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Mes: enero 2018

ALVARADO: EL EMPORIO DEL ESTADO DE PROPAGANDA

Christian Zurita Ron, Fernando Villavicencio, Cristina Solórzano
Los Alvarado Espinel son una familia unida. No solo obtuvieron un título universitario inexistente con una tesis copiada en conjunto (padres e hijos), sino que también edificaron un auténtico emporio económico al calor de la revolución ciudadana. Un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) realizado a las empresas de la familia Alvarado Espinel, cuyos ex hombres duros de la propaganda gubernamental en la década perdida (Teodoro Fernando y Roldán Vinicio), evidencia indicios penales en contra de los zares del correato. El referido informe de la UAFE incluye una carta de una consultora internacional en la que se observa el comportamiento irregular de las empresas de los Alvarado, en particular de la firma Creacional, la compañía estrella de Vinicio Alvarado Espinel. Las observaciones hablan de “corrupción y lavado de dinero”.
El documento que está en nuestras manos, presenta un detalle de los ingresos de cada uno de los miembros de esta familia que desde el poder rearmó y constituyó empresas que florecieron económicamente pero que sobre todo arrinconó a la prensa y a las organizaciones sociales; abusó y corrompió periodistas; enjuició a ex funcionarios, como Mónica Chuji, que los llamó nuevos ricos y fue sentenciada por el juez Wilson Lozada, uno de los empleados judiciales al servicio del régimen.
Las familias Alvarado Espinel, Alvarado Echeverría y Alvarado Recalde, suman decenas de millones de dólares en sus cuentas, no solo empresariales sino personales, aquí los datos. 


Fernando Alvarado Espinel, el ex secretario de comunicación del Estado, registró depósitos y transferencias en su cuenta bancaria (2010-2017) por $240.464. Ese dinero rara vez se usó para pagos diversos como tarjetas de crédito, pensiones educativas o consumo de combustibles y es posible que no haya invitado una cena a sus allegados porque los egresos apenas representaron el 1% anual de ese monto. Su esposa  Alicia Echeverría tiene un comportamiento financiero similar,  sumó en su cuenta,  en 8 años,  $92.628 y gastó apenas  $1.995 en el mismo período de tiempo. Su hijo, Fernando Andrés Alvarado Echeverría, tiene tres cuentas en el banco del Pichincha que entre 2010 y 2017 recibieron cerca de 87 500 anuales ($699 056).

Diario El Universo retrató en 2011 en sus páginas a padre e hijo el día de la boda José Francisco,el hijo que tiene en sus cuentas mas dinero que su padre
Su otro hijo, José Francisco, dueño de Vialmesa, la empresa que acaparó los contratos estatales  de transporte de urea y otros productos agrícolas, recibió en sus seis cuentas bancarias entre 2010 y 2017 $1 371.392. En ese mismo período realizó egresos  por $312 426 y de ese monto $109.000 fueron transferencias a sus mismas cuentas o de su esposa.
José Francisco Alvarado comparte capital accionario en la empresa Jazznsub S.A con su hermano Juan Diego Alvarado Echeverría con ingresos en el mismo período por $551.759.
Daysi Soraya Alvarado Espinel tiene ocho cuentas en el banco del Pacífico que recibieron ingresos por $127026 y gastos en 8 años por $49.103.
Julio César Alvarado Espinel: $610.581 en ocho años y gastos por 204.027, un promedio de $25503 dólares de gasto por año.
Humberto Alvarado Espinel no se queda atrás, en sus nueve cuentas recibió ingresos $1.806.966 (2010-2017); sus gastos en los 8 años fue de $307.705.
El padre de los hermanos, el desaparecido Humberto Alvarado Prado, dejó en sus cuatro cuentas bancarias $112 231. Su esposa, Daisy Espinel Álvarez, recibió depósitos y transferencias entre 2010 y 2017 por $342.035 pero generó gastos por $230.753.
Roldán Vinicio, el parietal izquierdo, cerebro creativo de los hermanos Alvarado Espinel, registró en sus cuentas ingresos por $955.278 y sus gastos (entre 2010 y 2017) fueron $410.445.
La ex esposa de Vinicio Alvarado, Catalina Alexandra Recalde Llauca, en sus dos cuentas bancarias sumaron (2010 y 2017) $1.203.983 y ese mismo tiempo gastó $173.229.
La empresa Arkae en la que Humberto Alvarado Espinel es accionista, mantuvo ingresos (2010-2017) por $ 1.556.980 y egresos por tan solo $134.693. Un  monto muy bajo de gastos o egresos para una empresa. Entre los ordenantes de esta compañía aparece  la constructora Norberto Odebrecht por $136.071.
La empresa Biogenesis S.A. de la que Julio César y Daisy Soraya Alvarado Espinel, junto a Daisy Espinel Álvarez, son accionistas es una de las pocas que muestra un movimiento financiero algo normal: en los ocho años recibió $1.060.449 y mantuvo egresos por $872.443. Al menos $160.000 de esos egresos se direccionó a ellos y las empresas relacionadas.
CREACIONAL
La empresa emblema de los hermanos Alvarado Espinel recibió ingresos entre 2010 y 2017 por $124.626.838, el dinero se repartió en 28 cuentas que la empresa mantuvo en la banca nacional pero los egresos en ese mismo periodo de tiempo fueron de $6.797.197.
El Servicio de Rentas Internas (SRI) reconoce además altos montos por salidas de divisas de Creacional, por ejemplo en 2010 transfirió a Chile, Estados Unidos y Panamá $157.892,31
Al año siguiente, 2011, transferencias a Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos y Namibia por $213.864. En 2013 transfirió $372.849 a 9 países entre ellos México, Estados Unidos, Irlanda, Argentina; el nombre de Namibia se repite.
En 2014 la salida de divisas ascendió a $589.764; a Estados Unidos fue el monto mas alto transferido: $369.587.
A 2015 el monto de salidas de capitales fue $684.302,55. En 2016: $1.233.060 e incluye países como Singapur, Luxemburgo e Irlanda que registró transferencias por $593.879,58
2017 registró  $1.197.748, 48 mientras que en los 7 años analizados apenas registró entrada de divisas por algo mas de un millón de dólares.
Segú la UAFE el principal cliente de Creacional es la multinacional General Motors con  $27.659.222,89. En mayo de 2017 el portal milhohas.is presentó un amplio reportaje sobre el conflicto de intereses entre Alvarado, Creacional y General Motors. La contratación de la empresa de publicidad de uno de los hombres fuertes del régimen de Correa, Creacional de Vinicio Alvarado, parece estar en el corazón del  éxito de la “estrategia empresarial” del Gerente de General Motors Ecuador. https://www.milhojas.is/#.WnE8W2wFiKs.twitter
El mismo portal milhojas junto a ecuadortransparente.org presentaron un detalle de los llamados papeles de Godwin que refiere a los cobros realizados por los Alvarado a las empresas de publicidad del país y el ataque por redes que recibieron los opositores del gobierno https://ecuadortransparente.org/papeles-godwin/
La información financiera revisada incluye a más de General Motors a otra de las importantes contratistas de Creacional: Odebrecht, acusada de corrupción en todo el mundo y que le costó el puesto de vicepresidente a Jorge Glas. Incluye además significativos contratos de los medios públicos como TC televisión y Gamavisión que estaban dirigidos por Fernando Alvarado, ampliando más el conflicto de intereses de la familia en el gobierno de Rafael Correa.

Ricardo Patiño: «El objetivo general es que el NO gane en las preguntas 2,3 y 6»

Durante una reunión con asambleístas y militantes del ala correísta para exponer los lineamientos generales de la campaña por el NO en Guayaquil, el ex canciller Ricardo Patiño, trazó varias de las estrategias, resaltando su énfasis en las preguntas 2,3 y 6, no sin antes reconocer que el aleccionamiento impartido por el anterior régimen a la ciudadanía no ha sido suficiente.
El contenido de la pregunta #2 que se planteará al electorado el 4 de febrero es: ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas una sola vez, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi, y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre del 2015?
La pregunta 3 dice: ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos…?
Y la pregunta 6: ¿Está usted de acuerdo con que se derogue la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de Tierras y Especulación de Tributos, conocida como Ley de Plusvalía…?
En un video que está circulando en redes sociales, Patiño ponderó lo que su organización ha bautizado como la década ganada, mencionando que esa es una fortaleza que no la tiene nadie más. Y luego continuó su alocución denigrando y ridiculizando al presidente Lenín Moreno. Le tachó de no tener nada que presentar a la ciudadanía ni siquiera en el discurso.
Frente a lo hecho por un conjunto de opositores a los que también descalificó, el ex canciller reivindicó supuestos logros de la revolución ciudadana. Pero al mismo tiempo reconoció y lamentó que el gobierno de Rafael Correa no haya podido completar el adoctrinamiento del pueblo ecuatoriano, pese al esfuerzo de una década de sabatinas y estado de propaganda. A eso le atribuye el ex canciller que les esté tomando más tiempo, del que debería, derrocar a Lenín Moreno por su traición. 
En un intento por alentar a su militancia, Patiño aseguró que aún cuentan con el apoyo de sectores populares, como  el suburbio del suroeste de Guayaquil, donde el ala correista de AP hizo un recorrido para promocionar el NO. Sin embargo, admitió que si acudieran a hacer campaña en sectores de clase alta como Samborondón y sobre todo la Isla Mocolí, donde reside el alcalde de Guayaquil Jaime Nebot, enfrentarían el rechazo de la gente. Aunque parece no recordar que varios de quienes fueron asambleístas y funcionarios guayaquileños del Gobierno correísta residen ahora en esas zonas. En cuanto a las preguntas que se plantearán a la ciudadanía en febrero aclaró que si bien la campaña de los correistas será por el NO a toda la consulta, su objetivo central será señalar la inconstitucionalidad, la ilegitimidad y la trampa que supuestamente se encierra en las preguntas sobre la alternabilidad en el poder, la restructuración del Consejo de Participación Ciudadana y la derogatoria de la Ley de Plusvalía.
La lealtad y la traición fueron recursos constantes en un discurso que pretendió ser motivador por parte de Patiño. En esa línea elogió a la militancia correísta, destacando sobre todo la actuación de varios miembros del buró político, como Gabriela Rivadeineira, Paola Pavón y Virgilio Hernández. También agradeció a la bancada correísta de AP en la legislatura por no sucumbir hacia el morenismo.
Estas declaraciones de Patiño se conocen a pocas horas de que se hiciera público un video de su hermano, ex asambleísta y ex secretario de Inteligencia del correísmo, Raúl Patiño,  quien aseguró que sabía que las obras del anterior gobierno se hacían con sobreprecio, pero que les tenían prohibido fiscalizar a los amigos del entonces mandatario, Rafael Correa.

LEA LA TRANSCRIPCIÓN COMPLETA:
“Lo hecho, la década ganada. Esa es una fortaleza que no la tiene nadie más. Lenín Moreno puede hablar las pendejadas que le dé la gana. No tiene nada que presentar (empiezan los aplausos). Es solamente la especulación, la mentira, el show, el espectáculo, los chistes cojudos, eso es lo único que puede presentar porque lo máximo que puede hacer en términos de contenido es contar unos chistes cojudos o pornográficos. O decir cosas para que la gente se ría…
¿Qué nos puede ofrecer Nebot, tal vez a Guayaquil puede decir que ha hecho alguna obra en Guayaquil. Pero a nivel nacional qué puede ofrecer Nebot, qué puede ofrecer Lucio, qué puede ofrecer Bucaram, si no asco. Nosotros tenemos una década ganada. Esa es una de nuestras principales fortalezas.
Lo segundo, qué otra fortaleza? es un pueblo que un nivel de conciencia logró. No podemos decir que tiene un altísimo nivel de conciencia. No, todavía no. Pero allí es en donde el presidente Correa nos ha dicho, es en donde nos faltó trabajar un poco más. A pesar de todo lo hecho, esos enlaces ciudadanos, esos gabinetes itinerantes, por supuesto que eran muy importantes en términos de ir generando conciencia, pero faltó más, faltó más de un trabajo  político desde nuestro movimiento, de un trabajo en las organizaciones sociales para que no hubiéramos tenido que esperar siete meses para esta reacción, si no que al mes ya debía haber estado el pueblo levantado en contra de la traición. Ahí nos ha faltado. 
Pero sí tenemos a un pueblo consciente. Lo dijo hace un momento la querida compañera Gabriela (Rivadeneira). Ayer en la noche hicimos un recorrido hasta muy tarde en la zona del suburbio suroeste de Guayaquil y  también notamos reacción negativa sí, pero yo diría, porque yo iba en la parte de atrás viendo las reacciones que quedan después, diría que un 5% de gente o menos, que decía que estaba en contra, que decía voy a votar sí. Pero la mayor parte de la gente y no de cualquier manera, con altísimo entusiasmo, con mucha emoción, salía de sus casas a decir que estaba con la posición del mashi, estaba con Rafael. Claro, estamos en el suburbio suroeste, no estamos en Samborondón, en la isla Mocolí, donde vive Nebot. Por supuesto ahí nos habrían tirado tomates y cuántas otras cosas. 
Estamos en sectores populares y eso es un elemento fundamental de nuestro proceso que nos puede permitir regresar a tomar el poder. Y a retomar el camino, no es tanto el poder, a retomar el camino.
Luego lo otro también es importante, la militancia. No estamos hablando del pueblo. Lo del pueblo es lo más importante pero es esta militancia compañeros que yo quiero aplaudir, que aplaudamos esta militancia (aplausos),  que se mantiene firme, que no está buscando un puesto, que está buscando un ideal. Esto es fundamental, sin este motor, sin este recurso fundamental no podríamos lograr los resultados y algo clave son los liderazgos que tenemos. Además de la militancia en general nuestra, son determinados liderazgos y entre ellos uno fundamental,  Rafael Correa.
Se me pueden quedar algunos elementos en el tintero, pero esto yo diría que es fundamental.
Quiero que aprovechemos este momento para reconocer un factor clave político de estas últimas semanas, de estos últimos meses que ha sido nuestra bancada legislativa. Quiero pedirle a los compañeros de la bancada que se levanten por favor (aplausos). Felicitarles a ellos. Qué enorme importancia que tiene el trabajo que ellos han hecho, la lealtad, la firmeza. De todo les han ofrecido.
Ha sido muy importante esa firmeza de los compañeros. Insisto, cuántas ofertas, cuántas cosas, cuántas persecuciones y ahí están y es difícil mantenerse así, mantenerse en una situación de esa naturaleza. 
Además de eso pues Gabriela, Paola, Virgilio, todos los compañeros que forman el buró, un equipo de gente que sostiene esto y que es importante.
Estos son elementos de nuestra fortaleza y tenemos que también reconocer la necesidad de hacer una serie de correctivos. Uno de ellos, de los más importantes que es volver a nuestra base. Ese es nuestro principal refugio, nuestra principal fortaleza. Lo que hemos dicho que tenemos en positivo pero que tenemos que ampliar, allá a la ciudadanía. No vamos a convencer solamente a los militantes, tenemos que ir a convencer a la ciudadanía.
Quiero, hasta que llegue Rafael, que está atendiendo una serie de cosas. Ahorita el tiempo de Rafael tenemos que utilizarlo para sacarle todo el jugo posible, en reuniones,  contactos, etc. Quiero presentarles esto que deben trabajarlo en cada una de las provincias también…
Objetivo general: el objetivo que nos debemos de proponer es que el NO gane en las preguntas 2,3 y 6. Esto no quiere decir, y muy bien lo aclaraba Gabriela (Rivadeneira), tal vez no necesito ahondar más, solamente repetir lo que ella decía, nuestra campaña es por el NO a la consulta. Y vamos a  señalar cuáles son las razones: hay clara inconstitucionalidad, es tramposa, hay preguntas que son innecesarias e intentan engañar con las preguntas 2,3 y 6; es ilegítima además porque el pueblo no votó por eso. Hay un montón de razones.
Debemos decir No y un NO  por la traición es muy importante. La gente está harta, incluso hasta la gente de derecha, la gente que no está con nosotros. Yo me he encontrado mucha gente que me ha dicho, “yo de verdad no estoy con ustedes, pero esto de la traición es terrible”. No importa con quién estés pero esto que se traicione es el sentimiento más bajo, no tener capacidad de lealtad con un proyecto o con personas con las que has trabajado con las que te has identificado permanentemente”.

 

Exclusivo: el peculado del Fiscal General


30 de septiembre de 2010, fue el día que marcó el cambio de la democracia en Ecuador. Correa estuvo en real peligro pero supo sacar provecho y fue la pauta para perseguir a culpables e inocentes.

MilHojas.is

La Contraloría General del Estado identificó a Carlos Baca Mancheno, el actual fiscal general del Estado, a Pablo Romero Quezada, exsecretario nacional de inteligencia (Senain) entre otros funcionarios, como autores del presunto delito de peculado. Lo estableció en un informe del 23 de diciembre de 2016 que fue dirigido por el Contralor Subrogante, Daniel Fernández de Córdova, al entonces fiscal general Galo Chiriboga Zambrano, por una serie de irregularidades en la entrega de sueldos y pagos realizados por la comisión que se encargó de la investigación de la revuelta policial del 30 de Septiembre de 2010 (30-S).


Cinco meses después de presentado el informe con indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía, la Asamblea Nacional posesionó a Carlos Baca Mancheno como Fiscal General.  Foto: Fiscalía General del Estado.

La existencia de este examen no fue obstáculo para que el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) y la Asamblea Nacional del Ecuador, posesionaran a Baca como el nuevo fiscal general la nación, el 11 de mayo de 2017, y para que él, en conocimiento del citado informe tomara juramento del cargo. El caso se ha mantenido en silencio e inacción desde hace más de un año por parte del exfiscal Galo Chiriboga Zambrano y del propio señalado, Carlos Baca.

La Comisión 30-S (C30s), creada por Rafael Correa Delgado, en junio de 2013, para investigar los hechos del 30 de septiembre, fue dirigida por Carlos Baca Mancheno junto a Oscar Bonilla Soria, ex subsecretario de la política y Diego Guzmán Espinosa, que en la actualidad lidera a la empresa estatal Seguros Sucre y es familiar de Richard Espinosa, ex director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Iess).


Oscar Bonilla (Oban), Carlos Baca (Cato ) y Diego Guzmán (Waldo), acerrimos correistas que a la llegada del morenismo dos optaron ser funcionales al nuevo régimen y otro siguió fiel a Correa.

El informe de la Comisión 30-S fue clave para judicializar a decenas de ciudadanos acusados de haber participado en un supuesto golpe de estado blando, intento de magnicidio y secuestro del expresidente Rafael Correa Delgado, en la revuelta policial del 30 de septiembre.

El examen de contraloría estableció que “CATO”, “OBAN” y “WALDO”, los sobrenombres que usaron Carlos Baca Mancheno, Oscar Bonilla Soria y Diego Guzmán Espinosa, recibieron sueldos indebidos y solicitaron pagos no justificados a nombre de la C30s por un valor parcial de $ 84.285 dólares, aunque el informe de Contraloría establece un monto total de $ 206.889.  Esta información es parte de un examen especial reservado con indicios de responsabilidad penal a la Secretaría de Inteligencia que la Contraloría General del Estado envió al ex fiscal General Galo Chiriboga el 23 de diciembre de 2016.

El informe establece que Baca, Bonilla y Guzmán recibieron $ 5.500,00 cada uno por concepto de sueldos correspondiente al mes de febrero de 2014, pese a que el decreto ejecutivo 22, emitido por Rafael Correa, estableció que los miembros de la mencionada comisión ejercerían el cargo de manera gratuita.

En 2016, contraloría hizo un análisis a los “fondos públicos permanentes de gastos especiales” de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) y examinó las cifras presentadas por el ex secretario Pablo Romero Quezada, entre el 1 de septiembre de 2013 y el 10 de marzo de 2014.

El informe concluyó que hubo gastos que no fueron debidamente justificados, que se pagó sueldos a personas que no tenía ninguna relación laboral con la institución, que en muchos casos “la información suministrada no es real” porque se pagó a personas que no constaban en el Registro Civil.


Pagos solicitados por Carlos Baca M que según contraloria no fueron justificados

La contraloría señaló que el 4 de septiembre de 2013, se pagó $14.435,50, por concepto de honorarios a varias personas. Estos pagos nunca fueron justificados y a quiénes se les entregó el dinero no formaban parte de la comisión del 30-S. Daniel Fernández de Córdova, contralor subrogante que firmó el examen destaca varios casos, por ejemplo:

El 4 de septiembre de 2013 se pagó $ 1.800,00 por la factura 746, emitida por la empresa GIGatech para el alquiler de un vehículo, el dinero fue retirado por Eduardo Gallegos Enalieva quien no consta en el Registro Civil.

El 13 de septiembre de 2013, Carlos Baca Mancheno, presidente de la Comisión 30-S, solicitó el pago de $ 1.411,80 a favor de Ángel Gabriel Tapia Lomas. La contraloría asegura que esta persona no consta en el Registro Civil y que Baca Mancheno no evidenció cuál era la relación laboral existente entre Tapia y la Comisión 30-S. Cuatro días después se pagó 10.240,39 por “gastos operativos” sin explicar la razón de esos gastos. Contraloría dijo  “que al tratarse de una comisión de investigación no requiere de acciones propias de agentes de seguimiento como uso de combustible, peajes, alimentos en restaurantes, alquileres de vehículos”, adicionalmente la compañía GiGatech presentó la factura 772 por $ 3.300,00 por alquiler de vehículos, a pesar de que su razón social dice que se dedica a otra cosa, por lo que, según contraloría, “no estuvo facultada para prestar el servicio de alquiler de vehículos”.

El 19 de septiembre de 2013, Carlos Baca Mancheno solicitó se le haga dos pagos a una productora representada por Daniel Tapia Daza por $ 3.000,00 y $ 30.000,00 respectivamente, por concepto de procesamiento y facilitación de material audiovisual. Contraloría señaló que Tapia se dedicaba a la entrega de material noticiero, fotográfico y periodístico a los medios de difusión, con el pago mensual de una cuota de 3,96, “por lo tanto su actividad es el servicio de mensajería, razón por la que no estaría en posibilidad de efectuar el trabajo cancelado”.


Cuadro de gastos elaborado por la CGE sobre gastos irregulares realiazdos por la Senain, se detalla los valores gastados por la Comision 30S

El 29 de octubre de 2013 se pagó $1.248,83 a personas que no tenían ninguna relación con la comisión sin que exista documentación que justifique el pago: no hay informe sobre las labores cumplidas por estas personas. El 18 de diciembre de 2013, nuevamente se emiten pagos por $ 2.965,06 a personas que no tenían vinculación laboral con la C30s.

El 24 de enero de 2014, se realizó el pago de $ 2.954,25 por “digitalización de archivos” sin que se justifiquen esos pagos. El servició lo prestó la empresa Entrepreneur Inc., sin embargo, el pago se hizo a la empresa Total Tek como señala la factura 10231 presentada por esta compañía por venta de equipos informáticos, “lo cual no tiene relación con el concepto de egreso”, dice la Contraloría.

Contraloría señala que el 28 de febrero de 2014, “mediante solicitud de fondos N° 231” y el 7 de marzo de 2014,  mediante solicitud 007, se efectuó el pago de $ 16.500,00 a los miembros de la Comisión 30s, por concepto de sueldos correspondientes al mes de febrero de 2014, con un monto de $ 5.500,00 para cada uno. Los beneficiarios fueron “WALDO”, “OBAN” y “CATO”, seudónimos que corresponden a Carlos Baca, Oscar Bonilla y Diego Guzmán; hecho que se contrapone al decreto ejecutivo 22, emitido por Rafael Correa en junio de 2013, que establece que los miembros de la Comisión 30-S “ejercerán el cargo de manera gratuita”. Dice contraloría: “habiéndose provocado por parte del Secretario de Inteligencia una disposición arbitraria de fondos provenientes de gastos especiales al autorizar el pago de los sueldos para los miembros de la Comisión 30-S”.


Detalle de los sueldos de febrero de 2014 de los miembros de la Comisión 30-S

El 24 de octubre y 5 de diciembre de 2014, la contraloría solicitó a Carlos Baca Mancheno, presidente de la comisión, justificar las observaciones encontradas, este respondió que la C30s “no manejó gastos especiales, así como tampoco solicitó ni recibió la asignación de fondos de gastos especiales, y menos dispuso de gasto o pago con recursos de esa naturaleza-ni de ninguna otra- correspondientes a la Secretaría de Inteligencia”.

La Contraloría en su informe concluye que “no corresponde la afirmación” de los miembros de esa comisión “ya que fueron beneficiarios del pago injustificado de los sueldos del mes de febrero de 2014 por sus actividades desempeñadas en la Comisión”. El organismo de control señala directamente a Carlos Baca Mancheno de ser la persona que solicitó valores a la Secretaría de Inteligencia para efectuar varios pagos, en los que “no adjuntó la documentación de sustento de dicho requerimiento”.


Imagen histórica, Correa en pleno espectáculo pidiendo que lo maten, incapaz de comprender su situación particular  y el contexto social que enfrentó el pais.

La contraloría dijo que la C30s no formaba parte del Sistema Nacional de Inteligencia “razón por la que no correspondía la asignación de gastos especiales”.

Baca aseguró que los gastos para financiar las actividades de la comisión estuvieron a cargo de la Secretaría”, señaló además que los documentos de respaldo de los pagos efectuados debían ser requeridos a la Secretaría de Inteligencia pues esta era la autoridad autorizada del gasto.

El informe de Contraloría -además de los gastos de la comisión- analizó las operaciones Caminito, Primavera, Troyano y Goliat efectuadas por la Senain. Caminito por ejemplo fue un proyecto de identificación de vulnerabilidades de las altas autoridades del país y de seguridad electrónica de las instituciones del Estado (en realidad creían que hackers harían daño a la infraestructura tecnológica del Estado). Contraloría determinó que se realizó un pago a un ciudadano español, Eduard Soler, por $ 41.500 por concepto de compra de información. Los pagos se realizaron en Montevideo, Uruguay pero resultó que Soler no existe y ello fue certificado por la embajada de España. “Es posible establecer que el pasaporte que sirvió como identificación de la persona que recibió el dinero en calidad de infórmate no es real y por lo tanto no existe la certeza de que el monto entregado a cambio de la información de carácter secreta que motivó la realización de la operación Caminito tenga el debido sustento considerando que no se ha evidenciado resultados”.

El proyecto Troyano implicó un seguimiento exhaustivo de Francisco Latorre Salazar, amigo personal de Rafael Correa que relacionado con personas vinculadas al narcotráfico. El proyecto Primavera implicó la supuesta capacitación de funcionarios de la Senain con polígrafos, pero se identificaron gastos fuera de ese rubro.

La llamada operación Goliat se relacionó a gastos del caso Chevron: compra de información sobre supuestas amenazas contra la Secretaría de Inteligencia, pero se identificó que se trató de versiones que no condujeron a ningún resultado no se identificaron amenazas.

2017, la trama de un país en vilo


12 de junio de 2017, primera y última foto antes de la ruptura;  de ese grupo solo José Serrano se alineó a la propuesta del presidente Lenin Moreno.

Este fue un año de cambios, una década de gobierno autoritario y personalista llegó a su fin para dar paso a un nuevo régimen que nació en medio de dudas y suspicacias sobre su real aceptación en las urnas. El anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE) del triunfo en los comicios presidenciales del binomio oficialista de Lenín Moreno y Jorge Glas se vio oscurecido por las acusaciones del binomio opositor, integrado por Guillermo Lasso y Andrés Páez, de un presunto fraude electoral.
La percepción general era que el gobierno de Moreno iba ser la continuación de Rafael Correa, donde el nuevo presidente sería un títere. La resistencia de Rafael a dejar de gobernar se evidenció cuando aún antes de dejar el poder estableció las 56 "acciones inmediatas" que su sucesor Lenín Moreno debía realizar los primeros 100 días de su gobierno.
Moreno inició su gestión el 24 de mayo de 2017. De pronto, la lucha contra la corrupción pareció destrabarse en Ecuador.  El 2 de junio, se ordenó el allanamiento a las residencias de Ricardo Rivera, tío del Vicepresidente reelecto Jorge Glas y de Carlos Pólit Faggioni, quien en ese momento era el Contralor General del Estado. Ambos estaban involucrados en el más sonado escándalo regional, el de  Odebrecht. Advertido, Pólit había dejado el país aduciendo razones de salud. Estos eventos tomaron por sorpresa a un país acostumbrado a la impunidad de los poderosos, más aún en un supuesto régimen de continuidad.
El 20 de junio, Moreno llamó a un gran diálogo nacional y conformó cinco mesas temáticas. Este era otro giro inesperado en medio de una práctica política en que el disenso era perseguido.  El presidente también anunció que sus ministros acudirían a los medios de comunicación para informar sobre su gestión y firmó cuatro indultos en favor de cuatro dirigentes sociales de la provincia de Pastaza, quienes participaron en las protestas del 13 de agosto del 2015, en medio de  un paro nacional convocado por el movimiento indígena.
Con cientos de presos políticos por un régimen que penalizaba la protesta, cuatro indultos, si bien insuficientes, se veían como un gesto simbólico.
Menos credibilidad tuvo su decisión de integrar un Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. En Ecuador ya existía una Comisión Nacional Anticorrupción (CNA)  independiente del gobierno y perseguida por las autoridades durante el correísmo. En esas circunstancias, que el Ejecutivo quisiera nombrar su propio frente “anticorrupción” en lugar de generar la señal de voluntad política para combatir la corrupción despertó suspicacias en todos los sectores. Además, cuando se trató de definir el ámbito de acción del Frente, quedaron claros sus límites: no realizarían investigaciones propias sino que iban a hacer seguimiento de las investigaciones que realicen los entes de control.
Moreno cumplió su primer mes en el poder con una popularidad del 70%, pero sus primeras medidas le granjearon un inesperado contradictor, el expresidente Correa quien asumió la independencia de Moreno como una afrenta y lo criticó públicamente por su política de acercamiento en su espacio de opinión en el diario gubernamental El Telégrafo y en redes sociales.

Moreno recibió la banda presidencial de Rafael Correa el 24 de mayo de 2017  y lo despidió como el líder más importante del país, seis meses después la rúptura entre ellos es casi total, pero el presidente no ha renunciado a los principios de PAIS.

Correa, quien ofreció no sólo retirarse de la política sino partir del país para acompañar a su familia en Bélgica, intentó mantenerse vigente ante la opinión pública y mantuvo parte del Troll Center que manejaba durante su presidencia para perseguir a periodistas, activistas y políticos opositores. Ya fuera del cargo asignó a sus "guerreros digitales" la misión de averiguar y exponer quiénes son, dónde viven, dónde trabajan quienes lo adversaban en redes sociales.  Pronto el Presidente Moreno se convertiría en el objetivo central de los “guerreros digitales”.
La compleja herencia económica del correísmo después de años de corrupción, falta de transparencia y ausencia de rendición de cuentas, generó el siguiente frente de contradicción entre Moreno y Correa.  Al referirse al estado de las finanzas públicas y el impacto macroeconómico de la administración anterior, Moreno dijo: “no hay tal mesa servida, esa es la pura y neta verdad. La condición económica de Ecuador es muy difícil”.
Al presentar la proforma presupuestaria del 2017, el presidente Moreno, profundizó sus críticas al manejo económico de su antecesor. El 28 de julio en declaraciones hechas en cadena de radio y televisión, el presidente responsabilizó a Correa de poner al límite la sostenibilidad de la economía con los niveles de endeudamiento. En la misma cadena se empezó a revelar las verdaderas cifras de la deuda pública del Ecuador, confirmando las advertencias de periodistas especializados, opositores y académicos en el sentido de que esta era mucho mayor, alrededor del doble de lo que Correa admitía.  Pocos días antes, el Ministro de Hidrocarburos confirmaba las denuncias de corrupción y mal manejo en el sector petrolero.
El enfrentamiento entre Moreno y su predecesor se calentó en medio de un progresivo ambiente de desconcierto entre la oposición y las organizaciones sociales y empresariales que no estaban seguros de si se trataba de un enfrentamiento real o simulado.  Ante la acusación de Correa que lo calificó como traidor al proyecto político de Alianza País, el presidente contestó: “De a poco la gente dejará su “comportamiento ovejuno y va a empezar a respirar esta libertad nueva…”.
El 3 de agosto de 2017 el cisma político se precipitó cuando a partir de la aparición de unos audios que involucraban de manera comprometedora al vicepresidente Jorge Glas con el escándalo de sobornos de Odebrecht que estaba ya siendo investigado por la Fiscalía, Lenín Moreno tomó la decisión de retirarle todas sus funciones. Hasta ese momento, Glas coordinaba el Consejo Sectorial de la Producción.

2013: Correa y Glas consolidaron un poder sin parangón en la historia del Ecuador, cinco años después es imposible sostenerlos políticamente

Ese mismo día, la Fiscalía abrió un proceso por otro caso de corrupción donde también estaba involucrado el Vicepresidente. La base para esta investigación fue un informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal en contra de Glas y otros funcionarios públicos y empresarios privados, por la adjudicación de un campo petrolero en 2012. Glas contraatacó publicando un comunicado en el que criticó a Moreno por un supuesto pacto con grupos de oposición. También lo acusó de manipular las cifras económicas del gobierno de Correa para justificar eventuales medidas económicas con impacto social.
El 29 de agosto, el juez Miguel Jurado aceptaba la petición del fiscal Carlos Baca Mancheno, vinculando  judicialmente a Glas en el proceso en su contra por asociación ilícita en el caso Odebrecht.  Un mes después se hizo pública la delación de José Conceição Santos, ejecutivo de la constructora brasileña, que le involucraba inequívocamente en el entramado de corrupción de Odebrecht.  Esta habría sido la razón por la cual el Fiscal Baca Mancheno, hombre leal a Correa que había buscado proteger a Glas, no tuviera más remedio que involucrarlo en el proceso.  En su delación Santos dijo que Jorge Glas le pidió un millón de dólares para la campaña electoral.  Santos afirmó además, que el Vicepresidente conocía del pago de coimas a su tío Ricardo Rivera, quien fue detenido en julio. Citó también presuntos sobornos para obtener contratos en proyectos hidroeléctricos como Manduriacu, Trasvase Daule-Vinces, entre otros. El delator aseguró que la suma de esos peajes para Glas, a través de su tío, fue de $ 16 millones.
Si bien Moreno parecía estar buscando consistentemente distanciarse de Correa, después de diez años de gobierno controlando todos los poderes del Estado, este había dejado una camisa de fuerza institucional y funcionarios en los puestos claves de justicia, fiscalización y control haciendo prácticamente imposible maniobrar de manera independiente.
Por ello, las primeras advertencias de convocar a una consulta popular aparecieron en la jugada gubernamental: “acudir a la voz y a la voluntad del pueblo si alguien quisiera obstruir la verdad o poner en riesgo la institucionalidad del país”, dijo Moreno en un enlace semanal a finales de agosto.  Esta primera mención del tema lo hizo en medio de un discurso de lucha contra la corrupción.
Esta era una propuesta de la oposición ante el callejón sin salida que significaban autoridades de control y justicia (incluyendo Fiscal General), cuya tarea por años fue blindar a los altos funcionarios responsables de la corrupción y perseguir judicialmente a quienes  los denunciaban.  Escándalos internacionales como los de Panama Papers, Odebrecht, Cardno/Caminosca pusieron en indiscutible evidencia la actuación de un aparato institucional que monolíticamente estaba al servicio de la impunidad.
A partir de ello el primer mandatario instaló la discusión sobre los temas que deberían ser parte de la Consulta. Invitó a la ciudadanía a enviar a su despacho las preguntas que le gustaría que se consulten al país y anunció que el 2 de octubre presentaría la propuesta oficial del contenido de las preguntas que envió a la Corte Constitucional.
En efecto, en esa fecha dio a conocer las siete preguntas que se relacionan con el combate a la corrupción, la reorganización del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la reelección indefinida, la ley de plusvalía, el Yasuní, la minería y la no prescripción de los crímenes contra niños, niñas y adolescentes son los temas que ingresaron en la consulta popular.
El mismo 2 de octubre el fiscal general de la Nación, solicitó al juez de la Corte Nacional de Justicia, Miguel Jurado, la prisión preventiva para Jorge Glas y su tío, Ricardo Rivera. Además pidió la prohibición de enajenar bienes y la retención de cuentas en contra del segundo Mandatario.
El distanciamiento y confrontación entre Moreno y la cúpula de Alianza País fue en aumento, mientras en el marco de llamado al diálogo nacional el mandatario siguió sumando respaldos de organizaciones como la Conaie, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y otros frentes como Centro Democrático, Coordinadora de Organizaciones Sociales y Compromiso Ecuador que incluso alcanzaron representación en el gabinete ministerial. No han faltado líderes de partidos de derecha y centroizquierda que le han dado un voto de confianza, aunque unos con más reservas que otros.
Luego de que venció el plazo de la Corte Constitucional para dictaminar la constitucionalidad de las siete preguntas de la consulta popular el Ejecutivo, amparado en los decretos 229 y 230, hizo la convocatoria bajo la interpretación de que se entiende que el dictamen favorable aunque no haya sido algo expreso.

Nubia Villacís cumplió su sueño de dirigir el CNE y el proceso electoral que puede enterrar el correísmo. 
El Consejo Nacional Electoral, acogió el pronunciamiento del Ejecutivo e inició el proceso de preparación de la Consulta Popular.
La respuesta del correísmo no se hizo esperar: El 31 de octubre resolvieron separar a Lenín Moreno de la presidencia de la organización con 9 de 32 votos de la directiva.  En noviembre, el Presidente del CNE, el cuestionado Juan Pablo Pozo, renunció a su cargo luego de que se incrementaran las críticas ciudadanas y de la oposición a que él estuviera al frente de este proceso.
“El Mandatario, en cambio, presentó una medida cautelar al Tribunal de Garantías Penales, que a su vez emitió una comunicación al CNE para que deje sin efecto las resoluciones y cualquier tema que se derive de lo que ocurrió el 31 de octubre. Además  Mary Verduga, miembro del Comité de Ética de PAIS, que también había sido separada, suspendió a la directiva”. Cuando esta maniobra fue desconocida por la autoridad electoral amenazaron con crear una nueva fuerza política.
Si bien Moreno consolidó apoyo en su lucha por salir del “correísmo”, sus iniciativas económicas generaron muchas dudas.  El envío a la Asamblea Nacional de un proyecto de Ley Orgánica para Impulsar la Reactivación Económica con el carácter de urgente generó tensiones en el sector empresarial que se sintió burlado porque no reflejaba lo conversado en las mesas de diálogo impulsadas por el régimen. Incluso las autoridades de comercio de Estados Unidos se pronunciaron sobre el proyecto de ley de reactivación económica. Una misiva en la que se expuso la preocupación por la ley para la reactivación económica fue enviada el 7 de diciembre pasado por el representante Adjunto de Comercio de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, John M. Melle, al ministro de Comercio, Pablo Campana. En ella se advirtió que el Gobierno ecuatoriano debe cumplir con sus obligaciones en materia de comercio internacional e inversión suscritas en el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Y en esos acuerdos Ecuador se comprometió dar acceso a las empresas que brinden los servicios de análisis y referencia de crédito.
El proyecto contenía reformas a cinco leyes y cuatro códigos orgánicos relacionados con la producción, el comercio y los ámbitos tributarios, de planificación, monetario y financiero. Se cuestionó que la normativa en vez de eliminar impuestos, para incentivar la producción, aumente tributos y aranceles. En su defensa, Moreno volvió a observar que no hubo tal mesa servida en la economía y que por ello se vio obligado a plantear estas reformas. Sin embargo, el presidente retrocedió en algunas de estas propuestas y la Asamblea también introdujo un 40% de modificaciones al planteamiento original. El presidente utilizó su poder de veto sobre algunas de las modificaciones.

La imprevista publicación de un audio en que Eduardo Mangas aseguró que todas las denuncias de corrupción eran reales puso fin a su cercanía en Carondelet con el presidente Moreno
De vuelta a lo política, la filtración de un audio de Eduardo Mangas, uno de los funcionarios más cercanos del presidente Moreno, generó dudas en el país sobre la intención del nuevo gobierno por recuperar la institucionalidad  democrática. Mangas, un nicaragüense, quien ha acompañado a Moreno en Ginebra desde que este se desempeñaba como enviado especial de la ONU para temas de discapacidad, fue hasta el pasado 11 de diciembre el secretario general de la Presidencia.
El audio de 36 minutos de duración fue publicado por el portal Focus y viralizado en redes sociales. En él se escuchaba a Mangas, minimizando el proceso de diálogo nacional iniciado por Moreno, aludir al cisma en el movimiento de gobierno: “Gente como Vinicio Alvarado, Doris Solís, Ricardo Patiño, pensaban que Lenín tenía que pedirle autorización para gobernar a Correa…En Bruselas tiene (Correa) tres personas pagadas por nosotros asistiéndolo y un equipo de seguridad pagado por nosotros. Y todavía todo su entorno funciona con el apoyo nuestro y se lo vamos a mantener”. Y admitir el rol que habían tenido en el encubrimiento de la corrupción: “Rafael y otros sabían, siempre supieron, que todo lo que denunciaban la Comisión Anticorrupción y Villavicencio, era verdad, las denuncias eran ciertas”.
Mangas no negó ser quien menciona estas cosas, pero aseguró que “sus declaraciones fueron sacadas de contexto y que no corresponden a la posición del presidente de la República, Lenín Moreno”.
Pese al resquebrajamiento del movimiento oficialista que tiene la mayoría legislativa, la actuación de las facciones en la Asamblea Nacional también enviaron señales confusas. Las denominadas alas correísta y morenista han votado o actuado juntas en temas delicados, usualmente impidiendo pedidos de la oposición de rendición de cuentas en temas de corrupción o violación de derechos.  Entre las facciones todavía opera un espíritu de cuerpo que sólo se ha roto en contadas ocasiones.

Ante el audio de Mangas, el ala correísta se sumó a la oposición y con el voto de 72 legisladores se aprobó la comparecencia del funcionario para que explique a la Asamblea el contenido del mencionado audio. Pero la sesión nunca se realizó porque los mismos votantes del oficialismo la dejaron sin quorum. Seis días después el Mangas renunció a su cargo.
No sólo fueron las declaraciones de Mangas las que pusieron en entredicho las verdaderas intenciones del régimen, sino la permanencia en el gobierno de figuras clave del correísmo.  El apoyo de Lenín Moreno a personajes como Richard Espinosa, cuestionado por manejos corruptos de los fondos de la seguridad social, la continuidad del equipo económico correísta incomodan por igual a sectores de trabajadores y del empresariado.  La permanencia en el cargo del director de la Secretaría Nacional de Inteligencia, Romy Vallejo, responsable del ilegal espionaje y persecución de periodistas, activistas y figuras de la oposición ha sido visto como una señal de que el nuevo gobierno quiere refuncionalizar a su favor parte de la antidemocrática institucionalidad correísta.  A esto se suma el control que aún mantiene el Gobierno sobre el mayor oligopolio de medios de comunicación del país. Las denuncias de malos manejos administrativos y financieros por parte de las autoridades del Gobierno saliente llegaron también a los medios incautados. En sendos informes de la Contraloría General del Estado se ha registrado millonarias pérdidas para TC Televisión y Gama TV, canales incautados a los ex banqueros Isaías y que en la administración correísta han sido prácticamente quebrados.
Las omisiones en los temas excluidos en la consulta generan las mismas suspicacias.  Pese al tenor conciliador de Lenín Moreno la Ley de Comunicación, que viola gravemente la libertad de prensa y expresión continúa intocable y la figura del Superintendente de Comunicación no desaparecerá, aunque una reciente actuación de la Contraloría puede provocar la salida a quien ha detentado el cargo desde su creación y se convirtió en el rostro de la censura en el Ecuador: Carlos Ochoa. ( La Contraloría, que ha emitido una predeterminación de responsabilidades civiles y administrativas, que implica glosas por US$115,811, una multa por US$7, 320 y la sanción administrativa de destitución de su ejercicio laboral contra Carlos Ochoa. La sanción se originó cuando se desempeñó como director nacional de Noticias. Si Ochoa no desvanece estos cuestionamientos cuentas, en sesenta días podría ser destituido del cargo).
Pese a esto, Ochoa quiere cumplir su papel de censor hasta el final: La  Supercom sancionó a TeleAmazonas con el 10% de su facturación en el último trimestre equivalente y la obligación de pasar una réplica solicitada por el Superintendente de Comunicación en 72 horas.
La sanción se origina en una entrevista realizada el pasado 14 de noviembre a la asambleísta de CREO Lourdes Cuesta, sobre el accionar de la Superintendencia de la Información y Comunicación desde su existencia. La legisladora es también proponente de una nueva Ley de libertad de Expresión. La Supercom pidió una réplica, con el envío de una grabación del superintendente Ochoa, que exigía se reproduzca, pero el canal no aceptó exhibir la grabación de la Supercom por considerar que se trataba de imponer un contenido y propuso una entrevista en el mismo espacio.
Analistas y expertos cuestionaron duramente la actuación de la Superintendencia por actuar como juez y parte en el proceso.
“Se acabó el miedo” ha sido la frase repetida ante esta situación por los directivos y el abogado del canal, que presentó una acción de protección a la sanción emitida por la Supercom, con el fin de evitar que se les obligue a pagar la multa de más de $200 mil y a transmitir un video de cerca de 7 minutos de réplica enviado por Carlos Ochoa. Este 27 de diciembre la jueza Lucila Gómez ordenó que el superintendente Ochoa presente disculpas públicas al canal en un plazo de 72 horas. De esta manera, la resolución de la Supercom que contenía la multa a TeleAmazonas quedó anulada.
Pero, la Superintendencia anunció que apelará la decisión de organismo judicial.
El año concluye con dos sucesos impensables en el 2016: El primero, la condena a 6 años de prisión del Vicepresidente Jorge Glas y su tío Ricardo Rivera en el juicio que por asociación ilícita inició en su contra la Fiscalía General el 24 de noviembre de 2017. Los jueces además pidieron a la Fiscalía que inicie y continúe en los casos que así lo ameriten procesos penales debido a que se han identificado 8 delitos adicionales sobre los cuales deberá investigarse a Glas, quien ha estado privado de libertad desde el pasado 2 de octubre.
Con ese fallo se abre la expectativa de que Jorge Glas pierda el rango de vicepresidente de la República ya sea porque el 2 de enero se prevé que concluya el plazo para declarar el abandono del cargo o como resultado del juicio político cuyo trámite ya se inició en la Asamblea.
El segundo suceso, la denuncia presentada por Correa y Ricardo Patiño ante la Organización de Estados Americanos contra el gobierno de Lenín Moreno por “alteración del orden constitucional que altera gravemente el orden democrático en el Ecuador”.[1] A más de la ironía de que quien atropelló constantemente la Constitución, lesionó la institucionalidad democrática del país eliminando contrapesos, transparencia, rendición de cuentas, quien instrumentalizó la justicia para blindar la corrupción y perseguir el disenso presente una denuncia de esta naturaleza hay que recordar que Correa ha sido un detractor de la OEA y sus instituciones.[2] Lo que ha llamado la atención de la ciudadanía es la celeridad del Secretario General, Luís Almagro, para admitir a trámite esta denuncia.[3]
Por otra parte, si bien el proceso contra Glas sienta un importante precedente respecto a posteriores sanciones y sentencias por decenas de procesos de corrupción protagonizados por el correísmo, no hay que perder de vista que la estructura de la corrupción se mantiene intacta, no se han impulsado y peor concretado reformas legales ni institucionales que den la pauta hacia cambios significativos en el combate a este flagelo. Además, algunos de los actores clave de la corrupción e impunidad, han optado por cambiar su lealtad hacia el nuevo mandatario esperando no tener que rendir cuentas por sus acciones.
La corrupción ocupa el segundo lugar entre las preocupaciones de los ecuatorianos. El desempleo lidera ese ranking y luego está la crisis económica, por lo tanto estas tres materias son los retos que deberá enfrentar la gestión de Moreno luego de la Consulta.
Además está por verse si estamos ante un retorno a instituciones democráticas o ante una re funcionalización del autoritarismo con un rostro, de momento, más afable. Los nombres filtrados de la posible terna apuntan al escenario menos auspicioso.