Skip to main content

Mes: mayo 2016

La batalla correísta contra el periodismo se evidencia en Twitter

Los funcionarios que han manejado las políticas públicas de comunicación del Gobierno de Rafael Correa son quienes lideran el ranking de los que más han atacado a la prensa mediante tuits, entre 2012 y 2015. 
El primero es el exsecretario de Comunicación y actual ministro de Turismo, Fernando Alvarado, el segundo es el exrepresentante de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el Consejo de Regulación de la Comunicación (Cordicom), Roberto Wohlgemuth. Mientras el presidente Rafael Correa ocupa el tercer lugar. 
Imagen: El 'Hall de la Infamia', los que atacan a los periodistas para mantener su espacio de poder.
Estos datos son el resultado del estudio “Tuitómetro: La batalla en 140 caracteres”, un monitoreo del discurso contra la prensa en las cuentas de funcionarios e instituciones del Estado que fue elaborado por el Observatorio de Medios del Ecuador (OME) de Fundamedios. 
La muestra de este estudio fueron 27 cuentas que pertenecen a 13 funcionarios públicos, 7 asambleístas oficialistas, una alta dirigente política oficialista y 6 instituciones públicas. De cada cuenta seleccionada por el número de tuits y de seguidores, se monitorearon 3.200 tuits. 
En el análisis de los tuits de los tres personajes que lideran el ranking, Fundamedios destaca que Alvarado, con 449 tuits que desacreditan a la prensa, es el responsable de convertir las cadenas nacionales en espacios de difusión obligatoria para descalificar a quienes se expresen en contra del régimen. “Se ha convertido en un experto en imponer contenidos a través de pedidos de réplica y rectificaciones, que llegan a los medios con notas tituladas, diseñadas y listas para su publicación”. 
De Wolhgemuth, que fue representante de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el Consejo de Regulación de la Comunicación (Cordicom) y ahora es subsecretario Nacional Intergubernamental, se señala que sus 166 tuits contra la prensa los publicó en un período en el que protagonizó cuatro alertas de libertad de expresión, según Fundamedios.


En sus tuits se centra en desprestigiar la labor periodística, desmentir y criticar la publicación de noticias…


“En sus tuits se centra en desprestigiar la labor periodística, desmentir y criticar la publicación de noticias de temas como la revuelta policial del 30S, el proceso de comunidades afroamericanas contra el caricaturista Bonil, etc”. También ha atacado a organismos como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que defienden la libertad de prensa y DDHH. 
Correa publicó 119 tuits en contra de periodistas y medios de comunicación, entre 2012 y 2015, con lo que se ubica en el tercer lugar de este ranking.
En el informe se resalta que el mandatario también ha sido responsable de 225 alertas de libertad de expresión, cifra que lo convierte en el personaje de la lista con más casos atribuidos. 
Los enlaces ciudadanos que dirige cada sábado han sido su principal podio desde el cual ha lanzado epítetos como: Prensa corrupta, hipócritas, cavernarios, cobardes, mentirosos, politiqueros disfrazados de periodistas, canallas, cínicos, manipuladores, mediocres, sicarios de tinta y golpistas. Además ha roto diarios por siete ocasiones, en rechazo a determinadas publicaciones.
Por este comportamiento, en el estudio se lo ha catalogado como “el funcionario que más insultos y desacreditaciones ha emitido en contra de la prensa, la oposición y los ciudadanos”. 
Luego de haber impulsado y aprobado la Ley Orgánica de Comunicación (en 2014) que avaló numerosas sanciones a medios de comunicación, en 2015 Correa usó 4 sabatinas para abanderar una batalla en redes sociales al ordenar a sus partidarios que persiguieran y descubrieran los perfiles anónimos de administradores de páginas de Facebook como Crudo Ecuador.
Imagen: 1.384 tuits fueron revisados por el equipo de Fundamedios.
Es decir, en estos últimos cinco años la estrategia comunicacional del Gobierno tomó fuerza al ser ejecutada en las redes sociales (Twitter y Facebook). En este contexto, se inauguró la página web www.somosmas.ec, a la que Correa promocionaba e invitaba a inscribirse “en la página Somos más se pueden registrar … y cada vez que haya una de estas campañas de difamación mandaremos a la cuenta que está difamando la verdadera información para que les llegue 10 mil tuits, diciendo la verdad… A través de esta página nos vamos a organizar para rebatir a esta clase de difamadores, sinverguenzas”. 
El monitoreo a 27 cuentas gubernamentales entre 2012 y 2015 ha registrado 1.384 tuits y retuits de desacreditación y descalificación a la prensa. 
Entre otros personajes que sobresalen en el tuitómetro contra la prensa están tres de los ministros más cercanos de Correa: el actual canciller y exministro de “cultura”, Guillaume Long, el ministro coordinador de la producción, Vinicio Alvarado, el ministro del Interior, José Serrano. 
También constan dos asambleístas oficialistas, María Alejandra Vicuña y Rosana Alvarado, y la secretaria ejecutiva de Alianza País, Doris Soliz. 
En el puesto número 10 está Carlos Ochoa, Superintendente de Información y Comunicación, mientras Patricio Barriga Secretario de Comunicación y ex presidente del Cordicom, ocupa el puesto 12. 
Al analizar lo que en el estudio se denomina los recursos discursivos o las características de frases empleadas para argumentar un punto de vista de las autoridades se identificaron cuatro: verdad absoluta; la doble moral; el dónde están y el qué dirán; y los insultos y agravios. 
Imagen: El discurso de los que atacan a los periodistas se basa en la verdad absoluta del Régimen.
El primero, en el que los funcionarios se centran en desmentir continuamente publicaciones de la prensa, se encontró en 1.022 tuits y retuits. Representa el 74% de la muestra y es parte de una estrategia que busca posicionar la versión oficial sobre temas de coyuntura y de la política nacional e internacional mediante constantes pedidos de réplica, rectificaciones y disculpas de los medios privados. 
El discurso de la doble moral fue registrado en 166 tuits (12%) y acusa a la prensa de tener un doble estándar para informar acerca de hechos que los funcionarios consideran importantes. Como parte del discurso gubernamental en contra de los medios privados también se destacan los insultos y los agravios. Se contabilizaron 117 tuits con este recurso, lo que representa el 8% de la muestra. 
La categoría del dónde está y el qué dirá (registro de 15 tuits, es decir el 1,08% de la muestra) es? mencionada en el estudio porque se refiere a cómo reaccionarán los medios de comunicación, algunas organizaciones civiles y entidades privadas sobre determinados hechos: @Mashirafael: ‘¿Entienden lo que pasa? ¿Qué dirá prensa “libre e independiente”? ¿Qué dirán los políticos de siempre? ¡El pasado de evasores nunca más!’. [TUIT ORIGINAL] 
@MashiRafael: ‘…Si se detiene a alguien por insultar al Presidente es “atentado a la libertad de expresión” ¿Qué dirá Fundamedios?’. [TUIT ORIGINAL] 
Imagen: El exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, es el más rabioso atacante de periodistas.
En el estudio se precisa también que de las 27 cuentas, 14 pertenecen a funcionarios públicos y en ellas se registró 1.089 tuits y retuits agraviantes contra la prensa. Pero, incluso se encontró mensajes descalificadores desde cuentas de instituciones: 98. El total de los 1.384 tuits de este tipo generó 590 alertas contra la libertad de expresión. 
El grupo con mayor número de agravios o descalificaciones contra la prensa en Twitter fue el de la Comunicación. De ellos, también en esta lista está a la cabeza el exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado. El segundo grupo corresponde al de asambleístas oficialistas y el tercero a la Presidencia. 
En los 1.384 tuits con agravios se encontraron 185 hashtags, que acompañaron estos mensajes publicados entre 2012 y 2015. Algunos de ellos: #EcuavisaMiente, #VendePatria, #MediosSinViolencia, #LaDobleMoralDeLaSemana, #Caretucos, #FueraGolpistasFuera. 
En su estudio Fundamedios destaca que la red Twitter es solo un eslabón más de un conjunto de mecanismos de presión del Gobierno contra la libertad de prensa como la Ley de Comunicación, las cadenas o el abuso de rectificaciones y réplicas.

MilHojas.is

¿Ecuador Listo y Solidario? El entuerto de la Secretaría de Gestión de Riesgos

A un mes del terremoto que azotó Ecuador el 16 de abril de 2016 la propaganda oficial hablaba de un Ecuador Listo y Solidario.  Pero con el terremoto no sólo se desmoronaron miles de edificios en varias ciudades de las provincias de Esmeraldas y Manabí. La edificación del promocionado Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos también quedó gravemente lesionada.
En un momento que, en medio del terror y el error, el país esperaba respuestas estas llegaron desde otros espacios y no desde la institucionalidad construida por la Revolución Ciudadana para prevenir y mitigar los riesgos o responder a las desastres. Está por verse si tal estructura puede restaurarse o debe ser demolida.  
Después de más de mil réplicas, dos de más de 6,7 grados en la escala de Richter el miércoles 18 de mayo de 2016, se evidenció que el Ecuador es un país solidario, pero definitivamente no estaba listo.
Ecuador Listo y Solidario
En el Enlace Ciudadano #475, un promocional informativo de Ecuador Listo y Solidario destacaba que en materia de rescate y atención de la crisis humanitaria “se hizo lo que se debía hacer y se lo hizo bien” que “el rescate fue efectivo” y que se “evitó pérdidas de vidas por descuido o mal manejo de crisis”. Curiosamente esa pieza mencionaba la importancia del rol jugado por el ECU911 y su coordinación con la Defensa Civil durante la tragedia.  
En ese mismo enlace, el Presidente Correa recordaba que en Ecuador la “Defensa Civil” ya no existe y fue reemplazada por una nueva institucionalidad la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. 
Según el Presidente Correa “esta tragedia hace 10 años hubiera sido mucho peor”. Para él,  uno de los elementos que marcó esta positiva diferencia fue el cambio institucional que implicó la creación de la Secretaría de Gestión de Riesgos. En sus palabras, mientras la Defensa Civil, manejada por militares, tenía un rol meramente reactivo, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos “cumple tres tareas: prevenir, reaccionar, coordinar esa reacción y reparación después del desastre”.  Según este guion, gracias a estos cambios, el 16 de abril de 2016, el Ecuador habría estuvo listo (preparado) y reaccionó con rapidez y efectividad, a diferencia de lo que sucedía en el pasado.  
Más allá de la comparación con el pasado, la pregunta es si el sistema creado por la constitución de Montecristi estuvo a la altura de lo que enuncia.  ¿Reaccionó adecuadamente la nueva institucionalidad en materia de riesgos creada en la administración del Presidente Correa? ¿Realmente se reaccionó con rapidez y efectividad y se hizo lo que se debía hacer en la zona del terremoto?
¿Quién está a cargo de la gestión de riesgos en el Ecuador?
En su intervención al mes del terremoto, el Presidente se congratuló por la nueva institucionalidad de gestión de riesgos en el país, reduciendo el sistema a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.  Luego mencionó como puntal del manejo de la crisis al ECU911 y a continuación, el promocional informativo de ese día mencionó que varios Ministros de Estado dejaron sus carteras para responsabilizarse de la crisis en distintas circunscripciones en las provincias afectadas, por encargo del Presidente.  El grupo de Ministros entró a trabajar el 18, coordinado por el Ministro de Defensa, Ricardo Patiño y el Ministro de Seguridad Interna, César Navas, con asesoría del Secretario de Gestión de Riesgos, Vicealmirante Luis Jaramillo.  ¿Quién manejó entonces a crisis?
Esta confusión grafica lo sucedido con un sistema que no termina de cuajar y que no respondió adecuadamente ante el desastre, debiendo en la práctica ser reemplazado de manera improvisada.
En 2008 la Constitución de Montecristi, Art. 389, propone la creación del “sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos” que estaría integrado por “las unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y privadas en los ámbitos local, regional y nacional”, bajo la rectoría del Estado (que terminaría siendo el ejecutivo central) “a través del organismo técnico establecido en la ley.” 
Lo planteado por Montecristi reemplazaba, la “lógica reactiva” de la Defensa Civil, por un sistema que idealmente no sólo lidiaba con las crisis causadas por los desastres, sino que intentaba mapear el riesgo, incorporar medidas para su prevención y se planteaba el manejo de la ayuda humanitaria, la mitigación y la reconstrucción -cuando fuese necesaria- desde una perspectiva de derechos. 
Todo esto sonaba perfecto y acorde a las más avanzadas propuestas en materia de gestión de riesgos a nivel mundial. Sin embargo, después de ocho años este es aún un proyecto en construcción por razones legales y operativas. Estas fallas hacen que el peso de la preparación de la reacción recaiga, aún más de lo que plantea el esquema constitucional, en una Secretaría de riesgos que estuvo virtualmente ciega ante la amenaza sísmica.
En cuanto al marco legal del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, la propia institución rectora del sistema, la Secretaría de Gestión de Riesgos, ha cambiado su status legal tres veces desde que reemplazó a la Dirección Nacional de Defensa Civil:

Tantos han sido sus cambios, que el propio Presidente Correa se confundió en su último enlace ciudadano No. 475 y repetidamente se refirió a ella como la “Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos” pese a que él mismo la transformó en “Secretaría de Gestión de Riesgos” por Decreto No. 62 de la Presidencia de la República del 5 de agosto de 2013.  
Los cambios de status legal de la Secretaría de Gestión de Riesgos están vinculados a algo más profundo, a una suerte de limbo legal.
Según el Art.  133 de la Constitución, las instituciones creadas por esta deben ser regidas por una Ley Orgánica, lo mismo aquellas instituciones o sistemas que garanticen derechos.  Por ambas razones el Sistema Nacional Descentralizado de Riesgos y su ente rector debían ser normados por una ley orgánica que debió votarse al año de la aprobación de la Constitución de Montecristi. Sin embargo hasta ahora esa ley no existe, pese a los esfuerzos de algunos asambleístas y de la propia Secretaría de Riesgos.
En lugar de ello, sobre el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos y su ente rector, están enmarcados en una estructura normativa que funciona como una colcha de retazos donde hay normas que repiten algunos aspectos del mandato constitucional versus normas cuya lógica subordina el tema de la gestión de riesgos y su garantía de derechos a la lógica de la seguridad pública.
Entre las primeras están: el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD), el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP), la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el Plan Nacional de Desarrollo para el “Buen Vivir” 2013- 2017.
Las segundas son las que tienen más peso: la Ley de Seguridad Pública y del Estado y su Reglamento, pues son las que a falta de su propia ley orgánica norman directamente el Sistema.  La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos es definida en 2009 como el ente rector del Sistema por una ley que le es ajena, la de Seguridad Pública. Y es el reglamento de esta ley el que establece sus funciones y determina la existencia de los elementos del Sistema, cuya “ejecución” le corresponde.
Pero aún hay más. El marco constitucional y legal de la gestión de riesgos estuvo rezagado frente a la voluntad presidencial. 
Antes de que la Secretaría fuera reconocida como ente rector del Sistema Nacional Descentralizado de Riesgos por parte de la Ley de Seguridad Ciudadana e incluso antes de la aprobación de la Constitución de Montecristi, la Defensa Civil  ya había sido reorganizada por decreto como Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos adscrita al Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa.1 
Los subsiguientes cambios en la naturaleza de la Secretaría se hicieron también por decreto, incluso el hecho de darle a Pilar Cornejo, quien dirigió la Secretaría desde el 18 de septiembre del 2009 hasta noviembre del 2015, el rango de Ministra.
Mientras la Secretaría fue creada y reformada a voluntad del Presidente por  Decreto, el funcionamiento del Sistema Nacional Descentralizado  se estableció mediante una decisión ejecutiva de menor nivel, la de la Secretaria de Gestión de Riesgos, María del Pilar Cornejo, a través del Manual del Comité de Gestión de Riesgos emitido por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos en 2011 y reformado en 20142
Reemplazando a la ley orgánica, entre el Reglamento de la Ley de Seguridad Ciudadana y el Manual del Comité de Gestión de Riesgos, se crea un complejo sistema liderado por la Secretaría de Gestión de Riesgos. En este sistema se supone que existen “Comités de Gestión de Riesgos”, CGR, en todos los niveles de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) –parroquias, cantones, provincias. 
Una de las novedades del Manual del Comité de Gestión de Riesgos de la Secretaría es que a nivel provincial irrespeta el formato de que los encargados de los comités de gestión de riesgos sean los dignatarios electos (a nivel parroquial son los presidentes de las juntas y a nivel municipal los alcaldes).  El Manual establece que a nivel provincial quien estará a cargo de la gestión de riesgos es el Gobernador de la Provincia (funcionario de libre remoción designado por el Presidente en cuya representación actúa) en lugar del Prefecto Provincial, quien es electo.  Esto entra en contradicción con la COOTAD y con la propia.
En síntesis, el problema de que el marco normativo de la Secretaría de Gestión de Riesgos y de todo el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos este fundado en Decretos y manuales y no en su ley orgánica, es que lo deja totalmente a merced de las decisiones del ejecutivo, sustrayéndolo del debate nacional.  El mismo rango y adscripción de la Secretaría que es el ente rector lo ha evidenciado estos años.
En cuanto a lo operativo
Tenemos a la Secretaría de Gestión de Riesgos es el ente rector, da políticas, métodos y orienta la acción y a los Comités de Gestión de Riesgos en los Gobiernos Autónomos Descentralizados, son quienes gestionan el riesgo en los territorios.
Pese a su inestabilidad legal, la Secretaría existe vía decreto incluso antes de que fuera explicitada en la Ley de Seguridad Ciudadana.  La situación de los Comités de Gestión de Riesgos de los GADs es otra.
Varios años después de que el Sistema entrara en operación tales Comités no habían terminado de estructurarse.  Según el “Plan Estratégico Institucional 2014-2017” de la Secretaría de Gestión de Riesgos, recién para 2017 se iba a contar con Unidades de Gestión de Riesgo en los 221 cantones del Ecuador.  La Secretaría citaba que al 2014 había 103 cantones con unidades de gestión de riesgo y se esperaba que entre 2015 y 2017 se crearan 38 unidades de gestión de riesgo por cada año.
¿Cuántos de esos comités habrán estado estructurados para las provincias de Manabí y Esmeraldas, sin hablar del resto de provincias que fueron parte de la primera declaratoria de emergencia el 16 de abril de 2016?
El reto de los Comités de Gestión de Riesgos no sólo era estar estructurados sino inteligenciados de cuáles son las políticas y procedimientos ante los riesgos.  Sin embargo, tal preparación no existía ni siquiera a nivel provincial, según el Plan Estratégico no todas las 24 provincias contaban con agendas de reducción de riesgos en sus territorios, y los cantones tampoco incorporaban la gestión de riesgos en sus Planes de Desarrollo ni en su Ordenamiento Territorial.  Recién para el año 2017 se esperaba contar con avances  significativos al respecto. Quien debe darles directrices para desarrollar esos instrumentos era la propia Secretaría, la misma que debía tener por lo menos un delegado a nivel provincial en caso de desastres.
Cómo debía funcionar:
Los Comités de Gestión de Riesgos, donde existen, deben reunirse periódicamente para tareas de prevención y mitigación de los riesgos en los GADs, y ante los desastres se convierten en “Comités de Operaciones de Emergencia” COE. 
Los COE convocan a todos los actores relevantes de los GADs (bomberos, policías, organizaciones de la sociedad civil) y funcionan en varias Mesas Técnicas Temáticas (MTT) para evaluar y atender la emergencia. 
En las primeras 8 horas del desastre, los COE y sus mesas deben hacer una evaluación de lo sucedido para proceder a brindar la ayuda necesaria.  
La posibilidad de que la emergencia debida al desastre supere a los municipios afectados está contemplada en el Artículo 390 de la Constitución, donde se establece que el Sistema funciona de manera desconcentrada y subsidiaria con responsabilidad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en su gestión, pero “cuando sus capacidades sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad”.
El esquema planteado para esta operación desconcentrada y subsidiaria es  el siguiente:
En este esquema ideal, una vez ocurrido el terremoto se monitoreaba la situación, se activaban los COE y se realizaba una evaluación y se determinaba la necesidad de ayuda humanitaria y la capacidad o no del  COE de gestionarlo por sí mismo o si este la supera y debe ser respaldado provincial o nacionalmente. Pero un terremoto no respeta los cuidadosos organigramas de los burócratas, peor aun cuando estos no han terminado de colocar todas las piezas del engranaje que pretenden construir.
El ruido y la furia
En lugar de este esquema, el Ecuador post terremoto, experimentó una versión faulkneriana tipo “El ruido y la furia” de gestión de riesgos: La evaluación no estuvo lista a tiempo, se empezó a trabajar a ciegas y sin control en la zona cero, los niveles del sistema empezaron a funcionar al unísono pero sin adecuada coordinación, superponiéndose, en las primeras horas.  
La ausencia del país del Presidente de la República quien presidía el COE nacional y de su Canciller, quien debía procesar las solicitudes de ayuda humanitaria, durante las primeras horas del terremoto incrementó el caos. 
Pero incluso si todo hubiera funcionado existía un vacío fundamental: la falta de políticas, procedimientos y estándares para lidiar con fenómenos sísmicos por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos que dejaba a todos los actores públicos, desde los líderes cantonales hasta la Presidencia de la República y sus ministros delegados, huérfanos de herramientas y a merced de la improvisación. Tal situación prevaleció hasta que pudieron articular la asistencia de los expertos internacionales, sobre todo la de aquellos que tenían capacidad de interlocución con los altos funcionarios del gobierno, los expertos de Naciones Unidas.
La evaluación inicial
La evaluación que los COE debían hacer se realiza siguiendo una metodología. Esta metodología había sido cambiada recientemente en el Ecuador.   
Hasta 2014, en el país se utilizaba un instrumento llamado EDAN, Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades.  Este instrumento de evaluación es uno de los más ampliamente utilizados en la región, con usuarios como la Organización Panamericana de la Salud, y otros.  En Ecuador fue introducido por lo OFDA (Oficina de Atención a Desastres Foráneos) de la USAID y se suspendió su uso en 2014, coincidiendo con la salida de USAID del Ecuador a pedido del gobierno nacional.
Desde entonces entró en vigencia una nueva metodología llamada EVIN (Evaluación Inicial de Necesidades) desarrollada por la Secretaría con apoyo del PMA (Programa Mundial de Alimentos). La metodología de “Evaluación Inicial de Necesidades” recién estaba siendo socializada en los GADs en 2015. 
Se suponía que, como sucedía con el EDAN, debía ser implementada en las primeras 8 horas, pero según fuentes de milhojas.is, recién al día miércoles 20 de abril se contaba con los resultados de la misma.
Es decir, que entre el día 16 de abril del terremoto, hasta el día 20, las decisiones se tomaron sin la base de información objetiva y técnica como la que proveen instrumentos probados como el EDAN o su reemplazo nacional EVIN.
Atención/Desatención
A más de la falta de un instrumento técnico que oriente las decisiones, en las primeras horas las poblaciones afectadas con más fuerza tuvieron dos escenarios: el de la atención de las autoridades locales y nacionales, con sus limitaciones y errores, y la desatención que en algunos casos fue más allá de las 40 horas.  En el primer caso tenemos los dos centros urbanos más importantes de la provincia de Manabí: Portoviejo y Manta, y el lugar del epicentro: Pedernales.  En el segundo caso, tenemos a Jama y el pueblo de Canoa en el cantón San Vicente de Manabí y Muisne en provincia de Esmeraldas, sobre todo el golpeado pueblo de Chamanga.
La atención y desatención en materia de rescate tuvo diversos costos.  En los cantones donde llegó la ayuda también llegó la maquinaria pesada, que se introdujo antes del tiempo que los protocolos establecen.  En cambio, la demora de la ayuda en otras poblaciones puso en riesgo a quienes necesitaban una ayuda mayor de la que podían brindarles sus vecinos u otros rescatistas improvisados.
La ausencia y el retorno
La ausencia presidencial llevó a que en la capital funcionara un COE N (Comité de Operaciones de Emergencia Nacional) sin liderazgo.  Cuando partió a Estados Unidos y Vaticano, para promocionar “El Royal Tour” y participar en la elaboración de una nueva encíclica respectivamente, el Presidente no dejó encargada la Presidencia a Jorge Glas.  Por lo tanto, Glas, no tenía capacidad para decretar Estado de Emergencia ni para movilizar a las Fuerzas Armadas.  Desde el avión presidencial, Correa debió enviar el decreto.  Por lo tanto, más allá del desplazamiento del Vicepresidente a la zona cero, quien lideraba el proceso era el Presidente ausente. 
Con Correa estaba también el Canciller Long, de cuya cartera dependía, junto a la Secretaría de Gestión de Riesgos y el COE N, dar trámite a la ayuda humanitaria internacional que fue ofrecida al país a las pocas horas de que se conoció globalmente la noticia del terremoto.
Si el Sistema y la Secretaría hubieran cumplido su rol a cabalidad, la ausencia presidencial hubiera sido un solo un dato.  En momentos en que los COE cantonales e incluso el provincial se vieron rebasados, su rol como Presidente del COE Nacional, imposible de cubrir por Glas al no ser el Presidente encargado, significó que ciertas decisiones importantes se vieran postergadas.
Tal postergación, en esta situación podía ser costosa.
A su llegada el Presidente diseñó un manejo de la crisis que se superponía al Sistema que había inventado para desmantelar a la Defensa Civil. Designó a varios Ministros para que se encarguen de diferentes cantones en las provincias afectadas, con el Ministro de Defensa, Ricardo Patiño, y el Ministro de Seguridad Ciudadana, César Navas, como coordinadores con la asistencia técnica del Secretario de Gestión de Riesgos, puesto que desde el 25 de noviembre de 2015 ocupaba el Vicealmirante Luis Jaramillo.3  
Estos cambios iban mucho más allá del apoyo subsidiario que el Art. 390 de la Constitución contemplaba.  En muchos cantones son los Ministros los que se ponen al frente de los COE, en otros, donde los alcaldes estaban más activos, se genera confusión. En los hechos, los primeros momentos la función de la Secretaría de Gestión de Riesgos como asesoría técnica es también limitada, la violación de los protocolos de búsqueda y rescate así lo atestigua. 
La incorporación de César Navas, en la gestión de la crisis humanitaria del terremoto, con el adicional rol de vocero, repetía el esquema ya utilizado por el Presidente en dos situaciones de riesgo de 2015, el fenómeno del Niño y el estado de excepción ante la actividad del Volcán Cotopaxi.  En este segundo evento, además, el rol de Navas implicó darle un giro represivo a la emergencia con la actuación de las Fuerzas Armadas en Saraguro, a gran distancia de la zona amenazada por el volcán. 
Con la movilización de los Ministros y la fuerza armada, se generó cierta noción de orden y control en la zona luego de la tragedia.  A ello también coadyuvó el rol que las Agencias Internacionales de Cooperación y Asistencia Humanitaria empezaron a cumplir en la zona en coordinación con los ministros. Pero eso nada tiene que ver con el planteamiento de un Sistema que se suponía que iba a actuar desde la prevención, la mitigación, la recuperación y mejoramiento de las condiciones del desastre con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad, citando el Art. 389 de la Constitución.

MilHojas.is

EMPRESA DE AMIGOS DE CORREA, LOS OJOS DE ALEX BRAVO EN PETROECUADOR

FOCUSECUADOR
Fernando Villavicencio 
Cristina Solórzano 

EL GRUPO AZUL ES UNA DE LAS ORGANIZACIONES PRIVADAS QUE MÁS HA LUCRADO EN LOS AÑOS DE BONANZA PETROLERA, DESDE 2011 MANTIENE, JUNTO A LA FIRMA AUSTRALIANA WORLEY PARSONS INTERNATIONAL (WPI), UN ACUERDO QUE LE PERMITIÓ USAR LA IMAGEN Y ASÍ FIRMAR GRANDES CONTRATOS CON PETROECUADOR. ES UN SECRETO A VOCES QUE AZUL LABORA BAJO EL MEMBRETE DE WPI, EMPRESA QUE HIZO Y DESHIZO EN LA POLÍTICA DE INVERSIÓN EN LA REFINERÍA ESTATAL ESMERALDAS, LA INDUSTRIA MÁS GRANDE DEL PAÍS. NADA SE HACÍA O DEJABA DE HACER EN LA REFINERÍA, SIN LA FIRMA DE WORLEY PARSONS/AZUL, LA EMPRESA DE “BILL“ PHILLIPS Y MÓNICA HERNÁNDEZ, ASESORA DE RAFAEL CORREA. LA HUELLA DE ALEX BRAVO EN DECENAS DE CONTRATOS APARECE JUNTO A LA DE AZUL/WORLEY PARSONS.
REFINERÍA ESMERALDAS EN MANOS DE LOS “MAGNÍFICOS"
Documento: Álex Bravo, exgerente de Petroecuador.
En la Refinería Estatal Esmeraldas (REE), al grupo de Álex Bravo Panchano, Hugo Holguín, Edgar Ibarra, Cristian Cevallos, Augusto Vaca, Michael Manzano, Jaime Viteri, Marcelo Reyes, Carlos Quinde, Diego Tapia, Carlos Pareja Yannuzzelli, entre otros, le llamaban “los magníficos”. El diccionario señala que esta palabra se utiliza para calificar a una persona como “alguien sin igual, insuperable”. Este término parece ajustarse bien a las cualidades de estos funcionarios, pues en refinería Esmeraldas, dice un ex funcionario de Petroecuador, “nadie mejor que ellos para llevar la corrupción al nivel más alto”. Sin embargo, este grupo no podía dar un paso sin la autorización del principal responsable de los proyectos estratégicos, el Vicepresidente de la República, Jorge Glas, y la empresa fiscalizadora Worley Parsons, cuya subcontratista, Azul, es de propiedad de William Phillips y Mónica Hernández, asesora del presidente Rafael Correa Delgado. 
ESMERALDAS: ENTRE DERROCHE, POBREZA Y VIOLENCIA 
Esmeraldas, es una de las provincias más empobrecidas del país, azotada además por el crimen organizado y el narcotráfico. En esta zona del Pacífico ecuatoriano, se levantó uno de los mayores proyectos del gobierno de Rafael Correa Delgado: La rehabilitación de la Refinería Estatal del Esmeraldas (REE). 
El grupo de “los magníficos” estuvo a cargo de esta emblemática obra, por sus manos pasaron cifras jamás vistas: entre 1500 y 2000 millones de dólares, cerca de 200 contratos adjudicados directamente. Tenían el poder de contratar con quién quisiesen: sugerían contratos, los términos de referencia se ajustaban a intereses propios, elegían oferentes y buen número de estos tenían sobreprecio. Los costos de las obras en los contratos aumentaban su valor cada año, los contratos complementarios superaban, la mayor parte de las veces, a los contratos originales. Mas aún, muchos de esos contratos estaban dirigidos a empresas nacionales, relacionadas con compañías offshore, vinculadas al director del proyecto de Rehabilitación de REE, Alex Bravo Panchano y a sus socios nacionales. 
Familiares de los funcionarios contrataban sin ningún reparo, empresas nacionales trabajaban -y facturaban- a nombre de reconocidas firmas extranjeras. Todo esto sin que nadie, ninguna autoridad de control, diga absolutamente nada. 
En la actualidad, el grupo disfruta de “magníficos” lujos: viviendas que bordean o superan el millón de dólares, empresas que, de la noche a la mañana, se convirtieron en rentables, autos lujosos, derroche, bacanales… 
Bravo Panchano entró a gerenciar el proyecto de rehabilitación de refinería Esmeraldas hace diez años. En noviembre de 2015 fue posesionado como gerente de Petroecuador en reemplazo de Carlos Pareja Yannuzzelli. Cinco meses después, el 12 de abril, renunció al cargo alegando “razones familiares”. Pero fue una investigación de Focus que dejó al descubierto que Bravo es dueño, junto a su esposa y otros familiares, de cinco empresas offshore en Panamá. Un miembro de la fiscalía de Esmeraldas le confirmó a Focus que Álex Bravo Panchano fue detenido para investigaciones por la nota presentada en este medio, pero pocas horas después fue liberado. “Deberían investigar a Carlos Pareja” habría dicho mientras estuvo en la Fiscalía. En la actualidad, se desconoce su paradero. 
Carlos Pareja Yannuzzelli llegó a la gerencia de refinación de refinería Esmeraldas en 2012, aunque ha estado vinculado al sector, con algunos intervalos, desde cuando fue Director de Hidrocarburos en el gobierno conservador de Sixto Durán Ballén. El 20 de julio de 2015 dejó el departamento de refinación para asumir el cargo de gerente general de Petroecuador. Allí estuvo cuatro meses hasta que, el 13 de noviembre de 2015, fue designado por el presidente de la república, Rafael Correa, como ministro de Hidrocarburos. Llevaba seis meses en el cargo, cuando el 2 de mayo de 2016, se conoció que dejaba el cargo -aduciendo que le hace mal la altura- su nuevo reemplazo era José Luis Icaza, parte de su grupo. Pareja Yannuzzelli estuvo en este cargo cerca de seis meses. 
La dimisión de Bravo y Yannuzzelli se da en medio de denuncias de corrupción y enriquecimiento ilícito en Refinería Esmeraldas, realizadas por Focus Ecuador. 
LA CORRUPCIÓN ES TAL, QUE RESULTA UNA “PRÁCTICA GROTESCA” 
En refinería Esmeraldas los casos de corrupción son, desde “grotescos” hasta “discretos”, dice el entrevistado que no quiso ser mencionado por temor a represalias. Entre los primeros se cuentan el de la asociación de la firma internacional Worley Parsons con la empresa ecuatoriana “Azul”, en 2011, para fiscalizar el proceso de rehabilitación de la planta petrolera. 
“Azul” hizo un acuerdo con Worley Parsons International y Petroecuador para contratar libremente. Fue una amplia facultad que le otorgó la evaluación de las propuestas, le permitió además escoger las empresas, indicar los montos, sugerir contratos complementarios, obras, plazos, así como la fiscalización de las obras y contratos, todo esto con el aval de Alex Bravo, Carlos Pareja, y la venia de las más altas autoridades del gobierno. 
Un examen de la Contraloría General del Estado determinó que estas empresas son una asociación, hecho que es ilegal, puesto que las cláusulas de los contratos en la refinería, no permiten esta figura. 
EMPRESA DE AMIGOS DE CORREA, LA GRAN TERCERIZADORA 
El informe de Contraloría concluyó además que el personal que labora en la REE, a nombre de Worley Parsons, es nacional: son ex-trabajadores de la planta esmeraldeña a quienes por su labor se les cancela USD 6000,00 como monto máximo. 
Ellos fueron contratados por la empresa “Azul” quien, a pesar de contar con personal nacional, cotiza y factura como si fuese personal extranjero. Es decir, el Estado ecuatoriano paga desde hace cinco años, hasta la fecha, cerca de USD 60.840,00 mensuales. 
Si el Estado ecuatoriano cancela USD 60.840,00 mensuales por un trabajador, cuando en realidad se le paga USD 6000,00, ¿dónde están los USD 54.840 restantes? 
Quien tiene la respuesta es el buen amigo del presidente Rafael Correa, William Wallace Phillips Cooper, dueño del grupo “Azul”, esposo de Mónica Hernández de Phillips, asesora del presidente Correa y directora de la “Estrategia intersectorial de prevención de embarazo adolescente y Planificación Familiar (Enipla). 
William Wallace Phillips Cooper (Bill Phillips) es el hombre de los méritos. Este veterano de guerra del USA Army, combatiente de la guerra de Vietnam, recibió la condecoración “al mérito” de parte del presidente de la República Rafael Correa, en el grado de caballero y “mérito al progreso” por ser una persona cuyas actividades han contribuido al desarrollo económico, social y cultural del Ecuador. Ha recibido además homenajes de los Boys and Girls scouts y la “fundación Alternativa”, ambas instituciones de Ecuador. 
LA REVOLUCIÓN HIZO GRANDE A AZUL 
Azul, es ahora una poderosa corporación que lleva la administración de un conjunto de empresas en Ecuador que proveen toda clase de servicios del área petrolera: desde provisiones alimenticias, pasando por ventas de maquinarias, consultorías, hasta fiscalización de proyectos. Entre sus empresas se cuentan; Urazul S.A, Azulec S.A., Caterazul S.A (antes Conazul, hoy Caterpremier S.A.), Tecnazul Cía. Ltda, Campetrol, Aurazul, Constrazul, Sierrazul, Impexazul, Cosami Construazul Joint Venture, Headsasa S.A, Sundoor, Ofparis S.A, Deltazul S.A y muchas más. 
Con 35 años en el sector petrolero, grupo Azul ha logrado sumar a su extensa lista clientes importantes como Petroecuador, Petroamazonas, SK Group, Refinería Esmeraldas, Refinería del Pacífico, Aeropuerto de Quito, KBC Advanced Technologies, Worley Parsons… 
Fue grupo Azul, a través de Ivonne Fabara (que fue presidenta de la empresa Caterpremier), ex Secretaria Nacional de Hidrocarburos, quien habría contactado a Worley Parsons International (WPI) para que presente su oferta de trabajo en Petroecuador. Fabara fue formada en Azul, su cónyuge Marcos Guayasamín es contratista de Refinería Esmeraldas y de Refinería del Pacífico, a través de la empresa EJAL, en un cuadro de evidente conflicto de intereses. 
Esta consultora australiana, reconocida a nivel mundial, fue contratada igualmente sin licitación por Petroecuador en 2011 para fiscalizar el proceso de rehabilitación de la REE. Se calcula que, entre los años 2011 y 2014, facturó USD135 millones. 
Hasta noviembre de 2015, Worley Parsons había fiscalizado decenas de contratos que Petroecuador tiene firmados con diferentes contratistas en la REE. Aunque el gobierno reconoció que el proyecto de rehabilitación de la REE subió de USD 187 millones en 2008 a USD 1200 millones en 2015, nuevos contratos en poder de Focus, alertan que la cifra podría llegar a USD 2000 millones. 
CONTRALORÍA CUESTIONÓ GESTIÓN DE WPI/AZUL 
Pero el trabajo de esta consultora, ha sido cuestionado en varias ocasiones por la Contraloría General del Estado. Por nombrar algunas: En 2014 el informe 0039-DAPyA-2013 dijo que pese a que la oferta de la compañía South Korean SKEC (firma coreana que está a cargo de la rehabilitación de la planta) no cumplía algunos requisitos, la fiscalizadora del proyecto, WPI, recomendó adjudicarle el contrato, “lo que conllevó a que se celebre el contrato con base de una inadecuada evaluación de la oferta adjudicada”. 
Otro informe de ese mismo año, asegura que WPI no fiscalizó los diseños o estudios elaborados por Universal Oil Productos (UOP) ni la calidad de los trabajos que se ejecutaron en el programa de rehabilitación de la refinería la empresa coreana SKEC. 
A esto se sumó, en 2015, un reporte de los mismos trabajadores de la planta, que señalaban que, en el trabajo realizado por SKEC, detectaron 104 fallas que Worley Parsons no divisó. 
En el contrato de construcción de las plantas Merox y Amina de FCC, a cargo de Jorge Vivar, Worley Parsons, pese a ser fiscalizadora, realizó los estudios de ingeniería, contraviniendo la normativa.  
En noviembre de 2011, WPI ganó un nuevo contrato por un valor superior a los USD 200 millones, para fiscalizar la construcción de la Refinería del Pacífico, un proyecto que se mantiene abandonado. Solo en los dos mega proyectos, WPI facturó una cifra cercana a USD 340 millones, contratos tercerizados por Azul. 
El año 2015, WPI realizó los estudios para la rehabilitación de la planta de gas natural de Bajo Alto en la provincia de El Oro, afectada por graves fallas estructurales y hundimiento de las plataformas. El estudio fijó un costo del proyecto en USD 118 millones, una cifra que duplica el costo de construcción de la planta que fue de USD 51 millones. 
Se pudo conocer que Azul también terceriza la gestión de otras grandes contratistas de Petroecuador, como KBC que mantiene varios contratos de capacitación y estudios en las refinerías Esmeraldas y Pacífico. En la planta de Esmeraldas, KBC tiene contratos por USD 150 millones, mientras en Refinería del Pacífico, registra contratos de estudios junto a la firma coreana SK por USD 260 millones. También se sabe que Azul presta los servicios a la firma extranjera MMR Group, que maneja contratos por USD 180 millones en la planta de Esmeraldas. 
LOS NEGOCIOS DE BRAVO Y SUS RELACIONES PELIGROSAS 
Entre decenas de contratos, Worley Parsons, autorizó la contratación directa de la planta de Sosa Gastada, en la refinería Esmeraldas, con una firma sin ninguna experiencia, Oil Services & Solution (OSS), de propiedad de Jaime Baquerizo Escobar, como reveló Focus en su investigación. 
Pero, el director del proyecto, Alex Bravo, y el contratista de la obra, Jaime Baquerizo, mantienen una relación empresarial. Ambos suscribieron un contrato de representación entre sus empresas offshore, Girbra (Bravo), de Panamá y Arkdale Investments Limited (Baquerizo), de las Bahamas, según lo reveló diario El Universo.


SLa modalidad utilizada por Bravo es que, él invierte (lava el dinero) -recibido por sobornos de las contratistas- en los mismos contratos de la refinería Esmeraldas, luego recupera ese capital y las ganancias en las facturas que Petroecuador cancela a la contratista, así el dinero se “limpia“…


La modalidad utilizada por Bravo es que, él invierte (lava el dinero) -recibido por sobornos de las contratistas- en los mismos contratos de la refinería Esmeraldas, luego recupera ese capital y las ganancias en las facturas que Petroecuador cancela a la contratista, así el dinero se “limpia“. Si hablamos de altos sobrecostos, el volumen de los desvíos puede ser gigante.
Otra de las modalidades para sacar el dinero del país, sería un sistema de pitufeo, para lo cual se utilizó a un amplio número de personas, entre ellas el equipo de seguridad de Alex Bravo. En el reporte de migración de Henry Gómez Abad, uno de los asesores de Bravo, constan varias salidas a Colombia y Panamá; lo propio ocurre con la esposa, Jelice Alexandra Herrera Ferrín. 
Como se reveló en la investigación los Panamá Papers del gerente de Petroecuador, Alex Bravo y su cónyuge no solo tiene participación en cinco empresas panameñas, sino también en al menos tres compañías domiciliadas en Ecuador, al menos dos de ellas, Multival y TotalEnergy, contrataron con la propia refinería Esmeraldas, cuando Bravo era el principal representante. 
AZUL, EL COLOR DE LOS NEGOCIOS… 
Como se ha dicho, el trabajo de fiscalización no es exclusivo de Worley Parsons: también interviene grupo Azul. La Contraloría, en uno de sus informes (DAPyA-0066-2015), concluyó que son una “asociación en la que participan personal de las dos firmas”, sin que Petroecuador hayan tomado acción alguna sobre ese particular. 
Focus tuvo acceso a un contrato para la “Fiscalización y Gerenciamiento del programa de rehabilitación de refinería Esmeraldas. Resumen de H-H (horas-hombre) y valores de Azul”, de 2011, cuya cubierta tiene el logo de Azul, y al interior documentos membretados con el logo de Worley Parsons, allí se detalla que un gerente de proyecto por hora gana USD 360,61, un gerente de procesos USD 318,15 y un ingeniero USD 196,79. 
Ese subcontrato establece un monto de USD 23.1 millones, por pago de personal fiscalizador. Para técnicos domiciliados en Houston se destinó USD 1.5 millones, mientras para el personal en Ecuador, la cifra fue de USD 21.5 millones, sin incluir movilizaciones, costos por subcontratos, ni viajes. 
Si las remuneraciones de 16 mil dólares mensuales pagadas a los miembros de directorio de la Ciudad del Conocimiento Yachay, generó cuestionamientos, los costos reconocidos por las autoridades de Petroecuador al personal tercerizado de Azul/Worley Parsons en refinería Esmeraldas, refinería del Pacífico y en la planta de gas de Bajo Alto, desbordan los límites de la Ley y la razón: El costo H-H (hora-hombre) de un fiscalizador de Azul es similar al sueldo básico mensual de un obrero ecuatoriano; con cuatro días de sueldo de un fiscalizador se pagaría la remuneración mensual del Presidente de la República. 
De los cuadros contenidos en el subcontrato se puede advertir que el país pagó a los funcionarios de Azul/Worley Parsons, en promedio los siguientes rubros: En Quito 228,83 dólares la hora, 1830 dólares diarios, 54.919 dólares mensuales, 659.028 dólares al año. 
Los profesionales que laboran en la refinería Esmeraldas, facturan 250,53 dólares la hora, 2004 dólares diarios, 60.127 dólares mensuales, 721.524 dólares al año. Mientras los gerentes de Azul/WorleyParsons, en Esmeraldas, cobraron 361,61 la hora, 2.892 dólares por día,  86.786 dólares al mes, 1´041.436 dólares anuales.
Por la plantilla de gerentes de Worley Parsons en Houston, Ecuador facturó 313,82 dólares la hora, 2.510 dólares al día, 75.316 dólares al mes meses, 903.801 dólares al año.  
Entre tanto, documentos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), detallan que, en septiembre de 2012, fue la consultora Tecnazul S.A la que canceló las aportaciones al Seguro del personal que trabaja en Worley Parsons, fiscalizadora del proyecto de rehabilitación de la refinería, pero lo hizo sobre sueldos mucho menores a los realmente pagados, es decir solo canceló valores por salarios que van desde los 104,59 dólares, hasta los 6000 dólares mensuales, como máximo. 
Tecnazul, según la Superintendencia de Compañías, se dedica a la “prestación de servicios profesionales de consultoría incluyendo estudios de pre-factibilidad y factibilidad, diseños de ingeniería conceptual básica y de detalle en las áreas de ingeniería química, ingeniería de procesos, ingeniería civil, ingeniería estructural, ingeniería mecánica, ingeniería de tuberías, ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, ingeniería de instrumentos y control…..” Sus accionistas son URAZUL S.A. con USD 65.000,00 y William Wallace Phillips Cooper, con USD 35.000,00. 
Las declaraciones de impuestos a la renta señalan que antes de 2010, Tecnazul declaraba USD 0,00 en impuestos a la salida de divisas, pero a partir de 2010, eso cambió: declaró USD 114.979,88 en 2012; USD 402.645, 36 en 2013, USD 629.447,72 en 2014 y USD 148.049,04 en 2015. De igual manera, hasta el año 2009 los valores anuales de declaraciones de impuesto a la renta causado no superaban los USD 15.000,00; no así desde 2010 cuando las cifras subieron abruptamente: en ese año declaró USD 47.598,59; en 2011 USD 57.354,84; en 2012 USD 271.061,10; en 2013 USD 517.186,52; en 2014 USD 914.710,89 y en 2015 USD 829.856, 24. 
Lo que sugiere que Tecnazul (Grupo Azul) alcanzó su desarrollo con la llegada de Worley Parsons al país. 
Lo mismo ocurrió con William Wallace Phillips Cooper, quien hasta 2009, no declaraba más de USD 5.000,00 en impuesto a la renta, pero su situación cambió drásticamente, pues en 2011 llegó a declarar USD 973.271,79 y USD 712.240,37 en el año 2015. 
WORLEY PARSONS/AZUL TAMBIÉN FISCALIZA LA PLANTA DE GAS NATURAL DE BAJO ATO 
Entre el 1 de agosto de 2012 y 12 de marzo de 2015, la Contraloría General del Estado realizó un examen especial a la “Situación de las estructuras que soportan la planta de licuefacción de gas natural de Bajo Alto y sus efectos en las condiciones de seguridad de la planta, integridad física de los equipos, tuberías, instalaciones y producción de planta”, el informe relata que el 21 de febrero de 2014, Petroecuador adjudica la contratación de fiscalización para la puesta en marcha de la planta de gas natural, a Worley Parsons. 
En términos pedagógicos se debe entender que Azul es Worley Parsons en Ecuador, Contraloría lo entendió así y por eso en su informe DAPyA-0066-2015, concluyó que “la fiscalización de la remediación civil, es la actividad en la que más trabajó personal de TECNAZUL Cía. Ltda. En el personal utilizado se incluyeron cuatro profesionales de la empresa contratista Worley Parsons International Inc., y siete de TECNAZUL Cía. Ltda.” y añade: “se observó una mayor participación de personal de TECNAZUL Cía. Ltda., destacando que las dos consultoras intervinieron como una asociación en la que participan personal de las dos firmas”. 
Funcionarios de Petroecuador señalaron que Worley Parsons no comunicó ni solicitó la participación de personal de TECNAZUL Cía. Ltda. Contraloría por su parte, dice que los funcionarios de Petroecuador, administrador y supervisor del contrato, estaban enterados que el personal que trabajaba allí, era ecuatoriano, porque en los documentos concernientes al personal que presentaban, siempre constó el logo de Azul. 
La entidad de control agrega: El Gerente de Proyecto de Worley Parsons International, dijo que EPP (Petroecuador) conoció desde la oferta y previo inicio del contrato la relación con la empresa TECNAZUL Cía. Ltda.; y que, “autorizó" dicha relación. 
El reporte detalló además que varios trabajadores facturaron por horas de trabajo en dos sitios diferentes (Planta de Gas de Bajo Alto y Refinería de Esmeraldas) y por dos proyectos, en el mismo de lapso de tiempo. Informó en Bajo Alto no hay un control sobre las horas extras que realiza cada trabajador.  
Un gerente de proyecto de Worley Parsons gana USD 360,00 por hora de trabajo. Multiplicado por ocho horas diarias y por 21 días, mensualmente gana USD 60.840,00. Lo que no se compadece con el sueldo de un profesional de alto nivel ecuatoriano, quien gana USD 8099,28. Un miembro del personal de consultores de WP gana 7,5 veces más que un trabajador que ocupa las funciones gerenciales de Petroecuador, destaca el informe de la Contraloría.

El SRI se apresta a adjudicar millonario contrato a empresa cuestionada

El Servicio de Rentas Internas (SRI) deberá este 19 de mayo licitar un contrato por mas de 90 millones de dólares que busca controlar eficientemente el pago del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE). Se trata de un sistema urgente y necesario que el Estado busca implementar en este período de crisis financiera, pero al interior del entidad tributaria ya se  conoce el nombre de la empresa ganadora, se trata de la suiza Sicpa, la misma que enfrenta cargos de fraude y soborno en Brasil por haber dirigido un contrato similar al que intenta ejecutar en Ecuador.
Documento: Los pliegos para la adjudicación del contrato.
El proceso ya se halla en el Sistema de Compras Públicas desde el pasado 7 de abril de 2016. Se trata del concurso para la identificación, marcación, autenticación, rastreo y trazabilidad fiscal para bebidas alcohólicas, cervezas y cigarrillos de producción nacional.  
El objeto del proyecto es colocar un sistema de identificación y rastreo  en cada embase y  reconocer si son productos de contrabando o si las industrias nacionales mantienen un sistema de producción no declarado, para burlar el pago de impuestos.  
En 2007 un trabajo realizado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investihgación (ICIJ), que ahora acaba de revelar el escándalo de los Panama Papers, publicó un informe internacional que explicaba cómo las empresas de cigarrillos en diversas partes del mundo contaban con líneas de producción no declaradas que fomentaban el contrabando, el terrorismo y la evasión de impuestos. El estado ecuatoriano además identificó que existió el ocultamiento en la producción de cerveza, por ejemplo: en 2012 las cerveceras declararon la producción de 570'744.914 de botellas pero al 2013 cuando las empresas sabían que se implementaría el proyecto de trazabilidad, se registró una producción de mas de un billón de botellas de cerveza (1''033'664.556)  ¿pudo aumentar en un año la producción en un 100%?, ¿qué autoridad se ha referido a ello?, ¿dónde están los revolucionarios para rasgarse las vestiduras? 
De eso el presidente Correa no ha dicho una sola palabra. En todo caso el sistema a implementar establece mecanismos de control para disminuir el mercado ilegal de alcohol y cigarrillos y  busca un eficiente proceso de recaudación del impuesto a los consumos especiales (ICE). El costo: $93'504.625,48. Nada de esto suena extraño y el proceso es por demás necesario, pero hay un inconveniente: el concurso público de ofertas está dirigido a favorecer a Sicpa.  
Existen evidencias claras de ese direccionamiento. Días antes de la publicación del proceso en el portal de compras públicas, el SRI emitió un memorando interno con las bases del concurso, en estas se ratificaba la posibilidad de participación de varias empresas.  Por ejemplo en el numeral 2.2.1 de experiencia general, se decía que las participantes debían brindar servicios de marcación, rastreo y trazabilidad de cualquier producto, que su experiencia debía ajustarse al sector privado y que el número de envases marcados sea al menos de 700.000 unidades. En el punto de experiencia específica también se ratificó el rastreo de “cualquier producto”.  
Pero eso varió en los pliegos publicados: en el segmento de experiencia general se agregó el servicio de trazado a “empresas privadas y gobiernos”, se aumentó el monto: 3´000.000 de unidades identificadas y se especificó que la ganadora debía  brindar esos servicio de marcación, rastreo y trazabilidad para “bebidas alcohólicas, cervezas o cigarrillos”.  
Esos simples cambios provocarán que sólo Sicpa Ecuador cumpla los pliegos. En las bases del concurso se establece que la experiencia general y específica se calificará con el 25%.


Sicpa en la actualidad atraviesa un escándalo de corrupción en Brasil, fue acusada de entregar sobornos por 32 millones de dólares a diversos funcionarios del Ministerio de Hacienda de ese país por firmar un contrato de servicio de miles de millones de dólares para supervisar la producción de bebidas…


Sicpa en la actualidad atraviesa un escándalo de corrupción en Brasil, fue acusada de entregar sobornos por 32 millones de dólares a diversos funcionarios del Ministerio de Hacienda de ese país por firmar un contrato de servicio de miles de millones de dólares para supervisar la producción de bebidas como cerveza y refrescos, muy similar al que busca implementar con el SRI de Ecuador.  
En julio de 2015 la Policía de Brasil allanó las oficinas de la Agencia Federal de Impuestos como parte de la investigación. El escándalo se enmarcó en otras investigaciones como el caso Petrobras y Odebrecht. Entonces el Ministerio de Finanzas emitió un comunicado afirmando que la investigación comenzó cuando se informó  a la Policía Federal la sospecha de que funcionarios dirigieron la licitación  favor de Sicpa, que ya había implementado el sistema Sicobe desde 2008 que registra contadores para el control, registro, grabación y transmisión en las las líneas de producción de bebidas frías como cervezas, refrescos, jugos, aguas minerales para el posterior pago de impuestos, para propósitos de impuestos.  
En Ecuador la empresa ya realizó proyectos para el Sistema Nacional de Aduanas (Sinae). En 2014 firmó un contrato de $855.000 para entregar 7 millones de timbres o etiquetas fiscales para colocarlas en los licores importados. Se trató de una subasta inversa que a todas luces estaba dirigida a Sicpa.  
La empresa nuestra un alto nivel de opacidad, en su registro ante la Superintendencia de Compañías, se establece el Consorcio Sicpa Supraplast Ecuador es representado por Sicpa Security Solutions, esta segunda compañía registra como apoderado a BBR Representaciones que a su vez mantiene como representantes a cinco empresas mas. Solo se registra el correo electrónico de un empleado de la firma de abogados Bustamante y Bustamante.  
Pero existe un registro que brinda pistas quién es Sicpa en Ecuador. En octubre de 2010 la empresa dirigió una carta a la entonces ministra de coordinación de la política económica Katiuska King,  la misiva fue firmada por Marco Erazo, amigo personal de Rafael Correa, que compartió espacio en el grupo Ecuador Alernativo, el colectivo que impulsó la candidatura de Correa hace dos lustros. Erazo ocupó la embajada del Ecuador en Francia por pedido de Corrrea y luego de su cumplir su misión fue nombrado representante de Sicpa en el país. En el enlace ciudadano 170 realizado el 1 de mayo de 2010 en el Palacio de Carondelet, Correa ya hizo referencia a la contratación de Sicpa: “Hay un proyecto para implementar timbres, mas que timbres son cintas de seguridad que está aplicando una empresa suiza, con eso podemos contar la producción de cada industria y saber cuánto se debe pagar de ICE, ese impuesto no lo paga la industria, lo paga el consumidor, se puede controlar cuántas botellas se produjeron”, dijo.
Imagen: Sicpa viene tras el contrato desde 2010.
En la carta dirigida a la entonces ministra King, Marco Erazo reconoció haberse reunido con el presidente (su amigo) el 28 de abril de 2010.  
Para impulsar el nuevo proyecto con Sicpa, el gobierno creó el 22 de septiembre de 2014 el sistema SIMAR:  Sistema de Identificación, Marcación y Rastreo como mecanismo de control para hacer cumplir el régimen tributario. En el segundo suplemento del Registro Oficial 338 se establece el objetivo de marcar a cada embase, botella o cajetilla de cigarrillos con una identificación que permita conocer si ingresó legalmente al país.  
En el enlace Ciudadano 468 del 16 de marzo de 2016 Correa volvió a referirse al proyecto SIMAR. Lo  hizo el segmento la libertad de expresión es de todos. Luego de las repetitivas críticas a los medios de comunicación y periodistas por informar sobre el aumento del precio de los licores dijo: “Qué me averigüen cómo se llama el sistema que cuesta decena de millones de dólares de lectura de timbres, que puede detectar enseguida licor de contrabando, cajetillas de cigarrillos de contrabando”.  
La licitación que promueve el SRI se halla en fase preguntas de preguntas, la presentación de las propuestas será hasta el 19 de mayo y ese mismo día se conocerá a la empresa ganadora.   

Enlaces
Patrimônio de auditor da Receita Federal investigado cresceu R$ 14 mi⇒
Em grampo, suspeitos se alegram com volta de Rachid à chefia do fisco⇒
Brazil police uncover another fraud scheme at finance ministry⇒
Brazilian police uncover another fraud scheme at the Ministry of Finance⇒
PF apura fraudes no controle de bebidas da Receita Federal⇒

MilHojas.is

Terremoto: El exsecretario de Gestión de Riesgos mintió y se marchó


Video: El entonces secretario de Gestión de Riesgos niega el uso de maquinaria.
La salida del vicealmirante Luis Jaramillo de la Secretaría de Gestión de Riesgos, anunciada la noche del pasado lunes 2 de mayo de 2016, no puede convertirse en cortina de humo por las evidentes limitaciones del Gobierno de Rafael Correa ante el reto del terremoto del 16 de abril de 2016.
El 25 de abril de 2016, el portal gubernamental El Ciudadano publicó que: "Se cumplieron los protocolos internacionales en la búsqueda y rescate de víctimas del terremoto”.  En tal nota, se incluye un video donde el vicealmirante Luís Jaramillo, Secretario de Gestión de Riesgos "niega enfáticamente que se hubiese incumplido el protocolo respecto a la introducción de maquinaria pesada para remoción de escombros antes de las 72 horas", que indicaban los Protocolos Internacionales. Jaramillo mintió.
Muchas voces, tanto de rescatistas, periodistas y ciudadanos que estaban en el área, atestiguan lo contrario a lo señalado por el Secretario Nacional de Gestión de Riesgos y El Ciudadano.
No deje de leer: 'Terremoto: el riesgo es que el Gobierno siga sin hacer nada'
El 1ro. de Mayo, el portal noticioso argentino Infobae publicó una entrevista con Luis Carabelli voluntario del equipo de rescate argentino 'Cascos blancos', quien señala que el hecho de que se utilizara maquinaria para la remoción de escombros en las localidades afectadas por el terremoto antes de las 72 horas que indican los protocolos internacionales de rescate de víctimas "pudo aumentar la cantidad de muertos". 
Caraballi no es el primero en hacer este tipo de comentarios.  El 19 de abril, a pocos días de la tragedia, el Diario El País de España, reseñaba la preocupación del Capitán Germán Andrés Miranda, director nacional de los Bomberos de Colombia -que colaboraban en los esfuerzos de rescate en Ecuador- por el incumplimiento por parte de las autoridades ecuatorianas de los protocolos de rescate de sobrevivientes.  El Capitán Miranda expresaba su preocupación por el uso de “maquinaria pesada en las áreas en las que trabajan los organismos de socorro, lo que podría generar una desestabilización del terreno.”
El grupo de rescatistas mexicanos conocido como los Topos, también expresó su preocupación por el incumplimiento de los protocolos de rescate de víctimas en el terremoto sufrido en Ecuador el 16 de abril de 2016 con epicentro en la población de Pedernales, provincia de Manabí. Al igual que rescatistas argentinos y colombianos, los mexicanos identificaron la introducción de maquinaria pesada para la remoción de escombros antes de las 72 horas como uno de los incumplimientos más graves a dichos protocolos.
No deje de leer: 'Karla Morales, líder de la sociedad civil tras el terremoto'
En el video de El Ciudadano, Jaramillo dice enfáticamente: “Quiero indicar que en ningún momento se intervino con máquinas para la remoción de escombros como se ha difundido de una forma totalmente  antiética y totalmente inmoral. El tema de las pocas maquinarias que entraron fueron para limpiar la vía de acceso, no para remover escombros."
El Secretario de Gestión de Riesgos fue más allá y descalificó a quienes denunciaron el uso de maquinaria pesada:
“Ingresaron turistas que una vez que estuvieron en el país como turistas se colocaron trajes de seudo rescatistas y ellos quienes de una forma totalmente inmoral están difundiendo noticias falsas o desinformando a la ciudadanía”

Video: El entonces secretario de Gestión de Riesgos descalifica a rescatistas.
La nota de El Ciudadano también atribuye a un funcionario del PNUD la afirmación de que el país había cumplido con los protocolos internacionales en la búsqueda y rescate de víctimas. 
¿Dónde está la verdad?  ¿Hubo cumplimiento o no de los protocolos? ¿Se puede considerar a los Topos mexicanos, los bomberos colombianos y los cascos blancos argentinos como seudo rescatistas?
Lo que nos queda claro es que el Gobierno acepta que introducir maquinaria antes de las 72 horas violaba los protocolos y por ello lo niegan enfáticamente.
Nuestra revisión de las fotos y videos publicados en medios locales, nacionales e internacionales prueban que Jaramillo  y El Ciudadano' mintieron. 
En estas fotos y videos se ve claramente a la maquinaria pesada demoliendo edificaciones. Los diarios y medios de comunicación publicaron tales imágenes entre los días 18, 19 y 20 de abril y dado que los diarios cierran su edición impresa en la noche, estas  fotos corresponden al día anterior.  Estas fotos se corresponden además con los testimonios de personas en los sitios del siniestro, quienes en redes sociales levantaban la voz de alarma. Como el terremoto fue a las 6:55 pm las 72 horas se cumplían a las 6:55 pm del día martes 19, siendo altamente improbable que se usen estas maquinarias en la noche, el día 20 todavía no deberían haber existido imágenes de maquinaria pesada en los escombros.
•No deje de Leer: 'Lo que el Estado entorpeció, las redes sociales solucionaron'
Las imágenes desmienten que Ecuador haya respetado los protocolos para búsqueda y rescate mostrando inequívocamente remoción de escombros de casas y edificios, la maquinaria que aparece en ellas no está despejando vías de acceso.
En su testimonio en el portal Plan V, el periodista Jean Paul Bardellini quien estuvo en Pedernales expresó:
“También se me acabaron los insultos para expresar la rabia e impotencia al ser testigo de cómo maquinaria pesada era usada para remover escombros sin esperar las 72 horas que establece el protocolo internacional para rescates en estructuras colapsadas…Duele porque los rescatistas de varios países explicaban que al hacerlo la maquinaria compacta los escombros, los llena de polvo, reduciendo a casi 0 las posibilidades de sobrevivir en ellos”.

La máquinaria antes de las 72 horas en los diarios
Imagen: Pedernales 17 de abril de 2016, publicado al día siguiente del terremoto en El Tiempo Latino.

Imagen: Pedernales 17 de abril de 2016 al día siguiente del terremoto (publicado el 18), en diario La Prensa de San Antonio, Texas.

Imagen: Pedernales 17 de abril de 2016 al día siguiente del terremoto (publicado el 18), en el portal BenditoFútbol.

Imagen: En el Diario El Universo se evidencia cómo a las pocas horas del terremoto la maquinaria pesada estaba removiendo escombros.
Imagen: Portoviejo 17 de abril de 2016 (publicado el 18), en el Diario de Manabí.
Imagen: Manta 17 de abril de 2016, no habían pasado ni 24 horas del terremoto (publicado el 18).
Imagen: Calderón 17 de abril de 2016. La maquinaria remueve escombros cuando no habían pasado ni 24 horas del terremoto (publicado el 18).
Pedernales 18 de abril de 2016, aun no se cumplían las 48 horas del terremoto (publicado el 19).
Rocafuerte 18 de abril de 2016, aun no se cumplían las 48 horas del terremoto (publicado el 19).
Manta 18 de abril de 2016 (Publicado el 19).
MilHojas.is no solo encontró fotos, también hay videos que muestran la maquinaria removiendo escombros, como este video de El Universo, durante el martes 19 de abril de 2016.  Las setenta y dos horas que indica el protocolo recién se cumplían a las siete de la noche, sin embargo vemos a la maquinaria trabajando desde la mañana.
Video: Manta 19 de abril de 2016, El Universo.

Incluso en crónicas sobre el terremoto de medios gubernamentales aparece la maquinaria como telón de fondo.  Durante el reportaje “Pedernales quedó devastado por el terremoto en Ecuador” podemos ver a los veinte segundos como aparece la pala mecánica removiendo escombros en Pedernales y a partir de los 57 segundos vemos como trabajaba la maquinaria ese día en El Carmen.  El reportaje fue publicado el día 18 de abril y las tomas tenían luz de día. Es decir que no habían pasado ni cuarenta y ocho horas del terremoto.
Video: Pedernales 19 de abril de 2016, TC Televisión.

En ese mismo reportaje podemos ver en el segundo 32 al alcalde de Pedernales solicitando desesperadamente ayuda, rescatistas y maquinaria pesada para su cantón.  La misma solicitud la hizo en TeleAmazonas y diferentes medios de comunicación. A su entender, la remoción de escombros era fundamental para el rescate.  Es sorprendente que ni la Secretaría de Gestión de Riesgos ni las otras autoridades nacionales, que estaban ya en la zona se hayan preocupado de sacarlo de su equivocación e indicarle cuál era el protocolo para rescate de víctimas en estos casos.
El Alcalde de Pedernales, quien preside en ese cantón el COE (Comité de Operaciones de Emergencia) según el incipiente Sistema de Nacional de Gestión de Riesgos no era el único en esa confusión. Como hemos visto por las fotos en otras ciudades pasó lo mismo.
¿Quién es responsable de esto? Si las autoridades locales y las personas particulares, con desconocimiento de los protocolos correspondientes decidieron usar maquinaria pesada para remover escombros comprometiendo la seguridad de quienes estaban atrapados, ¿qué rol jugaron las autoridades nacionales que ya se habían desplazado a las localidades afectadas por el terremoto el día siguiente? Por lo menos se sabe que el Ministro del Interior llegó a Pedernales y el Vicepresidente Glas también se desplazó a la provincia de Manabí.  La remoción de escombros con maquinaria pesada no se dio de manera aislada ni secreta, en la cobertura que los diarios hicieron del terremoto en Manabí y Esmeraldas hay gran despliegue de fotos donde se ve de la maquinaria en los días inmediatamente posteriores al terremoto.  Es imposible no haberse percatado del uso de tal maquinaria. ¿Debemos suponer que desde su retorno al Ecuador el domingo 17 de abril el Presidente de la República no vio un solo periódico?
Pero lo queda en evidencia la ignorancia de los protocolos en caso de terremotos por parte de la propia Secretaria de Gestión de Riesgo, o su inoperancia.
Imagen: captura de pantalla de noticia publicada por El Universo, en la que habla de retiro de escombros a 24 horas del terremoto.

La respuesta del Vicealmirante Jaramillo ante esta realidad ha sido negar que haya ocurrido lo que a todas luces sucedió y descalificar a quienes lo denunciaron. 
El terremoto del 16 de abril fue una prueba de fuego para el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo.  Pero no solo debe responder este sino todas las estructuras paralelas que ha creado este Gobierno dando como resultado una torre de Babel administrativa que se traduce desatención de los damnificados.
Que Jaramillo se vaya no significa que aceptemos que se pase la página sin fincar su responsabilidad y la de los demás involucrados.  ¿Qué tiene que decir de todo esto el Ministro  Coordinador de Seguridad César Navas, quien repitió como vocero en desastres naturales? El año pasado lo fue para el caso del Cotopaxi y ahora para el terremoto. Cuando Correa introdujo a Navas en la ecuación el año pasado, la Secretaría Nacional de Riesgo se redujo a mera Secretaría Técnica.  Navas, quien pasó del ECU911 a manejar el Ministerio Coordinador de Seguridad, maneja una estructura paralela a la Secretaría de Riesgos.  Cuando intervino el año pasado ante el estado de excepción por el Cotopaxi, donde la medida más importante fue la utilización del ejército para reprimir en Saraguro, quedó claro el tipo de riesgo en que se especializa Navas.
La demora en el rescate en Canoa, Pedernales, Muisne, Chamanga…
Si el manejo del rescate en Pedernales, Portoviejo y Manta violó los protocolos internacionales poniendo en riesgo a quienes estaban bajo los escombros, otras poblaciones que sufrieron también derrumbes de edificaciones ni siquiera fueron atendidas en las primeras 24 horas, las cruciales para el rescate. Qué pensar de un país cuya constitución garantiza la existencia de un Sistema Nacional Descentralizado de Riesgos y no es capaz de estar en menos de 24 horas en poblaciones víctimas del siniestro.  La falta de acceso no es un argumento válido.  Karla Morales y su equipo de voluntarios de la sociedad civil llegaron antes que el Gobierno a Canoa, a las 20 horas del desastre.
Las etiquetas del Mies
Los terremotos no solo tienen víctimas mortales, heridos y operaciones de rescate, también implican una situación humanitaria de damnificados que han perdido todo y necesitan refugio y alimento.  En este aspecto tampoco hubo adecuada respuesta por parte del Gobierno y sus entidades de riesgo y seguridad ciudadana.  Quien sostuvo a los damnificados de Manabí y Esmeraldas fue la solidaridad de la sociedad civil, gobiernos seccionales y empresas privadas que organizaron la recolección, acopio y traslado de agua, víveres, medicinas, artículos de aseo y vestimenta a las zonas afectadas.  Cuando el Gobierno reaccionó fue para controlar la ayuda y si bien es cierto que es importante la existencia de centros de acopio oficiales, la saliente Ministra de Inclusión Social le debe a los afectados y a todos los ecuatorianos una respuesta a la repetida denuncia de que en muchos centros de acopio la entrega de kits a los afectados fue demorada mientras esperaban que llegaran las etiquetas del Mies para que los destinatarios pensaran que la ayuda tenía fuentes gubernamentales.
Imagen: Bolsas de ayuda humanitaria con etiquetas del MIES.

Un ejército con hambre
Los primeros en llegar a un desastre usualmente son los bomberos, equipo de rescate, policía y militares.  En el caso de los militares destinados a las diversas zonas del terremoto del 16 de abril de 2016, lo sorprendente es que llegaron en condiciones bastante precarias, con carpas de la época del Cenepa y, gran cantidad de ellos, sin alimentos.  Como reseñó Christian Zurita en “Terremoto: el riesgo es que el Gobierno siga sin hacer nada”, los militares destacados en Jama pudieron comer gracias a la ayuda de la gente de un circo que les prestó una cocina y utilizando parte de los alimentos enviados a los damnificados. Alguien debe responder por haber enviado a la zona de desastre personal de ayuda que tuvo que buscar su propia supervivencia.
La ayuda internacional supeditada al guión de la propaganda
Otro de los temas que debe ser esclarecido es el del manejo de la ayuda internacional.  Existen varias denuncias de que se demoró la aceptación de la ayuda internacional de Estados Unidos y Europa para privilegiar la llegada de ayuda venezolana y cubana.  En entrevista en Radio Democracia el martes 26 de abril de 2016, el Economista Ramiro Crespo, citaba la entrevista que realizó el 18 de abril, Christian Johnson a Franciso Borja, Embajador del Ecuador en Estados Unidos, donde comentaba que el Secretario de Estado de Estados Unidos, Kerry, había ofrecido ayuda al Ecuador y que esta oferta “estaba siendo evaluada” por la Cancillería Ecuatoriana.  La ayuda de Estados Unidos a Ecuador solo se oficializó después de la llamada personal que hiciera el Presidente Obama a Rafael Correa.  Según Crespo, delegados de algunos países europeos expresaron la misma preocupación. Por otra parte, la ayuda de los Estados “hermanos” fue promovida y promocionada por el aparato de propaganda gubernamental. 
¿Y ahora?
En este momento el país necesita revisar y evaluar lo sucedido. El uso de maquinaria pesada antes del plazo de las 72 horas es solo uno más de los costosos errores del Gobierno en su manejo de la crisis del terremoto.  En términos de búsqueda y rescate el haber dejado poblaciones también gravemente afectadas por el terremoto desatendidas por más de un día o dos, significó afectar sustancialmente la oportunidad de supervivencia de quienes estaban bajo los escombros y la nula capacidad de abastecimiento de alimentos y ayuda a la población damnificada de Manabí y Esmeraldas no tuvo consecuencias funestas gracias a la activa ayuda de la sociedad civil ecuatoriana.
Ecuador es un país con alto riesgo sísmico, volcánico y pluvial tiene que aprender las lecciones que los errores en el manejo de este siniestro le deja.  Eso no se hace con mentiras ni silencios.

MilHojas.is

Terremoto: el riesgo es que el Gobierno siga sin hacer nada


CHRISTIAN ZURITA RON, desde Manabí
La mañana del sábado 23 de abril, un grupo de oficiales del Ejército callaba su indignación al mirar a la joven burocracia tomarse selfies en el estadio de Jama, luego del terremoto que azotó Ecuador ocho días atrás. Los funcionarios preparaban la visita del presidente Rafael Correa. Ese día, el poblado contó con presencia de todos los estamentos gubernamentales, pero luego de la partida del primer mandatario solo quedaron plantadas en ese espacio las carpas de la Policía, Cruz Roja, técnicos de la asistencia internacional china y una discreta delegación de la Secretaría de Gestión de Riesgos, entidad que supuestamente contaba con sistemas para responder a las catástrofes, pero que fue incapaz de ejecutarlo.
También quedó la presencia de un circo popular llamado Tiany, que fue providencial porque prestó sus trastes y cocina a los soldados del Ejército para que prepararan su comida. Las Fuerzas Armadas habían llegado al lugar el martes 19 pero solo el jueves 21 se hicieron cargo del centro de acopio, luego de un caótico manejo en la entrega de la ayuda humanitaria y alimentos por parte del Gobierno. “Antes de que llegáramos, estaba a cargo el Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES). Ellos demoraron en la entrega de kits por varias razones, una de ellas es porque esperaban la llegada de adhesivos con el membrete del MIES, pero además porque no tenían capacidad de organización”, narró un oficial del Ejército que dirigía la organización de los kits de ayuda humanitaria donada por los ciudadanos de Loja, de Quito, de Guayaquil, de Cotachachi… en fin, de todas las ciudades del país.
  No deje de leer: Karla Morales, líder de la sociedad civil tras el terremoto
Tal era el desorden que de las 82 comunidades que el Ejército identificó alrededor de Jama, 42 no habían recibido nada cuatro días después del desastre. Hasta entonces la población hacía largas filas en espera de los alimentos que no llegaban. Para cubrir las necesidades el Ejército implementó cuatro rutas de repartición, pero en su primer día de acción, apenas logró acceder a 26 comunidades. Un día después llegó a otras 39.

En Pedernales el centro de acopio se estableció en la destruida escuela del milenio del lugar. Su construcción se ejecutó por el Servicio de Contratación de Obras (Secob) a un valor de $2’659.284,37, pero a  su constructor, Wilson Edison Chiriboga Sandoval, le faltó el dinero y le dieron un contrato complementario por $930.715, 28 para terminarlo. Allí, decenas de conscriptos no dejaban de elaborar kits de entrega desde la noche del lunes 18 de abril. La ayuda no dejaba de llegar, alguna incluso en contenedores con centenares de cajas de alimentos con el sello del MIES, pero era fácil descubrir que no se trataba de ayuda gubernamental,  todos los kits elaborados no tenían uniformidad, estaban envueltos en todo tipo de bolsas plásticas que contenían variados productos.
Los militares, a su cuenta y riesgo, reagruparon los productos de las donaciones y rearmaron nuevos kits, de acuerdo a sus criterios. En una de las salas del centro de acopio trabajaron a tres jornadas y solo cuatro días después se unieron voluntarios del Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis) a la elaboración de las raciones.
No deje de leer: Lo que el Estado entorpeció, las redes sociales solucionaron
Para la entrega se destinaron camiones que llevan no menos de 100 kits (útiles para cinco días) con cuatro  soldados, un oficial y un representante del MIES que se encarga de llevar un registro de lo entregado y que solo sirve para las acciones de propaganda del régimen.
Al Ejército le cuesta llegar a las zonas rurales, las vías son pequeñas y no se compadecen con los grandes vehículos con los que cuenta. Sin embargo, los pobladores del campo tienen más capacidad de cubrir sus demandas, en caso de haber perdido sus casas, fueron alojados por amigos y familiares, la ayuda es más solidaria y se respeta la entrega de kits para los vecinos que no están presentes.
Sin embargo, eso no sucede en los centros poblados. Allí es otra realidad, los habitantes que no han tenido dónde ir no escogen un albergue como opción para vivir, saben que allí el hacinamiento puede provocar el abuso de niños y la rápida transmisión de enfermedades. Por eso, personas como Raquel Álaba no tuvieron más remedio que vivir al filo de la vía que une Jama con el resto de la provincia.
-Todos hemos improvisado y la ayuda si nos ha llegado por personas de buen corazón  y empresas particulares que han compartido donaciones -explica Raquel en medio del pesado calor de Jama-. El centro de acopio debe tener alimentos porque la ayuda no ha dejado de llegar, pero hasta ayer (viernes) hacían largas filas y no nos daban, en este momento ya necesitamos ayuda de otro tipo, tenemos moscas e insalubridad  y por mucho que limpiemos eso no podemos controlar, escuchamos que andan haciendo censo abajo en el pueblo pero aquí no.
-¿Y su esposo? -le preguntamos.
-Está junto a los otros hombres buscando caña y plástico para hacer mas fuerte las casas, en la noche cayó mucha agua y se ha mojado todo, ropa, colchones…
No deje de leer: Terremoto: la tragedia de abril
La diáspora
En un caserío llamado Don Juan se constituyó un albergue privado gracias a la voluntad de una familia que poseía un generador eléctrico y bomba de agua, allí se juntaron al menos 15 familias y otras empezaron a levantar carpas con plásticos sujetos a cuatro palos. Pero se trata de la excepción y no la regla, porque para el resto la energía eléctrica, no existe.
Jama y Pedernales se han convertido en una diáspora de asentamientos familiares a lo largo del carretero, están allí para evitar el perfil de playa por terror a las réplicas o la cercanía de  un maremoto, pero también porque la vía les ofrece mas seguridad y control de los niños que juegan al filo de la vía.
Allí, por primera vez identificamos un fenómeno con el que el Ejército aún no sabe cómo lidiar: los militares tienen capacidad de atender con control efectivo en los puntos de mayor concentración, ya la entrega de las donaciones se hace con la presentación de la cédula de ciudadanía, pero no en aquellos lugares donde no se observa alta concentración de personas que necesitan ayuda. Y la dura realidad es que todos los asentamientos tienen poca concentración humana.  
El  Gobierno hizo en parte su trabajo al restaurar la energía eléctrica en las calles de las  poblaciones del desastre, pero en términos concretos su acción se limita a la capacidad que tienen las Fuerzas Armadas para enfrentar el caos. Esto quedó en evidencia el domingo 24 cuando Paola Pabón, secretaria de gestión política del Régimen, visitó los centros poblados: “La prioridad es habilitar albergues” decía a toda voz. Es un tema que no puede esperar, las condiciones de precariedad son similares para damnificados, fuerza pública y voluntarios que laboran en toda la zona.
Cada miembro del Ejército cuenta con una carpa unipersonal (que datan de la Guerra del Cenepa) y sus dotaciones se mojan tanto como les pasa a los damnificados. Los voluntarios civiles no se escapan de esa condición, sus alimentos están más restringidos, pero el estoicismo y la voluntad de ayuda son superiores a las enormes limitaciones. La diferencia se observa en la ayuda internacional, que cuenta con carpas amplias y zonas de seguridad.
En realidad, el Estado brilla por su incapacidad para colocar una sola carpa. A excepción del ministro José Serrano, que demostró horas de trabajo continuo, Pabón luce su estilo ‘Zuleta fashion’ en el recorrido por los poblados, viaja con cuatro autos y sus acompañantes más parecen vaqueros de escaparte que asesores. Su habilidad de habilitar albergues se tradujo en su intento  de tomar posesión de aquellos que fueron gestionados por la sociedad civil, tal como informó diario La Hora. No es raro pensar que si buscan tomar el control de los albergues en poco tiempo busquen forzar a las comunidades a un reordenamiento territorial, arrastrarlos a vivir en otros lugares en nombre de una nueva planificación basada en la seguridad futura.  
El otro tema olvidado se muestra en el centro de acopio de Pedernales, hay un espacio abarrotado de ataúdes donados. Ya nadie está en busca de ellos, ya no hay huellas de entierros y funerales, evidencia que fueron sepultados con rapidez, sin tiempo para que los ecuatorianos lloren por sus muertos.
Tampoco hay respuesta por  la lista de desaparecidos. Ese es uno de los grandes misterios de la tragedia, al preguntar al alcalde de Manta, Jorge Zambrano, cómo se había manejado esa lista, dijo que no tenía una respuesta. En Pedernales el número de desaparecidos fue alto porque en primera instancia la gente huyó aterrorizada por la llegada de un tsunami, pero luego de los días poco a poco aparecieron. El coronel de Policía Víctor Arauz, al frente de la Dirección de Delitos contra la Vida, cuenta que receptó 44 denuncias de desaparecidos en la ciudad, mas de 30 realizadas por redes sociales y la red 1800 delitos. De ese  número –hasta la semana pasada- nueve constaban aún como desaparecidos; todos ellos estaban radicados en Pedernales.
La maquinaria en la zona de desastre
Luego del terremoto, mientras reinaba el caos en Portoviejo, Manta, Bahía, Pedernales, se retiraron rápidamente escombros con maquinaria pesada con el objeto de salvar a sobrevivientes. Fue una acción espontánea y de buena fe, pero es evidente que la falta de técnica en el retiro de escombros pudo haber provocado mas víctimas y mostró la falta de protocolos para manejar una crisis que todos los estamentos nacionales e internacionales conocían que sucedería.

El Diario de Manabí en la edición del jueves 28 de abril recordó cómo los rescatistas colombianos rescataron a Pablo Córdova del Edificio El Gato, en Portoviejo, dos días después del evento: “por favor no sigan con la maquinaria,  ya los escucho mas fuerte…”. Se trató de una charla vía celular que permitió rescatar su vida. El número de víctimas no se compadece con los daños provocados por el terremoto, gracias a la información compartida gratuitamente por satélites privados de los Estados Unidos se puede saber la extensión del desastre: Pedernales sufrió daños en más de 340 hectáreas.
Imagen: La zona devastada de Portoviejo (click para agrandar). En Portoviejo la peor destrucción se centra en 18 cuadras del centro, el corazón comercial de la ciudad, el daño se extiende a algo más de 17 hectáreas, un espacio desolador que todo medio de comunicación no ha logrado descifrar con claridad. El área de devastación en Bahía de Caraquez es de 48 hectáreas destruidas.
Imagen: La zona devastada de Manta (click para agrandar). La condición de Manta es similar, la parroquia Tarqui, el centro comercial de la ciudad, fue seriamente afectado, entre las avenidas 105 y 113 existen no menos de 45 cuadras que medidas superan las 50 hectáreas de extensión. El alcalde de esa ciudad dice que los daños se deben a que el agua del subsuelo en ese lugar está a solo un metro de profundidad. El terremoto batió el lodo y todo se vino abajo.
En estas ciudades hay un mismo factor: un olor mortecino acompaña las emanaciones de las aguas negras, estancadas en las colapsadas alcantarillas bajo la ciudad. Nubes de polvo son expulsadas por las excavadoras que trabajan en cada predio. Hay una historia no contada en todos esos lugares que un día fueron el hogar de muchos. No se puede acusar a la Fiscalía del Estado de esconder las cifras de muertos y desaparecidos. El problema se centra en la falta de una legislación clara del sistema de riesgos. La Constitución del 2008 sustentó  en los artículos 389 y 390, la base para que el Gobierno elabore una ley orgánica para enfrentar los desastres, pero no lo hizo y en su defecto elaboró un simple reglamento que puede ser cambiado cuando al ejecutivo le venga en gana.

El sistema de gestión de riegos del país inició su trabajo con Pilar Cornejo, sin los instrumentos legales para constituir una infraestructura eficiente de respuesta. El reglamento le dio al Presidente de la República la potestad de cambiarlo cuando guste y eso sucedió en 2015 cuando  entregó el sistema de riegos al contralmirante Luis Jaramillo y permitió que César Navas, un exmilitar, constituya una entidad paralela a la secretaria de gestión de riegos, desde el Ministerio de Seguridad Interna y Externa.
Es decir, tras el terremoto del 16 de abril se estableció una organización descabezada y superpuesta por otras en la que hubo una total falta de protocolos para enfrentar la emergencia evidenciada por cuatro factores: 1. La forma en que se derrocaron construcciones de forma inmediata al evento, sin conocer la presencia de víctimas o sobrevivientes. 2. La demora en el ingreso de rescatistas a la zona de desastre. 3. La falta de decisiones gubernamentales 48 horas después del desastre. 4. El cambio radical del presidente Rafael Correa de irrespetar su propio reglamento de gestión de riegos e imponer a ministros en la zona para que se hicieran cargo del desastre.
Existe además la hipótesis de que algunas construcciones fueron derrocadas de inmediato para evitar ubicar caletas con cocaína: “Estas son zonas carentes de control militar, todo puede pasar y todo sale por sus playas” explica un oficial de Inteligencia presente en la zona del desastre.
El terremoto sacó lo mejor de los ecuatorianos y extranjeros, como el párroco de Jama que armó una iglesia en la calle pero sobre todo dedicó su tiempo a entregar provisiones de alimentos a quien mas lo requería.  O el norteamericano Joe Hurston, de la organización airmobile.org, que llegó al país a donar 10 equipos capaces de purificar 1000 litros de agua al día. Pero también existió la mezquindad de muchos que buscaron tajada entre el dolor, como aquellos que gritaron tsunami en medio del terror para saquear casas y comercios o ese mercenario de las redes sociales, que vive de sus contratos con el Estado de propaganda, contratista del Estado que criticó la entregada labor voluntaria de Karla Morales, o quienes no perdieron nada y sin embargo salieron, entre risas, a pedir donaciones al filo de las carreteras.

MilHojas.is

Galería de videos
Los minadores de Manta reciclan el hierro de los edificios colapsados⇒
Bahía de Caraquez vecinos viviendo en las veredas⇒
Drone: El campamento Don Juan auto-organizado por los mismos afectados⇒
Drone: Pedernales 1⇒
Drone: Pedernales 2⇒
Drone: Pedernales 3⇒
Drone: Pedernales 4⇒
Galería de Fotos ⇒