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Mes: noviembre 2015

Consulta 2011: cómo tapar el fraude con un escándalo cualquiera

Un hecho de suerte sepultó el peor escándalo electoral de la vida democrática del Ecuador. Para ser exactos fue un escándalo encubierto por otro.
Sucedió el 7 de mayo de 2011, cuando se realizó el referéndum y la consulta popular que impulsó y ganó el gobierno de Rafael Correa con el objeto de reformar la Constitución y meterle la mano en la justicia.
También logró la licencia ciudadana para crear un sistema para amordazar a la prensa y restringir la libertad de expresión. 
Imagen: La consulta popular del Ejecutivo se realizó el domingo 11 de mayo de 2011 y contó con un aparataje previo de propaganda costeado por el Estado.
Desde ese día, todas las organizaciones que se registraron como sujetos políticos para participar como actores en la consulta, denunciaron a gritos que sucedieron cosas por demás irregulares. Esa denuncia se convirtió en certeza el 12 agosto de 2012 (un año después), cuando el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), emitió el informe final sobre los comicios de mayo de 2011.
El informe de la OEA señaló que el 63,61% de las actas de escrutinio de esa elección, a nivel nacional, tenía inconsistencias numéricas. Se considera inconsistencia cuando el total de votos no es igual al total de sufragantes. Con ello se reconoció que se contabilizaron mal los votos  de 17 703 actas. Es decir, en términos concretos, hubo errores al contabilizar los sufragios de más de 7 millones de ecuatorianos.
Esa fue la razón por qué ningún ecuatoriano pudo determinar, en el momento, cómo quedaron los resultados de las mesas en que votaron y mucho menos contar con un mapa inmediato de resultados. De hecho la oficialización de estos duró dos meses.
¿A eso no se le llama fraude?
Sí. Pero en agosto de 2012, cuando se publicó el informe de la OEA, el Consejo Nacional Electoral ya había armado un nuevo escándalo que dejó en el olvido la consulta popular de mayo de 2011.
Dos semanas antes de que emita el informe definitivo, estalló el escándalo de las firmas falsas. Todas las organizaciones políticas en proceso de reinscripción fueron acusadas de presentar firmas falsas de sus afiliados o adherentes. El caso tenía dimensiones épicas, los noticiarios mostraban imágenes de grandes canchones, con centenares de computadores, en los que técnicos analizaban, escogían y aprobaban millones de firmas desde sus pantallas.
El caso tomó fuerza porque miles de ecuatorianos constataron que sus nombres fueron registrados en el sistema informático del CNE como afiliados o adherentes a organizaciones políticas de los que no eran parte.
Hubo detenidos, se habló de tráfico de bases de datos, se inculpó a las organizaciones políticas de actuar fuera de la ética al apoderarse de los nombre de los ecuatorianos, para registrarlos en sus partidos o movimientos.
Imagen: Afiche oficial de la consulta del Gobierno.
Entonces todos entraron en la lógica del CNE y en vez de exigir un control exhaustivo al sistema informático del ente electoral, se pusieron a recolectar, nuevamente, firmas para impedir que sus partidos salgan del juego electoral. En ese camino todos los organismos políticos que un año atrás protestaron por las irregularidades cometidas en la consulta, no se enteraron del informe final de la OEA.
Llamó la atención que nadie de los partidos políticos nacionales fue enjuiciado por el caso firmas falsas, incluso  hubo un movimiento que evidenció la falsedad de esos hechos cuando le probó al CNE que no presentó una sola firma para el proceso de reinscripción.
Cuestionado por la opinión pública, Domingo Paredes, recién asumido presidente del CNE, enfiló contra Omar Simon a quien criticó por haber adquirido un sistema barato.
Si el software usado en 2012 para calificar a los partidos no era el adecuado, ¿qué sucedió con sistema informático usado en elecciones pasadas?
Simon estuvo frente de los comicios presidenciales de abril de 2009, sobre estos la OEA emitió un informe poco favorable sobre la calidad del sistema informático. Pero en vez de mejorarlo, los ecuatorianos llegamos a la consulta popular del 2011 con un sistema que fue un verdadero misterio para los ciudadanos y todas las organizaciones políticas.

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Consulta 2011: cómo tapar el fraude con un escándalo cualquiera (3)

Al día siguiente, Simon fue clave
El 8 de mayo, ante la obligación de abrir las urnas y contar voto a voto para subsanar las actas que no fueron validadas, el presidente Omar Simón ideó un instructivo mal llamado “para proceder al reconteo de los votos”, que en los hechos evitó el reconteo de votos.
Imagen: el presidente, Rafael Correa, entrega las preguntas de la consulta a Omar Simon, en 2011. El 10 de marzo de 2014, Simon fue nombrado secretario personal de Correa en la Presidencia.
En ese instructivo dictado por Simon se evidenció que la Dirección de Sistemas del CNE ya contaba con el reporte de inconsistencias en cada provincia, es decir ya se conocía a ciencia cierta todos los problemas.
El contenido de esa guía fue elaborado para evitar abrir las urnas, un ejemplo: “Si la inconsistencia numérica es porque el total de votos emitidos por las opciones: SI, NO, BLANCOS y NULOS, es mayor al número de votantes se recurrirá al segundo ejemplar del acta de escrutinio o auxiliar de escrutinio para verificar dicha información”.
Es decir, comparar las actas originales, guardadas en las ánforas, con las copias presentadas para su registro en las juntas de escrutinio. Pero eso no solucionaba el problema al ser un número tan grande de inconsistencias.
El instructivo fue violatorio a la Constitución porque el presidente del CNE no estaba facultado para dictar procedimientos o normas obligatorias para el escrutinio.
Frente a los hechos surgió otra pregunta: ¿Cómo aceptó el sistema informático tantas inconsistencias? La consejera del CNE Marcia Caicedo aseguró que software fue reprogramado para aceptar inconsistencias en Santo Domingo de los Tsachilas.
Video: Marcia Caicedo, entonces consejera del CNE, aseguró que el sistema de los escrutinios fue reprogramado.
Los hechos provocaron una denuncia de los partidos políticos a los observadores de la OEA donde se le hacía conocer esta anomalía a y se exigía que  todas las actas no validadas tengan el tratamiento de actas suspensas y se cuente voto a voto. 
En el informe de la OEA de agosto de 2012 se dijo: “Entre las provincias que registraron mayor número de actas con novedad se encontraron Los Ríos, Manabí, El Oro, Esmeraldas y Santo Domingo, las cuales se demoraron 7 días en finalizar el proceso de escrutinio y transmisión de datos. Es importante resaltar que las provincias de Pichincha y Guayas se vieron en la necesidad de pedir una prórroga excepcional al haber pasado el límite legal de presentación de resultados demorándose hasta el 18 y 19 de mayo en la revisión y transmisión al CNE. La cantidad de actas con errores en estas dos provincias llegaron al 74% y 72%, respectivamente”.
Bajo esas consideraciones de error, ¿cómo es que el CNE se atrevió a dar resultados del conteo rápido la madrugada del 8 de mayo, seis horas después de que se cerraron las urnas?
Antes del anuncio de esa madrugada, el oficialismo, con Rafael Correa a la cabeza, se mantuvo reunido en la sede de PAIS, lugar donde pocas horas antes festejaban.
Imagen: A la izquierda, Galo Mora, y a la derecha su gran amigo Ricardo Patiño, canciller de la República.
En esa madrugada Galo Mora, entones coordinador del movimiento de gobierno, brindó ciertas declaraciones a la prensa que únicamente quedaron registradas en el portal coberturadigital.com.
—¿Esto se convirtió en un margen muy estrecho? —le preguntó un periodista a Galo Mora.
—Todos hemos confiado en el exit poll, toda la prensa, nosotros, creo que también la oposición —dijo Mora—. Cuando el CNE da otros datos obviamente causan una preocupación de conocer porque esos datos no coincidieron, podemos tener una específica determinación de la diferencia, pero en todo caso es a favor del presidente.
—¿Se puede pensar en error del exit poll? —preguntó la prensa.
—Puede hablarse, pero esperemos mañana —contestó Mora—. Quizá el hecho de tener 10 preguntas pueda haber incidido en la encuesta pero tendremos una proyección, dado el ingreso de Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, que no han llegado en un gran porcentaje a incrementar la votación por el Sí.
Pero entonces nadie pensaba que los cálculos de los resultados se realizaron sobre actas con inconsistencias numéricas. 
El enorme número de actas declaradas con novedad y suspensas obligó a los sujetos políticos en  Guayas como en la Delegación Nacional a demandar públicamente se entregue un consolidado con detalle de cada Junta Intermedia de Escrutinio donde se indique número de actas totales, de actas válidas, con novedad, suspensas y nulas.  
Pero en Guayas  se rehusaron entregarlo. Justificaron señalando que a los delegados de cada partido se les entregó resúmenes de cada acta. Se dijo que no tenían capacidad de hacerlo porque todo el proceso de cómputo estaba centralizado en Quito y que por tanto la junta de Guayas no estaba en posibilidad.
La falta de datos contrastaba con los hechos de elecciones anteriores, cuando el Consejo Electoral del Guayas entregaba cortes hora por hora de todo lo digitado, diferenciando lo nacional y lo local. Los sujetos políticos iniciaron la tarea de armar su propio consolidado a partir de la información parcial recuperada por sus delegados a las Juntas Intermedias de escrutinio. 
Entonces iniciaron la titánica tarea de explicar a la opinión pública qué sucedía. Pero ninguno tuvo éxito ¿Cómo un hecho que fue denunciado con fuerza por las organizaciones políticas no pudo sustentarse? La posible respuesta es que los hechos que daban como ejemplos no parecían representativos de la situación local y mucho menos nacional.
El periodista Carlos Vera Rodríguez, por ejemplo, se tomó el tiempo necesario para tratar de explicar qué sucedió en un video colgado en su canal de Youtube. Pero fue en extremo fácil perderse en las cifras de una parroquia determinada.
El error en el conteo de votos de cada una de las 17.000 mesas fueron provocado, supuestamente, por la falta de capacitación de los miembros de las mesas electorales.
Imagen: Facsímil del informe de la OEA donde se explica que no se utilizó el sistema del CNE.
El informe de la OEA dijo que el CNE distribuyó un manual para los miembros de las Juntas Receptoras del Voto, que narraba la metodología para contabilizar los votos pregunta a pregunta. “Se observó que determinadas JRV utilizaron su propio sistema dado el volumen de votos a escrutar, no cumpliendo con el instructivo del CNE. Además, el diseño del acta de escrutinio carecía de un casillero que totalizara los votos de cada una de las preguntas que permitía cotejar numéricamente la cantidad de opciones en cada pregunta (SI; NO; NULO o BLANCO) contra el total de votantes. La falta de preparación, el diseño de las actas, el número de papeletas y número de preguntas a escrutar, fueron factores que contribuyeron a la lentitud observada en el proceso de escrutinio”.
Se puede agregar que a los procesos de capacitación solo llegó al 33% de los integrantes de las JRV. “En las provincias de mayor caudal electoral (Azuay, Guayas, Pichincha, Manabí y Los Ríos) los promedios capacitación fueron menores aún, quedándose en torno al 25%”, expresó la OEA.
Imagen: La rueda de prensa en la que Omar Simon no pudo explicar el retraso en el conteo rápido y las inconsistencias.
Todo esta información nunca logró consolidarse en el debate público, los medios de comunicación no alcanzaron a comprender la gravedad de los hechos, por tanto los principales denunciantes fueron silenciados. 
A medida que los partidos políticos reunieron información comprendieron que las irregularidades perfeccionaban el fraude, por ejemplo actas desaparecidas o simplemente actas falsas. En la Junta Intermedia de Guayaquil de la Red Ética y Democrática identificó 220 actas menos. A su vez,  la Delegación Provincial del Guayas (que funcionó como junta intermedia para algunas parroquias) en cambio aumentó su número de actas totales. Originalmente eran 759 actas, de pronto eran 1250. 
Carlos Vera en su canal de Youtube brindó datos importantes: en diversos centros de votación se perdieron decenas de actas que luego aparecieron sin explicación en la Junta Provincial del Guayas, fueron 491 actas, que en votos significan 196 400.
Eso quedó también evidenciado en el informe OEA: “Es importante resaltar las medidas de seguridad para el traslado de las actas desde los centros de votación a las Juntas Intermedias de Escrutinio. Los miembros de la policía nacional fueron los responsables de recolectar, acopiar, transportar los sobres cerrados que contendrán las Actas de Escrutinio…se observaron que en determinados casos los policías de acopio no portaban las respectivas cédulas de identidad y trasladaban las actas dentro de bolsas de plástico corrientes”.

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Consulta 2011: cómo tapar el fraude con un escándalo cualquiera (2)

“Es común que pasen estas cosas”, Omar Simon en rueda de prensa a las 22:00 del 7 de mayo de 2011, al anunciar la suspensión del escrutinio en Pichincha por 12 horas.

El Fraude
A las 17:00 del 7 de mayo de 2011, al cierre de las mesas, el encuestador Santiago Pérez apareció en las pantallas de Gamavisión a narrar las cifras de la encuesta a boca de urna que su empresa, pagada por el Gobierno, había realizado. A cada pregunta Pérez dijo que el triunfo del Sí era de al menos 20 puntos de diferencia. Cada cifra leída por su encuestador era correspondida por el presidente Correa con una risotada en las pantallas de TV.
Telesur recogió en su primer despacho internacional está información. A la primera pregunta: “tipificar en el Código Penal como un delito autónomo el enriquecimiento privado no justificado”,  sostuvo que el 64 por ciento de la población estaba de acuerdo; mientras el 36 por ciento en contra.
Imagen: un cartel del oficialismo que legitimaba ideológicamente los cambios que el Ejectuvo deseaba imponer en el Poder Judicial a través de la consulta.
En la pregunta sobre la creación de un Consejo de Regulación que controle los contenidos publicados en los medios de comunicación, dijeron que un 61% contestó Sí y el 39% No.
El triunfo pronosticado por el exit poll de Pérez no podía ser contrastado con la información oficial del CNE. De hecho, horas antes de instalarse el escrutinio y empezar a registrar los primeros datos de las actas, la página del CNE  había colapsado.
Los medios en web recogieron esta información y atribuyeron el daño a una saturación de la página por el número de visitas.
El festejo del Correísmo no se hizo esperar. La avenida de los Shirys en Quito, dónde se encuentra la sede del movimiento Alianza PAIS, era un zafarrancho de música protesta y algarabía. Sólo quedaba esperar los resultados del conteo rápido.
Pero el conteo rápido fracasó. Omar Simon había persuadido al pleno del CNE aprobar – en el mes de abril de ese año- la ejecución del conteo rápido en 3091 Juntas Receptoras del Voto para tener resultados y proclamarlos rápidamente.
Imagen: El escrutinio de la consulta fue un proceso lento por la cantidad de preguntas y porque la papeleta tenía falencias para el conteo manual. 
Luego, el propio Simon, un día antes de las elecciones, dio marcha atrás a este proceos y dijo que el conteo lo haría el propio CNE.
El anuncio provocó preocupación en los observadores de la OEA como quedó registrado en Diario El Universo el 6 de mayo: "El magistrado del Consejo Nacional Electoral de Colombia, Gilberto Rondón, comentó que en su país se contrata a un ente privado para la aplicación de este mecanismo con el propósito de garantizar imparcialidad en los resultados".
Además, el representante de Paraguay, Juan Muñoz, dijo que era la primera vez que conocía que un organismo oficial organizaba a la par un conteo rápido.
La fiesta de PAIS concluyó cuando Simon, ante la evidencia, no tuvo más remedio que aceptar que algo fallaba.  El sistema informático estaba programado para rechazar actas con inconsistencias numéricas, que se suponía serían una excepción, pero la realidad es que se había mal contado los votos de al menos 7 millones de ecuatorianos. 
Eso ya lo sabían los principales miembros del CNE como Simon y el vicepresidente Fausto Camacho.  Diario El Universo en su crónica del día dijo: “Apenas a las 23:10, se conoció que el escaneo y digitalización de las actas en la delegación provincial de Pichincha estaba suspendida porque solo habrían llegado 80 de 800 actas. La paralización del proceso, al parecer, se produjo por una impugnación de AP”. Ese rotativo dijo que Simon intentó dar una respuesta a los medios de comunicación presentes, les explicó que había una suspensión en el proceso de escrutinio en Pichincha que duraba 12 horas. "Es común que pasen estas cosas".
No solo en Pichincha había problemas: en Guayas también se suspendió el conteo  en las Juntas Intermedias de Escrutinio mas numerosas como Tarqui y Ximena, donde había 75% de actas con inconsistencias.
Entonces Correa inició una reunión de emergencia en la sede de PAIS con el vicepresidente Lenín Moreno y Galo Mora, coordinador del movimiento.
A esa hora los diversos actores políticos de oposición empezaron a recolectar las primeras piezas del rompecabezas y comprendieron que en las actas de las juntas receptoras el voto las diversas preguntas tenían totales diferentes.
Por ejemplo, no había concordancia en el número de votos de cada pregunta. En la junta 10M (masculina) de la Zona El Paraíso de la Flor-El Fortín,  Parroquia Tarqui, donde la pregunta 1 totalizaba 381 votantes, se diferenciaba del resto de ocho preguntas que registraban 386 votantes.
Pero no era el único problema: también se registró pérdida de actas y en varios lugares votaron más personas que el número permitido de 400.
Esos hechos que en primera instancia parecían un problema focalizado, tomó formas de fraude cuando fue explicado en el informe de la OEA un año después: “Las dificultades para completar el acta de escrutinio en las JRV generó inconsistencias numéricas en el 63,61% de las actas a nivel nacional”.
Imagen: la parte del documento de la OEA en el que se dice que 63,61% de las actas, de la consulta popular de 2011, a nivel nacional, tenían inconsistencias. Click aquí para ir documento completo.
La definición de inconsistencia numérica se refiere a que “si en una Junta votaron 300 personas, en el acta de escrutinio debe constar exactamente el mismo número de votos, sumados los del Si, del No, nulos y blancos, por cada una de las diez preguntas.” (El Comercio del 11 de mayo del 2011).
“Este hecho provocó el retraso general de todo el proceso de transmisión de resultados desde las provincias a la capital, ya que las actas recibidas por las JIE (Junta Intermedia de Escrutinio) y JPE (Junta Provincial Electoral) no estaban en condiciones para la transmisión inmediata de resultados al centro de cómputos del CNE en Quito”, dijo la OEA en su informe.
En medio de estos problemas llegaron al CNE Gilmar Gutiérrez de Sociedad Patriótica y Luis Villacís del extinto MPD a reclamar transparencia en el conteo.
En las primeras horas del 8 de mayo Simon dio la cara con los resultados “validados”. En rueda de prensa felicitó a los ecuatorianos por su vocación democrática, dijo que fue un proceso normal y el momento en que se disponía a leer los resultados del conteo rápido, empezó a trastrabillar. Lo hizo de forma verbal, no le acompañó una pantalla con los datos numéricos para su análisis inmediato o posterior. Se limitó a leer los resultados de una hoja simple y al final exclamó: “La muestra ya se estabilizó y lo que se tiene son resultados reales con márgenes de error reales de Juntas Receptoras del Voto”.
A la pregunta de un periodista de cómo se tomó la muestra, Simon trastrabilló otra vez: “Realizamos otro diseño muestral, obviamente con un número mayor de datos pero la estabilidad muestral se la obtuvo ya con esta información con este porcentaje…las provincias, los resultados en las provincias va entrar en la página web en la medida que en cada una de las provincias ya se estabilicen las muestras…”
Luego fue Fausto Camacho quien se encargó de zanjar las preguntas de los periodistas que estaban presentes y asegurar que todo estaba en orden a pesar de la “confusión en las cifras”. Por ejemplo, aseguró que la tendencia de resultados no variaría.  Que el margen de error estaría en 0,1%  y sobre la página web dijo que estaba en “actualización”, pero no supo explicar qué pasó.
Imagen: Fausto Camacho, vicepresidente del CNE de ese entonces, también colaboró para que se fraguara la estrategia oficialista para que ganara el Sí.
Lo que en realidad se vivía era la abrupta interrupción en la madrugada del domingo del conteo rápido debido a las inconsistencias numéricas de las actas, se trataba de actas no validadas por tanto no podían ingresarse al sistema de contabilización.
El artículo 138 del Código de la Democracia establece que: “La Junta Provincial Electoral únicamente podrá disponer se verifiquen el número de sufragios de una urna para establecer si corresponde a las cifras que constan en las actas de la Junta Receptora del Voto, en caso de inconsistencia numérica”.
Es decir, la única forma de solventar esas irregularidades era el reconteo de los votos. Entonces el CNE decidió considerar a las actas con inconsistencia como “con novedad” pero el concepto de “actas con novedad” no existía en ningún reglamento electoral.
Bajo esa consideración todo fue nombrado con el calificativo “novedad”. El informe de la OEA señaló: “A lo largo de la noche, desde los primeros momentos en que fueron entrando las actas en las Juntas Intermedias de Escrutinio y Juntas Provinciales Electorales  se evidenciaron actas catalogadas como “con novedad”. Pudo corroborarse que esa novedad se debió a: Deficiencias en la legalidad de las actas por ausencia de las preceptivas firmas de  Presidente de Mesa y Secretarios.  Incoherencias en los resultados de los cómputos de votos efectuados por las Juntas en relación a los consignados en las actas. Falencias tales como no consignar en el encabezado de las actas el número de votos correspondientes al padrón de la mesa”.

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Consulta 2011: cómo tapar el fraude con un escándalo cualquiera (4)

¿Fueron las mismas actas u otras? Nadie respondió…
En medio del caos, el técnico Enrique Mafla, ingeniero con Ph.D, delegado de la “Coordinadora Plurinacional por el No” identificó 1 558 actas con problemas en las imágenes. Se trató de una grave irregularidad ya que las actas de las mesas eran llevadas hasta  las Juntas Intermedias de Escrutinio donde eran digitalizadas.
Imagen: el sistema de conteo tuvo problemas al finalizar el proceso de votación en la consulta popular.
Entonces las actas eran analizadas en las pantallas de cada computador y sus datos copiados en el Sistema de Escrutinio Oficial (SEO). Pero resulta que en ese número de actas (1 558 ) tenían problemas en las imágenes publicadas por el sitio Web del CNE. “En algunos casos no existía ninguna de las 5 imágenes (cada acta consta de 5 páginas). En otros casos, las imágenes no correspondían a las actas computadas; es decir que, por ejemplo, la imagen era de las preguntas 7 y 8 y el acta computada era de las preguntas 3 y 4. También existían imágenes que aparecían "dañadas (arrugadas) ¿Cómo las arreglaron. Yo tengo las copias de las páginas web originales que tenían estos problemas?” explicó Mafla en una de sus misivas con miembros de la coordinadora por el No.
Las demandas para aperturar las urnas y hacer el conteo de votos obligó a al presidente de la Delegación del Guayas iniciar el proceso como indicaba el reglamento: con la observación de un delegado por cada una de las fuerzas políticas, es decir Alianza PAIS, Partido Social Cristiano, Partido Sociedad Patriótica, Movimiento Popular Democrático y Red Ética y Democracia. 
Pero AP presionó a la junta para que aceptara un delegado por “tendencia”, es decir uno por quienes propugnaron por el sí y otro por el no.  La consecuencia fue que el desconocimiento de los sujetos políticos trasladó las responsabilidades a los delegados en las mesas que se encargaron de “cuadrar” los resultados, se explica en una denuncia presentada a la fiscalía del Guayas por el Partido Social Cristiano y la Red Ética y Democrática.
Imagen: uno de los afiches de la propaganda oficialista.
De las 29170 Juntas Receptoras del Voto del país, el 63% de actas de esas juntas fueron mal contadas, por tanto con inconsistencias; pero apenas se recontaron 128 en Guayas y 225 en Pichincha.
Sujetos políticos como Madera de Guerrero y la RED iniciaron sendas denuncias en La Junta Provincial de Guayas que fueron negadas el 27 de mayo.
Eso obligó a la RED a acudir al Consejo Nacional Electoral, pero tampoco fueron escuchados por el pleno del organismo compuesto por Omar Simon, Carlos Cortez, Manuela Cobacango, Fausto Camacho.
De ese grupo, solo Marcia Caicedo defendió las denuncias de las diversas organizaciones políticas.
Las negativa obligó a la RED acudir al Tribunal Contencioso Electoral, como organismo de última instancia. En ese entonces era dirigido por Tanía Arías Manzano.
El triunfo del Sí le permitió a Rafael Correa meter las manos en la justicia y formar un Consejo de la Judicatura a su medida. Tania Arias fue parte de ese grupo y beneficiaria de ese fallo.
Omar Simon es secretario particular del presidente Rafael Correa y Fausto Camacho, miembro del observatorio electoral. Marcia Caicedo se fue a su casa.

POST DATA
Dejamos aquí los links que pueden aclarar aún más esta investigación.
Reglamento de Tratamiento de inconsistencias 2011, firmado por Omar Simon
Carta  a Enrique Correa (mayo 8 de 2011)
Oposicion y Gobierno pelean por conteo de actas en Guayas (El Universo)
Comuicación  sobre la continuación del escrutinio
Fallas en actas retrasan escrutinio El Universo
Sentencias Tribunal Contencioso_electoral
Fraude Electoral según Mafla a través del software
Informe de la OEA sobre Elecciones Generales 2009
Informe de la OEA Consulta Popular Ecuador 2011
Impugnaciones rechazadas
Escándalo de firmas falsas 2012 (La Hora)

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Señora jueza, le contestamos la pregunta sobre cómo se hicieron ricos los hermanos Alvarado

El pasado martes 17 de noviembre el periodista Roberto Aguilar Andrade fue citado a un juzgado penal para contestar preguntas del secretario nacional de  comunicación Fernando Alvarado Espinel. En el llamado a confesión judicial hubo preguntas como: “Diga el deponente cómo es verdad  que las empresas de publicidad de Vinicio y Fernando Alvarado crecieron mas allá del mil por ciento desde que los hermanos se convirtieron en hombres duros del Correismo?”.
Aguilar sabía que responder semejantes cuestionamientos le costaría sendos juicios y sentencias que lo llevarían a la cárcel. Pero basta realizar una exhaustiva búsqueda en Internet para demostrar cómo las empresas de estos funcionarios crecieron exponencialmente, incluso mas de mil por ciento de lo que establece la pregunta.
Imagen: El temerario cuestionario enviado por Fernando Alvarado para la confesión judicial de Roberto Aguilar.
La información es clara: datos del Servicio de Compras Públicas establecen que en los dos últimos años las empresas de publicidad Creacional y Percrea, controladas por los hermanos Alvarado Espinel, concretaron 25 contratos por $ 12'108.872,14.
Cinco de estos fueron adjudicados por el Consejo Provincial del Guayas de Jimmy Jairala a Creacional S.A., por $ 5'300.000,  la mayoría bajo el concepto “servicio de colocación de espacios comunicacionales del Gobierno Provincial del Guayas en canales de categoría abierta”.
Percrea Perfil Creativo Cía. Ltda. logró los 20 restantes contratos por $ 6.808.872,14. Doce se firmaron con el prefecto Jimmy Jairala, la mayoría por el mismo objeto: “colocación de espacios comunicacionales”.
Las dos empresas poseen estrategias voraces, no miran si es un gobierno local grande o pequeño y no importa la complejidad del servicio o consultoría. Veamos unos ejemplos: hizo un contrato con el Municipio de Atacames (que no tiene para agua potable de los pobladores) y le cobró: $42.142 dólares por un contrato que no se puede determinar su objeto, en todo caso el Servicio de Compras Públicas describió que en la contratación ese municipio se ahorraron $100 dólares porque el presupuesto referencial era de $ 42.240,00.
El Municipio de El Chaco, uno de los más pequeños del país, en la provincia de Napo, también contrató esa empresa para una asesoría y estudio de mercado y publicidad de las actividades generadas por ese gobierno autónomo descentralizado por $30.500
En este año el Municipio de Ambato contrató a Percrea por $58.000,00 para que le brinde servicios de “asistencia operacionales de orientación y de asesoramiento en relación con la estrategia normativa de sociedades y con la planificación estructuración y sus actuaciones en materia de gestión general…”.
Otros son más simples y costosos como el que firmó con el prefecto Jairala en 2014 (contrato RE-GPG-CS-CD-001-14) por “colocación de espacios comunicacionales del Gobierno Provincial del Guayas a través de una agencia de publicidad en diferentes medios radiales”.
Imagen: Uno de los tantos contratos de las empresas de los hermanos Alvarado, este por apenas $1'400.000.
Las cifras de contrataciones superan con creces la pregunta que el mismo Fernando Alvarado le planteó al periodista Roberto Aguilar.
De hecho, se pueden perfeccionar las preguntas que Alvarado elaboró en su pedido de confesión Judicial, por ejemplo: ¿El crecimiento de mas del mil por ciento de sus empresas es antes o después del primer período presidencial de Rafael Correa o es antes o después del escándalo de Vialmesa?
El señor Alvarado cree que el mundo funciona a partir de su pequeña parcela de inquisición, es posible que al interior del Gobierno sus subalternos acaten su divina palabra bajo condiciones inescrutables, pero fuera de Carondelet su palabra sólo causa hilaridad.
Se atrevió a preguntarle a Roberto Aguilar si es verdad que existen negocios turbios de los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado; nadie duda en responder, incluso al interior del Gobierno, en voz baja: sí.
Imagen: Fernando y Vinicio Alvarado, piezas clave del Régimen de Rafael Correa.
Alvarado entiende que el silencio de sus subalternos es la fortaleza de su ética, pero debe saber que esa lealtad está por demás descompuesta.
Es cuestión de tiempo que esa fortaleza se desarme, entonces necesitará un golpe de suerte por cada contrato que firmó y todos sabemos que la suerte, a veces, no existe. Y para los que no estén aún convencidos, ahí van los contratos, completos sobre cómo los hermanos Alvarado se han enriquecido a través de contratar con el Estado.

Contrato para publicidad en Tv abierta para el Gobierno Provicial del Guayas
Contrato para publicidad en Tv abierta para el Gobierno del Guayas (principal)
Contrato para publicidad en radio para el Gobierno Provincial del Guayas
Contrato para publicidad en radio para el Gobierno Provincial del Guayas (2)
Contrato para publicidad en radio para el Gobierno Provincial del Guayas (2015)
Contrato para difusión de obras
Contrato para publicidad en TV 2015 Guayas (1)
Contrato para publicidad en TV 2015 Guayas (2)
Contrato para publicidad en TV 2015 Guayas (3)

MilHojas.is

 

IESS: viejos problemas en el nuevo hospital de 23,2 millones de dólares

MilHojas.is y Planv.com.ec
Nota: los nombres de este reportaje son protegidos.
Martes 21 de octubre de 2015. El reloj marca las 09:30. María sale de la consulta con el Pediatra que atendió a su hija de cuatro años, que sufre de parálisis cerebral. Es la primera vez que acude al Centro de Especialidades Comité del Pueblo-Ponceano, el nuevo hospital construido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). La transfirieron del Hospital Carlos Andrade Marín (HCM), donde fue tratada desde que nació.
Imagen: Anuncio de la Secretaría Nacional de Comunicación sobre la inauguración del Centro de Especialidades Comité de Pueblo, ubicado al norte de Quito.
María cuenta que la atención fue buena y rápida, pero lamenta que, como casi siempre, no le den los medicamentos  ni la leche especial que su hija consume a diario.  Dice que tendrá que conseguir alrededor de 50 dólares para no interrumpir el tratamiento contra el hipotiroidismo y la desnutrición que afecta a la pequeña, que corretea sonriente e inquieta, ajena por completo al drama que atraviesa.
Media hora más tarde, Patricia, otra afiliada al IESS, con cierto recelo, acepta dar su testimonio para este reportaje. Si bien admite que solo esperó 20 minutos para que el médico general atienda a su madre, una señora de la tercera edad, considera inconcebible que le hayan dado cita para hacerse los exámenes tres meses después.

A pocos metros de ellas está Lorena, madre de una niña de dos años. Ella y su esposo están molestos y cuestionan que, viviendo al sur de la ciudad, del Andrade Marín, que están en el centro-norte de Quito, les hayan transferido al Comité del Pueblo. Para llegar a tiempo a la cita  debieron salir de su casa hora y media antes y pagar siete dólares de la carrera de taxi. Eso no sirvió de mucho pues el médico atendió a la niña dos horas más tarde, según informaron.
A María Eugenia le fue mejor ese día. Cuenta que le transfirieron del Hospital San Francisco, ubicado en Carcelén, y la atendieron enseguida.
“Lo que me encanta de aquí, hasta ahorita, es que se viene, se coge la cita y ese mismo día le atienden”. Le hicieron exámenes de sangre y laboratorio. En ocho días le entregaron los resultados  y le dieron turno para el especialista de forma inmediata.
A María Eugenia, igual que a los otros afiliados contactados para este reporte, no le dieron los medicamentos y debió comprarlos afuera. “Eso está mal, porque nosotros pagamos el Seguro y nos deben dar las medicinas”, comenta.
Uno de los casos más dramáticos es el de Patricio y su hijo con capacidades especiales, que tiene 25 años. Desde hace tres meses ellos acuden al Centro del IESS ubicado en el sector de Ponceano, en el nororiente de Quito.
Patricio señala que no tuvo dificultad para la primera cita médica. Él fue diagnosticado  de una desviación en la columna vertebral. Informa que primero le dieron cita en Medicina General, en donde le mandaron a tomarse una radiografía. Luego lo remitieron a Medicina Familiar y ordenaron una resonancia magnética. Entonces le mandaron para Trabajo Social y le dijeron que regresara luego de tres meses. El 22 de octubre le comunicaron que debe ser atendido por un traumatólogo, quien le explicó que, para autorizar la resonancia debe esperar una auditoría. Por último, para esa especialidad hay turnos dentro de 90 días.
“Yo reclamé porque, a la final, es un derecho que tenemos todos los que estamos aportando. Deberíamos tener el mejor seguro de salud y en todos los aspectos. A la final no sabemos qué es lo que están haciendo con la plata que nosotros pagamos. Como siempre, el Gobierno es el que se lleva toda la plata…  Si mi columna no resiste más, me quedo paralizado por culpa del personal administrativo de aquí. El médico general duplica el trabajo con el familiar. Debe haber personas capacitadas en lo administrativo para que esto funcione bien”.
Imagen: Este acto en el que se lo ve interncenir al presidente, Rafael Correa, por la inauguración del Centro de Especialidades Médicas Comité del Pueblo, costó $205 mil.
Para Patricio, este problema obedece a que han aumentado los beneficiarios pero no hay la capacidad suficiente para atenderlos.
A su hijo le ha ido peor. Nació con parálisis cerebral y no encuentra en el país las medicinas que necesita. Él tenía  un tratamiento especial en Italia,  de donde decidió regresar a Ecuador por las prebendas que ofrece el Gobierno para los migrantes. “No he recibido absolutamente nada.  Regresé hace año y medio con algo de plata. El Plan Retorno es una burla prácticamente. A mí me ofrecieron el Plan Cucayo, que daban préstamos para esto y lo otro. Lastimosamente creo que tengo que regresar por la situación de mi hijo”.
Para Patricio, la Fundación Manuela Espejo ahora es solo una figura pues todo fue derivado al Ministerio de Salud. Tras casi cuatro meses de trámites aún no ha podido renovar el carnet de minusválido que el Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis)  extendió  hace 20 años a su hijo. Tampoco le ha ido bien en el Municipio, en donde hace 90 días solicitó el permiso para circular cuando hay pico y placa. No le han respondido hasta la fecha.
Este migrante, que vivió 15 años en Italia, asegura que, de haber sabido lo que ocurriría, no habría regresado a Ecuador.  Para mantener la calidad de vida de su hijo debe destinar para sus medicinas 300 dólares mensuales de su pensión de jubilado, que bordea los 500 dólares.
“El Gobierno no me da nada ni como discapacitado, peor como afiliado al IESS. En Italia mi hijo tenía todo, sin que  cueste un centavo”.
Este ciudadano, que regresó a Ecuador porque extrañaba sus raíces y creyó en el Gobierno, trajo sus ahorros y abrió un restaurante. Hace año y medio debió cerrarlo para atender a su hijo, que desarrolló epilepsia.
“De la revolución ciudadana mejor no hablemos. Socialismo es el poder al servicio del pueblo, no al revés”, comenta indignado.
En suma, una mañana fue suficiente para tener este diagnóstico de los primeros seis meses de operación del Centro de Especialidades Comité del Pueblo.
Si bien hay avances en atención al cliente, en el agendamiento de la primera cita con el médico general o familiar, el cuello de botella sigue siendo la atención especializada y la falta de medicinas y otros insumos que los afiliados deben pagar de su bolsillo, pese a que cada mes capitalizan con sus aportes la Caja del Seguro.
Estos son los viejos problemas estructurales que en ocho años el Gobierno de Rafael Correa no ha sabido solucionar.

§

La complicada tarea de contrastar la información
El 19 de octubre, Plan V solicitó una entrevista con Rafael Calvo, director del Centro de Especialidades Comité del Pueblo.
Su asistente tomó nota de la solicitud y ofreció responder durante la tarde. Tras una semana de espera y de insistentes e infructuosas llamadas al call center 3968200, Plan V visitó nuevamente a la funcionaria. Entonces ella informó que la solicitud había que enviarla al Departamento de Comunicación de la oficina matriz del IESS. La jefa de esta dependencia  indicó que el pedido se lo envíe a una cuenta de mail.
Imagen: Vista nocturna del edificio Centro de Especialidades Médicas Comité del Pueblo.
El 5 de noviembre se procedió de la forma indicada, pero hasta el mediodía del martes 10 de noviembre no llegó ninguna respuesta oficial. Entonces se efectuó una nueva llamada al Departamento de Comunicación para informar que el reportaje se publicaría sin la versión oficial, debido a la falta de respuesta.
A las 13:44, vía correo electrónico, la Asesoría de Comunicación de la matriz remitió las respuestas que adjuntamos a este informe. Ningún directivo concedió una entrevista sobre el tema.
1 100 pacientes atendidos cada día en 25 especialidades
El 31 de marzo,  el presidente Rafael Correa, al inaugurar el Centro de Especialidades IESS Comité del Pueblo, anunció que alrededor de 400 mil personas que viven en los barrios del norte de Quito se beneficiarán de sus servicios. Lo hizo mientras recorrió las instalaciones, se hizo chequear sus signos vitales, verificó el funcionamiento de los equipos y que la farmacia esté dotada de las medicinas suficientes para garantizar una atención eficiente a los afiliados.
Este centro de 21 400 metros cuadrados, en el que el Gobierno invirtió 23,2 millones de dólares, fue construido con el objetivo de descongestionar los hospitales Carlos Andrade Marín y San Francisco de Quito. Cuenta con 133 consultorios distribuidos en cinco pisos y 3 subsuelos para parqueaderos. Según estimaciones oficiales, tiene capacidad para atender cada día a un promedio de 2850 pacientes. Según el IESS, al momento atienden a un promedio de 1 100 pacientes diarios.
De ello se encargan  48 médicos y odontólogos especialistas, 35 generales, 3 odontólogos, 1 nutricionista, 2 psicólogas clínicas y 11 enfermeras, que atienden en  las 25 especialidades  y 10 servicios de imagen, farmacia, laboratorio y rehabilitación que están activos.
Según el Departamento de Comunicación del IESS, el tiempo máximo de espera para ser chequeado por un especialista es de cuatro semanas. Las personas entrevistadas para este informe cuestionan las cifras oficiales y aseguran que deben esperar hasta cuatro meses para obtener una cita en la mayoría de especialidades.
El IESS tampoco admite que en el Centro de Especialidades Comité del Pueblo no se esté entregando a los afiliados medicinas y otros insumos, como leche para niños especiales. Una vez más, la versión oficial contrasta con los testimonios ciudadanos.

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IESS: viejos problemas en el nuevo hospital de 23,2 millones de dólares (3)

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS PLANV Y MILHOJAS.IS
1 ¿Cuántas especialidades tiene el Centro Médico Comité del Pueblo-Ponciano del IESS?
Medicina General, Medicina Interna, Neumología, Nefrología, Alergología, Pediatría, Ginecología, Endocrinología, Psiquiatría, Cirugía General, Medicina Familiar, Dermatología, Cardiología , Geriatría, Imagenología, Odontología, Odonto pediatría, Endodoncia, Nutrición, Psicología adultos, Psicología infantil, Trabajo Social, Fisiatría y Rehabilitación, Clínica de Crónicos Metabólicos, Servicio de atención médica domiciliaria
Servicios y pruebas de diagnóstico: Laboratorio Clínico, Rayos X, Ortopantomografía, Ecografía, Ecografía Ginecológica, Ecocardiograma, Electrocardiografía, Electroencefalografía, Estudio Holter, Ergometría de esfuerzo.
Imagen: Las facilidades del Centro de Especialidades Médicas Comité del Pueblo.
2 ¿Cuántas están funcionando desde abril de 2015, cuando fue inaugurado?
El centro médico fue inaugurado el martes 31 de marzo del 2015, hasta la fecha todas las especialidades antes mencionadas brindan atención a los afiliados y beneficiarios del IESS.
3 ¿Cuántas faltan y en cuánto tiempo atenderán a los afiliados?
El Centro de Especialidades cuenta con todas las especialidades que exige la norma según su nivel de atención.

4 ¿Cuántos pacientes atiende cada día el centro?
Al momento en promedio se atienden 1100 consultas por día (incluyen las atenciones en el área de rayos X y rehabilitación)
5 Los afiliados están satisfechos con la primera cita, que es inmediata, el mismo día que acuden al hospital, pero lamentan que, para ser atendidos por un especialista, deben esperar hasta tres o cuatro meses.
Nuestro tiempo de espera en las especialidades con mayor demanda no supera las cuatro semanas, esto está dentro de los estándares internacionales.
6 ¿Cuántos especialistas atienden en cada área?, ¿por qué tanta demora? y ¿cuántos empleados tienen en total?
Hay un profesional por consultorio, el número de especialistas por área depende de una planificación sustentada en la demanda, el perfil epidemiológico de la zona de influencia y de las unidades cercanas. El Centro al momento tiene 48 médicos y odontólogos especialistas, 35 generales, 3 odontólogos, 1 Nutricionista, 2 Psicólogas Clínicos, 11 enfermeras. Como se manifestó anteriormente esto está dentro de los estándares internacionales.
7.- Algunos afiliados, padres de personas con capacidades especiales, denuncian que no les dan medicamentos, que todo tienen que comprar afuera y que les complica porque son costosos, ¿cuáles son las razones?
Esta información es errónea. Si existiera algún caso particular por favor detalle, qué medicamentos y en qué especialidades fue.
8 ¿El Centro Médico cuenta con todos los equipos e insumos necesarios para dar a los afiliados la mejora atención, como anunció el presidente Rafael Correa, cuando lo inauguró?
El Centro de Especialidades Médicas Comité del Pueblo  – Ponceano tiene el Nivel II – B es una unidad de especialidades médicas, no es un hospital y cuenta con el equipamiento y Talento Humano necesario para su correcto funcionamiento y atención con calidad y calidez.
9  El Centro tiene el call center 3968200, ¿cuánto se invirtió en ese servicio? ¿Sirve o no para pedir citas médicas?
A través de esta línea telefónica no se agendan  citas médicas, los afiliados pueden agendar citas a través del call center.
9.- ¿A qué obedecen estos inconvenientes, hay falta de recursos por causa de la crisis por la caída del precio del petróleo u otro tipo de problemas? Y ¿qué soluciones se están implementando para garantizar a los usuarios un servicio de calidad?
Como señalamos anteriormente el centro médico atiende a su máxima capacidad todos los días brindando un servicio de calidad a los asegurados y la ciudadanía en general.
10.- No he encontrado en la web del IESS el presupuesto del Centro Médico Ponciano, por favor agradezco ayudarnos con el monto y la especificación de cuánto es gasto corriente y cuánto inversión. Sería mejor si nos ayudan con una copia del presupuesto para publicarla con el reportaje.
El presupuesto con el que cuenta es el asignado para el centro Nivel II – B.

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IESS: viejos problemas en el nuevo hospital de 23,2 millones de dólares (2)

LOS AFILIADOS, EN PRIMERA PERSONA
'Muchas veces compro las medicinas y la leche para mi hija”'
“La verdad es que aquí estoy la primera vez, me han dado buena atención. La especialidad donde mi hija estaba en el hospital Andrade Marín y luego le ingresaron acá por Pediatría, porque ella es una niña especial.
Cuando no tengo dinero y me mandan a comprar afuera los tarros de leche que mi hija consume. Mi hija sufre del hipotiroidismo desde que nació.
Imagen: Inauguración de la farmacia del Centro de Especialidades Médicas Comité del Pueblo.
Allá, muchas de  las doctoras,  la enfermedad que mi hija padece no le podía detectar y, fuera de eso,  tiene un problema en la boca, que le detectaron unos doctores de otro país, tiene dificultad al comer. Le cambiaron de pediatra. Hace falta en los hospitales del IESS y en los centros de salud del Gobierno  especialistas.  De mi parte, de los hospitales del Gobierno no me sirvo de nada porque muchas veces cuando voy no me atienden, me piden una referencia, dicen que tengo que ir al hospital del IESS porque el papá trabaja.

Muchas de las veces no he tenido dinero. A veces, cuando mi hija cae enferma, y vivo en Pisulí, en el barrio de La Roldós, no hay atención para todos, parece que no somos personas y solo atienden a personas que las conocen o a las que tienen dinero.
Gracias a Dios, desde que mi esposo entró a trabajar le atienden en el Seguro. A veces cuando no hay me mandan a comprar los tarros de leche y las pastillas para el hipotiroidismo. Muchas de las veces compro. Ahora gasté unos $50 en leche y pastillas que toma siempre.
Yo soy de Loja, vivo en tierras coloradas.  En los hospitales del Gobierno me han negado la atención incluso cuando mi hija se ha estado muriendo. No he denunciado nunca, porque me dicen que necesito testigos, es una desgracia. Lo único que me dan en los centros de salud son las vacunas. Por eso a veces prefiero endeudarme para que mi hija esté bien. Es un ser humano.
Pido que nos atiendan por igual. Pido al presidente que nos apoyen. Aquí hace falta doctores para muchas especialidades, así para enfermedades tanto de adultos como de niños no hay en este país, no es muy avanzada la tecnología. Hay enfermedades graves y aquí los doctores no son muy capacitados…”
 
'Un calvario para que atiendan a mi hijo'
“Mi hijo y yo nos hacemos atender aquí desde hace tres meses. Por estar recién comenzando hay la oportunidad de que nos den los turnos enseguida, que es lo fundamental.
Estamos en un tratamiento de fisioterapia y otro neurológico. Me dijeron que tengo la columna desviada. Pero se está duplicando el trabajo en algunas cosas porque primero le mandan a Medicina General, ahí le mandan, por ejemplo, a Radiología, con la radiografía tiene que ir a Medicina Familiar. Esto, para mí, no tiene ningún objeto porque, en mi caso, vieron la radiografía y me dijeron que tengo que hacerme una resonancia magnética. Entonces me mandaron a Trabajo Social y ahí me dijeron que venga en tres meses. Ahora me dicen que tiene que verme un traumatólogo. Es decir que están duplicando el trabajo porque el médico general  debe transferir al especialista que sea. Ahora, en Trabajo Social me dicen que debo esperar que hagan una auditoría para autorizar la resonancia. A los cuatro días me dicen que tengo que, antes de la auditoría,  ir primero donde el traumatólogo, pero para ese especialista tengo que esperar de aquí a tres meses.  Yo reclamé porque, a la final, es un derecho que tenemos todos los que estamos aportando. Deberíamos tener el mejor seguro de salud y en todos los aspectos. A la final, no sabemos qué es lo que están haciendo con la plata que nosotros pagamos. Como siempre, el Gobierno es el que se lleva toda la plata…
Imagen: El presidente se chequea el peso en el Centro de Especialidades Médicas del Comité del Pueblo.
Una suposición: si mi columna no resiste más, me quedo paralizado por culpa del personal administrativo de aquí. El médico general duplica el trabajo con el familiar. Creo que debe haber personas capacitadas en lo administrativo para que esto funcione bien.
Se sobreentiende que este centro es de especialidades y que iba a librar el peso al Andrade Marín. Y eso que es nuevo, si usted va al IESS de Sangolquí, es peor que el Eugenio Espejo. Allá usted tiene que ir derivado de algún centro de salud sino no le atienden. Aquí debería ser igual, porque es un centro de especialidades…
En la parte administrativa no se han dado cuenta de que han aumentado en un 500% los beneficiarios pero no hay la capacidad suficiente para atender a esas personas.
Con mi hijo es un calvario, porque tiene parálisis cerebral de nacimiento. Medicinas aquí no encuentro. Él tenía  un tratamiento especial en Italia, no estoy comparándolo con Ecuador porque no hay razón.  Yo viví allá y me vine al Ecuador por las prebendas que daba el Gobierno para los migrantes. No he recibido absolutamente nada.  Regresé hace año y medio con algo de plata. El Plan Retorno es una burla prácticamente. A mí me ofrecieron el Plan Cucayo, que daban préstamos para esto y lo otro. Lastimosamente creo que tengo que regresar por la situación de mi hijo.
La Fundación Manuela Espejo ahora es solo una figura. Ahora todo está derivado al Ministerio de Salud. Mi hijo tiene 25 años y para renovar el carnet de minusválido que el Conadis le dio hace 20 años, me hicieron pasar como tres o cuatro meses andando con especialistas. El momento en que me tenían que hacer la recalificación porque constaba como deficiencia auditiva, fui a hacer el trámite y, al final, me dijeron que el carnet me servía hasta el 2018. He querido que me den un permiso para poder circular los días de pico y placa, me han hecho caminar como tres meses en el Municipio y hasta ahora nada.
Regresé a los 15 años porque extrañaba mis raíces. Si sabía esta situación, solo en medicinas gasto cerca de $300 mensuales porque el Gobierno no me da nada ni como discapacitado, peor como afiliado al IESS. En Italia tiene todo sin que le cueste un centavo.  
Me jubilé hace mucho tiempo con una pensión reducida. Traje un poco de dinero y me puse un restaurante que duró año y medio y tuve que cerrarlo porque la situación de mi hijo se complica porque ha desarrollado epilepsia.
Estoy viviendo de mi p0ensión que es de $500 mensuales, de los cuales $300 son para medicinas de mis hijos porque aquí no encuentro nada.
De la revolución ciudadana mejor no hablemos. Socialismo es el poder al servicio del pueblo, no al revés”.
'¡Tres meses para los exámenes, es demasiado!'
“Venimos primera vez, se demoró como 20 minutos, pero nos atendieron bien. El problema es con los exámenes, que están para largo, le dieron para tres meses cita para exámenes de laboratorio. Eso es demasiado, es mucho tiempo y eso que es nuevo el hospital y no hay mucha gente”.xa…
Imagen: Los espacios de atención del Centro de Especialidades Médicas del Comité del Pueblo.
Estoy contenta porque cojo la cita el mismo día
“Yo vine acá porque me mandaron del Hospital San Francisco. Lo que me encanta de aquí, hasta ahorita, es que se viene, se coge la cita y ese mismo día le atienden. Son como dos meses que estoy acá. Me mandaron a hacer exámenes de sangre y máximo en ocho días me entregaron los resultados. De ahí cogí y, de una vez me mandaron al especialista ese mismo día.
Estoy contenta  porque estoy cerca de mi casa, aunque tengo que coger taxi, porque para acá no hay transporte.
La última vez que vine no me dieron los medicamentos, me dijeron que compre afuera, pero cuando hay si me dan. Yo tomo Omeprazol, gasté como 11 dólares, eso está mal, porque nosotros pagamos el Seguro y nos deben dar los medicamentos”.
'Más de dos horas para que me atiendan'
“Mucha demora, más de dos horas para que nos atienda el Pediatra. El doctor muy bueno, pero mucho tiempo de espera. Es la primera vez que vengo acá, yo vivo en el sur, pero acá me trasladaron desde el Hospital Andrade Marín.  Es una hora y cuarto de viaje más dos de espera y el regreso es muy complicado porque tengo que regresar a trabajar. De gana me mandaron acá. Una carrera de taxi me cuesta siete dólares.

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seis meses

Coyuntura

 

De abril a junio

 

El trimestre del primero de abril al 30 de junio de 2015 encontró un país en la pendiente de una crisis económica y política. Pero, a la vez, a un gobierno que no cambia su política de escarnio y persecución de medios de comunicación y opositores y  que sigue consolidado su control sobre los otros poderes del Estado.  En este trimestre continúo se reeligió la directiva de la Asamblea Nacional, se renovó a los magistrados del Tribunal Contencioso Electoral para terminar de integrar el Quinto Poder, a la vez que siguen las denuncias y quejas por la conformación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El régimen, además, logró con  éxito poner un magistrado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pese a todo ello, nunca había estado tan complicada la situación para la Revolución Ciudadana.

 

A nivel económico, la caída de los precios del crudo había provocado entre enero y mayo de 2015 una pérdida de cerca del 25% de los ingresos petroleros del país.[i] Ello a su vez llevó a una crisis de liquidez de la caja fiscal, que ha sido enfrentada de diversas maneras: Utilizando las reservas del Banco Central del Ecuador[ii], pidiendo prestado a gobiernos seccionales[iii], emitiendo bonos a altísimas tasas de interés[iv], la deuda en bonos reconocida alcanza los USD 4,564 millones. La aclaración de deuda reconocida es importante porque el gobierno ecuatoriano tiene una gran parte de la deuda que no es reconocida como tal, como las ventas anticipadas de petróleo a China y otros países, el inconstitucional borrón de su deuda con el IESS[v], a más de deudas a proveedores que permanecen en un limbo entre causadas y facturadas.[vi] 

El Superintendente de Bancos se ve precisado a aclarar que el “sistema financiero es sólido”[vii]. Los bancos también emiten declaraciones tranquilizantes sobre su liquidez y la dolarización. [viii] Pese a ello en poco tiempo se empezaban a publicar las noticias de la caída de depósitos en los bancos privados.[ix]

Las cifras del Estado son cada vez menos transparentes, no sólo las de endeudamiento, sino también las de gasto, como el caso del costo real de obras públicas, un ejemplo de ello es el de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair[x]

En tanto, el mecanismo que pretendía buscar el equilibrio de la balanza comercial, de las salvaguardas,  termina afectando al mismo sector y las mismas variables que intentaba proteger.[xi]Para mediados de junio llega otro crédito chino de 500 millones de dólares[xii] para el “plan de inversiones del país” y los anuncios de implementación del “dinero electrónico”, controles de cuánto se está girando, y las mismas leyes a la herencia y plusvalía, suenan a intentos de sostener el gasto gubernamental en tiempos de petróleo a la baja.

 

En términos políticos este trimestre ha sido duro por el gobierno.  Lo iniciaron con una muestra de fuerza, una rendición de cuentas de la Asamblea en la que ni en los asientos del pleno casi había espacio para la oposición; y, donde finalmente la Presidenta de la Asamblea dio una rueda de prensa en la que no se admitieron preguntas.[xiii]

Pero la anuencia de la Asamblea a proyectos presidenciales confiscatorios fue el detonante para la crisis que estallaría días después.

 

Inicia el tire y jale con los jubilados, maestros y trabajadores en torno a la irónicamente llamada “ley de justicia laboral”. Correa necesitaba disminuir la deuda y para ello desconoció la obligación del Estado de aportar a la seguridad social para las prestaciones de salud de los jubilados y de las enfermedades catastróficas.[xiv] La llamada Ley de Justicia Laboral, que reformó aspectos clave de la seguridad social en el Ecuador[xv] fue aprobada. Esto enfrentó al gobierno con los jubilados[xvi] quienes demandaron la inconstitucionalidad de la norma, pero no fueron los únicos.[xvii]

Con un timing impecable,  la ley se aprueba a pocos días de del Primero de Mayo[xviii], día de los trabajadores. No sólo les preocupa la eliminación del 40% de fondos del Estado al IESS sino también el tema de las reformas/enmiendas constitucionales donde los trabajadores públicos dejarían de estar amparados por el Código del Trabajo para estar amparados ahora por la Ley de Servicio Público. Ante esta inquietud, la respuesta del gobierno no fue el diálogo sino convocar su propia marcha con su central laboral paralela y ordenar una amplia cobertura policiaca.[xix] El Presidente pretende que la marcha de los trabajadores le pertenece.[xx] Las marchas del Primero de Mayo en las diversas ciudades del país sirvieron para evidenciar el cambio en el escenario político/social del Ecuador.[xxi] En estas marchas surgieron los primeros gritos de Fuera Correa Fuera.[xxii] Se empezó hablar de un Paro Nacional.

A las afrentas a los trabajadores el régimen sumó el allanamiento[xxiii] y la apropiación del Fondo de Cesantía del Magisterio[xxiv][xxv] Los afiliados al Seguro Social Campesino también se sentían amenazados y marcharon.[xxvi]

Después del golpe de la “Ley de Justicia Laboral” y su impacto sobre el aporte a las jubilaciones y limitación de las utilidades, después de confiscar los ahorros de los maestros y de otros casi 60 fondos particulares, llegó la polémica por la ley de herencia[xxvii] y la de plusvalía.[xxviii]

Las declaraciones del propio presidente sobre su voluntad de ir eliminando las empresas familiares[xxix] y la intencionalidad de la resolución, luego suspendida, de la Superintendencia de Bancos de que se debería reportar todos los retiros a partir de 5000 dólares al mes,[xxx] y el anuncio de la puesta en vigencia del dinero electrónico, [xxxi]incrementaron la sensación de vulnerabilidad e incertidumbre.

El proyecto de ley de Galápagos, y la rebelión en el Archipiélago[xxxii], generó conflictos tanto en el seno de la propia Asamblea como en las islas.[xxxiii] Un conflicto que fue enfrentado con represión.[xxxiv] Ampliando la sensación de un país enervado.

El proyecto de control del suelo por parte del Estado,[xxxv] quitando competencias a municipios y gobiernos locales, estaba en la Asamblea esperando por ser votado abundaba en la sensación ciudadana de que cualquiera sería el próximo en la arbitrariedad estatal y eso podría significar perderlo todo.

 

Pensada por los correístas como una ley que enfrentaría a los estratos sociales entre sí, la ley de herencias terminó siendo un bumerang, que dio inicio a las marchas “autoconvocadas”[xxxvi]de junio en la Av. De los Shyris[xxxvii] en Quito, que se reprodujeron luego en todo el país[xxxviii]. Los correístas no pudieron equiparar las marchas[xxxix] y debieron recurrir a la policía.

Ecuador convulsionó en junio, la clase media salió a las calles y muchas veces confluyó con los sectores populares que reivindicaban otras causas.[xl] Las marchas de junio fueron como una reacción en cadena.[xli] De la exigencia de archivo de los dos proyectos[xlii] se pasó a decir que esto no sólo era por las herencias, sino por dignidad.

 La gente se tomó las calles por varias semanas del mes de junio[xliii] y sólo la anunciada venida del Papa tendría la virtud de desmovilizar a la sociedad.

El rol de las redes sociales en la difusión de visiones alternas sobre lo que estaba sucediendo y logró minar el efecto omnipresente que estos ocho años ha tenido el aparato de propaganda del correísmo. Todo esto se daba en un momento en que la caída de precio del petróleo[xliv] generaba la hipótesis de ciudadana que detrás de todos estos proyectos sólo estaba la voluntad del gobierno de extraer más recursos.

Cuando se desató la calle, el Presidente estaba en Europa, su retorno fue complejo, pues un grupo de ciudadanos de Quito, decidieron ir al aeropuerto a verlo para reclamarle. Cuando volvió se demoró un día en llamar a cadena nacional. En un procedimiento por demás irregular el Presidente decidió retirar los proyectos sin perjuicio de volveros a presentar. Su bancada de país, por otro lado, se preparó para “socializar” los proyectos retirados, con lo que no se generó el efecto de desmovilizar a la población como se esperaba.[xlv] La gente siguió en las calles.[xlvi]

Mientras las cámaras de la producción pedían el archivo definitivo de los proyectos de ley[xlvii], otros pedían que les den los formularios para la revocatoria del mandato presidencial.

Como la calle no paraba, desde las altas esferas del gobierno se empieza a hablar en términos de conspiración.[xlviii]

Y las cifras de aceptación y credibilidad del mandatario bajan.  Pero ya venían bajando antes[xlix] El presidente se vio inmerso en una disputa con un adolescente que le hace un gesto en la calle[l], posteriormente ciudadanos le llevan una ofrenda de yucas.[li] Su estilo confrontacional del Presidente lo sigue enfrentando no sólo con ciudadanos sino con las autoridades seccionales que no son de su movimiento de gobierno.[lii]  El gobierno sigue investigando a ciudadanos por el 30S de 2010, en abril también llamaron a interrogar al dirigente indígena Carlos Pérez Guartambel.[liii] En el transcurso del trimestre varios oficiales de policía fueron procesados por tal suceso y dos de ellos condenados.

Finalmente el brutal desalojo sin plan de contingencia de 40 familias de la barriada de la Cooperativa Mélida Toral, en el sector de la Isla Trinitaria en el Sur de Guayaquil, por parte de la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares (STPAHI).[liv]  Y la oferta posterior de opciones de vivienda social de hasta 70,000 dólares[lv] inalcanzable para estas familias impactó su imagen de líder popular.

De otro lado, las fuerzas sociales y de la oposición tampoco estuvieron inmóviles y generaron algunos acercamientos inéditos, unos con éxito y otros frustrados.  Durante la Semana Santa aprovecharon para reunirse públicamente las autoridades seccionales de las circunscripciones más importantes del Ecuador: el alcalde de Guayaquil, el de Quito y el Prefecto del Azuay. Ese encuentro pateó el tablero nacional de alianzas y sus posibles implicaciones pusieron presión a los otros actores políticos, no sólo del gobierno sino de la oposición.[lvi]

Por otro lado Unidad Popular[lvii] presentó sus firmas para inscribirse[lviii] El tema del IESS le costó al gobierno un aliado Ramiro González y su movimiento AVANZA, se separaron de la coalición gubernamental.[lix] El CNE permitió a la ID recoger firmas para reinscripción. Se dio un encuentro entre PK, Creo y Sociedad Patriótica, que fue muy criticado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, de la cual PK es una especie de brazo político.

A nivel gremial y sindical, se fueron fortaleciendo los encuentros entre sectores sindicales, magisterio y sectores populares no afines al gobierno, que ya habían participado juntos en otras marchas, con vista al Primero de Mayo, pero también como reacción a las últimas leyes.

La actuación de los otros poderes del Estado en este período hizo patente que el único espacio que le quedaba a la ciudadanía, e incluso a los políticos, eran las calles.

A los fallidos intentos de llamar a Consulta Popular por parte de Yasunidos[lx] y de CREO[lxi] este trimestre se sumaron las negativas de la Corte Constitucional a los pedidos de consulta sobre las enmiendas a otras organizaciones políticas y de cualquier intento de revocatoria de mandato que se presentara ante el CNE, ni siquiera los formularios entregaban.[lxii]

 

Finalmente, en cuanto a la situación de los medios y la libertad de expresión, los mecanismos de silenciamiento persisten[lxiii]: Se prorrogó elección de defensores de audiencia ante el Consejo de Regulación de la Comunicación (Cordicom) por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Diario La Hora compareció de nuevo ante la Supercom por la denuncia del alcalde de Loja por no haber publicado sobre su rendición de cuentas.[lxiv] Supercom sancionó a La Hora y a Extra. El Universo se retiró de una audiencia en resistencia y fue sancionado por el 10% de su facturación[lxv]

Entre tanto el control de Fernando Alvarado, Secretario de Comunicación (SECOM) sobre los medio incautados, aumenta.[lxvi] 

Ante protestas internacionales la Secretaría de Comunicación rechazó pronunciamiento de la SIP sobre las violaciones a los derechos humanos y libertad de expresión en el país y la región.[lxvii]A finales de abril también Freedom House se pronunció sobre la falta de libertad de expresión en Ecuador.[lxviii]

En términos de la comunicación, la “enmienda” que plantea la comunicación como un servicio público preocupa a la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)[lxix]

 

 

De julio a septiembre

 

En el trimestre entre el 1ro de julio y el 30 de septiembre de 2015 fuimos testigos del ascenso y estancamiento posterior de la protesta en las calles, tanto por la necesidad de los diferentes actores sociales de replantearse formas de lucha como por las acciones de control del gobierno vía represión y desactivación de otros actores que las apoyaban, como cierto sector del empresariado. Mientras el tema de las enmiendas continuaba su inexorable avance al mes de diciembre, cuando se cumple el plazo en que la Asamblea Nacional volverá a tratarlas, la crisis económica avanzó con un régimen que ha hecho malabares para mantenerse a flote financieramente. Pero la crisis también le permitió al gobierno rearmar un discurso, no siempre coherente, hacia cierto sector del empresariado para desmovilizarlo e impedir que apoye las protestas, alejando el fantasma de un paro obrero-patronal.  Otros elementos importantes de este trimestre fueron la visita del Papa Francisco y los fenómenos naturales que enmarcaron el proceso de lucha. Todo esto en medio de las alertas por la actividad volcánica, primero del Cotopaxi y posteriormente del Tungurahua, mientras los incendios forestales asolaban varias zonas de la sierra ecuatoriana, especialmente los alrededores de la capital. 

 

El mes de julio inició con una sociedad movilizada, con marchas y plantones prácticamente diarios[lxx] como resultado de una especie de onda expansiva de las marchas del mes de junio. El gobierno a su vez llamó a un “Diálogo Nacional”, mismo que no logró convocar a los sectores que estaban en las protestas y terminó siendo una serie de reuniones con partidarios del gobierno para generar la imagen de que las reformas/enmiendas estaban siendo consultadas y que desde los asambleístas del gobierno se hacían esfuerzos por “socializar” las mismas.[lxxi] La polarización era tal que ministros del régimen denunciaban con nombres y apellidos a supuestos golpistas, entre ellos asambleístas nacionales como Lourdes Tibán y Andrés Paez.[lxxii] A falta de pruebas, la denuncia fue ridiculizada y no progresó.  Hubo otros incidentes menores[lxxiii] como cuando en el conversatorio del Presidente Correa con la prensa se anunció el inicio de investigaciones del SRI (Secretaría de Rentas Internas) a los bienes del alcalde Nebot[lxxiv], lo que se leyó como una retaliación a quien lideró una masiva protesta contra el régimen el 25 de junio en Guayaquil.  En tanto, la Ecuarrunari (organización indígena de la Sierra ecuatoriana) proponía la revocatoria del mandato para quienes votaran por las reformas a la Constitución.[lxxv]  Otra fuente de fricción, se generó con el gremio de los Médicos y profesionales de la salud con la creación por decreto de ACCESS[lxxvi] (Agencia de Aseguramiento de la Calidad de la Salud).  También los abogados plantearon sus reivindicaciones, sobre todo contra el modelo de gestión de justicia.  En este trimestre realizaron varios plantones en el Consejo de la Judicatura[lxxvii].

 

Pese a la movilización, el gobierno insistió con las “enmiendas” constitucionales, y los sectores sociales plantearon un paro para el mes de agosto. Estas diversas fuerzas, con sus diferentes plataformas de lucha, fueron confluyendo para ese paro.[lxxviii] Los jubilados también se pronunciaron por marchar contra el régimen y ser parte del paro en agosto.[lxxix]

 

Ante el llamamiento a paro y las marchas la respuesta del Presidente Correa fue denunciar que se estaría gestando un “golpe blando” en su contra[lxxx]. Más adelante incluso hablaría de que “los gobiernos de izquierda enfrentan una nueva “Guerra Fría”.[lxxxi] Este discurso no era un discurso en el vacío. En esos días el Parlamento Cubano se pronunció respaldando al gobierno de Correa por los supuestos intentos desestabilizadores de los que era víctima.[lxxxii] También los embajadores del Grupo de América Latina y el Caribe (Grulac) ante la Unesco expresaron su respaldo al Gobierno de Ecuador ante los intentos de desestabilización.[lxxxiii]

 

Partiendo de esta visión conspirativa, el gobierno decidió dar licencia al Canciller Ricardo Patiño para que este se dedique a realizar trabajo “territorial” y a fortalecer las bases de Alianza País.[lxxxiv]  El rango de actividades a desplegar por el Ministro Patiño y su comprensión de la situación fueron denunciados por la Asambleísta Lourdes Tibán en un documento filtrado a la prensa.[lxxxv] En el documento se establecen lineamientos para enfrentar el paro programado para el 13 de agosto y se encuentran citas como: “hay dos caminos: el del Estado preventivo y represivo y el del Estado preventivo y represivo con participación organizada ciudadana”[lxxxvi] Dada la visión del gobierno sobre la protesta social, la relación del Canciller Patiño y el Ministro del Interior José Serrano con los expandilleros “Latin King” generó preocupación en sectores de la sociedad civil, de cara a las marchas.[lxxxvii]

 

La visita durante tres días del Papa Francisco, del 5 al 7 de julio, redujo la protesta social en la calle[lxxxviii].  Pese a este paréntesis, la presencia del Papa tampoco estuvo excenta de controversia.  Durante ella, y desde los días previos a la misma, el Gobierno planteó una estrategia comunicacional para tomar ventaja de la misma, utilizando citas del Papa como una herramienta más de propaganda.  Sin embargo, en las redes sociales el humor terminó por desfigurar esta estrategia a través de los memes.[lxxxix]

 

Cuando las cosas parecían aquietarse y el tema del paro era algo para el mes de agosto, varios escándalos interrelacionados explotaban en el país. Uno de ellos, la filtración de los correos de Hacking Team y sus contactos con el gobierno ecuatoriano para facilitarle equipos de espionaje y el de la ubicación de la Secretaría Nacional de Inteligencia en Lumbisí, en las inmediaciones donde fuera la mansión del banquero William Isaías. A más de esto la filtración de los expedientes de políticos, activistas sociales y periodistas que son espiados por la Senaín, puso en una situación incómoda al régimen y a su encargado de inteligencia, Rommy Vallejo.[xc]

 

El clima de polarización creado por el Presidente con su teoría de la conspiración contaminaba todos los espacios.  El día 16 de julio, mientras realizaba la cobertura de una protesta contra el alcalde de Quito, es agredido por simpatizantes del gobierno el periodista Christian Zurita, coautor del libro “El Gran Hermano”, quien hace unos años fue perseguido judicialmente por el Presidente Correa.[xci] La violencia se manifestó también la Universidad Central, en un enfrentamiento donde resultan heridas dos estudiantes de un grupo universitario opuesto al que patrocina el gobierno. El propio Presidente, durante sus alocuciones en su sabatina, tomó partido por quienes las estudiantes denuncian como el agresor.[xcii] Aunque no generó mayor revuelo, también se registró el hallazgo de  bombas panfletarias a los diarios El Universo (independiente) y El Telégrafo (gubernamental).[xciii]

 

La tensión no sólo se sintió en la capital y las grandes ciudades. Otras provincias también fueron escenarios de conflicto. En Galápagos, las protestas se encendieron en junio con la nueva ley para las Islas y con la prisión de uno de sus dirigentes Eduardo Véliz, procesado judicialmente y en delicado estado de salud. En Orellana se registraron movilizaciones por conflictos con las autoridades en torno a la construcción de la carretera de Taisha. En Esmeraldas resurgieron conflictos limítrofes[xciv]. Este panorama se desataba en la lógica de la polarización que ha vivido el país y todo alimentaba el paro.

 

A fines de julio con la salida del Rector Fernando Albericio[xcv] estalló el escándalo de la Universidad de Yachay, una de las obras insignias de la Revolución Ciudadana, con un gasto dispendioso que sorprendió e indignó a la sociedad ecuatoriana, como salarios de 16,000 dólares a tres personas que ni siquiera trabajan en el país y que cuando llegan cobran viáticos, un costo por estudiante que multiplica por miles el costo del resto de unidades de educación superior del país, nepotismo, etc.  El escándalo de Yachay caldea los ánimos.[xcvi]

 

El 3 de agosto arrancó la marcha indígena desde Tundayme[xcvii], en la Amazonía. Durante su avance fue interactuando con todas las comunidades en su ruta hasta la capital. El archivo de las enmiendas constitucionales fue el tema que lideró sus peticiones.[xcviii]. Tras su arribo a Quito se unieron todos los sectores sociales. Los dirigentes de la Conaie y la Ecuarrunari estuvieron presentes y liderando la marcha, así como el Prefecto de Zamora. Gremios, Jubilados, Estudiantes, ciudadanos en general participaron de ella. 

 

El gobierno minimizaba[xcix] a la vez que denunciaba  la marcha como violenta[c].  El 13 de agosto, llamado día del paro, se cerraron también varias carreteras de la sierra ecuatoriana.[ci] Cuando la marcha llegó a las calles aledañas al Palacio Presidencial y la Plaza Grande se desató la represión. Los líderes de la marcha fueron golpeados y la periodista francobrasileña, Manuela Picq[cii], compañera del dirigente de la Ecuarrunari, Carlos Pérez, fue agredida físicamente, detenida arbitrariamente y posteriormente deportada del país de la ciudadanía universal. La represión no se limitó a la capital. Se extendió a otras las localidades donde hubo movilizaciones y protestas. Un ejemplo de ello: la golpiza en el Puyo a la activista Margoth Escobar, quien además fue detenida y procesada.[ciii]

 

El día 15 de agosto, la actividad volcánica del Cotopaxi fue utilizada como argumento para justificar la declaratoria de Estado de Excepción.[civ]  El estado de excepción permitió que las Fuerzas Armadas intervengan en actividades de seguridad ciudadana a nivel nacional.  Por ello, en lugar de enviar a las Fuerzas Armadas a la zona en riesgo por la actividad volcánica, las enviaron a reprimir poblaciones distintas como la de Saraguro en la provincia de Loja o la de Taisha en Morona Santiago, donde las comunidades persistían en el cierre de carreteras.[cv]

 

El saldo de las protestas de agosto fueron 61 detenidos y por lo menos 75 procesados a nivel nacional.[cvi] A muchos de ellos se les realizó audiencias a puerta cerrada.[cvii]  La mayor parte de los procesos, como el de Margoth Escobar, aún continúan.

 

En septiembre, la represión del gobierno tomó otro curso. La Secretaría de Comunicación, adscrita a la Presidencia de la República, inició el proceso de disolución de Fundamedios,[cviii] organización de la sociedad civil que defiende el derecho a la libertad de opinión, expresión y prensa; y uno de los continuos blancos de la ira gubernamental en sabatinas y cadenas.  El Estado ecuatoriano ya antes había aplicado discrecionalmente el Decreto 16[cix] para la disolución de la Fundación Pachamama. En esta ocasión aplicó el nuevo Decreto Presidencial No. 739, aprobado el cuatro de agosto, [cx] para iniciar el proceso contra Fundamedios.  La solidaridad con Fundamedios y las protestas nacionales[cxi] e internacionales[cxii] no se hicieron esperar, incluso los Relatores de Naciones Unidas y la CIDH se pronunciaron en contra de la disolución[cxiii].  La presión surtió efecto y el gobierno dio marcha atrás en su decisión de disolver Fundamedios[cxiv], aunque mediante un mecanismo tan forzado como el que estaban utilizando para disolverla.

 

Mientras tanto la crisis fiscal avanzaba.[cxv] En una economía donde el Estado asumió el rol de motor principal, la postergación de pagos a proveedores del gobierno tuvo un efecto dominó.  La falta de liquidez no sólo del régimen sino en toda la economía[cxvi] fue cada vez más difícil de ocultar.  Para lidiar con el tema se emitieron Títulos de Banco Central como mecanismo de pago a contratistas del Estado en el campo de la construcción[cxvii].  Pero los TBC fueron una solución parcial. Urgido por liquidez el gobierno ecuatoriano recurrió nuevamente al esquema de preventa de petróleo, esta vez con Tailandia  (PTT) por US$ 2500 millones de dólares[cxviii]. Esto trajo consigo un desembolso inicial de US$ 500 millones al Estado[cxix] apenas un paliativo para un déficit presupuestal que se calculaba entre US$ 8000 a US$ 9000 millones para el año en curso[cxx] y que las interminables negociaciones con China ya no alcanzaban a cubrir.  La revelación de que PTT revendió el crudo ecuatoriano[cxxi] confirmó que la preventa a PTT, a más de representar un esquema de endeudamiento encubierto[cxxii], era una operación de “shadow banking”.[cxxiii]

 

El impacto de la crisis en la sociedad ecuatoriana se sentía en el constante incremento de los  precios.  Una de las medidas que empujaron al alza los precios de muchos items, sobre todo importados, fueron las salvaguardas arancelarias [cxxiv] . La ciudadanía optó por ir a los países fronterizos a adquirir los productos que se habían vuelto prohibitivos en el Ecuador[cxxv], lo que a su vez ocasionó que el gobierno reaccione y también grave a los productos que entraban por la frontera como compra personal.[cxxvi] La medida buscó desestimular el paliativo que los ecuatorianos habían encontrado al creciente costo de la vida y trasladar más recursos al fisco.  Otro de los efectos de la crisis en la vida cotidiana ha sido el creciente desempleo.  La solución del gobierno fue cambiar la forma de cálculo del desempleo para enmascararlo.[cxxvii]

 

Pero la crisis económica tuvo un lado positivo para el gobierno. Le sirvió como contrapeso a la inconformidad de los sectores empresariales a los que atemorizó con que se vería agravada con la inestabilidad política.  Mientras enfrentaba a los sectores sociales, el gobierno inició una serie de acercamientos con los sectores empresariales, para que “arrimen el hombro”[cxxviii] ante la crisis.  El discurso antiempresarial de las leyes de herencia y plusvalía se atenuó y el gobierno puso en escena el “rostro amable” de la Ministra Nathalie Cely quien ofreció al sector empresarial las “Alianzas Público-Privadas”.[cxxix]

 

Lo cierto es que en septiembre las marchas se detuvieron, aunque se dieron actos simbólicos protagonizados sobre todo por sectores de la clase media, muchos de ellos irrecuperables para el régimen debido a que mantienen inclaudicable su rechazo a la corrupción oficial.  Los sectores sociales parecen haberse dado un tiempo para recuperar fuerzas y planificar nuevas movilizaciones para noviembre.[cxxx] El trimestre cerró con el 30 de septiembre, fecha cuyo sentido se disputa en el Ecuador[cxxxi], con monumentos enlutados en todo el país.[cxxxii]

 


[ii] Las reservas de liquidez del Banco Central del Ecuador se utilizan para entregar liquidez al Ministerio de Finanzas que percibió en 2014 unos 673 millones de dólares a cambio de bonos “Este tipo de operaciones se enmarcan en el Código Monetarios aprobado el año pasado.  El gerente del BCE, Mateo Villalba, explicó que la entidad, además de comprar los bonos, entregó liquidez al Banco Nacional de Fomento, la Corporación Financiera Nacional, entre otras entidades de la banca pública por un monto de 380 millones de dólares, para que puedan colocar crédito en el sector productivo” Estas entidades a su vez entregaron otros bonos del Gobierno Central. http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101801726/-1/La_liquidez_lleg%C3%B3_desde_el_BCE.html#.VRvjra237tQ.

[iii] Otra evidencia de la falta de liquidez que tiene el régimen desde hace meses se evidenció cuando el Alcalde de Guayaquil, contra el que el régimen se ha expresado repetidamente, reveló que le había prestado dinero al gobierno central.  http://www.eluniverso.com/noticias/2015/04/23/nota/4799226/nebot-revelo-que-se-invirtio-bonos

[iv] Ecuador hizo una nueva emisión de 750 millones en bonos soberanos al 14 de mayo. http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-emision-bonossoberanos-economia-finanzas.html

[xiv] Correa dice que la Ley de Seguridad Social de 2001 es “inconstitucional” al referirse al aporte estatal para las prestaciones de salud de jubilados y enfermedades catastróficas. Se organizan los gremios de los jubilados. http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101801523/-1/Jubilados_piden_debate_p%C3%BAblico_sobre_aporte_estatal_al_IESS.html#.VRvmGa237tQ El gobierno insiste en negar la existencia de la deuda con el IESS (pese a varios convenios de este mismo gobierno y que ya la habían estado pagando, ilegalmente en bonos, pero pagando). La línea argumental es del propio presidente quien suma a esto a su equipo de propaganda. http://www.elcomercio.com/actualidad/millones-pago-fisco-iess-bonos.html

http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101804110/-1/Secom:_la_deuda_al_IESS_no_existe.html#.VSUcBa237tQ

http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101804117/-1/Se_intensifica_debate_por_40%25_de_aporte_estatal_a_pensiones.html#.VSUhsq237tQ  El discurso gubernamental va desde negar la legalidad a negar la necesidad de tales aportes para mantener las pensiones jubilares [xiv] http://www.eluniverso.com/noticias/2015/04/08/nota/4745136/iess-no-necesita-mas-plata

http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/160223-gobierno-garantiza-pago-de-las-pensiones-jubilares/ En la Asamblea la oposición denunció la prevalencia del discurso presidencial en la bancada de gobierno. http://www.elcomercio.com/actualidad/cristinareyes-alianza-pais-iess-ecuador.html  El IESS, nominalmente autónomo declara que el Estado no les debe plata.

http://www.asambleanacional.gob.ec/es/noticia/obligaciones-jubilares-no-se-suspenderan-ni-se-rebajaran-por Nueva ley fija aporte estatal “necesario” al IESS http://www.elcomercio.com/actualidad/ley-aporte-estatal-iess-gobierno.html

[lvii] Como se conoce ahora al ex Movimiento Popular Democrático, cuya personería jurídica fue arbitrariamente eliminada por el Consejo Nacional Electoral

[lx] Sobre la explotación del Yasuní

[lxi] Sobre la reelección presidencial, parte de las 16 enmiendas propuestas por Correa y que inconstitucionalmente se decidirán mediante voto simple en la Asamblea

[lxii] Corte Constitucional terminó negando el pedido de consulta referente a las reformas constitucionales de Democracia SI El pretexto es un pedido “previo” (no se conocía) de un legislador oficialista.[lxii]Lo mismo hizo pocos días después con PK, las organizaciones políticas continuaron presentando recursos ante la Corte.

Además de eso el Consejo Nacional Electoral niega solicitudes de revocatoria de mandato para asambleístas de AP de Azuay. Y posteriormente niega entrega de formularios para revocatoria de mandato de asambleístas de Pichincha. Democracia SI plantea la revocatoria del mandato de Correa en mayo y el CNE le niega los formularios El CNE ni siquiera da paso a una consulta sobre la construcción de un túnel, del oleoducto Trans Amazónico.

[lxxiii] Incidentes como el de la asambleísta gobiernista Gina Godoy, quien se había referido a los manifestantes de la Shyris como borrachos y drogadictos se negaba a disculparse con el pueblo de Quito y el del Secretario de Comunicación de la Presidencia de la República tuvo que disculparse con el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, por  la publicación de  un foto montaje en contra suyo en el marco de la marcha del 25 de junio. 

[lxxx] El dos de julio el Presidente volvió a mencionar su hipótesis del “golpe blando” para encasillar las protestas pacíficas que enfrentaba su   régimen.  Ya había hecho una denuncia por el estilo en junio 26, y se convertiría no sólo en una tónica de su gobierno sino de los gobiernos “hermanos”, que ofrecerían su solidaridad al régimen y condenarían las protestas.

    http://internacional.elpais.com/internacional/2015/07/02/actualidad/1435809448_280378.html

    http://www.elciudadano.gob.ec/estrategias-del-golpe-blando-se-evidencian-en-ecuador/

    http://www.eluniverso.com/noticias/2015/07/30/nota/5044960/regimen-instruye-sobre-golpe-blando-sus-legisladores

    http://www.ecuavisa.com/articulo/televistazo/noticias/115585-cinco-etapas-del-golpe-blando-segun-presidente-correa

    https://www.youtube.com/watch?v=JTGjp8K-l3U

[lxxxvi] ídem

[xcvii] Tundayme se encuentra en la provincia de Zamora Chinchipe.  Existen graves conflictos con una empresa minera china que está desplazando a indígenas Shuar de sus tierras.  De Tundayme era el asesinado líder antiminero José Tendetza.

[cix] Decreto Presidencial que regula a las OSCs en el Ecuador, demandado infructuosamente por inconstitucional y por atropellar el derecho a la libertad de Asociación.

[cxxii] Bajo el esquema de preventa. además de entregar petróleo, el Ecuador debe pagar una alta tasa de interés por los desembolsos que le hace PTT.

[cxxiv] Salvaguardia es una medida de restricción al comercio exterior.  Fue adoptada por el ecuatoriano el 11 de marzo a 2.800 subpartidas de productos.

   http://www.eluniverso.com/noticias/2015/03/29/nota/4711516/efecto-salvaguardias-ya-se-siente-consumo

[cxxxi] El 30 de septiembre de 2010 hubo una revuelta policial que según el gobierno de Correa fue un intento de golpe de Estado.

http://milhojas.is/612338-30-de-septiembre-analisis-de-los-sucesos.html

Ares Rights tiene exclusividad de imágenes de Correa y Glas Viejó

De tarje azul oscuro, solemne, riguroso, el vicepresidente de la República Jorge Glas Espinel rindió culto a la bandera, el pasado 9 de noviembre, en el habitual cambio de guardia que cada lunes se celebra en el Palacio de Carondelet.
Imagen: El momento cuando Jorge Heriberto Glas Viejó fue capturado en Paraguay, donde estaba prófugo.
Su postura y condición de segundo hombre de la Revolución Ciudadana parece mantenerlo al margen de los hechos que enfrentó su padre Jorge Glas Viejó, sentenciado a 20 años de cárcel por la violación de una menor de edad. Pero también parece alejado de las acciones de censura que realiza la empresa española Ares Right, que controla los derechos de uso (copy right) de la imagen del presidente y su gobierno en la Internet.
Hace pocos días esa empresa española logró censurar del portal Youtube los cinco programas producidos por el abogado guayaquileño Pedro Granja llamados “A la mierda la mordaza”. La causa: uno de ellos fue dedicado al tema Glas Viejó.

En ese programa Granja –que además es abogado de la niña que abusó Glas Viejó- volvió a referirse al caso. Dijo que hasta el momento nadie ha determinado que el detenido sea Glas Viejó, por eso pidió que se lo presente públicamente. “No hay veeduría nacional o internacional que certifique si es el preso”, expresó en el programa.
En junio de 2013 el español Jonathan Palma Ruiz, de la empresa Ares Right, registró una imagen de Jorge Glas Viejó como suya. Fue un afiche que Granja y otros ciudadanos mostraron a Glas Viejó de rostro entero con la leyenda “Se busca” y ofrecían 17 mil dólares por información del violador.
En ese año la cuenta de Twitter “gordita horrorosa” posteó la imagen de Glas Viejó en la red y recibió el pedido de retirarla. Diario El Universo publicó esa información y dijo que Ares Rights podía haber demandado por no contar con la “autorización del propietario”.
Imagen: Jorge Heriberto Glas Viejó era director de la escuela Hans Christian Andersen. Violó sistemáticamente a una alumna de 12 años y la dejó embarazada.
Hace dos años el afiche de “se busca” de Glas Viejó también fue retirado de la web por pedido de Ares Rights, entonces solo era la foto de un prófugo de la justicia.
En el programa censurado hace pocos días se exhibieron declaraciones del presidente Correa,  en una de sus sabatinas, en las que atacó a Granja por su postura ideológica. Para Ares R. haber  mostrado la imagen del presidente pudo haber sido suficiente razón para que accione sus peticiones en Youtube y sacar de la nube los programas.
Pero también tenía exclusividad en el uso de las imágenes de Glas Viejó, es decir Ares R. tenía dos razones para censurar esos programas: porque tiene exclusividad de uso de las imágenes del presidente y del violador.
A la mierda la mordaza recibió un promedio de 70 mil visitas y el que fue dedicado al violador en apenas 36 horas recibió 28 mil visitas.
Como repudio a los actos de censura, Granja anunció silenciar su cuenta de twitter por diez días, espera que la gente comprenda la importancia de contar con voces diferentes y necesarias para construir la democracia.

MilHojas.is