Mes: junio 2017

Fernando Villavicencio
Christian Zurita Ron
A partir de la liberación de nueva información en los tribunales brasileños y con la firma del acuerdo entre la Fiscalía de Ecuador y Odebrecht, se tuvo acceso a varios expedientes, emails, audios, transferencias bancarias, declaraciones de detenidos, delaciones premiadas, entre otras evidencias, que conducen a identificar responsabilidades al más alto nivel del poder político de Ecuador. El país andino espera ver esta historia completa, “caiga quien caiga“, como ha ofrecido el presidente Lenin Moreno.
La primera figura del gobierno de Alianza País en caer por el escándalo de corrupción Lava Jato, fue el exministro de Electricidad, Alecksey Mosquera Rodríguez (abril de 2017), acusado de haber recibido U$1millón de Odebrecht, para la adjudicación del proyecto hidroeléctrico Toachi — Pilatón, según delación de Fabio Andreani Gandolfo y Fernando Fernandes Meias Bessa, ejecutivos de Odebrecht. Sin embargo, algo no revelado hasta ahora era que, la negociación de ese contrato se inició con Rafael Correa Delgado, cuando fue ministro de Finanzas en el gobierno de Alfredo Palacio, en 2005, según consta en uno de los cables de Itamaraty hasta ahora desconocidos en el país, que esta publicación pudo conseguir.
De acuerdo con el informe del Embajador de Brasil en Quito, Sérgio Augusto de Abreu e Lima, en reunión del 16 de mayo de 2005 entre Rafael Correa y ejecutivos Odebrecht, se convino en la construcción de la central hidroeléctrica Toachi — Pilatón; en una modificación del aeropuerto del Tena; y, en un crédito de 40 millones de dólares. Según lo manifestado por el diplomático, el acuerdo con Correa garantizaba que Odebrecht participaría, como “primer oferente“ y que la oferta brasileña sería sometida a un modelo “swiss challenge”. El referido cable tiene tres páginas y en uno de los párrafos se destaca la prioridad que le dio al proyecto el entonces ministro Correa y el afán de viabilizar Toachi — Pilatón “en el más breve plazo posible“.
“El ministro Correa confirmó las prioridades que atribuí al proyecto, dio señales positivas en cuanto a la participación brasileña en la construcción y determinó qué asesores acompañarán el desarrollo de los acontecimientos para viabilizar la hidroeléctrica Toachi-Pilatón, en el más breve plazo posible“.
Alecksey Mosquera con Rafael Correa y Baroja firmando el contrato.
Tres meses después de esa reunión el prefecto de la provincia de Pichincha, Ramiro González (entonces aliado de Correa), adelantaba una resolución dejando en el camino a la competidora Impsa y abriendo paso a la constructora brasileña. La firma del contrato solo se pudo realizar en 2007 una vez posesionado Rafael Correa, como Presidente, y mientras Alecksey Mosquera ocupaba la cartera de Electricidad.
En defensa de Alecksey Mosquera salió el expresidente Rafael Correa: se trata de un “pago entre privados“ dijo, señalando que la transferencia del millón de dólares se hizo en 2011, cuando ya no era ministro, lo cual fue desmentido con los informes de la policía de Andorra. En efecto, según el referido informe policial, el pago del millón de dólares fue realizado en 2008 mediante transferencias de la offshore Klienfeld (Odebrecht) a la cuenta de Tokio Traders y, de esta, en 2011 a Percy Trading, dos empresas de Marcelo Endara, tío político de Alecksey Mosquera. Finalmente, con ese dinero supuestamente se adquirió maquinaria que acabó el 2012 en la empresa Truenergy, de propiedad de Alecksey Mosquera y Santiago Játiva, operador del contrato de la autopista Ruta Viva, suscrito con Odebrecht en la administración del alcalde de Quito, Augusto Barrera (Alianza País).
Jorge Glas dice que casi sacó a patadas a Marcelo Odebrecht de su oficina. Odebrecht no ha dado su versión de las escena.
Tras la ruptura de 2008 por los problemas en la central San Francisco ( en el centro del país), vino un período de negociación hasta la firma del acuerdo de retorno en 2010, siempre bajo la tutela política de Lula y Correa. Aunque en el plano empresarial, las figuras descollantes fueron las de Luiz Antonio Mameri, el poderoso rostro de Odebrecht que, luego de salir de Ecuador, ya como vicepresidente de la empresa supervisó el sector de operaciones estructuradas — el área encargada de organizar, administrar y ejecutar el gigantesco programa de sobornos de la corporación; y Jorge Glas Espinel, el responsable de los sectores estratégicos del gobierno de Alianza País.
Sin duda, muchos servidores públicos que ocuparon cargos relevantes, tiemblan al escuchar el nombre de Luis Antonio Mameri. Tiemblan porque fue el ejecutivo que labró su carrera en Ecuador y conoce tan cerca el país que lleva en su memoria los nombres de todos los sobornados.
Mameri forjó su historia en Ecuador, en la primera década de este siglo logró concretar importantes proyectos como centrales hidroeléctricas, sistemas de riego y control de inundaciones, trasvases de aguas y un aeropuerto en la Amazonia, todos por no menos de 800 millones de dólares hasta antes del retorno. Luego del conflicto, Mameri retornó a Brasil con un cartel de amplia experiencia y que le encaminaron a la presidencia de operaciones en la región. Desde su nuevo cargo debió seguir con detenimiento la negociación para el retorno de Odebrecht a Ecuador que, paradójicamente, tuvo como contraparte a Jorge Glas Espinel, el hombre con el que no llegaron a un acuerdo en 2008.
Para entonces Glas tenía más poder y a inicios de 2010 se hizo cargo del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos que controla la generación de energía y los recursos no renovables como agua, minería, petróleo. Todos los contratos en las áreas estratégicas cuentan con el visto bueno de Jorge Glas, quien fuera delegado por Correa a los directorios de las empresas petroleras. En esa condición, Glas aprobó la firma de tres contratos, dos en la refinería del Pacífico por un monto superior a U$ 600 millones y en Petroecuador el contrato del poliducto Pascuales — Cuenca, por un monto que llegó igualmente a U$ 600 millones.
Jorge Glas en el poliducto Pascuales Cuenca, otra obra cuestionada por su costo final.
Ciro Morán Maridueña es pariente político de Jorge Glas. Con su firma, se concretó el regreso de Odebrecht, que recibió una bienvenida recargada de contratos del Estado
Parentesco confirmado. La relación de Ciro Morán Maridueña con los Glas viene del lado de su hermana por el lado materno.
El 8 de julio de ese año el acuerdo estaba firmado. Para eso Glas delegó a Ciro Camilo Morán Maridueña, gerente de la empresa pública Hidropastaza, que manejaba la deteriorada central San Francisco. Hace siete años nadie sabía que Morán Maridueña estaba ligado familiarmente a Jorge Glas. El caso es que su primo hermano, Pablo Heriberto Glas Rodríguez, está casado con Marianela Salazar Maridueña, que es media hermana de Ciro Camilo Morán Maridueña. Jorge Glas nunca hizo relación alguna al hecho de haber permitido el regreso de Odebrecht (luego de toda la corrupción denunciada por la prensa) con la firma de alguien cercano a su entorno familiar. Luego de firmar el acuerdo con Odebrecht Morán Maridueña estuvo al frente de Ecuador Estratégico e Hidrolitoral, empresas públicas bajo el mando de Jorge Glas.
Por el lado de Odebrecht, el acuerdo fue asumido por José Santos Filho, un ejecutivo que actuó basado en la experiencia de Mameri y que recibió sendos poderes para representar a la empresa en Ecuador. El ejecutivo brasileño grabó videos con políticos ecuatorianos y los presentó ante la justicia para reducir su pena, los cuales fueron ya entregados a la Fiscalía de Ecuador. (desplegar documento)    
U$ 857 MILLONES EN SOBRECOSTOS
Luego de la firma del convenio de regreso en 2010, Odebrecht se comprometía a reparar las fallas en San Francisco y al pago de U$ 20 millones de indemnización. Así se archivaron glosas por U$ 80 millones y una demanda internacional por U$ 250 millones quedó en amenaza. Superado el impasse, Odebrecht volvió recargada. A los U$ 800 millones que tenía en contratos, antes de la expulsión, logró sumar otros por U$ 3.300 millones. Hasta la fecha Odebrecht ha manejado en Ecuador montos que superan los U$ 4.100 millones y de acuerdo con investigaciones periodísticas los sobrecostos llegan a U$ 857.115.578,51. Esta cifra no incluye incrementos en los contratos de la Ruta Viva y el Metro de Quito.
A raíz de la firma del acuerdo con Ecuador el 8 de junio de 2017, Odebrecht hizo público un comunicado en el que ofrece disculpas y confirma la entrega de información sobre los sobornos. Casi de forma simultánea se practicaron allanamientos a varias propiedades, se extendieron órdenes de prisión y se ejecutaron detenciones. La principal fue la captura del exintendente de Telecomunicaciones del régimen de Correa, Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glas, acusado de recibir U$ 13 millones en sobornos, cuyo proceso fue declarado bajo “reserva de estado“. La vivienda del reelecto Contralor del Estado, Carlos Pólit, también fue allanada, pero el funcionario había salido del país horas antes y luego desde Estados Unidos presentó la renuncia al cargo. Se emitió también un boleta de captura en contra del exministro Walter Solís, cuyo paradero se desconoce.
Un ambiente de nerviosismo se vive en Ecuador en especial al interior del movimiento de gobierno, cuando se sabe que decenas de nombres de altos funcionarios y exfuncionarios públicos constan en la información entregada por Odebrecht y en las delaciones y videos de ejecutivos como Luis Antono Mameri y José Santos Filho, entre otros, aún por revelarse.
El flamante fiscal general Carlos Baca Mancheno (ex asesor del ex presidente Correa), aseguró que Odebrecht conseguía los contratos a través de una “aparente legalidad“ y desarrolló un esquema en el que la mayor parte del dinero no pasó por el sistema financiero ecuatoriano, por eso no se pudo rastrear, precisó. Sin embargo, información obtenida por nuestro equipo de investigación, pudo identificar por el momento, al menos 1 millón de dólares presuntamente transferidos desde Ecuador, cuyo destino fue una cuenta en el Multibank perteneciente a Constructora Internacional del Sur, la offshore de Odebrecht en Panamá.
Los documentos identifican cuatro transferencias, entre marzo y septiembre de 2007 por un monto total de U$1076.610,16. Las acreditaciones se efectuaron desde la cuenta 0816–04730 del Produbanco en Panamá y fueron ordenadas por el cliente Livro S.A., una empresa localizada en Quito en las calles Reina Victoria y Cristóbal Colón, aunque no se determinó un piso ni número de oficina. El cliente beneficiario fue Constructora Internacional del Sur en su cuenta 10012106877 del Multibank.
Las transacciones se canalizaron en marzo ($260.826,73) como aporte inicial para capital de operación; en abril ($315.776,19) como aporte de capital; en agosto ($300.127,91) y septiembre ($199.879,33) como reembolso de gastos. Livro S.A., que no está registrada en la Superintendencia de Compañías de Ecuador, tampoco es conocida en la dirección que establece el Multibank para las transferencias internacionales.
De la información revisada hasta el momento, al menos cuatro empresas domiciliadas en Suiza, República Dominicana, España y Ecuador, realizaron transferencias a cuentas de la offshore Constructora Internacional del Sur, por una cifra superior a U$ 9 millones: Smith anda Nash Engineering Co. Inc (Suiza)., por U$ 4 millones 775 mil; Townbu Corporation por U$ 1 millón 800 mil; Livro SA/Ecuador, $ 1 millón 76 mil 610; Ludingdale Inve/República Dominicana por U$ 512 mil 820.
La offshore Constructora Internacional del Sur registró dos cuentas en el Multicredit Bank. La una se creó en 2007 y se cerró en 2009, la segunda se abrió en 2008 y se cerró en junio de 2010. Las transferencias internacionales que realizó Constructora Internacional del Sur tenían como destino islas del Caribe como Antillas, Cayman, Curacao Netherlands, pero también a otras partes del mundo, como Andorra, Perú, Estados Unidos y ciudades de China. El firmante de la cuenta principal es Olivio Rodríguez Junior, así como su “beneficiario final”, según este declaró al banco.
Estas operaciones financieras con entidades offshore; los incrementos en los costos de las obras (U$ 857 millones); la participación de Rafael Correa, Jorge Glas y altos mandos políticos en la negociación para el retorno de Odebrecht y en la firma del contrato de Toachi — Pilatón, revelados en esta investigación, exigen respuestas del poder judicial y político de Ecuador.

Tomado de https://ecuadortransparente.org/correosmera/
Sendos correos electrónicos filtrados de la cuenta de Alexis Mera Giler, el ex secretario jurídico de la Presidencia de la República, revelan que influyó sobre Carlos Pólit, el contralor general del Estado y los funcionarios de esa entidad que examinaban los procesos de terminación de los contratos de Fabricio Correa en el caso llamado El gran hermano.
Se trata de una serie de correos electrónicos que intercambiaron Jorge Tapia, patrocinador jurídico del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y Alexis Mera, entre junio y diciembre de 2013. En ellos Tapia le informa de la situación y avance de los juicios de Cosurca, Consorcio Amazónico y Consorcio Puentes y Vías.
A uno de los mails Jorge Tapia le anexó documentos jurídicos de esos juicios y, además, los nombres de los jueces a cargo de cada causa. Evidencia además cómo Tapia pidió la intervención de Mera contra Margoth Flores, auditora jefe de la dirección de auditoría de sectores estratégicos de la Contraloría General del Estado porque hacía demasiadas preguntas al investigar la legalidad de la terminación de los contratos de Fabricio Correa
Tapia le pidió a Mera hablar directamente con CP, se sobreentiende Carlos Pólit, entonces contralor. Mera responde escuetamente los correos, pidiendo más información, y al seguir avanzando cronológicamente, se sobreentiende que ya resolvió la situación. Todo ello comprobado pues, Fabricio Correa, en efecto, perdió todos los juicios  que interpuso en contra el estado.
En la correspondencia se encuentran mensajes como este: “Preocupa que esta señora siga fregando en el MTOP y que el informe (adjunto) siga vigente, porque podría ser una bola de nieve con el tiempo. Esa señora es un peligro, pero mucho mas el informe mientras ella misma no lo deje sin efecto”.

Otros correos en los que Jorge Tapia y Marcos Iván Caamaño Guerrero, abogado coordinador general jurídico de MTOP, le comentan a Alexis Mera que la auditora Margoth Flores volvió a pedir un examen. Tapia le dice que al parecer Flores no le hizo caso a CP (Carlos Pólit) o este no hizo caso al pedido que él (Alexis Mera) le hizo.
En septiembre de 2009, luego de conocerse la serie de contratos ilegales que Fabricio Correa tenía con el Estado, el hermano del expresidente declaraba que Alexis Mera estaba presionando para liquidar a Cosurca, una de las empresas que se comprobó le pertenecían y que tenía contratos con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas MTOP, pocas fueron las miradas que se posaron sobre el entonces Secretario Jurídico de la Presidencia.
Por esos días se había destapado, gracias a una investigación publicada en junio de 2009 por Diario Expreso, la adjudicación de cuatro contratos a Fabricio Correa, a través de dos compañías: Cosurca y Megamaq, y las alianzas de empresas Consorcio Amazónico y Consorcio Puentes y Vías, a las que pertenecían las dos empresas antes mencionadas. Tales contratos claramente contravenían el artículo 62.2 de la Ley Orgánica Nacional de Contratación, el cual prohíbe celebrar contratos públicos a quienes guardan relación de parentesco por consanguinidad con el Presidente de la República o funcionarios del Estado.
Aunque el expresidente Correa trató de defender en primera instancia a su hermano, expresando frases como “que me demuestren qué de ilegal tienen estos contratos y en qué se ha perjudicado al país”, más tarde se viró en su contra, como parte –según varias voces y los propios periodistas que hicieron la investigación- de una estrategia de cortina de humo para tapar el fondo verdadero de la adjudicación de tales contratos que nunca fueron investigados a fondo ni por la Contraloría, ni la Fiscalía, ni la Asamblea.
Como una manera de paliar el escándalo que se había generado tras la investigación periodística de Christian Zurita y Juan Carlos Calderón, el MTOP decidió terminar los contratos unilateralmente y así dar por concluido el tema. Y es aquí en donde empieza el entramado de manipulación de la justicia que gracias a un documento entregado por fuentes confidenciales ha revelado la forma en la que actuaba Mera para influenciar sobre juicios, jueces y sentencias.
Fabricio Correa tenía razón respecto a los intentos de Mera de liquidar una de sus empresas –de las que posteriormente su representante negaría inútilmente cualquier vinculación- pero lo que quizás no se conoció públicamente es que el ex Secretario Jurídico de la Presidencia movió las fichas en la mayoría de juicios que el hermano del expresidente, a través de las empresas contratadas por el MTOP, interpuso en contra de dicho ministerio por incumplimiento de contrato, y por daños y perjuicios por la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento de los contratos;  además de otra demanda al INCOP (Instituto Nacional de Compras Públicas) por su inclusión en el registro de contratistas incumplidos.
Fueron diez en total los juicios que se ventilaron en los tribunales distritales de lo Contencioso Administrativo de Quito y Loja, por los contratos para la rehabilitación de la vía El Empalme-Celica, la reconstrucción plan Milagro-Gualaquiza, la reconstrucción de la vía Alamor-Lalamor, la edificación del puente sobre el río Paute y por la carretera Arenillas puente Puyango-Alamor-Zapotillo-Lalamor.
De ellos, los dos primeros juicios en tener sentencia ejecutoriada a favor del MTOP fueron los juicios 215 y 230 de Cosurca y Consorcio Amazónico, respectivamente, a los cuales les fue negado el recurso de casación.  El intercambio de correos incluye un pasaje al respecto, del 10 de octubre de 2013, en el que Mera le escribe a Rafael Correa con copia a Fernando Alvarado lo siguiente:
“La Corte Nacional de Justicia ha declarado en definitiva instancia que Fabricio Correa no podía contratar con el Estado, a través de Cosurca y que no tiene derecho a indemnización alguna por la terminación unilateral. Con esto la teoría del “tongo” para beneficiarlo que decía Pinoargote y los periodistas que hicieron el libraco, se tumba… Te felicito…”
 Rafael Correa le responde: “Para redes y Recordando las mentiras”, a lo que Fernando Alvarado contesta: “Copiado presidente”.
Aquí las capturas de pantalla de tales correos, en orden cronológico inverso:

Con estos correos claramente se devela la estrategia de cortina de humo y propagandística con la que se manejó el caso Fabricio Correa y sus contratos con el Estado. Según tales comunicaciones, aquellos fallos de la Corte Constitucional servirían para despejar todas las suspicacias de la prensa alrededor de los contratos, al referirse a Alfredo Pinoargote y a los “periodistas que hicieron el libraco”, que se sobreentiende, son Calderón y Zurita, quienes publicaron El Gran Hermano, libro en el que detallaron todo el caso. Además, Correa pide a Alvarado una estrategia en redes con esa información, y que se la incluya en el segmento de la sabatina “Recordando las Mentiras”, consigna que se puede apreciar en estos videos:
https://www.youtube.com/watch?v=gLjZIwKHaMQ
https://www.youtube.com/watch?v=zJDooCK1In4
https://www.youtube.com/watch?v=s4FYgkjVT6c
Los juicios de las empresas de Fabricio Correa no fueron los únicos que fueron influenciados por el ex secretario jurídico. Un último intercambio de correos entre Tapia y Mera devela que este también incidió en los fallos de la Corte Nacional de Justicia, respecto al recurso de casación que presentó el INCOP por haber perdido el juicio que le interpuso Constructora Carvallo, una de las dos empresas que formaba parte del Consorcio Amazónico (la otra era Cosurca).
El fallo de este juicio fue a favor de la constructora, por lo cual se le impuso al INCOP el pago de una indemnización a la empresa y que la borrase del registro de contratistas incumplidos. Con ello, la el Tribunal Contencioso Administrativo no.3 de Cuenca se convertía en la primera instancia judicial que fallaba a favor de una de las empresas demandantes, pero no por mucho tiempo.
En los correos, Mera le pide a Tapia que le envíe tal sentencia y con ello concluye el documento que se adjunta a esta nota. No obstante, las gestiones de Mera rindieron frutos: la sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia aceptó el recurso de casación del INCOP y con ello se desechó la demanda presentada en marzo de 2013 por Manuel Arturo Carvallo Estrella, representante de Constructora Carvallo. Esta resolución fue emitida junio de 2015.
A día de hoy la Constructora Carvallo consta con estatus de activa en la Superintendencia de Compañías, mientras que Cosurca registra inactividad desde agosto de 2012 y Megamaq registra disolución en marzo de 2016. Ni Consorcio Amazónico, ni Consorcio Puentes y Vías constan en tal superintendencia. Fabricio Correa no figura como accionista de ninguna de estas empresas.

Milagros Salazar y Aramís Castro/Convoca
Flávio Ferreira/ Folha de Sao Paulo
Reporteros de Investiga Lava Jato’*
Convoca.pe
Odebrecht, el gigante de la ingeniería civil de Brasil hoy investigado por pagos de de sobornos, atravesó el territorio de América Latina y África con la construcción de trenes colosales, puentes, carreteras interoceánicas, represas, gasoductos, túneles y un aeropuerto con incrementos millonarios de presupuesto marcados por irregularidades, secretismo y hasta la elaboración de normas especiales que favorecieron a la empresa.
En siete países en los que la compañía confesó el pago de sobornos a funcionarios e intermediarios, más de 50 obras realizadas por la constructora tuvieron costos adicionales por más de 6 mil millones de dólares en relación a los valores iniciales de los contratos entre 2001 y 2016, como lo revela el análisis de la base de datos construida por veinte periodistas que participan en el proyecto colaborativo ‘Investiga Lava Jato’.

La mayoría de los incrementos de presupuesto fueron por extensiones de plazos, obras adicionales y alteraciones de ingeniería, que en varios casos se encuentran bajo investigación por la justicia. Estas operaciones extras no pasaron por concursos públicos y se mantuvieron en manos de la constructora brasileña y sus socias mediante reiteradas modificaciones a los contratos o normas especiales que se saltaron las leyes de contrataciones.
De este número de obras con saltos presupuestales en Perú, Panamá, República Dominicana, Ecuador, México, Colombia y Mozambique, 31 se encuentran investigadas por el Ministerio Público o la Contraloría de estos países. Es decir, el 61 por ciento del número total.  Mientras que siete de estas obras, el 23 por ciento, aparece en las planillas de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht conocida como la “Oficina de Sobornos”, de acuerdo al análisis de los documentos realizado por los periodistas de ‘Investiga Lava Jato’.
Si se suma a los costos adicionales de los siete países del ranking, solo el incremento del presupuesto de la primera etapa de la obra emblemática de Argentina, el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, el monto total supera largamente los 7 mil millones de dólares. El funcionario argentino a cargo de la Unidad Ejecutora de la obra, Osvaldo Selzer, elaboró un informe que expuso un supuesto sobreprecio de mil millones de dólares entre lo que exigían las empresas del consorcio de Odebrecht y lo que determinaban los ingenieros del Estado.
Las obras de Argentina no se han incluido en el ranking de los incrementos de presupuesto debido a las marcadas diferencias en el tipo de cambio a dólares en los últimos años en este país donde se ha registrado una importante inflación. Sin embargo, como parte de esta investigación, publicamos un amplio informe sobre las irregularidades, costos adicionales y pagos de Odebrecht de la ‘Oficina de sobornos’ asociados a los proyectos (Ver: ‘La multiplicación de los costos en las obras de Argentina’).

Perú encabeza el monto de los incrementos presupuestales con más de mil 900 millones de dólares en 16 obras, lo que representa el sueldo de más de 7 millones de peruanos

En el caso de Venezuela, el acceso a los contratos ha sido nulo por la falta de transparencia en este país. Odebrecht en Caracas informó que su catálogo en Venezuela incluye un total de 21 obras de infraestructura de gran dimensión y complejidad, de las cuales 11 ya fueron concluidas y entregadas y el resto se encuentran activas y en ejecución. Hasta el cierre de este informe, la empresa no mostró las cifras para determinar los sobrecostos (Ver ‘Contratos millonarios sin rendición de cuentas en Venezuela’).
La organización no gubernamental Transparencia Venezuela presentó el 17 de marzo de 2016 un recurso ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que consta de cinco demandas “para exigir la publicación de todos los contratos suscritos entre el Estado venezolano” y Odebrecht, Queiroz Galvão, Camargo Corrêa y Andrade Gutiérrez. De acuerdo con la ONG, cuatro de estas demandas fueron declaradas “inadmisibles” por el máximo tribunal.
A pesar del secretismo, los periodistas de Runrun.es y El Pitazo.com que forman parte de ‘Investiga Lava Jato’ descubrieron que en las planillas de Odebrecht de la División de Operaciones Estructuradas aparecen pagos asociados a obras por más de 13 millones de dólares.
Con las obras de Argentina y Venezuela el número de obras detectadas por nuestro equipo en las planillas de la ‘Oficina de sobornos’ de Odebrecht asciende a 14.
En diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgó un documento en el que describe que los sobornos indicados por la contratista están relacionados "a más de 100 proyectos en doce países".
El informe indica el pago de sobornos a autoridades de Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela.
En varios de estos países, hay investigaciones de las autoridades locales sobre los aumentos en los precios de las obras de la empresa. La mayoría de los proyectos son de infraestructura.
Líderes de millones
Perú encabeza el monto de los incrementos presupuestales con más de mil 900 millones de dólares en 16 obras, lo que representa el sueldo de más de 7 millones de peruanos, la mayoría de los ciudadanos que viven en la capital del país, Lima.
En el territorio peruano, Odebrecht intensificó sus operaciones con la ayuda de funcionarios de los últimos tres gobiernos que hoy son investigados por el pago de coimas, entre los que aparece el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) que se encuentra prófugo de la justicia. Las autoridades lo investigan por un presunto pago de 20 millones de dólares de Odebrecht por el tramo 2 y 3 de la carretera Interoceánica que aparece entre las diez obras con mayor incremento de presupuesto.
En el tramo 2 el presupuesto creció de 263 millones de dólares a un poco más de 688 millones, es decir, un aumento que va camino a triplicar el monto.

De las 71 adendas a contratos firmados con Odebrecht en 11 proyectos de infraestructura ejecutados en los tres últimos periodos de presidenciales, 34 de estos documentos se suscribieron durante la gestión de Alejandro Toledo (2001 – 2006). Catorce de estas modificaciones fueron por incremento de presupuesto con un monto superior a los 40 millones de dólares en total.
Durante el gobierno de Alan García (2006 – 2011) se firmaron 24 adendas, de las cuales 12 aprobaron sumas adicionales al presupuesto de las obras, que superaron los 355 millones de dólares.
En el régimen gubernamental de Ollanta Humala (2011 – 2016) se suscribieron 13 adendas y ocho de éstas sirvieron para autorizar incrementos de presupuesto de las obras por encima de 189 millones de dólares.
Pero las adendas a los contratos no han sido la única modalidad para garantizar los incrementos de presupuesto a favor de Odebrecht.
En el caso de los dos tramos del Metro de Lima, el costo de la obra se disparó en más de 400 millones de dólares mediante la aprobación de normas especiales en manos del gobierno de Alan García, quien se reunió en fechas claves del proceso de adjudicación de la obra en Palacio de Gobierno con Marcelo Odebrecht y el entonces representante de la empresa en Perú, Jorge Barata.
De acuerdo con las investigaciones de los fiscales peruanos, Odebrecht pagó sobornos por el Metro de Lima a funcionarios del gobierno de García mediante empresas offshore.
La Contraloría General de la República en Perú ha establecido que las irregularidades en obras ejecutadas por la firma Odebrecht, entre 1998 y 2015, ocasionaron al país un perjuicio económico por 283 millones de dólares.
Voceros de la empresa en Perú respondieron a Convoca vía correo electrónico que "los adicionales de obra o adendas a los contratos requieren de un análisis exhaustivo por cada caso. (…) Los cambios presupuestales son fundados y reglamentados en la Ley de Contrataciones del Estado y por lo tanto son mecanismos oficiales practicados por el sector de infraestructura".
Convoca ha solicitado de manera reiterada, mediante la Ley de Transparencia, los informes técnicos de las adendas que sustentan el incremento del presupuesto al Ministerio de Transportes en Perú. Pero hasta el momento no entregan los documentos.
Proyectos colosales
De las diez obras con mayor incremento presupuestal, el 70 por ciento pertenecen a Perú y Panamá. En el caso de este último país los costos adicionales en doce obras superan los mil 700 millones de dólares.
En diez años y durante tres gobiernos, Odebrecht obtuvo contratos en Panamá por unos 9,226 millones de dólares en obras públicas. Tres adjudicaciones por más de 500 millones de dólares con el expresidente Martín Torrijos, 14 proyectos por más de 5 mil millones de dólares con Ricardo Martinelli y tres más con Juan Carlos Varela, otorgadas luego de que se desatara el escándalo Lava Jato, por más de 2 mil millones de dólares. Los tres integran el ranking de los 10 presidentes de América Latina que adjudicaron el mayor número de obras a Odebrecht.

Las coimas que se conocen hasta ahora en Panamá ascienden a 59 millones de dólares y abarcan el período 2010-2014, según documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El contralor panameño Federico Humbert dijo que los sobornos superan ese monto y ese tiempo: "‘Yo no creo que son 59 millones de dólares, cuatro personas y una sola empresa. Son más, muchas personas y múltiples empresas"
La obra más cuestionada fue la Cinta Costera, también llamada la "Cinta coimera", que generó polémicas por los sobreprecios, la sospecha de coimas y el mecanismo implementado. La obra cambió el rostro de la ciudad, no solucionó el problema y es el mejor ejemplo de la institucionalidad destruida.
La primera fase de la construcción se inició en 2007 y costó 189 millones de dólares. Esa licitación fue diseñada para empresas con facturación mínima de 100 millones de dólares anuales, lo que dejaba fuera de competencia a empresas locales.
En 2009, por una adenda al contrato original, se ordenó la extensión, llamada Cinta Costera II, por 52 millones de dólares. Salió tan cara por kilómetro cuadrado como las obras de ingenierías más avanzadas de Europa: el Estado pasó de pagar 3.2 millones de dólares por hectárea rellenada, a 5.2 millones de dólares. La obra sumó 271 millones de dólares.
Después vino la Cinta Costera III. Dos años después, en 2011, el presidente panameño Ricardo Martinelli licitó un túnel bajo nivel por 776 millones 918 mil 389 dólares. Pero, sin adecuar modalidad y por el mismo dinero, terminó haciendo un viaducto que en los hechos cuesta mucho menos, pero se pagó igual. El Estado terminó pagando 782.1 millones de dólares y esta etapa del proyecto adoptó un nuevo nombre: la “Cinta Megacoimera”.
Todas las demás obras construidas en Panamá por Odebrecht terminaron costando más del monto fijado en la licitación. La autopista Don Alberto Motta lidera la lista de proyectos con más incremento presupuestal: 626 millones de dólares en costos extras.
Hoy el expresidente de Panamá Martinelli está prófugo de la justicia y sus hijos están siendo investigados por el pago de sobornos.
La vía legal
Pero no es la primera vez que la empresa Odebrecht, sola o en consorcio, obtiene una licitación y al final termina ampliándose el proyecto sin pasar por un nuevo proceso de selección pública.
El 29 de octubre de 2006, la Secretaria de Transporte de Argentina, a cargo de Ricardo Jaime, habilitó a tres consorcios empresarios en la puja por ganar la licitación de la primera etapa del soterramiento del ferrocarril Sarmiento. El Consorcio Nuevo Sarmiento (integrado por Iecsa, Odebrecht, Ghella y Comsa) quedó pre-calificado como la mejor opción.
El 7 de junio de 2007, el gobierno argentino decidió cambiar la licitación y ampliar el proyecto, que ahora pasó a tener tres etapas. La obra de 11,5 kilómetros se extendió a un total de 36 kilómetros y 16 estaciones. La Secretaría de Transporte dejó firme las ofertas de las empresas que se presentaron en la primera etapa y dio apenas 20 días para recibir nuevas ofertas para las tres etapas. La convocatoria quedó desierta. Poco tiempo después, ya con Cristina Kirchner en el poder, el consorcio de Odebrecht ganó la licitación pública en enero de 2008 porque su oferta para la primera etapa de  la obra había sido la más económica, unos 890 millones de dólares.
Casi un año más tarde, el gobierno argentino firmó un contrato con el consorcio de Odebrecht por un monto superior a los 3 mil millones de dólares por las tres etapas. El valor de la oferta con la que las constructoras habían ganado la licitación al inicio creció casi cuatro veces más.

La obra más cuestionada fue la Cinta Costera, también llamada la "Cinta coimera", que generó polémicas por los sobreprecios, la sospecha de coimas y el mecanismo implementado. La obra cambió el rostro de la ciudad, no solucionó el problema y es el mejor ejemplo de la institucionalidad destruida.

“Yo explicaba técnicamente que lo que pretendía cobrar Odebrecht como monto actualizado de la obra era inaceptable. Pretendía 3.000 millones de dólares cuando nuestros ingenieros demostraban que el precio actualizado era de 2.000 millones de dólares”, dijo en 2017 el funcionario a cargo de la Unidad Ejecutora de la obra, Osvaldo Selzer, al declarar como testigo ante el fiscal federal Federico Delgado como parte de la causa por enriquecimiento ilícito del ex secretario de Obras Públicas, José López, un funcionario clave del kirchnerismo y en esta red de obras adjudicadas a la firma brasileña.
En Colombia, las autoridades están investigando principalmente obras de la carretera Ruta del Sol, que conecta la capital de Bogotá con regiones del interior del país y la costa del Mar Caribe. El Ministerio Público colombiano afirma tener pruebas de que el ex viceministro de Transportes del país, Gabriel García Morales, recibió 6,5 millones de dólares para ayudar a Odebrecht a ganar un contrato relativo a la autopista.
En Ecuador, el gobierno anterior de Rafael Correa calificó de "emblemática" la construcción de la Hidroeléctrica Manduriacu, porque fue la primera obra de infraestructura de generación de energía eléctrica iniciada, contratada e inaugurada por su administración. El proyecto tenía un valor inicial de 125 millones de dólares pero acabó costando 227 millones de dólares. Una comisión independiente de la sociedad civil llegó a denunciar irregularidades en las obras, pero el Ministerio Público del país archivó el caso.

La autopista Don Alberto Motta lidera la lista de proyectos con más incremento de presupuesto.

Ese modelo de incrementos se repitió en cuatro megaproyectos. En total, los incrementos de presupuesto de seis obras superan los 500 millones de dólares en Ecuador, sin contar que la obra más grande de Odebrecht aún está en construcción: el Metro de Quito, un sistema subterráneo de transporte de 18 trenes por un valor que bordea los mil 500 millones de dólares. Los fiscales de este país ya lograron firmar un acuerdo con Odebrecht para la entrega de pruebas de los sobornos.

En México, Odebrecht ganó seis contratos por más de 2  mil millones de dólares. En tres de esas obras, el gobierno elevó en un 80 por ciento el valor original de los proyectos, por medio de extensiones o adendas. El costo final de otras dos obras es un secreto, porque el gobierno mexicano ha decidido que permanecerá bajo reserva hasta 2020 cualquier contrato o adenda de Odebrecht, bajo el argumento de que hay una investigación judicial en curso sobre sobornos supuestamente pagados por la constructora (Ver reportaje).
Las investigaciones sobre obras también están en curso en República Dominicana, país que ya firmó un acuerdo de delación con Odebrecht. Uno de los proyectos bajo investigación en el país caribeño es el de la central hidroeléctrica Palomino, cuyo presupuesto inicial en 2006 era de 225 millones de dólares. La obra acabó costando cerca de 400 millones de dólares y aparece entre las diez obras con mayor sobrecosto en la lista de proyectos analizados para esta investigación y el expresidente Leonel Fernández (2005-2012) como el mandatario que más proyectos adjudicó a Odebrecht y sus socias.
En Mozambique, el aeropuerto de Nacala, que recibió préstamos del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social) de Brasil, tenía un costo inicial de US $ 112 millones, pero su precio final terminó en un poco más de 210 millones de dólares. Gran parte del financiamiento para la construcción del aeropuerto fueron utilizados en la adquisición de bienes y servicios, situación que causó perjuicios y sigue acumulando pérdidas al país africano.
Con el incremento del costo de esta obra se hubiese podido pagar el salario mínimo de más de un millón 600 mil pobladores de Mozambique.

LA VERSIÓN DE ODEBRECHT
Los periodistas de ‘Investiga Lava Jato’ se comunicaron con las filiales de Odebrecht en cada país y en la sede central de la compañía. Las cifras de las obras fueron contrastadas con la empresa y también se obtuvo la versión sobre obras concretas a través de una entrevista concedida al periodista Flávio Ferreira de Folha en la ciudad de Sao Paulo.
La empresa Odebrecht afirma que los aumentos en los montos de los proyectos fuera de Brasil no tuvieron conexión con cualquier tipo de ilegalidad y en general resultaron de orientaciones y requerimientos oficiales de los gobiernos con los que firmó los contratos.
Según la constructora, los sobornos confesados por la empresa a las autoridades de Brasil, Estados Unidos y Suiza no fueron destinados al incremento del presupuesto de los proyectos, sino para garantizar la adjudicación en las licitaciones y el cumplimiento regular de las condiciones contractuales.
Entre los motivos de los saltos presupuestales, se señala la construcción de obras y servicios adicionales solicitados por los gobiernos, como trabajos para estabilización de áreas de laderas, mantenimiento de tramos no incluidos en los contratos y reparaciones no previstas.
En muchos casos los aumentos de presupuesto resultaron de proyectos incompletos o mal elaborados y de la falta de coordinación de los órganos contratantes en relación a los tramos de las obras, que muchas veces fueron ejecutados por compañías diferentes, aseguraron.
Esta investigación continuará.

METODOLÓGICA
Las cifras y cálculos publicados en este reportaje se obtuvieron luego de un trabajo colaborativo con reporteros de América Latina y África que accedieron a los contratos y documentos oficiales de cerca cien obras de Odebrecht. La información recogida  se trasladó a una hoja Excel online que se construyó en tiempo real.  
Para el análisis, se estableció una metodología entre periodistas de Convoca de Perú, ColombiaCheck de Colombia y Plaza Pública de Guatemala y al final se trabajó con un universo de 51 obras en las que se detectaron los incrementos presupuestales, entre otros hallazgos.
Para establecer los sobrecostos en la herramienta, se restó el presupuesto final e inicial tomando en cuenta la moneda original que aparece en los contratos de las obras. El resultado se convirtió a dólares en los casos que fue necesario para tener en una sola moneda que pudiera darnos una cifra comprensible para cualquier lector del mundo. Para esta última operación tomamos en cuenta el tipo de cambio de la fecha del presupuesto final más actualizado según las diversas fuentes consultadas.

(*) Este informe forma parte del proyecto colaborativo “Investiga Lava Jato” en el que participan periodistas y medios de 11 países de América Latina y África.
Coordinadores del proyecto: Milagros Salazar de Convoca y Flávio Ferreira de Folha de Sao Paulo. Periodistas y medios aliados: Emilia Delfino, Perfil (Argentina); Ginna Morelo, Esteban Ponce de León, Óscar Agudelo (Colombia); Christian Zurita de Mil Hojas (Ecuador); Jimmy Alvarado, El Faro (El Salvador); Daniel Villatoro y Suchit Chávez, Plaza Pública (Guatemala); Daniel Lizárraga y Raúl Olmos, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (México); Adérito Caldeira, Jornal Verdade (Mozambique); Sol Lauría. Con el soporte de datos de la Iniciativa Regional para el Periodismo de Investigación en las Américas de ICFJ/Connectas (Panamá). Óscar Libón, Miguel Gutiérrez, Mariana Quilca y Sandro Michelini de Convoca (Perú), Lisseth Boon, Runrunes (Venezuela), Jesús Yajure, El Pitazo (Venezuela). Análisis de datos: Aramís Castro y Milagros Salazar, de Convoca, y Esteban Ponce de León. Edición: Óscar Libón, Convoca. Ilustraciones e infografías: Orlando Tapia, Convoca. Desarrollo web: Víctor Anaya.

 

 

Por: León Roldós Aguilera
Por años estuvo en el sector aduanero.  También vivió en el Estado de Florida,  Estados Unidos de Norte América, donde ejerció como Notario Público.
En la liga grande de la política ecuatoriana,  apareció el año 2002 como el referente en Guayaquil de Lucio Gutiérrez. El 2003 fue su Gobernador en la Provincia,  con poder real. Luego fue a Quito, fue Ministro de Bienestar Social y Secretario de la Presidencia. En esa época se vinculó con Lenín Moreno –quien ya estaba en silla de ruedas- a quien le encarga las políticas sobre discapacidades.
En la negociación de PAIS con Sociedad Patriótica, en enero del 2007, para la Contraloría el escogido fue Carlos Pólit Faggioni.
Correa,  con el argumento de facilitar los procesos de negociaciones y contratos públicos, a pretexto de superar trabas,  impuso que se excluya de la competencia de la Contraloría,  dos tareas esenciales: una, el del pronunciamiento previo sobre lo jurídico y lo técnico de los contratos –Asamblea Constituyente de Montecristi, 2007-2008- , y otra, la de la auditoría de gestión- Reforma de la Constitución, diciembre del 2015.
De hecho, esas dos exclusiones resultaron facilitadoras de la corrupción.

La Contraloría fue reducida a ser una especie de anfiteatro para autopsias y sala de velación, todo post ejecución de la corrupción; pero, además, “los protocolos de las autopsias”, léase “informes con indicios de responsabilidad penal”,  son reservados, sólo pueden ser leídos y procesados por la Fiscalía, hasta llegar al juicio penal, porque se dice que en el Ecuador se garantiza “la presunción de inocencia”.
Por eso, entiendo que de más de dos mil que se han emitido, hay más de un mil doscientos informes de la Contraloría de esa condición de indicios de responsabilidad penal, con glosas de miles de millones de dólares, por infracciones que aún no pueden hacerse públicas.
En los hechos siempre hubo una macro excepción: cuando Correa quería difamar a alguien, por más reservados que sean los informes, Correa los presentaba en las sabatinas y en otros espacios. Ahí no había la presunción de inocencia.  ¿Le enviaba los informes el Contralor Pólit o el Fiscal Chiriboga?, ¿o ambos?  Difícil saberlo.
De no haberse excluido esas dos competencias, ¿habría habido menos corrupción?, difícil suponerlo, cuando desde el Gobierno se estaría queriendo hacer de Pólit “reo  de concusión” –aprovechar la función pública para exigencias, en este caso a Odebrecht-. De cosa parecida, se le acusó meses atrás a Carlos Pareja Yannuzzelli, pero entonces el Gobierno lo defendió.
¿Pólit fue funcional al absolutismo de Correa?  Por lo expresado sobre los informes que primero los hacía públicos Correa, parecería que sí. ¿Y sobre aquello de los informes guardados bajo “siete llaves”, quién lo habrá ordenado?  También algunos informes liberatorios de responsabilidad, como que darían para pensar.
Sin embargo, esos un mil doscientos informes con indicios de responsabilidad penal ya están expedidos, aun cuando se mantengan en reserva; y, envían la señal que desagrada a Correa: existe institucionalización de la corrupción en el Ecuador, esta no está limitada a casos aislados.
Un detalle: en la Contraloría, Pólit autorizó que varios funcionarios firmen por él por delegación, con lo cual usualmente Pólit no firmaba documentos e informes. Uno de los que más firmó tales instrumentos fue Pablo Celi, quien ahora asume ser el subrogante, con apoyo del Gobierno, pero cuestionado por Pólit, que dice que lo separó el 25 de mayo del 2017. De ese modo, no siempre Pólit asumía el texto de los informes, sean incriminatorios, sean liberatorios.
Con motivo de la reciente posesión de Pólit como Contralor reelecto, la edición de El Telégrafo de 15 de marzo del 2017, lo cita diciendo  “No es justo que a lo largo de 9 o 10 meses de un trabajo muy profundo –en cada auditoría-  los informes con indicios de responsabilidad penal no tengan resultados rápidos y sobre todo contundentes” (…) “…en la campaña electoral –la de la votación de febrero del 2017-  ha habido gente involucrada que tiene deudas millonarias con el Estado y otros que fueron señalados con indicios de responsabilidad penal”. Y agregó, “…..yo me he dado cuenta que hay gente tras bastidores”.
Imputación gravísima “…gente tras bastidores”, ¿quién?, ¿quiénes?
En los mismos días, a un periodista de radio, Pólit dijo que le había dado asco ver en las papeletas para sufragar a personas que no debían estar de candidatos sino en la cárcel, pero que los informes de indicios de responsabilidad penal estaban retenidos. ¿Habrán sido elegidas?
Y le cayó a Pólit la investigación sobre concusión. ¿Será por los informes con indicios de responsabilidad penal que están en reserva?, ¿Existen evidencias de concusión que aún no se conocen?
Cuando escribo estas líneas, aun no hay formulación de cargos contra Pólit, sólo diligencias pre-procesales de investigación y medidas cautelares. Si lo encuentran deben llevarlo a rendir su versión. Está sobreentendido que en ese momento, le formularán cargos y ordenarán su prisión preventiva. Por eso, a la convocatoria a un juicio político,  no podrá concurrir.
¿Le pre-avisaron, para que salga del país?, es difícil no creerlo. Además fue práctica de Correa y su entorno.
¿El jueves 25 de mayo del 2017, firmó una acción de personal de remoción del Sub-Contralor Celi, para que sea notificada y tenga vigencia recién el viernes 2 de junio?,  es muy difícil tragárselo.
Pero, siendo el cargo del subrogante de libre decisión del Contralor titular, ¿podría éste desde el exterior, separarlo?
Cualesquiera que sean los argumentos y las respuestas, se afecta la legitimidad de un subrogante, porque quien sea incriminado por un Contralor subrogante, va a impugnar su pronunciamiento y esto será materia de recursos procesales.
Y lo gravísimo: Si toca procesar a Glas o a ministros u otros altos funcionarios –los peces gordos de la corrupción, para los críticos- por peculado y enriquecimiento ilícito, por el Art. 481 del Código Orgánico Integral Penal, sólo es posible hacerlo previa incriminación singularizada del Contralor General del Estado.
No puede investigarse delincuencia organizada (Art. 369 del COIP) sólo identificando a los “recaudadores” llámese este el tío Ricardo Rivera o cualquier otro.
¿Cuál Contralor?
Se daría lo de siempre, cuando la corrupción es una septicemia que infecta al Estado – de evidente concertación para delinquir- que sólo son procesados los actores de “reparto”, o auxiliares, porque a ellos no los protege el citado Art. 481 del COIP.  En la figura de los “peces”, sus equivalentes serían sólo “sardinitas”, y quizás alguno más grande, como el tío Rivera, porque no es funcionario público.
De seguir el proceso de juicio político y luego del concurso para designar Contralor, por lo menos se irían cuatro meses, con lo que se consagraría la impunidad; y, todo parecería un “tongo”, una supuesta “lucha libre”, pero ya concertada.
 
SUGERENCIAS:
1.   Que Carlos Pólit renuncie, lo que no implica aceptar culpabilidad alguna, y en el texto de la renuncia dé su versión de defensa o de acusación. No tiene que esperar el juicio político para que lo saquen. Si espera ese juicio, el hedor de tongo sería inconfundible.
2.   Que presente todos los casos de informes con indicios de responsabilidad penal que se mantienen en reserva.
Sería una cobardía de Pólit salir sin desnudar la corrupción que él dice aparece de los informes que se guardó la Fiscalía y el Gobierno de Correa.

Recordamos a Ricardo Rivera como el modesto comunicador que manejó Televisión Satelital, el espacio que luchaba contra la corrupción y buscaba profundizar los temas de importancia del país a inicios del siglo XXI. Hoy es el centro de la corrupción y el gobierno no tiene posibilidad de maquillar su presencia con el principio “es el tío y no el que está en el poder”.
Fue en plena campaña electoral, el 19 de enero de este año, que el entonces secretario jurídico Alexis Mera, limpió la honra y el buen nombre de Ricardo Rivera y su sobrino Jorge Glas Espinel: “…tras bastidores y en la redes siempre se habla que el tío (Rivera) está tras negocios de corrupción; pues no hemos encontrado nada porque en estas cosas, señores, pruebas, siempre pruebas, no podemos destruir la honra de una persona si no tenemos pruebas”.
Ese principio ha sido ha sido desplazo por otro que abjura de la corrupción del correísmo mientras nos piden un voto de confianza, para Lenin y Baca Mancheno, en su investigación del caso Odebrecht, pero la estrategia de la lucha anticorrupción no puede pasar por la opacidad de los últimos 10 años. La única forma de restituir el país de la frontal corrupción que vive es entregar la lista a todos y evitar que se repitan las acciones que limitaron la investigación a unos pocos chivos expiatorios.
No se puede repetir el sórdido ejercicio del poder de los últimos años, se debe evitar la figura de chivos expiatorios para dejar en la impunidad a quienes ocupan posiciones mas altas en la cadena de corrupción. Sobre todo no se puede incriminar y criminalizar inocentes como mecanismo de retaliación.
La lista se compone de los peces gordos de Alianza Pais, Lenin Moreno lo sabe y los primeros nombres expuestos desde el viernes 2 de junio, aparte de Rivera y el contralor general del Estado Carlos Pólit, nos dice muy poco de la magnitud del caso. Nos presentan lo que parece ser operadores menores. En América Latina el caso Odebrecht involucra a los presientes y expresidentes en Brasil, Argentina, Perú, Panamá, México, Chile, Colombia y las primeras acciones de la fiscalía nos deja con la curiosa sensación que en Ecuador Odebrecht optó por funcionarios de mas bajo perfil para estructurar los sistemas de corrupción, lo que evidenciaría, de ser cierto, una institucionalidad tan débil que cualquier funcionario de bajo rango o personas emparentadas con el poder tendrían capacidad de definir la contratación de las grandes obras de infraestructura del país.
A las espectaculares acciones emprendidas por la fiscalía el 2 junio de 2017 hay que acompañarlas de una profundización de la investigación, que cumpla el ofrecimiento presidencial de no detenerse en personas pero todo esto acompañado de transparencia y el irrestricto respeto al debido proceso de los encausados para que los ecuatorianos podamos confiar en que se pudiera superar el pasado.
El caso evidencia además complejas confrontaciones entre las funciones estatales, como la situación del Contralor Carlos Pólit, quien al ser posesionado el pasado 15 de marzo, pidió en la Asamblea Nacional que se conozcan los informes de contraloría con indicios de responsabilidad penal y que las acciones de la fiscalía sean contundentes. Hoy Pólit que hace poco llevó ante la justicia a los miembros de la Comisión Anticorrupción por cuestionar su probidad, enfrenta la justicia por el caso Odebrecht. El portal Dato Certero, la cuenta de redes sociales que parece ser la voz de la Secretaría Nacional de Inteligencia, un núcleo duro y perseguidor del correísmo, envió un mensaje “Carlos Pólit ordena alterar informes de contraloría para extorsionar funcionarios”.
Que el caso Odebrecht no sea el justificativo para el olvido selectivo de otros casos que fueron peores en el gobierno de Correa.

“Los veedores fuimos los primeros en alertar sobre el problema de Odebrecht y advertimos que el señor Fabricio Correa era el representante de la empresa brasileña OAS, cuyo accionista en Ecuador era Odebrecht. Cuando la constructora, por orden del presidente Rafael Correa, fue expulsada del país, dejó el Proyecto Multipropósito Baba a OAS. Entonces, Fabricio Correa cambió la pintura y los sellos de Odebrecht y puso los de OAS  y elevó  en 24% el valor de esa obra que, de por sí, estaba sobrevalorada en 40%. No olvidemos que  los contratos de Fabricio Correa, en un 70%, tenían que ver con estas dos empresas”. La afirmación es de Pablo Chambers, coordinador de la Veeduría de los contratos del hermano mayor del ex presidente. En diálogo con MILHOJAS.IS, el veedor dijo que esas y otras anomalías están en el informe final que la Veeduría presentó en 2010, al igual que el hecho de que Rafael Correa sí conocía de los contratos de su hermano antes de que los destapara la prensa en 2009. Por esa afirmación, el ex jefe de Estado enjuició a los cuatro veedores que firmaron el informe por falso testimonio y perjurio. Solo Chambers y Gerardo Portillo fueron condenados a un año de prisión. Este 29 de mayo, tras casi ocho años de juicio, les fue negado el último recurso de ampliación de la sentencia y los dos veedores creen que puede reactivarse la orden de captura. Chambers ratifica todo lo actuado y asegura que el juicio está viciado. Anuncia además una demanda en contra de Correa por incumplimiento de funciones para recuperar alrededor de 420 millones de dólares en anticipos dados a su hermano por contratos que, por disposición del mismo ex presidente, fueron anulados unilateralmente. 

Una vez que el juez nacional Miguel Jurado Fabara negara -el 29 de mayo-  el pedido de ampliación de la condena a un año de prisión contra usted y el veedor Gerardo Portillo. ¿Cuál es su situación jurídica?
No tenemos claro lo que va a pasar. Todavía no se ha activado la orden de captura. https://www.milhojas.is/wp-content/uploads/2015/veedores/negativa_ampliacion.PDF La Asamblea tampoco se ha pronunciado sobre el pedido de amnistía. Lo único seguro es que no vamos a aceptar ningún tipo de negociación para un indulto y solicitamos que el presidente Lenín Moreno nos permita integrar la comisión anticorrupción que se supone está formando. Lo hacemos con todo el derecho de haber luchado durante años contra un proceso viciado, que ha provocado que el Estado pierda cerca de 420 millones de dólares.    
Usted dice: no vamos a aceptar ningún indulto ¿les propusieron eso?
Hay acercamientos y comentarios, pero hemos advertido que no estamos dispuestos a ningún tipo de negociación.
¿Quién les propuso el indulto?
Conocidos, amigos, pero prefiero no dar nombres porque no es nada oficial.
¿Amigos del presidente Lenín Moreno?
Digamos que son amigos mutuos, que sirven como medio de comunicación
¿Qué opina de la amnistía pedida por la Conaie, que les incluyó en la lista de perseguidos del régimen de Rafael Correa? ¿La aceptarán si llega a ser aprobada?
Eso es diferente al indulto porque la amnistía corregiría un proceso viciado, desde todo punto de vista, debido a la intervención personal del ex presidente Rafael Correa.
¿Cree que esta Asamblea, con mayoría Correista, apruebe la amnistía?
El Gobierno de Lenín Moreno tiene solo una oportunidad para demostrar el cambio y poner fin al sistema persecutorio, que es lo peor del régimen de Correa. Si no empieza por eso, la gente no le va a creer nada más. Es una prueba de fuego. Es un asunto de espíritu, de ética, de estilo de Gobierno.
¿Ratifica su denuncia de que han sido objeto de persecución, no solo por sostener que Rafael Correa sí conocía los contratos de su hermano, sino porque establecieron los nexos de Fabricio Correa con las empresas brasileñas OAS y Odebrecht?
Los veedores fuimos los primeros que alertamos sobre el problema de Odebrecht y advertimos que el señor Fabricio Correa era el representante de la empresa brasileña OAS, cuyo accionista en Ecuador era Odebrecht. Además, cuando por orden de Rafael Correa, la constructora fue expulsada del país, dejó el proyecto Baba a OAS. Entonces, Fabricio Correa cambió la pintura y los sellos de Odebrecht y puso los de OAS e incrementó en 24% el valor de esa obra que, de por sí, estaba sobrevalorada en 40%”.
¿Cómo varió el costo del proyecto Baba?
Empezó en 48 millones de dólares y terminó costando 474 millones y no sirve para maldita sea la cosa, pues la Costa se sigue inundando.
¿Cree que Lenín Moreno se juegue por los veedores?, el escándalo de Odebrecht salpica a altos funcionarios de Rafael Correa, de cuyo Gobierno el actual mandatario también fue parte.
Si quiere ser bien recordado, el presidente Moreno tiene que establecer ese camino o asumir el costo de no hacer nada. No lo veo como alguien que quiera ser un segundón, no creo que pierda la oportunidad de dejar un legado histórico. Su labor sería muy apoyada si cumple las acciones para combatir la corrupción. 
¿Ratifica que Rafael Correa conocía de los contratos de su hermano?
Indudablemente y está corroborado en videos, en audios. Ellos deberían ser los perseguidos, pero resulta que los malos somos nosotros. Si me apresan, en la cárcel seré libre porque la verdad hace que un hombre sea libre. En cambio el señor ex presidente no, por eso tiene ocho guardaespaldas. La Veeduría es portavoz de los hechos. Hemos actuado de forma clara, ética y estamos dispuestos a lo que sea por defender la verdad. Eso no es negociable.
¿Cuál es el monto de los contratos de obra pública que empresas vinculadas a Fabricio Correa suscribieron con OAS y Odebrecht?
Bordea los 450 millones de dólares todo en lo que ha intervenido directamente con Odebrecht o con empresas vinculadas a Odebrecht. El Proyecto Baba  pasó por tres entes y cada uno fue subiendo el precio. En todos los contratos en los que interviene Fabricio Correa hubo sobreprecios. A eso el ex Presidente Rafael Correa llama ajuste de precios.
¿De qué porcentaje son sobreprecios determinados por la Veeduría?
De 240% a 250%. Por eso el señor Fabricio Correa me puso un juicio por daño espiritual y moral y pidió 5 millones de dólares. Así estos tipos encontraron la forma de mantenernos ocupados con los juicios y, de alguna forma, callarnos.
¿A cuánto asciende el perjuicio que los contratos de Fabricio Correa causaron al Estado, según la Veeduría?
De más de 650 millones de dólares en contratos, se pagó a empresas vinculadas a Fabricio Correa anticipos por 420 millones de dólares, que no han sido recuperados. Pero calculamos que todo este affaire busca esconder al menos unos 10.000 millones de dólares porque tiene relación con gran cantidad de proyectos y contratos que no han sido debidamente analizados. https://www.milhojas.is/wp-content/uploads/2015/veedores/informe_final_veeduria_contratos_fabricio.pdf
¿10.000 millones de dólares, a qué proyectos y contratos se refiere?
Por ejemplo, el proyecto minero Fruta del Norte, que no se ha investigado bien cómo mismo funciona; las obras en el nuevo aeropuerto de Quito, en las que no se sabe cómo así aparecen empresas chinas y brasileras; no se sabe qué pasó con el contrato de Bajo Alto para la generación de energía a través del gas. Íbamos encontrando indicios de asociaciones entre las mismas personas dentro de los contratos y una serie de proyectos en los municipios.
¿Qué municipios?
De todo lado donde hubo apoyo del Gobierno. Los procesos son extremadamente graves.
Por favor, precise, al decir municipios de todo lado involucra a alcaldes de todo el país.
El Municipio de Cuenca, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el proyecto del Tranvía, que hasta ahora nadie ha investigado. Tampoco se ha investigado la influencia que tuvo el Gobierno en obras del nuevo aeropuerto de Quito.
¿Se refiere a la administración de Augusto Barrea o a la de Mauricio Rodas también?
Hasta cuando los veedores trabajamos abarcamos la de Augusto Barrera.
¿Al enjuiciar a los veedores se busca entonces invalidar el informe?
Por supuesto, porque además la Veeduría nos permitió determinar que Fabricio Correa manejaba los fondos de campaña y que hubo una corriente de fondos que tenía como beneficiario al partido del Presidente, es decir al buró de campaña.
¿A cuál campaña se refiere?
A la de 2006. Desde ese año el señor Fabricio Correa estableció su intervención en las obras estatales, a tal punto que, conjuntamente con el ministro de Obras Públicas de entonces -Jorge Marún- diseñó el Plan Relámpago, en el que intervino Odebrecht en por lo menos el 40% de la obras a ejecutar. El señor Fabricio Correa puso como garantía de un préstamo de 10 millones de dólares que le otorgó la Corporación Financiera Nacional (CFN), su participación en el plan vial del Ecuador y en obras monumentales del Gobierno, además de un terreno en la cabecera norte del aeropuerto de Manta, que costaba 20 mil dólares. En base a los 10 millones de dólares que le prestó la CFN a Fabricio Correa, los señores El Juri le hicieron un préstamo puente de 7,5 millones. Hasta donde sabemos, no ha pagado ni a la CFN, ni a los señores El Juri, ni a 1.200 contratistas.
De cuánto dinero hablamos?
De unos 7 millones de dólares. Imagínese que a una señora de la Joya de los Sachas, que tenía una tienda, le quedó debiendo 18 mil dólares. Ella tuvo que vender su casa para pagar esa deuda.
¿Todo está respaldado con documentos? Si no es así, podrían entablarle otro juicio.
No tengo ningún juicio por el informe de la Veeduría. Jamás nadie lo ha cuestionado porque actuamos con documentos notariados. El juicio es por haber dicho que el ex presidente Rafael Correa conocía de los contratos del hermano.
¿Qué pruebas tiene?
Hay el video de una entrevista en la que Rafael Correa dice que conocía de la compra de Cosurca y del préstamo de la CFN. Resulta que el préstamo de la CFN fue para comprar Cosurca. (Se refiere a la entrevista en Canal UNO con los periodistas Andrés Carrión y Gonzalo Ruiz que está en este link. https://www.youtube.com/watch?v=eH2Y5ZEO_P0)
¿Qué se ha investigado sobre estas denuncias?
Nada. Lo único que han hecho es demandarnos para mantenernos ocupados en defendernos. Es más, el señor ex presidente, al ser preguntado si va a enjuiciar a su hermano, respondió: “No lo voy a enjuiciar porque no me da la gana. El afectado soy yo”. Es decir, lo que dijo es que el Estado es él. Está loco. De esa manera se busca evitar que, ahora que ya no está en el poder, se lo pueda enjuiciar por no haber cumplido el deber constitucional de recuperar  los anticipos que le pagaron a su hermano por contratos que fueron anulados. Debe ser juzgado e ir a la cárcel por no haber cuidado los intereses del país. En este caso sería cómplice de un delito.
¿Qué harán ahora? ¿Sería mejor que los apresen de una vez para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dicte las medidas cautelares que ustedes solicitaron hace años?
Somos el único caso en el Ecuador y creo  que en América en el que nos tienen con medidas cautelares desde 2010, cuando lo máximo que prevé la Constitución es que duren un año.
¿Cómo ha afectado eso su vida, su economía, a sus familias?
Grandemente, pero tenemos gente que nos apoyado mucho. Los medios de comunicación nos han apoyado siempre. Mucha gente ve en nosotros a ciudadanos comunes que luchan por lo que creen. Hemos peleado fuerte, no nos hemos dejado, pero nuestra vida ha cambiado. He tenido que traer a mis hijos que estudiaban en el exterior porque el dinero ya no alcanza; tuve que dejar Quito para vivir en Guayaquil porque me quitaron todo y está en manos del Gobierno, supuestamente.
¿Qué es todo?
Todo, como si fuera un traficante de drogas. Están en manos del Gobierno cuatro empresas que tenía y depósitos en las cuentas. El 2 de junio se cumplirán 8 años de  este proceso. Desde 2011, una vez que presentamos el informe, pasamos por 15 jueces y 17 fiscales. Fuimos llamados como 15 veces a los juzgados. Muchos no quisieron juzgarnos en este caso. 
¿Por qué?
Las razones son obvias. Estaban comprometidos con ciertas órdenes que venían desde arriba.
¿Los veedores fueron tratados como delincuentes?
Peor que eso porque entre los delincuentes hay grados. Se nos quitó hasta el derecho de trabajar, nos prohibieron contratar, estábamos impedidos de tener una cuenta corriente, de tener fondos en los bancos, etc.
¿Qué diligencia legal les queda por hacer?
Interponer una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Se nos negó el recurso de casación el 17 de diciembre de 2016. Según la ley, en 48 horas debimos haber sido notificados, pero se tardaron cuatro meses y medio. Nos notificaron el 28 de abril a las 23:15, antes del feriado del 1 de mayo y se nos dio 72 horas para apelar. Todo el proceso ha sido viciado.
No es ese el procedimiento normal? ¿Cuál es su cuestionamiento?
Que se nos notifica de tal manera que las 72 horas para apelar se cumplieron el lunes 1 de Mayo a las 23:15. Ese día nadie trabajó. Lo que buscan con esto es similar a lo que hicieron con los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción, a quienes primero declararon culpables y luego les perdonaron.
¿Ratifica su decisión de enjuiciar a Rafael Correa?
Gerardo Portillo y quien habla lo haremos porque consideramos que hubo un manejo mafioso de las relaciones familiares. Lo demandaremos por complicidad en el caso de los contratos no devengados por su hermano Fabricio Correa. Como mandatario tenía la obligación de recuperar los dineros de los anticipos entregados, en contratos declarados nulos por la Procuraduría, y de reclamar daños y perjuicios. Los dos veedores que quedamos estamos de acuerdo en demandarlo. Los demás están trabajando para el Gobierno. La veeduría les sirvió para beneficios personales.
¿A quiénes se refiere?
Al señor Diego Jaramillo, que fue de asesor a Petroecuador y sus hijos trabajan en el Servicio de Rentas Internas (SRI); a Jacqueline Estupiñán, que fue al Consejo de Participación Ciudadana, sus hijos también trabajan en el SRI.
¿Cree que en el nuevo Gobierno la justicia actúe de otra manera?
Hay que darle el beneficio de la duda porque no tiene para dónde ir, solo puede  mejorar, ya caímos en el colmo de la injusticia. No conozco al señor Moreno, pero creo que tiene la oportunidad de ser un buen presidente. Si es un hombre inteligente, creo que no la va a perder.
Si se activa la orden de captura contra usted y Gerardo Portillo, ¿se entregarán, se esconderán o se refugiarán en alguno de los países a los que pidieron asilo?
No nos hemos ido. Nosotros somos los buenos, los otros son los malos. Que vengan por nosotros. No estamos dispuestos a negociar ni a rendirnos. Vamos a seguir con el juicio al ex presidente Correa para exigir que el hermano devuelva el dinero que se ha llevado.
¿Se arrepiente de haber formado parte de la Veeduría de los contratos del hermano mayor del ex presidente?
Jamás. Esta ha sido una experiencia de vida, que ha cambiado mi forma egoísta de ver las cosas a una más plena y con mayor conciencia, al ver cómo un grupo de sinvergüenzas ha hecho tanto daño al país. Tenemos que luchar por eso, lo volvería a hacer 50 veces si fuera necesario. Seguiremos con toda la fuerza.