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Mes: enero 2016

La historia oculta de la camaronera de Luis Chiriboga


Imagen: Dentro de la Fiscalía, Luis Chiriboga, esposado, es llevado por un policía ante la vista de Vinicio Luna.
Luis Chiriboga Acosta y Francisco Acosta Espinosa manejaron a su antojo al fútbol ecuatoriano. Pero también lo hicieron con la pequeña comunidad de Puerto Chojón, en la isla Puná, provincia de Guayas, lugar  en que montaron una camaronera de 185,8 hectáreas.
Una vez que se dio a conocer el escándalo de corrupción en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), que terminó con la captura de Luis Chiribga, Francisco Acosta y Vinicio Luna, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la Fiscalía mencionó unas transferencias desde la empresa Ticketshow (que maneja las entradas de los partidos de la Selección Ecuatoriana de Fútbol) hacia varias cuentas. “En los años 2011, 2013 y 2014 la compañía TicketShow S.A. realiza transferencias a las cuentas de personas naturales y jurídicas vinculadas con el señor Chiriboga Acosta Luis Gustavo, entre ellos su cónyuge, Merino Gómez de la Torre Grace, Servitron S.A., compañía en la que es accionista y gerente general; así como también al señor Valverde García Winston Hernán, por un valor total de $ 184.551”, dice el informe de la UAF.
Precisamente, Winston Valverde García, que es contador, entra en el juego de transferencias tanto como ayudante de Chiriboga en la FEF como en la camaronera de la isla Puná. Valverde “es mi asistente en la Federación -dijo Chirboga en su declaración libre en la Fiscalía-, pero trabaja directamente conmigo y le pedía que me ayudara con algunas cosas de la camaronera, pero trabaja directamente conmigo”. La camaronera, que no tiene nombre, es un lugar por el que abundan juicios y demandas, como parece ser la tónica en los negocios de Chiriboga.
Imagen: Ubicación de la camaronera de Chiriboga y Acosta, en la isla Puná, en el Golfo de Guayaquil.
El predio de la camaronera, ubicada al norte de la isla Puná, enfrentó sendos conflictos sociales, jurídicos y ambientales, pero, al final, Chiriboga mantuvo el control de esas tierras contra manglar y marea.
La historia arranca a mediados de los años 90. Chiriboga y Acosta eran socios en las empresas Servitron (la misma que aparece en el informe de la UAF) y Prontimil que adquirieron la extensión señalada de terreno.
No se tiene claridad cómo la dupla Chiriboga-Acosta adquirió esos predios. Se sabe que el primer grupo humano que se benefició fue la comunidad de Chojón. Eso se desprende de una resolución del 22 de enero de 2001 (documentos 1⇒, 2⇒ y 3⇒) que emitió el desaparecido Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA).  En esta se cita una declaración de Marcelino Benigno González Consuegra que dijo que en esas tierras  tenían sus casas de habitación los socios de la cooperativa 24 de Septiembre, “que viven allí desde su nacimiento y que se dedican a la producción del camarón”.
Aseguró en la resolución además que contaba con permisos otorgados en 1987 por el Ministerio de Industrias Comercio e Integración, la Armada Nacional  y la Subsecretaría de Asuntos Pesqueros a favor de la cooperativa 24 de Septiembre, formada por la comunidad.
Esa resolución recoge además la palabra de Manuel Ramírez Ramírez, procurador de los habitantes del recinto “Aguas Piedras”: “Las tierras que se pretenden por parte de los mentados señores (Chiriboga y Acosta) son comunales que han servido de asiento desde tiempos inmemoriales, tanto a la comuna Chojón como a la comuna Aguas Piedras. Además que las tierras constituyen el sustento de sus vidas, que son campesinos abandonados por los sectores públicos de todo servicio que no tienen títulos pero son posesionarios desde tiempos inmemoriales”.
• No deje de leer: La caída del capo del fútbol ecuatoriano⇒
Chiriboga y Acosta Espinosa aseguraron en su defensa que eran los legítimos dueños desde mediados de los años 90, que sobre ellos mantuvieron posesión regular, ininterrumpida y pacífica. Que en los lotes realizaban la cría del camarón y que su actividad brindó plazas de trabajo para los pobladores.
Pero nunca se detalló cómo adquirieron esos inmuebles, a quién lo hicieron, cuánto fue el costo real y de dónde salió el dinero.
En la resolución del INDA se asegura que Servitron y Prontimil levantaron una escuela para la comunidad y que se encontraba en buen estado, pero no le dio la razón a ninguna de las partes y ordenó que esos predios vuelvan al patrimonio estatal por considerarlas tierras baldías. El 22 de enero de 2001 ese cuerpo de tierras fue valorado  en $USD 1.053, 22 y registrado como patrimonio nacional.
Imagen: Documento del predio de la camaronera, entre Puerto El Chojón y el recinto Agua Piedra.
Pero esa resolución no significó la salida de las dos empresas, que continuaron laborando. De hecho nada cambió hasta el 8 de abril de 2005, cuando el INDA emitió dos resoluciones adjudicando (esta vez de forma legal) 48,76 hectáreas a la Compañía Servitron S.A. y 65.80 hectáreas, adyacentes, a Prontimil.  
El entonces del director del INDA, Juan Jácome Pasquel ordenó la inclusión de un plan de explotación de las tierras. Este se limitó a una simple hoja  en la que Chiriboga afirmó que cultivaría en cinco años 20 hectáreas de cucubitáceas, es decir, hortalizas.  Además dijo que sembraría 15 hectáreas de árboles de tamarindos, chirimoyas y ciruelas. Nunca se mencionó las palabras camarones, camaronera, ni nada parecido.  
Formalizada la entrega de los predios, Prontimil vendió su parte a Servitron en un valor de $USD 37.374,40 según se desprende de la escritura de compraventa celebrada el 27 de diciembre de 2006 en la notaría 25 de Guayaquil.
Se trató del traspaso de un bolsillo a otro porque las dos empresas estaban registradas en la misma dirección: piso 5, oficina 4 del edificio torre Colón, Guayaquil. Además Luis Chiriboga apareció como gerente general de Prontimil y Servicon.
En 2013 el Ministerio de Agricultura a través de la Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria realizó un estudio de buena parte de las adjudicaciones de tierras realizadas por el desaparecido INDA y el 15 de octubre de ese año concluyó que las tierras entregadas a Prontimil y Servicon eran nulas porque se logró determinar que esos predios formaba parte de una zona de manglar, salitral y playa. “Al tratarse de bienes nacionales, su uso pertenece a los habitantes de la nación como es el caso de calles, plazas, puentes” expresó en la resolución el subsecretario de tierras y reforma agraria, Manuel Suarez Rites.
Chiriboga solicitó a la justicia una acción de protección que recayó en el Juzgado 1ro de Tránsito de Pichincha. Aseguró que esa decisión vulneró su derecho al trabajo, a la estabilidad laboral, la seguridad jurídica, la privación de tutela efectiva e indefensión.  Dijo además que la Subsecretaría de Acuacultura, junto a la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos, otorgaron a Servitron una  concesión de playa y bahía con una extensión de 50 hectáreas. Agregó que el 25 de abril de 2013 la Capitanía del Puerto de Guayaquil  le dio matrícula de concesión de zonas de playa y Bahía. 
Pero el juez César Fernando Fabara Benalcazar negó la petición de medidas cautelares presentadas por Chiriboga.
No fue el único conflicto, el 6 de septiembre de 2012 el Ministerio del Ambiente multó a Servitron en $USD 44.636,50 por haber talado y quemado media hectárea de manglar.  Chiriboga demandó una acción de protección contra el Ministerio del Ambiente en la persona de la ministra Lorena Tapia en el juzgado 8 de lo Civil de Pichincha..


En la causa 253-2013 impugnó el informe técnico(…). Para corroborar esa historia utilizó a su favor las declaraciones de las familias que habitan Chojón. Es decir, las mismas familias que hace 13 años reclamaron las tierras como suyas, defendían al presidente de la FEF…


En la causa 253-2013 impugnó el informe técnico y la decisión del Ministerio del Ambiente. Dijo que se trató “mínimo podamiento, de unas pocas ramas de ciertos árboles que impedían transitar por debajo de los mismos”.
Para corroborar esa historia utilizó a su favor las declaraciones de las familias que habitan Chojón. Es decir, las mismas familias que hace 13 años reclamaron las tierras como suyas, defendían al presidente de la FEF.
Ninguna de las acciones judiciales que impulsó prosperaron y la empresa fue obligada a pagar esa suma, pero se desconoce si lo hizo.
En la actualidad la camaronera continúa en poder de Chiriboga, es decir, no se ha podido efectivizar la decisión de la Subsecretaria de Tierras. De hecho, hace  pocas semanas, cuando el asambleísta Ramiro Aguilar hizo público el informe de la Unidad de Análisis Financiero que  estableció que hubo transferencias desde las cuentas de Chiriboga en Panamá a nombre de Hernán Valderde García, contador de la FEF, que además trabajaba privadamente para Chiriboga en la camaronera.
Luego la  abogada defensora de Chiriboga, Lucía Vallecilla, especificó que $USD 120.000 fueron transferidos para el giro de negocio de la camaronera y que el dinero fue manejado por Valderde García.

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Alzas astronómicas en manos militares
Entre los casos emblemáticos de obras con costos que hasta triplican sus valores iniciales constan dos que tienen como antecedente haber sido investigadas dentro del escándalo de presuntas irregularidades de contratos del Estado con empresas en las que Fabricio Correa, hermano del presidente Rafael Correa, era accionista y/o propietario.
La primera es la Rehabilitación y Ampliación de la vía El Empalme-Celica-Alamor, que ha experimentado un alza total del 269,77% respecto a su valor original.
Esta obra tuvo dos fases, cuyos procesos precontractuales están en el portal del Sercop, aunque no constan ahí los contratos suscritos en ninguna de estas fases.
En la primera, la contratista fue Constructora del Sur (COSURCA). En un informe de la Procuraduría se determina que en el contrato, firmado el 18 de febrero del 2009 por $11,54 millones, se incurrió en causal para declarar su terminación unilateral. La razón: la empresa International Energy Overseas Corporation, de propiedad de Fabricio Correa, era accionista de Cosurca, lo que contravenía la ley.
El 26 de junio el presidente Correa dispuso que se busque la fórmula jurídica para anular los contratos del Estado con compañías de su hermano y que fueron denunciados en una investigación de diario Expreso. El mandatario decidió la terminación de los contratos en julio del 2009. 
A partir de ello se inició una segunda fase para esta obra que en los registros del Sercop consta con el nombre de "Ampliación carretera Empalme Celica-Alamor, incluida construcción del puente Laramine y el mantenimiento". El contrato se firmó el 29 julio de 2010, bajo la modalidad de Regimen Especial, con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército (CIE), por $38'785.090.
Este monto implicó ya un aumento de $27,24 millones respecto al valor contratado con Cosurca.


El incremento final fue de $31,13 millones que significa el 269,77%. El diferimiento total de la obra fue de 1 año y 4 meses…..


Pero también el contrato con el CIE tuvo variaciones en valores y plazos. En el reporte del SITOP, a octubre del 2015, consta que subió en $3,89 millones y el plazo, que vencía el 17 de agosto del 2012, se amplió por un año, tras la firma de 2 contratos complementarios. De esta forma, su valor se ubicó en $42’676.412,26.
El incremento final fue de $31,13 millones que significa el 269,77%. El diferimiento total de la obra fue de 1 año y 4 meses. Esta vía tiene 50,6 kilómetros, con lo cual el costo por kilómetro pasó de $228.088 a $766.503,7 y luego a $843.407,35. El 23 de diciembre del 2013 el MTOP anunció que esta obra fue concluida.
El segundo proyecto, también relacionado con las denuncias en contra del hermano del primer mandatario fue la Reconstrucción de la vía Arenillas puente Puyango_Alamor y Accesos, de 80,5 kilómetros. La Procuraduría también determinó que en el contrato con "COSURCA se ha incurrido en una causa para declarar la terminación unilateral, por haberse celebrado contra expresa prohibición de la Ley…".
Este contrato se suscribió el 28 de octubre de 2008, por $29 millones y al igual que el anterior fue terminado en julio del 2009.
Casi dos años más tarde (26 mayo 2011) la cartera de Obras Públicas firmó el contrato para la reconstrucción de esta vía con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército (CIE), por $54'076.996,67 y un plazo de 30 meses.
En el último reporte del SITOP se precisa que el plazo para su terminación se fijó primero para el 30 de noviembre de 2013, pero luego se lo difirió por 10 meses más (al 30 de septiembre del 2014). Y el valor subió a $68'938.818,38. Estas modificaciones obedecieron a la aprobación de 5 órdenes de cambio. Mediante la última orden de cambio el monto del contrato subió en $14,86 millones.
El diferimiento en la entrega de la obra ha sido de 4 años y 4 meses y el aumento total de su valor, de $39,84 millones que equivalen al 137%. Cuando el proyecto pasó a manos del CIE el costo por kilómetro varió de $361.403 a $671.763,9. Y ya durante la ejecución de los trabajos de la entidad militar se valor volvió a subir a $856.382,8.
Esta obra consta en el reporte del SITOP con el 100% de cumplimi ento de los trabajos contratados.

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Ruta Collas, otra perla en el precio por kilómetro
Un dato relevante no solo por la importancia que tomó la obra para conectar el Aeropuerto Mariscal Sucre con el norte de Quito, sino también porque se la promocionó como un ejemplo de megaingeniería es el contrato correspondiente a la Ruta Collas, cuya construcción tiene uno de los costos más altos por kilómetro: $16,92 millones.
Su valor total fue de $198 millones por 11,7 kms. Este contrato no apareció en la información extraída del Sercop ni en ninguna base oficial de datos encontrada durante esta investigación.
Imagen: La vía Collas-Tababela, que conduce al aeropuerto Mariscal Sucre, de Quito, desde la Panamerica Norte.
La vía estuvo a cargo de Panavial y la constructora Herdoiza Crespo.
La Unión Europea determinó que el costo por kilómetro de carretera en América Latina cuesta siete veces más que en Europa.
“Cuando llegué al gobierno todo el mundo envidiaba las carreteras de Colombia, Perú y Chile. Hoy Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil, México envidian las carreteras ecuatorianas pero nosotros no nos vamos a comparar con la región, nos vamos a comparar con los mejores países del mundo…”, enfatizó Correa durante la inauguración del Anillo Vial de Quevedo, mientras anunciaba que seguirá construyendo, pero no cualquier vía, sino supercarreteras y además, con o sin la participación privada.
Pero los costos por kilómetro a los que se ha llegado en la rehabilitación y construcción vial en el Ecuador no son equiparables, por ejemplo, a los promedios de Europa.
El portal de Argentina Infobae.com  publicó que una auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) comparó 24 proyectos viales realizados en España, Polonia, Grecia y Alemania entre 2000 y 2013. La conclusión fue que un kilómetro de carretera cuesta, aproximadamente, $116 mil en Alemania, $164 mil en Grecia, $215 mil en España, y $218 mil en Polonia. En el informe de la UE se explica que “los 178 mil dólares que cuesta en promedio el kilómetro de carretera en los cuatro países, bien podrían tomarse como una medida aproximativa de toda Europa.
Infobae realizó un trabajo similar al del TCE europeo y utilizó como parámetro algunas carreteras simples realizadas en los últimos años en cuatro países latinoamericanos para establecer un valor de referencia por costo del kilómetro en la región.
En México se tomó el caso de la carretera Campeche-Mérida de 149 kilómetros con un valor de $2 millones por cada kilómetro. En Perú se concluyó que $900 mil era el valor promedio por kilómetro. El millón de dólares fue el valor referencial para cada kilómetro de carretera en Bolivia y Argentina.
Mientras En Ecuador hay carreteras como la Cahuaji-Pillate-Cotaló-Empate (Ambato-Baños) cuya construcción alcanzó un valor de $1'840.114 por kilómetro, que significó un costo de $48 millones (sin IVA) para sus 26,12 kilómetros. Esta obra estuvo a cargo de Hidalgo & Hidalgo.
Hay algunas obras de rehabilitación y reconstrucción vial que cuestan casi tanto como las de construcción. Por ejemplo, la misma Hidalgo & Hidalgo ejecutó la Reconstrucción de la vía rápida Cuenca Azogues-Biblián; incluido ampliación tramo: El Descanso-Azogues-Biblián, de 43,6 kilómetros de longitud, por un total de $93’058691,58. Eso implicó un costo de $2'134.373 por cada kilómetro.
La constructora Carvallo AZ Cia Ltda hizo la Reconstrucción de la vía Arenillas – La Avanzada por $1'615.238,09, el kilómetro.
La Ampliación, Rectificación y Mejoramiento de la carretera El Rodeo – Rocafuerte, de 15,4 kilómetros, costó $1'720.901, por kilómetro. La constructora Verdú. S.A ejecutó esta obra.

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Auditorias internas y Contraloría encuentran presuntas ilegalidades en otros proyectos
Una obra con contratiempos desde su inicio ha sido la “Terminación de la Reconstrucción de la Troncal Amazónica E-45 carretera Puyo-Macas, tramo Puyo-Puente Pastaza, ubicada en las provincias de Pastaza y Morona Santiago.
Si bien su primer contrato se firmó el 14 de enero del 2003 (en el último día de gobierno de Gustavo Noboa), su segunda etapa administrada por el actual régimen, no estuvo exenta de incidentes.
La constructora guayaquileña Troexa S.A. fue la contratista inicial. Debía ejecutar el proyecto a un plazo de 2 años y un valor de $9'520.673,58.
Ya bajo el gobierno de Correa ese plazo fue extendido hasta el 31 de diciembre del 2010, es decir por 6 años más, de acuerdo con una base de datos elaborada por el BID, sobre ‘Proyectos viales en ejecución a marzo 2011’. En esta misma base de datos se registra como monto final de la obra $26'761.514,86. Un elemento que llama la atención en este proyecto es que en el listado del BID consta una extensión de vía de 65,40 kilómetros y en las publicaciones del MTOP se registran 61,91 kilómetros y 67,31 kilómetros.
El 29 de mayo de 2012 la cartera de Obras Públicas declaró la terminación unilateral y anticipada de este contrato.
A partir de ello, el proyecto entró en una nueva fase. Mediante un comunicado del 20 de agosto del 2012, el MTOP anunció el inicio de otro proceso contractual para la reconstrucción de 62 kilómetros de esta vía, especificando que en 10 de ellos se deberá colocar la segunda capa asfáltica. También se incluía la señalización vertical y horizontal y la complementación de los trabajos de drenaje.


Pero en un informe de auditoría interna del MTOP, elaborado en el 2013, se identificaron presuntos incumplimientos de ley…..


Según consta en el contrato, firmado el 27 de agosto del 2012, el monto fue de $6'696.867, con un plazo de 4 meses, a partir de la entrega del anticipo (que debió concluir en enero del 2013). La nueva contratista fue la constructora Confacing.
Pero en un informe de auditoría interna del MTOP, elaborado en el 2013, se identificaron presuntos incumplimientos de ley. Se estableció que “en el Acta de Recepción Única de Liquidación del contrato con Troexa, S.A. consta un saldo final de $2’719.214,22, no ejecutado por esta empresa”. Mientras que el valor del contrato con Confacing (por $6'696.867) fue “un monto mayor al saldo que le faltó ejecutar a Troexa”. Y agregó que “el Director Provincial de Pastaza del período de gestión 8 de diciembre de 2011 al 31 de marzo de 2013, suscribió el contrato, sin contar con estudios actualizados que contemplen las soluciones a las fallas geológicas que se presentaron en el contrato con Troexa, a fin de que Confacing las aplique durante el proceso constructivo”. Esto contradice lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Contratación Pública, según la auditoría.
En el informe se observó además, que “el 21 de agosto de 2012, seis días antes de la firma del contrato de construcción (con Confacing), se suscribió un contrato para realizar los “Estudios de Estabilización de taludes en la Puyo Puente Pastaza de la Troncal Amazónica”, sin que el mismo se lo haya aplicado en el proceso constructivo de la carretera… obligando a que la contratista ejecute soluciones paliativas en sitios críticos que fueron identificados en el contrato anterior, por no contar con las soluciones técnicas respectivas”.
El informe determinó que “la falta de estudios actualizados…ha ocasionado que los trabajos de reconstrucción ejecutados por la contratista, no se concluyan totalmente conforme establecía el objeto del contrato y que los niveles de serviciabilidad de la vía no sean los más adecuados. Se incumplió el artículo 77 número 2 letra a) de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado”, (LOCGE).
Esta obra ya está concluida y se encuentra en curso en la Contraloría un examen especial de ingeniería (EEI) a los procesos precontractual, contractual y de ejecución del contrato.
A la Construcción de la Vía E-25, tramo 2 “Y” del Cambio, “Y” de Corralitos y del tramo “Y” de Corralitos – Santa Rosa, se hizo un examen especial de ingeniería, ordenado por el director de Auditoría Interna del MTOP (período analizado está entre el 1 de junio de 2010 y el 31 de diciembre de 2012), en el que se cuestionó que el fiscalizador de la Dirección Provincial de El Oro, “dispuso… ajustes en cantidades de obra y precios de los rubros que están sobre-estimadas y subestimadas, sin contar con un estudio técnico que lo respalde, cambio que tampoco fue legalizado mediante la suscripción de un contrato complementario, inobservando las normas sobre este tema, lo que ocasionó que no se cumpla el objeto del contrato en el plazo inicial debido a que fue necesario incrementar rubros y cantidades de obra que demandan recursos adicionales, se dejó de construir otras que si estuvieron consideradas en un inicio, y adicionalmente fue necesario incrementar el plazo contractual. También se incumplió el artículo 77 numeral 2, literal a) de la LOCGE.
Además, a marzo del 2013 se evidenció que este contrato, firmado con la Empresa Pública Vial del Gobierno Provincial de El Oro (EMVIAL EP) el 4 de abril del 2011, no contaba con Licencia Ambiental. Por la falta de seguimiento en los trámites para la obtención de dicha licencia, se incumplió el artículo 395, numeral 2 de la Constitución; el artículo 77 numeral 2 literal a) de la Ley de la Contraloría; el artículo 20 La Ley de Gestión Ambiental; el numeral 6 de la Cláusula Décimo Quinta del contrato de construcción; y el artículo 83 del Plan de Manejo y Auditoría Ambiental del Ministerio del ramo.
En el reporte del SITOP se informa que el valor inicial de esta obra fue de $41.386.909,89 y su plazo terminaba el 17 de octubre del 2013. Pero el monto subió a $50.885.176,55 y el plazo también se movió al 15 de noviembre del 2014. Este último plazo tampoco se cumplió, pues en el mismo reporte se indica que "los trabajos se terminaron el 28 de febrero del 2015. El diferimiento final fue de 16 meses. Las variaciones de plazo y monto se dieron tras la firma de un contrato complementario y una orden de cambio.
Durante los trabajos de Ampliación (de 2 a 4 carriles) de la vía Pifo – Papallacta que incluye la construcción del puente Tambo, su valor subió en $25'734021,71, es decir en 108%. Su longitud es de 36,34 kilómetros, con lo cual el costo por kilómetro pasó de $654.479 a $1'362.625. El diferimiento en la entrega de la obra fue de 2 años y 6 meses respecto al plazo original.
 
Imagen: un tuit de la cuenta del MTOP donde se dice que la ampliación de la vía cuesta 40 millones de dólares.
Los trabajos empezaron en julio de 2012 a cargo de China Road and Bridge Corporation. En el reporte del Sitop, a enero de 2016, consta como una obra en ejecución. El monto inicial del contrato, firmado el 25 abril 2012, fue de por $23.783.767,97, con un plazo que concluía en mayo del 2013. Pero el monto subió a $49'517789,68, modificando el plazo también hasta el 30 de noviembre del 2015.
La firma de dos contratos complementarios y ocho órdenes de cambio sustentaron los diferimientos y el incremento del valor original en $25,73millones.
 
Lo que permite la ley
 
El ex contralor Marcelo Merlo explica que los contratos viales, por lo general se rigen por el sistema de precios unitarios, previsto en la Ley de Contratación Pública, lo cual implica que su valor puede variar por la aplicación de dos parámetros:  por los efectos de reajustes de precios (inflación) y por el uso de contratos complementarios, órdenes de cambio y aumento de cantidades de obra. Estas últimas tres figuras permiten aumentos hasta en un 70% sobre el valor ajustado a la inflación.
Merlo detalla que para el reajuste de precios se aplica una fórmula con los valores de los rubros (ítems) involucrados en la ejecución de una obra y cada rubro tiene un peso o ponderación específicos. Funciona igual que el índice de Precios al Consumidor. Si sube el costo de la mano de obra, de los materiales, de los combustibles, etc, su peso se reajusta proporcionalmente en el valor total de la obra.
En cuanto al segundo parámetro, la ley prevé que si es necesario ampliar, modificar o complementar una obra por causas imprevistas o técnicas debidamente motivadas, el Estado puede celebrar con el mismo contratista un contrato complementario siempre que mantenga los mismos rubros (ítems) del contrato, explica el experto.
La suma total de los contratos complementarios no puede exceder del 35% del valor del contrato ajustado a la inflación.
Si durante los trabajos se incrementan los volúmenes de material movilizados, se puede aumentar el valor del contrato hasta en un 25% del último monto reajustado del contrato.
Luego vienen las órdenes de cambio mediante las cuales la entidad contratante puede disponer un alza del monto de hasta un 10% del valor reajustado. Las órdenes de cambio se aplican para incorporar rubros (o ítems) nuevos en la obra.

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…PERO TENEMOS CARRETERAS


Imagen: Una vista aérea de la ruta Collas-Tababela, cuyo costo por kilómetro -16 millones/km- pasa a ser la más cara de América Latina, sino del mundo.
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MILHOJAS.IS y PLAN V
“En estos 9 años hemos invertido en vialidad más de $8.440 millones, seis veces más que los tres gobiernos anteriores juntos”.
Esta prédica sobre los ingentes recursos destinados para carreteras que el presidente Rafael Correa y sus ministros de Obras Públicas repiten en varias ceremonias inaugurales de obras, fue destacada nuevamente el pasado 5 de enero (con  cifra actualizada), por el primer mandatario durante la inauguración del Anillo Vial de Quevedo – Tramo II.
Aunque el presidente aceptó que la construcción de esta vía de 26 kilómetros demoró más de 4 años, ponderó sus beneficios directos para 200 mil personas, asegurando que modificará hasta el concepto del “buen vivir” en Quevedo.
No obstante, las demoras no fueron las únicas modificaciones en esta obra, que tuvo un plazo original de 1 año y 8 meses a partir del 26 de octubre del 2011, fecha en que se concretó la entrega del anticipo. Su valor inicial de $123,52 millones, financiados con bonos del Estado ($98,82 millones) y con el presupuesto general del Estado ($24,71 millones) subió a $155,74 millones (sin IVA), lo que significó que el costo por kilómetro se incremente de $4,81 millones a $6,06 millones, es decir en un 26%, aumento que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) autorizó, amparado en la aprobación de un contrato complementario y 4 órdenes de cambio. Su costo final fue de más de $180 millones, según Correa.
Documento: El listado completo de los 48 contratos base investigados por MilHojas.is y Plan V.
Pero las variaciones observadas en este proceso contractual no configuran una práctica aislada. Buena parte de los proyectos viales han registrado postergaciones e incrementos en sus valores originales. Esto, a pesar de que Correa emitiera el decreto 451, (publicado en el Registro Oficial el 18 de agosto del 2010) con el fin de evitar los retrasos, al establecer que en toda obra pública vial debe haber tres turnos diarios, siete días a la semana, y al menos dos frentes de trabajo. También se determinó que solo por motivos de fuerza mayor debidamente justificados, por incremento de obras decididas por la entidad contratante y “no imputables a falencias en los estudios, se podrán ampliar montos y plazos de contrato u órdenes de cambio”.
Se investigó una muestra de 48 obras ejecutadas por el MTOP, tomando valores de $10 millones en adelante. Los 48 procesos contractuales analizados fueron suscritos entre 2008 y 2015 y suman $1.843,67 millones (sin IVA). De esta muestra, se constató que el 93% ha tenido incrementos en sus valores originales que van del 6% al 270%. Mientras que los mayores diferimientos de los contratos llegan hasta los 4 años a partir de su fecha de entrega original. Las principales causas de los problemas, cuestionados incluso por las mismas autoridades del régimen, han sido las fallas en los cálculos de los rubros (o cantidades de materiales y distancias) o el aumento de rubros que no estaban previstos; la falta de estudios técnicos; la influencia de la temporada invernal y las dificultades en la geografía de las diferentes zonas de construcción o rehabilitación de las vías.
El MTOP ha autorizado esas variaciones mediante figuras como los contratos complementarios,  las órdenes de cambio y un mecanismo denominado costo más porcentaje.
La búsqueda de datos sobre los 48 procesos contractuales partió del sistema de contratación del Estado, que es el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), portal que funciona como un verdadero laberinto para encontrar información, pues solo durante 2 semanas se pudieron descargar los contratos, ingresando el nombre de la obra y el año de ejecución. Luego el sistema requirió el código de cada proceso contractual. Y poco tiempo después el sistema requirió especificar el tipo de contratación utilizada en el proceso, es decir: licitación, contratación directa, publicación especial, subasta, lista corta, etc…
Y por si esto fuera poco, en este portal no se encontraron los contratos de todas las obras seleccionadas en la muestra, por lo que se recurrió a informes de rendición de cuentas de las direcciones provinciales del MTOP, estudios de auditoría interna de esta misma cartera de Estado, informes de la Procuraduría General del Estado y de la Contraloría, así como los reportes del Sistema Integrado del Ministerio de Obras Públicas (SITOP). Se complementó la información con las publicaciones de los medios de comunicación, sobre todo del Gobierno.
Hemos tomado como ejemplos 4 carreteras que refleja este modus operandi.

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Nívea Vélez: ‘En el IESS, donde poníamos el dedo salía pus’

Imagen: Nívea Vélez, viceprefecta de Loja, en 2010 hizo graves denuncias sobre el manejo del IESS.
“El IESS va a quebrar”. Esta advertencia la hizo en 2009 Nívea Vélez. Han pasado los años y se mantiene en su premisa ahora que es viceprefecta de Loja, líder del Movimiento de Municipalistas Independientes y exasambleísta por su provincia entre 2009 y 2013. En diálogo con Mil Hojas, Vélez asegura que, más pronto de lo que imaginó, la crisis del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ha tocado fondo.
¿Las causas? “Podría contarle días enteros de las inmoralidades que se daban en la administración de Ramiro González”, sostiene. Habla con claridad, habla sobre el presidente del Directorio del IESS, que llegó a ese puesto como delegado del presidente, Rafael Correa, y que ahora se ha subido impunemente en el tren de la oposición en la autodenominada Unidad. Vélez, mujer más bien tranquila y de reacciones equilibradas, no puede ocultar su indignación cuando se le pregunta qué ha pasado con las denuncias de presuntos actos de corrupción en el manejo del IESS, que viene realizando desde hace seis años. Levanta el tono de voz para asegurar que González convirtió al Instituto en la plataforma para crear Avanza, su movimiento político. Según ella, lo hizo a vista y paciencia del presidente Rafael Correa, a quien contentó todo el tiempo comprando, con los fondos de los afiliados y jubilados, cuanto bono emitía el Ministerio de Finanzas.
Documento: la denuncia de Nívea Vélez, sobre las irregularidades en el IESS,  al contralor Carlos Pólit y al  fiscal general, Washington Pesántez.
En esta entrevista, Nívea Vélez hace un recuento de anomalías como la adquisición del call center en 8 millones de dólares y la adjudicación de ese contrato a una empresa de correo (courier) sin experiencia ni oficina, el escándalo de los medicamentos caducados, el de sobreprecios en camas y en equipos médicos. Uno de los aspectos que más le preocupan es la reducción de la deuda del Estado con el IESS, que pasó de más de 13 billones de sucres a 800 millones de dólares.   Para colmo, los organismos de control mantienen silencio pues no hay resultados, o al menos no los han dado a conocer,  sobre las denuncias acompañadas de voluminosa información de respaldo  que la legisladora, como presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, remitió al contralor Carlos Pólit y al fiscal general Washington Pesántez, dos alfiles del correísmo que ahroa se rasgan las vestiduras.
Ante la inacción de estas autoridades, la política lojana apunta a exigir que la agenda de los candidatos a las elecciones de 2017 incluya la fiscalización a la administración del IESS desde la presidencia de Ramiro González.
En julio de 2010 usted entregó al contralor los resultados de una auditoría efectuada a la administración del IESS al mando de Ramiro González, expresidente del Consejo Directivo, y alertó sobre presuntos actos de corrupción que afectan la solvencia  del Instituto y la sostenibilidad de los servicios a los afiliados. ¿Qué ha pasado desde entonces?
Antes de responder, me gustaría indicar cómo me involucré en este tema. Cuando asumí la Presidencia de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social empecé a tomar contacto con organizaciones de jubilados y de servidores públicos. También conocí de primera mano la mala calidad de los servicios de salud, las violaciones de los derechos de los médicos, que estaban 3 o 4 años haciendo internados y no tenían afiliación. Así empecé a darme cuenta de cómo se venía manejando el seguro social porque las quejas eran permanentes  en la Comisión. Entonces empezamos a pedir información, en principio con una cordial comunicación con el presidente del Consejo Directivo del IESS en aquel entonces, Ramiro González. Pero, él pensó que era una relación de amigos y que podríamos llegar a “acuerdos” también entre amigos, llevar la fiesta en paz y tapar todo lo que se estaba dando.
¿Qué le propuso?
Una vez que lo visité con María Augusta Calle (asambleísta del movimiento oficialista Alianza País)  por uno de los temas que más me ha preocupado: el de las madres comunitarias. En ese tiempo, en la Asamblea se discutía la Ley de Educación. Nosotros intentábamos que se reconozcan sus derechos porque prestan sus servicios 5, 10, 15 años en los centros de desarrollo infantil y no tenían afiliación al Seguro Social. De manera reiterada, Ramiro González insistía en la buena relación que debíamos tener para manejar estos temas y los administrativos. En una segunda ocasión lo visité porque había problemas con el manejo del ingenio y queríamos conocer lo que estaba pasando. Cuando empezamos a pedir información  no le gustó pero, como los asambleístas tenemos  la potestad de fiscalizar, nos entregaron la información y eso nos sirvió para encontrar una serie de barbaridades.
¿Qué barbaridades?
Voy a citar las que me acuerdo más rápidamente, desde las de poca monta hasta las de gran monta. Recuerdo, por ejemplo, que la presentación al señor presidente de la República de unas ambulancias en la avenida de Los Shyris costó sobre los 100 mil dólares. Para la inauguración de un ascensor que costó 35 mil dólares gastaron alrededor de 37 mil dólares. Esto para citar hechos pequeñitos.
¿Y los grandes?
Al presidente del Consejo (Ramiro González) se le ocurrió que cada afiliado debía tener una tarjeta similar a las de retiro y débito que dan en los bancos.  En menos de ocho días este proceso tuvo los vistos buenos de todos los departamentos.
¿Cuál era el costo del proyecto?
Me paree que pasaba de los 10 millones de dólares implementar ese sistema de tarjetas. Lo sorprendente es que unos vistos buenos le daban en la mañana y otros en la tarde. Fue el proceso más veloz.
¿Pero eso no prosperó, qué pasó?
Logramos pararlo porque denunciamos esa barbaridad.
¿Qué más recuerda?
Otro hecho terrible fue el de los viajes que el  presidente del Consejo Directivo del IESS (Ramiro González) y sus allegados  realizaban al exterior para “promover” la seguridad social. Si usted revisa los datos de afiliados fuera del país, no justifica ni un viaje Quito – Loja.


En el fondo lo que estaban haciendo es formar su movimiento político en el exterior. Luego González puso a Argudo de coordinador y asesor general del BIESS. Así se tomaron el Seguro Social y, para que el presidente Correa no lo moleste por este mal manejo le daba justo en todo….


¿Cuánto gastaron en esos viajes?
No recuerdo el valor, tendría que revisar, pero viajaba el señor presidente del Consejo con la directiva, con sus aliados, con la señora María Sol Larrea, directora del  Hospital Andrade Marín; con el señor John Argudo,  director de Avanza. En el fondo lo que estaban haciendo es formar su movimiento político en el exterior. Luego González puso a Argudo de coordinador y asesor general del BIESS.  Así se tomaron el Seguro Social y, para que el presidente Correa no lo moleste por este mal manejo  le daba gusto en todo.
¿En qué le daba gusto?
En la permanente compra de bonos del Estado, que es una de las causas de la grave situación que atraviesa el IESS. Eso es parte de la denuncia que hice a la Fiscalía y a la Contraloría.
En todos los gobiernos el IESS ha comprado bonos del Estado. ¿Cuál es la ilegalidad?
Mire, en los resultados de la auditoría que hicimos consta que, pese a que había informes de la Comisión de Inversiones del IESS, que decían que no se puede comprar bonos porque el país tiene un alto riesgo, lo hacían cuando querían. Además compraban los bonos a 10 y 15 años con una rentabilidad de 3.5% mientras en ese mismo tiempo, a plazos de 5 y 7 años se endeudaban con los chinos al 7% de interés. Es una barbaridad lo que han hecho con el Seguro Social.
En lo que respecta a la deuda del Estado con el IESS ¿Qué irregularidades detectaron con la auditoría?
La otra parte de mi denuncia fue sobre este tema. El presidente Correa dispuso que se haga un licuado de la deuda en el 2008. Por eso la deuda se pulverizó, porque la convirtieron a un dólar de 25 mil.  Ese es el desagio que llaman. Luego hicieron un convenio de pago en el que nunca quisieron incluir la deuda de atención en salud.
¿A cuánto asciende la deuda en salud?
Con ese desagio, esta deuda quedó en algo más de $400 millones. En 2008 se firmó un convenio de pago y se comprometieron a realizar de manera inmediata los estudios actuariales, pero nunca cumplieron y, si lo hicieron, fue a escondidas porque sabían que estaban haciendo otra barbaridad.  González permitía todo esto para no disgustar al presidente Correa y porque quería vía libre para hacer lo suyo.
¿A qué se refiere?
A que compraba todos los bonos que el Ejecutivo quería y Correa no se metía en nada, así González creó su movimiento Avanza, aprovechándose del Seguro.
¿Qué otra barbaridad recuerda?
La inversión del IESS en el campo petrolero Pañacocha  es el caso más emblemático.  El IESS puso la mayor parte del capital  que asciende a 165 millones de dólares. Las compañías petroleras no ponen sino la maquinaria y los técnicos.
¿No es una buena inversión?
El problema es que empiezan la negociación con una rentabilidad del 10%, pero solo para camuflar el préstamo. En verdad es un crédito y para camuflarlo crearon un fideicomiso que recibe el 50% de las utilidades. Este proyecto era 120% rentable, pero resulta que luego las ganancias bajan al 10% y cuando suscriben el convenio al 5%. Todavía nadie nos responde ni explica qué pasó con ese 5%. Esos son los tres puntos básicos que denuncié. Lastimosamente no avanzamos a denunciar todas las barbaridades que encontramos: donde poníamos el dedo había pus.
¿Qué casos no llegaron a denunciar?
Recuerde usted el contrato del call center que el IESS dio a un courier. Fue la cosa más vergonzosa porque no tenía ni oficinas, peor experiencia y le dieron el contrato. El señor Ramiro González se llevó en peso el Seguro Social y es el culpable de todo lo que está pasando. Mire usted, en 2011 y 2012, ya desesperados los miembros del Consejo de Participación Ciudadana con un informe sobre 16 casos de corrupción detectados en una investigación realizada por una veeduría en Guayaquil, empezaron a solicitar que González se presente e  informe sobre las denuncias, pero él se burló de todas las funciones del Estado.
¿De qué manera se burló?
A Andrés Páez y a mí nos llegó de manera anónima una carta con todas las preguntas que la señora Marcela Miranda, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) hizo a González. Por ejemplo, le  preguntó sobre el escándalo de los medicamentos caducados, sobre los sobreprecios en las camas, los sobreprecios en los aparatos de medicina nuclear. Fueron 16  puntos sobre denuncias de corrupción. Yo me trasladé a Guayaquil para reunirme con los miembros de la veeduría y, créamelo, fue impresionante ver los documentos alterados que  nos mostraron. Se le permitió todo a González porque a cambio compraba todos los bonos que el Gobierno sacaba. Fíjese lo que se hizo con el ingenio al dejar que empiece a producir con pérdidas para venderlo a precio de  gallina muerta.  Lo mismo querían hacer con el Hotel Quito, más les costaba mantenerlo que lo que producía. Hubo un manejo perverso del IESS asociado al compromiso político con el partido de Gobierno. Por eso me sorprendió cuando González dice que se va porque Correa le quita el 40% de aporte al IESS.
¿Pudo alguna vez explicarle al presidente Correa sobre las presuntas irregularidades que se estaban cometiendo en el IESS?
Una vez,  el presidente Correa convocó  a los alcaldes y prefectos  una reunión para tratar la Ley de Servicio Público y el Cotad.  Asistimos Virgilio Hernández (asambleísta de AP y presidente de la Comisión de Descentralización) y yo por ser presidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social a Virgilio. El señor presidente no pudo disimular su molestia al verme ahí, pero tuvo que soportarme porque los alcaldes querían información sobre la Ley de Servicio Público, que se debatía entonces.  Cuando terminó la exposición mía, yo consideré oportuno retirarme y el señor presidente Correa me llamó la atención y me dijo: ‘Nidia, no nos sigas cuestionando por el tema del IESS’.  Yo le dije que me parecía el colmo todas las irregularidades que estaban dándose. Correa dijo que si tenía las pruebas me iba a llamar para que le muestre todo lo que había denunciado. Todavía no me ha llamado. Otra cosa, sobre el famoso tema de la clínica del primo de Ramiro González en Loja, al señor Correa debería darle vergüenza acusarle a González recién ahora porque yo hice la denuncia escrita y en Teleamazonas.  Para desviar la atención, el presidente agradó el asunto de si había desayunado o no en un mercado de Loja, cuando yo dije que le habían llevado el desayuno de un hotel.  Para eso me respondió  haciéndome una cadena  y nada dijo cuándo denuncié que el señor González contrataba la clínica de su primo. Por eso a mí me sorprende que ahora los compadres se peleen y suelten  verdades a medias. Yo creo que la pelea quedó ahí porque de lado y lado se conocen las costuras. Podría contarle días enteros de las inmoralidades que se daban en la administración de Ramiro González.


Es la más grande y descarada metida de mano porque el señor González abrió la puerta cuando permitió comprar bonos sin financiamiento, cuando permitió que no se pague la deuda, cuando encubrió que no se hagan los estudios actuariales…


¿Por todo eso usted afirma que el IESS está quebrado?
Sin duda. Es la más grande y descarada metida de mano porque el señor González abrió la puerta cuando permitió comprar bonos sin financiamiento,  cuando permitió que no se pague la deuda, cuando encubrió que no se hagan los estudios actuariales. Con María Augusta Calle lo visitamos dos veces porque estábamos preocupadas por esta situación y la crisis se agudizó antes de lo que imaginamos.
¿Qué han hecho los organismos de control? ¿hay algún resultado luego de seis años de haber puesto en su conocimiento las presuntas irregularidades detectadas por ustedes y la Veeduría de Guayaquil?
No sabemos nada de la investigación que se le pidió al contralor (Carlos Pólit). ¿Qué pasó con  la denuncia que presenté en la Fiscalía?. Incluso me llamaron a reconocer la firma y fui con mi abogado. Sentí un alivio porque dije que eso era un adelanto, pero de ahí no pasó. Es inconcebible que alguien que ha causado tanto daño al IESS siga campante. Esta crisis es su responsabilidad porque permitió que el Gobierno no pague  la deuda al IESS, pese a ello siguieron comprando bonos sin ninguna rentabilidad. Ahora no hay ni ninguna posibilidad de que sean vendidos. El Seguro ha cogido un montón de papeles desde el año 2008, de la manera más vergonzosa y sin ningún respaldo.  Pero de eso nada dice el presidente de la República, nada dice respecto a la inacción de la Fiscalía y la Contraloría, eso no topa el señor Correa. Ahora hace bulla porque González  ha contratado la clínica del primo, como que recién se enterara.
El argumento de Correa y González, para justificar la compra de bonos,  ha sido que antes el dinero del IESS estaba alimentando a la banca internacional y ganando el 1% de interés y ahora está bien invertido.
Eso dicen, pero no es verdad. Así fuera ganando el 1% la plata estaba ahí, ahora simplemente no la tenemos. Era muy fácil prever que esta enorme y abusiva compra de bonos nos llevaría a esta debacle.  El asunto es simple: mientras el uno se daba gusto formando el movimiento Avanza y haciendo negocios, le mantuvo al Gobierno  la puerta abierta para que se lleve la plata de los afiliados al Seguro Social.
PREGUNTA: ¿Qué piensa hacer?, ¿presionará a los organismos de control para que cumplan su deber de investigar y sancionar a los responsables?
Mientras dure este gobierno no lo harán. Más bien creo que la agenda del nuevo aspirante o del nuevo presidente del Ecuador  tiene que incluir la fiscalización al IESS. Eso será decisivo para votar por uno u otro. Es importante que se establezcan responsables. Es insólito  ver cómo el señor Ramiro González, ahora que ve que este Gobierno no da más, quiera políticamente adosarse a otro lado para que lo protejan, para que no se le investigue.
¿Usted quiere decir que la pelea entre Correa y González no es real?
No se van a topar más. Estoy segura de que si otra persona le hubiera dicho al presidente de la República  lo que González le dijo, habría ido a la cárcel. Ahí cada quien se habrá dicho: ‘A ver, si me topas pasa esto’.  
¿Cree usted que la ciudadanía, en especial los afiliados, no dimensionan la real magnitud de la crisis del IESS? ¿Qué recomienda?
Varias cosas. Lo primero es que los afiliados no dejemos que esta pelea sea solo de los jubilados. Toca hacer causa común. Yo comparo y digo que cuando uno tiene 1000 dólares de ahorros en el banco y éste se cierra, protestamos y exigimos que nos devuelvan la plata. En el IESS está nuestro patrimonio, nuestro ahorrado de toda la vida. Debemos entender que el seguro es nuestro y meternos muy fuerte para que  la agenda de nuestro próximo gobernante tenga como punto principal el tema de fiscalizar al Seguro Social. Debemos exigir  una auditoría sería para que paguen los culpables. Claro que para que eso se cumpla hay que buscar la unidad de la mayoría de partidos. Ese es el gran reto.

¿Qué puntos clave debe incluir esa fiscalización que se exigirá que conste en la agenda de los presidenciables y del nuevo gobernante?
Lo primero es que se revea la eliminación del 40% y exigir que se transparente la deuda de atención en salud. Hay confusión porque no hay recibos, facturas. Me pasé los 4 años que fui asambleísta  exigiendo eso y no tuve respuesta.
¿Usted  tiene un estimado de esa deuda?
Es una cuestión bastante escondida. Tuvimos información de la firma de este convenio del 2008 sobre los 480 millones de dólares. Imagínese usted que luego se abrieron los convenios con clínicas y, sin embrago,  no se ha transparentado la deuda, no se ha hecho un estudio actuarial serio. Otro punto a investigar es la compra de bonos a un país en situación de riesgo, pese  a un informe de la Comisión de Inversiones del IESS, en el que la señora Enma García decía por Dios no compren bonos porque el país tiene un alto riesgo.
¿La salida de Ramiro González del IESS y el nombramiento de Richard Espinoza es positiva para una efectiva fiscalización?
De ninguna manera. Cuando nombraron al señor Espinoza yo puse en mi Twitter que es el hombre perfecto para acabar con el Seguro social. No se olvide que Espinoza es el ejecutor del Decreto 813. Es el perfil correcto para lo que el presidente Correa quería con el Seguro Social.
¿Qué pasará con los afiliados y jubilados?
Ya está pasando, la crisis llegó más rápido de lo que pensamos. La situación se irá agravando porque el presiente Correa sigue echando mano del IESS. Pese a la crisis, en diciembre del año pasado el IESS volvió a comprar 81 millones de dólares en bonos  del Estado. Es decir que lo están exprimiendo hasta la última gotita. Yo advertí que iban a bajar la pensión de los jubilados, dijeron que no es cierto. Revise las cifras y se dará cuenta de  su incremento fue el equivalente a la inflación. Eso les perjudicó.
¿De cuánto debió ser el incremento?
Recordemos que en el año 2010 aprobamos la ley que estableció  incrementos  del 4% al 16%. Gracias a eso muchos  beneficiarios de montepío que recibían pensiones de 90 dólares pasaron a recibir 160 dólares mensuales. El ex legislador  Proaño Maya destacó que ese fue el incremento más importante en la vida de los jubilados. Lamentablemente este Gobierno ha empezado a restringir  esos beneficios. También hay problemas en la atención médica y están disminuyendo los créditos del BIESS. Han quebrado la seguridad social.
¿Qué otras consecuencias advierte?
Mire, mucha gente no entiende lo grave que es no haber hecho un estudio actuarial serio. Solo han tomado medidas demagógicas, el Seguro Social no ha sido manejado técnicamente. Acuérdese lo que pasó cuando el señor Correa lanzó el tema de la afiliación de las amas de casa. Eso es una tomadura de pelo  y a muchas  amas de casa todavía les sacan en las sabatinas dando gracias al Gobierno.
¿Por qué es una tomadura de pelo?
Ese proyecto tenía otra connotación. Cuando lo analizamos sugerimos que a estas señoras se les de todas las prestaciones, pero pudo más la demagogia y ataron la afiliación al marido. Luego direccionaron la afiliación a las beneficiarias del bono de desarrollo humano, que es un subsidio intermitente. Eso no les garantiza la atención en salud, por ejemplo. Es  una barbaridad lo que se ha hecho.
¿Qué opina respecto al reciente anuncio de Richard Espinoza de auditar el costo de las derivaciones a las clínicas privadas, porque han detectado irregularidades y le  cuestan al IESS más de 800 millones al año?
Lo que pasa es que este tema se les fue de las manos. No era una propuesta mala, pero fue mal manejada. Paralelamente el IESS debía fortalecer los hospitales, pero se limitaron a cambiar el asiento viejo por un nuevo, el televisor chico por un plasma, porque eso les deja un porcentaje e impacta en la visión de la gente. Pero en cuanto a medicina no hay nada, les siguen dando la misma paracetamol a todos les duela lo que les duela.


Pidamos información sobre cuantos convenios con las clínicas tenía la señora María Sol Larrea, que era administradora del IESS. Investiguen eso y van a ver cuánto dinero les pagaban a ella, al señor Ramiro González y a sus amigos…


¿Por qué afirma que lo de las clínicas privadas se les fue de las manos?
Porque también lo manejaron discrecionalmente. Pidamos información sobre cuantos convenios con las clínicas tenía la señora María Sol Larrea, que era administradora del IESS. Investiguen eso y van a ver cuánto dinero pagaban a ella, al señor Ramiro González  y a sus amigos. Incluso a este señor le escuché decir una vez que tienen el orgullo de haber  revivido al Hospital de los Valles. Yo pregunto: ¿Ese es un objetivo del Seguro Social? Así lo dijo en Radio América,  mientras los hospitales del IESS están en agonía. Todo esto hay que investigar. Por  eso necesitamos que en la agenda de los candidatos este sea un punto importante y que no se hagan los disimulados para recibir el apoyo de Avanza, el movimiento que González creó aprovechando su condición de presidente del Consejo Directivo del IESS.
Además de exigir que la fiscalización a la administración del IESS desde la época de Ramiro González sea un punto clave en la agenda de los candidatos a las elecciones de 2017, ¿tiene otro plan para evitar que sus denuncias sigan guardando polvo en los archivos de los organismos de control?
Desgraciadamente no tenemos Asamblea Nacional. Por un lado los asambleístas de Gobierno tapan todo y, por otro, muy poquitos de oposición han querido topar estos temas. Yo seguiré trabajando, diciéndole a la gente que tome conciencia, hablando en los medios nacionales, en los medios locales, contando todas estas  barbaridades que han hecho con el dinero del IESS, que es el principal patrimonio de los afiliados.
LA ENTREVISTADA
Nívea Vélez Palacio: Viceprefecta de Loja.
Mujer del Año 2015 designada por el Comité Ecuatoriano de Cooperación con la Comisión Interamericana de Mujeres (Cecim).
Exasambleísta por su provincia y parte del Movimiento Municipalistas Independientes. Fue presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social de la Asamblea Nacional. 
Licenciada en Ciencias de la Educación, catedrática.

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Nívea Vélez: ‘En el IESS, donde poníamos el dedo salía pus’ (2)

Eliminación del 40% y ampliación de la cobertura, los peores golpes que un Gobierno ha dado al IESS
El 20 de abril de 2015 entró en vigencia la Ley de Justicia Laboral. En lo que a seguridad social respecta, la norma permite que cerca de un millón y medio de amas de casa se afilien. Al mismo tiempo elimina la obligación del Estado, contraída hace 70 años, de aportar el 40% del valor de las pensiones jubilares, que equivale a $1 100 millones por año.  Para ello, el movimiento gobiernista Alianza País (AP) reformó el artículo 237 de la Ley de Seguridad Social y, en lugar de fijar un valor o porcentaje, dispuso que el Estado solo invierta en los jubilados cuando haga falta. No estableció cómo ni con qué recursos.
Imagen: Paulina Guerrero, exrepresentante de los trabajadores del IESS, fue estituida. Ella tenía una visión crítica del manejo del Ginerno en la seguridad social.
El argumento que esgrime el Gobierno de Rafael Correa para justificar esta reforma es que el IESS tiene superávit. Según expertos en seguridad social,  ese superávit proviene principalmente del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, que incluye las pensiones jubilares.
Los efectos de las reformas empezaron a sentirse a fines de 2014 cuando  se registró un déficit superior a 500 millones de dólares en el fondo de salud. Otra reforma a la Ley de Seguridad Social aprobada en 2010 ya mermó la sostenibilidad de los fondos del IESS al incluir a cónyuges e hijos menores de edad de los afiliados como beneficiarios de la atención médica gratuita en hospitales públicos y privados con convenios con el IESS. Aquello desbordó la demanda de servicios pues se estima que los afiliados tienen cuatro millones de hijos. Atenderlos supuso un gasto de 65 millones de dólares en 2014, sin que el IESS reciba nada de ellos.
Esta política clientelar es la que, en opinión de Nívea Vélez y Paulina Guerrero, tiene al Instituto al borde de la quiebra pues resulta insostenible dar cobertura cerca de nueve millones de beneficiarios, de los cuales la mitad aporta. Por ello, el dinero que sobra en pensiones jubilares falta en otros fondos como el de salud.

Por ello, ambas enfatizan en la necesidad de que el Consejo Directivo cumpla su compromiso de hacer un análisis actuarial técnico. Solo de esa manera se  podrá hacer una proyección económica confiable que mida la sustentabilidad de la seguridad social tras la eliminación del aporte estatal del 40%.
De varios estudios efectuados hasta el momento, uno estima que el IESS será sustentable 12 años, otro 23 años y un tercero advierte que, para 2050, habrá un déficit de 70 000 millones de dólares.
Entre las tantas personas que han advertido el impacto de la eliminación del 40% está la ex intendenta de Seguridad Social, Carmen Corral. Para ella, la Ley quebrará el fondo de pensiones y, cuando eso ocurra, al Gobierno no le quedará más opción que  elevar los aportes de los afiliados, subir la edad para jubilarse y aumentar la base de cálculo de la pensión.
El panorama es sombrío. En 2011 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) efectuó un estudio según el cual el déficit del IESS se evidenciaría en el año 2030. Pero ojo que esa estimación fue antes de que el correismo eliminara el 40%, lo que implica que la crisis se agudiza de forma inmediata, como está ocurriendo en la actualidad. Según el organismo, la deuda del Estado con el IESS bordearía los dos mil millones de dólares  en 2030 y 10 000 millones en 2050. Este cálculo incluye el impacto del crecimiento demográfico en las finanzas del Instituto, debido a las variaciones que, en los últimos 25 años, han registrado las tasas de fecundidad y de esperanza de vida.
Este análisis se basa en cifras de la Cepal según las cuales en 1990 cada ecuatoriana tenía en promedio 3,67 hijos y, en 2010 2,48. La esperanza de vida, en tanto,  aumentó de 69 a 75 años. Si esta tendencia se mantiene quiere decir que los aportantes van disminuyendo y los jubilados aumentando.
Esto afecta la sostenibilidad del financiamiento de las pensiones jubilares pues sin el 40% de aporte estatal, la principal fuente de financiamiento del Fondo de Pensiones son los aportes de los nuevos afiliados, pero cada día son menos.

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Con el nuevo comandante de Policía cae la ‘Hermandad del Sol’


Imagen: El ministro del Interior, José Serrano, junto con el destituido comandante de la Policía, general Fausto Tamayo.
En 2015 se vivió uno de los capítulos más inusitados de inteligencia y contrainteligencia en el Ecuador. La Policía Nacional fue la institución en disputa entre los servicios de inteligencia norteamericanos y ecuatorianos con asesoramiento de cubanos y venezolanos. Al final, el Gobierno de Rafael Correa ha tomado el control de la inteligencia en la Policía y no dudó en utilizar a dos generales para que hicieran una purga interna y, luego, cuando ya todo estuviera consumado relegarlos y poner a un hombre de total confianza en la comandancia general de la Policía.
Así se enterró a los oficiales que formaron la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES) de la Policía que tuvo total independencia y solo respondía ante el comandante general de la Policía y este, a su vez, al presidente. Fue un proceso que arrancó en junio de 2009, cuando el Gobierno de Rafael Correa creó la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) y buscó tomar el control de los servicios de inteligencia de la fuerza pública. Era una cuestión de soberanía, aseguró el Gobierno, para evitar la injerencia de terceros países. Contradictorio o no, el Régimen tuvo la ayuda de un aparato de inteligencia externo para lograr su cometido: tener el control total de la Policía.

***

El 3 de julio de 2015 el ministro del Interior, José Serrano, anunció en su cuenta de Twitter la salida del entonces Comandante General (CG) de la Policía, Fausto Tamayo, por actos de corrupción. “Iniciamos investigación administrativa por actos de corrupción en pases de Policía. Por lo que el comandante general Fausto Tamayo ha presentado su baja", escribió Serrano y advirtió que la terna de selección para el nuevo CG ya se había presentado al presidente “mientras tanto ejercerá el cargo el General Patricio Pazmiño”.
Imagen: El mensaje de Twitter del ministro Serrano.
Serrano dijo que, según investigaciones en los pases de policías, se habrían cobrado entre USD 1 500 y 5 000 y se habrían registrado más de 1 500 pases.
Se trató de un negocio que tenía como piso de corrupción $2’250.000 y que su protagonista era el oficial del más alto nivel de la institución. Sin embargo, el Gobierno nunca se ensañó con Tamayo, de hecho lo protegió y permitió su salida en total silencio.
Una historia diametralmente distinta a la que enfrentó la asambleísta esmeraldeña de PAIS, Esperanza Galván, expuesta por todos los medios posibles y ya sentenciada por haber extorsionado a una empresa constructora a nombre del vicepresidente Jorge Glas y que recibió $800.000.
La salida de Tamayo abrió el camino para que dos generales, hombres duros de la  ex Unidad de Investigaciones Especiales (UIES), Patricio Pazmiño y Juan Carlos Barragán, sean considerados en la terna de selección para nuevo Comandante General.
Los dos contaban con las más altas credenciales de combate al crimen organizado. Su formación les capacitaba dirigir la institución y además fortalecer el sistema de inteligencia policial. Pero eran cercanos al sistema de inteligencia de los Estados Unidos y ese era su pecado.
Barragán se desempeñó como Jefe Nacional Aantinarcóticos, Pazmiño como Jefe de Operaciones; desde esos cargos hicieron importantes incautaciones de droga ¿Con qué información? Con la que les daban sus aliados de los Estados Unidos.

***

Nunca fue un secreto que el Gobierno buscó eliminar a todo oficial de mayor o menor rango que hubiese sido parte de la UIES. En 2008, luego del bombardeo y destrucción del campamento de Raúl Reyes en Angostura, el Gobierno constituyó una comisión especial que investigó la supuesta infiltración de agencias internacionales en la inteligencia ecuatoriana. Un año después esa comisión emitió un informe que aseguró que existía “carencia de mecanismos que garanticen la subordinación de los sistemas de inteligencia en el ámbito político”.
Desde entonces el Gobierno trabajó en silencio para librarse de ellos y ahora podía hacerlo con Pazmiño y Barragán. Pero antes debían aprovechar su situación.
En el juego de la inteligencia se sabe que los resultados son posibles si se cuenta con la irrestricta ayuda de un sistema más grande. Es decir, la colaboración con entidades de otras naciones que permitan intercambiar información y operar con eficiencia. Y si antes fue Estados Unidos, hoy lo son cubanos y venezolanos.
Desde hace mucho que el Gobierno de Correa incorporó a su retórica y sus acciones la  asesoría de expertos de inteligencia de esos países. No se trata de supuestos: tácticas cubanas ya se usaron contra los opositores que protestaron en las calles de Quito. El 13 de agosto, cuando fue detenido el prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, en la Plaza de Santo Domingo en Quito, un grupo de civiles lo agarró a golpes por la espalda; fue jalado a rastras hasta el cordón policíal, golpeado y detenido.
En las protestas contra la aprobación de las reformas a la Constitución el pasado 3 de diciembre, se  documentó en vídeo cómo civiles atraparon  a un manifestante y golpes arrastrado hasta los policías.
Video: Así operan los infiltrados para apresar y amedrentar a quienes protestan en las calles. El estilo cubano desarrollado en Venezuela y ahora utilizado en Ecuador.
Serrano alargó el proceso de selección de la terna y en un hecho sin precedentes en la historia de la Policía, encargó temporalmente, por 63 días, la comandancia a Patricio Pazmiño.
En ese período el ministro les aseguró a los dos generales que la Comandancia General sería ocupada un año por cada uno. Les dijo, además, que se despreocuparan del general Mejía, tercero de la terna, ya sería relegado.
El acuerdo tuvo una condición: debían realizar una purga de los oficiales que no tenían la confianza de la revolución ciudadana. En otras palabras: pidieron hacer el trabajo sucio del Gobierno.
Imagen: Francisco Latorre, en una visita al presidio con de los hermanos Ostaiza Amay, acusados de narcotráfico. En la foto, Latorrea habla con Edison Ostaiza.
Los dos oficiales estaban convencidos que sus hojas de vida y el acuerdo con Serrano eran suficientes. Contaban además con un plus: supuestamente los Estados Unidos presionaron al régimen para retomar la política de lucha contra el narcotráfico y borrar las marcas de los hermanos Francisco y Mario Latorre. El primero, el hombre que salvó al presidente en el Regimiento Quito el 30 de Septiembre de 2010, el único hombre que caminó junto al mandatario en medio de gases lacrimógenos, mantuvo supuestos vínculos con los hermanos Ostaiza Amay, capturados en el operativo Huracán. El segundo, Mario, asesor directo del presidente, implicado en el Caso Resurgir que capturó una tonelada de cocaína en Esmeraldas, en una propiedad que supuestamente le pertenecía.
Desde sus rangos buscaron eliminar a otros oficiales, tal como les pidió Serrano, pero éste incumplió y fueron separados de la Policía. Sus acciones solo lograron fortalecer al ministro Serrano, que por primera vez, tiene el control de la inteligencia de la Policía, sin las injerencias extranjeras del pasado y a su vez colabora estrechamente con las políticas antinarcóticos de los Estados Unidos.

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A sí se dio fin a la llamada 'Hermandad del Sol', una agrupación de altos oficiales que pertenecieron a la UIES, que décadas atrás se propuso cooptar por siempre la Comandancia General de Policía…


El 8 de septiembre de 2015, el presidente, Rafael Correa, emitió el decreto ejecutivo que nombró Comandante General a Diego Mejía Valencia, un general que se desempeñó como Director General de Inteligencia y que al momento de su selección era Subsecretario de Policía y hombre por demás cercano al ministro José Serrano.
Así le dio fin a la llamada 'Hermandad del Sol', una agrupación de altos oficiales que pertenecieron a la UIES, que décadas atrás se propuso cooptar, por siempre, la Comandancia General de Policía.
Hoy en día Serrano controla el trabajo de inteligencia y las acciones que algún día realizó la UIES, cuenta con aproximadamente 800 hombres, pero su presencia no es el eje vertebrador de todo el sistema y está lejos de ser el funcionario que consolide todo el cuerpo de inteligencia.
En la Secretaria Nacional de Inteligencia (Senain) tampoco se ha logrado consolidar la presencia de un funcionario que controle todo el sistema, en 2009 cuando el Gobierno bosquejó un plan para que toda la inteligencia forme parte de una misma estructura, siempre subordinada al poder civil, el  ministro de seguridad interna y externa de ese entonces, Miguel Carvajal, planteaba la necesidad de contar con una política pública de procesamiento de información que defina roles claros sobre el qué hacer y que estén en pleno conocimiento las autoridades políticas”.
Si el gran paso fue desarticular la antigua inteligencia para crear la Senain , está se articuló con sus anteriores miembros y por tanto con los mismo vicios. La Senain arrancó de la mano de Francisco Jijón, amigo de Carvajal, un civil sin capacidad de manejar los subsistemas de la inteligencia del Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Policía.
Tampoco contaba con la tecnología necesaria para luchar contra el crimen organizado y espiar a los opositores. Hasta entonces el proyecto Libertador, impulsado con apoyo de la embajada americana, era el único sistema que pretendía incorporar escuchas telefónicas, autorizadas desde la fiscalía. Pero fue dado de baja porque las autoridades civiles creían que no tendrían control sobre ese proyecto.
Con toda esa debilidad enfrentaron el 30 de septiembre de 2010. Entonces comprendieron que no podían gobernar sin contar con inteligencia, tomaron decisiones para no volver enfrentar condiciones vulnerables.

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La real reestructuración de los estamentos de inteligencia ecuatorianos llegó con la mano firme del excomandante de la Armada Homero Arellano, hombre por demás cercano al entonces vicepresidente Lenin Moreno.
Arellano ya había intervenido con fuerza e influencia a inicios del Gobierno en 2007. Entonces el presidente Correa le brindó la confianza para que la Armada maneje Petroecuador y Flopec. Lo hizo por cuatro años a través de oficiales de confianza como Fernando Zurita y Luis Jaramillo.
Hombre de estrategias, conocía además muy bien cómo funcionaban los negocios de la elite social cristiana con en el Estado, ya que estuvo al frente Dirección General de Marina Mercante. De hecho su salida de la Armada fue por un enfrentamiento político causado por intereses económicos social cristianos.
Fuentes informativas que conocieron su trabajo en la Senain y conversaron con este portal en total reserva, recuerdan que al tomar posesión de la secretaria, Arellano que se movió mucho entre Colombia y Panamá. Dijeron además que Arellano consolidó el mando con César Navas, su hombre de confianza en el Ministerio de Seguridad  Interna y el Externa y Luis Yépez vicealmirante en servicio pasivo, en la dirección Nacional de Inteligencia
Arellano fue el hombre que aglutinó nuevamente el sistema de inteligencia y lo rearmó, pero no logró homogenizarlo ya que la inteligencia del Ejército aun actuaba de forma independiente. De hecho esa fue una de las conclusiones que emitió la comisión que investigó la infiltración de terceros países en la inteligencia luego del caso Angostura en 2009: una excesiva discrecionalidad de los órganos de inteligencia operativa de las fuerzas respecto al Comando Conjunto.
Arellano se caracterizó por constituir un sistema de espionaje a opositores del régimen y sentó las bases para la compra de equipos de alta tecnología para monitorear a miembros del Gobierno y de oposición.
Tampoco se alejó de la herencia del pasado que fue hacer negocios a través de la inteligencia.


En el ámbito operativo (Vallejo) tiene un perfil más cercano al exgeneral de Policía Edgar Vaca, que ahora es juzgado por asuntos relacionados a los derechos humanos…


El actual secretario de Inteligenvia, Rommy Vallejo, está lejos de ser el referente que estableció Homero Arellano. Vallejo posee el perfil de un hombre más operativo que analítico y estratégico. Cuando fue parte activa de la Policía estuvo lejos de ser un oficial superior y por tanto iniciar el curso de Estado Mayor. Al interior de la organización es sabido que solo aquellos que aprueban tal curso, están capacitados para tomar decisiones. Vallejo fue el oficial asignado por la Policía para brindar seguridad a Rafael Correa en la segunda vuelta de la campaña electoral de 2006. Así se forjó su amistad.
Quiénes saben de inteligencia dicen que su falta de experiencia se evidenció en las acciones que fomentó contra el opositor Fernando Balda, exiliado en Colombia, cuando envió a espiarlo usando agentes con sus nombres verdaderos. Todos fueron descubiertos y para defenderlos del escarnio público que provocaron Vallejo no encontró mejor solución que enviarlos a embajadas.
Imagen: el actual secretario de Inteligencia, Rommy Vallejo.
En una conversación con MilHojas.is, una fuente de alto perfil explica la posición de Rommy Vallejo dentro del aparataje de inteligencia del correísmo.
—No tiene la experiencia de la señora —alcanza a decir la fuente, con seguridad en sus palabras. Cuando la fuente menciona a "la señora", se refeiere a una mujer palestina conocida como  Suat, que manejó los cuerpos de inteligencia entre 1995 y 2007… y no se titubea al proseguir— pero en el ámbito operativo (Vallejo) tiene un perfil más cercano al exgeneral de Policía Edgar Vaca, que ahora es juzgado por asuntos relacionados a los derechos humanos, que gustaba dedicar la inteligencia a espiar opositores más que combatir la delincuencia.
Las palabras de esta alta fuente suenan ciertas a la luz de los hechos. Vallejo no fue escuchado en los momentos clave del régimen y tampoco pudo evitarlos. El primer ejemplo es el bombardeo de Angostura. En la Comisión de Fiscalización de la Asamblea quedó registrado que Juan Carlos Barragán, que en ese entonces ostentaba el rango de coronel, en calidad  de Agregado Policial de Ecuador en Colombia, fue quien informó en diciembre de 2007 al entonces comandante de Policía, Bolívar Cisneros, las 108 coordenadas de posibles campamentos de las FARC  en Ecuador.
Esa información fue conocida por Rommy Vallejo y, por tanto, por el presidente Correa. El hecho real es que Vallejo no tuvo capacidad de persuadir al mandatario para actuar con esa información.
Luego, llegó el 30 de septiembre de 2010, hechos que se dieron porque no había inteligencia de Policía que les explique cómo enfrentar ese acontecimiento. Es más, ese 30 de septiembre de 2010, cuando Correa caminaba rengueante entre el Regimiento Quito y el Hospital de la Policía cubriendose con una máscara antigases lacrimógenos, los directivos y agentes de inteligencia del país estaban en un curso de actualización en Flacso, tal como lo denunció a su debido tiempo el desaparecido Diario Hoy.
Al  frente de la Senain, Vallejo ha sido respaldado y potenciado por el grupo de venezolanos y cubanos: mientras ellos delinean estrategias, análisis e interpretación de inteligencia, Vallejo explota su capacidad operativa que se resume en acoso y persecusión a quienes se muestran reacios a seguir al Régimen.
La historia reciente de la inteligencia del Ecuador estuvo dirigida a dos campos: espiar empresarios, políticos, opositores, activistas sociales, periodistas, académicos y recolectar información de los negocios que impulsaba el Estado en temas estratégicos y de gran escala.
La información es un bien poderoso y el resultado era obvio: hacer inteligencia significa entonces intervenir en los negocios del Estado como seguridad, telecomunicaciones, armas, energía. Por eso era tan importante ese muñequeo por la Comandancia de la Policía entre los servicios nortemericanos y los cubano-venezolanos, como en los viejos tiempos de la Guerra Fría, en vez de deicarlos a, por ejemplo, a combartir el crimen organizado.

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