Mes: julio 2015

POST DATA
PUNTO DE VISTA
Xavier González Tejada, analista jurídico y abogado penalista en libre ejercicio
La reforma judicial se quedó en la fachada, en la infraestructura
Si bien personalmente no he sido víctima de ningún tipo de retaliación como abogado, conozco de colegas que enfrentan esa delicada situación. Por eso no estoy convencido de que la administración de justicia en el Ecuador haya mejorado. Los cambios se limitan a la infraestructura que ha permitido mejorar en algo la atención al usuario. Es más, me atrevería a asegurar que la administración de justicia se ha estancado.  Se ha implementado el  Modelo  de Gestión Procesal,  que no da pie con bola.  Más bien ha fracasado este sistema. Incluso algunas unidades judiciales, sobre todo en Pichincha, han colapsado.  Es increíble, puedo demostrar documentadamente que el proceso es extremadamente lento, que hay que insistir por varias ocasiones y por escrito sobre un requerimiento judicial. No es posible que para despachar una providencia tengamos que esperar entre dos y tres meses. Esto evidencia un abierto y franco deterioro de la administración de justicia.
Esto ocurre en el ámbito civil, que abarca asuntos laborales, niñez, adolescencia, inquilinato, contencioso administrativo, etc.  Es la forma, la apariencia lo que ha cambiado, pero lo de fondo no ha mejorado con la llamada revolución ciudadana.
Pero, más allá de eso, lo que más preocupa respecto de la administración de justicia es que resulta muy difícil patrocinar casos de personas o grupos opuestos al Gobierno porque conllevan retaliaciones y persecución, algo que viola los derechos consagrados en la Constitución y las leyes promovidas y aprobadas por el mismo Gobierno.
Tampoco es cierto que la justicia sea más ágil ahora. Las causas siguen represadas, nombraron nuevos jueces civiles que tampoco dan pie con bola.  El asunto ha colapsado. Me atrevo a utilizar este término para referirme a la administración de justica en las Unidades Judiciales de la Niñez y la Adolescencia, en las Unidades Judiciales Civiles. No avanzan los procesos, están apilados los escritos presentados por las partes procesales.
En lo positivo, si bien es un avance en la administración de Justicia la creación de la Defensoría Pública y la asesoría gratuita para los sectores más pobres de la sociedad. Esto concuerda con los principios constitucionales que tienen primacía, aunque eso no soluciona el problema de fondo que es la lentitud de la gestión procesal. Eso no despega y evidencia  un estado de indefensión pues la justicia que tarda no es justicia.
Una justicia dinámica, ágil e imparcial también es un derecho constitucional que debe garantizar el Estado. Lamentablemente ese postulado no se cumple. Basta recordar el caso de los estudiantes del Colegio Mejía,  en el que, según se denunció públicamente, algunos implicados, aconsejados por los defensores públicos, admitieron la culpabilidad de un delito que no cometieron, para que les reduzcan la pena.
Esto ocurre porque la mayoría de defensores son abogados que acaban de graduarse y tienen poca o ninguna experiencia y el Estado les paga para que ejerzan la profesión. Eso explica la falta de independencia de poderes. En consecuencia, es el Poder Ejecutivo el que dispone, maneja y ejecuta las acciones judiciales como mejor convenga a sus intereses. Eso se ha evidenciado en el caso de Los Diez de Luluncoto, con el Mayor Fidel Araujo, del que el Consejo de la Judicatura no sabe cómo resolver pues no ha probado los cargos de terrorismo y otros delitos que le imputan.
Todo esto está generando una reacción social.  El jueves 30 de julio se efectuó una protesta convocada por el Colegio de Abogados de Pichincha ante la falta de respuesta del Consejo de la Judicatura a las múltiples exhortaciones y observaciones planteadas ante el hecho evidente de que la reforma judicial, que fue avalada por el pueblo en el referéndum del 2011, se quedó en la fachada, en la infraestructura.

«Situación«Albán«Sarango«García«Vizueta

Juan Vizueta: “Funcionarios del Ministerio de Justicia presionan a los jueces para que dicten los fallos”
El tuit que usted escribió el 12 de julio, en el que denuncia que analiza desistir de representar a personas que quieren denuncian el presunto espionaje de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) a través de un contrato con la firma italiana Hacking Team, generó alerta y temor. ¿Qué pasó, quiénes lo amenazaron?
Lo grave es que no lo hicieron con migo directamente sino a través de mi hija. Eso está generando un conflicto familiar.
¿Cómo ocurrió?
Cercaron a mi hija en la calle y le dijeron: “Dile a tu padre que no se meta en lo que no le conviene. Parece que quiere terminar como el general Gabela”. Asustada, ella me dijo que se quedó paralizada sin saber qué responder y con temor de que le hicieran algo.
¿Dejará esos casos entonces?
En un principio lo pensé. Imagínese lo duro que es que amenacen a través de sus hijos. Con esto logran lo que buscan, generar terror. Pero luego conversé con mi esposa y mis hijos y les dije que, más allá del temor, ese no es momento para la cobardía sino  para defender con más valentía los derechos humanos. Eso es lo que he enseñado a mis hijos toda la vida y, desde hace 26 años, a mis estudiantes universitarios. No puedo hacer lo contrario a estas alturas de la vida.
La Senain niega haber contratado a Hacking Team. ¿Qué gestiones ha efectuado hasta el momento para que las autoridades expliquen el asunto del supuesto espionaje telefónico a líderes de la oposición?
Como miembro del Directorio de la Federación Nacional de Abogados presenté un pedido para que el titular de la Senain, Ronny Vallejo, sea llamado a rendir confesión judicial.
Si es que acudiera ¿Qué pedirá que Vallejo declare?
Él tiene que aclarar el asunto de los correos electrónicos que WikilLeaks publicó, según los cuales, la Senain habría adquirido equipos para interceptar teléfonos inteligentes y computadoras. Recordemos que WikiLeaks es del señor Julián Assange, que es protegido del Gobierno de Rafael Correa y está refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres. La Ley nos faculta para llamar a todas y cada una de las personas involucradas en este supuesto plan de espionaje a ciudadanos. Recordemos que este asunto no es nuevo. Hace 17 meses la abogada Martha Roldós presentó ante la Superintendencia de Comunicación una acción judicial por un presunto delito similar. Lo que hicieron es no darle trámite por haber incumplido una formalidad: no presentar una cédula de identidad. Imagínese a qué extremo hemos llegado. Seguimos esperando que, por este caso,  rinda confesión el director del oficialista Diario El Telégrafo, Orlando Pérez.
¿Qué otros casos bajo su defensa considera que le han puesto en esta situación y le preocupan más?
El caso de la ex dirigente de la Unión Nacional de Educadores (UNE)  Mery Zamora. Mire usted que, tras ser declarada inocente, el fiscal general Galo Chiriboga concurrió ante la Corte Constitucional y señaló que la sentencia había vulnerado los  derechos del Estado y el debido proceso. Con ese argumento solicitó una acción extraordinaria de protección. Lo insólito es que la Corte haya aceptado ese pedido, aunque su actuación no sorprende al aceptar una acción extraordinaria de protección totalmente improcedente e indebida.
¿Por qué es improcedente e indebida?
Cualquier estudiante de Leyes sabe que la protección de los derechos humanos es para los ciudadanos, jamás para instituciones públicas y mucho menos para la Fiscalía General del Estado. El profesor Emilio Romero Parducci escribió un artículo en diario El Universo, en el que apoya nuestra posición y recuerda que la Fiscalía no tiene derecho a la salud, a la vida, a la educación. Más bien enfatiza que es el Estado el responsable de proteger a los ciudadanos de los abusos del poder.
¿Qué derechos de Mery Zamora viola esa calificación de la Corte? 
Esta acción extraordinaria de protección fue pedida por Galo Chiriboga, ex abogado personal del presidente Rafael Correa en el juicio contra el Banco Pichincha, ex ministro de Energía y Minas,  ex embajador en España y, por último, su pariente.  Nada raro resulta entonces que la Corte Constitucional haya calificado ese pedido totalmente infundado.  (Nota del editor: En junio del 2014,  la Corte Nacional de Justicia (CNJ), mediante sentencia, ratificó la inocencia de Mery Zamora, acusada de terrorismo y sabotaje por su supuesta participación en la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010).
¿Hay conflicto de intereses, abuso de poder…?
Por supuesto y, finalmente, remiten el caso al Consejo de la Judicatura, en donde el fiscal Antonio Gagliardo pide nuestra suspensión por el lapso de seis meses. Tengo conocimiento de que está lista la acción para suspendernos a Pedro Granja, Silvio Enríquez y yo, que defendimos a Mery Zamora.
¿Usted denuncia persecución judicial? 
Cómo más se puede llamar a este tipo de acciones, pero no es la primera vez ni el único caso. Lo mismo sucedió con el juicio de la hacienda La Clementina. Como defensores del abogado Álvaro Noboa, denunciamos una serie de irregularidades por parte del Servicio de Rentas Internas (SRI) que efectuó un proceso viciado. Incluso el depositario había comenzado a vender bienes y ganado a su antojo, como si fueran de su propiedad. Mostramos a los medios de comunicación que este señor había sacado facturas personales, lo cual es ilegal.
¿Qué hicieron al respecto?
Presentamos la denuncia en la Fiscalía y ésta mando un oficio al juez para que iniciara una causa contra el depositario judicial. Luego, el fiscal general Galo Chiriboga pidió que envíen el caso a Quito. Hasta el día de hoy no devuelven el proceso. Más bien nos demandaron por el supuesto delito de sabotaje en una publicación y unas declaraciones que hicimos. Eso hemos padecido a lo largo de todos estos años. Por cualquier mecanismo se nos trata de intimidar, de amedrentar.
¿Amenazas anteriores?
Sí, en el caso del señor Galo Lara. El señor Alex Cedeño, que declaró haber escuchado que Lara había amenazado de muerte, fue detenido por estar vinculado a un crimen. Incluso la Policía y el gobernador de Los Ríos informaron haber capturado a uno de los hombres más peligrosos de la provincia. A ese señor lo denunciamos ante los jueces porque en la audiencia nos amenazó de muerte. Eso está publicado en los medios, pero la Fiscalía no dice nada, más bien lo llevó a Quito para que declare en el juicio contra Galo Lara, pero su testimonio fue descartado por falta de pruebas.
¿Está llegando el país a un estado de indefensión?
Evidentemente, porque tenemos jueces sumisos, no hay derechos para los ciudadanos. Usted acude a una audiencia en la que el Gobierno tiene interés y se encuentra con delegados del Ministerio de Justicia sentados en las salas de audiencias presionando a los jueces para los fallos.
¿Cite un ejemplo?
Hace unos tres meses, en una audiencia porque a Galo Lara le acusaron de tener un celular en la celda, pese a que la persona de la celda contigua en la Cárcel de Latacunga aseguró que el celular es suyo y mostró la factura de la compra, un policía se lo quitó. Y terminaron sentenciándolo. Lo burdo de esto es que, en la audiencia, un señor del Ministerio del Interior hacía gestos con la mano para que el juez termine la audiencia y dicte sentencia. A ese punto hemos llegado en el Ecuador.
¿Desde cuándo se viene dando esta situación?
Desde diciembre de 2012 venimos recibimos una serie de amenazas que han cambiado nuestra vida. No podemos salir con la misma confianza. Tengo terror por mis hijos, no sabría qué hacer, me volvería loco si algo les llega a pasar. Pero, aun así, no es el momento de cobardías. Eso es lo que he enseñado a mis hijos y, desde hace 26 años, a mis estudiantes universitarios. No puedo hacer lo contrario a estas alturas de la vida.
¿Cuál es la salida?
Que el Gobierno deje el autoritarismo y quiera controlarlo todo, que nos permita vivir en democracia, que se respete el estado de Derecho, que los abogados podamos ejercer libremente y, sobre todo, que tengamos jueces idóneos e imparciales. Hoy no tenemos esa garantía constitucional básica para una sociedad libre y democrática. Como es no ocurre,  acudiremos a las calles. Ese es el último recurso y el más efectivo para defender los derechos humanos. Es el último reducto que nos queda y lo vamos a utilizar.
¿Es decir que los abogados plegarán a la movilización y paro nacional que convocados para el 13 de agosto?
Así es, nos vamos a sumar como abogados. Así lo resolvió el Consejo Nacional de la Abogacía, sede Guayaquil. Vamos a apoyar el paro convocado por los trabajadores y los movimientos indígenas y sociales. Ya se han sumado los médicos, los abogados también calentaremos las calles en este momento triste de la historia.

Acoso judicial a Juan Vizueta
1. Denuncia del ex Director del Servicio de Rentas Internas, Carlos Marx Carrasco, contra el abogado Juan Vizueta y su socio Pedro Granja Angulo, por presunto delito de Rebelión. La causa fue  una publicación que realizaron en el diario El Comercio, en la que los acusan de expresiones injuriosas, amenazas al Depositario Fiscal, al Recaudador y al Secretario de Coactivas del SRI,  dentro del proceso coactivo contra Exportadora Bananera Noboa.
2. Sumario administrativo iniciado por el Consejo de la Judicatura contra los abogados Juan Vizueta, Pedro Granja Y Silvio Enríquez Toala para suspender su ejercicio profesional. La causa  fue un escrito dentro del caso de la maestra Mery Zamora en el que cuestionan el proceder de la Corte Constitucional, por haber emitido un auto de admisión de la acción extraordinaria de protección presentada por el fiscal general Galo Chiriboga.
3. El abogado Pedro Granja, socio de Juan Vizueta, denunció ante la Fiscalía que fue agredido con golpes de puño por desconocidos, a la medianoche del 9 de julio del 2013, en la ciudadela 9 de Octubre de Guayaquil, cuando salía de casa de su padre. Tres sujetos a bordo de dos motocicletas lo interceptaron, uno de ellos lo insultó mientras otro lo agredió con golpes de puño. Quedó tendido en la vereda hasta que moradores lo auxiliaron.

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Ramiro García: “Imaginemos lo que significa, en un Gobierno autoritario, ser insultado por el Presidente en 12 sabatinas”
Ramiro García es Doctor en Jurisprudencia por la PUCE y máster  en Ciencias Penales por la Universidad Externado de Bogotá. En Buenos Aires realizó un posgrado en Derecho Penal y se  doctoró en esa materia en la Universidad de Sevilla. Es el único especialista en Derecho Penal que tiene el Ecuador.
¿Ha sido usted objeto de persecución por defender a personas enjuiciadas por el Gobierno como golpistas?
Soy vicepresidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Desde esa posición gremial y como abogado en libre ejercicio denuncio un embate de parte del Consejo de la Judicatura (CJ) que difundió facsímiles contra el presidente y vicepresidente del Colegio.
¿Tiene pruebas?
Solo se puede poner en los casilleros judiciales papeles que el Consejo autoriza. Un día, todos los abogados encontramos un pasquín contra nosotros. A ese nivel de bajeza se ha llegado. Y no es sólo eso. En mi caso, voy como 12 sabatinas en las que he sido nombrado por el Presidente de la República como seudo penalista,  seudo abogado,  odiador y otros epítetos.
¿Qué implicaciones tiene esto en su vida profesional y familiar?
Imaginemos lo que significa, en un país con un Gobierno autoritario, ser insultado por el Presidente. Ser objeto de los odios gubernamentales no es la posición más cómoda.  Tengo un hijo de 13 años que ve a su padre nombrado con insultos en la sabatina. Eso tiene una implicación familiar, por supuesto.
¿Ha recibido amenazas?
He tenido reclamos directos de gente allegada al Gobierno en diferentes tonos, pero no voy  a hacer referencia a nombres, por obvias razones. Han habido advertencias, amenazas que, por supuesto, no han mermado ni en un ápice mi posición.
¿Cuántos años de ejercicio profesional tiene? ¿Recuerda una época como la actual?
Jamás hemos tenido algo parecido a esto. Si bien nuestra justicia siempre fue políticamente débil y dependiente, jamás habíamos tenido esos niveles.
¿Qué casos considera que lo han puesto en esta situación? ¿Se siente vulnerable?
Varios, varios. He sido abogado de Los Diez de Luluncoto, por ejemplo.  También de Fernando Villavicencio….
¿Hay abogados en la mira del poder?
Por supuesto. Y puedo afirmar también que hay una campaña de amedrentamiento contra los abogados que nos atrevemos a defender los derechos humanos de las personas afectadas por el poder.
¿Siente temor? ¿Ha pensado abandonar los casos?
Más de una vez el entorno familiar ha presionado para que deje unos casos y no tome otros. Profesionalmente eso no es posible. Imagínese, soy el único PHD en Derecho Penal en el país. Habría sido más conveniente para mí plegarme a cualquier Gobierno, jugar del lado del poder, legitimar con mis conceptos sus actuaciones y ser usufructuario de las mieles del poder, pero jamás lo haría.
Cada vez son menos los abogados dispuestos a tomar casos polémicos como los que usted defiende. ¿Considera que el país está llegando a un estado de indefensión?
Por supuesto. El derechos a la defensa consagrado de la Constitución depende de que haya abogados que quieran defenderlo, caso contrario no se lo puede ejercer. En la medida en que se reduce el número de abogados que quieran defender casos contra el poder, simplemente la gente que es atacada por el Gobierno no puede defenderse. Es así de sencillo.
Para eso están el Defensor del Pueblo, los jueces, los fiscales…
En situaciones normales eso sería lo lógico, pero a ellos los designa el poder gubernamental. Recordemos el caso de los defensores de los estudiantes del Colegio Mejía. Algunos de ellos se declararon culpables, pese a no serlo, porque se les ofreció una sentencia reducida. Eso les aconsejaron los defensores públicos, que reciben un sueldo del mismo poder que ataca.
¿Hacia dónde va el país?
Se han comido de tal manera la institucionalidad que la gente ha reaccionado y está tomando las calles como única vía de defensa y desfogue. Por eso van creciendo cada día las movilizaciones. 
¿El Colegio de Abogados hará algo para respaldarlos?
En las próximas semanas el Colegio de Abogados de Pichincha emitirá un comunicado en el que planteamos los puntos que se deben abordar si es que en realidad se quiere promover un diálogo nacional, como pide el presidente de la República.
¿Qué está pasando con la administración de justicia?
Hay un sistema de persecución institucionalizado en lo procesal. En la actualidad, las garantías constitucionales y el debido proceso dependen de que el Consejo de la Judicatura no remueva a los jueces y les deje trabajar. Estamos viviendo, por ejemplo, cosas que son alucinantes como el caso Sharon, en el que suspenden a los jueces días después de haber emitido su fallo y ahora no hay quien dicte la sentencia por escrito. Ese tipo de cosas son irracionales. Entonces vemos que en el Consejo de la Judicatura no sólo tenemos jueces incondicionales con el poder sino además gente que desconoce totalmente el Derecho. Esa es una combinación complicada.
¿Cuáles son los riesgos para la gente, para el país?
Si los defensores de los derechos humanos se encuentran en riesgo significa que estamos llegando a un nivel de arbitrariedad que resulta insostenible para el propio Gobierno.
En estos días el abogado Juan Vizueta escribió un tuit en el que indicó que analiza dejar de representar a personas que denuncian el caso Hacking Team porque ha recibido amenazas de muerte. ¿Qué reflexión le merece esto?
Yo también he recibido amenazas de muerte, pero seguiré defendiendo los derechos y libertades de la gente aotropellada por cualquier tipo de poder. Es totalmente entendible cualquier temor de un abogado, pues no se trata sólo de nosotros sino de nuestras familias. Hay que preguntar a qué nivel estamos llegando cuando el poder ataca a una persona como ocurrió con el señor de Crudo Ecuador, a quien le dejaron un ramo de flores a la casa donde estaba de vacaciones.
¿A qué nivel piensa usted que estamos llegando?
Son actitudes mafiosas que denotan mucho miedo del poder a las personas que actuamos dentro de la institucionalidad.
¿Cómo mira el panorama futuro en Ecuador?
Muy complicado para todos, empezando por el Gobierno. Yo creo que es el Gobierno el que la tiene más difícil por sus propias acciones, porque  se ha comido una enorme popularidad, una popularidad sin precedentes, por su accionar arbitrario. Nadie está en contra de las obras de infraestructura, de vialidad, ni de las cosas positivas que hace este Gobierno. El problema es que las cosas negativas terminan afectando los derechos humanos y eso puede remover a todo un país. Eso es lo que está sucediendo ahora. Vemos que las reivindicaciones de todos los sectores que están protestando tienen que ver con derechos y libertades. Eso no se mide en kilómetros de asfalto.

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Julio César Sarango: “Mi vida y la de mi familia están en riesgo, pero seguiré defendiendo derechos”
Julio César Sarango es doctor en Jurisprudencia por la Universidad de Loja y especialista en Derecho Penal y Criminología Indígena por la Universidad Regional Autónoma de los Andes (Uniandes)
Tiene 17 años de trayectoria profesional y ha dictado decenas de conferencias sobre Derecho Civil, Penal y otras materias jurídicas en varias provincias del país.
Algunos  abogados que defienden a ciudadanos que protestan o a líderes de la oposición enjuiciados por el Gobierno denuncian que también están siendo perseguidos en Ecuador. ¿Es su caso también?
Estoy sumamente preocupado por la administración de justicia, por el respeto al debido proceso. Eso está totalmente desequilibrado. Está supremamente lejos de estar en el Estado constitucional de derechos. Es la primera vez que me pasa. En este Régimen no he podido ejercer mi profesión como abogado tranquilamente.
¿A qué casos se refiere?
Al de la señora Guadalupe Llori, ex prefecta de Sucumbíos; al de Radio Arutam (shuar); al caso del asambleísta Pepe Acacho; al de los ciudadanos Carlos Figueroa (médico), Fernando Villavicencio, activista político; y del asambleísta Clever Jiménez.  En el caso de los estudiantes del Colegio Mejía me hicieron una cadena diciendo que soy un abogado mentiroso. Me iniciaron un sumario administrativo en el Consejo de la Judicatura por pedido del Ministerio del Interior. En ese proceso, pese a que presenté todas las pruebas de descargo ante la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura y a que no tuvieron forma de probar que había infringido la ley, el Ministerio del Interior apeló ante el Pleno del Consejo y el proceso sigue ahí. Es decir, utilizan todo el aparataje estatal para irse en contra de una persona de a pie.
¿Cuántos años de ejercicio profesional tiene? ¿Ocurría lo mismo en gobiernos anteriores?
Tengo 17 años de ejercicio y no tuve ningún problema con los gobiernos de Lucio Gutiérrez, de Gustavo Noboa, de Alfredo Palacio. Se ejercía la profesión de manera tranquila, en paz. Es una cuestión aberrante que la autoridad, que el Estado persiga también al abogado de las personas a las que acusa, cuyos derechos están consagrados en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales.   
¿Por cuál caso ha sido objeto de mayor persecución?
Por dos. Últimamente el caso de los muchachos del Mejía, eso fue tenaz. Nos amedrentaron, nos dijeron que nos iban a enjuiciar penalmente. Nos iniciaron un sumario administrativo en el Consejo de la Judicatura y eso está en apelación todavía. En el caso de Clever Jiménez me corren traslado de un escrito que presenta la parte contraria. Yo contesto y le digo al señor juez que, de acuerdo al artículo 142 del Código Orgánico de la Función Judicial, no es competente para ejecutar la sentencia porque los procesados gozan de fuero. Deben ser los jueces de primer nivel, es decir de los juzgados de garantías penales. Los jueces nacionales hacen de primera instancia, no de primer nivel. Es decir, para que capturen a Clever Jiménez, Fernando Villavicencio o Carlos Figueroa, tenía que encargarse a un juez de primer nivel con ayuda de la Policía. Es decir, la carpintería la hacen los jueces de menos rango, los señores de la Corte Nacional ya no hacen eso. Así lo dice el artículo 142. Y le digo al señor juez: “Si usted no cumple la ley podría estar inmerso en el artículo 172 de la Constitución de la República, que establece sanciones civiles y penales por violar la ley. Eso le ha herido tanto al señor juez Luis Enríquez, que dice que le estoy haciendo amenazas contumaces, por actuar en Derecho. Primero me multa con un cuarto del salario mínimo y luego manda un oficio para que el Consejo de la Judicatura me inicie un sumario administrativo.
¿Cuándo dictó la multa?
Hace mes y medio. Luego me corren traslado nuevamente de una contestación que presenté, en la que, en Derecho, le digo que no es juez competente toda vez que fue él quien, como juez, acusó de magnicidio a los policías en el caso del 30 de septiembre (30-S)
¿Por qué razón no es competente?
Porque si está defendiendo al señor presidente en el juicio contra el asambleísta Jiménez debió excusarse porque fue fiscal en el caso 30-S que tiene relación con este nuevo juicio por injurias. Por ética debió excusarse. Y por decir eso me acusa de amenazas contumaces y me manda a multar con cinco salarios mínimos y me inicia otro sumario administrativo en el Consejo de la Judicatura.
¿Correa el riesgo de que le quiten su matrícula profesional?
Por supuesto. Tengo tres sumarios administrativos solo por defender derechos. También han oficiado al Consejo de la Judicatura para que me cobren las multas. Es terrible.
¿Qué hará: pagará, apelará….?
Agotaré todas las instancias necesarias.
¿Cree que le darán la razón?
Bueno, la multa me impone directamente el juez, pese a que no es competente para establecerlas. Eso evidencia claramente el tipo de régimen en el que nos encontramos. Toda persona debe ser enjuiciada, multada o condenada siguiendo el debido proceso. Pero, el señor coge y multa como si estuviéramos en un régimen dictatorial de imposiciones. Y me ponen dos condenas al mismo tiempo. Eso es un amedrentamiento para que no siga presentando escritos. Todo esto es un sufrimiento, no puedo ejercer la profesión de manera libre y tranquila. Tengo que estar exclusivamente a merced de lo que ellos dicen y supeditado a lo que ellos quieren escuchar. Si me baso en el Derecho me multan.
¿Ha pensado en abandonar esos casos?, ¿Hay presión y temor familiar?
Totalmente. A veces he pensado hacerlo, es cierto porque me siento sin protección. Soy un ciudadano de a pie. Tranquilamente me pueden hacer daño y ¿quién me defiende a mí?
¿Ha recibido amenazas?  
Claro. Una vez me quisieron golpear el carro, cerca del aeropuerto. Yo pensé que me iban a robar, pero no fue así. Otra vez, cuando viajaba de Santo Domingo a Chone, un carro me siguió y me quiso cruzar. Gracias a Dios avanzamos rápido y no nos alcanzaron. Eso sucedió hace un mes. Estoy muy preocupado y estresado. Clever Jiménez me pidió que le ayude con una diligencia previa sobre un caso de hackeo de cuentas, pero tengo que pensarlo dos veces porque mi vida y la de mi familia están en riesgo, pero seguiré defendiendo derechos. Estoy sumamente preocupado. Una cosa es contarlo, otra es vivirlo.
Si eso ocurre, la gente no tendrá quien la defienda
Hay momentos en los que uno flaquea y no quiere seguir, pero mi decisión está tomada: seguiré hasta que pueda, haré todo el esfuerzo que sea necesario para seguir defendiendo los derechos de mis patrocinados. Seguiré hasta el final y, si algo me pasa, ya sabemos quién puede atentar contra mi vida, contra mi ejercicio profesional, contra mi familia. Es este régimen.
¿A quién responsabiliza directamente?
Directamente al Gobierno. Lo digo enfáticamente porque cuando uno sale en alguna marcha, mucha gente toma fotos y hace videos para identificarnos.
¿Conoce de otros abogados que estén en situación similar?
Claro. El doctor Gonzalo Realpe. Con él asumimos la defensa en el caso de los estudiantes del Colegio Mejía. Él también ha sido amedrentado y tiene un sumario administrativo. Muchos abogados estamos en esa situación. Hay gente que me dice que me retire, que la familia es primero.  Yo sé que la familia está primero pero los principios son los que cuentan.
¿Cuántos hijos tiene?
Tres, uno de 26, otro de  22 y el último de 16 que padece cáncer, detectado hace tres meses. Ha sido una situación súper difícil, créame. Otro hijo falleció por un tumor cerebral. Es lamentable pero tengo que seguir, no puedo quedarme con los brazos cruzados y dejar en la indefensión a mis clientes.
¿Qué tipo de ataques o amenazas han sufrido usted y su familia?
Tengo el conocimiento fidedigno de que en todas las Judicaturas en que presente demandas, denuncias o cualquier acción, tienen la disposición de hacerme perder los juicios. Esto  lo he venido sufriendo durante estos dos últimos años, puesto que todos los juicios, por más fáciles que sean, terminan negándome los derechos. Todos los juicios los vengo perdiendo. Además mis teléfonos celular y convencional de la oficina y los de mis compañeros se encuentran intervenidos. Por eso nos cuidamos de tratar lo básico y esencial.
¿Cómo ve el futuro?
La gente no reacciona por el miedo, por el temor.  Los jueces también tienen temor. Hay jueces que están conscientes de que no hay infracción cometida por algunos acusados pero, cuando se pronuncian en las sabatinas, cambian de criterio. Recordemos el caso Duzac. El señor presidente Rafael Correa, desde el ex Penal García Moreno dijo que los señores directivos del banco Cofiec eran personas ingenuas, que fueron engañados. Eso fue un sábado y el lunes o martes de la semana siguiente fueron liberados porque declararon la nulidad del proceso. Ahí vemos cómo está manejada la justicia pero, el valiente es valiente hasta que el débil se decide. Yo creo que el pueblo está cansado de este tipo de acciones. La justicia es totalmente deficiente. Ahorita tenemos seis jueces de la Sala de lo Penal y hay cualquier cantidad de causas que no son despachadas.
¿Qué pasa con las leyes internacionales y los tratados que el Gobierno suscribió y se comprometió a respetar?
Solo cuando le conviene. Mire, el Ministerio de Justicia, cuando estaba encabezado por la señora Johana Pesántez, pidió medidas cautelares para Nelson Serrano. La Corte de Justicia de Estados Unidos, sin ser suscriptora de la Comisión Interamericana, suspendió la pena de muerte. El señor Serrano sigue vivo gracias a eso. Ahí el Ministerio de Justicia vela por el derecho de un ecuatoriano, como debe ser. Pero, cuando le toca al Estado ecuatoriano acatar medidas cautelares a favor de Clever Jiménez, dice que la Comisión es politizada, que sirve al Imperio y que no acatan. Hay el Decreto 1317 firmado por María Isabel Salvador como canciller, por el señor Gustavo Jalkh cuando era ministro de Justicia, en la que dicen que se acaten todas las medias y acuerdos del Sistema Interamericano. Ahora se van por encima de este decreto.
Así las cosas, ¿apelar o interponer recursos  internos son un mero trámite para agotar las instancias de la justicia nacional, pues no hay confianza en ella?
Por supuesto, lo hago para agotar el trámite interno para luego llevar los casos a las cortes internacionales.
¿O tiene la esperanza de que algunos jueces actúen apegados al Derecho?
Le soy muy sincero. Yo no tengo ni el 0,01% de esperanza. Estoy totalmente convencido de que aquí no hay esperanzas.
Pero el accionar de las cortes internacionales es lento…
Demasiado lento, pero tenemos que defendernos. Lo peor sería no hacer nada. De alguna manera, alguien debe escuchar, aunque sea para que no duerman tranquilos.
Está decidido ¿seguirá al frente de estos casos?
Soy uno de los primero abogados que, hace ocho años, cuando el presidente Rafael Correa gozaba de una gran credibilidad,  luchó contra las injusticias del caso Dayuma, de la persecución a la señora Guadalupe Llori. Desde entonces lucho contra la concentración de poderes. Muchos políticos no creían, decían que Correa va a sacar de la pobreza a la gente de a pie. Yo decía no, porque veía venir esa forma de  manejar la justicia, de pretender ser la única voz, la única palabra, la única verdad. Yo advertí  esos hechos y actos, no creí en el proyecto político. El tiempo me ha dado la razón. Espero que los trabajadores, los artesanos, la gente se den cuenta de que tenemos que defender las libertades. Lucharé hasta el final por eso. Me preocupa la patria, los ciudadanos, los individuos que estamos viviendo en un país anárquico, sin seguridad jurídica, sin respeto al debido proceso. En dos años habrá un proceso electoral, esperemos que el pueblo razone su voto.
 ¿Los abogados que están siendo perseguidos han pensado unirse  y hacer algo al respecto?
Cuando el poder está de por medio, los oídos son sordos. Si el criminal tiene derecho a un juicio justo, incluso quienes han cometido genocidio o juicios de lesa humanidad tienen derecho a juicios justos desde hace miles de años. Ahora, los defensores somos perseguidos, insultados, calumniados. Debemos tener valor, cualquier rato dejamos la tierra pero quedan nuestras acciones. Es un honor haber defendido los derechos humanos de mis clientes. No me importa ir a la cárcel, no me importa si me quitan la matrícula del Consejo de la Judicatura para ejercer mi profesión. Algún rato el poder cambiará y vendrán personas democráticas que revisarán esas resoluciones y restituirán nuestros derechos.
Retaliaciones jurídicas en los procesos que maneja Julio César Sarango
DENUNCIA NO. 2424-2014 ESTUDIANTES DEL COLEGIO MEJÍA
Tras asumir la defensa de los estudiantes del Colegio Mejía, el ministro del interior, a través de su delegado, el abogado Diego Fuentes Acosta, coordinador general de Asesoría Jurídica de esa cartera, en octubre del 2014 interpone un sumario administrativo ante el Consejo de la Judicatura para que se le suspenda el ejercicio profesional.
En junio del 2015 fue negado por falta de legitimación activa, porque se planteó la denuncia violando el reglamento. No obstante, esta resolución fue apelada por el denunciante ante el Pleno del Consejo de la Judicatura. Pese a que la ley establece que solo se puede apelar las resoluciones emitidas por el director regional del CJ más no  por los directores provinciales, ha sido aceptada la apelación, bajo el argumento de que no existen direcciones regionales.
CAUSA PENAL NO. 826-2012, CONTRA EL ASAMBLEÍSTA CLEVER JIMÉNEZ
El 1 de junio del 2015, el juez nacional  Luís Enríquez dispone que se remitan los escritos presentados por Julio César Sarango para que se investigue su actuación. La causa: haber contestado a los traslados que el mismo juez  corrió y por indicarle que, al asumir una competencia que no le otorgaba el art. 142 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), estaría incurriendo en perjuicio, delito establecido en el art. 172 de la Constitución.
El mismo juez Enríquez, el 24 de junio del 2015, al insistirle que remita la causa a un juez de primer nivel para que ordene la ejecución de la sentencia, ya que él no es competente para ordenar esta ejecución por ser juez de primera instancia y no de primer nivel, manifiesta que, como defensor he litigado en forma contumaz y ordena que se ponga en conocimiento ante el Consejo de la Judicatura, supuestamente por haber inobservado el art. 293 del COFJ.
Multas en esta causa:
El 01 de junio del 2015, el juez nacional Luis Enríquez multa a Sarango con la quinta parte de la Remuneración Básica Unificada (RBU). 
El 24 de junio del 2015 impone la multa de cinco RBU remuneraciones básicas unificadas, por insistir que no viole la ley.
En las dos causas penales, Julio César Sarango también  ha sido amenazado con sanciones previstas en el COFJ.

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Juan Pablo Albán: ‘Incluso en presencia de jueces de la Corte Nacional  fui amenazado por otro abogado’
Juan Pablo Albán Alencastro es doctor en Jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). Tiene una Maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame (EEUU). Catedrático y Especialista de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Profesor a Tiempo Completo y Director del Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad San Francisco de Quito.
Como jurista especializado en la defensa de los derechos humanos ¿qué opina sobre la persecución que denuncian abogados de personas enjuiciadas por el Gobierno de Rafael Correa?
Hay una necesidad de controlar todo, en particular las causas que son de interés del Estado es donde hay mayor obstrucción de la justicia. No así en las causas ordinarias como divorcios o juicios de alimentos. En el Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad San Francisco de Quito analizamos este ámbito y no observamos una parcialización de la justicia. Pero en las causas en las que hay un componente político sí.
¿Ha vivido en carne propia ese tipo de persecución?
He sido abogado de Fernando Balda, de Diego Vallejo. Soy abogado de Los Diez de Luluncoto en el tema internacional, con otros colegas de la Universidad defendimos a Diego Oquendo. Para quienes ejercemos la profesión es claro que no es lo mismo defender a Juan Pérez que llevar el juicio de alguien que esté señalado por el régimen como su detractor.
¿Cuál es la diferencia?
Que hay llamadas telefónicas, papeles bajo la puerta, mensajes amenazantes a través de las redes sociales. Yo, en un caso, incluso en presencia de jueces de la Corte Nacional de Justicia fui objeto de una amenaza por parte de otro abogado.
¿En qué caso?
Fue en el marco del caso hoy conocido como González y otros, antes Fybeca. Estas cosas están ocurriendo y, desde el punto de vista de los derechos humanos, se trata de una obstrucción del ejercicio de la labor de los defensores de los derechos humanos pues, aunque no sea esa su actividad ordinaria, cuando un abogado asume la representación de personas que son objeto de persecución, lo que están haciendo es una labor de defensa de derechos. Entonces hay una obstrucción al trabajo de los defensores. Segundo, es un mecanismo que atenta contra la seguridad personal y psicológica. Además lleva a que la gente, por temor, no quiera asumir la representación de ciertos casos. Eso lo he visto varias veces. Hay abogados que no quieren tomar los casos, porque saben, primero, que como hay un componente político es alta la probabilidad de que los pierdan. Pero, más allá de eso, hay presiones indebidas que obstaculizan la labor de los defensores de los derechos humanos.
¿A eso se debe que cada vez hay menos abogados que aceptan tomar este tipo de casos?
Exacto. En estos días, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH Inred me invitó a un conversatorio sobre el diálogo nacional. Yo creo que un componente esencial de este supuesto dialogo es el tema de la autonomía de la justicia ecuatoriana, la imparcialidad de nuestras autoridades nacionales y la no criminalización de la disidencia ideológica, política y de la protesta social. Eso no es delito, el pensamiento no delinque. Las personas que tienen una opinión diferente a la del régimen no pueden ser criminalizadas.
¿Qué hacer para sacar al país de esta crisis de polarización en la que se encuentra?
Utilizar los mecanismos de denuncia internacional. Y no me refiero solamente a los ámbitos de supervisión de la defensa de los derechos humano como la Comisión Interamericana o el Comité de Defensa de los Derechos Humanos de Naciones Unidas sino a aprovechar los espacios de organizaciones que trabajan también en defensa de los derechos humanos y en la protección de defensores de estos derechos, para motivar que analicen lo que pasa en el país y presenten sus informes.
¿Qué se logra con eso?
Esos organismos remiten comunicaciones a las altas autoridades del Estado. Otra cosa que debemos empezar a hacer es usar las redes sociales. En el Ecuador las usamos mucho para denostarnos y lanzar diatribas unos contra otros, pero no  para realizar un trabajo de activismo. Hay que aprovechar las redes para visibilizar,  debatir  y posicionar estos temas. Lo que nos queda son esos espacios,  todos los demás están copados.
En concreto, ante una justicia parcializada y organismos internacionales poco efectivos ¿qué alternativas quedan? Recordemos que el asambleísta Clever Jiménez tuvo medidas cautelares dictadas  por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pese a lo cual el juicio contra él continúa.
Lo que queda por hacer en esos casos que han sido puestos ante organismos internacionales es empujar para que se dé una resolución definitiva. Al respecto conversé con Milton Castillo, que es abogado de Clever Jiménez en el tema de las medidas cautelares. Como el Ecuador ha manifestado adherencia a las decisiones de la Corte Interamericana y, es más, presionó para que se elija a Patricio Pazmiño como juez de ese organismo, lo que corresponde ahora es motivar que esos casos, que están en conocimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sean remitidos a la Corte Interamericana para que ésta declare las violaciones. Lo que estamos haciendo es un recuento de los daños, no estamos tratando de prevenir nada. Entonces, si el Estado quiere, por lo menos, mantener ante la Corte el discurso de que se adhiere a sus resoluciones, tiene que respetarlas.
¿Eso quiere decir que ante instancias nacionales no queda nada por hacer para que se haga justicia, para que se respete el debido proceso?
Si tuviéramos un poder de control ciudadano autónomo diría que lo que más conviene es promover ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social mecanismos de fiscalización de la actuación de la justicia ecuatoriana. Lamentablemente ese Consejo también está cooptado. Por tanto, eso no va a funcionar.
¿Recuerda una situación similar en el Ecuador?
Cierto es que el Gobierno de León Febres Cordero y el Partido Social Cristiano controlaron por mucho tiempo la administración de Justicia, pero no de una manera tan descarada como ocurre con este Gobierno.
¿Qué medidas de protección ha tomado usted y recomienda a sus colegas abogados ante los riesgos que afirman están corriendo?
Imagen: amenaza que recibió el abogado Juan Pablo Albán, al litigar en el caso del delito de lesa humanidad.
Lo primero es denunciar las amenazas en las redes sociales. Aprovechar esos espacios de denuncia ciudadana es una forma de protección cuando no hay confianza en la administración de Justicia, cuando no hay confianza en el Gobierno, en el Estado.
También es necesario presentar una denuncia ante la Fiscalía y pedir que nos pongan bajo el sistema de protección. Yo lo hice, pero hasta el momento no he recibido ni una visita. A nosotros nadie nos cuida.
¿Por qué caso pidió que el Estado lo proteja?
Por una amenaza que dejaron por escrito  bajo la puerta de mi oficina en octubre del año pasado. La fiscal Gina Gómez de la Torrea es quien tomó procedimiento en ese asunto y derivó el tela a la Dirección de Víctimas y Testigos, donde se trabó el asunto y hasta ahora no me asignan custodia alguna.
¿Cómo ha impactado esta situación en su vida familiar?
Muy fuerte. Nuestros hijos y nosotros dejamos de tener vida nocturna. Con mi esposa todos los días cambiamos la ruta de ida y regreso a casa. E insisto, denunciar las amenazas en cuanto se producen es importante para tener algún grado de protección. Es lamentable decirlo, pero en el Ecuador, los derechos humanos de quienes no pensamos igual que el Gobierno están más amenazados que nunca.
¿De qué tipo de amenazas o ataques han sido objeto usted y su familia?
He sido objeto de agresiones verbales en el contexto de mi trabajo en casos por discriminación racial y graves violaciones de derechos humanos contra miembros de las Fuerzas Armadas. He sido objeto de  agresiones físicas en el contexto de mi trabajo en el caso Fybeca en dos ocasiones. Soy objeto de constantes seguimientos mientras me desplazo en mi vehículo y de individuos que se estacionan en vehículos de vidrios oscuros, normalmente sin placas y en grupos de dos o tres afuera de mi casa.

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En 2013 en un Examen Especial la Contraloría observó al Ministro de Relaciones Exteriores Ricardo Patiño Aroca porque entre 2010 y 2013 mantuvo 125 asesores. Se podría pensar que en esa época necesitó tal cantidad porque no tenía experiencia alguna como Canciller. Hoy, cinco años después, mantiene la conservadora cifra de 31 asesores, a pesar de que se va dos meses de la Cancillería para hacer proselitismo político y a organizar los CDR (los Comités de la Revolución).
Foto: el canciller Ricardo Patiño, quien tiene una nómina de 31 asesores.
El 13 de Marzo de 2014, el Ministerio de Relaciones Laborales expidió el Acuerdo No. 0059, relativo a la Norma Técnica para la Contratación de Consejeros de Gobierno y Asesores en las Instituciones del Estado. El artículo 3 define lo siguiente: “asesor o asesora es aquella persona quien, en base a su conocimiento sobre un área requerida por la institución se encarga de proveer de informes, guía y orientación técnica a las autoridades del Nivel Jerárquico Superior, para contribuir a su mejor manejo o decisión sobre las tareas a estas asignadas durante el desempeño de sus funciones…las funciones de asesor implican, entre otras, ofrecer a través de informes o de manera directa su punto de vista técnico y objetivo para la resolución de problemas específicos, brindar apoyo en la ejecución de las decisiones tomadas; informar acerca de los recursos válidos para tratar situaciones persistentes”.
El artículo 6 establece que el número máximo de consejeros de gobierno y asesores es siete, asignado para asesorar a las y los Ministros de Estado, número que incluso parece exagerado si se toma en cuenta que un Ministro de Estado debería tener los conocimientos y capacidades suficientes para el ejercicio de sus funciones.
Estos son sus asesores:
1. Jorge Leonardo ACOSTA ARIAS, Asesor 2. Ha laborado en la Superintendencia de Control de Mercados, fue Subsecretario de Negociaciones Internacionales en la Cancillería y Representante Coordinador del Ecuador en UNASUR, entre otras. No registra título en la Senecyt.
2. Javier Andino ALCÍVAR GALLARDO, Asesor 5. Ha sido Coordinador adjunto del Ecuador de la Comisión América del Sur-África.
3. Ángel Enrique ARIAS BARRIGA, Asesor 4. Economista, aparece con procesos judiciales, hay que averiguar.

4. Verónica Janeth ASTUDILLO LLAGUNO, Asesora 4.
5. Jorge Alberto BARROS SEMPERTEGUI, Asesor 2. Es ingeniero civil, fue Subsecretario Administrativo del Ministerio de Economía y Finanzas en 2007, cuando Patiño era Ministro de Economía y Finanzas.
6. Patricia Elizabeth BÉRMUNDEZ DÍAZ, Asesora 3. Trabajó en la Fundación Yerbabuena de Guayaquil. Fue asesora de Tatiana Ordeñana en el Consejo de Participación Ciudadana, asesora de Patiño como Ministro de Coordinación de la Política 2009-2010, suplente en la Comisión para la elección del Fiscal, ha trabajado en el INNFA y en la SENAMI, entre otros.
7. Juan David CEVALLOS ALCÍVAR, Asesor 2. Amigo de Patiño por más de 40 años. Fue Vocal del TSE por AP.  En 2014 era asesor 5 (el grado más bajo de asesor).
8. Grace Patricia DÁVILA AVEIGA, Asesora 2. De profesión arquitecta y dirigente de Jubileo 2000, ha acompañado a Patiño desde el 2007 en todas sus funciones, trabajó en el Ministerio de Economía y Finanzas y representó a Patiño en el Programa de Ayuda y Ahorro e Inversión para los Migrantes, fue Secretaria Técnica en el Ministerio Coordinador de la Política en 2009.  Es la Jefe de Despacho del Ministro Patiño, con marcada influencia respecto del manejo del personal, la agenda ministerial y asuntos de la política externa. Se ha beneficiado de múltiples viajes alrededor del mundo.
9. Hugo Ernesto DUTÁN TANGO, Asesor 4. Fue Gerente del Programa del Buen Vivir en el MAGAP.
10. Héctor Eduardo EGÜEZ VASQUEZ, Asesor 2. Con este Gobierno fue Director General del IESS. Ha acompañado al Ministro Patiño por las diversas instituciones que ha presidido. Fue Subsecretario de Programación de la Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. En la Cancillería ha sido Subsecretario de Comercio e Inversión y asesor. Participó de los Pativideos,  en la discusión del pago de  deuda externa junto con Patiño, Armando Rodas y Cía.  No registra título en la Senecyt.
11. Marcela ENRIQUEZ VÁSQUEZ, Asesora 4.
12. Jairo Vinicio ERAS NIETO, Asesor 4. Trabajó en el CNE como Director Nacional de Evaluación y Seguimiento
13. Christian Arturo ESCOBAR RUIZ, Asesor 3. Fue delegado de la Ministra de Educación al CONATEL en 2013. Fue asesor jurídico en el  Ministerio de Relaciones Laborales
14. Ernesto ESPÍNDOLA OLEAS, Asesor 5. Economista. Realizó varias consultorías de investigación para la SENAIN y otras para la Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales de la Cancillería.
15. María Fernanda FRANCO ONTANEDA, Asesora 3. En este gobierno trabajó en la CFN y en el BIESS.
16. Jaime Alejandro GALARZA ZAVALA, Asesor 3. Escritor. Fue Vicepresidente de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión. No registra título en la Senecyt.
17. Ivonne Dominique GARNICA BENÍTEZ, Asesora 3. En el 2013 era asesora 5 (ha mejorado su nivel).
18. Irene del Carmen LEÓN TRUJILLO, Asesora 2.
19. Marco Antonio LUNA VARAS, Asesor 4.
20. Lenin Eduardo MEDINA GARCÍA, Asesor 3. Se encuentra asignado al Gabinete del Ministro.
21. Luis Enrique MUECKAY ARCOS, Asesor 4. Guayaquileño, actor de teatro y bailarín coreógrafo. Fue Director de Asuntos Culturales de la Cancillería, y a la fecha designado asesor en el Viceministerio de Relaciones Exteriores.
22. Carol Yazmina MURILLO RUIZ,  Asesora 2. Estuvo con nombramiento político como Consejera en la Embajada del Ecuador en México, encargada de los asuntos culturales y académicos, sitio en el que mantuvo múltiples contactos con personeros del Partido de la Revolución Democrática (PRD), liderado por Cuauhtémoc Cárdenas. Fue asesora de comunicación del exalcalde de Quito Augusto Barrera. Fue subdirectora del diario gobiernista El Telégrafo.
23. Daniel Vicente ORTEGA PACHECO, Asesor 2. Actualmente es el encargado de los asuntos de la CELAC. Se inició en la Cancillería en la época de Fander Falconí como Director de Asuntos Ambientales, antes estuvo de asesor 3, Subsecretario de Temas Consulares, y actualmente trabaja en relación directa con el Gabinete.
24. Luis Eduardo PAREDES ÁVILA, Asesor 2. Ha militado en el Partido Comunista y el Partido Socialista. Desde el gobierno de Gustavo Novoa fue asesor de Raúl Patiño en el Ministerio de Bienestar Social. En el gobierno de Rafael Correa fue Subsecretario de Gobierno de Gustavo Larrea de donde salió por un escándalo de supuesto acoso sexual. Pasó de asesor de Ricardo Patiño en el Ministerio de la Política, miembro del Buró Político de AP en Pichincha, Asambleísta alterno de Washington Cruz en 2012, y asesor de Ricardo Patiño en la Cancillería desde el 2010 hasta la fecha. Es un personaje cercano a los Patiño. No registra título en la Senecyt.
25. Christian Hernán RODRÍGUEZ CABRERA, Asesor 4.
26. Byron Fernando RODRÍGUEZ PAREDES, Asesor 4. Trabajó en el Ministerio de Comercio Exterior hasta el 2014. Como asesor tiene la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica de la Cancillería. No registra título en la Senecyt.
27. Paula Jesús SALAZAR MACIAS, Asesora 2. Fue Subsecretaria de Crédito Público en el 2007 con Patiño como Ministro de Economía y Finanzas.
28. Rogelio Plácido SÁNCHEZ LEVIS, Asesor 3. De nacionalidad cubana, ha sido miembro del Servicio Exterior cubano, fue embajador de Cuba en Francia (2005-2009. Trabaja en relación directa con el Ministro Patiño. Título registrado de Doctor en Historia.
29. Helga Alicia SERRANO NARVÁEZ, Asesora 2. Fue Asambleísta suplente de Germánico Troya Pinto de AP en Montecristi.  Asesora 2 de María Fernanda Espinosa, tanto en el Ministerio Coordinador de Patrimonio 2009, como en el Ministerio de Defensa Nacional 2012-2014.
30. María Gabriela VERA BASUSTO, Asesora 4.
31. Byron Marcelo ZUÑIGA VÁSCONEZ, Asesor 4. No registra título en la Senecyt.

REMUNERACIONES DE ASESORES
Luego del Decreto 601, de 24 de febrero pasado, que redujo las remuneraciones entre 5% y 10%, los Asesores tienen los siguientes salarios mensuales, fuera de dietas y viáticos:
Asesor  2: USD 3.798 (hasta febrero de 2015 fue de USD 4.174).
Asesor 3: USD 3.038,  (hasta febrero de 2015 fue de USD3.339).
Asesor 4: USD 2.588 (hasta febrero de 2015 fue de USD 2.783).
Asesor 5: USD 2.368 (hasta febrero de 2015 fue de USD 2.546).
Estas remuneraciones resultan muy onerosas si tomamos en cuenta que los asesores no tienen responsabilidades definidas por la Ley y tampoco tienen obligación alguna de presentar por escrito sus informes o propuestas.
Hasta hace un tiempo Patiño tenía como asesor al español José María Guijarro, 'Chema', quien como miembro del Centro de Estudios Políticos y Sociales español (CEPS) realizó consultorías para  la Presidencia del Ecuador y SENPLADES. Hoy es Subsecretario de Asia, África y Oceanía en la Cancillería. Al parecer, pronto dejará la Cancillería para volver a España a trabajar con “Podemos” de Pablo Iglesias. Aunque tener asesores extranjeros para el Canciller no sea algo extraño, ya en el 2013 tuvo a Federica Zaccagnini, italiana deizquierda que escribe para el diario autodenominado  comunista “ Il Manifesto”; o Muna Hasan de nacionalidad palestina, quienes recibieron remuneraciones del erario nacional.
Foto: Otro de los asesores, Juan Meriguet (derecha), en un acto junto María Fernanda Espinosa.
Otro personaje cercano a Patiño es Juan Merriguet Martínez, esposo de la Asambleista María Augusta Calle. Fue coordinador de la agencia de prensa ALTERCOM. En 2009 fue Subsecretario de Pueblos y Movimientos Sociales de la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana,  asesor de Patiño en el Ministerio Coordinador de la Política y, desde el 2010 hasta hace poco más de un año asesor de Patiño en la Cancillería, con una remuneración mensual de USD 4.174. En la actualidad es Subsecretario de Atención a Migrantes en Azogues, con una remuneración mensual de UDS 5.009.  Merriguet es miembro del Grupo de Trabajo del Foro de Sao Paolo y  ha realizado múltiples viajes a Cuba y Venezuela, entre otros. No registra título en la Senecyt.
INCREMENTO DESMEDIDO DE LA BUROCRACIA MINISTERIAL
La Cancillería ecuatorian,a a inicios del Gobierno de Rafael Correa, tenía un rol de pagos para menos de 700 funcionarios en el país y en el exterior. A julio del 2015, la Cancillería tiene una carga burocrática de más de 1300 funcionarios dentro del país y alrededor de 1000 incluyendo personal contratado en el extranjero.
La Cancillería ha vivido múltiples cambios, muchos de estos en detrimento de una diplomacia profesional y comprometida con los reales intereses del país. Se han abierto numerosas embajadas y consulados en países como Irán, Bielorusia, Angola, Argelia, Nigeria, Portugal, Vietnam, Singapur, Qatar, cuyos beneficios para el país todavía deben probarse…Por ejemplo, el embajador del Ecuador en Qatar, Kabalam ABISAAB NEME, de origen libanes, cuya remuneración mensual sobrepasa los USD 11.000 hasta el momento no ha mostrado los beneficios para el país de su estadía por esa parte del Oriente (sin embargo se dice que está vinculado a marcas exclusivas como Carolina Herrera y Hugo Boss en el país), Galo MORA WITT, actual embajador ante la UNESCO en Paris, también recibe algo más de USD 10.000 mensuales y no se conocen proyectos culturales de envergadura que justifiquen tanto privilegio.
Foto: Galo Mora Witt, ahora embajador en la Unesco.
Por otra parte,  el gobierno debería dar una explicación satisfactoria para la apertura de varias embajadas en países del África en momentos en los cuales esos gastos significan un derroche y un lujo que el país no puede darse.  Asimismo, la ciudadanía debería conocer cuánto le cuesta al país financiar la privilegiada vida del ex Vicepresidente Lenin MORENO, su familia y los funcionarios a su cargo que se encuentran viviendo en una de las ciudades europeas más exclusivas y caras como es Ginebra, Suiza,  bajo el encargo  de Enviado Especial de la ONU sobre Discapacidad y Accesibilidad, cargo que no requiere su estadía permanente en esa ciudad.
A pesar de la situación económica actual en el Ecuador parece que la austeridad no llega ni llegará al Ministerio de Relaciones Exteriores, pues incluso se sabe que la Viceministra de Gestión Interna Isela SÁNCHEZ VIÑAN ha iniciado un concurso para incorporar en poco tiempo. más 300 nuevos funcionarios administrativos. Dicho concurso habría sido cuestionado por la Asociación de Funcionarios y Empleados del Servicio Exterior –AFESE- pues supuestamente  no reuniría los requisitos legales para su convocatoria, conforme lo dispone la Ley Orgánica del Servicio Exterior (LOSE) para el ingreso a la carrera administrativa.
Desde este mes Patiño se alejará por un tiempo de la Cancillería para dedicarse a apoyar la campaña pre electoral y la reorganización de los llamados Comités de la Revolución Ciudadana… sin embargo de lo cual el equipo establecido en la Cancillería se mantendría.
Ahora que el gobierno requiere dinero, una mejor alternativa que imponer impuestos confiscatorios para recaudar sería cumplir la Ley que determina que cada Ministro solo puede tener y mantener 7 asesores, pues si como parece, los más de 40 Ministerios y Secretarias de Estado tienen un número de asesores similares o mayores a los expuestos aquí.
Sin duda el país ahorraría mucho reduciendo esos nombramientos de “amigos, padrinos, compañeros, camaradas” y cumpliendo la Ley. Otra posibilidad sería que en vez de pagar con bonos y papeles a los médicos, educadores, constructores, lo hagan a los asesores…

Un grupo de asambleístas fue hoy, 15 de julio de 2015, a la sede de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), ubicada en Lumbisí, cerca de Cumbayá. No fueron recibidos y, más bien, fueron denunciados por escándalo público, y la Policía llegó al lugar.
Foto: Los asambleístas, a su llegada al cuartel-mansión de la Senain
La semana pasada, Milhojas publicó un reportaje en el que se demostraba que la Senain había montado su cuartel en la que fue la lujosa mansión del exaccionista de Filanbanco, William Isaías. (Mire el reportaje aquí).
Los asambleístas llamaron a la puerta de la mansión cuartel, pero no fueron atendidos. 
La Senain está en la mira públlica una vez que el portal WikiLeaks publicara una serie de emails de la empresa de robo de información personal itailiana Hacking Team entre los que se detacan comunicaciones de la secretaría para espionaje en Ecuador.


Ayer, se difundió que uno de los emails tiene la dirección I.P. del 190.152.249.61 que corresponde al servidor de CNT. La Senain, por su parte, puso un comunicado de descargo, el pasado viernes 10 de julio, en el que aseguraba no tener contratos con la firma Hacking Team y que sus contratos están protegidos bajo las leyes de seguridad nacional. Sin embargo, según las mismas filtraciones de WikiLeaks, los contratos son con las empresas Theola y Robotec, con las que se realizaría una triangulación para evitar una contratación directa con Hacking Team.

Ni de lejos se parece a la NSA estadounidense, pero el local de la Secretaría de Inteligencia de Ecuador, en Lumbisí (Cumbayá), no le pide favor a nadie.
Imagen: estos son los planos de la lujosa mansión en donde funciona la Senain (Click para agrandar la imagen).
Situadas en una pequeña loma, en la Av. Eloy Alfaro y rodeado de árboles y de la quebrada Auqui Chico, las instalaciones concentran la información y los equipos de espionaje del gobierno de la Revolución Ciudadana. Es desde ahí que la Secretaría, a cargo del teniente coronel en servicio pasivo de la policía Rommy Vallejo Vallejo, vigila a los considerados "conspiradores". Esta semana, el portal grin.ga publicó una investigación en la que detalla que la Senain compró los servicios de la empresa Hacking Team, una de las más eficaces y menos éticas del mercado para espiar a ciudadanos, hasta el 30 de octubre de 2016.
La mansión en la que ahora trabaja la Senain tiene 34.000 metros cuadrados, con forma de una bota para beber vino, convertidos en fortaleza. El cerramiento debe superar los 6 metros de alto y en todo el perímetro se ha instalado un cerco eléctrico, coronado por una concertina (alambre de púas puesto de manera circular).
Es ese muro el que llama la atencíón, pues a diferencia de otras dependencias públicas, no tiene el logo de "Ecuador Ama la Vida" ni existe letrero alguno que indique que esas dependencias son de la SENAIN. En las noches en cambio sí llama la atención por ser una propiedad que siempre está iluminada, ya que ahí el personal trabaja 24 horas al día.
Tiene tres garitas: una de entrada, una de salida y una peatonal. Todas con vidrios blindados y puertas de seguridad antibalas. Las cámaras de vigilancia exterior están colocadas discretamente.
Quienes han entrado dicen que es un lugar muy sofisticado y que todo está compartimentado, es decir que se necesita un acceso especial para cada dependencia. Los equipos son de altísima tecnología para analizar toda la data que ahí se concentra. No hay que ser un genio para saber que por ahí pasan las conversaciones telefónicas y correos electrónicos interceptados.
Imagen: ubicación del predio que alguna vez perteneció a William Isaías, exaccionista de Filanbanco.
El predio (con número 1345420) era la casa de William Isaías Dassum, ex accionista de Filanbanco, y fue incautado en julio del 2008 por la entonces Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) para ponerlo bajo el Fideicomiso Inmobiliarias UNO. Es la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT), la que a fines del 2010 pide que se declare a esa propiedad de utilidad pública para adquirirla.
En ese entonces, según consta en el registro oficial de la declaratoria, se aseguró que la "Casa Lumbisí" serviría para que ahí funcionen las dependencias de la Senacyt "y poder brindar así un óptimo servicio a la ciudadanía, además servirá para alojar a los científicos nacionales y extranjeros que estarán en el país dentro del marco del Proyecto Prometeo 'Viejos Sabios".
Cómo el predio destinado a los "Viejos Sabios" terminó con la SENAIN no está muy claro. Sin embargo, Hasta el 2008, el terreno tenía el número predial 5329195 y, según el catastro municipal consta de Quito, de la Compañía Inmobiliaria 12 de Octubre SA pasó a manos del Fideicomiso Inmobiliarias UNO precisamente en el 2008. Cuando pasa a manos de la Senacyt por error se registra el antiguo número, que luego se corrige por el 1345420. Efectivamente con ese número, en el registro del catastro se señala que la Compañía Inmobiliaria 12 de Octubre S.A. lo tuvo hasta el 2012, y que a partir del 2013 pasó a manos de la SENAIN.
Según ese registro, la SENAIN aún no paga los valores del impuesto predial del 2015 para la propiedad, que ascienden a $ 679.
Esta es la descripción completa del predio, sacada del RO  del 30 de noviembre del 2010, en el que se detallan las facilidades que tiene.
"Que, con fecha 2 de septiembre del 2010, mediante memorando DTN-169-2010 se presentó el informe técnico No. Q-0076-10, suscrito por el Arq. Ramiro Ortega Ch., Director Técnico de Inmobiliar, en cuyo acápite Descripción del Inmueble Inspeccionado: El bien inmueble en mención, está implantado en un terreno de 34.000,00 m2, basado en la información proporcionada por la inmobiliaria 12 de Octubre, la misma que fue proporcionada verbalmente, el área de construcción de la vivienda principal es de 1.841,72 m2 dispone de todos los servicios básicos, agua, energía eléctrica y alcantarillado, información basada en los planos proporcionados por la INMOBILIARIA 12 DE OCTUBRE. Además, en este inmueble encontramos 2 casas, galpones (vehiculares), casa para trabajadores, guardianía, canchas deportivas y piscina avaluada en 4.000.000,00 aproximadamente, valor proporcionado por Inmobiliaria 12 de Octubre, la misma que se dio verbalmente; Se encuentra ubicado cerca al colegio SEK; Detalle de la Inspección: La casa principal tiene un área de construcción de 1.841,72 m2 ubicado en la parroquia de Cumbayá Colina del Norte con calle s/n, al sur con la vía principal de acceso es la vía a Lumbisí, vía asfaltada de doble sentido, la cual no tiene veredas ni bordillos. La casa tiene una antigüedad aproximada de 15 años, compuesta de dos plantas construida en estructura de hormigón y manipostería de bloque enlucido, estucado y pintado de color blanco y fachaleta como terminado. Sala, comedor, cocina, piscina, área BBQ; área de servicio con 4 dormitorios y 3 baños completos; área de lavado y planchado; cuarto de breakers y rack de comunicaciones, cocina industrial; área familiar con 4 dormitorios; 3 con baño propio y 1 sin baño, el dormitorio master con 2 ambientes de closet; caja fuerte, en ambiente independiente: baño con tina de hidromasaje, doble lavado, inodoro con bidet. Parqueaderos cubiertos para 8 vehículos. Área de juegos de mesa, gimnasio, vestidores, baño turco y sauna, baños, discoteca y bodega. Una edificación con destino de vivienda de 304,79 m2 de construcción que comprende cuatro dormitorios con baño completo cada uno; sala-comedor, cocina, dormitorio de servicio con baño completo y lavandería. Casa para cuidadores de 250,54 m2 de construcción que consta de: un departamento de 3 dormitorios y 2 baños completos, cocina, sala-comedor y lavandería; y, un departamento de 2 dormitorios con baño completo compartido, 3 bodegas y dos baños. Edificación para el servicio de la casa principal de 52,81 m2 de construcción con 2 dormitorios con baño independiente cada uno. Garita para seguridad de 34,10 m2 de construcción, con 2 dormitorios con baño completo cada uno. Cisterna; cuarto de máquinas; generador eléctrico y cuarto de transformadores. Edificación para guardar autos de 279,67 m2; instalaciones de primera"…