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Mes: marzo 2017

La lista de Odebrecht no existe pero en Brasil saben que son cientos

Christian Zurita Ron
Para MilHojas.is PlanV FocusEcuador
El sistema de corrupción generado desde Brasil en el caso Lava Jato está enraizado fuertemente en  Ecuador. La corrupción no se reduce a los sobornos  por 33,5 millones de dólares que confesó la empresa Odebrecht haber realizado a altos funcionarios del correísmo en la Fiscalía del estado de Nueva York.  Ahora se sabe que el caso ecuatoriano es más grave de lo que se pensaba: fuentes especializadas en la ciudad de Curitiba, Brasil, que dialogaron con el pedido de reserva con Mil Hojas y PlanV, consideraron que el monto de sobornos en Ecuador sobrepasa los 300 millones de dólares y el número de funcionarios  cohechados puede superar los  100.
En los estados de Paraná, Santa Catarina, Río Grande del Sur y en la capital, Brasilia, al menos 27 fiscalías independientes continúan investigando el caso y en todas ellas los nombres de personajes ecuatorianos suelen ser recurrentes. Muchos nombres conocidos de la función ejecutiva, también nombres de los amigos de esos altos funcionarios y otros tan desconocidos que parecen no haber ocupados cargos.
El problema es que en ninguna de esas dependencias del Ministerio Público en ese país se investiga la corrupción que cometieron las decenas de empresas involucradas  en el exterior. Los fiscales están únicamente interesados en los problemas de Brasil y dejan de lado los temas de sus vecinos.
A ese inconveniente se suma el trabajo investigativo de la Fiscalía General del Estado ecuatoriano que es completamente nulo. El secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, que no puede ser parte del proceso porque no representa a la función judicial, se encargó de contratar al estudio jurídico más grande de Sao Paulo: Tozzini Freire, por un monto no menor a los 750.000 reales sin que se que conozca el objetivo de ese trabajo.
Es claro que el poder ejecutivo, junto al judicial, obstaculizan la circulación de la poca información: Lava jato estalló el 14 de marzo de 2014 y en Ecuador no existe un solo nombre que se lo vincule a la corrupción. Pero no todo dura para siempre y los primeros documentos que relacionan al país ya están en manos de varios periodistas.
Luego de revisar esa información documental y de contrastar con fuentes en el Brasil se puede determinar ciertos sistemas de lavado de dinero que involucraron a empresas constructoras como OAS y otras de grupos corporativos, relacionadas con la aviación y la extracción de petróleo.

El primer caso, que no es nuevo,  fue ubicado por las declaraciones  de Roberto Trombeta, que fue representante de la empresa Kingsfield, una compañía constituida especialmente para lavar dinero de todas partes del mundo y que fue identificada en la lista de los papeles de Panamá. Trombeta,  en su segunda declaración al Ministerio Público de Curitiba, en junio de 2015, relató hechos de corrupción cometidos en la división OAS Exterior.
Trombeta dijo que él fue contratado para asumir el control accionario de la empresa Kingsfield Consulting y  que esta fue usada como canal para recibir dineros y entregar sobornos de contratos celebrados por la subsidiaria OAS ECUADOR.

 

Estructura de Panama Papers de la empresa en que se lavó dinero de OAS Ecuador

En su relato indica que OAS ECUADOR contrató servicios técnicos ficticios de consultoría energética con la empresa española DSC Workshop Obras para Construcciones y Promociones por un monto de US$9.150.000.
Este dinero fue enviado a una cuenta de la empresa holandesa  Kingsfield Consulting que mantenía en el Banco BPA de Andorra. Hasta 2015 se conocen transferencias en esa cuenta de Andorra por USD$14.618.921  y a su vez ese dinero se transfirió a una cuenta especial en Suiza de la cabeza de la mafia empresarial: Alberto Youssef.

Imágen: Detención de Alberto Youssef en el estado de Paraná. Declaraciones de uno de los implicados asegura que dinero de contratos ficticios de OAS en Ecuador terminaron en las cuentas personales de Yousef en Suiza. 

La declaración de Trombeta no establece fechas, sólo la vía del dinero pero hace entender  que la procedencia del dinero fue Ecuador. OAS  se encargó de la construcción del proyecto Baba y al frente estaba Hidrolitoral, con Cristóbal Punina a la cabeza, un hombre cercano a Carondelet. Diario El Univero recordó que ese funcionario del correato administró la obra desde 2008 hasta junio del 2010. “La obra se entregó en junio del 2013 y su inversión total alcanzó los $ 550 millones” refirió ese rotativo.
Alberto Youssef es el hombre más importante de la mafia de corrupción del caso Lava Jato. Su nombre consta, junto a Marcelo Odebrecht, en al menos 12 procesos y es juzgado por lavado de dinero y transferencia de divisas (US$ 78,282.591) principalmente de Brasil a Hong Kong.  El ya ha brindado sendas declaraciones a la justicia federal del estado de Paraná, se conoce que algunas -que son reservadas y justo en estas parece haber detalles del caso ecuatoriano.
Youssef en su grupo íntimo contaba con el trabajo de Rafael Angulo López. Este brasileño ya fue identificado como el hombre del maletín que entregó los sobornos en buena parte de los países del continente. Hoy se sabe que también actuó en Ecuador.


Imágen: Rafael Angulo, el hombre del maletín del caso Lava Jato, ¿de sus manos se entregaron decenas de coimas a los funcionarios ecuatorianos?

En el Supremo Tribunal Federal, la instancia más alta de la justicia en Brasil, se ha recogido declaraciones de las acciones de Rafel Angulo Lopez en la región. En 2013 y 2014 viajó cinco veces a Perú para transportar dineros de sobornos de OAS. Hizo lo mismo en Colombia, Trinidad y Tobago y Ecuador.
El caso Lava Jato (que involucra empresas como Apollo Tubullars, Petrobras, Camargo-Correa, IESA,  Queiroz Galvao) evidencia además que se pagaron sobornos para lograr contratos petroleros en Ecuador, eso consta en la tercera declaración que realizó  José Sergio de Oliveira Machado en el Ministerio Público  general el 5 de mayo 2011 y dijo: German Efremovich, dueño de Avianca en el año 2008, entregó un soborno del 2% para lograr un contrato petrolero en Ecuador.
Ese mismo declarante añadió en otra declaración que la empresa HR Financiar era dueña de la producción de pozos petroleros en Ecuador. Que ese contrato le entregó ganancias por 28 millones de Reales anuales por cuatro años y que esos dineros fueron depositados  en una cuenta del banco HSBC de Suiza.
Los pozos  a los que se refiere son los campos marginales que ahora maneja Sinergia, con las empresas Portobello y Pacific Petrol en Santa Elena.
La información ha sido mínima y por cuenta gotas, no es oficial  y el correísmo, junto al gobierno de Venezuela, son los únicos beneficiados por la confidencialidad brasilera y su poco interés por el resto de la región. La conclusión lógica es saber que la  lista no existe, que es un proceso de construcción  y mientras Alianza País mantenga el poder, difícilmente la sociedad conocerá quiénes la conforman.

 

IRREGULARIDADES EN LA INTEGRACIÓN DE LAS JUNTAS Y LA ELIMINACIÓN DEL ACTA DE EXHIBICIÓN PÚBLICA SE REPETIRÁN EN LA SEGUNDA VUELTA

En la elección del pasado 19 de febrero la sociedad ecuatoriana pasó por alto una irregularidad de gran relevancia que cometió el Consejo Nacional Electoral (CNE): las actas en las que se escriben los resultados de cada Junta Receptora del Voto (JRV) no contenían los nombres de los miembros que conformaron las mesas ni el número de cédula que validaba la identidad de cada uno de ellos. 
En la elección del 2 de abril tampoco estará disponible esta información por tanto no se tendrá certeza de la identidad de las personas que conformarán las mesas en todo el país. Esta irregularidad se agrava porque no existe una nómina pública de fácil y rápida consulta con los nombres y números de cédulas de todos los miembros de las juntas receptoras del voto en el país. El CNE aseguró que esa lista sí fue entregada a las organizaciones políticas, pero en realidad la entregaron en un formato de archivo de imagen (archivos jpg), que impide realizar análisis o estudios de los nombres que fueron seleccionados para integrar cada mesa electoral.


En el proceso del 19 de febrero ya se registraron denuncias de quienes fueron a cumplir su tarea en la junta receptora del voto sólo para encontrar que habían sido irregularmente desplazados. (Ver caso Mil Hojas) http://milhojas.is/612447-el-pueblo-defendio-en-las-calles-lo-que-le-arrebataron-en-las-urnas.html
Para la contienda electoral de segunda vuelta se agudiza la preocupación respecto a eventuales cambios en las actas de escrutinio, que dejen en blanco los nombres y cédulas de quienes serían presidente, secretario y vocales de la junta, pues con ello se viabiliza la integración de juntas receptoras del voto con partidarios del Gobierno, quienes serían los lógicos beneficiarios de una maniobra de un CNE que ellos controlan.

La conformación aleatoria de las juntas receptoras del voto es la garantía mínima de la transparencia del proceso. Si se elimina la aleatoriedad y se conforman a dedo las juntas a voluntad de uno de los sujetos políticos, pasamos de una garantía a una amenaza. Hasta las elecciones de 2014, cuando se eligieron dignidades seccionales, cada acta tenía impresa los nombres de todos vocales, secretario y presidente de la junta receptora correspondiente, con su número de cédula e incluía códigos de barras.
Fausto Camacho, ex vicepresidente del CNE y miembro del Observatorio Ciudadano Electoral, mira con preocupación la falta de transparencia sobre la identidad de los miembros seleccionados para integrar las JRV.  El peligro de la omisión de información y falta de transparencia respecto de quienes conformarán como presidente, secretario y vocales las JRV, el 2 de abril, según Camacho, se profundiza con la decisión del CNE de prohibir la publicación de la tercera acta de escrutinio en una de las paredes donde se realizó el conteo de mesa, a pesar de esto es una violación flagrante al Código de la Democracia.


La mencionada norma establece en el artículo 127 que al terminar el conteo de votos en las Juntas Receptoras, se levante por triplicado el acta que registra el número de votos totales (válidos, blancos y nulos). Los tres ejemplares del acta tienen un destino específico según la ley: El primer ejemplar debe enviarse a la Junta Provincial Electoral. El segundo, en sobre cerrado a la junta de escrutinio para su escaneo y transmisión de datos. El tercero, se debe quedar en el lugar donde funcionó la Junta Receptora del voto para conocimiento público.
No obstante, el CNE ilegalmente aprobó mediante un reglamento que sólo se publique un “resumen”. La gravedad de esto, de acuerdo con Camacho es que, mientras “el acta muestra las cifras en letras y números, el resumen de resultados solo tiene números; mientras en el acta constan los nombres y firmas de los cinco miembros de las juntas receptoras del voto, el resumen de resultados solo tiene las firmas del presidente y secretario, ni siquiera con nombres. El acta de escrutinios tiene las observaciones, el registro de los hechos ocurridos durante todo el proceso como papeletas rayadas, algún incidente, desacuerdos entre delegados de alguna organización política, es decir todo”.
Si uno de los integrantes de junta receptora del voto faltaba, Camacho explica que “en el acta había el espacio con los nombres pre impresos y en caso de ausencia se nombraban suplentes y se dejaba constancia al detalle; y la ausencia del miembro principal quedaba en blanco en el espacio señalado”. 
En cambio, el resumen está hecho para que no haya constancia de las ausencias, lo que quiere decir que las juntas pueden ser conformadas por cualquiera y ellos pueden ser adeptos al oficialismo.
Pero la ocultación de la información por parte del CNE no se limita a la desaparición de la tercera acta: “al ingresar a la página web (del Consejo Nacional Electoral) a revisar las actas de escrutinio, no está incluida la información de los miembros de las juntas receptoras del voto, no suben ni las firmas, ni las observaciones, ni los nombres, ni firmas de las organizaciones políticas que pudieron haber asistido, se trata de una exhibición de información absolutamente tramposa porque no exhiben el documento completo”.
En consecuencia, la omisión en el acta de la impresión de los nombres de quienes integran la junta receptora del voto, la negativa del CNE a publicar el tercer ejemplar del acta dejando solo el resumen, la falta de tal información en las actas de escrutinio que aparecen escaneadas en la web del CNE y la ausencia de la lista de las 280. 000 personas designadas para integrar las JRV (este último hecho ha impedido conocer cuántas juntas fueron integradas por sus miembros oficiales y cuántas se armaron la mañana del 19 de febrero) fueron irregularidades de las elecciones pasadas que pueden reeditarse en la próxima contienda electoral del 2 de abril, pues nadie tuvo ni tendrá la capacidad de realizar un trabajo de control de la identidad de las personas que deben constituir las juntas. 
Se puede suponer entonces, que lo denunciado por Mil Hojas http://milhojas.is/612447-el-pueblo-defendio-en-las-calles-lo-que-le-arrebataron-en-las-urnas.html podría haber sucedido en varios recintos electorales,  es decir que quienes actuaron en condición de miembros de Junta no fueron los nombrados, que pudieron haber sido remplazados dolosamente o no. 
CNE CAMBIÓ A MAYORÍA DE COORDINADORES DE LOS RECINTOS
Pero existe un hecho adicional que enturbia más el proceso electoral del 2 de abril: el CNE sin explicación alguna cambió la mayoría de los coordinadores de los recintos electorales, en algunas provincias como Pichincha hasta el 80% de ellos. Las justificaciones del Consejo no se han hecho públicas; solo se conoce extraoficialmente (por personas cercanas a organizaciones políticas) que los anteriores coordinadores no cumplieron un exitoso desempeño.
¿Quiénes son los nuevos coordinadores y cómo fueron seleccionados? ¿Se cumple el principio aleatorio para su selección o se trata de grupos cercanos a la ideología del partido de gobierno? Esas respuestas solo lo tiene el pleno del CNE, que es adepto a las políticas gubernamentales.
Sobre todas estas irregularidades, los responsables de control electoral de CREO han expresado formalmente su preocupación al CNE sin obtener ninguna respuesta satisfactoria.
¿Cuáles serían las consecuencias si esta sumatoria de desconcertantes decisiones del CNE diera lugar a mesas integradas en su mayoría por el oficialismo con nuevos coordinadores de recinto de la misma línea? Qué evitaría que se repitan de manera sustancial la llegada de urnas que tengan papeletas previamente marcadas, que se introduzcan papeletas al final del conteo aprovechando a quienes no acudieran o se le anularan votos al candidato opositor?
Solo un control electoral eficaz cuyos delegados lleguen desde antes de la instalación de las mesas en la mañana, permanezcan atentos durante todo el proceso y vigilen cuidadosamente el conteo pueden conjurar este temor y claro, tener la copia de las actas.  Pero aún si faltaran delegados, una ciudadanía bien informada atenta a lo que sucede en los recintos electorales jugará un papel decisivo.

 

 

En nueve años la ‘Revolución Ciudadana’ destinó 158 días completos para imponer su ‘verdad oficial’ en los medios

POR FUNDAMEDIOS
De los nueve años del llamado gobierno de la “Revolución Ciudadana”, más de 158 días,  completos fueron dedicados exclusivamente a imponer la “verdad oficial” en los medios de comunicación radiales y televisivos ecuatorianos, a través de cadenas obligatorias.
Estos mensajes del gobierno se traducen en un total de 22 841 minutos, o un aproximado de 3792 horas que salieron al aire de manera gratuita en los medios.


Desde el 2007 a diciembre de 2016 -durante la gestión del presidente Rafael Correa- Fundamedios contabilizó la transmisión de al menos 5584 cadenas que fueron difundidas a nivel nacional, siendo el 2016 el año de mayor difusión de los productos comunicacionales del gobierno con un total de  2405 cadenas de radio y TV que suman 5874 minutos, solo en ese año.
Si tomamos de referencia el primer año de gobierno de Rafael Correa, en donde se difundieron 156 cadenas, el incremento es exponencial y representa un aumento del 1441% frente al total de cadenas difundidas el año pasado. Un bombardeo mediático casi diario que se ha ido tomando los espacios informativos y de entretenimiento.


*Las 632 cadenas correspondientes a 2007,2008 y 2009 fueron contabilizadas por Fundación Ethos
**Para la presente investigación, no fue posible conseguir las órdenes de cadenas de septiembre a diciembre de 2012.

El artículo 74 de la LOC, establece que: “Los medios de comunicación audiovisuales de señal abierta tendrán la obligación de prestar gratuitamente los siguientes servicios sociales de información de interés general: Transmitir en cadena nacional o local, en todos o en varios medios de comunicación social, los mensajes de interés general que disponga el Presidente de la República y/o la entidad de la Función Ejecutiva que reciba esta competencia. Los titulares de las demás funciones del Estado coordinarán con esta entidad de la Función Ejecutiva para hacer uso de este espacio destinado a realizar las cadenas establecidas en este numeral. Estos espacios se utilizarán de forma coordinada única y exclusivamente para informar de las materias de su competencia cuando sea necesario para el interés público”.Las órdenes de cadena son enviadas a los medios a través de oficios o correos, a veces informales, remitidos por la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM), entidad que se sustenta en el artículo 74 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) en vigencia desde junio de 2013. Antes de la vigencia de esta Ley, las cadenas se ordenaban en aplicación de la Ley de Radiodifusión y Televisión que fue derogada.
Un instructivo de la SECOM, que consta en su portal web, se refiere al enfoque político que deben tener las cadenas, en donde se establecen parámetros como:
– “No buscarán destacar una figura pública sino posicionar un tema de interés ciudadano, esclarecer tergiversación informativa y difundir alertas en casos de emergencias por desastres naturales o conmoción social”.
– La cadena “fortalecerá el apego a la Ley, la normativa y representará una fuente directa de acceso a la información entre las entidades de Estada y los ciudadanos”.
– Las cadenas “son piezas audiovisuales que tienen el propósito de garantizar y promover los derechos de los ciudadanos a recibir información exacta, veraz, verificada y contextualizada acerca de hechos, acontecimientos y procesos de interés ciudadano”.
Pese a ello, esta herramienta, además de posicionar los mensajes oficiales, ha servido para atacar a la prensa independiente y sectores de la oposición, enviar “réplicas” que no lo son y hasta campañas gubernamentales sin tener que pagar a los medios por ese espacio, . Es así que en estos años, se ha vuelto una práctica común la interrupción de espacios informativos de medios no alineados al gobierno, para descalificar y rebatir información, o comentarios vertidos por entrevistados que han cuestionado al gobierno en distintas materias.
De los registros que lleva Fundamedios anualmente, el total de cadenas nacionales destinadas con fines descalificadores suman 178, desde el 2008 hasta enero de 2017. En todas ellas, se atacó, desprestigió y cuestionó la opinión de personajes, por tener criterios o pensar distinto al oficialismo.


De qué tratan las cadenas?
La primera alerta que emitió Fundamedios respecto al abuso de cadenas fue en diciembre de 2008. En ese entonces se reportó que el 17, 18 y 19 de diciembre, el gobierno interrumpió el programa matutino “Contacto Directo” de Ecuavisa para transmitir un espacio en el cual se criticaba abiertamente a Carlos Vera, quien para ese entonces, era considerado uno de los personajes de la televisión más críticos con el gobierno.
Desde esa fecha, ya se alertó que la transmisión de ese tipo de cadenas no se ajustaban a los reglamentos en vigencia en ese momento -como la Ley de Radiodifusión y Televisión que manejaba el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (CONARTEL), en cuyo artículo 19 del Capítulo de la Obligaciones Sociales de la Ley de Radiodifusión y Televisión, se especificaba que los espacios del Gobierno deben ser transmitidos como cadenas nacionales en un mismo horario por las redes televisivas en general-. Este tipo de cadenas interurmpían un programa en específico, incumpliendo con la normativa citada. Esta práctica se volvió común en el correísmo, convirtiendo a las cadenas en mecanismos para imponer una verdad oficial y descalificar a quienes pensaban distinto, como si se tratara de un “blanco” al que hay que apuntar y combatir.
Entre el 2007 al 2009* de la administración del gobierno de Rafael Correa, se difundieron un total de 632 cadenas, mientras que entre el 2010 al 2012, el número de cadenas sumó un total de 732, y eso, tomando en cuenta que en 2012, solo se pudo recabar información hasta el mes de agosto de ese año**. Sin embargo, con estas cifras se puede ver claramente el aumento en el uso y abuso de este recurso comunicacional del Estado.  Entre el 2010 al 2012, se utilizaron 138 cadenas nacionales para difundir mensajes del “Gobierno”, que representó 1464 minutos gratuitos en más de 200 estaciones radiales y televisivas del país. En ese mismo lapso de tiempo, se contabilizaron 137 cadenas (1.029 minutos) para difundir mensajes bajo el tema “interés general”, según se especifica en las órdenes de la Secom.
Un hecho que cabe recordar en esos años fue la cadena de radio y televisión “indefinida e ininterrumpida” del 30 de septiembre de 2010, cuando el país vivió una jornada de violencia generada por una sublevación policial, que el Gobierno calificó como “intento de golpe de Estado”. Aquel día, todas las estaciones del país tuvieron que enlazarse obligatoriamente a la señal de Ecuador TV , llamado medio público que constituyó un acto de censura a la información, donde no se permitió a los medios privados informar de lo que sucedía y donde se le privó a los ciudadanos de obtener información de distintas fuentes. También vale señalar que en 2011 se utilizaron 17 enlaces para informar sobre el proceso de la Consulta Popular y Referéndum, celebrado el 7 de mayo de ese año.
En 2013, año en el que entró en vigencia la LOC, las órdenes de cadena empezaron a citar esa normativa, pero, además, se ordenó este tipo de herramientas comunicacionales como “réplicas” obligatorias. Un ejemplo de ello se dio el 1 y 2 de agosto de 2013, cuando dos cadenas ordenadas por la SECOM interrumpieron durante cinco, y dos minutos y medio, respectivamente, el programa de entrevistas Contacto Directo,de Ecuavisa. Estos espacios de gobierno se difundieron pese a que la reciente aprobada Ley de Comunicación establece, en su artículos 23  y 24, un procedimiento muy claro para ejercer el derecho a la rectificación y réplica, y no como una cadena obligatoria.
En el primer caso, la interrupción se dio para aclarar “las grandes mentiras” dichas por el asambleísta de oposición Andrés Páez , por haber cuestionado una resolución del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y el segundo caso, la cadena fue para afirmar que Estefanía Espín, presentadora de ese espacio “intentó vincular a altas autoridades gubernamentales con supuestos desprecios e insultos a las mujeres ecuatorianas”.
Pero ese es solo un pequeño ejemplo del total de las 840 cadenas que fueron difundidas en 2013 y que representaron un total de 4390 minutos. De ellas, el 53% se destinaron para informar “Actividades del Gobierno Nacional”; el 35% para divulgar temas de “interés general” y el 12% para actividades de la Asamblea Nacional.  En ese año se dio un incremento importante en el número de cadenas, en parte porque el Ecuador vivió, al igual que en 2011, un proceso electoral, cuando el 17 de febrero se reeligió como presidente a Rafael Correa en una sola vuelta.
En 2014, el total de cadenas disminuyó y se pudieron contabilizar un total de 292, que representan 847 minutos al aire. En ese año se divulgaron 70% de cadenas bajo la premisa de “Acontecimientos de interés general”, mientras que el resto se destinó para el programa de oficialista denominado “El Gobierno a sus mandantes”, versión nacional y provincial; e informe de la Asamblea. En ese año, también se destinaron espacios oficiales para atacar a medios y periodistas. Por ejemplo, tres cadenas se destinaron para atacar a diario Expreso y en cuya orden de difusión constaba como título: “análisis de un caso de diario Expreso”.
El 14 de julio de 2014, Fundamedios reportó que una cadena ordenada por la SECOM interrumpió los espacios informativos y de opinión de las estaciones televisivas Ecuavisa y Teleamazonas para descalificar a diario Expreso y afirmar que el medio de comunicación “engaña a sus lectores”. Es así que Durante tres minutos, la Secom arremetió contra el medio de comunicación por la publicación de una nota, el pasado 9 de mayo, bajo el título “El IESS deja de otorgar anticipos a las clínicas”.  Al respecto, la Secom aseguró que “Diario Expreso además de no contrastar omitió información para mentir a sus lectores”.
En ese año y desde julio, la SECOM también se valió del mecanismo de las cadenas para difundir una campaña anti medios denominada “La ciudadanía le habla a los medios”, que consistía en la emisión, en horario rotativo, de una serie de cadenas de aproximadamente 50 segundos de duración, en las que ciudadanos criticaban la labor periodística de un comunicador o entrevistador en concreto. Las cadenas arremetieron en contra de personajes de pantalla como María Josefa Coronel, Estefani Espín, Hugo Gavilánez o Vito Muñoz. También se emitieron una serie de cadenas para atacar y desprestigiar la labor periodística de los medios de comunicación privados como diario El Comercio y las estaciones televisivas Ecuavisa y Teleamazonas. Estas cadenas, cuyo encabezado común tenía la leyenda que dice: “Por un periodismo de calidad”, interrumpieron los espacios noticiosos de los canales mencionados durante dos minutos en promedio.
En 2015, se divulgaron 683 cadenas que representan 499,2 minutos al aire. De estas, el 72% se destinó para la difusión del programa de gobierno “Ecuador Noticias” y el resto para temas de “interés general”, “actividades de la Asamblea”, entre otros. Sin embargo, a diferencia de años anteriores, en el 2015 se difundieron en mayor medida cadenas para reafirmar y convencer sobre temas que el oficialismo quiso posicionar dentro de su discurso.
Es el caso del tema de  las salvaguardias, sobre el cual se emitieron siete cadenas de televisión en marzo. Todas ellas para reafirmar que el impuesto a ciertos artículos importados era una buena decisión. Asímismo, se destinaron seis cadenas de más de quince minutos para atacar a la Unión Nacional de Educadores y referirse al tema del feriado bancario, o enmiendas constitucionales, manifestaciones, entre otras. En otros tópicos, ocho cadenas de televisión de más de dos minutos y medio cada una se emitieron para referirse a una visita oficial del Presidente a Estados Unidos y otras dos por una visita oficial a Ginebra. En ese año también se divulgaron cadenas por la Cumbre de Periodismo CUPRE, el Cotopaxi, información del Fenómeno del Niño, entre otras.
Un ejemplo de ello ocurrió con una cadena de cinco minutos difundida la noche del 16 de agosto de 2015 para deslegitimar las protestas sociales ocurridas en los últimos días y acusar a medios privados como Teleamazonas y diario La Hora de ser abastecedores de alimentos y transportadores de los manifestantes. El espacio de gobierno acusó a los dirigentes de la violencia generada y de las agresiones contra policías. Se dijo que tras la orden de los dirigentes de “cercar Carondelet” se dio paso a la violencia extrema.
Otro ejemplo ocurrió con una cadena divulgada el 1 de diciembre y que interrumpió el informativo estelar de Ecuavisa para descalificar a su presentador y Vicepresidente de noticias, Alfonso Espinosa de los Monteros, por comentarios vertidos por el periodista respecto a una de las reformas constitucionales que el oficialismo presentó como enmiendas y fueron aprobaron en la Asamblea. El periodista se había referido a la necesidad de que la Contraloría sea un organismo independiente.
El 2 de diciembre, otra cadena de cuatro minutos y medio ordenada por la Secom interrumpió los espacios informativos matutinos de Ecuavisa y los medios incautados TC y Gama para defender la tesis del gobierno respecto a los supuestos beneficios que tendría para los ciudadanos la aprobación de las reformas a la Constitución.
Finalmente, en 2016, se difundieron 2405 cadenas y fue el año de mayor uso y abuso de estos espacios. El incremento se evidenció, sobretodo, en los últimos cuatro meses, donde el bombardeo mediático por parte del gobierno tomó mayor fuerza con el objetivo de enaltecer la gestión del Vicepresidente Jorge Glas, quien se perfilaba como uno de los favoritos para postularse a la candidatura presidencial del  19 de febrero del 2017, siendo así que los meses de septiembre, noviembre y diciembre del año pasado se transmitieron 1371 cadenas con 1948 minutos, cuyos temas de relevancia fueron la difusión de la propaganda denominada  “Década Ganada” y el informe de interés a la ciudadanía referente a la vicepresidencia y la agenda vicepresidencial.
El denominador común de las cadenas
1. Interrupción de espacios noticiosos.
2. Transmisión exclusiva en medios privados: para “desmentir”, “aclarar”, desacreditar, a juicio del gobierno, imprecisiones de información u opiniones vertidas en esos espacios noticiosos
3. Este enlace se ordena como “cadena”, cuando existe la disposición de que ninguna estación contraria a la dispuesta, se enganche a esta señal.
4. Son utilizadas para defender la postura oficial: proyectos de ley, juicios, etc.
5. La duración de este tipo de enlaces oscilan entre los 3 y 15 minutos.
6. Generalmente el material que se emite en forma de “cadena”, es el utilizado en los enlaces sabatinos del presidente Correa.
Cadenas y censura
“La propaganda intenta forzar una doctrina sobre la gente… La propaganda opera sobre el público general desde el punto de vista de una idea y los prepara para la victoria de esta idea.” Adolf Hitler escribió estas palabras en su libro Mein Kampf (1926)

Con estas cifras y estos ejemplos, es notorio que el fin primordial de las cadenas es imponer la verdad oficialista por sobre todos los criterios. En ese sentido, poco importa si se interrumpen espacios noticiosos o de opinión. De hecho, de todas las cadenas reportadas como alertas -por haber atacado o descalificado a alguien- han sido difundidas en medio de algún espacio de estos.
Tampoco es es una coincidencia que el discurso del Presidente desde sus enlaces sabatinos esté alineado con las cadenas y que a su vez, muchas de estas también sean usadas en los Enlaces Ciudadanos o viceversa.
Si bien por un lado -y dentro del debate democrático y cuando de asuntos de interés público se trata- se exige que las autoridades estatales actúen con mayor transparencia y rindan periódicamente cuentas a la ciudadanía de cómo desarrollan sus gestiones, en ese sentido la Corte Interamericana ha indicado que no solo es un derecho, sino un deber de todo funcionario público pronunciarse públicamente sobre tales asuntos, y para ello es legítimo que empleen los mecanismos comunicacionales del Estado, y por la misma razón las cadenas nacionales son el medio tradicional por el cual las autoridades estatales comunican a la ciudadanía sobre asuntos de especial interés para el país. Sin embargo, la utilización de esta potestad que tiene el Gobierno ha degenerado en un abuso constante.
Al respecto los órganos del Sistema Interamericano han venido alertando en años recientes sobre un uso abusivo que algunos estados estarían dándole a su facultad de emitir enlaces y cadenas nacionales, pues ello se ha convertido en la práctica, en un mecanismo de restringir indebidamente el ejercicio del derecho a la libre expresión, y en ciertos casos ha dado cabida a que se menoscaben otros derechos fundamentales de particulares.
En repetidas ocasiones, la Relatoría Especial ha alertado sobre el uso excesivo y discrecional de las cadenas nacionales. En particular, ha hecho referencia a que la excesiva frecuencia de tales mecanismos en la práctica conlleva a que los medios de comunicación que deban interrumpir su programación para dar paso al enlace nacional, se ven impedidos de ejercer su derecho a difundir la información que deseen en el marco de su ejercicio a la libre expresión. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, al respecto, ha indicado que “este mecanismo, utilizado en forma discrecional y con fines ajenos al interés público puede constituir una forma de censura”.

En nueve años la ‘Revolución Ciudadana’ destinó 158 días completos para imponer su ‘verdad oficial’ en los medios

De los nueve años del llamado gobierno de la “Revolución Ciudadana”, más de 158 días,  completos fueron dedicados exclusivamente a imponer la “verdad oficial” en los medios de comunicación radiales y televisivos ecuatorianos, a través de cadenas obligatorias.
Estos mensajes del gobierno se traducen en un total de 22 841 minutos, o un aproximado de 3792 horas que salieron al aire de manera gratuita en los medios.
Desde el 2007 a diciembre de 2016 -durante la gestión del presidente Rafael Correa- Fundamedios contabilizó la transmisión de al menos 5584 cadenas que fueron difundidas a nivel nacional, siendo el 2016 el año de mayor difusión de los productos comunicacionales del gobierno con un total de  2405 cadenas de radio y TV que suman 5874 minutos, solo en ese año.
Si tomamos de referencia el primer año de gobierno de Rafael Correa, en donde se difundieron 156 cadenas, el incremento es exponencial y representa un aumento del 1441% frente al total de cadenas difundidas el año pasado. Un bombardeo mediático casi diario que se ha ido tomando los espacios informativos y de entretenimiento.
*Las 632 cadenas correspondientes a 2007,2008 y 2009 fueron contabilizadas por Fundación Ethos
**Para la presente investigación, no fue posible conseguir las órdenes de cadenas de septiembre a diciembre de 2012.
El artículo 74 de la LOC, establece que: “Los medios de comunicación audiovisuales de señal abierta tendrán la obligación de prestar gratuitamente los siguientes servicios sociales de información de interés general: Transmitir en cadena nacional o local, en todos o en varios medios de comunicación social, los mensajes de interés general que disponga el Presidente de la República y/o la entidad de la Función Ejecutiva que reciba esta competencia. Los titulares de las demás funciones del Estado coordinarán con esta entidad de la Función Ejecutiva para hacer uso de este espacio destinado a realizar las cadenas establecidas en este numeral. Estos espacios se utilizarán de forma coordinada única y exclusivamente para informar de las materias de su competencia cuando sea necesario para el interés público”.Las órdenes de cadena son enviadas a los medios a través de oficios o correos, a veces informales, remitidos por la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM), entidad que se sustenta en el artículo 74 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) en vigencia desde junio de 2013. Antes de la vigencia de esta Ley, las cadenas se ordenaban en aplicación de la Ley de Radiodifusión y Televisión que fue derogada.
Un instructivo de la SECOM, que consta en su portal web, se refiere al enfoque político que deben tener las cadenas, en donde se establecen parámetros como:
– “No buscarán destacar una figura pública sino posicionar un tema de interés ciudadano, esclarecer tergiversación informativa y difundir alertas en casos de emergencias por desastres naturales o conmoción social”.
– La cadena “fortalecerá el apego a la Ley, la normativa y representará una fuente directa de acceso a la información entre las entidades de Estada y los ciudadanos”.
– Las cadenas “son piezas audiovisuales que tienen el propósito de garantizar y promover los derechos de los ciudadanos a recibir información exacta, veraz, verificada y contextualizada acerca de hechos, acontecimientos y procesos de interés ciudadano”.
Pese a ello, esta herramienta, además de posicionar los mensajes oficiales, ha servido para atacar a la prensa independiente y sectores de la oposición, enviar “réplicas” que no lo son y hasta campañas gubernamentales sin tener que pagar a los medios por ese espacio, . Es así que en estos años, se ha vuelto una práctica común la interrupción de espacios informativos de medios no alineados al gobierno, para descalificar y rebatir información, o comentarios vertidos por entrevistados que han cuestionado al gobierno en distintas materias.
De los registros que lleva Fundamedios anualmente, el total de cadenas nacionales destinadas con fines descalificadores suman 178, desde el 2008 hasta enero de 2017. En todas ellas, se atacó, desprestigió y cuestionó la opinión de personajes, por tener criterios o pensar distinto al oficialismo.
De qué tratan las cadenas?
La primera alerta que emitió Fundamedios respecto al abuso de cadenas fue en diciembre de 2008. En ese entonces se reportó que el 17, 18 y 19 de diciembre, el gobierno interrumpió el programa matutino “Contacto Directo” de Ecuavisa para transmitir un espacio en el cual se criticaba abiertamente a Carlos Vera, quien para ese entonces, era considerado uno de los personajes de la televisión más críticos con el gobierno.
Desde esa fecha, ya se alertó que la transmisión de ese tipo de cadenas no se ajustaban a los reglamentos en vigencia en ese momento -como la Ley de Radiodifusión y Televisión que manejaba el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (CONARTEL), en cuyo artículo 19 del Capítulo de la Obligaciones Sociales de la Ley de Radiodifusión y Televisión, se especificaba que los espacios del Gobierno deben ser transmitidos como cadenas nacionales en un mismo horario por las redes televisivas en general-. Este tipo de cadenas interurmpían un programa en específico, incumpliendo con la normativa citada. Esta práctica se volvió común en el correísmo, convirtiendo a las cadenas en mecanismos para imponer una verdad oficial y descalificar a quienes pensaban distinto, como si se tratara de un “blanco” al que hay que apuntar y combatir.
Entre el 2007 al 2009* de la administración del gobierno de Rafael Correa, se difundieron un total de 632 cadenas, mientras que entre el 2010 al 2012, el número de cadenas sumó un total de 732, y eso, tomando en cuenta que en 2012, solo se pudo recabar información hasta el mes de agosto de ese año**. Sin embargo, con estas cifras se puede ver claramente el aumento en el uso y abuso de este recurso comunicacional del Estado.  Entre el 2010 al 2012, se utilizaron 138 cadenas nacionales para difundir mensajes del “Gobierno”, que representó 1464 minutos gratuitos en más de 200 estaciones radiales y televisivas del país. En ese mismo lapso de tiempo, se contabilizaron 137 cadenas (1.029 minutos) para difundir mensajes bajo el tema “interés general”, según se especifica en las órdenes de la Secom.
Un hecho que cabe recordar en esos años fue la cadena de radio y televisión “indefinida e ininterrumpida” del 30 de septiembre de 2010, cuando el país vivió una jornada de violencia generada por una sublevación policial, que el Gobierno calificó como “intento de golpe de Estado”. Aquel día, todas las estaciones del país tuvieron que enlazarse obligatoriamente a la señal de Ecuador TV , llamado medio público que constituyó un acto de censura a la información, donde no se permitió a los medios privados informar de lo que sucedía y donde se le privó a los ciudadanos de obtener información de distintas fuentes. También vale señalar que en 2011 se utilizaron 17 enlaces para informar sobre el proceso de la Consulta Popular y Referéndum, celebrado el 7 de mayo de ese año.
En 2013, año en el que entró en vigencia la LOC, las órdenes de cadena empezaron a citar esa normativa, pero, además, se ordenó este tipo de herramientas comunicacionales como “réplicas” obligatorias. Un ejemplo de ello se dio el 1 y 2 de agosto de 2013, cuando dos cadenas ordenadas por la SECOM interrumpieron durante cinco, y dos minutos y medio, respectivamente, el programa de entrevistas Contacto Directo, de Ecuavisa. Estos espacios de gobierno se difundieron pese a que la reciente aprobada Ley de Comunicación establece, en su artículos 23  y 24, un procedimiento muy claro para ejercer el derecho a la rectificación y réplica, y no como una cadena obligatoria.
En el primer caso, la interrupción se dio para aclarar “las grandes mentiras” dichas por el asambleísta de oposición Andrés Páez , por haber cuestionado una resolución del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y el segundo caso, la cadena fue para afirmar que Estefanía Espín, presentadora de ese espacio “intentó vincular a altas autoridades gubernamentales con supuestos desprecios e insultos a las mujeres ecuatorianas”.
Pero ese es solo un pequeño ejemplo del total de las 840 cadenas que fueron difundidas en 2013 y que representaron un total de 4390 minutos. De ellas, el 53% se destinaron para informar “Actividades del Gobierno Nacional”; el 35% para divulgar temas de “interés general” y el 12% para actividades de la Asamblea Nacional.  En ese año se dio un incremento importante en el número de cadenas, en parte porque el Ecuador vivió, al igual que en 2011, un proceso electoral, cuando el 17 de febrero se reeligió como presidente a Rafael Correa en una sola vuelta.
En 2014, el total de cadenas disminuyó y se pudieron contabilizar un total de 292, que representan 847 minutos al aire. En ese año se divulgaron 70% de cadenas bajo la premisa de “Acontecimientos de interés general”, mientras que el resto se destinó para el programa de oficialista denominado “El Gobierno a sus mandantes”, versión nacional y provincial; e informe de la Asamblea. En ese año, también se destinaron espacios oficiales para atacar a medios y periodistas. Por ejemplo, tres cadenas se destinaron para atacar a diario Expreso y en cuya orden de difusión constaba como título: “análisis de un caso de diario Expreso”.
El 14 de julio de 2014, Fundamedios reportó que una cadena ordenada por la SECOM interrumpió los espacios informativos y de opinión de las estaciones televisivas Ecuavisa y Teleamazonas para descalificar a diario Expreso y afirmar que el medio de comunicación “engaña a sus lectores”. Es así que Durante tres minutos, la Secom arremetió contra el medio de comunicación por la publicación de una nota, el pasado 9 de mayo, bajo el título “El IESS deja de otorgar anticipos a las clínicas”.  Al respecto, la Secom aseguró que “Diario Expreso además de no contrastar omitió información para mentir a sus lectores”.
En ese año y desde julio, la SECOM también se valió del mecanismo de las cadenas para difundir una campaña anti medios denominada “La ciudadanía le habla a los medios”, que consistía en la emisión, en horario rotativo, de una serie de cadenas de aproximadamente 50 segundos de duración, en las que ciudadanos criticaban la labor periodística de un comunicador o entrevistador en concreto. Las cadenas arremetieron en contra de personajes de pantalla como María Josefa Coronel, Estefani Espín, Hugo Gavilánez o Vito Muñoz. También se emitieron una serie de cadenas para atacar y desprestigiar la labor periodística de los medios de comunicación privados como diario El Comercio y las estaciones televisivas Ecuavisa y Teleamazonas. Estas cadenas, cuyo encabezado común tenía la leyenda que dice: “Por un periodismo de calidad”, interrumpieron los espacios noticiosos de los canales mencionados durante dos minutos en promedio.
En 2015, se divulgaron 683 cadenas que representan 499,2 minutos al aire. De estas, el 72% se destinó para la difusión del programa de gobierno “Ecuador Noticias” y el resto para temas de “interés general”, “actividades de la Asamblea”, entre otros. Sin embargo, a diferencia de años anteriores, en el 2015 se difundieron en mayor medida cadenas para reafirmar y convencer sobre temas que el oficialismo quiso posicionar dentro de su discurso.
Es el caso del tema de  las salvaguardias, sobre el cual se emitieron siete cadenas de televisión en marzo. Todas ellas para reafirmar que el impuesto a ciertos artículos importados era una buena decisión. Asímismo, se destinaron seis cadenas de más de quince minutos para atacar a la Unión Nacional de Educadores y referirse al tema del feriado bancario, o enmiendas constitucionales, manifestaciones, entre otras. En otros tópicos, ocho cadenas de televisión de más de dos minutos y medio cada una se emitieron para referirse a una visita oficial del Presidente a Estados Unidos y otras dos por una visita oficial a Ginebra. En ese año también se divulgaron cadenas por la Cumbre de Periodismo CUPRE, el Cotopaxi, información del Fenómeno del Niño, entre otras.
Un ejemplo de ello ocurrió con una cadena de cinco minutos difundida la noche del 16 de agosto de 2015 para deslegitimar las protestas sociales ocurridas en los últimos días y acusar a medios privados como Teleamazonas y diario La Hora de ser abastecedores de alimentos y transportadores de los manifestantes. El espacio de gobierno acusó a los dirigentes de la violencia generada y de las agresiones contra policías. Se dijo que tras la orden de los dirigentes de “cercar Carondelet” se dio paso a la violencia extrema.
Otro ejemplo ocurrió con una cadena divulgada el 1 de diciembre y que interrumpió el informativo estelar de Ecuavisa para descalificar a su presentador y Vicepresidente de noticias, Alfonso Espinosa de los Monteros, por comentarios vertidos por el periodista respecto a una de las reformas constitucionales que el oficialismo presentó como enmiendas y fueron aprobaron en la Asamblea. El periodista se había referido a la necesidad de que la Contraloría sea un organismo independiente.
El 2 de diciembre, otra cadena de cuatro minutos y medio ordenada por la Secom interrumpió los espacios informativos matutinos de Ecuavisa y los medios incautados TC y Gama para defender la tesis del gobierno respecto a los supuestos beneficios que tendría para los ciudadanos la aprobación de las reformas a la Constitución.
Finalmente, en 2016, se difundieron 2405 cadenas y fue el año de mayor uso y abuso de estos espacios. El incremento se evidenció, sobretodo, en los últimos cuatro meses, donde el bombardeo mediático por parte del gobierno tomó mayor fuerza con el objetivo de enaltecer la gestión del Vicepresidente Jorge Glas, quien se perfilaba como uno de los favoritos para postularse a la candidatura presidencial del  19 de febrero del 2017, siendo así que los meses de septiembre, noviembre y diciembre del año pasado se transmitieron 1371 cadenas con 1948 minutos, cuyos temas de relevancia fueron la difusión de la propaganda denominada  “Década Ganada” y el informe de interés a la ciudadanía referente a la vicepresidencia y la agenda vicepresidencial.
El denominador común de las cadenas
1. Interrupción de espacios noticiosos.
2. Transmisión exclusiva en medios privados: para “desmentir”, “aclarar”, desacreditar, a juicio del gobierno, imprecisiones de información u opiniones vertidas en esos espacios noticiosos
3. Este enlace se ordena como “cadena”, cuando existe la disposición de que ninguna estación contraria a la dispuesta, se enganche a esta señal.
4. Son utilizadas para defender la postura oficial: proyectos de ley, juicios, etc.
5. La duración de este tipo de enlaces oscilan entre los 3 y 15 minutos.
6. Generalmente el material que se emite en forma de “cadena”, es el utilizado en los enlaces sabatinos del presidente Correa.
Cadenas y censura
“La propaganda intenta forzar una doctrina sobre la gente… La propaganda opera sobre el público general desde el punto de vista de una idea y los prepara para la victoria de esta idea.” Adolf Hitler escribió estas palabras en su libro Mein Kampf (1926)

Con estas cifras y estos ejemplos, es notorio que el fin primordial de las cadenas es imponer la verdad oficialista por sobre todos los criterios. En ese sentido, poco importa si se interrumpen espacios noticiosos o de opinión. De hecho, de todas las cadenas reportadas como alertas -por haber atacado o descalificado a alguien- han sido difundidas en medio de algún espacio de estos.
Tampoco es es una coincidencia que el discurso del Presidente desde sus enlaces sabatinos esté alineado con las cadenas y que a su vez, muchas de estas también sean usadas en los Enlaces Ciudadanos o viceversa.
Si bien por un lado -y dentro del debate democrático y cuando de asuntos de interés público se trata- se exige que las autoridades estatales actúen con mayor transparencia y rindan periódicamente cuentas a la ciudadanía de cómo desarrollan sus gestiones, en ese sentido la Corte Interamericana ha indicado que no solo es un derecho, sino un deber de todo funcionario público pronunciarse públicamente sobre tales asuntos, y para ello es legítimo que empleen los mecanismos comunicacionales del Estado, y por la misma razón las cadenas nacionales son el medio tradicional por el cual las autoridades estatales comunican a la ciudadanía sobre asuntos de especial interés para el país. Sin embargo, la utilización de esta potestad que tiene el Gobierno ha degenerado en un abuso constante.
Al respecto los órganos del Sistema Interamericano han venido alertando en años recientes sobre un uso abusivo que algunos estados estarían dándole a su facultad de emitir enlaces y cadenas nacionales, pues ello se ha convertido en la práctica, en un mecanismo de restringir indebidamente el ejercicio del derecho a la libre expresión, y en ciertos casos ha dado cabida a que se menoscaben otros derechos fundamentales de particulares.
En repetidas ocasiones, la Relatoría Especial ha alertado sobre el uso excesivo y discrecional de las cadenas nacionales. En particular, ha hecho referencia a que la excesiva frecuencia de tales mecanismos en la práctica conlleva a que los medios de comunicación que deban interrumpir su programación para dar paso al enlace nacional, se ven impedidos de ejercer su derecho a difundir la información que deseen en el marco de su ejercicio a la libre expresión. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, al respecto, ha indicado que “este mecanismo, utilizado en forma discrecional y con fines ajenos al interés público puede constituir una forma de censura”.

Investigación de narcotráfico permea círculo familiar del general Ramiro Mantilla

MIL HOJAS

El pasado 20 de febrero, un día después de las elecciones de primera vuelta, decenas de policías y fiscales ejecutaron la operación Península, que desarticuló una red de narcotráfico que buscaba enviar  736 kilos de cocaína a Europa. Las autoridades incursionaron en seis viviendas en Guayaquil, Samborondón,  Salinas; capturaron a seis personas, tres vehículos y cerca de UD$200.000.
A diferencia del resto de operativos antinarcóticos que el Ministerio del Interior promociona fuertemente como resultado de su lucha contra el crimen organizado, este fue manejado con bajo perfil. No hubo presencia de la prensa pública o privada y sólo el diario oficialista, El Telégrafo, se atrevió a publicar una pequeña reseña informativa sobre el caso el martes 21 de febrero, a partir de la información que ese ministerio publicó  en su cuenta de Twitter.
El operativo Península es de extrema importancia porque entre los involucrados y capturados por la Policía Nacional se encuentra uno de los hermanos del director general de operaciones de la Policía Nacional,  general Ramiro Mantilla Andrade.

Mantilla Andrade en este momento es el responsable de la cadena de custodia de todo el material electoral. Es la autoridad y sus órdenes serán ejecutadas por todos los policías que se encuentren a cargo de proteger los kits electorales y posteriormente los resultados de las votaciones del 2 de abril.
El destino de su hermano depende ahora de una justicia secuestrada por el ejecutivo. Que un individuo bajo esta presión tenga la responsabilidad del material electoral resulta por demás preocupante. El general Mantilla no puede esconder estas investigaciones que arrancaron el 26 de noviembre del año pasado. Información a la que Mil Hojas tuvo acceso, desde el interior de la policía, informó que su hermano, Patricio Mantilla Andrade, esta siendo investigado por la fiscalía junto a otro grupo de personas. 

Imagen: En la página web de novedades de la Fiscalia General del Estado se informó en el mes de noviembre del año pasado sobre la investigación contra los ahora implicados en el caso Península

Su sistema de operación fue el llamado “gancho ciego” o “RIP OFF” que contamina  contenedores con mercancías lícitas en buques mercantes, mediante el cambio o clonación de candados en el puerto de Guayaquil. El sistema requería la colaboración al interior del puerto, desde allí les ofrecían líneas de ingreso seguras para colocar las sustancias ilegales.
La policía determinó claramente las funciones de cada uno de los miembros de esa banda y estableció que el líder de la organización fue el ciudadano albanés Alina Altin. Junto a él operaron ecuatorianos y colombianos. El hermano del general Mantilla está acusado de brindar seguridad al grupo. La investigación permitió conocer que tenían previsto enviar 640 kilos de cocaína  en un contenedor de banano de la Cooperativa de Producción Bananera El Pajonal. El destino era la empresa Days Fruit Vegetables B.V., en el puerto Antwerp en Bélgica.
La droga fue localizada en el buque Minerva de la naviera HapangLloyd,  debía zarpar el 16 de febrero a las 5 de la mañana. La cocaína había sido acomodada en 54 cajas de banano y en los paquetes se hallaron los logotipos USA, DUCE, 1BE y H.

 

Como descubrí que era adoptada

Crónica tomada de http://frontal27.com/como-descubri-que-era-adoptada/

21 de febrero de 2017. Comencé a trabajar en la burocracia desde los 21 años. Mi primer empleo fue como tutora política del Estado Vargas, por parte de una Institución de asistencia social. Me tocaba coordinar toda la gestión de la institución en dicho Estado, consolidar toda la política y sobre todo hacer seguimiento y control de todos los programas que promovíamos. Fue difícil asumir ese trabajo. Estudiaba, militaba y trabaja. No me había dado cuenta, pero desde este momento empezó mi cooptación. Toda la plusvalía de mi militancia la absorbía el Estado, de verdad yo pensaba que estaba cambiando al mundo desde las entrañas del monstruo, de verdad pensé que ayudar a aquella señora dándole un bastón y diciéndole que esto es gracias a la revolución, pensaba: “Estoy haciendo el cambio” .
Fue muy duro para mi entender a esa edad y sobretodo con toda la pasión que sentía dentro de mi ser, que estaba privándome de algo sumamente importante, que hoy me pasa factura. Como dicen en el pueblo “a caballo regalado no se le mira colmillo” y “no le muerdas la mano a quien te da de comer” opté por dar como sobrentendido todo lo que sucedía en la superestructura de esa institución. Presencié cómo movilizaban partidas presupuestarias, vi cómo inflaban otras. Vi cómo los altos cargos cobraban viáticos innecesarios, todos los gerentes tenían cheques por caja a cada rato. Fui testigo de cómo un Gerente le gritó en la cara a una compañera: -Eres una inepta. Acto seguido, unas semanas después llegué temprano a la oficina, la puerta de la oficina del Gerente estaba entreabierta y pasmada vi como esa compañera le hacía sexo oral a este espécimen. Al mes fue promovida de cargo a Coordinadora en el área Formativa.
Desde los 21 años, participé en todas la marchas. Me encargaba de las pancartas, consideraba en ese momento que todo el potencial de la juventud debía verterse en los muros y telas de Caracas y que cada pared debía hablar, que quedara claro “La revolución llegó para quedarse”. Cada vez que por allí estaba mal parao un megáfono, lo tomaba con tal proeza y consigna que animaba hasta a un entierro. En cada evento sobraban refrigerios y lo que quedaba nos los repartíamos, me llevaba alrededor de 20 sándwich y 14 refresco, siempre iba cargada a la casa. Pensaba que eso era mi premiación por toda una jornada de activación política.
Cuando me tocaba asumir espacios de debates políticos, enaltecía lo grande que ha sido para la juventud el proceso Bolivariano, y que no es fácil “hacer leña del árbol caído”, “la 4arta República dañó todo el aparato productivo de nuestro país”. “Nos tocó asumir un país en bancarrota”. Cada vez que asumía la palabra me incluía desde el “poder sobre” es decir me asumía como Estado… cuando no lo era y nunca lo fui.
Siempre mis compañeros del colectivo me lanzaban el micrófono para pulverizar con mi discurso a los movimientos que se nos oponían. La verdad la gente siempre me aplaudía con tal admiración, es que yo te recitaba desde un coplero sabanero hasta los artículos de la Constitución. Dejaba bien parada siempre a mi organización. Y me gustaba insinuar que yo era nieta de las brujas que quemaron, yo soy hija del Caracazo y soy hermana de este proceso Revolucionario socialista y profundamente feminista. No me incomodaba cuando me tocaba estar frente a una tarima y escuchaba todas las barrabasadas machistas que insinuaban “todos los escuálidos son maricos” “a ese Capriles le falta es un hombre que lo domine” “acá te tengo Capriles un cartón de puro huevo” Hasta me reía como cualquier otro e inofensivo chiste.
Desde los 21 años fui adoptada por el Gobierno, maduré frente a un cuadro rojo, codeada de gente del Frente Francisco de Miranda y de puntos rojos para inscribirse en el PSUV. Me contrataron para una cosa muy distinta a las que empezaron a exigirme. Recuerdo cómo la oficina de atención a la ciudadanía se quedaba sola porque debíamos presentarnos en Miraflores para el discurso político del Presidente. Se supone que esa oficina brindaba asesoría y orientación a las personas víctimas de violencia intrafamiliar y en situación de riesgo. De 5 días que se trabajaban, esta oficina, estaba vacía por lo menos de 3 a 4 veces por semana. Muy rara vez se trabajaba 3 días seguidos atendiendo al público. Más tiempo se pasaba en concentraciones, marchas, puntos rojos, movilizaciones, casa por casa, encuentros del partido y formación al personal. Allí sinceramente no se trabaja y cuando lo hacían la atención era pésima y sumamente revictimizante. Más de una vez a esa institución se le hicieron denuncias por maltrato al público, y nunca pasó a más que una simple denuncia. La misma gente siguió en sus puestos de “comando”, y para proteger a los encargados les asignaban otros cargos de envergadura.
Mi estructura cognitiva fue moldeada al mismo discurso y lugar común de fuerzas externas vengativas que iban a dañar lo que tanto nos costó construir como “pueblo”. Cuando osaba a pensar distinto y buscaba organizar las cosas desde otra perspectiva me llamaron “oportunista” o “quieres pescar en río revuelto”. Me acusaron muchas veces de ser una mujer infiltrada y sobretodo que se dejaba manipular por otras personas. Me despersonificaban cuando hacía algo en contra del nuevo y bolivariano establishment. Es decir que actuaba bajo efectos y circunstancias que atentaban contra lo “bonito y bello” que se había construido. La verdad de 100 pasos que se avanzaron, 200 fueron para poderío militar y las trasnacionales, cuestión que hasta el sol de hoy por la incertidumbre, el luto, el miedo, la comodidad, el hambre, la decepción y arrechera: empezamos a ver. No fue sino hasta hace unos días que conversaba con un amigo y compartíamos experiencias laborales, que nos dimos cuenta de eso, se preguntarán exactamente de qué, pues, nosotras y nosotros, los jóvenes, fuimos adoptados en este proceso que inició hace 19 años por el Gobierno. No conocemos algo más allá que este ombligo, fuimos concebidos como una juventud mecánica, sin facultades de discernimiento y cuando este se asomaba era suprimido o peor aún execrado. Una juventud ahogada en propagandas vacías, en consignas que atrofian el pensamiento crítico como la famosa “unidad, unidad, unidad” a costa de cualquier cosa, el “así es que se gobierna”, “comandante ordene” o “comandante eterno, supremo, etc.”, se anuló el espacio crítico, no hay cabida para otra cosa. Un juventud criada y subordinada como un componente militar. Fuimos testigos y hasta cómplices indirectos de una esterilización colectiva, ahora nos damos cuenta de que todo ese esfuerzo, toda esa militancia, no abonó en la construcción de un movimiento popular consciente, organizado, el poder popular, sino fue una transferencia instantánea del capital político revolucionario al Estado, a los parásitos de la renta, a los nuevos amos del Capital rentista, sin darnos cuenta, militamos 19 años en favor de nuevos ciclos de miseria. ¡Basta!
¡Camarón que se duerme se lo lleva la corriente!
Editorial: Las Comadres Púrpuras

Observatorio de DD.HH. CASLA pide a autoridades garantías para la segunda vuelta electoral

El ambiente que se vivió antes, durante y después del proceso electoral del 19 de febrero pasado fue de hostigamiento e intimidación hacia miembros de organizaciones no gubernamentales e incluso de agrupaciones de la oposición, así como también de obstáculos para determinadas misiones de observadores electorales. Y ese panorama podría repetirse en la segunda vuelta electoral.
Esto se colige del Informe Ejecutivo de cinco páginas, elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos del Instituto CASLA de la República Checa, sobre las elecciones celebradas en el Ecuador hace casi dos semanas.
Por qué? Ante las irregularidades registradas en todas las etapas de la organización de los comicios, el Instituto CASLA, que se dedica sobre todo a la promoción de los Derechos Humanos en los países de América Latina y que siguió el proceso electoral ecuatoriano con observadores independientes, formuló varias recomendaciones a las autoridades que van desde dar garantías para que el equipo de control electoral del candidato presidencial de oposición, Guillermo Lasso, pueda hacer su tarea, hasta que se permita la participación de delegados de la Unión Europea como observadores de la segunda vuelta electoral, pues esto fue impedido en las votaciones de febrero pasado.
Entre las observaciones previas a la contienda electoral, en el documento firmado por Tamara Suju, Directora Ejecutiva del Instituto CASLA, se destacan las inconsistencias que presentó el Registro Electoral, donde aparecieron personas fallecidas como habilitadas para votar, ciudadanos que poseen dos o más números de cédulas, personas domiciliadas en el exterior que aparecen como votantes, nombres de personas que pertenecen a movimientos irregulares como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y que constan como electores.
También se enfatiza que el padrón electoral, entregado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a los partidos de oposición en octubre del 2016, no tenía registradas las cédulas de identidad ni la fecha de nacimiento de los votantes. 
Por si esto fuera poco, de los 2.875 observadores “nacionales” acreditados por el gobierno, 1.200 fueron funcionarios del propio Estado ecuatoriano, es decir de instituciones donde el Ejecutivo tiene representación directa como la Defensoría del Pueblo o el Consejo Nacional de Discapacitados, etc.
En cambio, las condiciones impuestas por las autoridades ecuatorianas para la participación de parlamentarios europeos en los comicios del 19 de febrero impidieron su presencia. Así lo sostiene Tamara Sujú, directora ejecutiva del Instituto CASLA, quien agrega que desde el 2016 realizó gestiones para que representantes de la coalición de los partidos políticos de oposición, denominada “Acuerdo Nacional para la Observación Electoral en Ecuador”, pudieran acudir a Bruselas a solicitar, tanto a representantes de la Unión Europea como al Parlamento Europeo, la observación electoral para los comicios de febrero pasado. Estos organismos aceptaron la solicitud. No obstante, Sujú narra que solo faltaba la autorización e invitación de las autoridades ecuatorianas. El 22 de noviembre de 2016, el CNE invitó oficialmente a 3 expertos electorales de la Unión Europea (UE), pero bajo la modalidad de “Observación conducida”, los días 14 al 20 de Febrero. De acuerdo con el CNE, la observación conducida es un procedimiento que se cumple con el acompañamiento de funcionarios del organismo de sufragio. 
“Esta invitación fue rechazada por dicha Instancia (UE), por no cubrir los estándares mínimos estipulados para una Observación Electoral, tal como lo requieren sus reglamentos internos”. 
Suju instó a los representantes del Acuerdo Nacional Para la Observación Electoral a que invitaran a parlamentarios europeos a participar como observadores del proceso electoral ecuatoriano. Pero debido a las condiciones impuestas a los 3 representantes de la UE, los europarlamentarios consideraron que había una falta de reciprocidad del gobierno ecuatoriano, pese a que días antes se había firmado el acuerdo de libre comercio entre la UE y este país. Por lo que decidieron no ir a las elecciones. 
Tampoco tuvo éxito la gestión del Observatorio para que las autoridades invitaran a senadores españoles a estar presentes en las elecciones. El senador Dionisio García Carnero, de manera personal, aceptó la invitación de la coalición de oposición y actuó como observador independiente en los comicios. 
No obstante, según publicó diario El Telégrafo, el mismo día de las elecciones, el presidente Rafael Correa rechazó las declaraciones del senador español que criticó la no aceptación de una misión de observadores de la UE. El mandatario también fustigó las declaraciones de Ana Mercedes Díaz, exmiembro del Consejo Nacional Electoral de Venezuela.
"Cuántas veces la Unión Europea ha aceptado la presencia de observadores latinoamericanos, es una pena que algunos no logren superar todavía su mentalidad colonialista" dijo Correa y agregó que cualquier observación es aceptada, pero siempre que sea oficial, no por cuenta propia y "quizás con oscuras intenciones".
La reacción contra Díaz no se quedó solo en el contrapunto de Correa. Las declaraciones dadas por la venezolana, dos día antes de las elecciones le obligaron a suspender una conferencia magistral que tenía prevista en Quito y debió acudir a la embajada de Estados Unidos para buscar refugio, ya que gozaría de doble nacionalidad. “Díaz aseguró que llegó a la embajada luego de que Leonel Fernández, jefe de la misión de observadores electorales de la OEA, le indicara que habría una orden de detención en su contra.”
Horas antes, en entrevista con la cadena NTN24, la venezolana había asegurado que “el registro electoral de Ecuador está viciado y que "el fraude electoral está preparado". http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politiko-2017/49/titular-del-cne-rechaza-version-de-observadora-independiente-en-comicios-de-ecuador
En cuanto al Informe del Instituto CASLA se registran también varias alertas en los días previos al 19 de febrero. La primera tiene que ver con la entrega de al menos 8 sobres bomba por parte de Correos del Ecuador, según información de la policía ecuatoriana. Uno de los paquetes fue dirigido a la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, el 15 de febrero. Un día después las destinatarias de otro sobre bomba fueron las periodistas Janeth Hinostroza y Estéfani Espin.
Luego, el 18 de febrero, se dio un intento de desalojo de las instalaciones donde iban a observar los comicios y recibir los resultados, los miembros del Partido CREO que lidera Guillermo Lasso en Guayaquil, situación que fue resuelta en las primeras horas de la mañana siguiente. 
El lugar donde la organización Participación Ciudadana haría el monitoreo de las elecciones para su trabajo de conteo rápido amaneció cerrado el día de las elecciones. “Los representantes de esta organización pudieron acceder poco a poco en el transcurso de la mañana, bajo la vigilancia policial”.
Todo esto se da en un contexto de falta de imparcialidad en la selección de los integrantes del CNE por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pues todos sus miembros son afines al partido oficialista Alianza País, de acuerdo con denuncias de la oposición presentadas al Observatorio del Instituto CASLA.
LAS IRREGULARIDADES
El Observatorio también describe las anomalías durante la jornada en la que 12,8 millones de ciudadanos estuvieron habilitados para elegir presidente de la República, asambleístas y parlamentarios andinos. Igualmente registró las alertas ocurridas en el proceso de escrutinio.
Si bien, la delegación de CASLA pudo constatar que, en general, en centros de votación de Quito, el ejercicio del sufragio y la labor de la fuerza pública en cuanto a la custodia del material electoral fueron normales, desde numerosas provincias del país le fueron reportados hallazgos de papeletas y actas, que correspondían a juntas receptoras del voto, en depósitos de basura. Este material fue presentado como prueba a las diferentes delegaciones provinciales. 
Además, un importante número de urnas que contenían papeletas y actas que correspondían a distintas circunscripciones electorales de todo el país, llegaron a sus respectivas delegaciones provinciales, pero no custodiadas por la fuerza pública como determina la Ley de Elecciones, sino por personas particulares y en vehículos particulares.
No se permitió que los partidos de oposición tengan delegados para observar el sistema informático de escrutinio. 
Otra observación es que la demora de tres días para anunciar los resultados electorales, aunque sólo faltaba un 10% para completar el escrutinio, generó especulaciones y la presencia masiva de la población en la calle, exigiendo prontitud en el anuncio final. “Durante este lapso, hubo tensiones, pronunciamientos inadecuados por parte de los distintos candidatos atribuyéndose el triunfo, cosa que causó gran crispación en la sociedad ecuatoriana”. 
Con estos antecedentes y con miras a la segunda vuelta entre los candidatos Guillermo Lasso y Lenin Moreno, “el Observatorio de DDHH del Instituto CASLA, insta al gobierno a no hostigar, intimidar o acosar a miembros de Organizaciones no Gubernamentales cuya labor es garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales para la realización de elecciones transparentes y justas.
También recomienda la facilitación, vigilancia y seguridad para que el candidato de oposición pueda tener centros de recepción y monitoreo de votos el día de las elecciones, sin que sus miembros sean acosados o intimidados de forma alguna.
En vista de que para la contienda electoral de abril ya se ha anunciado la presencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la UNASUR, el Observatorio solicita nuevamente al gobierno ecuatoriano que también permita la presencia de delegados de la Unión Europea, parlamentarios y organizaciones no gubernamentales, invitándolos oficialmente “para que, de acuerdo a los artículos 173 y 174 de la Ley Electoral Ecuatoriana, puedan observar el buen desenvolvimiento de las elecciones y que complementen a las organizaciones que volverán a estar presentes en la segunda vuelta”.    
En las recomendaciones del Observatorio del Instituto CASLA asimismo se hizo un llamado a que los medios de comunicación oficiales garanticen a Lasso, el mismo tiempo y oportunidad que a Moreno, para exponer su programa de gobierno y sus puntos de vista, sin censura ni discriminación. 
QUIÉN ES TAMARA SUJU
Quien suscribe el Informe del Observatorio del Instituto CASLA es su directora ejecutiva, Tamara Suju, una abogada venezolana especialista en Derechos Humanos y disidente política, con protección diplomática en la República Checa desde noviembre de 2014, después de abandonar su país debido al temor “por su integridad física y libertad”.
El instituto CASLA es una de las principales plataformas checas para los estudios de América Latina, y sus analistas e investigadores proceden de la esfera política, diplomática, académica, informativa, a la vez que están muy involucrados en la promoción de los derechos humanos.
Suju ha sido galardonada por la Fundación Nacional por la Democracia con el premio Democracy Award 2015 en reconocimiento a su trayectoria como defensora de derechos humanos en Venezuela.  
http://caslainstitute.org/tamara-suju-recibe-premio-democracy-award-2015/
“Mi tarea es abrir un poco los ojos a los países europeos sobre lo que está pasando en América Latina, enfocada sobre todo en derechos humanos”, ha dicho Suju.
La directora ejecutiva del Instituto CASLA ha interpuesto ya a favor de personas de su país 13 denuncias en organismos internacionales, tanto en los sistemas iberoamericanos de protección como en el sistema europeo y de la ONU.
Además de fundadora de las Damas de Blanco de Venezuela y la organización de derechos humanos Nueva Conciencia Nacional, Suju es directora internacional de la ONG Foro Penal venezolano, que cada año hace una informe sobre torturas y tratos crueles.
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