frentes 48 y 32 de las Farc. En las provincias de Esmeraldas y Carchi ejerce su influencia el Frente 29. Mientras que en Esmeraldas, otros grupos salidos del paramilitarismo colombiano, como los Rastrojos, Nueva Generación, Águilas Negras, y los Zorros se “disputan a sangre y fuego“ el control de los campamentos de precursores, armas y drogas. (Informe Angostura)

«Ostaiza, Chaivín…Resurgir»»

Hay que tener muy en cuenta los reportes internacionales, tales como los de Reporteros sin Fronteras y Freedom House, sobre las amenazas a la libertad de prensa en el Ecuador, los cuales a pesar de ser contundentes,  son minimizados por el régimen. "En Ecuador (108°, -13), la prometedora Ley Orgánica de Comunicación (LOC) mostró rápidamente sus limitaciones. La rectificación forzada de información se ha convertido en un modo de censura institucionalizada", dice el informe de RSF.
Ilustración:  El estado de la libertad de prensa según Reporteros Sin Fronteras.
El uso discrecional de la Ley de Comunicación amonestando y sancionando (incluso rayando en lo absurdo) a los medios independientes, a la vez que se deja impune cualquier acción de los medios públicos se mantiene al igual que la “excepcionalidad” de sabatinas, cadenas nacionales o cualquier declaración de funcionarios públicos.  La excepcionalidad en la aplicación de la ley no sólo se aplica a los medios gubernamentales, también a los “amigos” del régimen para los cuales las reglas (y el discurso oficial) pueden ser modificados. Después de años de predicar contra la concentración de medios de comunicación, el Gobierno de Correa llegó incluso a adaptar la normativa a favor del magnate extranjerode medios de comunicación Ángel González.
Una de las incógnitas es como se utilizará la recién aprobada Ley de Telecomunicación.
Pero el régimen no se conforma con perseguir personas jurídicas, la pedagogía de Correa siempre necesita de individuos concretos a los cuales aplicar sanciones que sirvan de ejemplo a los demás. Detrás de la persecución a estos individuos estaba la sanción al humor.  Estos fueron los casos del caricaturista Xavier Bonil y de Crudo Ecuador.  En el caso de Bonil, nuevamente, el ente sancionador fue la Supercom, con un agravante, el de hacer escalar el caso contra Bonil a la Fiscalía con la posibilidad de sanciones penales. Todo por una caricatura.  En el caso de “Crudo Ecuador” intervino el propio Presidente Corea pues por tratarse de un usuario digital, la Supercom no tenía injerencia. La persecución contra Crudo Ecuador llegó al clímax de las amenazas contra él y su familia, y su decisión de dejar de publicar los memes que tanto molestaron al Presidente.  Este caso demostró por una parte, que el repertorio de persecución e intimidación del régimen no se detiene en dudosas acciones legales y puede llegar a poner en peligro la integridad personal de los perseguidos y sus familias; pero por otra, también quedó en evidencia que la denuncia oportuna y la solidaridad nacional e internacional son las únicas herramientas con las que de momento se puede resistir al régimen. En el caso de Bonil, pese a que el diario y él fueron sancionados nuevamente por la Supercom, de momento aumentó el costo de proseguir con acciones penales en su contra.  En el caso de Crudo Ecuador, la alerta internacional incluyó desde la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH al comediante John Oliver.  El costo reputacional del Presidente Correa, fue enorme.  
Foto:  La censura al humor es una constante del presidente Rafael Correa. Aquí, un meme de Crudo Ecuador, quien está ahora retirado de la actividad en redes sociales.
Los temas de libertad de expresión y prensa no han sido las únicas causas de persecución del régimen, la criminalización de la protesta social ha generado víctimas durante este régimen.  En este último trimestre salió en libertad Javier Ramírez, dirigente anti minero de Intag, luego de que un juez lo sentenciara a cumplir el mismo tiempo que llevaba ya detenido esperando la sentencia, pese a la injusticia cometida, su libertad fue un triunfo de la comunidad movilizada.
Otra de las perseguidas del correísmo es la maestra Mery Zamora, exdirigente del magisterio, militante del MPD (ahora UP), Mery ha sufrido por cinco años la persecución del régimen. Declarada inocente en última instancia por la Corte Nacional del Justicia, el Presidente Correa no permitió que el asunto terminara ahí. Arremetió contra los jueces (que perdieron su curul) e hizo que el Fiscal General de la Nación invocara una acción extraordinaria de protección al revés. La acción de protección extraordinaria es un recurso constitucional a favor de los ciudadanos contra el Estado después de un fallo en última instancia; pero, a pedido de Correa, el Fiscal Chiriboga pidió que se invoqué en contra de una ciudadana, a favor del Estado. A partir de este sinsentido, la Corte Constitucional convocó a Mery Zamora a una audiencia por acción extraordinaria de protección del Estado contra su sentencia de inocencia.
La persecución contra Mery Zamora, sin embargo, no se limita al ámbito de lo legal.  Pocos días después de su audiencia, supuestas fotos suyas en situaciones íntimas fueron filtradas en las redes sociales por cuentas vinculadas a trolls gobiernistas. El acoso en redes fue denunciado pocas semanas después.
Foto:  La expresidenta de la UNE, Mery Zamora, ha sido duramente perseguida por el Régimen. La publicación en redes sociales de fotos íntimas fue el último gran golpe recibido.
Otros perseguidos, el asambleísta Cléver Jiménez y Fernando Villavicencio salieron de la clandestinidad, una vez que caducó su orden de prisión. Esto significa un revés para el régimen, pero como en el caso del veredicto de inocencia de Mery Zamora no sería raro que hubiera algún tipo de respuesta legal, más allá de las declaraciones de descontento del primer mandatario.
En cuanto a los escándalos de corrupción y otras noticias desfavorables, el Gobierno de Correa no ha podido ser del todo exitoso en evitar que estallen algunos escándalos. Sin embargo, hasta ahora ha logrado evitar que estos tengan consecuencias mayores.  Intencional o no, un escándalo tapa otro escándalo y la ciudadanía no tiene capacidad de procesar y mantener la atención en tantos frentes.  Para el gobierno cuando falla la estrategia del silencio, siempre queda la del ruido ensordecedor.  
La muerte de 14 trabajadores en el proyecto Coca Codo Sinclair a fines del año pasado, su sobreprecio de 600 millones de dólares, son reemplazados por la propaganda del proyecto.  La negativa del gobierno ecuatoriano de permitir la veeduría en el “sendero” que construyen en el Yasuní, es minimizada. Pero a veces un escándalo desentierra otro, la caída del cuarto helicóptero Dhruv, recordó a la ciudadanía el asesinato de quien denunció su compra: el Gral. Gabela y se conoció nueva información sobre las presiones de los ministros al perito forense extranjero para que omita aspectos de la investigación en su informe. Pero si bien esas noticias pueden salir de la atención ciudadana, las que no salen son las que tienen que ver con el ámbito económico.
En la esfera económica la situación siguió complicándose para el gobierno con anuncio de créditos que no terminan de llegar, la imposición de salvaguardias a las importaciones que generan encarecimiento y escases de ciertos productos y descontento ciudadanos, su estrategia de eliminar “peso muerto” negando la deuda del Estado con el Instituto de Seguridad Social y limitando derechos adquiridos de los trabajadores, todo ello expresado en su propuesta de Ley de Justicia Laboral.  Todas estas medidas tuvieron alto costo político y social, pero no sólo se prevé su insuficiencia para resolver la crisis de la caja fiscal sino que generan un entorno de expectativas negativas que llevan al país a un círculo vicioso donde las propias justificaciones de las medidas traen el fantasma de la desdolarización.
Foto:  La marea de votos a favor para la aprobación de la ley que quita el financiamiento estatal del 40% de las pensiones jubilares del IESS provino de los asambleístas de Alianza País. (Imagen: El Comercio).
Elementos a tener en cuenta este año: Las consecuencias de la crisis, el impacto social y político de medidas económicas y afectación de derechos a los trabajadores y jubilados, el fantasma de la desdolarización y la dinámica de control gubernamental y resistencia.
En este escenario, un proyecto como el nuestro, que promueva la transparencia y la rendición de cuentas mediante la recopilación, sistematización y análisis de información sobre la corrupción gubernamental; y, promueve el periodismo de investigación y fomente formas alternativas de ejercer la libertad de expresión y de prensa, tiene total sentido.

«Primera parte

Hernán Ulloa: Nos iremos a las instancias internacionales
El abogado defensor Hernán Ulloa, asegura que la demanda por el delito de funciones que siguen contra los policías que, con engaños y mentiras, apresaron a Byron Velasquez se ha dilatado mucho. "Algunas audiencias se han suspendido. A los abogados de los denunciados les conviene que el proceso sea lento. A nosotros no, porque no solo queremos una sanción para los responsables de la injusticia sino también la ejecución de daños y perjuicios", manifiesta.
Foto:  Los hinchas de Emelec hicieron una rueda de prensa en la aseguraban que Velásquez tenía rastro de pólvora por las bengalas que encendió y no por los disparos que ocasionaron la muerte de Arenita. (Imagen de Emelexista.com).
Asegura que, cuando se cierren todas las instancias del proceso a nivel nacional, acudirán a instancias internacionales. "Como los involucrados eran policías que estaban en servicio cuando cometieron el delito, indudablemente el responsable solidario es el Estado ecuatoriano. Nos iremos a las instancias internacionales para que se haga respetar el derecho a la libertad de los ecuatorianos. Tengamos una fiscalía mucho más profesional y para que estos sucesos no ocurran a otra persona", asevera el defensor.
Pero cuándo podrían ser sancionados los policías que detuvieron a Velásquez, Ulloa expresa: "Lamentablemente ni siquiera puedo imaginarme el tiempo. Porque como se han dado las cosas hasta el momento, en que hasta por temas intrascendentes se hacen consultas, hemos perdido ya dos años y medio. Esto significa también que tendrán que sancionar a los responsables bajo el nuevo Código Integral Penal".
Al consultársele ¿cuánto deberá esperar Byron para obtener justicia?, Ulloa sostiene: Si existiera una justicia ágil como se la requiere, pienso que hace rato debía haber recuperado su estatus de tranquilidad, paz, pero lastimosamente por estos atrasos injustificados; por esta negligencia de autoridades administrativas y policiales, no se qué tiempo tomará para que se restablezca la honra y dignidad de este ser humano".
En el Ecuador, hay casos en que con las primeras evidencias se "sentencia" públicamente a los detenidos; eso parece una práctica común de ciertas autoridades. "Es indudable e innegable que hay una injerencia del poder político en la función judicial, y esto es lo que lastimosamente la vuelve injusta e irresponsable por falta de independencia".
En el caso de Byron Velásquez, fue el ministro del interior, José Serrano, quien salió a señalarlo ya casi como "culpable". Y pese a que ya se conoce que es inocente jamás le ha ofrecido una disculpa pública. "Sería irresponsable de mi parte acusar a determinada persona, porque esa persona para poder salir a informar debe indudablemente nutrirse de sus asesores y colaboradores cercanos. Entonces, si al ministro un policía lo engaña y le dice: "Hemos capturado al asesino, él cómo tiene el conocimiento para saber si es o no es cierto. Él lo que hace es confiar en sus colaboradores", sostiene Ulloa.
Además, asegura que demandarán internacionalmente a las autorídades policiales que, según él, "fabricaron evidencias y detuvieron ilegalmente a Byron. Obviamente, habrá que pedirle al ministerio del Interior en general, que también hizo un pronunciamiento, que ofrezca disculpas públicas. Las autoridades deben ser más responsables de sus actos. No pueden señalar y decir: ya tenemos al culpable, cuando todos los ecuatorianos gozamos del principio inocencia. Nadie puede ser sañalado como autor de un delito mientras no haya sido dispuesto mediante sentencia ejecutoriada…".

««Largartija…«La madre