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Mes: febrero 2017

El pueblo defendió en las calles lo que le arrebataron en las urnas


Christian Zurita Ron

Mil Hojas
La mañana del 19 de febrero Nicolás Saavedra descubrió que había sido removido del cargo de secretario de mesa por órdenes de dos coordinadores  electorales de nacionalidad cubana y venezolana. Sucedió en el colegio Letort, en una zona residencial del norte de Quito. El estudiante de la Universidad San Francisco, que llegó hacer su trabajo antes de las 7 de la mañana, afirmó en una declaración para Radio Centro, que su mesa se había instalado a las 6.30 am. “Los dos coordinadores, uno venezolano y otro cubano, habían cerrado las mesas sin que lleguemos los vocales principales, las mesas las llenaron suplentes y no nos dejaron firmar nuestra asistencia e incluso quisieron impedirnos la votación”, dijo.
Muchos de los cubanos y venezolanos habían sido identificados días atrás en el centro de control electoral que el CNE posee en la Avenida de la Prensa, frente a la base aérea del norte de Quito, entonces se hablaba de una partida presupuestaria especial que cubría los gastos de seguridad a cargo de extranjeros.
Eran preocupaciones que se sumaron a la serie de denuncias de fraude que se habían posicionando desde mediados de enero, con los muertos registrados para votar pero sobre todo por las miles de cédulas falsas presentes en el padrón (números de cédulas inexistentes en Registro Civil pero registradas para votar).
Para entonces se conocía la estrategia: el exit poll de Santiago Pérez sería anunciado a las 17h00 en los cuatro canales que maneja en gobierno y luego sacramentar los datos a favor del Lenin Moreno, con los resultados del conteo rápido que contrato el Consejo Nacional Electoral. Todo funcionó a la perfección hasta las 19h30 cuando los matemáticos de la Escuela Politécnica Nacional estabilizaron la muestra de su conteo rápido. La Politécnica fue contratada por el Consejo Nacional Electoral por $90 000 para ese trabajo y levantaron sus datos sin restricciones. A esa misma hora cientos de voluntarios de Participación Ciudadana luchaban contra delegados del CNE, la policía y el ejército que les decía no podían estar presentes en los conteos de votos. Pese a que obtuvieron la autorización del CNE esa organización civil era impedida de trabajar y fue la única con independencia para llevar resultados certeros.
Eran las horas críticas, los resultados del conteo rápido de la politécnica no beneficiaban a Lenin Moreno como ganador en primera vuelta, no daban los números para alcanzara el 40% de la votación para ser presidente y por esa razón Pozo no hizo públicos. Se sabe que hubo una lucha por ajustar las cifras de la politécnica con el exit poll de Santiago Pérez que daba ganador a Lenin Moreno.
El conteo rápido de la EPN fue un misterio. El matemático Luis Horma, quien estuvo a cargo, explicó a sus colegas, de forma reservada, de una cláusula de confidencialidad en el contrato, una práctica común del CNE que en nada se compadecen con la transparencia a la que está obligado.
Horas antes de los resultados los matemáticos de varias organizaciones académicas, políticas y sociales habían solicitado permiso para una auditoría del sistema de escrutinio, del software que procesa las actas y saca resultados. Se trata de siete archivos que nadie  los pudo examinar y conocer si su sistema de conteo era el correcto.
El CNE se lavó la cara asegurando que ese control se había realizado en la mañana del domingo, pero el pedido de auditoría era para el mismo momento de conteo en la tarde ¿En qué momento entonces se puede probar el correcto conteo de votos si no es in situ? El objetivo era comprobar que el programa no modifique el conteo y fue el propio Diego Tello, jefe  nacional de procesos electorales, que les negó la auditoria. Él escribió un correo que les dijo: “Considerando que no es recomendable interrumpir el proceso de escrutinios,  el requerimiento de “Control de calidad de la autenticidad del hash, aleatorio a partir de la 17h00, del servidor y una visita a un Recinto de Transmisión y Publicación de Actas”, solicitado, no es pertinente realizarlo, evento que sería ejecutado como una revisión post electoral”.
Enrique Mafla, matemático de la politécnica y experto electoral, sostiene que las auditorías al sistema de transmisión de actas y escrutinios son una burla. “El equipo auditor está conformado por empleados del CNE y el jefe es Diego Tello, que es el brazo ejecutor de las maniobras en los procesos electorales. El día 19 a las 11h00 se acordó con el auditor del CNE realizar un control de la integridad y autenticidad del software de escaneo, escrutinio pero a partir de las 17h00 Tello prohibió dicho control”.
Tello es el hombre clave y solo rinde cuentas a sí mismo.
Mientras intentaban cuadrar  las cifras de votos con los datos de Santiago Pérez llegaron los resultados de Participación Ciudadana y así martillaron el primer clavo en la cruz del CNE. El anuncio del  38.8% (con el 1% de error) a favor del Lenin no le alcanzaba para la presidencia. Ruth Hidalgo, directora de esa organización, fue enfática en asegurar una segunda vuelta. Sus datos seguramente impidieron le impidieron a Moreno entrar a Carondelet por la puerta trasera.
Ya eran las 21h00 y Alianza Pais, con Rafael Correa y Lenin Moreno, decidieron usar los votos faltantes de Manabí para ganar en primera vuelta. Mientras el conteo nacional cada provincia estaba en el 80% de escrutinio, las actas de la provincia de Manabí venían rezagadas y estaban contabilizadas apenas el 20%.
¿Por qué se atrasó el ingreso de los votos en Manabí? ¿Ajustaban los resultados?
A las 6h00 del lunes 20 de enero el escrutinio continuaba detenido cerca del 90% pero media hora después la página web del CNE redujo el  porcentaje al 88%. Ninguna autoridad explicó la razón de ese cambio, se desconoce si sacaron actas impugnadas, además no existe un sistema de registro público sobre estas anomalías. El CNE carece de un sistema de open data que permita realizar análisis inmediatos de las actas digitalizadas por parte de académicos, organizaciones políticas y sociales. No hay manera de saber cuándo ponen o quitan algo del sistema.
De hecho la página del CNE no permite opción alguna de bajar la información  y para evitar obtener cualquier tipo de filtración colocaron el sistema anti spam llamado recaptcha, que genera frustración e incomodidad. Todos los interesados en revisar los datos deben someterse a la prueba de no ser robots, cuando justamente lo que se requiere son aplicaciones de software para bajar con agilidad los datos y analizarlos.  En las elecciones del 2014 muchos técnicos lograron descargar las actas para su análisis, ahora eso fue imposible.
Las acciones de control empeoraron por la falta de entrega de lo que se llama “archivo plano”,  que es un fichero con todas las actas digitalizadas de todas las mesas electorales del país de forma detallada. Es decir, si el CNE no entrega esa información todo reclamo se hace prácticamente a ciegas ya que no hay forma de contrastar las actas que constan en el sistema.  El CNE les dio una tarea imposible a los actores políticos y esa opacidad solo puede llamarse fraude.
El tema fue denunciado por César Monge, dijo a todos los medios el 20 de febrero: “Estamos preocupados porque lo que me ha entregado (el CNE)  basura, me ha entregado un archivo donde en ciertas celdas donde deben estar los votos están ingresado fechas, es decir, es un archivo inservible”.
Sin esa información no se permite realizar control electoral. Sin ella no puede analizarse qué pasó en las juntas receptoras del voto, no puede conocerse las tendencias que generan las cifras de las actas escrutadas.
Sin embargo la sociedad podía jugar con los números que el CNE fue entregado a cuenta gotas luego de escrutados más del 90%. La Universidad Espíritu Santo lo explicó con claridad meridiana: contados el 95,7% de los votos la tendencia a favor de Moreno era como máximo 4 de cada 10 votos y para llegar a más del 40% (en el último tramo)  requería cambiar la tendencia a 6 de cada 10 votos, una tendencia imposible de lograr.
Contado los votos en Manabí nada cambió a favor de Moreno, entonces intentaron ir a las actas con inconsistencias, hasta entonces se había informado que el 10% de ellas tenían problemas y que serían contadas manualmente en cada junta provincial. Es curioso que siendo un proceso controlado por Rafael Correa, con un Consejo Nacional Electoral nombrado por Rafael Correa. Con un presidente seleccionado a dedo por el propio Rafael Correa. Con  un presidente del Tribunal Contencioso Electoral, que es parte del círculo íntimo de Correa, cuestione la idoneidad de los comicios.
El mismo grupo de técnicos que previamente a los comicios analizó con milhojas.is  la calidad del padrón, a partir del día 19 analizaron el conteo de votos e  identificaron una anomalía en la tendencia de crecimiento de Lenin Moreno. Esta se dio a las 22h00 del lunes cuando se había escrutado el 90% de votos y Lenin pasaba del 39.08% a 39.18%. “Colocamos en una tabla en Excel el porcentaje total escrutado y el porcentaje de votación de cada candidato. Luego se pone en un grafico de líneas y se calcula regresión lineal, el resultado es que se observa un cambio drástico en la tendencia de crecimiento de Lenin Moreno. “Se mira como una grada y es totalmente anómalo porque debía ser una transición más suave”, explicaron.

¿Razones para ello? Tal vez escrutaban sectores con baja votación  y de repente ingresó información de zonas más pobladas o simplemente observaron que la tendencia de crecimiento empezó a bajar y decidieron compensarla de alguna manera.  
Pero la auto convocatoria a las sedes del CNE desde la noche del domingo en Quito y luego Guayaquil pudo cambiar cualquier estrategia. Si el régimen calculó que era fácil bloquear la segunda vuelta no tomó en cuenta que cientos de miles de ecuatorianos en calles y redes sociales convirtieron en su tarea personal el luchar contra lo que consideraron un fraude. Al reclamo de la ciudadanía se debieron sumar todos los integrantes de las tiendas políticas sin distingo de ideología.
El martes a las 2 pm fue el propio Juan Pablo Pozo que aceptó indiscutiblemente una segunda vuelta electoral, luego de ese anuncio fue reprendido públicamente por los militantes de PAIS. El primero fue Moreno, que en su cuenta de tuiter le dijo: “La posibilidad de ganar en una sola vuelta está intacta. EL CNE no está para elucubrar con tendencias…”. La cereza del pastel la puso José Serrano que criticó a Pozo con dureza por haber aceptado la irreversibilidad de la tendencia a la segunda vuelta, entonces salió con documentos y actas que demostraban el perjuicio de su candidato en el exterior.
En otras palabras denunció fraude, aunque en la mañana del martes había asegurado que el proceso fue transparente. José Serrano  dijo que se encontraron actas distintas a las subidas al sistema de control del CNE en el exterior como Alemania, China, Japón Austria, Albania que perjudicaron a Moreno.  Pero es en el exterior donde ellos, Alianza Pais, mantienen mayor control del sistema electoral. Pueden hacer y deshacer con los sufragios. Sucedió en Qatar, el capitán Esteban González, piloto de Boeing 777 de Qatar Airways denuncio que él y otros pilotos consignaron sus votos por Lasso en la embajada de la ciudad de Doha. Su sorpresa fue que sus votos no estaban. “Esta trafasía en Qatar se ha repetido en varios países europeos pues no había inspectores de mesa. El embajador en Qatar es el  libanés, Kabalan Abisad íntimo amigo de Correa y Lenín” contó González.
Las historias de actas alteradas perjudicando al candidato de oposición son demasiadas; el hallazgo de actas en basureros y olvidados en recintos electorales como lo denunció el cuencano Julio Cabrera en el recinto Herlinda Toral o Giselle Zarlenga que denunció papeletas de doblemente marcadas.
Los audios de veedores ciudadanos y delegados de mesa se multiplicaron en redes sociales junto a fotos y videos, fue un ejército de indignados, ganaron una batalla el miércoles 22 de febrero cuando el presidente del CNE anunció que habrá segunda vuelta. Afuera del CNE de Quito una multitud en vigilia y a la intemperie entonó la primera estrofa del himno nacional.

Milton Jijón: “Como vicepresidente, Lenín Moreno no cumplió su promesa de crear el Centro de Genética, hoy lo ofrece en campaña”

Milton Jijón es uno de los genetistas más reconocidos del Ecuador. Durante 35 años de servicio en la salud pública y particularmente como Director de Docencia y Director General del Hospital Baca Ortiz, su principal aporte han sido múltiples investigaciones clínicas y libros publicados.
En 2010 aceptó una invitación del entonces vicepresidente Lenín Moreno para ejecutar la Misión Solidaria Manuela Espejo, el mayor estudio sobre las discapacidades realizado en Ecuador, del que Jijón fue la contraparte nacional. La primera fase de la Misión consistió en el Estudio Clínico-Genético de las Discapacidades y concluyó con el diagnóstico de 300 mil personas en esa condición. La fase inmediata debía ser el tratamiento.Jijón insistió una y otra vez en completar el proyecto pero, lejos de ser escuchado, a fines de noviembre de 2011, junto con otros 109 médicos de carrera, fue abruptamente despedido del Baca Ortiz.
En diálogo con MILHOJAS.IS Jijón asegura que las personas discapacitadas por causas de origen genético están abandonadas a su suerte. Relata el drama de quienes padecen enfermedades raras, a quienes el Gobierno ha desatendido. Advierte también que Lenín Moreno, como parte de su campaña, ha prometido construir un Centro Nacional de Genética, obra que ya ofreció cuando era vicepresidente, pero la dejó en el olvido.


Usted que realizó el Estudio Clínico-Genético de la Misión Solidaria Manuela Espejo ¿considera que cumplió el objetivo para el que fue creada?
La Misión es el proyecto de Salud Pública de mayor envergadura y alcance realizado en el país. Se involucraron muchas instituciones públicas y privadas como Ministerios, Institutos de Informática, Municipios y sobre todo contamos con la patriótica y sacrificada labor de las Fuerzas Armadas que sustentaron de diferente manera el desarrollo de la Misión. Su nombre oficial es Estudio Clínico Genético de las Discapacidades en el Ecuador. Su propósito esencial fue determinar cuántos ecuatorianos adolecían de una discapacidad y luego establecer el origen de esa discapacidad.
¿Cuánto tiempo duró y cuánto le costó la Misión Manuela Espejo al Ecuador?
El estudio fue realizado entre julio de 2009 y noviembre de 2010. El costo total de la Misión Manuela Espejo no ha sido revelado. Debe tratarse de decenas de millones de dólares, pues diariamente se movilizaban entre 700 y 800 misioneros. Esto ameritaba choferes, autos, alimentación, hoteles que nunca fueron suficientes, puesto que en muchas ciudades no había la capacidad hotelera por lo que se ocupaban desde las pensiones más económicas hasta los hoteles más caros, por rigurosa necesidad. Desconozco cuánto le pagó el Ecuador a Cuba para que el personal cubano se traslade al país a trabajar de esa manera, pero supongo que debe haber sido muy significativo. Fue un convenio de Gobierno a Gobierno.
¿Cuál es su balance de la política de atención a las personas con discapacidad tras 10 años de Gobierno de Rafael Correa y en particular ahora que la Misión Manuela Espejo es la principal carta de presentación en la campaña electoral de Moreno?
La Misión tuvo un quiebre que le restó valor. En primer lugar es importante aclarar que el programa y su metodología no fue escrito por nadie en Ecuador; fue ciento por ciento hecho  en Cuba y diseñado para que sea ejecutado por personal cubano, debido al tipo de trabajo y dedicación exclusiva, siete días por semana y sin remuneración salarial. Se recibía una bonificación, como en mi caso que me entregaban aproximadamente $400 mensuales. Pero, más allá de eso, una vez que realizamos el diagnóstico clínico-genético, debió emprenderse inmediatamente la fase subsecuente y lógica: el tratamiento.
¿No se dio el tratamiento a esas personas?
Solo un mínimo número de casos ha recibido tratamiento específico. La mayor parte de ellos se encuentra realizando interminables gestiones para ser atendidos clínica y quirúrgicamente.
¿Cuántas personas están en esas circunstancias?
No hay un número determinado porque hay que sumar síndromes y patologías raras para cuantificar. En resumen, la Misión hizo un fabuloso diagnóstico que no tuvo tratamiento.
¿Dónde está la exitosa, inédita y tan publicitada política gubernamental de atención a las personas con discapacidad sobre la que se proyecta la candidatura presidencial de Moreno?
La Misión Manuela Espejo no fue escrita en la Vicepresidencia del Ecuador. Ningún personero, empezando por el ex vicepresidente Moreno, tuvo que ver con la génesis de la Misión. La Vicepresidencia actuó a partir de un decreto presidencial que dispuso que se haga cargo de la Misión. Antes, este programa fue efectivizado tal cual en Cuba, luego en Venezuela y simultáneamente en Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Las Granadinas. En realidad, este estudio fue concebido políticamente para los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).
¿Tuvo algún beneficio?
En primer lugar visibilizó una patología escondida que afectaba a miles de ecuatorianos que permanecieron carentes de todo tipo de atención médica y social.  Contribuyó a la acumulación de datos biológicos y sociales que caracterizaron a esta población afectada por discapacidades de origen ambiental y genético. A muchos se les ha dotado de silla de ruedas, bastones, colchones anti escaras y otras ayudas técnicas. Incluso una parte de ellos ha recibido ayuda económica como el bono Joaquín Gallegos Lara. Pero el problema de los pacientes y familias afectados genéticamente persiste tal como estaba antes de la Misión.
¿Qué enfermedades sufren y cuáles son las consecuencias de no recibir tratamiento?
Por ejemplo, los pacientes que son discapacitados por mucopolisacaridosis han tenido que demandar judicialmente al Ministerio de Salud para obtener su tratamiento. Los pacientes con Ictiosis, Paraparesia Espástica hereditaria, Neurofibromatosis y muchos otros síndromes están abandonados a su suerte. En algunos casos se les ha conferido el bono Gallegos Lara, que si bien es una ayuda económica significativa, no resuelve ningún problema en su base.
¿Cómo es posible que se haya gastado tanto dinero en el diagnóstico y en la publicidad del programa y que no se haya dado el tratamiento para curar o al menos aliviar a esas personas?
En Ecuador hay poblaciones que tienen una frecuencia de síndromes de manera inusitada. Por eso son foco de estudio mundial. Uno de estos casos son las personas con el síndrome de Larón (pacientes con una estatura promedio de un metro). Muchos de ellos pudieron haber recibido la hormona del crecimiento, pero por su alto costo no la tienen, salvo poquísimos casos. El 95% de pacientes está abandonado. Así mismo hay pacientes que necesitan trasplantes de piel, injertos óseos, como en el caso de quienes padecen Exostosis Múltiple y Síndrome de Mariposa. No lo han logrado.
¿Le dijo a Lenín Moreno esto que cuenta a MIL HOJAS.IS?
El reporte clínico-genético entregué a la Vicepresidencia por escrito, además de que la información general del trabajo la transferíamos al final de cada día, de manera computarizada. Toda esta información la tiene la Vicepresidencia y al final de la Misión entiendo que la transfirió al Ministerio de Salud, como debía ser. Otro asunto importante que el país debe saber, es que Lenín Moreno está ofreciendo ahora la creación del Centro Nacional de Genética, cuando ese fue un compromiso que lo asumió como condición para que me integre a la Misión. Hasta la fecha esta obra importantísima no se ha realizado.
¿Cuáles son los beneficios de tener un Centro Nacional de Genética?
Es una obra vital porque permitiría hacer diagnósticos certeros, no solamente de personas con discapacidad de origen genético, sino con trastornos que tienen base genética como el cáncer. Estas enfermedades catastróficas se pueden diagnosticar mucho antes de que se presenten los síntomas. Además, en este centro se haría el seguimiento de los pacientes y sus familias y se desarrollarían estudios de diagnóstico prenatal para evitar que se repitan o aparezcan nuevos ecuatorianos afectados por enfermedades genéticas que pueden ser diagnosticados incluso antes de la concepción. Es insólito que Ecuador esté entre los pocos países del Continente y del mundo que no tienen un Centro de Genética.
¿Cuánto costaría construirlo?
Si me permite la comparación, con el gasto efectuado para algunas sabatinas ya estaría pagado. Un centro de genética súper moderno, con secuenciación génica y dependiendo del equipamiento en general, costaría alrededor de $3 millones. Debió haber sido construido durante la Misión Manuela Espejo. Fíjese que las pruebas genéticas, muestras de sangre y otras biológicas tuvimos que enviar a Cuba para que se realicen los análisis en el Centro Nacional de Genética de la Habana, con todo el trámite de envío, embalaje y otros requisitos para el transporte de estas muestras orgánicas.
¿Le dio Lenín Moreno alguna explicación sobre su incumplimiento?
Ninguna. Para el Ecuador es un bochorno tener que admitir la carencia de este Centro de Estudios Genéticos. De modo que, si ahora lo han convertido en un ofrecimiento de campaña electoral, es de abrigar la esperanza de que por fin se lo construya y se llene este vacío inmenso en materia sanitaria en el país.
¿Cuáles son las consecuencias de no tener un Centro Nacional de Genética?
Además de que no reciben el tratamiento adecuado, no contar con ese centro especializado provoca que los fármacos para los pacientes con enfermedades raras sean sometidos a procedimientos manejados por gente no calificada. Es decir, un centro nacional de genética debe contar con muchos especialistas de diversas ramas médicas, obviamente con la genética a la cabeza. Lo que quiero decir es que los fármacos y los tratamientos de los pacientes discapacitados por causa genética deben depender del centro de genética.
¿Cómo se los ha manejado hasta ahora?
Como no hay un centro específico, no hay quien se haga cargo de manera sistemática de estos pacientes. Ejemplo: Una enzima de sustitución en un síndrome de mucopolisacaridosis hay que administrarla en terapia intensiva, en goteo, con súper vigilancia de una enfermera técnica y un médico intensivista que velen por los signos vitales del paciente durante el suministro de la enzima. Son fármacos que no se los pueden vender en farmacia. Eso debe ser manejado por un cuerpo técnico.
¿Esas personas están muriendo?
Muchos se están muriendo, otros están en la lucha porque no hay un organismo que se haga cargo de ellos. En el Ministerio de Salud estos pacientes se enfrentan a trámites burocráticos interminables que les impide su oportuna atención.
¿Cuántas personas con discapacidad de origen genético diagnosticaron en el país?
Cada día hay más pacientes con enfermedades raras que discapacitan a la gente. Cuando hicimos la Misión Manuela Espejo se estableció en números redondos que había cerca de 300 mil personas con discapacidad. Los pacientes sometidos a estudios cromosómicos obtuvieron diagnósticos definitivos, pero en gran número los estudios genéticos y de otro tipo quedaron pendientes. Eso es indispensable para corroborar el diagnóstico clínico. En términos de diagnóstico, la Misión fue el acto más grande y representativo de salud pública que ha realizado el Ecuador. Sus datos deben ser ampliamente difundidos en la ciudadanía y particularmente en las instituciones relacionadas para que establezcan proyectos de tratamiento clínico y seguimiento farmacológico evolutivo de los pacientes.
¿Hubo médicos ecuatorianos dispuestos a cumplir esa misión?
Las condiciones para reclutar a médicos ecuatorianos eran complicadas. Pretender que un otorrinolaringólogo, un neurocirujano o un pediatra trabajara durante un año, 24 horas al día y siete días de la semana por una bonificación que a duras penas llegaba a $400 mensuales es imposible; sin embargo, a lo largo de la Misión, en cada provincia o cantón se adherían médicos ecuatorianos, sobre todo para tratar cuadros clínicos derivados o a consecuencia de la discapacidad.
¿Entonces la Misión Manuela Espejo fue una decisión política diseñada para justificar la traída de médicos cubanos a Ecuador?
El único médico genetista ecuatoriano en la Misión fui yo. El estudio sindrómico lo compartí con otros once genetistas cubanos que se desempeñaron magníficamente. Los otros médicos pertenecían a la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana y se complementaba con especialistas ecuatorianos que se vincularon momentáneamente para establecer el diagnóstico, no solo de personas con discapacidad, sino en otras condiciones. Yo dejé la Dirección del Hospital Baca Ortiz para realizar la investigación genética durante un año. La Misión se encontró con muchos pacientes que ya tenían diagnóstico, porque yo los había visto hace 5, 10 y 15 años. Ellos tenían una gran expectativa de una solución que nunca llegó. Por ejemplo, hay pacientes con patologías cuyo tratamiento consiste en la amputación de miembros deformados. Cuando eso ocurre, el paciente inmediatamente piensa en su prótesis. Esto se ha cumplido en pocos casos. Los tratamientos que se han dado han sido parciales. Por eso insisto en que solo el Centro Nacional de Genética, concebido técnicamente y con un pulcro afán de servicio médico, es indudablemente una de las máximas aspiraciones de la nación.
¿Lenín Moreno no hizo nada por esos niños?
Después de la Misión, una vez que se hizo el diagnóstico, yo perdí contacto con él. Luego me separaron del Baca Ortiz porque reclamé por los niños con piel de pescado y los que necesitaban la hormona del crecimiento. En la Presidencia hicieron el cálculo de cuánto costaba tratar a 50 pacientes que necesitaban la hormona del crecimiento y cuántos casos de paludismo se podían tratar con ese mismo dinero. Entonces dijeron no. Esta situación se aplica en términos de gasto-beneficio y como las enfermedades raras en general no tienen curación definitiva, no se compra los medicamentos. El Centro no debe ser convertido en una oferta de campaña porque es un asunto que tiene que ver con los derechos en salud de todas las personas, de todas las familias, dado que todos estamos en riesgo de tener descendencia con patología rara.
¿Si Moreno hubiera cumplido su promesa de crear el Centro Nacional de Discapacidades tendríamos menos personas padeciendo ese tipo de enfermedades?
No solo eso, se podría hacer diagnóstico de cánceres, de personas con predisposición a enfermedades como el Alzhéimer. Genéticamente es posible detectar personas con probabilidades de sufrir un infarto o aquellas que pueden desarrollar obesidad y hasta diabetes. Todo esto se puede evitar con el Centro de Genética porque la mayoría de estos síndromes afecta a hijos de padres sanos, al revés de lo que piensa la gente. Desde hace varios años, en especial desde que soy profesor de Genética, he solicitado la construcción del centro. Varias veces lo hemos hecho de manera conjunta con otros genetistas. La ejecución de la Misión Manuela Espejo fue una coyuntura especial porque fue el estudio clínico-genético de las discapacidades. Lamentablemente, las principales autoridades del Ministerio de Salud han sido personas, en unos casos no formadas en Medicina, en otros casos desconocedoras de la Salud Pública y, en buena parte, improvisadas. Por eso no le dieron importancia a esta obra.
¿Es posible todavía aprovechar la información de la Manuela Espejo?
La información que tiene la Misión es valiosísima. Es conveniente que el nuevo Gobierno, de una manera responsable, recupere esos datos para hacer programas serios de atención a los pacientes en cada patología.
¿Es decir que esa base de datos genéticos no prescribe?
No prescribe. Los datos que obtuvo la Misión Manuela Espejo pueden servir como una línea de base para acciones concretas por patologías, por tipo de pacientes y, sobre todo, para establecer programas de atención integral continua en Salud, que no hay en el Ecuador.
Mientras tanto, cuánto dinero han gastado en publicidad, cuánto le ha costado al país la estadía de Lenín Moreno en Ginebra. Eso no es coherente con la calidad de vida de estas personas. ¿Qué opina?
Yo trabajo con muchas asociaciones de personas con enfermedades raras. A ellos les ha ocurrido algo insólito, hay pacientes que tienen enfermedades hereditarias enzimáticas que son brutalmente agresivas y han iniciado juicios contra el Ministerio de Salud porque a algunos pacientes que exigen medicamentos ya ni siquiera les reciben.
¿Usted puede dar a conocer esos casos para que el nuevo Gobierno asuma la responsabilidad de velar por la vida de esas personas?
Claro. Yo tengo los datos ciertos y el respaldo humano y vivencial de las familias porque vivo con ellos. Me puedo presentar mañana en la televisión con 10 síndromes diferentes, con 10 familias diferentes y decirle al país que esas personas en 10 años no han recibido la atención que les corresponde por derecho. En suma, la Misión Manuela Espejo es una epopeya diagnóstica que se quedó sin tratamiento.

Topic asegura no tener negocios con el tío de Jorge Glas

Tomislav Topic, principal accionista de Telconet, asegura que la carta difundida por Mil Hojas en su reportaje “El tío de Glas esconde millones de dólares en empresa vinculada a contratos estatales” es adulterada en varias partes y no obedece a la realidad. Topic se entrevistó con este portal pocas horas después de la publicación del informe y aseguró que el documento, ahora público, es parte de un complejo proceso de divorcio con su esposa Tamar Verduga. En esa carta, del año 2011, se aseguró que en la cuenta bancaria internacional que Telconet mantiene en Merril Linch, existió dinero del tío de Glas, Ricardo Rivera. Según el documento “Rivera colocó de su plata US$3M en la cuenta de Merryl Linch. Esa plata es de él y debemos devolvérsela. Javier Galarza conoce del tema”.
Ricardo Rivera Arauz es un empresario que ocupó el puesto de intendente de telecomunicaciones a inicios del gobierno y luego mantuvo un bajo perfil público hasta fines de 2016, cuando su nombre fue ligado a las actividades de Tomislav Topic.
Este último asegura que no es verdad ya que la carta fue adulterada: “Hay cosas que no están bien como permitir que salga a la luz este documento adulterado, del que me enteré hace poco y pedí una medida cautelar para impedir su difusión.  Por ese documento fui amenazado por el abogado de mi esposa, Xavier ´Chiqui´ Castro”.
Topic dice que ese documento fue tomado por su esposa en un momento en que el matrimonio se encontraba ya en situación delicada y fue ella quién lo adulteró para beneficiarse: “Nosotros no sabíamos de este documento hasta diciembre de 2016 cuando fui amenazado por Chiqui Castro, el puso en Twitter: señor Topic, no se olvide que tengo su testamento. No se trata de un testamento sino de un conjunto de instrucciones en el mes de mayo de 2011, me puse a investigar y solicitamos la medida cautelar y mi percepción es que fui extorsionado”.
Agregó: “No es verdad que en la cuenta de Merryl Linch haya existido dinero de Rivera, como tampoco es verdad que las acciones de Telconet de mi hijo estén endosadas a mi nombre y que use una empresa para encarecer los costos del servicio”.

Topic es un ingeniero de la politécnica del litoral que parece mas un técnico que político, ocupó mucho de su tiempo en asegurar que no tiene relación alguna con el vicepresidente Jorge Glas: “no lo he visto mas de 4 horas en mi vida, mi madre murió hace tres días y me llamaron todos los candidatos a vicepresidentes menos Glas”.
Buscó además mostrar la diferencia de sus empresas con otras beneficiadas en el correísmo:  “El 90% de nuestra facturación es privada y apenas el 10% es pública. Telconet y Telcodata son empresas de trayectoria, tienen 2300 empleados que subsisten de esto y  han pasado 15 gobiernos. Aquí no hay de por medio empresas que se crean de la noche a la mañana con capital de 800 dólares y obtienen sendos contratos.  Debe considerarse que el nuestro es un tema privado que busca extraporlarse a lo público con fines no lícitos, es un divorcio en que cada una de la partes tiene derecho a defender su parte de la historia”.
En la entrevista Topic pasó por alto explicar su relación con el tío de Glas, se limitó asegurar que se probará judicialmente que no existió dinero de Rivera en sus cuentas nacionales e internacionales.
Este domingo 12 de febrero el candidato a la presidencia Dalo Bucaram realizó una larga intervención sobre la corrupción del gobierno de Correa y en los minutos finales se refirió al tío de Glas: “Rivera recibe depósitos por mas de 27 millones de dólares, estas son las transferencias que recibe el señor Rivera a través de sus empresas con el señor Alvear…gran parte de estos depósitos son hechos a través del Banisi en Panamá, propiedad de Guillermo Lasso”.
 Bucaram no brindó mas detalles sobre estos datos, tampoco parecieron contundentes pero dejó abierto el camino para buscar información sobre el misterioso Ricardo Rivera. Pocas horas después las cuentas troll pagadas por el gobierno en redes sociales denunciaron una agresión contra Rivera, provocada por la seguridad de Bucaram.  Entonces se exhibieron imágenes del empresario que ha pasado oculto y en silencio los diez años de revolución ciudadana.

 

Abogada de Lucas: “Caupolicán Ochoa no busca proteger al profesor acusado sino al colegio La Condamine, con el que el presidente Correa y su familia tienen vínculos especiales”

El pasado 6 de febrero, la audiencia de apelación de la sentencia de 22 años de prisión contra José V.L. por la presunta violación sexual de Lucas-nombre protegido-, su alumno de natación en el Colegio La Condamine, no se realizó porque uno de los tres jueces que integraban el Tribunal Provincial de Justicia no estaba habilitado para actuar en esa diligencia.
El viernes último, la defensa de Lucas fue convocada por segunda ocasión para hoy a las 14:30, una vez que el Tribunal estaba completo con la jueza Mónica Bravo, quien retornó el caso tras unos días de ausencia. Bravo es la misma que ratificó el llamamiento a juicio a los cuatro veedores que investigaron los contratos de obra pública entre empresas vinculadas a Fabricio Correa, hermano del presidente Rafael Correa. Esta jueza también ratificó la sentencia de 15 días de prisión para el vicealcalde de Quito, Eduardo del Pozo,del movimiento opositor CREO, por afectar el buen nombre y la honra del jefe de Estado en una entrevista radial el 10 de junio de 2016.Pero, lo que en realidad preocupa a Gisela Vaca, abogada titular de Lucas, es que el defensor principal del profesor ya sentenciado sea Caupolicán Ochoa, abogado personal de Rafael Correa.Ella advierte que en el proceso judicial han ocurrido muchas irregularidades, algo que atribuye al hecho de que la pelea, más allá de ser contra el presunto agresor, se libra contra algo superior: un colegio de élite de Quito, donde es maestra Anne Malherbe, esposa del presidente y en el que estudian sus tres hijos.


¿Es verdad que Caupolicán Ochoa, abogado personal del presidente Rafael Correa, abandonó la defensa del profesor José V.L., bajo el argumento de que el caso se ha politizado?
Escuché en un medio de comunicación que habían llamado a pedirle una entrevista y dijo que había comunicado a la familia del profesor que ya no tomaría el caso. Pero hasta el momento no se ha presentado en la Corte Nacional de Justicia un documento en el que se informe que Caupolicán Ochoa ha dejado la defensa.
¿Qué puede pasar este lunes en la audiencia de apelación planteada por Caupolicán Ochoa?
Tres cosas: Que ratifiquen la sentencia condenatoria. Pero el asunto no termina ahí porque el acusado puede recurrir y cazar, siempre y cuando haya violación de derecho, porque la Corte Nacional no analiza prueba.  Es un asunto estrictamente procesal.La segunda opción es que lo declaren inocente, si hay duda, en cuyo caso apelaremos. Sin embargo, cabe recordar que la sentencia contra el acusado la dictaron tres jueces de manera unánime. Otra opción se da cuando la Corte estima que se ha violentado el debido proceso y el derecho a la defensa y resuelve anular la audiencia de juicio. Eso implicaría hacer borrón y cuenta nueva.
¿Es decir que, bajo cualquier escenario, la pesadilla jurídica de Lucas y su familia continúa?
Así es. El proceso es largo y complicado, pero jurídicamente tiene sustento y argumento. Seguiremos peleando. 
¿Hay un plazo para tener resultados?
No hay un plazo determinado. El juicio ya lleva dos años. Paulina –nombre protegido- denunció el caso Principito en abril del 2015. Hago un llamado de atención a la comunidad pues el caso dio un salto mediático porque fue demasiado evidente la presencia de alguien que no tiene por qué intervenir en este proceso, no tiene por qué tomar partido.
¿A quién se refiere?
A la razón por la que está Caupolicán Ochoa en la defensa del acusado y los intereses que ha defendido públicamente en diferentes procesos. A ello responde la connotación mediática que ha tomado este caso y debe ser un llamado a los colegios para que mejoren las políticas en este tipo de casos en extremo sensibles porque no es el único. Hay muchos Lucas, muchos Principitos, pero los colegios los ocultan porque afecta su imagen. Como sociedad somos hipócritas, tibios, mediocres, tenemos miedo y preferimos ver al otro lado. Si esto ha pasado ahora, que sirva de experiencia para que los colegios endurezcan procedimientos y protejan el bien superior: nuestros niños.
¿Cuáles son los argumentos que expondrá en la audiencia para exigir que se niegue la apelación y se ratifique la condena de 22 años?
No conocemos los argumentos del Dr. Caupolicán Ochoa y de sus otros dos abogados, los hermanos Luis y Fabián Borja Maldonado, porque presentaron un escueto escrito de apelación en el que no hay fundamentación. A breves rasgos señalan que no están de acuerdo con la sentencia y apelan, nada más.
¿Tenían que haber argumentado  la apelación?
Debieron hacerlo por respeto al principio de lealtad procesal y presentar un escrito fundamentado en el que establezcan punto por punto por qué no están de acuerdo con la sentencia.  Pero ese ha sido su accionar durante todo el proceso: sesgado, queriéndose ir por las ramas, por las esquinas. De esa manera nos impiden conocer sus argumentos. En realidad no sabemos con qué nos vamos a encontrar este lunes.
¿Están preparados para demostrar la culpabilidad del profesor de Lucas?
Estamos preparados en el sentido de que intervenimos en la audiencia de juicio, apoyamos a la Fiscalía en la presentación de las pruebas, estuvimos presentes cuando se actuaron las pruebas, cuando se tomaron los testimonios y cuando los peritos establecieron sus conclusiones en los informes. También constatamos que el acusado ejerció su derecho a la defensa porque contradijo cada una de las pruebas de cargo presentadas por la Fiscalía.
El Tribunal le dio la oportunidad de defenderse, pero no pudo desvirtuar ni generar dudas en el Tribunal Penal.
¿Quiénes son los jueces que conforman el tribunal de apelación?
Anacélida Burbano, Narcisa Pacheco, que es la ponente, y Mónica Bravo, que retorna al caso luego de haberse ausentado un tiempo.
La semana pasada, el caso se volvió mediático y las autoridades del colegio La Condamine emitieron un comunicado en el que afirman que el profesor también es víctima y que su conducta es intachable.
Durante todo este tiempo el colegio nunca dijo nada, lo mantuvo en absoluta reserva. Lo mismo hizo la madre del niño. Este es un caso reservado, tal es así que las audiencias no son públicas y las boletas que se suben al sistema no se publican. Si las autoridades del colegio se han manifestado públicamente tienen que demostrar si cumplieron los procedimientos que en este tipo de casos establece el Consejo Metropolitano de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia (Compina). Es obvio que no los aplicaron porque no solo tenían que denunciar al acusado sino separarle del colegio y brindar apoyo a la víctima, a su entorno familiar. No hicieron nada.


Un colectivo de personal y exalumnos del colegio asegura que el profesor  no pudo haber cometido el delito y que ya fue declarado inocente.
Eso no es verdad. Procesalmente hay la etapa preparatoria a juicio, en la que la víctima, la Fiscalía y el acusado, ejerciendo su derecho a la defensa, comparecen ante un juez de la Unidad Judicial. Este juez analiza los elementos de convicción que ha recabado Fiscalía durante la etapa de instrucción fiscal, que son aquellos sobre los que sustenta el dictamen acusatorio. 
¿Cuáles son los elementos de convicción?
Las versiones de varias personas, la valoración técnica con profesionales, el testimonio anticipado en la Cámara de Gesell, el reconocimiento que hace el niño en persona y a través de fotografías, las investigaciones de los agentes de la Policía. Con todos esos elementos Fiscalía formaliza su dictamen acusatorio. Como víctimas hicimos lo mismo. La otra parte ejerce su defensa y presenta los argumentos por los que no está de acuerdo con el sustento del fiscal, que es contundente.
Pero José Hidalgo, quien dijo ser representante del colectivo que apoya al profesor, afirma que ya fue declarado inocente.
En este caso es que, pese a haber una acusación fiscal y a que la víctima estaba representada mediante una acusación particular, el juez resolvió un auto de sobreseimiento a favor del acusado.
¿Quién es el juez?
Jaime Bayas Machado quien, como el sistema es oral, en la primera fase de este juicio, terminó la audiencia, dictó el auto de sobreseimiento a favor del acusado y levantó las medidas cautelares, pero no notificó a ninguna de las partes. Luego de una semana, el juez fue destituido.
¿Por esa razón?
Entiendo que por varias razones. Lo cierto es que abandona la Judicatura y entra otro juez al que le dijimos que hay un auto de sobreseimiento que no está motivado y que como él no estuvo en la audiencia, en respeto al principio de negación procesal, no podía motivar algo que no dirigió. Por eso pedimos que anule la audiencia. No obstante, el nuevo juez decidió dejar en firme el auto de sobreseimiento. Junto con la Fiscalía apelamos y el caso subió a la Corte Provincial. Ésta, como órgano de garantías de la sociedad que es,subsanó lo actuado por el juez Bayas, anuló la audiencia y realizó una nueva audiencia de preparación a juicio para que el nuevo juez,Telmo Fabián Molina Cáceres,conozca la posición de Fiscalía, del acusado y la víctima y, en base a eso, resuelva. Se vuelve entonces a realizar la audiencia, se llama a juicio, los tres jueces del Tribunal Penal analizan valoran la prueba actuada, lo declaran culpable y dictan la sentencia de 22 años de cárcel.
¿Por qué  le otorgaron medidas sustitutivas que no caben en este tipo de delitos? ¿El profesor debería estar preso?
Por supuesto. No caben las medidas sustitutivas porque se trata de un delito en extremo grave.
¿Quién es el responsable de haberlo dejado en libertad?
El juez. Cuando el niño identificó a su agresor en la cámara de Gesell, la Fiscalía actuó de inmediato y lo detuvo. El señor estuvo en prisión un mes o mes y medio y salió con Habeas Corpus. En este proceso han sucedido cosas muy raras. Siempre conversamos con la familia de que nos enfrentábamos a algo muy grande. Si no hubiera habido estos movimientos por debajo, esto se hubiera acabado hace mucho tiempo. La defensa del acusado, astutamente, queriendo beneficiarse de ese auto de sobreseimiento inmotivado, plantea ante la Corte Constitucional una acción extraordinaria de protección contra el auto de nulidad del sobreseimiento que dictó la Corte Provincial de Justicia. 
¿Cómo afecta eso al proceso judicial?
En nada, el proceso sigue su curso. Estamos en espera de que se realice la audiencia del recurso de apelación, pero la acción extraordinaria de protección está en trámite, cocinándose en la Corte Constitucional. Tenemos dos frentes. Como defensa ya notificamos a la Corte Constitucional que el profesor tiene sentencia. Por tanto, tendrán los jueces constitucionales que determinar jurídicamente si dan más valor a un auto de sobreseimiento inmotivado en una etapa procesal de trámite, por encima de una sentencia condenatoria como producto del análisis jurídico realizado por un Tribunal de Garantías Penales, luego de valorar las pruebas.
¿Preocupa a la defensa el proceso en la Corte Constitucional?
Lamentablemente es de conocimiento público que la Corte Constitucional le ha fallado mucho al país en el tema de respeto a los derechos humanos. Está en entredicho la independencia judicial incluso en la Corte Constitucional.
Si a eso se agrega que Caupolicán Ochoa, abogado del presidente Correa, sea el defensor del maestro acusado ¿qué expectativa tiene la defensa de Lucas sobre la audiencia de este lunes?
Siempre supimos que en este caso hay intereses superiores porque se trata de un colegio de élite en el que el primer mandatario, su esposa -Anne Malherbe, profesora del plantel- y sus tres hijos -alumnos de la institución- tienen relaciones y vínculos especiales. Y en este caso se juega el prestigio del colegio. Estamos preparados con argumentos jurídicos para enfrentar a Caupolicán Ochoa. Pero nos llama la atención que, teniendo dos abogados privados, una semana antes del 6 de febrero, día en que se convocó la última audiencia  (que fue suspendida), ingrese un escrito en el que agrega a la defensa a Caupolicán Ochoa. Entonces, no es difícil concluir que este tema del colegio es sensible para el presidente y es la razón por la que Ochoa asume el caso. También nos preguntamos cómo un profesor logra pagar dos abogados y los servicios de un abogado de élite como Caupolicán Ochoa.
¿Cuánto cuesta la defensa para un caso como este?
Extraoficialmente, dentro del foro de abogados se comenta que para ir a una audiencia, Caupolicán Ochoa cobra alrededor de $15 mil. ¿Cómo un profesor de categoría mediana puede pagar los honorarios de tres abogados?
¿Por qué el profesor recibe ese tratamiento especial?
En verdad, Caupolicán Ochoa no busca proteger al profesor acusado sino al colegio La Condamine porque una sentencia condenatoria que devele que un profesor cometió el delito de violación a un niño de 5 años, baja su prestigio y reputación.
El colectivo de personal y ex alumnos del colegio da a entender que el violador sexual de Lucas sería otra persona y que habría ocurrido en otro lugar, no en el colegio. ¿Qué opina?
Eso, además de ser descabellado, es absolutamente desatinado porque la Fiscalía determinó que no hay ningún otro sospechoso señalado por el niño. Como abogada respetuosa de derechos humanos, no me molesta el apoyo sino su contenido. Me llama mucho la atención que, al hacer un comunicado, no se hayan asesorado sobre el proceso penal, pues al decir que el señor cuenta con una sentencia absolutoria quieren hacer creer a la comunidad que el señor fue juzgado y absuelto. Eso no es así. Solo se ha realizado una audiencia de juzgamiento ante el Tribunal de Garantías Penales, en la que, bajo el sistema oral se presentan los testigos ante los jueces y rinden su testimonio bajo juramento, respondiendo preguntas de la Fiscalía, de los abogados de la víctima y de los abogados del acusado. Solo después de eso se puede decir que alguien ha sido sentenciado. Si la alegación del acusado fuese que debió haberse investigado a alguien más, no es procedente porque cuando Fiscalía investigó, el único sospechoso investigado y formalmente acusado fue el profesor.
¿Si hubiese habido la sospecha sobre otro agresor, lo lógico habría sido que la defensa del profesor lo argumente a su debido tiempo?
Más allá de que la defensa lo argumente, la Fiscalía, que no solo defiende los derechos de la víctima sino que, como titular de la acción penal, recabó elementos de convicción de cargo y descargo. Investigó, por ejemplo, las valoraciones psicológicas que hicieron diferentes profesionales luego de varias entrevistas al menor. Si esas entrevistas habrían arrojado que había otro sospechoso de la agresión, que fuera parte del entorno familiar del niño, las psicólogas no se venden con nadie, lo hubieran manifestado en su informe y la Fiscalía lo habría incluido en la investigación. Eso no sucedió jamás.
Si es que la justicia ecuatoriana fallara a favor del profesor acusado y no de Lucas y Paulina, ¿llevarán el caso en instancias internacionales?
Por supuesto. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- ya ha llamado la atención al Estado ecuatoriano por la falta de políticas, por la informalidad con que se maneja este tipo de casos.

El tío de Glas esconde millones de dólares en empresa vinculada a contratos estatales

El divorcio del mayor empresario de las telecomunicaciones de Ecuador dejó en evidencia la gran fortuna que amasó Ricardo Rivera Arauz, tío del vicepresidente Jorge Glas Espinel, gracias a la Revolución Ciudadana. La disputa judicial por los bienes y las empresas entre Tomislav Topic, principal accionista de Telconet (la empresa de transmisión de datos más grande del país) y su pareja Tamar Verduga demostró la existencia de un testamento redactado por el mismo Topic en el que aseguró mantener tres millones de dólares del tío de Glas en una de sus cuentas bancarias del exterior.
La polémica ha llegado al punto de interponer medidas cautelares sobre este testamento, (en la Unidad Judicial Norte de Guayaquil, el pasado 7 de diciembre),  tras denunciar su supuesto robo y falsificación.  En los argumentos de Topic para pedir las medidas cautelares se señala que “el uso del documento con su contenido puede conducir a Telconet “a un despeñadero comercial inevitable”. Y como los productos de conectividad que brinda Telconet son un servicio público, Topic se amparó en el derecho constitucional a la comunicación y pidió al juez evitar “un daño a la colectividad integrada por los consumidores ecuatorianos”.
El juez Andrés García aceptó estos argumentos y concedió las medidas cautelares que impiden a Tamar Verduga o cualquier otra persona usar y difundir ese documento “o cualquier otro que guarde similitud” con él. Por cualquier vía: periódicos, revistas, redes sociales, radios, canales de televisión…
Gracias a Ecuador Transparente, Mil Hojas tuvo acceso al correo electrónico de dicho testamento que el poderoso empresario de las telecomunicaciones, Topic, envió a su ex esposa, Tamar Verduga el 30 de agosto del 2011.
A Tomislav Topic se le ha visto en varias ocasiones junto a Jorge Glas. Uno de los actos más importantes ha sido la inauguración de un sistema de fibra óptica submarina que une Ecuador con la Florida-Estados Unidos, por $300 millones, a cargo de Cable Andino, subsidiaria de Telconet, empresa de su propiedad. Aunque, según información que este empresario hizo llegar a diario el Telégrafo, que se publicó el 10 de noviembre del 2016, este fue “un proyecto privado en el que participamos junto con otras grandes empresas como Telefónica, Setar, UTS y Cable and Wireless”.
En Durán, Topic volvió a aparecer y hasta dio entrevistas en la apertura de la primera fábrica de cables de fibra óptica del país, que lo convirtió en uno de los más importantes proveedores autorizados de este servicio para los proyectos de telecomunicaciones del Estado.
Rivera en cambio es un fantasma, su rostro no aparece por ningún lado. En el buscador de Google apenas se identifica una sola imagen luego de los cambios estéticos a los que se sometió.
La publicación de este testamento es por demás relevante para la vida pública y la moral ciudadana. Primero porque denota acuerdos internos entre el empresario, el tío del vicepresidente y el propio Jorge Glas, hoy en el ojo del huracán de corrupción de la Refinería Esmeraldas, así como por el caso Odebrecht. Pero también porque el propio Topic manifiesta la forma de sortear a la justicia y los mecanismos de lograr mejores ingresos burlando al Servicio de Rentas Internas, al usar mecanismos como el de precios de transferencias.
EL TESTAMENTO
Escrito el 12 de mayo del 2011, Topic detalla su patrimonio personal y las decisiones estratégicas en Telconet y el resto de sus compañías en caso de su ausencia definitiva. Es en la página 4 de este documento donde aparece el nombre del tío de Glas y bajo el título de “Pendientes Telconet”, dice: “Ricardo Rivera colocó de su plata US$3M en la cuenta de Merryl Linch. Esa plata es de él y debemos devolvérsela. Javier Galarza conoce del tema”. Añade: “Hasta el 2011 debemos comprar los otros 16 STMls de Telefónica, US $ 4.8M”.
https://ecuadortransparente.org/doc/doc/otros/3.html


Otra muestra más de la estrecha relación de negocios de Topic con Ricardo Rivera se evidencia en otra parte del documento titulado: “Compromisos con negocios puntuales” que señala: “En el Consorcio Systor, TN  (Telconet)  tiene el 40% de acciones, sin embargo la mitad de los ingresos que recibamos por este porcentaje accionario le corresponde a Ricardo Rivera. Systor no espera tener utilidades significativas dados los bajos niveles de portabilidad en el país.
En los proyectos Edufuturo y Otavalo, el 50% de la utilidad operativa neta también le pertenece a Ricardo Rivera. Ya se la hemos entregado íntegramente.
No tengo otros compromisos que no estén documentados en TN”.
La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (Senatel) eligió al consorcio Systor para administrar el sistema de portabilidad para la telefonía móvil. El 31 de marzo del 2009 este conglomerado, conformado por: Systor (Noruega) Telconet ( Ecuador ) JR Electric Supply (Ecuador), firmó el contrato para este servicio con Conacel, Otecel y CNT. En abril del 2014 se renovó el contrato al mismo Systor por cinco años más, con la aprobación de la Senatel.
En la Superintendencia de Compañías Rivera Arauz no está registrado ni como accionista ni como administrador de Telconet ni del consorcio mencionado, por lo que no está claro por qué el tío de Glas tiene derecho, según este testamento, a la mitad de los ingresos que genere la participación accionaria de Telconet en Systor.
Mientras Edufuturo consta en el portal del Ministerio de Telecomunicaciones como un proyecto que desarrolló Telconet a través de su empresa filial Megadatos para la instalación, puesta en operación, mantenimiento y provisión del ancho de banda del proyecto senatel-edufuturo 434-megadatos. Su objetivo es que exista conectividad entre el Gobierno Provincial de Pichincha y 434 centros educativos fiscales. El contrato fue suscrito el 30 de marzo del 2010. En la  información oficial del proyecto no consta referencia alguna sobre Rivera Arauz, sin embargo, Topic indica en su testamento que se ha destinado ya la mitad de la utilidad del proyecto al tío de Glas.
Pese a las constantes negativas púbicas hechas por Topic sobre sus relaciones con autoridades de Gobierno, el mismo delata en este testamento, cómo quienes queden al frente de su fortuna pueden servirse de los contactos que él ha mantenido al más alto nivel del régimen para resolver problemas puntuales de sus negocios con instituciones del Estado. Así queda en evidencia en el siguiente acápite de su testamento: “Juicios pendientes”: “Tenemos un juicio presentado por el SRI en contra de TN por supuestos ingresos no declarados. Este lunes 13 de septiembre Jorge de la Torre nos va a informar de cómo obtener una sentencia favorable”.
Más adelante en las disposiciones sobre su herencia Topic detalla cómo usa a Amicorp, una de sus empresas, no solo para maniobras contables alrededor de las ganancias de Telconet, sino para conducir recursos a una cuenta en el extranjero en la que también hay recursos de Rivera.
“Amicorp”:  “Usamos a Amicorp para aumentar nuestros costos en TN y poder sacar la utilidad operativa del País. Debemos enviarle la cantidad de US $6M aproximadamente este año. Estos dineros terminan llegando después de 2 semanas a la cuenta de Merril Lynch. Actualmente tenemos US $3M en esa cuenta que pertenecen a Ricardo Rivera. Carlos Pazmiño conoce también del manejo de Amicorp”.
Amicorp es una empresa de fibra óptica que tiene su sede en la ciudad de Auckland, Nueva Zelanda, registrada en septiembre del 2008, siendo uno de sus directores Marion Tomislav Topic Granados.
No solo que a  través de Amicor, Topic enviaba dinero a la misma cuenta en Merril Lynch, donde están depositados recursos de Rivera, sino que el empresario usaba a Amicorp para sacar divisas del Ecuador a un destino considerado paraíso fiscal en las investigaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
En una publicación de diario el Comercio del 9 de mayo del 2016 referente a una de las revelaciones de los ‘Panama Papers’, “se señala a Nueva Zelanda como uno de los principales lugares utilizados por las grandes fortunas, en especial latinoamericanas, para ocultar su riqueza.  Mossack Fonseca, especializada en la gestión de capitales en paraísos fiscales, utilizó a Nueva Zelanda como una de sus nuevas jurisdicciones en 2013, junto con Belice, para aprovechar su alto grado de confidencialidad, exención fiscal y seguridad legal. Mossack Fonseca estableció una filial en la ciudad neozelandesa de Auckland en diciembre de 2013 y buscó captar clientes, especialmente en México, además de Venezuela, Uruguay, Chile, Brasil y Ecuador”.
Estos son algunos de los detalles del testamento del dueño de Telconet que evidencian su relación de negocios con Rivera Arauz, el tío del vicepresidente Glas.
Relación de los parientes y socios Rivera-Glas
Rivera Arauz ha sido destinatario de utilidades y divisas que Topic mueve a través de Telconet y otras empresas relacionadas en el Ecuador pero sus declaraciones de Impuesto a la Renta son más bien modestas. Entre 2000 y 2015, el monto más alto de este tributo fue de $7.976,34,  en 2007. Luego están las cifras de 2012 y 2013, con $1.475,09 y $2.616,00, respectivamente.
La actividad económica que Rivera Arauz reporta en el país es la de venta al por menor de aparatos y equipo de comunicación. No aparece como accionista de ninguna empresa registrada en la Superintendencia de Compañías. Pero sus hijos, Mauricio y Adriana Rivera Ponce, sí están registrados como accionistas de TV Satelital y como presidente y gerente de esta empresa, respectivamente.
Es decir, los parientes más cercanos de Rivera Arauz se mantienen en cargos de dirección de la empresa en la que Glas fue fundador y presidente en el año 2000 y su tío Ricardo Rivera Arauz fue gerente entre 1999 y 2000.
Durante los últimos 8 años Rivera Arauz ha procurado mantener un bajo perfil. Pero su nombre ha estado en la palestra pública de forma intermitente y salpicado de cuestionamientos. En el 2007, con el ascenso al poder de la Revolución Ciudadana, fue nombrado Intendente general de Telecomunicaciones, mientras Glas era presidente del Fondo de Solidaridad. En marzo del 2008 Rivera fue removido de este cargo, luego de publicaciones de prensa sobre la relación del Superintendente de Telecomunicaciones de entonces, Paúl Rojas, con la firma Advicom, dedicada a la venta de equipos de telecomunicaciones. En las investigaciones de prensa también se evidenció que Rivera mantenía vinculaciones con TV Satelital, Raloin, Trasmidatos, IP Telecomunicaciones, etc. y que a pesar de ello, Rojas lo nombró como su asesor y luego como intendente.
Mientras Rivera se desempeñó en ese alto cargo directivo fue representante legal de TV Satelital S.A. T.V. SAT, concesionaria de frecuencias para televisión y proveedora de servicios para las sabatinas en 2007.  Todo esto en medio de denuncias de las empresas Intelsat y Satmex que sostenían que el canal TV Satelital estaba interfiriendo a sus satélites.
Desde su salida de la Supertel Rivera desapareció de la tarima pública y política, pero tras bastidores siguió conectado a los negocios de las telecomunicaciones y a su sobrino.


Por ejemplo, en julio del 2009, el vicepresidente Glas no tuvo empacho en intervenir, defendiendo a Rivera, en una demanda presentada en su contra. Glas interpuso un recurso de casación en favor de TV Satelital, Trasmidatos S.A. y Raloin CIA. LTDA. , en un juicio laboral iniciado por Freddy Romero Celi en contra de estas empresas y de Rivera.
Aquí la reolución de la Corte Nacional de Justicia: http://www.edicioneslegales-informacionadicional.com/edle/dic/ee-110204-115.pdf
Por qué lo hizo si Glas no es accionista de estas firmas y según la Superintendencia de Compañías ejerció los cargos de presidente y gerente, pero entre los años 1994 y 2002?
Un año más tarde, sin ostentar ningún cargo público Rivera viajó a China, en representación del entonces Ministro de Sectores Estratégicos, Jorge Glas. Supuestamente el periplo era para lograr un tema prioritario de la agenda de Glas: el financiamiento para la Refinería del Pacífico. Pero nunca se informó sobre los resultados de dicha visita. Lo que trascendió en la prensa fueron reclamos de las autoridades y empresarios chinos, debido a la arrogancia del delegado de Glas.
No obstante, en enero del 2015, justo antes de que el presidente Rafael Correa viaje a China, Andrés Páez, hoy candidato a la vicepresidencia por CREO, denunció 27 transferencias por $22,8 millones, de los cuales $17, 4 millones constan en 13 transferencias autorizadas por Ricardo Rivera Arauz a la cuenta del banco HBSC de Hong Kong, a nombre de la empresa Glory International Industry Company Limited, compañía que en su juicio de divorcio en Miami, el empresario Tomislav Topic, aceptó haber constituido en el estado de La Florida.
Al pedido de investigación hecho por Páez sobre este tema, Glas respondió con amenazas de iniciar acciones legales que nunca se concretaron. No obstante, la  cercana relación de negocios entre Topic y Rivera y el enlace con Glas se puso en evidencia en el mencionado juicio de divorcio iniciado en diciembre del 2014 por Tamar Verduga, ex esposa del empresario Topic. En este proceso salió a relucir que la empresa Glory International Industry Company Limited fue creada para “no hacer negocios, para traer cosas de China y embarcarlas hacia el Ecuador”.  Es decir, una empresa de papel. También quedó en evidencia que el holding Telconet es parte de Tech Data International Inc., domiciliada en 12363 Northwest, 77th Lane, Miami Florida, la misma dirección de Rivera Arauz, tío de Glas.


De todo su conglomerado empresarial, Telconet es la joya de la corona. En documentos a los que accedió Mil Hojas, solo Telconet (sin tomar en cuenta sus subsidiarias y empresas relacionadas) aparece como proveedora de servicios de telecomunicaciones con diversas entidades públicas con cientos de contratos por decenas de millones de dólares.
Pero uno de sus más recientes contratos es el que se reviste de especial importancia dada la coyuntura político-electoral y los nexos de su dueño Tomislav Topic con Glas y su tío. Se trata de aquel en el que Telconet será responsable del servicio de enlaces de datos para el proceso electoral del 19 de febrero, por un monto de $4´450.000.
En la cuenta de twitter @TelconetEcuador, el conglomerado empresarial publicó en diciembre del 2016 un pedido al CNE de “que un comité de expertos internacionales audite nuestros bienes y servicios prestados para las elecciones 2017… en vista de los comentarios infundados de ciertos medios”.
Pero ha sido el propio Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia de la República, quien ha mencionado al tío de Glas en el contexto de investigaciones que supuestamente realiza el Ejecutivo sobre temas de corrupción, específicamente sobre el escándalo de los sobornos hechos por Odebrecht para asegurarse millonarios contratos en distintos países de la región.
En rueda de prensa el pasado 19 de enero,  Mera aseguró: “hemos hecho una investigación por ejemplo, en las Islas Vírgenes Británicas, en Suiza, en Hong Kong  y en Panamá…, sobre el Ing. Jorge Glas, sobre el Ing. Esteban Albornoz, actual candidato (a asambleísta por Alianza País AP) del Azuay, sobre cuyas obras había contratos con Odebrecht…Y en estos cuatro países la institución de revisión de lavado de activos ha determinado que no hay ninguna investigación de lavado contra ellos y también contra el tío del vicepresidente de la República porque como ustedes saben, tras bastidores y en la redes, siempre se habla de que dizque el tío está atrás de negocios de corrupción. Bueno, no hemos encontrado nada…”
Mera aseguró que las investigaciones continuarán. En condiciones de una justicia independiente sería de esperar que los documentos que Topic se ha empecinado en esconder (cuentas bancarias en EE.UU. y su testamento) así como las contradictorias cifras que arrojan las actividades económicas de Rivera Arauz en el Ecuador frente a las denuncias sobre millonarias transferencias autorizadas por él a bancos y empresas en el exterior,  bien podrían ser objeto de las investigaciones que debe realizar la Fiscalía General del Estado para aclarar las conexiones entre este empresario.
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El registro electoral está plagado de cédulas falsas, dobles identidades, fallecidos y otras inconsistencias

Christian Zurita Ron
MilHojas.is
El 31 de marzo de 2016 el plan de auditoría y seguimiento al padrón electoral que el Consejo Nacional Electoral (CNE) había implementado se fue al piso. Ese día el CNE se vistió con su mejor traje y la Secretaría de Comunicación del Estado (Secom) tenía todo listo para predicarle al país su propaganda de un proceso  limpio y transparente para febrero de 2017. Pero la Secom perdió el total control del evento cuando el matemático Enrique Mafla, catedrático de la Facultad de Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional, les explicó con pruebas que el padrón electoral estaba inflado con 3,5 millones de electores mas.
En el evento estaban invitados los principales funcionarios y técnicos del Registro Civil, la entidad encargada de proporciona los datos al CNE para la elaboración del padrón. Desconcertados intentaron sacar a la fuerza a la prensa y en medio del caos ensayaron respuestas de todo tipo para explicar por qué el padrón era un verdadero desastre. El siguiente día, 1 de abril, diario Expreso dio pruebas de lo ocurrido y publicó algunas de las justificaciones que dieron los técnicos del Registro Civil: según ellos el padrón electoral estaba dañado por que el llamado error del milenio Y2K, que fue una farsa mundial, dañó las bases de datos.
La realidad es que el registro electoral posee tantos errores que pone en peligro las elecciones de 2017, esas fallas son arrastradas desde la base de datos del Registro Civil que, al parecer, no ha sido depurada a pesar de los cientos de millones de dólares que el Estado ha invertido desde 2009 para la modernización. MilHojas.is realizó un análisis del padrón electoral usado por el CNE para las elecciones de 2013 y detectó graves inconsistencias. Entre los hallazgos suma 17 223 fallecidos incluidos en esos registros; 91 788 cédulas irregulares o falsas incluidas en ese padrón; 4179 ciudadanos con doble cédula.
Fue imposible realizar un estudio del registro electoral que servirá para las elecciones de febrero de este año porque el CNE nunca lo hizo público. Además el estado de propaganda de la Revolución Ciudadana tiene la capacidad de encubrir sus trapos sucios y para evitarse problemas le ordenó al CNE suspender cualquier reunión que permita conocer la verdad. Juan Carlos Intriago, representante de CREO para tratar temas electorales desde hace dos años, aseguró que esas reuniones no podían llamarse auditorias: “En realidad eran mesas de información, nunca existió un proceso de revisión o construcción del padrón, ellos (el CNE) lo hicieron solos y ahora deben enfrentar el escándalo de los fallecidos”.
Enrique Mafla solicitó, ese 31 de marzo de 2016, hacer una auditoria a la base de datos del Registro Civil, tomando una muestra al azar que permita conocer el real estado de los datos. Nunca se consideró su propuesta. “Es una base de datos dañada, no hay voluntad de sanearla y se seguirá corrompiendo”, explicó a este portal.
El silencio duró hasta fines de enero, cuando se conoció, en las redes sociales, que decenas de ciudadanos fallecidos estaban habilitados para votar en las elecciones del 19 de febrero. Entre el sin número de casos denunciados apareció el de los hermanos Andrés y Santiago Restrepo Arizmendi, que se encuentran habilitados para sufragar.  El caso fue comentado en la cuenta de twitter del candidato Andrés Páez, pero el presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, hábilmente le dio un giro a este caso y pasó de ser un problema técnico a uno de tipo moral, porque no se debía jugar con la tragedia y la imagen de los hermanos desaparecidos.
En términos prácticos el problema del registro electoral no se encuentra en el número de muertos habilitados para votar. Mil Hojas.is estableció que en las elecciones del 2013 existieron 17 223 fallecidos que estaban enlistados. Esa cifra apenas representó 0.144%  de los 11 931 632 que se registraron ese año. El pasado 31 de enero el presidente Juan Pablo Pozo fue consultado con esos datos en una rueda de prensa en la que estuvo presente el director nacional del Registro Civil, Jorge Troya.
Pozo aseguró que la presencia de fallecidos no alterará en nada los resultados de las elecciones. Fue el gancho para evitar responder por los verdaderos problemas del padrón. El director del Registro Civil se limitó también a explicar los procesos internos de depuración pero jamás respondió por los miles y miles de números de cédula secuenciales e ilegales que son parte del padrón electoral o temas cómo el número empadronados con doble cédula de identidad. Descargue aquí el contenido.
Los números de cédulas perdidos
Néstor Marroquín Carrera llegó al Registro Civil como director de gestión tecnológica en el año 2008, se encargó entonces de la depuración de las bases de datos y descubrió que cientos de miles de números de cédulas estaban perdidos. Luego de su paso por ese cargo presentó una denuncia en la Contraloría General del Estado en la que aseguró que existían 519 000 números de cédula que debían ser anulados porque nunca se entregaron con legalidad. Dice que ese número “significa las cédulas entregadas irregularmente por funcionarios del Registro Civil a favor de todo tipo de ciudadanos que buscaban esconder su identidad o  una situación particular como su estado civil, por ejemplo. Este hallazgo no fue examinado por Contraloría y es de extrema importancia porque se ha establecido que esas identidades forman parte del registro electoral.  

Marroquín, que se presentó en 2016 como auditor electoral del partido Concertación y luego representó a Sociedad Patriótica, es posiblemente el técnico independiente con mayor conocimiento de la condición de los registros civil y electoral. Hoy es candidato a asambleísta por Sociedad Patriótica y como tal goza de inmunidad para hablar sobre ese tema, explica que el Registro Civil tiene una forma de entregar el número de cédula: “Es un algoritmo patentado por IBM que fue adquirido por el Registro Civil con el viejo sistema AS/400. Son nueve números, se compone de dos dígitos que representan la provincia. Los siete  restantes se entrega de forma secuencial, conforme se cedulan y nos da una capacidad de cedular por provincia a 10 millones de personas, es decir en Pichincha o cualquier otra, se tiene la capacidad de cedular a 10 millones de personas. El décimo dígito es un verificador de los números anteriores. Lo que llamó la atención al hacer la depuración de la base de datos en 2009 fue que al verificar la secuencia de los números, estos faltaban y la pregunta que me hice fue ¿Por qué faltan si se entrega secuencialmente?”
Dijo Marroquín que se hizo la investigación y se acudió a los libros fotográficos: “Recordarán que antes para obtener la cédula se llevaba una fotografía que se tomaba en la calle o estudio y esta se pegaba en los libros que contaban con un espacio secuencial para  cada foto y su identidad. Al ir al archivo la sorpresa fue que había espacios vacíos, al preguntar la razón decían que eran números que se llevaron en brigadas de cedulación y que no se usaron y quedaron libres”, cuenta. Marroquín dice que “todos esos espacios secuenciales debieron ser anulados porque cabía una posibilidad que alguien ponga datos en esos registros vacíos”.  De esta forma lograron sus documentos los miembros de las Farc como Nubia Calderón,  Simón Trinidad, Rodrigo Granda, Oliver Solarte” que aún siguen en el padrón”.

Estos nombres, como otros, se hallan en este gran hueco de números secuenciales faltantes. Mil Hojas tomó todos los números de cédula de esa característica denunciados por  Marroquín en Contraloría y los cruzó con el registro electoral del año 2013.  Los resultados arrojaron  91 788 números de cédulas desaparecidos pero presentes en ese padrón. Números de cédula secuenciales denunciados y presentes en el padrón 2013 VEA AQUÍ ESA LISTA
Esto fue consultado públicamente al presidente del Consejo Electoral Juan Pablo Pozo: ¿Cuántos números secuenciales de cédulas de Identidad no reconocidas por el Registro Civil están en el padrón electoral?
Pozo no respondió la inquietud. El llamado a contestar era el director del registro civil, Jorge Troya, pero redujo todas las acusaciones a un problema de fe: “crean en nosotros”.
Mil Hojas.is además identificó 1,2 millones de ecuatorianos vivos que no constan en el registro electoral ¿Cómo explicarlo? ¿Dirán que se trata de migrantes?
Vicente Almeida, encargado del control electoral del Partido Social Cristiano, en charla telefónica con este portal ratificó que el registro electoral que les entregó el CNE para su revisión era una lista de nombres sin números de cédula.  ¿Cómo una organización política puede revisar la calidad del padrón electoral y hacer análisis si no posee el número de cédula?
Las autoridades se han rasgado las vestiduras para asegurar que el padrón está mejor que nunca y dirigieron sus críticas contra el matemático Enrique Mafla, que fue el primero en hacer un análisis basado en el censo de población.
Mafla utilizó los datos de los registros de electores utilizados en la consulta popular de 2011 más las elecciones de febrero de 2013 y 2014 con los correspondientes datos del censo electoral referencial, calculado con los datos estadísticos de población y migración que produce el Inec. Los resultados indicaron un exceso de electores del 25,4% para la consulta del 2011; 26,7% para las elecciones del 2013  y 27,3% de electores para las del 2014, esta última elección marcó en  2 179.369 electores más. (Lea el informe aquí)
Su conclusión fue: “El CNE debe presentar pruebas concretas, técnicas, objetivas y transparentes sobre el estado real del registro y padrones electorales. Estas pruebas deben incluir la auditoria de todos los  procesos involucrados en la elaboración del registro y padrones electorales, desde la entrega de la base de datos por parte del Registro Civil hasta la publicación de los mencionados registros y padrones”.
La Revolución Ciudadana cambió las dinámicas de transparencia que de a poco se imponía en el Estado hasta 2007, hoy la opacidad les provoca otro damnificado: Juan Pablo Pozo, que aun no comprende la gravedad para la democracia no contar con un padrón abierto y transparente.

Paulina: ¿Cómo entender que el abogado personal del presidente Correa defienda a un profesor sentenciado por violar a un alumno?

MILHOJAS.IS presenta el testimonio de Paulina, madre de Lucas, quien a sus 5 años habría sido abusado sexualmente por José V.L. su profesor de natación en uno de los más caros y catalogado como uno de los mejores colegios de Quito. Tras ocho meses de investigaciones, el pasado 22 de noviembre, tres jueces lo hallaron culpable y, en una decisión unánime, lo condenaron a 22 años de prisión. No obstante, el caso tomó un giro preocupante para la familia de Lucas luego de que Caupolicán Ochoa, abogado personal del presidente de la República Rafael Correa, asumiera su defensa y apelara la sentencia. Este hecho llevó a Paulina a denunciar el caso a través de la prensa, pues teme que la condena quede sin efecto y continúe la pesadilla que empezó hace dos años y  quebró no solo la infancia de Lucas sino la de su hermana  que es dos años mayor que él, e incluso provocó su divorcio. Dada la cercanía de Ochoa con Correa y el control de la justicia por parte del Ejecutivo hay temor de eventuales presiones desde el poder en este caso.


Los nombres de esta historia son protegidos
Para hoy (2 de febrero) a las 10:00, en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha,  fue convocada una audiencia que podía marcar, positiva o dramáticamente,  la vida de Lucas,  a quien su profesor de natación ponía su pene en la boca y le obligaba a que se lo chupara. Así de alarmante es este caso.
Como suele ocurrir en este tipo de situaciones, el agresor también habría maltratado física y psicológicamente al niño pegándole, diciéndole que es malo y  amenazando con meter a sus padres a la cárcel si cuenta lo que ocurría.
Esto pasó en uno de los colegios más prestigiosos y caros de Quito, pero ni su nombre ni el del maestro agresor puede ser revelado en este texto, pues así lo establecen el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la Ley Orgánica de Comunicación, y otras normas.
Paulina no ha podido establecer con precisión durante cuánto tiempo ni cuántas veces Lucas fue sometido a ese tipo de abuso. “No lograron determinar si fue una o varias veces porque los niños a los cuatro o cinco años no se sitúan en el espacio, pero, según los testimonios de mi hijo, fueron algunas veces. Él hablaba de algunas veces”.
Luego de asimilar el impacto, sobreponiendo los derechos de Lucas, quien ahora tiene 7 años, y dejando de lado los prejuicios en una sociedad que, en opinión de Paulina “calla, esconde e incluso protege al violador”, ella denunció el caso primero en el colegio. La institución lo puso en conocimiento de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen). “Eso fue lo único que las autoridades del plantel hicieron en favor de Lucas. Lo demás fue proteger al agresor pues, pese a la denuncia y a la investigación, lo mantuvieron dictando clases hasta el 22 de noviembre de 2016, día en el que fue sentenciado. Incluso permitieron que continuara llevando a los niños a las llamadas clases azules, que son paseos fuera de la ciudad. Todos me dieron la espalda, las autoridades, los profesores. Para las madres de familia fue más cómodo creer la versión del colegio. Es difícil ver que la gente no tenga valores y que solo actúe por conveniencia”. 
Los ojos de Paulina se llenan de lágrimas. El diálogo se detiene un momento. Respira profundo y continúa: “Es duro recordarlo, es re victimizarme, pero lo hago por mi hijo, porque no quiero que esto quede en la impunidad y porque quiero darle respuestas claras cuando sea grande”. 
Ante la inacción de las autoridades del reputado colegio internacional, en abril de 2015, Paulina presentó una acusación particular pero, tras una serie de anomalías procesales, el caso fue sobreseído.
No obstante, esta madre angustiada destaca la labor de personal de la Fiscalía y la Dinapen que siguió el caso. Agentes de la Unidad Judicial Penal de Quito, tras ocho meses de investigaciones, informaron haber hallado evidencias de que el profesor José V.L. era culpable.  El 22 de noviembre de 2016, en la audiencia final, tres jueces, en decisión unánime, lo condenaron a 22 años de prisión.
En el diálogo con MILHOJAS.IS, Paulina saca valor para revivir los más duros episodios de una pesadilla que creyó terminada con la sentencia. “En medio de la tragedia, esa fue nuestra victoria, pensamos que al fin se hizo justicia. Eso fue tan importante porque significaba que el Estado ecuatoriano le creyó a mí hijo,  los jueces y los fiscales  le creyeron a mí hijo. Yo estoy segura, nunca dudé de que mi hijo siempre dijo la verdad. Yo no quería que esto se haga político, ellos lo han hecho político. Por eso, como madre, por responsabilidad, para que este tipo de cosas no se queden en la impunidad y no vuelvan a pasar con otros niños, recurro a la prensa para denunciar lo que está pasando. El 22 de noviembre ganamos el juicio. Ahora este señor apela y sus defensores son Caupolicán Ochoa, abogado personal del presidente Rafael Correa; César Augusto Ochoa Valarezo y Rómulo Argudo Argudo. ¿Cómo este hombre, que dice que no tiene ni un centavo, tiene esos abogados? ¿Quién les paga?
Paulina eleva su voz y advierte: “Eso es para amedrentarme, pero yo no tengo miedo, no les tengo miedo. Yo no quería hacer público mi caso, porque quiero proteger a mis hijos, pero no quiero que lo declaren inocente y que esto quede en la impunidad”, enfatiza.
La audiencia de hoy es clave para Paulina y sus dos hijos. Aunque la apelación ya no está en manos de los tres jueces que dictaron la primera sentencia, ella está convencida que los magistrados que tienen sobre sus espaldas esa responsabilidad, actuarán en defensa de Lucas y de miles de niños que a diario son víctimas de abuso sexual, y ratificarán la condena.
El hecho que encendió la sospecha del abuso
“Mi vida cambió el día que comprobé que mi hijo era víctima de abuso sexual en el colegio”.  Paulina y su esposo -extranjero- descubrieron aquello gracias a que la mamá de un compañero de su hijo, quien le había invitado a jugar en su casa, sorprendió a Lucas pidiendo a su amigo que le introdujera su pene en la boca. “Ella es una gran persona, hasta ahora somos amigas. Ella no me dio la espalda”, comenta mientras sus ojos vuelven a llenarse de lágrimas.
Otra pausa en la conversación es necesaria. Luego recuerda que en el colegio siempre les dijeron que Lucas era un niño problema, muy agresivo, que pegaba a sus compañeros, que era malcriado. “Nosotros le ayudábamos con psicopedagogas en todo, sin imaginarnos lo que estaba ocurriendo. Mi hijo volvió a orinarse en la cama. Se hacía pipi hasta cinco veces. Se despertaba en las noches gritando. Yo pensé que no se sentía bien en el colegio porque le empezaron a estigmatizar. Nunca me imaginé semejante cosa”.
Los profesores dieron testimonios en contra de mi hijo, dijeron que es un niño malcriado, que se inventa cosas. Gracias a los testimonios que Lucas empezó a dar a las psicólogas llegó a confesar quien era el agresor.
“Siempre hablaba del profesor de natación, del agua y pudimos determinar que fue el quien introdujo su pene en la boca de mi hijo. No sé qué más le habrá hecho, porque hasta ahora no he leído su testimonio. He soportado que digan  que soy una loca bipolar y mi esposo un pervertido”. 
Según Paulina, en el mismo colegio, ese mismo año (2015), otro profesor de nacionalidad extranjera fue denunciado por mandar textos sexuales a una adolescente. “A ese si lo botaron, pero está en arresto domiciliario. Los maestros dijeron que la chica también se inventó todo porque la mamá es lesbiana”.
Dos años de un tortuoso proceso legal, con testimonios y grabaciones 
La angustia ante la falta de apoyo de las autoridades del colegio llevó al padre de Lucas a grabar sus relatos sobre el tema. Como se resistía a pronunciar el nombre de su agresor, porque confesó que le pegaba y le tenía amenazado, la Fiscalía durante  las investigaciones utilizó la  cámara de Gesell para el reconocimiento de profesores. “En tres ocasiones mi hijo reconoció a José V.L Eso permitió que la fiscal determinara su detención por 90 días para la etapa de investigación”.  
“De repente, antes de cumplir ese plazo, fue liberado y hasta hoy no sabemos quién ni cómo lo sacó de la cárcel. Después fuimos a la audiencia preliminar y el juez lo declaró inocente y lo sobreseyó. A este juez a la semana lo destituyeron. Luego apelamos en la Corte Provincial porque no hubo una justificación del sobreseimiento y ganamos. Se convocó a una nueva audiencia preliminar y el 22 de noviembre lo declararon culpable, en base a la investigación de la Fiscalía y la Dinapen. 
Paulina destaca el trabajo profesional y la calidad humana del personal de esas dos instituciones, que estuvieron a cargo de la investigación. Y la actuación de quienes  dictaron la sentencia: “Son tres jueces del Tribunal que actuaron con independencia y no tuvieron miedo, porque es un caso súper grave. Mi hijo tenía 5 años, era un bebé”.
También recuerda que, en vista del temor de Lucas a dar el nombre del agresor, decidieron ponerle el código 4849. “Un día estábamos tomando helado fuera del colegio y este tipo salió. Entonces mi hijo me dijo ´mami, 4849 acaba de pasar’. Eso confirmó mis sospechas. No sé por qué, pero yo sabía que se trataba de él”.
Un padre en depresión, un divorcio doloroso, una familia rota
“Esto ha hecho que mi matrimonio se termine. Mi esposo se sentía culpable de no haber visto esto antes, de no haberse dado cuenta a tiempo. No pudo con esa culpabilidad. Los dos vivimos el caso desde diferentes ángulos. Yo desde mi lucha cotidiana porque quiero darle respuestas cuando sea grande, pero mi esposo se fue del país en agosto y no se ha comunicado desde entonces. Espero que se sobreponga y salga adelante. Mi hijo está mejor, le saqué de ese colegio. Está en otro donde me han ayudado mucho, está bien.
Todos somos víctimas, no hay una sola víctima. Mi hija también fue amedrentada por este tipo. Se metió al camerino donde se estaba cambiando y le dijo que iba a matar a su papá. Ella no supo qué hacer, llegó llorando. Hicimos una carta y pusimos la queja al colegio. Nada pasó.
“Estoy cansada, pensé que esto se acabó con la sentencia. Es una pesadilla: estoy luchando para que se haga justicia, viviendo mi divorcio porque mi esposo se fue. Está mal, está en depresión y espero que se esté curando. No tenemos contacto con él desde agosto. Para mis niños es súper fuerte porque amaban a su padre y él a ellos. Pero la depresión es lo peor. Este caso lo llevó a este estado, mi esposo no pudo manejarlo. Para mí también ha sido muy difícil porque he estado en todo con mi hijo. Escucharlo cada vez ha sido re victimizarme, es terrible, vuelvo a vivirlo, es muy duro”.
El maestro sentenciado, los nexos políticos de sus familiares y el rol del colegio
Ante la protección que el colegio daba al maestro sentenciado por violación sexual a Lucas y las anomalías durante la primera fase del proceso judicial, la familia de la víctima quiso saber quién era José V.L. Lo primero que hizo fue  revisar su página de Facebook, en donde  encontró la foto de un hermano del profesor de natación publicada el 31 de  diciembre de 2016 junto a dos figuras del movimiento gobiernista Alianza País (AP): Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional, y su coidearia, la asambleísta María José Carrión.
En otra foto, publicada el 13 de junio de 2013, aparece la madre del profesor sentenciado  junto al presidente Rafael Correa. “Me imagino que su familia debe tener una relación política”, comenta Paulina, y agrega un detalle. “José V.L era soltero, pero en medio del juicio, se casó y ahora tiene una hija. Son las tácticas que utilizan estos psicópatas para desviar la atención”.
Paulina está ansiosa y preocupada por lo que hoy se dictamine en la audiencia, pide que la sociedad analice el  rol de los colegios y de sus autoridades, que son responsables de lo que a los niños y jóvenes les ocurra en sus espacios.
Este es su clamor y su exigencia: “Desde hace dos años la vida se nos hizo tan difícil, principalmente  para mi hijo. El abuso, la separación de sus padres, el cambio de escuela. Le cuesta ir a clases. La psicóloga me dice que hay que lograr que vuelva a creer que la escuela es un lugar seguro, para que no tema que le puede volver a pasar algo así. La escuela es el sitio de juegos y de aprendizaje, para mi hijo se convirtió en un trauma. En el nuevo colegio han logrado ayudarle, pero no es fácil. Quiero que mi hijo vuelva a ser feliz. Estoy reconstruyendo nuestras vidas. Tal vez la mejor opción sea irme del país y empezar una nueva vida. Si declaran inocente a este tipo, para mi va a ser mucho más fácil seguir peleando y denunciando desde afuera, sin temor, con mi verdadera identidad, pero con mis hijos protegidos. Estoy cansada de esta pesadilla. Mi hijo es divino, está superando esta crisis, espero que se le olvide. En casa ya no hablamos del tema. En una de las versiones que dio, dijo que lo único que pide es que le crean. Era tan chiquito, tenía solo 5 años y solo pedía que le crean para que este malvado se vaya a la cárcel. Eso le dijo mi hijo a la perito de la Fiscalía”.
Paulina, en medio de todo este drama, agradece haber podido denunciar este caso y se resiste a darse por vencida. Ofrece esta lucha a tantas mujeres que se ven obligadas a callar este tipo de casos debido a la pobreza o a que nadie les cree. “Aquí, mucha gente prefiere ocultar o callar los abusos por temor. Pero estas cosas no se pueden quedar así, no podemos permitir que los agresores sexuales sean los protegidos”.