Embelesada en el diálogo propuesto y en la mano tendida por el presidente Lenín Moreno, la mayoría de ecuatorianos aún no dimensiona el irremediable impacto que tendrá para todo tipo de organización, la aprobación del Proyecto de Código Orgánico del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social (COSPCCS).
Líderes de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) analizaron con MILHOJAS.IS esta propuesta de la asambleísta Johanna Cedeño, del gobernante movimiento Alianza País (AP), y evidenciaron su preocupación, pues la propuesta implicaría elevar al estatus de ley los polémicos decretos 16 y su reforma a través de decreto 739.
La Corporación Participación Ciudadana y Fundamedios elaboraron la “Guía sobre riesgos de los Decretos 16 y 739 y medidas preventivas de las organizaciones de la sociedad civil frente a los mismos”. En el documento se destaca que los contenidos de estos decretos son coercitivos y sancionadores.
Para Mauricio Alarcón, subdirector de Fundamedios; Rosana Palacios, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), e Isabel Vargas, principal en Pichincha del Frente Popular, varios aspectos y disposiciones del proyecto de Código de Participación Ciudadana, en análisis en la Asamblea Nacional desde el 31 de marzo de 2017, violan el derecho a la libre asociación consagrado en la Carta Política y leyes nacionales, así como en tratados internacionales de los que el Estado ecuatoriano es suscriptor.
Advirtieron que, de ser aprobado, el Código (de 64 páginas y 199 artículos) no solo afectará a oeneges, fundaciones o sindicatos sino incluso a estudiantes, amas de casa, ligas estudiantiles, barriales y demás, cuyo accionar también deberá someterse a la nueva normativa.
“El momento en que un grupo de estudiantes, de amas de casa o de dirigentes comunitarios hagan algo o digan algo que moleste al gobernante de turno o a cualquiera de sus ministros o legisladores, les aplicarán el Código y les amenazarán con sancionarles o cerrarles. Tal como ocurre con la Ley de Comunicación y la prensa independiente. Así de grave es este asunto”, enfatiza Alarcón.
A mediados de abril, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), con el auspicio de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), interpuso una acción de protección y una medida cautelar para detener el trámite del proyecto de ley que -según denunciaron- no fue sometido a consulta prelegislativa, redactado, ni socializado con los pueblos y nacionalidades indígenas, como manda la ley. No obstante, la jueza Silvana Velasco negó el pedido pues, según ella, no se evidencia ninguna violación de derechos.
Uno de los temas del proyecto de Código que más preocupa es el concepto de licitud que evidencia dos rasgos fundamentales del Correato: el obsesivo afán de control y el desconocimiento de la dinámica social, caracterizada por la existencia de organizaciones de hecho que, pese a no cumplir requisitos legales como el registro en instituciones estatales, llevan adelante actividades que contribuyen al empoderamiento ciudadano y al desarrollo local, regional y nacional.
El jurista Vladimir Andocilla, del Instituto Ecuatoriano de Derecho Penal e Investigaciones Criminológicas, en un análisis del Proyecto de Ley, identificó otra alerta: el texto pone más trabas a las iniciativas legislativas ciudadanas al establecer nuevos mecanismos que restringen -por ejemplo- la capacidad de proponer leyes y demandar su aprobación. Eso no es todo, también deja su admisibilidad en manos de una comisión de calificación que deberá estar integrada por representantes de las dos fuerzas políticas más votadas, es decir que AP entra seguro, y uno de las minorías.
También dificulta la realización de la consulta popular, pues dispone que dentro del 12% de las personas inscritas en el registro electoral -requisito mínimo para solicitarla- haya inscritos no solo en el padrón nacional sino del exterior.
Y el Correato no podía dejar fuera de esta norma la revocatoria del mandato, trámite de por sí complicado. Mientras la Constitución dispone que la solicitud debe ser respaldada por al menos el 10% del registro electoral, el proyecto de Código crea una tabla que va del 10% al 25% de la población de la circunscripción respectiva.
Este nuevo Frankenstein jurídico es el último golpe del Correato a la sociedad civil, pues fue propuesto dos meses antes de que Rafael Correa deje el poder. Sin embargo, pese a los riesgos que supone para la democracia y el ejercicio de derechos y libertades individuales y colectivas, la reacción social se ha limitado a pocos analistas, entidades y organizaciones no alineadas al régimen.
Alarcón, Vargas y Palacios enfatizan que una respuesta coherente de Moreno sería solicitar el archivo del proyecto de Código Orgánico y derogar los decretos 16 y 739, pues consideran complicado que las OSC puedan seguir operando bajo sus ambiguas normas.
Para Isabel Vargas, lo que se busca con este proyecto es acelerar la disolución de las organizaciones críticas de las políticas del Gobierno, tal como ocurrió con la Fundación Pachamama, disuelta por pedido del Ministerio de Ambiente, y con la UNE a la que, en agosto de 2016, por disposición del entonces ministro de Educación Augusto Espinosa -hoy asambleísta de AP y presidente de la Comisión de Educación- se le quitó la personería jurídica.
Esta problemática pone al nuevo mandatario contra las cuerdas y le obliga a trazar un parteaguas en la historia del Ecuador para demostrar coherencia entre su discurso y su accionar.
¿Podrá Lenín Moreno archivar el proyecto, derogar los decretos y poner fin a 10 años de criminalización de la protesta social?
Alarcón, Vargas y Palacios coinciden en que si Moreno da oídos sordos a estos pedidos, además de terminar de asestar la puñalada a la participación ciudadana, dejará en evidencia que su apertura al diálogo no pasa de ser una estrategia política engañosa.
Rosana Palacios: “Si aprueba el Código Orgánico, Alianza País firmará la sentencia de muerte de toda forma de organización social”.
¿En el plano internacional, qué resultados destaca de las acciones emprendidas para restablecer el derecho a la libre asociación, violentado por los Decretos 16 y 739?
El Estado ecuatoriano ha sido convocado por varias ocasiones a instancias internacionales, no solo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sino del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para el examen periódico universal, luego de varias recomendaciones planteadas tras la aprobación del Decreto Ejecutivo 16 en junio de 2013. Rafael Correa lo firmó con el pretexto de hacer un registro de las organizaciones sociales, debido a que, de 98.000, apenas 18.000 tenían personería jurídica. Tras cuatro años de vigencia del D16, eso no ha cambiado y prueba que lo que en realidad Correa buscaba era instaurar un mecanismo de control de nuestras organizaciones. Para noviembre, Lenín Moreno debe presentar una memoria de sus acciones en esta materia en la reunión anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a ver con qué sale.
¿Qué recomendaciones hicieron los organismos internacionales?
Desde el 2010, la OIT ha expresado su preocupación y ha hecho recomendaciones sobre la libertad de asociación, de sindicalización, de expresión y sobre la independencia de la justicia. Recordemos que la OIT, que es única en el mundo sobre gobernanza tripartita, ha advertido sobre la violación del Convenio Internacional, que tiene categoría constitucional en el Ecuador. En el lenguaje diplomático de la OIT, decir que están preocupados es porque hay una violación sistemática de la libertad de asociación y de contratación colectiva, que son derechos fundamentales de los trabajadores en el mundo. Delegados de estados como Suiza y Canadá y de Estados Unidos han advertido esta situación en las conferencias de la OIT, lo que para nosotros es una vergüenza y muestra de la mediocridad de nuestras autoridades que no han tenido la capacidad para responder a esas recomendaciones.
¿Qué otros países han sido observados por la OIT?
El Salvador y Honduras son dos de los que tienen doble pie de página junto con Ecuador. Eso quiere decir que tiene un asterisco que muestra una elevada preocupación debido a que el gobernante no responde. Es vergonzoso que asambleístas fanáticos de Correa, como Marcela Aguiñaga, digan que no responden porque tenemos soberanía y autonomía. Eso es mediocridad y manejar un doble discurso y una doble moral.
¿En el día a día, cómo afecta que Ecuador tenga el estatus de un país que no respeta los derechos de libre asociación y de expresión?
Es lamentable pero en nuestro país las libertades públicas y los derechos de asociación o de expresión no son concebidos por la opinión pública y los sectores populares como parte de su vida cotidiana. Son vistos como una concesión del gobernante de turno. Eso complica el empoderamiento social e inmoviliza a los ciudadanos.
¿Tienen una estrategia para revertir esa indiferencia social?
Estamos trabajando con organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, con personalidades como Martha Roldós y organizaciones como la UNE, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y Fundamedios, con las que hemos conformado una plataforma de Derechos Humanos y Democracia. Hemos hecho una serie de investigaciones para promover el empoderamiento. Un primer resultado es la lucha desde el FUT para lograr la derogatoria de los decretos 16 y 739. También exigiremos el archivo del Proyecto de Código Orgánico de Participación. Es hora de que el Gobierno de Lenín Moreno acoja las recomendaciones de organismos internacionales que advierten que un decreto ejecutivo no puede estar sobre la ley, sobre la Constitución ni sobre los convenios internacionales.
¿Cuál es el riesgo si el Gobierno continúa la hoja de ruta marcada por Rafael Correa?
Si se aprueba el Código Orgánico, que hábilmente Correa logró que lo proponga Johana Cedeño, una de sus fanáticas seguidoras, Alianza País firmará la sentencia de muerte para toda forma de organización social. El oficialismo pretende hacer creer que peleamos por intereses gremiales, por la UNE o Pachamama, cuando en verdad conculca el derecho a la libertad de asociación. Agotaremos todas las instancias hasta llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Algo importante que el Gobierno de Moreno debe tener en cuenta es que acaban de firmar el acuerdo comercial con la Unión Europea, para la que es clave la tranquilidad en las organizaciones sociales y sindicales.
¿Qué plantea el acuerdo con la UE?
El respeto a la libertad de asociación. Por eso, en junio pasado en Ginebra, el delegado de la UE instó a la representación ecuatoriana conformada por delegados del Ministerio del Trabajo, a respetar la libertad de asociación. La represión ha sido una característica del Gobierno de Correa, pero hay que estar atentos porque la conciliación, el diálogo y la mano extendida pueden resultar más peligrosos si no se traducen en cambios efectivos.
¿Teme que eso ocurra con Lenín Moreno?
Claro, ya lleva más de dos meses su gobierno y no hay claridad sobre estos temas. De tener la voluntad política, el diálogo debe ser con todos. Nosotros hemos tenido acercamientos con voceros como el prefecto de Pichincha Gustavo Baroja, pero nada en concreto logramos aún. Ya es hora de que por lo menos nos reciba para analizar la situación de la UNE, de Pachamama y discutir la problemática de la educación y de los polémicos decretos 16 y 739. Si eso no se da, nos corresponderá entonces retomar las estrategias de movilización y protesta.
¿Es una advertencia para Moreno?
Si los docentes no recuperamos la vida jurídica de nuestro sindicato, venceremos el temor y reclamaremos. Atravesamos una crisis de abandono en la educación, de violación de derechos, estamos en el desempleo, el pueblo reaccionará si no hay soluciones. Lenín Moreno debe tener claro que le toca amainar al movimiento social. En el 2015, el propio Rafael Correa cedió ante las movilizaciones y, a la fuerza, pero dialogó. En este mes de agosto junto con la Comisión Anticorrupción vamos a realizar una convención de las organizaciones sociales, en Guayaquil, que busca generar propuestas para salir de las crisis. Para entonces esperamos un pronunciamiento claro del Presidente.
Mauricio Alarcón: “Lo que más preocupa es la falta de conocimiento de la propia sociedad civil respecto de esta amenaza”
¿El Proyecto de Código Orgánico del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social es una puñalada mortal para las organizaciones sociales?
No es solo eso, hay dos proyectos en debate en la Comisión de Participación de la Asamblea. El uno, propuesto por legisladores de Alianza País (AP), es una propuesta de ley orgánica que plantea la extinción de personas jurídicas vinculadas a fundaciones y organizaciones sociales. Este tiene algunas falencias, pero es un mejor proyecto de ley, mientras que el proyecto de Código Orgánico es más peligroso porque no solo se enfoca en el trabajo de las organizaciones, sino que apunta incluso a la estatización de la participación ciudadana y del control social, que son derechos constitucionales que los puede ejercer cualquier ciudadano de manera libre.
¿De qué manera se coarta su libre ejercicio?
Nosotros sostenemos que los derechos fundamentales se deben regular a través de una ley orgánica, como dice la Constitución. Al elevar a categoría de ley los Decretos 16 y 739, lo que buscan es quitarnos un argumento.
De cualquier forma, ¿lo que se busca es implantar mayores controles sobre la sociedad civil?
Exactamente. El código es para tener mucho más controlada a la sociedad civil.
La sociedad civil somos todos: niños, jóvenes, adultos, profesores, estudiantes, trabajadores, profesionales, empresarios, mujeres, indígenas. ¿Por qué no hay una reacción generalizada si están en riesgo sus derechos y libertades?
Ese punto es muy interesante. Debemos entender que la sociedad civil no son solamente las fundaciones y corporaciones sino el Comité de Padres de Familia de un colegio; la sociedad civil es el equipo de fútbol de un barrio, el comité de mejoras de un barrio… Quieren controlar toda forma de participación.
¿Eso evidencia etemor del partido gobernante a la reacción social en época de crisis? ¿El Código es un blindaje?
Es posible porque la propuesta nace de un grupo de asambleístas del partido de un gobierno que durante los últimos 10 años ha utilizado un sistema de premio-castigo con las organizaciones sociales. Si son afines, no solo les dan recursos sino que les dejan hacer lo que les da la gana. Incluso les permiten participar en actos de proselitismo político. En tanto, a quienes cuestionamos las políticas restrictivas de derechos y libertades nos amenazan con el cierre, como ocurrió con Fundamedios. Más radicales fueron con la Fundación Pachamama a la que clausuraron por oponerse a la explotación del Yasuní y con la UNE a la que le arrebataron su personería jurídica.
El Gobierno argumenta que las acciones contra Fundamedios, Pachamama, la UNE y otras organizaciones se deben a que no han cumplido la ley.
Son normas y medidas que responden a resentimientos, a taras y temores del gobierno de Rafael Correa.
¿Por qué la ciudadanía no ha dimensionado el impacto de los Decretos 16 y 739 y, si llegara a ser aprobado, del Código de Participación Ciudadana?
Porque la gente no conoce el tema y piensa que no le afecta, que no es cosa suya. Pocos ciudadanos se involucran en el trabajo legislativo y pocos entienden la dinámica de la sociedad civil y su importancia en un sistema democrático. El momento en que la ciudadanía entienda que con este proyecto de ley se pretende regular hasta a los grupos barriales, probablemente reaccione y cuestione. Ojalá no sea demasiado tarde.
¿Fundamedios y otras organizaciones tienen un análisis sobre el impacto de los Decretos 16 y 739, cuántas oeneges han sido cerradas o han desaparecido desde su aprobación en 2013?
El debate público se ha centrado en los casos de Pachamama, la UNE, Fundamedios y Acción Ecológica pero, con datos de los propios ministerios, descubrimos que hay decenas de organizaciones disueltas por la autoridad y auto disueltas. En este país se puede crear una compañía en pocos días y con 400 dólares de capital, mientras crear una fundación toma meses y se necesita 4.000 dólares. Una compañía designa gerente, e inscribe su nombramiento y listo, pero cuando una oenege elige directiva la someten a una serie de trámites burocráticos, cambios y preguntas absurdas. ¿Acaso somos Satanás?
¿Cuál es la solución?
Sería bueno, por ejemplo, que a las organizaciones de la sociedad civil nos asimilen como personas jurídicas sin fines de lucro para que nos diferencien de las compañías, y punto. Sería bueno que agiliten el trámite de constitución y lo reduzcan a pocos días. No pedimos operar fuera de la ley, pero es indispensable mejorar las condiciones y garantizar, de verdad, la participación ciudadana, para que deje de ser un membrete propagandístico.
Uno de los argumentos para defender los decretos 16, 739 y el proyecto de Código de Participación es la necesidad de regularizar a las OSC, pues de unas 90 mil que habría en el país, menos del 10% operan legalmente.
Eso es parte de la realidad mundial. El gobierno no puede desconocer la dinámica social. Es más, vendió su proyecto político promoviendo la participación ciudadana, pero en la práctica hizo lo contrario. Es incomprensible ver cómo funcionarios del Gobierno de Rafael Correa, que provienen de la sociedad civil, han satanizado a las organizaciones.
¿A quiénes se refiere?
Por ejemplo a Omar Simon, exsecretario particular de Correa y expresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE). Él se formó en Participación Ciudanana, organización de la sociedad civil que recibió fondos de Estados Unidos. Otro ejemplo es el de Gustavo Jalkh, también exsecretario de Correa, exministro de Justicia y presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Acaso su proyecto ProJusticia no fue financiado con fondos de la USAID? Estos son apenas unos pocos casos, hay decenas de personajes del Gobierno. Eso se llama hipocresía y actuar contra la sociedad a la que dicen defender.
¿Es hora de que Lenín Moreno pase del diálogo a medidas que demuestren un cambio real, o hay que darle más tiempo?
El diálogo tiene que ser concretado en acciones, no es cuestión de pasarnos la vida dialogando sin resultados.
¿Hay algún acercamiento con el Gobierno para analizar estos temas?
Respecto a la normativa de la sociedad civil se ha mencionado algo, pero formalmente no ha habido un diálogo. Esperamos que en los próximos días haya apertura en el Ejecutivo y en la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea, en cuyas manos está el proceso de aprobación del código.
¿Qué pasó con la demanda de inconstitucionalidad que Fudamedios presentó contra el Decreto 16?
No espero nada de la Corte Constitucional. En agosto del 2013, en cuanto entró en vigencia el Decreto 16, presentamos la demanda. Hace pocas semanas empezó a tramitarse, es decir cuatro años después. Otras organizaciones han presentado acciones de inconstitucionalidad contra el Decreto 739, pero no creo que pase nada. Más bien es posible que sean elevados a ley, si la mayoría gobiernista aprueba el Código Orgánico.
¿El Código es una sentencia de muerte de las organizaciones de la sociedad civil?
Más que hablar de acta de defunción o sentencia de muerte, ese código será la principal herramienta contra la sociedad civil, similar a lo que ocurre con la Ley de Comunicación contra los medios independientes, que se aplica al antojo del gobernante o la autoridad de turno para librarse de las voces críticas, de quienes les resultan incómodos. Al elevar a categoría de ley orgánica esos decretos restrictivos, simplemente terminarán de ahorcarnos.
¿Qué están haciendo para ser escuchadas?
Presentimos que pocas organizaciones se han dado cuenta de la gravedad del asunto, pocas organizaciones conocen, están informadas y tratan de hacer algo. No he sabido de acciones con la misma fuerza de las que se realizaron cuando fueron aprobados los decretos 16 y 739.
¿Qué expectativa tiene de que el presidente Moreno apoye el archivo del proyecto y la derogatoria de los decretos?
Si Alianza País le falla una vez más a la sociedad y aprueba el Código, esperamos que el presidente Moreno vete esa norma que contradice la Constitución, las leyes nacionales y estándares internacionales que garantizan el pleno ejercicio del derecho a asociarse libremente para fines lícitos. Espero que pasemos del diálogo y el discurso romántico a las acciones concretas.
¿Si eso no ocurre, el código puede llevar a la gente a organizarse y a trabajar desde la clandestinidad, como en una dictadura?
Ese es el riego y sería nefasto para un país que pregona la democracia plena. Las organizaciones jurídicas y las de hecho tienen derecho a funcionar en paz y, si cometen actos ilegales, deben ser sometidas a la normativa penal vigente, que es suficiente para sancionarlas. Eso es lo lógico en un Estado de derecho, nadie quiere operar al margen de la ley.
¿En el plano internacional, cómo afecta a la imagen del país estos decretos y la posibilidad de que se apruebe el Código Orgánico?
Por este tipo de leyes y decretos Ecuador tiene llamados de atención en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. A Lenín Moreno le toca, en noviembre próximo, en la reunión anual de la OIT, definir con claridad hacia dónde van sus políticas en esta materia. Y la primera señal nos preocupa porque el Gobierno no envió un representante al período de audiencias realizado en Perú hace pocos días.
¿Qué funcionario o institución son los directamente responsables de enviar delegados?
Eso le corresponde al Presidente de la República como principal garante de los derechos fundamentales, él es la cabeza del Estado y el principal responsable que debe velar porque los derechos se respeten. Por lo menos es un grave descuido que hasta el momento no ha sido explicado ni aclarado por ningún funcionario de este Gobierno.
¿Cree en el diálogo promovido por el Jefe de Estado?
Hasta el momento nos están endulzando con caramelitos; sin embargo, quiero ser positivo y espero que haya un cambio real. No podemos los ecuatorianos conformarnos con ofrecimientos cuando de lo que se trata es de recuperar nuestras libertades.
¿Ve avances en ese sentido?
En el tema de comunicación el diálogo está abierto, han ido periodistas a reunirse con el Presidente. Esperemos que el diálogo se abra al tema de las organizaciones, tiene que ser en varios frentes. Es de esperar que la Secretaría de Gestión de la Política, que lidera el diálogo, si se quiere actuar responsablemente, sugiera al presiente Moreno que derogue los decretos 16 y 739 y promueva una ley orgánica que garantice la libertad de asociación.
¿De no dar paso a esos cambios, cuál es el escenario para la sociedad civil?
Aunque quiero ser optimista y mantener la esperanza, me preocupa la inacción oficial porque, en cuestión de derechos, un día cuenta. Hay acciones urgentes que debieron haber tomado en los primeros días si es que hay un compromiso real con los ciudadanos. Lo que más me preocupa es la falta de conocimiento de la propia sociedad civil respecto de estas amenazas.
Isabel Vargas: “Si Moreno no cumple, será el Caballo de Troya que ofrece la paz, pero en realidad mantiene la represión del Correismo”
¿Qué derechos se ven afectados por el Código de Participación?
Se coarta la libertad sindical puesto que se establece como causal de disolución de una organización alterar el orden público, algo que ha sido manejado discrecionalmente durante estos 10 años de Correismo. Justamente, la Unión Nacional de Educadores (UNE) y la Fundación Pachamama fueron disueltas con el Decreto 739, que contradice el Convenio 87 de la OIT firmado y ratificado por el Ecuador. Nosotros acogemos la apertura de Lenín Moreno y esperamos que escuche las demandas de las organizaciones sociales.
¿Han tenido alguna respuesta del Ejecutivo u otra instancia gubernamental?
Aún no. Esperamos que nos inviten a dialogar para exigir que la reforma incluya, por ejemplo, mecanismos para que el Consejo de Participación Ciudadana investigue y denuncie los actos de corrupción, algo que no ha hecho en estos 10 años. Las veedurías ciudadanas no han servido para sancionar a los responsables de la corrupción. Al contrario, en el caso de los contratos de Fabricio Correa, hermano del expresidente, los veedores llevan años siendo perseguidos por el Gobierno. Tenemos el caso de otra veeduría que investigó el proceso de recategorización. Tres veedores determinaron un perjuicio de más de 200 millones de dólares a los maestros. Cada profesor que optó por la recategorización habría perdido alrededor de 7.000 dólares debido a la mala aplicación. Al respecto nada han hecho el Ministerio de Educación, la Asamblea ni la Justicia. El pueblo sigue siendo perjudicado porque este llamado Quinto Poder se centró en servir a los intereses del Gobierno de Correa y es una herramienta más para la criminalización de la lucha social.
¿En términos prácticos, si el Gobierno no da paso a esas demandas, cómo afectaría la vida de todos los ciudadanos?
El Decreto 16 exige que las organizaciones sociales de hecho tengan personería jurídica. Eso significa que casi todas serían ilícitas. Los estudiantes secundarios tampoco tendrían derecho a organizarse porque para tener una personería jurídica necesita ser mayor de edad. Se está coartando ese derecho. El caótico trámite también ha impedido que la Federación de Barrios de Quito inscriba a su directiva y podría correr la misma suerte de la UNE, a la que le quitaron la personería jurídica. Es preocupante esta situación.
¿El objetivo es desmovilizar a la ciudadanía, quitarle su derecho a protestar y a cuestionar al poder político?
Ese es el objetivo. Para ello han introducido conceptos tan regresivos y ambiguos como la afectación de la paz social si hay una protesta. Eso es legislar de espaldas al pueblo.
Desde el 24 de mayo se respira un ambiente menos tenso con Lenín Moreno, hay diálogo con diversos sectores, pero estructuralmente nada ha cambiado todavía. ¿En ese contexto, lo que ocurra con los decretos 16 y 739 y el Código de Participación será crucial para pasar del dicho al hecho en lo que a la sociedad civil se refiere?
Lenín Moreno ha tendido su mano pero, hasta el momento, parece que solo le esta funcionado la mano derecha. Vamos a estar vigilantes de lo que haga, pero no nos agrada que diga que Correa no le ha dejado la mesa tendida sino deudas y deudas, pese a lo cual mantiene a los mismos funcionarios de hace 10 años. Si Moreno no cumple, se convertirá en el Caballo de Troya que ofrece la paz y en realidad mantiene la represión del Correismo.
¿Es posible que la UNE recupere su personería jurídica?
La Unión Nacional de Educadores nació con el voto de sus miembros, pero fue anulada de manera autoritaria e ilegal por el Gobierno de Correa que fomentó el paralelismo y creó, en las faldas de Carondelet y con dirigentes escogidos a dedo, un movimiento paralelo, violentando convenios internacionales y la Constitución. A los maestros que no nos hemos alineamos al régimen, nos han quitado la carga horaria, nos han perseguido. Sin embargo, tenemos la esperanza de que la UNE, que es una organización legal, recupere ese estatus, que es reconocido hasta ahora por la OIT.
¿En tanto la UNE sigue operando?
Nos mantenemos como una organización de hecho. El proceso de disolución estuvo cargado de irregularidades, de ilegalidades. El asalto a los edificios se hizo sin orden de un juez. Eso tiene que ser revisado.
¿Eso exigen del Gobierno de Lenín Moreno?
Claro, y también lo ha hecho la OIT. El año anterior hizo una recomendación sobre la libertad de asociación; este año fue más directa y pidió por escrito que se le devuelva la personería jurídica a la UNE.
¿Confían en que el ministro de Educación Fander Falconí acoja esa sugerencia?
Fander Falconí es uno de los ideólogos del proceso anterior. Queremos hablar directamente con Lenín Moreno pues, como presidente, es él quien debe dar las directrices para resolver la situación.
¿Dónde se reúnen, cómo han logrado mantener activa a la UNE?
Los gremios de trabajadores nos prestan sus oficinas para reunirnos, nuestros maestros vienen con temor, se cuidan de las fotos porque temen salir públicamente, pero en este nuevo momento están menos temerosos. Esperamos que los 73 años de lucha de nuestra organización sean reconocidos por el Gobierno. No solo hemos protagonizado paros y huelgas, también hemos peleado por la calidad de la educación, por el laicismo y la gratuidad. Por lo tanto, no hemos liderado una lucha reivindicativa solo de los derechos de los maestros.
¿Han fijado un plazo para que el Gobierno acoja sus demandas?
Pedimos una audiencia con Lenín Moreno, estamos esperando su respuesta. Hace tres semanas presentamos al Ministro de Educación la resolución OIT en la que se solicita la restitución de la personería jurídica de la UNE. Todavía no tenemos respuesta de Fander Falconí. Mantendremos la presión desde las bases.
