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Mes: septiembre 2017

Pinchazos a Caupolican Ochoa dan cuenta de supuestos pagos a jueces y funcionarios del Consejo de la Judicatura

MilHojas.is
Era el 23 de noviembre de 2015, a esa fecha el departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos desarrollaba una investigación de tráfico de oro y lavado de dinero en Latinoamérica y Ecuador era uno de los protagonistas. Conocían que importantes volúmenes de oro peruano eran contrabandeados al Ecuador para ser exportados a los Estados Unidos en condiciones supuestamente legales. Los responsables de esas operaciones eran Gustavo Jurado Tejada y de los hermanos Alberto, Xavier y Jordi March Game, hombres respetables de la sociedad guayaquileña y que habían contratado los servicios de Caupolican Ochoa.
Para entonces el abogado del presidente no sabía que el departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos trabajaba con un agente encubierto llamado Juan Granda. Él se encargó de enganchar las piezas del sistema de contrabando de oro -desde el departamento peruano de Madre de Dios hasta el Ecuador- y la supuesta compra venta del metal por las empresas de los March, usando documentos falsificados para su posterior exportación a Florida, Estados Unidos.

Cesar Ochoa no perdió tiempo y solicitó a sus clientes (Jurado y los hermanos March) $50 000 para evitar posibles detenciones. Caupolican y Cesar Ochoa no sabían que la policía había interceptado sus teléfonos como parte de la investigación del tráfico de oro internacional. Hoy MilHojas.is publica por primera vez el peritaje policial a los diálogos telefónicos de los abogados con sus clientes entre el 18 de noviembre y el 28 de enero de 2016. En estos se nombra a varios funcionarios del anterior gobierno: Fernando Cordero (ministro de defensa), Xavier Ponce (ministro de agricultura), David Norero (Ministerio del Interior), general Luis Garzón (Jefe del Comando Conjunto) y Gustavo Jalkh presidente del Consejo de la Judicatura.
Sobre este último funcionario el peritaje de voces dice textual: “C recibe una llamada de MD, MD le dice que está preocupado por lo de Guayaquil, C le dice que ya han hablado con el Consejo de la Judicatura para que se paralize un mes por que en eso corrió mucho dinero la idea es que rectifique, MD le dice que están acando a los 3ps (gente), C le dice que 4p (Gustavo JALK) cambio de juez por que el había recibido dinero, y que el hablo con 5p (Pepe) del ministerio y que ya tenían conocimiento que las cosas se habían complicado porque había mucho dinero de por medio”.
El peritaje ya fue mencionado por el portal Vértice News en junio de 2016, en un informe llamado “La ruta criminal del oro ecuatoriano” que narró los pinchazos al teléfono del abogado. Ochoa era escuchado día y noche por la relación profesional que prestaba a los March. El tema no era desconocido los Ochoa porque meses antes, en julio de 2015, el portal planv.com.ec publicó un amplio informe sobre el oro ilegal que salió desde Guayaquil hacia el estado de Florida nombrando a la empresa de los March Game como parte de los ilícitos.

Departamento amazónico de Madre de Dios al sur de Perú, de esta zona se extrae el oro que fue transportado a Ecuador y luego exportado ilegalmente a los Estados Unidos
El 24 de noviembre Cesar Ochoa llegaría a Quito a tratar de detener el proceso de fiscalía hacia Gustavo Jurado y sus socios en Clearprocess y Spartan.  En la audiencia de formulación de cargos por este caso de lavado (09281-2016-03513) se identificó que Spartan realizó transferencias por valor de US$850.000 a favor de NAPARINA CORP S.A., empresa de Enrique Cadena Marín, involucrado en los procesos de intermediación de crudo ecuatoriano. El nombre de Cadena Marín saltó internacionalmente cuando se conoció la base de datos de Panamá Papers, en esta aparece su relación con Gunvor y Castor Petroleum en la que recibieron 1 dólar por cada barril de petróleo que Ecuador entrega a Petrochina.
¿Es Naparina una empresa de lavado de oro y petróleo?
Un día después Fernando (el corcho) Cordero es mencionado en las charlas telefónicas, pero no especifica si jugó algún papel en el caso.  El 25 de noviembre Cesar Ochoa conoce que la información fue filtrada a los involucrados por un fiscal de Machala. Dos días después se conoce del primer allanamiento a la propiedad de Gustavo Jurado, en la intervención encontraron armas de fuego sin permisos y por esa razón fue detenido.
Ochoa de inmediato pidió el nombre del juez para hablar con él.  El peritaje evidenció que a Gustavo Jurado le incautaron dos carabinas antiguas y tres armas. Ochoa le dijo a Jurado que “ha mandado a David Norero, asesor del ministro del interior (José Serrano) que y va hacer muy útil. Ese mismo 27 de noviembre se intercepta una llamada de Ochoa que dice haber hablado con el juez y que “limpiamente no va a poder salir”, calcula que necesita $ 10000 para sacarlo.
Ochoa consideraba que contaría con la ayuda de David Norero pero este le dijo que por orden del ministro no se meta en el caso porque estaban cosas por salir. En el peritaje se transcribe así: “el ministro no quiere que intervengan ninguno de los dos (padre e hijo)…le ha dicho que hay un grave error y que le ha dicho ve CAPOLICAN yo tengo toda la información Dirección Nacional de Lucha Contra el Crimen Organizado…”.
Esas declaraciones no detuvieron a Ochoa, una llamada el mismo 27 de noviembre dice: “Karina llama a Capolican, le dice que se encuentra en el cuartel modelo esperando la audiencia le comenta además que la hija de Gustavo tiene un novio que trabaja con jueces y este a llamado a un abogado para que hable con el juez y este a aceptado arreglar por menos dinero”. Diez minutos después Ochoa hizo otra llamada que registró este mensaje: Capolican llama a Karina, le pregunta como va todo, le dice que ya salió libre Gustavo Jurado que el juez le aceptado por ocho mil dólares y el 9 de diciembre 2015 empieza el juicio”.

Caupolican Ochoa y su hijo César manejaron casos importantes para miembros cercanos de la Revolución Ciudadana, pero no tenían idea que la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos invesigaba a sus clientes 
En la página de consultas del Consejo de la Judicatura se corrobora que Jurado fue encausado ese día (27 de noviembre) por tenencia de armas, que se emitió su boleta de excarcelación y que fue llamado a juicio el 9 de diciembre.
El 30 de noviembre Caupolican Ochoa recibe la llamada del general Luis Garzón y le pregunta si ya está en Quito porque ya le tiene el informe que le pidió. Ochoa le dijo que no podía hablar sobre ese tema y que se reunirá personalmente con él. Los investigadores consideraron que Caupolican posiblemente sospechaba que estaba interceptado.
El 9 de diciembre Ochoa recibió por primera vez una llamada de Javier March. Le dijo que le gustaría hacer una reunión el martes 15 de diciembre y que buscaba información para fortalecer su tema.
Dias después Ochoa presentó información de las empresas de los March en la Agencia de regulación y control minero, Arcom. La última información filtrada fue una llamada desde Guayaquil en que le manifestaron preocupación “por lo de Guayaquil”. Lo mas trascendente fue el Consejo de la Judicatura y el cambio de juez que supuestamente ejecutó Gustavo Jalkh porque llegó a conocer los hechos que se narran en este imforme, en este último pinchazo se habla de entrega de dinero pero no contextualiza a quiénes fueron los emisores y receptores. 

Se denuncia persecución en contra de Fernando Villavicencio, su defensa pide medidas cautelares a la CIDH

Los abogados del activista Fernando Villavicencio pidieron ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que le otorgue medidas cautelares para suspender la orden prisión preventiva ordenada en su contra.
Desde el medio día del 18 de septiembre pasado la Policía ejecutó un operativo de vigilancia a la casa de Villavicencio que incluyó el cierre de las calles de acceso a la vivienda, ubicada al norte de Quito.
Esto se dio luego de que el activista se presentara de forma sorpresiva en una rueda de prensa en la que anunció que demandará al ex presidente Rafael Correa, al actual vicepresidente Jorge Glas y a ocho exfuncionarios más del Gobierno anterior, por presunto peculado en la venta de petróleo a largo plazo con China y Tailandia. 
Denunció un perjuicio al país por $ 2.400 millones debido a contratos firmados con empresas de los países mencionados (específicamente con Petrochina), que dejaron a Petroecuador sin capacidad de comercializar su crudo. Esto, al amparo de la figura de alianza estratégica. 
El activista político tiene orden de prisión preventiva en su contra por el supuesto delito de divulgación de información reservada, medida que fue ratificada el pasado 5 de agosto. Debido a esta situación Villavicencio solicitó asilo político a Perú, donde permaneció por más de ocho meses en espera de respuesta.
Luego de que la Policía rodeó la casa del activista, su esposa Verónica Saráuz, denunció mediante redes sociales que temía un allanamiento. “Esa es la respuesta que dan al llamado de Lenin para que denuncien corrupción @fevillavicencio tiene medidas cautelares de la @CIDH”,  cuestionó Saráuz, vía tuiter.
Enseguida se evidenciaron muestras de respaldo por parte de ciudadanos que se han movilizado hacia la vivienda de la Villavicencio y su familia, pidiendo a las autoridades que cese el hostigamiento.
“Hay una persecución sistemática en contra Fernando Villavicencio y su familia por denunciar numerosos casos de corrupción que involucran a los más altos funcionarios de Ecuador. Los constantes actos de intimidación, hostigamientos y amenazas de muerte perpetrados por el Gobierno en su contra persisten hace más de seis años”,  señalaron los abogados del Centro Latinoamericano de Derechos Humanos en una carta enviada al Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão y al Relator Especial para la Libertad de Expresión del mismo organismo,  Edison Lanza, este 19 de septiembre.
En el documento se relata que tras las denuncias de irregularidades cometidas por el Gobierno de Correa en la negociación con Petrochina, hechas por Villavicencio a su retorno a Ecuador, el Fiscal General, Carlos Baca Mancheno, advirtió que la orden de prisión en su contra estaba vigente y podía ser detenido en cualquier momento.
Esa misma tarde, agentes de la SENAIN (Servicio de Inteligencia de Ecuador) acudieron a la entrada de la vivienda del activista, así como patrulleros de la Policía Nacional. 
La defensa de Villavicencio narra que los agentes policiales comenzaron a requisar a todas las personas que circulaban por las inmediaciones y los autos que salían del edificio. En poco menos de dos horas más de 20 autos sin placa del Estado rodearon la vivienda familiar. Incluso el comandante de la Policía Judicial se presentó en el lugar, pero permaneció escondido para no ser identificado.
En esta carta se enfatiza que a estos hechos hay otras circunstancias que agravan aún más la situación del periodista, pues este se vio obligado a regresar a Ecuador, a pesar de la orden de prisión preventiva en su contra debido a que “su permanencia en el Perú se tornaba cada vez más peligrosa. Su vida e integridad física se encontraban en riesgo. Empresarios vinculados a la intermediación petrolera habían comenzado a perseguirlo y acosarlo para evitar que continuara denunciando escándalos de corrupción petrolera que los involucraba la magnitud del operativo desplegado revela no solo la intención de apresar a Villavicencio sino también el propósito de intimidarlo y hostigarlo para silenciar su libertad de expresión.
Por lo tanto, los abogados del activista plantean que sean otorgadas las medidas cautelares solicitadas a la CIDH el día 2 de noviembre de 2016 y ampliadas el día 23 de diciembre de 2016, el 28 de marzo, 27 de junio de 2017 y el 9 de agosto de 2017, a fin de suspender la prisión preventiva ordenada en su contra.
También piden que el Estado de Ecuador otorgue medidas de protección efectivas para resguardar la vida de Villavicencio, su esposa y sus dos hijos y que cese la persecución y criminalización judicial y política en su contra.
Aseguraron que en este caso se cumple con los tres requisitos  señalados por el artículo 25.2 del Reglamento de la Comisión para el otorgamiento de medidas cautelares: la gravedad, la urgencia y la irreparabilidad del daño.
La gravedad del caso se explica en que "la prisión preventiva a Villavicencio producirá un efecto silenciador, pues se someterá a las personas a constante autocensura antes de denunciar, revelar, publicar o difundir algo que pueda ofender a los más altos funcionarios del gobierno. En este caso la gravedad no solo queda acreditada por la entidad de los derechos en riesgo sino también por la desprotección que tienen las víctimas ante la inacción por parte de las instituciones que debieran velar por la seguridad y resguardo de las vidas de sus ciudadanos”.
Es urgente la medida cautelar debido a que hay la amenaza inminente de que la reclusión en un establecimiento carcelario de Villavicencio puede materializarse en cualquier momento.
En cuanto a la irreparabilidad, se señala que "la decisión de privar preventivamente de la libertad al periodista tiene un efecto pluriofensivo sobre múltiples derechos y otros bienes jurídicos , que, de ser contraria a la Convención Americana, resultaría imposible reparar íntegramente con posterioridad”.
En este contexto la defensa de Villavicencio advierte también que si la Comisión no adopta estas medidas cautelares la prisión preventiva ordenada contra de Villavicencio agudizará el marco intimidatorio – ya existente – en contra de otros periodistas y de cualquier persona que quiera denunciar situaciones similares. 
En la solicitud se resalta también que en este contexto deben considerarse las medidas cautelares otorgadas el 24 de marzo de 2014 (MC 30-14) y que continúan sin ningún tipo de cumplimiento por parte del Estado, luego de más de tres años de su otorgamiento. En enero de este año las autoridades del Gobierno de Correa señalaron que no viabilizarán el pedido de medidas cautelares en favor de Villavicencio, indicando que “Ecuador lamenta la postura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que "con sus opiniones se involucra en asuntos nacionales y, lo que es peor, asume una posición de evidente injerencia política a favor de alguien que de manera reincidente ha infringido la ley". En un comunicado del Ministerio de justicia se dijo que "el Gobierno del Ecuador rechaza las pretensiones de Fernando Villavicencio de victimizarse ante la CIDH, para que esta entidad se pronuncie a su favor por una supuesta afectación a sus derechos".
Ahora, las nuevas autoridades de Gobierno han dicho que están analizando la situación legal del activista. "Nosotros damos cumplimiento a las órdenes de detención y las personas que son requeridas por la justicia. Vamos a tener una reunión con el ministro, vamos a evaluar todo lo que tenemos judicialmente… Si tiene boleta habrá que detenerlo", dijo ayer el comandante de la Policía, Ramiro Mantilla. 
La tarde de este miércoles el Ministerio del Interior y la Policía Nacional emitieron un comunicado en el que desmintieron que el coronel Ramiro Ortega, director nacional de la Policía Judicial e Investigaciones, haya agredido a la hija de Villavicencio en el operativo de vigilancia que se realiza a su domicilio. En redes sociales, Verónica Sarauz, esposa de Villavicencio acusó a Ortega de intentar "agredir a mi hija menor de edad porque le tomó esta foto (cuando) estaba escondido tras un basurero".

Tambalea grupo económico Eljuri, el más grande de Ecuador, por lavado y evasión

Un sombrío banco en Curazao con el que se pagaban sobornos de Odebrechet fue el detonante. El grupo tiene tentáculos en Colombia, Bolivia, Perú y México, entre otros.

Por Gonzalo Guillén* y Christian Zurita, Bogotá.
Colaboración con Hispanopost            

Juan Eljuri Antón, al centro de la foto, fue reconocido como el mejor industrial de Latinoamerica en 2014 y representa al grupo económico mas poderoso del Ecuador

El capítulo de corrupción de Odebrecht en Ecuador es una suerte de cueva de Alí Babá cuyos tesoros ocultos e infracciones maliciosas comienzan a asombrar al mundo. Tiene huyendo al hombre más rico de ese país, Juan Eljuri Antón –con enormes tentáculos en Colombia, Bolivia, México y Perú, entre otros– y a su hijo, Juan Pablo Ejuri Ventimilla, contra quien existe orden de captura internacional.

Fuentes policiales y judiciales indicaron que los Eljuri se esconden, probablemente, en Curazao.
Los primeros visos de este caso –como en los demás países del área– brotaron en las confesiones de ejecutivos de Norberto Odebrecht, dueño de la multinacional brasilera de la construcción que poseía una división especializada en obtener contratos mediante sobornos alrededor del mundo. Las delaciones revelaron que empresarios ecuatorianos movieron dinero en efectivo para el pago de sobornos y hoy se sabe que éstos usaron el enigmático banco South American Internacional Bank –Sai Bank–, de Curazao. El principal receptor-intermediario ha sido identificado como José Terán Naranjo. Este último, al ser requerido por la fiscalía de su país, reconoció que recibió dinero de la constructora brasileña: “Se hace una suerte de remesas con ese dinero, me ponen a mí [en Ecuador] contra la cuenta de Curazao y así nunca hay una repatriada de fondos” declaró.
Terán repartía el dinero de los sobornos a través de tres empresas panameñas, de las cuales pudimos identificar a tres en fuentes oficiales (Beelvedear, Jourvet y Alesbury) y otra de Curazao, llamada Stock, todas ellas con cuentas en Sai Bank.
En el interrogatorio que le hizo la Fiscalía, Terán explicó con mayor claridad la manera como llegó a sus manos el dinero que distribuyó entre altos funcionarios del gobierno de Rafael Correa. A una pregunta sobre cuál fue la relación entre las firmas Alesbury y Jouvert con el Sai Bank, Terán respondió: “Se me recomendó dicho banco a través del estudio jurídico Mossack Fonseca”, la firma panameña célebre porque sus archivos secretos salieron a la luz pública bajo la denominación mundialmente conocida como Panamá Papers., cuyos nexos con el grupo Eljuri se explican más adelante.
Enseguida, una fiscal le preguntó de dónde procedían los fondos depositados en las cuentas de Alesbury y Jouvert. Terán contestó: “De la compañía Norberto Odebrecht”. Al pedirle explicación sobre cómo recibía los fondos, Terán dijo: “Se me comunicaba que la transferencia había sido acreditada y se me entregaba en efectivo en la que era mi casa, en la ciudad de Quito”.
No existe información del movimiento de dinero de estas empresas relacionadas con la corrupción de Odebrechet en Ecuador, pero se sabe que el Sai Bank movió en las cuentas de ellas al menos USD $ 153,7 millones entre 2012 y 2017.

José Rubén Terán, empresario involucrado en el caso de los sobornos de Odebrecht en Ecuador, reconoció que recibió dinero de la constructora y que utilizó el Sai Bank para recibir dinero en efectivo
Sai Bank posee pequeñas oficinas en las ciudades ecuatorianas de Quito, Guayaquil y Cuenta. En esta última opera la principal de ellas.
La fiscalía ecuatoriana detuvo a un funcionario de la oficina de Quito, identificado como Juan Borja, y éste pronto reveló que el banco era propiedad exclusiva del grupo empresarial Eljuri. Su trabajo, dijo, consistía en buscar clientes interesados en abrir cuentas y pólizas en la oficina principal de Curazao y entre las ventajas que ofrece está la evasión de impuestos y, de ser necesario, el lavado de dinero. Una operación semejante a la del colapsado Fondo Premium, de Colombia, que también lavaba dinero procedente de distintas partes y ayudaba a evadir impuestos con depósitos en Curazao.
Borja declaró que las maniobras y la dirección del Sai Bank en Ecuador se ejercen desde la oficina de Cuenca, donde también está la sede central del Grupo Eljuri. La fiscalía, sin embargo, nunca ha tocado esa sucursal, a través de la cual pasa toda la documentación correspondiente a los dineros que van para Curazao.
Un empresario de la ciudad de Cuenca explicó –bajo la condición del anonimato– la manera como él mismo hizo uso de los servicios ilícitos de Sai Bank: “Me dieron un crédito y los pagos no los hacía en las oficinas de ese banco sino en otro llamado Capital, una entidad pequeña que se encarga de acreditarle a Sai Bank en Curazao, es un tema de compensación que no requiere cruzar fronteras”.
El empresario consultado expuso los pormenores de la manera como tramitó y obtuvo el crédito en Sai Bank: “El directorio del banco se reúne en la matriz de Juan Eljuri, en Cuenca, y era el propio Juan Eljuri Veintimilla el que aprobaba las operaciones de crédito”.
Al ser consultado, Sai Bank emitió un comunicado negando operaciones financieras prohibidas en el Ecuador, pero reconoció que se dedica a la “compraventa de cartera”. Sobre Juan Pablo Eljuri Veintimilla, dijo: “no ostentaba ni ostenta el cargo de Director de SAI-Bank en Ecuador, como se ha dicho, debido a que esta denominación societaria no existe”.
Hasta el momento, han sido arrestadas tres personas vinculadas al banco, el cual ya tiene frente a ellas una estrategia de defensa: “no son funcionarios del banco, pero sí prestaron servicios profesionales a través de un subcontratista domiciliado en Curazao”.
Eljuri, el marqués de Carabás ecuatoriano
Como en el antiguo cuento infantil europeo de El Gato Con Botas, en el que todas las propiedades pertenecen al Marqués de Carabás, de unos años para acá las grandes empresas y los negocios más prósperos en el Ecuador pertenecen a Juan Eljuri, un hombre silencioso y extravagante, pero desconocido, de origen libanés, que ha comenzado a sonar cada vez con mayor fuerza en Colombia desde cuando obtuvo la franquicia de Hyundai tras en un pleito multimillonario con el grupo empresarial colombiano Hyundai Colombia Automotriz.
Las pocas fotografías que se conocen de las mansiones de Eljuri y de los multimillonarios tesoros que guarda en ellas hacen recordar a ojos vista y superan las montañas de dinero, joyas y obras de arte de personajes colombianos tristemente célebres, como José Gonzalo Rodríguez Gacha, “El Mexicano”, o Pablo Escobar.
La fortuna en oro macizo y arte la guarda en su búnker de las remotas y frías montañas andinas de Cuenca, pequeña ciudad colonial de 330 mil habitantes, fundada hace 500 años y hoy capital de la provincia de Azuay.
Por su origen colonial, su entorno andino de alta montaña y el tamaño intermedio de su población, Cuenca se asemeja a Tunja, en Colombia. 
El jefe del clan familiar fue Jorge Eljuri Antón, cuya vida se apagó en cuatro minutos el 19 de julio de 2014, solía llevar en su meñique izquierdo el codiciado anillo de diamante negro que perteneció a Frank Sinatra.

Buena parte de los tesoros de Jorge Eljuri se conocieron gracias a su publicación en una revista especializada para coleccionistas
Entre la fortuna en oro que dejó en forma de joyas y lingotes, hay 300 kilos de oro prehispánico que siguen en manos de su familia, lo mismo que los mejores espejos de Nicolás II, el último zar ruso, y más de ocho mil obras de arte virtualmente certificadas como genuinas, entre ellas de El Greco, Picasso o Lichtenstein.
Esta colección posee una pieza única de plata Thomas Pitts (1765) elaborada en honor al Rey de Inglaterra, así como una mesa azul de una sola pieza de ormolu (amalgama de oro molido, mercurio y bronce) que, se dice, perteneció a Napoleón III.
Los hermanos Eljuri Antón son hijos del modesto inmigrante libanés Gabriel Eljuri Hann, quien llegó a Ecuador en los años 20 del siglo pasado, se estableció en la entonces ínfima y lejana Cuenca, donde se dedicó al comercio en pequeñas cantidades de telas, radios, cosméticos y bicicletas.
La mansión de los Eljuri en Cuenca, con cúpulas y estatuas clásicas exteriores en oro, que contrastan con los modestos tejados coloniales de dos aguas de la vieja ciudad, supera en tamaño y obras de valor a Neverland, la controvertida y escandalosa villa de Michael Jackson, en las Vegas.

Residencia de la familia Eljuri en Cuenca
 
Fortuna a toda prueba
La fortuna de Eljuri le permitió, durante la mayor parte de 2016, comprar mensualmente dos mil carros Hyundai para el mercado de Colombia que no podía vender. Su acuerdo con la casa matriz lo obligaba a hacer esas adquisiciones. Los llevaba desde Corea y amontona en puertos marítimos y almacenes sin la posibilidad de comercializarlos debido a que dos jueces se lo prohibieron hasta cuando logró liberar la franquicia en su favor, pues le pertenecía al grupo de Carlos Mattos, quien fundó la agencia comercial y la consolidó durante más de 20 años, a lo largo de los cuales importó y vendió cerca de 200 mil vehículos. En enero pasado, Eljuri debió sacar del país todos aquellos vehículos que importó en 2016, pues la legislación colombiana impide vender automotores nuevos fabricados en años anteriores.
Eljuri no solamente resistió el tren de gastos de esas importaciones y el mantenimiento de su red de exhibición y ventas congeladas por la justicia, sino que, en una reunión privada, de acuerdo con una fuente consultada por los autores de este reportaje, dijo estar en capacidad de intentar comprar al Presidente de Colombia si llegara a considerarlo necesario para conseguir que la franquicia quedara definitivamente en sus manos.
Conocedores del mercado automotriz en Colombia estimaron que debido a la prohibición que recibió para vender productos Hyundai, Eljuri perdió en este país unos cuatro y medio millones de dólares mensuales, desde octubre de 2015. Indicaron que Hyundai Colombia Automotriz vendía 1.800 vehículos por mes y que el ecuatoriano probablemente se vio comprometido con la firma matriz a vender unos 2.000. Estas cifras no las confirman ninguno de los dos grupos en disputa.
De acuerdo con el Servicio de Rentas Internas de Ecuador, SRI (el equivalente a la DIAN colombiana) Eljuri posee la fortuna de apariencia más creciente y bienes más deslumbrantes de ese país. Por encima, incluso, de los grandes millonarios mexicanos o colombianos cuyos patrimonios y posesiones nominales superan ampliamente a las del nuevo magnate ecuatoriano.
De acuerdo con los registros correspondientes del SRI, revisados para este reportaje, el grupo Eljuri posee 327 empresas y fideicomisos que desde 2007, cuando comenzaron los gobiernos consecutivos de la "revolución ciudadana", de Rafael Correa, han crecido como la espuma.
Las cifras oficiales que maneja el SRI indican que en 2008  ese grupo recibió ingresos totales por USD $ 1’279.043.017 y su participación en la economía del país fue del 2,23 por ciento. Cuatro años después, en 2012, subió a USD$ 2’143.053.239 de ingresos y una participación de 2,49 por ciento.
Hoy día, la vida de los ecuatorianos depende en alto grado de los Eljuri: importan y fabrican más que nadie todo tipo de electrodomésticos; operan el sistema TV Cable, que ofrece internet, televisión pagada y telefonía fija; representan las marcas de automotores Hyundai, KYA, Volkswagen, Ford, Skoda y distribuyen la marca de motocicletas Suzuki. Poseen una industria cerámica de primer orden y controlan el sistema de embotellamiento y distribución de licores y perfumes. En todos los campos en los que están metidos dominan el mercado.
El patriarca actual de la familia, Juan Eljuri Antón, es descrito por parientes y por otros empresarios de ese país como un hombre agresivo en los negocios que emplea a fondo todo su poder económico cuando se propone imponer su voluntad.
Este conglomerado familiar fue desnudado por su presencia notable en los llamados Panamá Papers. Los diarios holandeses Trouw y Het Financieele Dagblad publicaron en abril del año pasado historias sobre cómo Juan Eljuri utilizó los servicios de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca (MF) para beneficiarse con las más altas ganancias posibles en un millonario contrato que firmó con el gobierno de Ecuador para entregar 4.157 carros patrulleros marca KYA, destinados a la Policía Nacional, por un valor de USD $196,190,014.84.
En la primavera de 2015, Juan Eljuri propuso una idea que MF canalizó a través de una empresa de servicios corporativos de Suiza: pidió que las piezas de automóviles fabricadas por una de sus empresas en Brasil (Rontan) fueran enviadas a Ecuador al doble de su costo original sin que las autoridades fiscales brasileñas o ecuatorianas se dieran cuenta. 
Los diarios holandeses contaron que MF gestionó ese pedido con la firma Infintax que, a su vez, utilizó a la empresa suiza YouSee para comprar, por medio de fiducias, piezas de automóviles de Rontan y luego las vendería al doble del precio a la filial ecuatoriana de Eljuri, Pronae. Se reconocieron facturas falsificadas y documentos de embarque que le dieron aspecto de legitimidad al proceso de compra.
Uno de los diarios holandeses mencionados, informó: “Cada mes, YouSee enviaría más de medio millón de dólares a Pronae en Ecuador y pagaría a Brasil la mitad. La operación debe continuar hasta diciembre de 2017 -se trata de un total de aproximadamente US$ 15 millones. La mitad enviada a Eljuri por esa vía quedaría sin ser vista por el recaudador de impuestos. Para eso, Infintax hizo uso de la filial suiza, y la cuenta bancaria relacionada, con USD 400.000, para mantener las operaciones. Infintax reacciona e informa que el proyecto nunca se materializó en última instancia. Sobre las razones de ello, la oficina no dice nada”.
Los informes de los diarios holandeses fueron traducidos en Ecuador por el portal de investigación Planv.com.ec pero ninguna autoridad ha examinado ese contrato que celebró el Ministro del Interior con Eljuri.
Exportaciones ficticias
El grupo Eljuri, a través del Banco del Austro, de su propiedad, fue nombrado en la participación de exportaciones ficticias entre Venezuela y Ecuador. El caso se originó con base en el acuerdo que a fines de 2008 Rafael Correa y Hugo Chávez impulsaron para la creación del Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE), una estructura de pagos basada en el cruce de cuentas entre bancos centrales de los países miembros de la hoy moribunda Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA). Este sistema movió entre Caracas y Quito exportaciones e importaciones por montos que superaron los USD $1000,000,000. No obstante, muchas de esas transacciones fueron ficticias y sirvieron para sacar millones de bolívares de Venezuela con el fin de convertirlos en dólares en Ecuador. En el trayecto final de estas operaciones fueron usados bancos privados corresponsales, avalados por centrales, con el propósito de sacar el dinero lavado a Panamá.
En Ecuador el tema se investiga y se sabe de la participación en él de entidades financieras. El portal informativo Focusecuador.com publicó, a mediados de 2016, que por ese motivo se incautaron en 2013 USD$ 57.000,000 a empresas relacionadas con exportaciones ficticias. USD$ 8.852.318.00 fueron del Banco del Austro, de los Eljuri.
Se desconoce el estado actual de las investigaciones judiciales.
Correa, aliado de Eljuri
El ex presidente Rafael Correa ha sido un leal aliado del grupo Eljuri, del que recibió apoyo económico desde cuando fue candidato a la presidencia en 2006. En la primera oportunidad que se notó la presencia económica del grupo en el apoyo a la campaña, el tesorero era el hermano del candidato, Fabricio Correa, quien después del triunfo fue descubierto como prominente contratista de grandes obras del Estado. Estas corruptelas las denunciaron en el libro Gran Hermano los periodistas Chiristian Zurita y Juan Caros Calderón. 
Fabricio Correa explicó cómo el grupo Eljuri lo ayudó en sus negocios siendo ya hermano del Presidente de la República: “Ellos quisieron introducir la línea de volquetas Hyundai, entonces me hicieron una propuesta: `¿No te interesa Hyundai?`. Fabricio asegura que preguntó por las ventajas que tendría y, dice, le respondió Eljuri: “Yo te financio. Entonces, les compramos 48 volquetas, nosotros fuimos el conejito de Indias de Hyundai de Eljuri, entonces nos da un crédito del Banco del Austro [de los Eljuri], por eso le digo que debo hartísima plata…”.
Fabricio, además, recibió un crédito-puente del Banco del Austro para iniciar las obras de construcción que el gobierno de su hermano le había adjudicado.
Ese banco de los Eljuri fue fundamental en la entrega de un crédito al primo de Rafael Correa, Pedro Delgado, ex presidente del Banco Central del Ecuador y cónsul en Miami, donde aún vive prófugo de la justicia de su país. Las publicaciones de Panamá Papers son fundamentales para entenderlo: El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló que en 2012  el Austrobank Panamá S.A., filial del Grupo Eljuri, "concedió una hipoteca en favor de Delgado y su esposa. La hipoteca, de USD $190.000, supuestamente fue para la compra de una casa en North Miami Beach". 
En Ecuador se ha denunciado que Delgado se benefició con créditos estatales que fueron cobrados por terceras personas no identificadas (se ha planteado que una de ellas habría sido el propio ex presidente Rafael Correa, quien lo ha negado) y el estratégico préstamo del Austrobank le ha servido para camuflar ingresos virtualmente ilegales que recibió.
En sus informes, El ICIJ informó:"Un agente de Austrobank, de Eljuri, envió un correo electrónico a Mossack Fonseca para obtener asesoramiento legal. El primer despacho de abogados contactado por Mossack Fonseca declinó procesar el préstamo con el argumento de que el prestatario se negaba a cumplir con la documentación estándar requerida para extender una hipoteca. 'Hay demasiados agujeros en esta transacción', escribió el abogado. 'Me preocupan las objeciones del prestatario. Aquí hay algo que no huele bien, en mi opinión ', agregó. Pero Mossack Fonseca encontró otro abogado que procesó la hipoteca en Miami. Delgado ha confirmado a la cadena Univisión que era dueño de una propiedad inmobiliaria en Miami".
Los Panamá Papers pusieron de manifiesto que Eljuri es uno de los grupos económicos de Ecuador que más usa el sistema off shore. De hecho, el SRI ecuatoriano informó sobre seis empresas en Panamá; otras cinco en el Reino Unido y tres en Costa Rica. Trece más figuran en los Panamá Papers y de esas solo dos fueron registradas en Ecuador.
Eljuri y la “lista Clinton”
El espectro empresarial de Eljuri, basado principalmente en comercio exterior, posee fortalezas que parecen afianzarse en la ceguera de las aduanas. En su ciudad natural, Cuenca, existe un distrito aduanero que más parece propiedad de Eljuri que del Estado. Toda su mercadería llega a los puertos marítimos del país sin ser revisada in situ, sólo se realiza una inspección documental que certifica como cierto lo que va escrito en os papeles.
Luego, los contenedores marítimos son trasladados a Cuenca, donde las mercancías ingresan a las bodegas de Eljuri. Buena parte de embarques que llegan allí son catalogados como materia prima (bajos en impuestos), que luego de ensamblarse en productos terminados o embotellarse como licores y perfumes de marca, alcanzan altos valores que en nada se compadecen con sus declaraciones aduaneras iniciales.
Voceros de autoridades de Colombia y Estados Unidos dijeron que investigan supuestos suministros de perfumes del grupo Eljuri a la cadena de tiendas La Riviera, del colombiano de origen libanés Abdul Waked, quien en mayo de 2016 fue inscrito en la llamada Lista Clinton de personas y empresas ligadas al narcotráfico a juicio de Washington. 
Estados Unidos solicitó la extradición de Waked y la Corte Suprema de Justicia de Colombia la aprobó.   
Una nevera llena de relojes
Las revisiones aduaneras a las importaciones de Eljuri en Ecuador no parecen ser muy estrictas. 
Un par de operarios de Almacenes Juan Eljuri hace algunos años bajaron de un camión una nevera, la cargaron hasta una casa de clase media en Ecuador, la entraron, les firmaron el recibido en una planilla de control de entregas y se fueron a llevar hasta otros domicilios más artículos del hogar. En la noche, los dueños, quienes pidieron no revelar sus nombres, abrieron el aparato importado y se encontraron con que estaba lleno con una fortuna representada en relojes que el almacén vendedor nunca fue a reclamar.
En Bogotá, otra persona contó que cuando vivió en Ecuador le ocurrió algo semejante, pero con botellas de güisqui que estaban entre otra nevera que adquirió en el mismo almacén.

*Gonzalo Guillén, periodista colombiano ganador del premio Rey de España en dos ocasiones, ha escrito para el Miami Herald y fue editor general de El Universo y El País de Calí. Actualmente es columnista de Hispanopost  y revista Semana de Colombia