Mes: marzo 2016

Imagen: Momentos cuando la casa de Fernando Villavicenio fue allanada por personal policial el 27 de diciembre de 2013.
“Señor Fiscal, usted es autónomo, pero sí exijo celeridad en la justicia. Tuvimos un hackeo gravísimo a las cuentas de la presidencia, del asesor jurídico… Se tiene fuertes indicios de quién lo hizo y todavía no se hacen las acciones del caso. Como un ciudadano cualquiera tengo derecho a recibir justicia oportuna”,  reclamó airadamente el presidente Rafael Correa, en su enlace Ciudadano #467 del pasado 19 de marzo, en referencia al periodista y activista político Fernando Villavicencio.
Este llamado de atención del mandatario, se da a los cinco días de que Villavicencio anunciara no solo su adhesión al movimiento político CREO, sino también el compromiso de Guillermo Lasso, líder de esta organización, de crear una comisión de la verdad para fiscalizar la gestión del actual gobierno.
Entre vaticinios respecto al fracaso electoral de Lasso y las críticas a sus alianzas políticas, Correa volvió a increpar a la Fiscalía, “por favor qué pasa con esa investigación, por qué está parada varios años y tenemos gente inmoral todavía supuestamente haciendo política. Este tipo (Villavicencio), dos veces ha sido condenado por injuria, dos veces ha huido cobardemente, no ha asumido su responsabilidad….Ahora a la fanesca con CREO”. 
El mandatario se refiere a la sentencia por injurias que  condenó a Villavicencio y al exasambleísta Cléver Jiménez, a 18 meses de prisión.
Después de esta reprimenda presidencial a la justicia, Villavicencio denuncia que la fiscal subrogante Cecilia Armas estaría por emitir una nueva instrucción fiscal en su contra y en la de Jiménez.  Mediante un comunicado, el periodista asegura que la investigación fiscal solicitaría medidas como la prisión preventiva por haber “usado indebidamente información reservada” de  la Presidencia de la República. 
Villavicencio señala a abogados de la Presidencia y a la asesora fiscal Elizabeth Gaibor, como los autores de la instrucción fiscal y afirma que el pedido de Correa busca evitar que él y Jiménez participen en las elecciones de 2017, pues la acusación de un juez penal los inhabilitaría.
El activista político desestima las acusaciones de Correa al asegurar que el asesor jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, habría indicado que quien hackeó lo emails de la Presidencia, fue la compañía petrolera Chevrón: “La fiscalía nunca determinó la existencia de un delito en el supuesto hackeo, de hecho el presidente Correa aseguró que el entonces asambleísta Jiménez no podía encender una computadora…El presunto hackeo se basó en la información que Cléver Jiménez, en el estricto derecho  de sus actividades como legislador, solicitó a la Procuraduría General del Estado sobre un posible conflicto de intereses en la contratación del estudio jurídico internacional Foley Hoag para defender al Ecuador. Foley Hoag también defendió los intereses de Chevron en Birmania".
Otros antecedentes del tema se remiten a la noche del 26 y madrugada del 27 de diciembre de 2013, cuando elementos de élite de la policía allanaron la vivienda de Villavicencio y se llevaron computadores, tablets, teléfonos celulares y documentación. También fue allanado el despacho de Jiménez en la Asamblea y su domicilio.
En su comunicado, Villavicencio puntualiza que Correa reveló que tenía las evidencias encontradas en esos allanamientos, lo que confirmaba la violación del debido proceso y la vulneración de la cadena de custodia, al haber accedido a las supuestas pruebas que debían permanecer bajo custodia exclusiva de la Fiscalía.

“La Fiscalía debe cumplir con las órdenes de Correa y para perseguir nuevamente a Jiménez y Villavicencio se ha inventado la supuesta figura penal de uso indebido de información al haber revelado documentos sensibles de la presidencia…”

Ahora, “la Fiscalía debe cumplir con las órdenes de Correa y para perseguir nuevamente a Jiménez y Villavicencio se ha inventado la supuesta figura penal de  uso indebido de información  al haber revelado documentos sensibles de la presidencia”, denuncia Villavicencio, quien advierte que esta pretención del gobierno puede revertir la situación, pues tendría que procesarse a diario El Telégrafo y su director Orlando Pérez, por haber publicado los correos electrónicos de la ex asambleísta Martha Roldós, “con el agravante de que ellos sí difundieron los emails íntegros.
Mientras tanto, Ignacio Boulin Victoria, abogado del Centro Latinoamericano de Derechos Humanos denunció (vía electrónica) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el contenido de las declaraciones de Correa en su último enlace ciudadano: “Por medio del presente, envío para su información recientes hechos relativos a la situación de Fernando Villavicencio, uno de los beneficiarios de las medidas cautelares 30/14, otorgadas contra el Estado de Ecuador. El Sr. Villavicencio ha sido nuevamente atacado por el Presidente Correa, quien además ha incitado a los fiscales a perseguirlo penalmente, violando las medidas cautelares vigentes.“

MilHojas.is

La nómina de los empleados que trabajan -y que alguna vez laboraron- en la Secretaría Nacional de Inteligencia, es impensable. En términos concretos, carece de toda experiencia en la lucha contra el crimen organizado y las bandas delincuenciales que azotan el campo y la ciudad. La Senain es una amalgama de jóvenes profesionales sin experiencia que han constituido una especie de torpe policía política.
La conclusión no es traída de los cabellos porque se analizó la condición de los 845 empleados que constaban en la nómina del año 2013, se cruzaron sus datos con la información del registro civil y su historia laboral en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  La gran novedad fue descubrir que solo 25 funcionarios (2,9%) fueron identificados como agentes de campo, búsqueda y operativos. Tres de ellos nacieron en los años 70, doce en los años 80 y seis en los 90, hasta 2013 ninguno era casado y su sueldo variaba entre 850 y 950 dólares.  
¿El resto de empleados? Aquí la historia, el primer paso fue determinar la experiencia acumulada por la entidad para realizar un trabajo delicado y reservado, se descubrió que 89 funcionarios tenían edades entre los 50 y 55 años, el segmento de mayor experiencia laboral, pero solo cuatro  ostentaron cargos de analistas de inteligencia o planificación, cinco como asesores en diversas áreas y sólo uno con conocimiento de contrainteligencia.
Documento: la nómina completa de los agentes de la Senain.
En ese grupo etario se encuentran quienes desempeñaron los cargos financieros. Al revisar la historia de algunos burócratas saltan sus antecedentes. José Leonel Agurto Carpio por ejemplo todo es un personaje, fue director financiero de la Senain con $2546 de sueldo, pero antes de llegar a esa responsabilidad buscó inútilmente postularse a puestos públicos sin éxito como  “jefe de sección de programación de obras” del gobierno provincial del guayas.
Agurto Peralta fue denunciado por el ex secretario anticorrupción Alfredo Vera Arrata por el caso Gran Hermano.  En su blog http://alfredovera-ecuador.blogspot.com/ escribió que Fabricio Correa fue a cabildear a favor de una empresa Agurto Carpio con el entonces ministerio del deporte, Raúl Carrión, sentenciado por el caso “come cheques”:  CAÍN (Fabricio Correa) personalmente fue al Ministerio de Deportes asustado por el escándalo de los contratos a pretender a los 14 meses de incumplimiento, “rescindir”, de “mutuo acuerdo”, un malicioso contrato que suscribió el apresado Raúl Carrión con una empresa falseta TOPECUADOR, de José Leonel Agurto Carpio, para comprar 180 plantas de agua al precio de $97.200 recibiendo el 70% de anticipo (para los tabacos). Llevó el borrador del acta, pero le dijeron que los documentos estaban en la Fiscalía y se retiró vociferando, “que le va a avisar al ñaño”.
•No deje de leer: El cuartel secreto donde se espía a los ecuatorianos⇒
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Agurto también fue asociado a una denuncia que presentó el ex legislador de Sociedad Patriótica Galo Lara, en junio de 2012, por  irregularidades en el manejo de recursos públicos de la Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia de la República, la semilla de la Senain. La denuncia aseguró que personal de esa unidad manejó recursos públicos en cuentas privadas. Entonces Agurto aparecía como director financiero de la Senain.
Otro funcionario, Héctor  Torres Torres, que también fue director financiero, se desempeñó como  Gerente Nacional de Negocios Fiduciarios y Titularización de la Corporación Financiera Nacional, a su salida de la Senain fue apoderado de diario El Telégrafo y como tal, encargado de la firmar los contratos de ese medio con las entidades del Estado. Para 2015 se registró su presencia en el ministerio de la política económica con el cargo de coordinador estratégico del sector fiscal.
Cinthia Antonia Rodríguez Holguín que aparece en la coordinación de la Senain se cambió a la Asamblea Nacional como asesora 2 de la Asambleísta Brito Mendoza Mónica.
En la nómina completa se contabilizan además 56 funcionarios que antes de pertenecer a la Senain se desempeñaron como asesores. Parecía que se trataba de un grupo humano homogéneo y experimentado en inteligencia, pero al revisar con detalle sus actividades pasadas saltan las rarezas: asesores de venta y posventa, asesores parlamentarios y otros con supuestas escalas que nunca se especificó qué hacían.
Por ejemplo el decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Guayaquil, Kleber Alfonso Loor Valdiviezo, aparece en nómina. O Marco Hernán Jarrín López, que luego se consolidó como Coordinador de Infraestructura y Seguridad Informática del Registro de Datos Públicos.
No es caso común que en una democracia se entregue un cargo tan delicado, que debe precautelar la seguridad de la información de todos los ecuatorianos, a un funcionario aprendiz de inteligencia y que la sociedad desconoce de su moral.
Más allá de los nombres, quienes llegaron con el pergamino de asesores lo hicieron de cualquier lugar, por ejemplo: ministerios de Electricidad, Educación, Cultura, Agricultura, Deporte, Obras Públicas. Otros de la Empresa Municipal de Basura del cantón Rumiñahui, la Empresa de Correos, el Consejo de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior, Autoridad Portuaria, el Consejo de la Judicatura y empresas privadas unipersonales.

En la nómina también hay analistas, esa línea es fundamental en un sistema de inteligencia, pero solo ocho de ese grupo decían ser expertos en inteligencia. El resto era cualquier cosa: analistas junior, de tecnología, de gestión social, cultural, comunicación, planificación, geoinformación o simplemente analistas…

En la nómina también hay analistas,  esa línea es fundamental en un sistema de inteligencia, pero solo ocho de ese grupo decían ser expertos en inteligencia. El resto era cualquier cosa: analistas junior, de tecnología, de gestión social, cultural, comunicación, planificación, geoinformación o simplemente analistas.
En ese grupo se encuentra Juan Ángel Jaramillo Rojas que recibió uno de los sueldos más altos de este segmento ($2546), pero  la Senain fue una entidad de paso porque su nombre apareció años después en el organigrama de la cancillería, ocupó el cargo de director de seguridad informática.  De ese grupo también es Andrea Vanessa Cáceres Silva, que fue parte del despacho ministerial del canciller Ricardo Patiño.
José Miguel Delgado Vélez, igual. Es ingeniero de  la Escuela Politécnica del Litoral con un diplomado en seguridad informática, él ocupó el cargo de Coordinador General de Infocomunicaciones y Proyectos Especiales y Coordinador General de Contrainteligencia, tal como lo puso en su Curriculum Vitae, pero no se quedó en esa entidad, también trabajó en la Cancillería para el señalado ministro.
También aparecen Eduardo Rodolfo Bueno Smirnov, se sabe que es profesor politécnico, nada más. Ana María Albuja Martínez, que ahora es parte del Consejo de Educación Superior. Santa de Gloria Coloma Romero, una doctora en Ciencias de la Educación que fue secretaria del desaparecido  Consejo de Seguridad Nacional. Juan Carlos Gómez Romero, un ingeniero en telecomunicaciones graduado en la Escuela Politécnica del Ejército. Lorena Yael Piedra Cobo, una joven académica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales que en 2005 presentó el libro “Coyunturas críticas de los sistemas de inteligencia”.
Otro “apergaminado” es Galo Antonio Nina Rada que aparece en el cargo de analista, pero públicamente desde 2013 ocupó el cargo de subsecretario de formación técnica, tecnológica, artes y música del Senacyt.
Caso extraño es el de José Alejandro Ricaurte, que luego de haber desempeñado la gerencia administrativa del BIESS⇒ se trasladó a la Senain.

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El nuevo Comandante del Ejército,  Luis Miguel Castro Ayala, posesionado el 26 de febrero en una ceremonia castrense en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, inició sus gestiones con un traspié: luego del acto  tuvo un enfrentamiento verbal con otro general que lo reprendió por haber pedido disculpas al presidente Rafael Correa, luego de que decenas de oficiales en servicio pasivo abandonaron el acto cuando el presidente de la República tomó la palabra.
El caso no trascendió al nivel civil, pero el malestar por el acto de oficiales en servicio pasivo motivó al subsecretario de defensa, José María Egas, solicitar al jefe del Comando Conjunto,  vicealmirante Oswaldo Zambrano, la lista de los militares retirados que abandonaron el acto y le dejaron con la palabra en la boca el presidente.

Imagen: Los militares pasivos abandonan la ceremonia del Día del Ejército justo cuando el presidente, Rafael Correa, iniciaba su discurso
En un acto que buscó bajar las tensiones, el general Castro pasó de la disculpa verbal a una de tipo oficial pasado viernes 4 de marzo, cuando emitió una serie de disposiciones en una reunión realizada por video conferencia con altos mandos del ejército. En esta volvió a pedir disculpas por el comportamiento que tuvieron los oficiales en servicio pasivo al abandonar la ceremonia militar. Sus palabras causaron malestar en la oficialidad porque no le correspondía hablar en nombre de militares retirados.  Mucho más cuando reconoció que los militares no se jubilan: “Un militar se retira. Nos retiramos de la vida militar, un profesional luego de jubilado puede continuar su profesión, nosotros nos retiramos para siempre de la vida militar”.
Documento: Las disposiciones del general Luis Miguel Castro.
Castro reconoció el malestar existente en las fuerzas armadas por el caso Issfa y por ello pidió al personal militar que evite ocultarse en las redes sociales para emitir opiniones.
Las otras disposiciones establecen que el comandante es la única la voz oficial para anunciar cambios. Que el personal militar debe comandar con el ejemplo y que esa institución es jerarquizada y su mando se obtiene con preparación y responsabilidad.
Esta última una disposición es una paradoja para un general de brigada que llegó al cargo de comandante del ejército luego de que Rafael Correa decapitara a 10 generales de la cúpula militar para llegar a Castro, hombre de su entera confianza.
Castro  hizo hincapié en el tema de la alimentación , dijo que debe existir un rancho único, que  no habrá incremento del mismo y de haberlo,  se realizará un estudio.
Sobre el tema del ISSFA dijo que “su comandante es la voz y les dará a conocer cuando exista información” no hay que dejarse influenciar por redes sociales.

MilHojas.is

Si usted, amable lector, desconocía que la chatarra sirve para la corrupción, debe leer este texto.
Aceros del Ecuador, Andec, la empresa siderúrgica de propiedad de la Fuerza Terrestre, catalogada entre las 100 más grandes del país, que facturaba anualmente un promedio de 220 millones de dólares, ahora está al borde de la quiebra.
La crisis de la compañía se remonta al año 2010, cuando el presidente, Rafael Correa, ordenó la liquidación de las empresas de la Dirección de Industrias del Ejército, el llamado Holdongdine. Estas empresas pasaron a control del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA). Desde entonces, Andec inició un franco deterioro provocado por la flexibilización de sus normas internas, la discrecionalidad en la toma de decisiones empresariales y la galopante corrupción.
Imagen: La planta de fabricación de acero de Andec, en Guayaquil.
Las pérdidas económicas no son un secreto: el ministro de Defensa, Fernando Cordero, reconoció que en 2015 la siderúrgica redujo sus ventas de acero en 57 millones de dólares, es decir, 26% menos que el promedio de otros años. Las tendencia en la caída de ventas no ha parado, personal cercano a la gestión de la empresa militar cuenta que en las ciudades de la Sierra el promedio de facturación para el mes de enero era de 5.000 toneladas, pero en el primer mes de 2016 esa cifra fue de apenas 1.000 toneladas, 20% menos del promedio histórico de las ventas.   
“Hay días en que el transporte se ha parado por falta de ventas, en todos los años de vida de esta empresa eso jamás pasó y es un contundente indicador de la grave situación que atraviesa la fábrica, hace algunos años si vendíamos menos de 150 mil dólares diarios se encendían las alarmas porque se consideraba la peor de las ventas, hoy en día no pasa nada”, dice una fuente de Andec que ya abandonó sus labores en la planta de esa empresa, y que decidió hablar con MilHojas.is.
Algunas denuncias hechas en el interior de la empresa ya se investigan en la Fiscalía del Guayas. En estas se establece la forma en que altos funcionarios de Andec utilizaron la compra de chatarra (que luego se funde y se transforma en las varillas de acero) para beneficiarse económicamente.
Las primeras acusaciones recayeron en el gerente de materia prima, Roberto Aguayo, encargado de adquirir la chatarra en Ecuador y en otros países. Un documento interno de la compañía dice que cometió peculado y que el sobreprecio en la materia prima fue de 1,8 millones de dólares. Ese valor representa el costo mensual de los roles de pagos de cada mes para los 963 empleados que tiene la empresa.
Aguayo llegó al cargo de gerente de materia prima por pedido del director del ISSFA, el contralmirante Freddy García. De hecho, al interior de la empresa se asegura que no fue su único recomendado. Hay varios cargos ocupados por familiares de García. En agosto de 2015, los problemas de la empresa se tornaron personales y empezaron aflorar conflictos en las relaciones laborales.

“Si existiera el comité de compras, que antiguamente se tenía, se habría recomendado la compra de palanquilla (lingotes), ya que su precio en el mercado internacional es el 20% o el 30% del valor de la chatarra…”

“Si existiera el comité de compras, que antiguamente se tenía, se habría recomendado la compra de palanquilla (lingotes), ya que su precio en el mercado internacional es el 20% o el 30% del valor de la chatarra”, dice la fuente que habló para MilHojas.is. Agrega que esas acciones toman las gerencias que saben del negocio, como lo hace su competencia, Novacero. “El proceso de transformación de la chatarra en palanquilla está por los $500 la tonelada y en el extranjero la palanquilla cuesta $300”.
Aguayo también fue acusado de favorecer a la empresa chatarrera ETR en la que trabajó, ya que supuestamente habría elaborado una estrategia que, según la denuncia interna, buscó debilitar la cadena de proveedores locales de Andec imponiendo trabas comerciales, financieras y tributarias, reduciendo las compras directas y restringiendo canales logísticos que permitían que la chatarra llegase a la acería.  “Se quiere desanimar a todos los proveedores y de manera fiel han provisto materia prima a Andec, teniendo siempre de manera constante una participación de entre el 35 y 40% de la generación de chatarra”, agrega la denuncia.
La denuncia agrega que se adquirió chatarra a ETR a precio preferencial (mayor al del mercado) sin haber realizado inspecciones visuales del material y sin que cuente con el stock anunciado. Esa misma empresa funcionó como importadora de chatarra  con ayuda de la empresa Global Guerra Trading, propiedad de Christian Guerra, hijo de un oficial del ejército. “Cuando no se atiende a este proveedor llaman desde el ISSFA y disponen que se lo atienda rápido”, dicen fuentes interiores de Andec.
Aguayo respondió las acusaciones asegurando que las mafias ya dominaron esa empresa desde hace mucho. Lo dijo en un memorando del pasado 28 de enero, dirigido a la abogada Aurora Espinoza, contralora de la empresa: los funcionarios de Andec restringieron ilegalmente la llegada de nuevos proveedores de chatarra, hecho que favoreció a la competencia, las empresas Adelca y Novacero. Dijo que no escatimará en aunar esfuerzos por acabar con la mafia enquistada en Andec y que se investigue un fraude en la compra de chatarra supuestamente proveniente de los lugares más remotos del país para cobrar bonificaciones que no ameritaban.
Imagen: Trabajadores de Andec, en el sitio de embalaje de las cargas de acero.
Exfuncionarios de la empresa explican que la compra de chatarra de mala calidad influyó directamente en el producto de venta en el mercado. Por ejemplo, entre los meses de junio y agosto de 2015 se adquirió material con exceso de residuos. Eso fue llevado a los hornos para la elaboración de palanquillas y el resultado fue que las varillas de acero se fracturaron.
Los constructores en diversas zonas del país emitieron las alarmas y el acero de Andec, que todo lo resistía, dejó de venderse.
A eso se agregó que unos de sus principales socios comerciales, Disensa, empresa que adquiere el 50% de la producción anual de Andec, para vender el acero en los centenares de locales que tiene esa franquicia en todo el país, está por romper el contrato. Esto lo dio a conocer el pasado 18 de diciembre de 2015 el gerente general de Disensa, Juan Carlos Vayas Gando, en una carta al gerente general de Andec, Benigno Sotomayor. En ella explica que Andec cometió graves incumplimientos del contrato al intentar negociar independientemente con los franquiciados de Disensa el precio del quintal del acero.
"Estos hechos son causales de incumplimiento grave que dan lugar a la terminación del contrato de suministro sin que medie una notificación previa, solicitó respetuosamente que subsane en 30 días", aseguró Disensa en la misiva a Andec. De romperse el contrato, Andec no podrá vender la mitad de su producción y será el fin, dicen exfuncionarios de la empresa.
Sin embargo, esas no son las únicas razones para la quiebra de una empresa que facturaba 220 millones anuales. Otra razón de peso se sustenta en que el proceso de traspaso de Andec desde el Holingdine al ISSFA. En diciembre de 2014, su gerente encargado, mayor Edison Jácome Armas, en un alarde de demostrarle al seguro militar su buen desempeño empresarial, transfirió 12 millones de dólares a manera de regalías.
Los altos costos de la materia prima, a más de ser chatarra de mala calidad, impide bajar los costos de producción. Andec no puede competir con los mejores precios de las otras dos siderúrgicas Novacero y Adelca, esta última ofreció descuentos en el precio del quintal de hierro hasta del 21% frente a los de Andec, que eran de apenas el 16%. El precio referencial del quintal en el mercado nacional es $48,98.

“Este militar aprovechó esa condición y, como todo buen gerente que vive del dinero público, elevó los sueldos de los altos ejecutivos y se fue a vivir en las suits del hotel Marriot, no sin antes incluir en la nómina de la empresa a unos pocos parientes…”

La contadora de la empresa, Cristina Vinces, intentó impedir ese traspaso de los 12 millones de dólares al ISSFA. Por oponerse a esa decisión del mayor Jácome Arias fue despedida. En el ISSFA, la llegada de ese dinero se entendió como salvación y nadie se preguntó cómo una empresa que perdía competitividad año tras año podía entregar utilidades de una manera expedita. Cómo recompensa al buen trabajo, el contralmirante Freddy García, director del ISSFA, le entregó plenos poderes al mayor Jácome Arias. Este militar aprovechó esa condición y, como todo buen gerente que vive del dinero público, elevó  los sueldos de los altos ejecutivos y se fue a vivir en las suits del hotel Marriot, no sin antes incluir en la nómina de la empresa a unos pocos parientes. Pero más allá de esas acciones, lo más importante es que el mayor Jácome Armas al haber tomado el dinero de operaciones de Andec y al entregarlo al ISSFA, el la empresa perdió liquidez para sus actividades y debió cubrir sus gastos con endeudamiento.
Luego de la gestión del mayor Jácome Arias, el civil Benigno Sotomayor fue nombrado como gerente. Sotomayor es un empresario que paradójicamente trabajó para el grupo Disensa y es él quien está por finiquitar el acuerdo descrito en párrafos anteriores. Cuando fue posesionado se le asignó un sueldo de 10 mil dólares pagados a través de gastos de representación y arriendo por vivir en Guayaquil, sede de la empresa, a pesar de que él vive en esa ciudad. El hecho provocó la indignación del personal.
La mala situación empresarial llevo a la directiva hacer lo que toda entidad requiere en esos casos: pautar publicidad. Andec buscó a la empresa Publigrata S.A. y, luego de que no cumpliera los requisitos de los términos de referencia, se la contrató por $120.000 bajo la modalidad de régimen especial para producir spots de televisión.
El ministro de defensa Fernando Cordero ordenó iniciar una investigación y solicitó a la contralora Aurora Espinoza un informe sobre la situación interna. Hasta el momento se ha hecho público un arreglo de venta de hierro para la ampliación del estadio del Club Sport Emelec, pero las sumas son por demás bajas para el giro de negocios de Andec.

Documentos:
Pedido de auditoría al ISSFA⇒
Denuncias de irregularidades en el ISSFA ⇒
Finiquito contrato con Disensa ⇒

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