Mes: abril 2017

Ahora que el fisco ya no puede gastar con la holgura y el dispendio que le permitió la bonanza petrolera y están cada vez más cuesta arriba las posibilidades de poder cumplir con sus pagos aparece en la palestra pública un invitado por el Gobierno ecuatoriano, para alentar, con su consejo, la aspiración del Correísmo de imponer la moneda electrónica, que hasta ahora no ha podido concretar por la falta de confianza de los actores económicos y sociales, en esa modalidad de pago, debido a los términos de la normativa en el Ecuador.
Se trata del exministro griego Yanis Varoufakis que en una conferencia dictada el lunes pasado titulada “Economía Política con rigidez monetaria”, dijo que en Ecuador no se está explotando todo el potencial del dinero electrónico, pues se podría dar la oportunidad al Gobierno de pagar con ese medio a sus proveedores.
El consejo de Varoufakis se da a pocos días de que la Asociación de Bancos Privados del Ecuador alerte al Banco Central del Ecuador (BCE) que la liquidez de la reserva internacional no cubre la totalidad de los depósitos que tiene la banca en el BCE. En estas circunstancias pensar que el dinero electrónico es la salida para pagar deudas cuando no hay el respaldo ni siquiera para los recursos que los bancos privados tienen en el Central, debería ser motivo de debates y análisis profundos.
El exvicepresidente de la República León Roldós explica que si se diera vía libre a esta propuesta puede entrar tal volumen de dinero electrónico a la economía, sin respaldo real de dinero líquido, que significaría precipitar la crisis de la dolarización. 
La posibilidad de obligar a la banca privada a aceptar moneda electrónica dependería tan solo de una resolución de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, a fin de introducir el dinero electrónico al sistema de pagos general, no solo del Estado a proveedores, sino también en las transacciones comerciales, pagos de sueldos y otras, forzando el sistema bancario a respaldar a la moneda con su liquidez.
También podría crearse un mercado negro de dólares en billetes, como hay en otros países, por las diferencias cambiarias, y de darse esto el camino a la incautación de divisas es corto, según alerta Roldós, porque habrían  diferencias de cotización entre el dólar virtual de moneda electrónica y el dólar real, de las que sólo podría pensarse salir mediante incautación de divisas.
En este contexto, que el presidente electo Lenin Moreno aparezca no solo ponderando la trayectoria de Varoufakis, sino también recibiendo sus consejos genera cuestionamientos, pues el exministro de Finanzas griego, en 2015 era partidario de que su país adopte una moneda paralela al euro -al que decía despreciar- a fin de seguir financiando el gasto público en su país, con el discurso también ya usado en el Ecuador de "soberanía monetaria".
Varoufakis, supuestamente para evitar pánico financiero en Grecia, el 28 de junio de 2015, impuso un corralito de cuentas y cierre temporal de oficinas bancarias, que en días, el 6 de julio, le significó tener que renunciar, para evitar el riesgo de retiros masivos al reinicio de la actividad bancaria, que se postergó del 7 de julio al 20 del mismo mes.
En medio de la transición política ecuatoriana, estas señales traen más incertidumbres que certezas sobre la ruta que seguirá Moreno en materia económica.
Es viable para el Ecuador la sugerencia del exministro griego Yanis Varoufakis de usar la moneda electrónica para que el Estado pague deudas a sus proveedores?
La moneda electrónica funciona en varias economías del mundo y, a diferencia de Ecuador, el dinero electrónico lo hace en una cuenta comercial, no de banca central. Es de operatividad muy similar a una tarjeta de débito de un banco en que la persona le carga a su cuenta directamente cualquier gasto que haga. Con la moneda electrónica la diferencia es que la orden de pago no sale de una tarjeta de plástico , sino que se la da desde un teléfono celular, con una clave. El dinero electrónico es una vía de pago. Varoufakis mencionó el éxito de la moneda electrónica en Kenia, que siempre es un referente, pero allá la operación es de carácter privado, en red de una empresa de telefonía móvil con miles de usuarios, totalmente diferente a la definición de la ley ecuatoriana.
Cuál es la diferencia en Ecuador?
En el Código Orgánico Monetario y Financiero se señala que “la moneda electrónica será puesta en circulación privativamente por el Banco Central del Ecuador (BCE) respaldada por sus activos líquidos…”. Es como una especie de emisión del BCE y eso conceptualmente es absurdo porque el que debe tener la liquidez depositada en el Banco es quien tiene la cuenta en dinero electrónico. No es la liquidez del BCE -que no necesarimente es del gobierno- lo que debe respaldar la moneda electrónica, sino los depósitos líquidos de quien usa la cuenta.
Cuál es el riesgo de esto?
Como está hoy la norma legal, se menciona que el respaldo son activos líquidos del BCE, lo malo es que para otros temas ya se ha interpretado ese término (activos líquidos) como activos liquidables en corto plazo, que no es lo mismo.
Entonces puede haber la tentación de que el BCE emita moneda electrónica con el respaldo de títulos valores a muy corto plazo que reciba del Gobieno?
Eso sería absurdo -pero es un riesgo que hay que rechazar- porque el único soporte de pago debe ser liquidez efectiva, no título valor alguno. 
La normativa secundaria de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera hoy prohíbe que el respaldo sea de títulos valores de cualquier clase o emisión, pero, bastaría uan resolución de la misma Junta, que llegue a definir que títulos valores liquidables en corto plazo podrían respaldar la circulación de moneda electrónica.
Entonces para abrir ese camino solo es cuestión de una resolución administrativa?
En diciembre de 2016, la Superintendencia de Control de Poder de Mercado emitió una resolución mediante la cual los bancos privados estaban obligados a honrar la moneda electrónica del BCE con liquidez efectiva. Los bancos interpusieron acción de protección frente a esa imposición y la Superintendencia retrocedió. El argumento fue que aceptó no tener competencia, pero se estableció que la competencia residiría en la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.
El riesgo pende entonces como una espada de Damocles
Sí. El ministro griego Varoufakis dice que el Estado debe aprovechar que puede pagar a sus proveedores con moneda electrónica. Es decir, viene a ratificar al gobierno lo que este ya está tentado de hacer.
A cuánto asciende la deuda del Gobierno con sus proveedores?
Hoy es imposible que aparezca en los registros cuánto debe realmente pagar el sector público, pasa de largo de un mil millones de dólares, pues buena parte de la deuda no se puede facturar en el sector público mientras no le den a los proveedores luz verde para ello, porque si lo hacen -enla contabilidad gubernamental- tiene que registrárselo como deuda.
Pero en esta transición y ad portas del cambio de Gobierno qué pueden esperar los proveedores?
Si en mayo les dijeran "reciba moneda electrónica" o "espere al próximo gobierno", el proveedor más ortodoxo pensaría en aceptar el pago en moneda electrónica. Luego podrá efectuar algunos pagos a las entidades del Estado y quizás a sus específicos proveedores, pero otros no querrán recibirlo y demandarán que les paguen en liquidez efectiva. La vía que en diciembre del 2016 quisieron imponer es que las entidades financieras canjeen dinero virtual -que es la moneda electrónica- con dinero líquido. La masa de dinero virtual sin respaldo líquido sería tal que afectaría irremediablemente la dolarización. Varoufakis habría expresado que el proveedor sabrá cómo sale de la moneda electrónica. Utilizar la moneda electrónica para pagar sueldos? Habrá trabajadores que no lo acepten voluntariamente. Con la moneda electrónica no se puede viajar ni enviar dinero al exterior, ni pagar a proveedores externos, para todo esto se requiere liquidez efectiva. Sería una verdadera irresponsabilidad la circulación de moneda electrónica sin el soporte de liquidez real en la cuenta de quien ordena el pago. Precipitaría la crisis de la dolarización en Ecuador.
El BCE puede enfrentarse a mayores presiones a sus reservas de liquidez?
La relación entre el Gobierno y el BCE ha sido de ir incrementando permanentemente la deuda, aun cuando aparezca instrumentada a corto plazo. Incluso ahora con el caso de la petrolera Schlumberger, a la que le acaban de pagar con títulos del BCE, convirtiéndolo en emisor de títulos para pagarle a una compañía de servicios petroleros. A su vez, los títulos del BCE son respaldados con títulos del gobierno. Un círculo vicioso, sin liquidez real.
En qué momento se le puede involucrar al sistema bancario privado?
Si a los bancos les imponen que abran cuentas de dinero electrónico en el BCE y que canjeen dinero virtual con dinero líquido ya estarán contaminados. Tampoco debe obligársele a abrir cuentas de dinero electrónico a las cooperativas, cuyo sistema ya tiene severos problemas, consecuencia de la grave iliquidez de los sectores de menores ingresos que son los que demandan sus servicios.
Si el proveedor tiene que pagar sueldos y los trabajadores no quieren abrir cuentas de dinero electrónico ¿podría hacer una trasferencia de dinero electrónico a un banco privado y de ahí pagar en efectivo?
A la fecha, no, salvo que obliguen a los bancos el canje al que me he referido antes.
El dinero electrónico podría contaminar el sistema financiero privado?
Lo acabo de expresar. Si obligan a los bancos a convertirlo en dinero líquido, ahí sí se estaría contaminando el sistema.
Algunos analistas ya han dicho que pueden haber transacciones que solo se manejen en moneda electrónica. ¿Es posible?
Sería una ficción que eso dure. Más temprano que tarde se presionaría al canje del dinero vitual con dinero líquido. De no imponerse el canje, al inicio podría pasar algo similar a títulos valores nominados en dólares, que en la realidad se negocian con descuentos. Por ejemplo: un dólar virtual podría ser equivalente a ochenta centavos de dólar real. Más temprano que tarde aquello llevaría a un mercado negro y luego a un riesgo de incautación, con el efecto final de la desdolarización.
Entonces, ¿quien quiera tener liquidez, deberá tenerla en el "colchón bank"?
Lamentablemente se desbancarizaría la economía y, además habría más violencia de asaltos y robos porque se presumirtía que hay dinero guardado en locales y viviendas. 
Qué hacer?
Demandar un pronunciamiento claro y firme: que no habrá -bajo ningún supuesto- moneda electrónica no respaldada con liquidez efectiva, que la moneda electrónica no será obligatoria y que las entidades financieras no estarán obligadas a proveer liquidez para cubrir dinero no líquido.

Como producto de la incautación de centenares de activos a varios ex banqueros, iniciada el 8 de julio de 2008, la empresa de servicios petroleros Minga S.A., embargada al grupo Peñafiel (Banco de Préstamos) pasó también a la administración del Estado mediante el Fideicomiso AGD-CFN ‘No Más Impunidad’.
Desde entonces, su manejo económico no ha estado exento de polémica. Sin embargo, y como si fuera poco lo descubierto en la trama de corrupción que enloda a Petroecuador desde el año pasado, ahora hay nuevas revelaciones en torno a cómo se burló el sistema de contratación en la petrolera ecuatoriana, mediante un presunto desvío de millones de dólares a una empresa del conglomerado empresarial Peñafiel.
En una de sus últimas denuncias, que fueron opacadas por el inminente proceso electoral que vivió el país el pasado 2 de abril, Pedro Delgado, prófugo de la justicia, expresidente del mencionado Fideicomiso y primo del primer mandatario Rafael Correa,  aseguró que el mencionado desvío de recursos se dirigió a favorecer “a un club de negociadores del Estado”, en el que estaría el actual vicepresidente de la República Jorge Glas.
Esta historia de corrupción fue planificada antes de que Minga sea confiscada por el Estado. Delgado describió que para asegurar que los pagos prometidos a quienes dieron vía libre a los contratos firmados entre Petroecuador y Minga, altos funcionarios del Gobierno y de la estatal petrolera aplicaron una estrategia que habría perjudicado a los intereses del Estado.
Antes de su incautación, Minga (que entonces pertenecía al grupo Peñafiel), había firmado un contrato con Petroecuador por $6'102.297,34. El entonces asesor del directorio de la empresa estatal, Marco Calvopiña, manejaba todos sus contratos y las reuniones iniciales que mantuvo Delgado por este tema fueron con él.
Calvopiña es uno de los detenidos el 11 de noviembre del año pasado, en un operativo dirigido por la Fiscalía y enfrenta un proceso penal por ser el presunto cabecilla del delito de delincuencia organizada dentro de Petroecuador. En su residencia y en la de dos personas más, que también fueron detenidas, se hallaron $300 mil escondidos en sobres, cajones y en el tumbado de las casas.
Como se han hecho centenares de contratos en la petrolera estatal en la última década, el que iba a celebrarse con Minga .S.A. en 2009 fue calificado como un requerimiento emergente. El Vicepresidente de Petroproducción de ese entonces integró una comisión para llevar a cabo el proceso, por supuesto bajo la modalidad de contratación directa. En diciembre del 2008 dicha comisión recomendó adjudicar el contrato a la compañía Minga.
Transcurrió casi un año, hasta que el 30 de noviembre de 2009 se firmó el contrato N° 2009082 entre Petroproducción y Minga para la compra, montaje, pruebas y puesta en operación de 3 unidades automáticas de medición de petróleo para las estaciones centrales Auca, Sacha y Shushufindi. El gerente general de Petroecuador de la época era el vicealmirante Manuel Zapater.

Sin embargo, en poco más de un mes (el 8 de enero de 2010) se suscribió un contrato modificatorio N°201002, con una cuantía que subió a 6'241.805,8, pero con otro cambio que fue el más significativo y que se introdujo en la cláusula décimo segunda, referente a la forma de pago, al establecer que la importación de los equipos que se requerían para ejecutar el contrato será realizada por Petroproducción, “mediante la apertura de una Carta de Crédito en términos CFR (Esmeraldas-Ecuador), a favor del beneficiarlo que señale la contratista, por $ 4' 491.726,55”.
Además se incorporó al contrato, el formulario No.3,  en el que no solo se detallaban los valores de la importación, sino que constaba explícitamente que el pago se realizará mediante carta de crédito abierta a Minga Equipment & Supply Co., Inc. (MESCO), una empresa constituida en EE.UU. y que no fue la que firmó el contrato original con Petroproducción.
Es decir, sobre la base de una proforma emitida el 15 de diciembre de 2009 por MESCO a Petroproducción, se emitió una orden de pago por $4,5 millones, el 12 de mayo de 2010 y Petroecuador justificó este pago en base a un adendum del contrato (formulario 3), sin firmas, sin haberse registrado en una Notaría, y con los mismos datos y errores que la proforma.
Fanny Canelos, Subgerente de Negocios Fiduciarios de la CFN, Fiduciaria del Fideicomiso No Más Impunidad, pidió a Zapater, entonces gerente de Petroecuador, que el pago se haga directamente al proveedor de los equipos, es decir a la firma importadora FMC Technologies, pero de acuerdo con Delgado, había la disposición de Calvopiña a negar estos requerimientos.
El mismo día (7 de mayo del 2010) en que Petroecuador autorizó el pago a favor de MESCO por $4’491.726,56, Amílcar Proaño, gerente de Minga S.A. también solicitó a Rafael Navarrete, Gerente de Exploración y Producción de Petroecuador, la autorización para que la carta de crédito se abra a nombre de FMC Technologies, en lugar de a MESCO. Esa solicitud no solo no fue atendida, sino que el 10 de mayo se aperturó la carta de crédito a nombre de MESCO y confirmada posteriormente por la beneficiaria.
Pese a ello,  el gerente de Minga se ratificó en su pedido anterior, aduciendo que no quieren negocios con empresas del grupo Peñafiel.
Ante los constantes requerimientos de que se deje sin efecto el pago a MESCO, Zapater, el 17 de junio respondió a Delgado con un informe de 4 páginas elaborado por Sonia Guerrero, analista de compras e importaciones de la Gerencia de exploración y producción de Petroecuador, en el que señaló que la carta de crédito fue realizada en base a lo establecido en el contrato modificatorio y a su formulario N° 3, considerando la opción de que esta fuera transferible para que los beneficiarios del crédito pudiesen endosar el documento de creerlo pertinente.  Es decir Zapater no solo ratificó su posición  de que el pago a MESCO se enmarca en las cláusulas del contrato, sino que además lanzó una advertencia a Minga S.A. de que “si no cumple sus obligaciones contractuales,  se aplicarán las acciones pertinentes”.
El 15 de diciembre del mismo año Delgado no solo reitera que desconoce la validez del pago a MESCO, sino que puntualiza que en el contrato modificatorio “jamás se dispone que la carta de crédito sea el beneficiario MESCO,  empresa vinculada a la familia Peñafiel, que tanto daño ha hecho al Estado ecuatoriano”.
Tampoco estas misivas tuvieron respuesta favorable para el Fideicomiso No Más Impunidad.
POR QUÉ Y PARA QUÉ EL DESVÍO DE RECURSOS HACIA MESCO?
Delgado aseguró que el excontador de Minga le informó que Petroecuador y MESCO habían operado de esta manera para cubrir los pagos prometidos a quienes firmaron los contratos originales con Minga. El primo de Correa afirmó que la denuncia fue presentada a la Fiscalía de Pichincha, pero desconoce en qué instancia se encuentra.
Las comunicaciones hechas por Delgado y otros directivos del Fideicomiso, entre el 7 de mayo de 2010 y el 15 de diciembre del 2010, pidiendo a Petroecuador que no se concrete el pago, también fueron notificadas a varios altos funcionarios del gobierno, entre ellos Jorge Glas, quien, según el primo del presidente, evitó los pedidos de reuniones planteadas con él o con su equipo para resolver este problema. 
Según Delgado, luego conoció que la razón de las constantes evasivas de Glas fue porque dispuso a Calvopiña que se haga el pago a la empresa estadounidense MESCO en lugar de a Minga Ecuador. “Además le ordenó a Calvopiña que inicie el trámite de contratista incumplido contra Minga para ocultar este negociado”.
Una de las interrogantes que surgen en este entramado es que al no haberse pagado los $4,5 millones al fabricante de los equipos importados quién asumió ese pago? Delgado asegura que Minga estatal tuvo que hacerlo. “Nos negábamos a completar pero no hubo al final sino que seguir con el proyecto”, se justifica.
Finalmente agrega que “es importante investigar cuánto de los $4,5 millones habrán ido a este club de negociadores del Estado. Rafael, tu conocías de este problema. Se te informó desde el inicio. Ahora entiendo por qué nunca ordenaste a Glas que devuelva la plata que se sacaron. Es porque eres cómplice y encubridor de todos estos negocios”.
OTRAS ANOMALÍAS PROTAGONIZADAS POR MINGA S.A.
Minga S.A. no solo estuvo en el ojo del huracán por estas presuntas irregularidades. Hubo otras que fueron denunciadas por el exasambleista Cléver Jiménez en 2012.
El primer tema se refiere a un préstamo por casi $400 mil, otorgado por el Banco Cofiec a esa empresa en mayo de 2012, un dinero que, supuestamente, no ingresó a las cuentas de Minga.
Dentro de una denuncia penal que Jiménez presentó ante el Fiscal General, Galo Chiriboga, el 13 de septiembre del 2012, respecto a otras presuntas irregularidades cometidas por Pedro Delgado y otros funcionarios del Gobierno,  el entonces asambleísta pidió “un informe económico detallado del estado de situación patrimonial, de activos, pasivos, registro de administradores, avalúo y proceso de venta de las empresas incautadas y que están bajo la administración del Fideicomiso UGEDEP-AGD-CFN No más Impunidad”. Esto, debido a que Jiménez presumía la entrega de créditos vinculados de este Fideicomiso a varias de sus empresas vinculadas, entre ellas Minga por $391.500, lo que viola la Ley de Instituciones Financieras.
En esta denuncia Jiménez solicitó medidas cautelares, pedido que nunca tuvo respuesta de Chiriboga.  El 19 de diciembre del año 2012, horas antes de que renuncie Pedro Delgado, envió un alcance de la denuncia al Fiscal General, con nuevas pruebas, reiterando el pedido de medidas cautelares. Obviamente tampoco se hizo nada.
Otra denuncia de Jiménez fue el supuesto exceso en el pago de confección de uniformes, pues reveló también que la administración de Minga continuaría a cargo de la empresa Daniel Com, que es su proveedora de equipos y materiales. “La administradora es la que le vende los equipos a su propia administrada”, cuestionó. Según los documentos exhibidos en ese entonces por el exlegislador, en el comprobante de egreso número 0012399, emitido a la orden de Daffner Corp. S.A., de fecha 28 de septiembre, se realizó una cancelación por $80.000 como anticipo por la confección de uniformes. Esto llamó la atención de Jiménez pues dijo que son aproximadamente 55 empleados que laboran en la empresa y al pagar un anticipo de esta cantidad significaría que la inversión en cada uniforme bordearía los $1.454,54.
Las investigaciones de la Fiscalía sobre estas denuncias y muchas otras relacionadas con actos de corrupción cometidos en las más altas esferas del Gobierno no solo no han prosperado, si no que en varios casos han sido usadas para lanzar ofensivas judiciales en contra de los denunciantes.