Mes: enero 2017

(Nota por la cual el portal focusecuador.com sufrió un ataque informático y salió del aire)
¿QUÉ ESTÁN COMIENDO LOS PRESOS EN LAS CÁRCELES DEL PAÍS? SEGÚN LO PROMOCIONADO, MENÚS DE PRIMERA. PERO ALGUNOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD SE QUEJAN Y HAN HECHO LLEGAR IMÁGENES DE LOS ALIMENTOS QUE CONSUMEN. LA EMPRESA RESPONSABLE HA FIRMADO CONTRATOS CON EL MINISTERIO DE JUSTICIA POR USD 92 MILLONES.
Lafattoria S. A. es un nombre popular para todos los presos del país. Ellos saben que es la empresa que, diariamente, se encarga de su alimentación. Desde 2011, esta compañía provee a escala nacional el “servicio de alimentación para las personas privadas de la libertad y adolescentes en conflicto”.
El portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), que registra datos a partir de 2012, señala que hasta el año 2016 se firmaron 21 contratos para la alimentación de los internos. De estos, 19 fueron adjudicados por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, a la empresa guayaquileña Lafattoria S.A., de propiedad de Richard Villagrán Freire y de Rosa Mueckay Morales; por un total de $ 92 millones de dólares.
La comida para las cárceles con esta empresa se contrata desde la época del ministro de Justicia Lenin Lara, hoy alcalde de Esmeraldas.
Solo en 2016, Lafattoria se adjudicó $ 38 millones en tres contratos. El primero firmado en abril por $ 8.8 millones más un complementario firmado en julio por $ 2. 6 millones y el último suscrito el 29 de diciembre por $ 26. 6 millones.

Adjudicacion Para Lafattoria. Zona 5. 2014.

El responsable de todos los procesos de contratación es el Ministerio de Justicia, dirigido desde marzo de 2014 por Ledy Zúñiga, pero esta secretaria de Estado ideó una regulación para evitar su responsabilidad en las contrataciones futuras: el 18 de julio de 2014 emitió el acuerdo 0456 que delegó todas las atribuciones de creación de necesidades, elaboración de términos de referencia y procesos de contratación a la Coordinación General Administrativa Financiera de esa cartera.
Contrato Copia TERCER OFICIO Administrativa Copia Comodato 1
Contrato OFICIO MINISTERIO DE EDUCACIÓN MINEDUC DNA 2016 00373 of Administrativo 3 
Bajo esa condición, Zúñiga dio rienda suelta a la danza millonaria de contratos de Lafattoria. Las ganancias de este grupo se reflejaron en las declaraciones al impuesto a la renta, en los que se establece que sus mejores años fueron 2013, que pagó $511 mil dólares; 2014 en que canceló al Estado $977 mil dólares y 2015 que entregó al SRI $707 mil dólares.
Ledy Zúñiga, presidenta del Consejo Nacional de Rehabilitación, recorrió la cocina del CPL- Guayas, con los medios de comunicación.
Según la Superintendencia de Compañías, Lafattoria fue constituida en febrero de 2008 y se dedica a la “administración de restaurantes, clubes, bares, cafeterías, ciudadelas, centros comerciales…”. Sus accionistas son la compañía Asesoría Empresarial Riasem S. A, (Riasemsa) y Richard Augusto Villagrán Freire, de nacionalidad estadounidense, quien es su actual administrador.
Riasemsa por su parte se dedica a la “compra de activos financieros, acciones o participaciones de otras compañías”. Sus dueños son Rosa Mueckay Morales y Richard Villagrán Freire, que tiene también el cargo de administrador.
Según Lafattoria el menú elaborado por un grupo de nutricionistas, ingenieros en alimentos y chefs, es variado y saludable.
Riasemsa a su vez es accionista de otras nueve empresas: Acerinox S.A, Alas Para El Agro Alpagro Cía. Ltda., Henadad S.A., Noviecua S.A, Provision De Alimentos S.A. Provisali, Quench Quenchesa S.A., Palmiecua S.A., Hacienda San Jorge Hasanjor S.A. Y Rolem S.A.

Todas estas, a excepción de Acerinox y Provisali (cuyo administrador y accionista es Arturo Ibarra Freire, primo de Villagrán), son administradas actualmente por Richard Villagrán Freire.
La empresa Provisión de Alimentos S.A. Provisali también está relacionada con el servicio de alimentación en los centros penitenciarios, de hecho, es la empresa que administra los economatos, las “tiendas” que venden productos al interior de las cárceles. En las que para acceder a productos como snacks, bebidas, pasta dental, jabón, papel higiénico, etc., los familiares de los internos deben depositar 15, 30 y 40 dólares, dependiendo si es para máxima, mediana y mínima seguridad, en una cuenta bancaria, a nombre de Provisali.
Para acceder a productos como snacks, bebidas, pasta dental, jabón, papel higiénico, etc., los familiares de los internos deben depositar 15, 30 y 40 dólares.
Internos señalan que muchos prefieren no comer lo que les sirven; en vez de ello optan por pedir ciertos víveres en el economato. “Algunos no está comiendo, más están sacando del economato atunes, y comen arroz con atún”, dice un recluso.

Una interna se queja porque el economato del centro penitenciario donde ella se encuentra, vende los productos a un valor más alto que lo que se vende afuera. La esposa de un privado de libertad indica que, en el economato, su allegado debe comprar incluso hasta ropa interior. Si un recluso necesita productos para el aseo personal, tiene la opción de adquirirlos en el economato que administra Provisali, la otra empresa de Richard Villagrán.
Otra empresa que vincula a Villagrán Freire es Logística de Alimentos y Operaciones Food Logistics Foodlog S.A. En esta además aparece como accionista Juan Carlos Acosta Duarte, ex director nacional del Instituto de Provisión de Alimentos del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. Villagrán y Acosta son los únicos accionistas de esta empresa.
Acosta Duarte ocupó el cargo de director nacional del Instituto Nacional de Alimentos desde 2009 hasta 2013. Luego de, manera inmediata, asumió el cargo de director Ejecutivo de la misma institución hasta 2016.
Por otro lado Rosa Mueckay Morales es familiar de Luis Mueckay Arcos y de Claudio Mueckay Arcos. El primero fue director de Asuntos Culturales de la Cancillería, asesor del viceministro de Relaciones Exteriores y en febrero de 2016 fue nombrado director de la Regional 5 del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC).
Claudio Mueckay fue elegido en 2005 como titular de la defensoría del pueblo. Un año después, la Comisión de Control Cívico de la Corrupción determinó indicios del delito de peculado al excederse en sus atribuciones.
EL CONTRASTE
En todos los contratos firmados, Lafattoria detalla que el servicio de alimentación es elaborado por un grupo de expertos que incluye a nutricionistas, ingenieros en alimentos, chefs; todos ellos, según la empresa, cuentan con títulos de tercer nivel. Señala además que el menú es variado y está basado en una dieta diaria de 2000 calorías que reúne “valores nutricionales, proteicos y calóricos”.
Según la contratista, este es el menú que los presos consumen en las cárceles de todo el país:
Según fotos que llegaron a Focus Ecuador, alguna comida que se sirve a los reclusos dista mucho de ser la ofrecida.
Desde el inicio de su mandato, Rafael Correa prometió la transformación del sistema penitenciario, “el sistema judicial es la diferencia entre la civilización y la barbarie, es el pilar en que se sostiene la fe pública y la sociedad misma”, dijo en diciembre del año pasado al recibir el reconocimiento de la Gran Cruz de la Orden Iberoamericana de la Justicia. Discurso que en estos años quienes han pasado por el ministerio de justicia tratan de reforzar. Lady Zúñiga actual ministra de esa cartera de estado en su momento dijo: “antes los gobiernos de turno nunca invirtieron en un sistema penitenciario; creo que cuando pensaban en construir cárceles, pensaban en que no daban réditos políticos y se olvidaban de la población penitenciaria. Los privados de la libertad, como vulgarmente dicen, eran la última rueda del coche…”. José Serrano, en calidad de ministro de justicia en 2011, insistía que “no es simplemente pintar los centros carcelarios y colocar un nuevo candado, es proporcionar una infraestructura adecuada con las seguridades adecuadas, es transformar el Sistema Penitenciario”
Fotografías reales filtradas, desde las cárceles del país. Desayunos y almuerzos que no guardan relación con los menús ofrecidos.
Este medio conversó con internos y ex internos de tres Centros penitenciarios del país. A quiénes se les consultó qué alimento recibían a diario. Todos coinciden en que desayunan un huevo cada 15 días.
Una interna de la cárcel de mujeres de Guayaquil, cuyo nombre mantenemos en reserva por las represalias que puede enfrentar en la prisión, señaló que el desayuno consiste en coladas de máchica, o avena en agua, o agua con una pizca de café. “Las bebidas vienen fermentadas. El pan con un pedazo pequeñito de queso. Desayunamos huevo cada 15 días. La fruta hace mucho tiempo nos la cortaron”. Recuerda que hace cuatro años, cuando ingresó al centro de rehabilitación la alimentación era variada: “había pollo, carne, mariscos, ensaladas… ahora…-me imagino- que el Gobierno no ha podido cubrir los montos que le debe a Laffatoria, porque lo que Lafattoria nos da son desechos de comida, muchas veces los pollos son apestados, dañados”.
Hasta septiembre de 2014, en el país había 26821 personas privadas de libertad, según el Ministerio de Justicia.
Y añade: “todos los días comemos agua con choclo, yuca, orégano y col. Muchas veces la comida del día anterior la mezclan con la del día siguiente. Casi a diario usted encuentra pelos en el arroz, gusanos, o gorgojos en las pastas de la sopa”.
En los centros penitenciarios de la Sierra los internos denuncian que es tan fría y sin sabor la comida que les sirven, que se han inventado sus propios métodos para volverla a “recocinar” y “darle otra vida”, otro sabor. “Ellos mismos la cocinan y la aliñan de nuevo”, dice un recluso. Focus tuvo acceso a un vídeo en el que se ve cómo un grupo de internos vuelve a cocinar sus alimentos sobre una tapa de alcantarilla, que cumple la función de parrilla.
Un privado de libertad, recluido en la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil asegura que su desayuno consiste en “agua con pan”. “A veces traen un pan flaquito que parece empanada con café, pero eso es más agua negra. Aguas de hierba luisa. En la merienda es carne, o arroz con chorizo y agua de café. Y a veces unas cosas que dicen que son pollos, pero no son pollos, aquí la gente conoce el pollo…son unas comidas que la gente se va en diarrea. Ya hemos hecho huelga pero la cambian un día y al otro día sigue lo mismo”.
“A veces nos dan unas cosas que dicen que son pollos, pero no lo son, aquí la gente conoce el pollo…son unas comidas que la gente se va en diarrea”, relata un privado de la libertad
Otro ex interno, que en la actualidad se encuentra cumpliendo su per-libertad, señala que un desayuno consistía en un “pan pequeño de unos 10 gramos (que tenía más levadura porque cuando uno lo apretaba, el puño se cerraba sin ningún problema) con tapioca rosada o de coco. Unas coladas horribles. A veces café, o agua de canela o máchica. Otras veces el desayuno era chocolate con pan dulce. Huevo era cada 15 días (y no alcanzaban para todos), a veces nos variaban con una empanada pequeña de harina. Cuando llegó la Fattoria, a la regional nos llegaba un bolón de verde de unos 15–20 gramos. Nunca vi un corviche, ni una empanada de verde”.
“En el almuerzo siempre había el choclo, la col y la papa. Cuando nos daban sopa de pescado, por lo general, era una diarrea general. Y luego venía arroz con seco de salchicha cuencana, en la que se sentía claramente los huesos triturados”.
Focus solicitó una entrevista al Ministerio de Justicia para hablar sobre las denuncias de los presos en cuanto a la calidad de la comida que reciben y los contratos adjudicados a Lafattoria. El pedido se extendió a la empresa de alimentos para hablar sobre los contratos que mantiene con el Gobierno y la calidad del producto que ofrece en las cárceles del país. En ninguno de los dos casos hubo respuesta favorable.
Redacción Focus

Gustavo Texeira Belitardo, próspero y poderoso empresario, capaz de doblegar al Estado ecuatoriano a favor de sus intereses. Como representante  de Odebrecht en Ecuador tomó notoriedad cuando negoció los tres adendums finales  para la construcción de la central hidroeléctrica San Francisco: entre el 2 de mayo y el 27 de julio de 2006 ajustó el contrato y subió el monto en 12,7 millones de dólares. 
Pero en 2009 fue vinculado al escándalo de San Francisco, obra en la que se identificó sobreprecios y problemas estructurales de construcción, por esa razón Odebrecht fue expulsada del país y se iniciaron sendos juicios contra él y otros ejecutivos brasileros, pero esos procesos judiciales nunca prosperaron porque el presidente Rafael Correa brindó luz verde para el perdón (con olvido) y retorno de la empresa . 
A inicios de octubre de 2016 Teixeira fue vinculado al caso Lava Jato junto al  sobrino del ex presidente Lula, Taiguara Rodríguez. Hoy enfrenta la justicia penal y podría ser sesntenciado a mas 20 de años de prisión.
Pablo Romero Quezada era un desconocido hasta el año 2007 cuando Rafael Correa  tomó las riendas del Ecuador, entonces fue nombrado gerente general de Hidronación, la empresa estatal que administraba la represa Marcel Laniado de Wind. Para entonces el reinado de Odebrecht se centraba en las obras de la desaparecida Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas, Cedegé; con la llegada de Correa su hermano Fabricio tomó el control de Cedegé y concretó sendos contratos con la empresa brasilera.
Romero Quezada también fue nombrado presidente del Fideicomiso Baba, que coordinaba la construcción de esa central hidroeléctrica. Es en ese contexto en que estos dos personajes, Teixeira y Romero, se encuentran  y enlazan relaciones económicas con el asesoramiento del abogado Roberto González Torre.
Según el email titulado "2008-2-11"  se puede advertir cómo Pablo Romero pide  a Gustavo Teixeira Belitardo el depósito de dinero en una cuenta a nombre de la empresa Goldman Holdings Incen Panamá. Romero Quezada ratificó que en esa cuenta “transferimos durante cinco meses las otras 500 llantas, a razón de 100 llantas por mes. Esta cuenta es super receptora así que no hay problema”, escribió.  
Roberto González, copiado en dicho email, responde a Romero a día seguido diciendo  "Pablo no mandes así, ten cuidado. Con esa copia del mail nos cagan". Roberto González  al parecer actúa a nombre de Romero. 
Este documento, junto a otros, fueron filtrados a asambleístas de oposición en el año 2013 y  que tiempo después se entregaron a pocos periodistas. Los documentos tomaron relevancia luego de la captura de Teixeira Belitardo; al hacer una búsqueda de ese nombre, saltaron los correos. En el email “2008-4-7" Romero vuelve a hacer mención al mismo tema, esta vez habla del "embarque de 190", claramente  haciendo referencia a 190 mil dólares. González le pide a Romero que le pregunte a "Garoto" si los enviaron.  Garoto es la persona de Odebrecht.

Los dos correos tienen como denominador común los depósitos en la cuenta de la empresa Goldman Holdings Inc de Panamá. Esta fue constituida por Morgan y Morgan en 2002. Este estudio jurídico panameño era utilizado continuamente por Odebrecht; el hermano del presidente Rafael Correa, Fabricio, también constituyó empresas en Panamá con ese estudio. Mire todos los correos electrónicos de Pablo Romero aquí
Esta es una de las razones por las que Pablo Romero no aparece en los papales de Panamá, que son una filtración de los documentos del estudio Mossak Fonseca.
Goldam Holdings Inc también fue utilizada para transferencias de dineros cuando Romero llegó a la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senanin) de  la mano de los hermanos Patiño Aroca. Romero, gozó de una segura confianza de Rafael Correa, tanto así que el día de la posesión como máxima autoridad de la Senain, el Presidente tuvo elocuentes palabras para Romero: “Pablo fue Subsecretario Nacional de Inteligencia desde el 2011, y ha demostrado estar a la altura del desafío que supone la Dirección de esta Secretaría, donde la probidad, la ética, el sentido de Patria y los atributos profesionales de alta exigencia, son fundamentales. Adelante, querido Pablo,  el gobierno, la Revolución,  la Patria cuentan contigo“, dijo Rafael. 
En referencia a los negocios con “500 Smart Solutions”, es posible identificar una estrecha relación entre Pablo Romero y Roberto González, la cual empieza con una comunicación de Romero dirigida a González en donde le dice que quiere hacerle una propuesta de trabajo con absoluta discreción para "asegurar  un cobro". 
Durante el año 2013, la Senain realizó la contratación  de varios equipos de espionaje a la compañía “500 Smart Solutions LLC”, empresa dirigida por Gabriel Guecelevich, constituida en el estado de Delaware (EEUU), para hacer exclusivamente esa transacción. 
Como se desprende del marco normativo aplicable a la Senain, la entidad estaba en la obligación de cumplir con los procedimientos de contratación pública previstos en la LOSNCP y en su reglamento, sin embargo decidió contratar directamente con la citada empresa, como consta en varios comunicados cursados entre Romero y los proveedores. El régimen especial establecido en el Art. 2 (2). De la LOSNCP,  solo es aplicable cuando son contratos a cargo de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, marco institucional en el que no se encuentra la Senain.
Los documentos oficiales dicen que Guecelevich solicitó inicialmente un pago de 50.000 dólares por la conducción de programas piloto para determinar la operatividad de los sistemas. Después en oficio de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), con el identificador D-S-0031-2013, Romero Quezada informó a Guecelevich la decisión de la Secretaría de adquirir “el referido equipamiento” $USD 526.500 dólares. 
Guecelevich, un argentino de 50 años y ascendencia judía, está radicado en Guayaquil y  no solo representó a la empresa 500 Smart Solutions, también fue el rostro de Hacking Team, la empresa italiana especializada en vender sistemas de seguridad a gobiernos que quiere espiar a sus ciudadanos.

A través de oficio SENAIN-CINF-S-135-2012, José Miguel Delgado, Coordinador General de Infocomunicaciones y Proyectos Especiales de la SENAIN, preguntó a Guecelevich si su empresa estaba en capacidad de proveer “aeronaves UAV” (vehículos aéreos no tripulados). La partida asignada fue de 5,5 millones de dólares.
De la información se podría inducir que Pablo Romero Quezada, estuvo relacionado con varias empresas creadas en el paraíso fiscal de Panamá, las cuales aparecen manejadas por Roberto González Torre, abogado del estudio Consulegis, según se desprende de varias comunicaciones personales, en las cuales se hace referencia a empresas constituidas en el Itsmo, a cuyas cuentas bancarias se harían importantes transferencias de dinero. Es el caso de: Goldman Holdings Inc.; Kastoria Financial Inc.; Noritex SA.; Toscana Zona Libre SA.; Egan Trading Inc.; Elberton Enterprises Inc.; Rivers Finance Inc.; Bosch Holding Corp.; entre otras, creadas principalmente bajo la tutela de Morgan & Morgan.
En una serie de comunicaciones Romero le envía informes con los productos para los cuales se está buscando comprador. En uno de ellos hablan sobre la necesidad de presentar una "propuesta pedagógica" al "Presi", se entendería a (Rafael Correa). En el comunicado de fecha 10 de Mayo de 2012, que Romero copia a Elizabet León (Liz León), adjunta una planilla con una cantidad de proyectos iniciados por la Senain, los cuales necesitan de proveedores, y le pide a estas personas que consigan proveedores.
Las negociaciones e intercambios de comunicados siguen varios meses. Diferentes correos muestran como entre Romero y González invitan a diferentes  empresas  ligadas a ellos a participar de las supuestas  licitaciones.  Pero ninguna de ellas son licitaciones públicas, sino negocios previamente acordados con empresas extranjeras, en particular israelíes, las cuales luego crearon pantallas, como “500 Smart Solutions LLC” en EEUU, para materializar el proyecto. 
EI 27 de julio de 2012 Romero le dice a una persona de nombre Manuel Eduardo Fernández Palacios que hay una cantidad de equipos que aún no han sido adjudicados y luego le dice "el mensaje está claro", afirmando que salga a conseguir proveedores  que quieren pagar coimas. Fernández responde "Quieres que le diga a mi gente para que las empresas de ellos te las vendan" y Romero responde: "Entonces  para que crees que te envío? Hable serio abogado", en tono irónico.
Gabriel Guecelevich, figura como representante  de 500 Smart Solutions LLC, empresa americana  que va a intermediar en la venta de equipos para la SENAIN y pagar coimas desde bancos americanos a empresas en Panamá y EEUU. Estas comunicaciones  empiezan  el 6  de Agosto de 2012 cuando acuerdan reunirse en Israel. Hablan sobre la visita de Romero a las instalaciones  de la empresa Uvision Air para la adquisición de naves no tripuladas.  El viaje se concreta los primeros días de Septiembre  de ese año y de acuerdo con la información existente, es allí donde se realizan las primeras operaciones  ¿A cambio de coimas?
Hacia finales de septiembre  empiezan a concretar el tema de los pagos y las garantías. EI 12 de noviembre se define la forma de pago y se informa que las garantías  de Smart Solutions  las proveerá el Bank of América.
EI 13 de noviembre, Liz León le envía a Pablo Romero los datos de una cuenta a nombre de María José Dávila, en el  banco Wells Fargo. El 3 de diciembre Smart Solutions envía USD 50,000 a esta cuenta. 
EI 14  de diciembre le envían a Romero un SWIFT, por un pago de U$ 2.925.000  a la SENAIN.
EI día 19 de diciembre  Smart Solutions  realiza un giro por más de 100 mil dólares a Noritex S.A en Panamá y por 96 mil solares a Kastoria Financial en Panamá. 
EI 20 de diciembre, Pablo Romero envía a Roberto González  un email con el asunto "Fruta enviada" y luego dice "son los archivos de los envíos de frutas desde la gran comercializadora en NY hasta los supermercados que tú me indicaste".
El 2 de enero de 2013, el banco en Panamá MMG Bank Corporation  informa sobre el arribo de una transferencia de U$ 200.000 a Goldman  Holdings Inc. desde Smart Solutions, y piden información al respecto. Pablo Romero envía esta información  a Roberto González. 
El 13 de enero, Romero le pide a González que transfiera U$ 10 mil (tacos) a una cuenta en el Bank of América. 

El trabajo del colombiano Iván Velásquez es todo un suceso en América Latina. Está al frente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la organización dirigida por Naciones Unidas creada para superar y ayudar a juzgar los horrores de la guerra civil,  pero también para enfrentar la lucha contra la corrupción. Su labor abrió el camino para descubrir la corrupción sistémica que existe en ese país, las investigaciones de esta organización provocaron la renuncia de la vicepresidenta Rosana Baldetti y del presidente Otto Pérez Molina, que se encuentra en la cárcel.

MilHojas.is dialogó con Velázquez en un encuentro en la Universidad de Oslo, Noruega, en el marco de un foro mundial sobre transparencia. El comisionado habló sobre la necesidad de construir una justicia independiente, el fortalecimiento de los sistemas de investigación penal y la urgencia de involucrar a la sociedad y los jóvenes en la política desde los espacios ciudadanos de auditoría social: “cuando se equipara siempre políticos con corruptos, que no necesariamente es real, se trata de desinteresar a los jóvenes y la ciudadanía en general y eso solo les sirve a los corruptos”. Reconoció que empresarios ecuatorianos visitaron CICIG con el fin de conocer su experiencia y replicar el trabajo de esa organización en Ecuador. 

En América Latina se ha mirado con esperanza las acciones de la CICIG para combatir la corrupción, ¿cree posible  replicar ese proceso en otros países?
Hay que partir del reconocimiento de la realidad de nuestros países. En el caso de Colombia y Guatemala es la falta de la independencia judicial. También está el sometimiento a poderes fácticos y estructuras criminales que impiden que la función judicial pueda cumplir su cometido. 
La justicia no puede estar ni al vaivén de las ideologías, ni de los poderes políticos: si se ataca la corrupción no es para favorecer a los amigos ni atacar enemigos, porque tan corruptos son los corruptos amigos como los corruptos enemigos. Decían de un presidente de México: “a mis amigos todo, a mis enemigos la ley”. Eso no puede imponerse, por eso creo que comisiones como CICIG son útiles, pueden ser el respaldo, siempre que estén comprometidas en la lucha contra la impunidad. La CICIG ha servido como barrera de contención de esos poderes paralelos o de quienes tenían influencia sobre el ministerio público y la institucionalidad. Quiero decir que cuando se inicia una investigación buscan quién le puede llegar al fiscal o qué magistrado puede influir para evitar una investigación.
¿De qué forma se evita la intromisión que menciona? 
Nosotros en CICIG le anunciamos a la fiscalía el interés de acompañar una investigación y si lo acepta, avanzamos. Lo importante es cómo, frente a la capacidad que tienen las estructuras criminales o el poder de cualquier naturaleza que puede verse afectado por cualquier naturaleza, la presencia de una comisión como la CICIG permite que esa investigación se haga.
Es una experiencia exitosa pero la arremetida ha sido fuerte con campañas de desprestigio.
El caso de Guatemala evidenció cómo la CICIG con sus investigaciones sacó del poder al presidente y vicepresidenta de la República, ¿es difícil pensar que los poderes en otros países les interese un proyecto similar? 
Tienen que ser gobiernos probos, comprometidos en la lucha contra la corrupción y es la advertencia que hizo el presidente Pérez Molina, luego de su caída. Si un presidente tiene temor porque ha realizado actos de corrupción naturalmente que no va a patrocinar nada que enfrente seriamente la corrupción. También podría pensarse desde la perspectiva de la soberanía: yo no descalifico que se aduzca ese tema que es como si se tratara de una fuerza extranjera interviniendo en acciones propias de instituciones nacionales, pero el caso de la CICIG no es titular de una acción penal, puede hacer verificaciones del ministerio público pero si quiere presentar el caso a un juez, tiene que ser el ministerio público quien lo haga. Supone que todo lo hecho, que todos esos funcionarios presos y varios condenados, es porque la fiscalía guatemalteca formuló acusaciones, investigó, intervino en los debates para la acusación de esas personas.
¿Se refiere a un proceso de acompañamiento técnico de la CICIG a un trabajo que lo ejerce el ministerio público?
La CICIG está integrada por tres grandes secciones: un departamento de administración; la oficina del comisionado, que tiene personal que trabaja en la formulación de propuestas legales y lo que constituye la mayor fortaleza que es el departamento de investigaciones, que está integrado por unidades investigativas que tienen un abogado extranjero, un abogado guatemalteco, analistas financieros, analistas criminales, analistas financieros. Nosotros nos ponemos a su disposición de un fiscal y junto a él adelantamos la investigación. Un ejemplo es el caso La Línea. Pensamos en 2014 que debíamos investigar a profundidad el contrabando por un manejo que hubo en los gobiernos militares. Las aduanas tuvieron un fuerte control  militar, por una parte se evitaba el ingreso de armas a la guerrilla, pero también era para el beneficio económico de ellos. Así se crearon estructuras criminales alrededor de aduanas y ha sido un problema de décadas.
El trabajo de la CICIG adquiere una fuerza moral en la ciudadanía que la respalda…    
Ese es el temor que tienen muchos y anteponen el principio de soberanía, pero la CICIG no es que hace lo que quiere. Es el ministerio público el que hace lo que considera.
Todo lo ocurrido en el pasado reciente de Guatemala ha llevado a que varios grupos intenten emular su trabajo, ¿cómo ha sido el acercamiento de otros países para imitar a la CICIG?
Hay organizaciones sociales y personalidades en algunos países latinoamericanos, incluso desde sectores de oposición que piensan que es la única forma de enfrentar la corrupción. Considero que cada país tiene su institucionalidad sobre las que se debe reflexionar para encontrar el mecanismo adecuado para enfrentar la impunidad. Hay ejemplos variados como la creación de un grupo especial de investigación en México, a raíz de una medida cautelar entregada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los familiares de los 43 estudiantes desparecidos. El gobierno mexicano pidió un grupo de expertos internacionales que investigue, ayudando a la Procuraduría en su trabajo.
En Honduras hubo manifestaciones públicas multitudinarias pidiendo que se instaure una CICI; no se logró pero el gobierno creó una organización con apoyo de la Organización de Estados Americanos llamada Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCI) que tiene un acompañamiento a las investigaciones penales pero con una estructura mas pequeña que la CICIG.
Hay otro modelo que están intentando en El Salvador, la fiscalía salvadoreña creó una dependencia especial contra la corrupción con fiscales seleccionados y asistencia internacional. La mejor opción depende de cada país.
¿Visitó a la CICIG alguna organización ecuatoriana?
A raíz de una visita que realizó la fiscal de Guatemala a Ecuador, en algún encuentro contra la corrupción, sectores empresariales ecuatorianos miraron que era posible algo similar, entonces visitaron Guatemala, averiguando cómo funciona y su relacionamiento con el ministerio público. Mantuvimos reuniones con la Fiscal General, interesados ellos sobre este tema afirmaron que dada la proximidad de las elecciones, podía ser un tema de debate político de qué forma enfrentar la corrupción y si era una vía la CICIG para el país.

MILHOJAS
Un documento filtrado a la plataforma Ecuador Transparente (ecuadortransparente.org) evidencia de forma pormenorizada los rubros pagados y por devengar a Odebrecht en la construcción del acueducto La Esperanza Refinería del Pacífico.  El documento oficial reseña además el valor preliminar de la obra.
El costo del acueducto de 93 kilómetros que construyó la Constructora Norberto Odebrecht, con especificaciones de oleoducto, para la Refinería del Pacífico ya tiene un precio final referencial. El proyecto fue contratado en 2012 por un valor de USD$ 168 877 126 pero la liquidación de gastos del proyecto, detallado en un documento de la constructora, estableció que la obra tuvo  un costo de USD$ 295´524,087.
El documento RDP-CON-ADC-13001-093-OFI del 21 de noviembre de 2016, firmado por Mario Costa Morales, representante de Odebrecht y dirigido a Jimmy García de Refinería del Pacífico, estableció los rubros finales:
Contrato Original: USD$297´420,594.14
Órdenes de Trabajo: USD$5´988,872,97
Reajuste de Precios: USD$295´524,087.37   LEA QUÍ EL DOCUMENTO
Pero el documento Costa Morales asegura además que se trata de una “liquidación económica preliminar del contrato y de las órdenes de trabajo para su debida revisión y aprobación…” Agrega: “Es importante señalar que en estas cantidades  no se han considerado los rubros que serán ejecutados entre la recepción provisional y definitiva.”
Es decir, con facilidad el precio final podría sobrepasar los 300 millones de dólares, muy alejado del valor que inicialmente barajaron las autoridades de refinería.
El precio por kilómetro construido fue de USD$ 3´177,678.  Para establecer un comparativo fue apenas 33% mas barato que el Oleoducto de Crudos Pesados OCP, que tiene 485 km que a traviesa zonas extremas en tres regiones del país.
El acueducto de la refinería fue construido con normas específicas para un oleoducto (LEA AQUÍ EL OLEODUCTO DE AGUA) ; eso se estableció en los términos de referencia aprobados  en diciembre de 2012. Entonces la empresa mixta Refinería del Pacífico dijo que la tubería que debía usarse para la construcción del acueducto debía cumplir los requerimientos del código ASME B 31.4, que básicamente se usa para el transporte de hidrocarburos.