FISCAL Y CONTRALOR EN LA MIRA POR LA IMPUNIDAD DE LA CORRUPCIÓN EN EL GOBIERNO DE AP

Desde el 2007 hasta julio de 2016, la Contraloría envió a la Fiscalía 2.037 informes con responsabilidad penal, de alrededor de 566 instituciones públicas, entre ellas está la Presidencia de la República, la Vicepresidencia, la Asamblea, la Corporación Aduanera, CNT, Petroecuador, IESS, CNJ, CFN, la misma Fiscalía del Estado, entre otras. Aunque en esta cifra no se incluyen los informes de las obras faraónicas, la cifra expresa que la corrupción y la impunidad atraviesan todo el cuerpo gubernamental.

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FISCAL Y CONTRALOR EN LA MIRA POR LA IMPUNIDAD DE LA CORRUPCIÓN EN EL GOBIERNO DE AP

Desde el 2007 hasta julio de 2016, la Contraloría envió a la Fiscalía 2.037 informes con responsabilidad penal, de alrededor de 566 instituciones públicas, entre ellas está la Presidencia de la República, la Vicepresidencia, la Asamblea, la Corporación Aduanera, CNT, Petroecuador, IESS, CNJ, CFN, la misma Fiscalía del Estado, entre otras. Aunque en esta cifra no se incluyen los informes de las obras faraónicas, la cifra expresa que la corrupción y la impunidad atraviesan todo el cuerpo gubernamental.

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Los medios incautados, en manos de una entidad de papel

La Unidad de Gestión de Medios, que se encarga de manejar los paquetes accionarios de los medios incautados, es una entidad pública que trabaja en las sombras.
En un oficio del Ministerio de Finanzas se certifica que la Ugemed “no consta en el Catálogo de Instituciones y Entidades Operativas del Sector Público Vigente, además no registra asignaciones en el Presupuesto General del Estado al 24 de mayo del 2016”.
Este reportaje apareció originalmente en Fundamedios.org.

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Más control, ahora en los datos personales

De acuerdo con Gabriela Rivadeneira, la ley que propone busca proteger el derecho de todas las personas a la intimidad y privacidad en el tratamiento de datos personales que se encuentren en bases o bancos de datos, ficheros, archivos, en forma física…
Sin embargo, está claro que pretende cercar todas las posibilidades de fiscalización social, con lo cual los políticos se beneficiarían directamente de esta ley.

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