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Mes: marzo 2018

LA MANO DE THANIA MORENO EN EL CASO PASES POLICIALES


Thania Moreno ha sido señalada como la fiscal que construyó un escudo a favor de José Serrano Salgado. Su oportuna llegada a la fiscalía de Pichincha cambió por completo la teoría del caso “Pases Judiciales”, que involucró de decenas de altos funcionarios y policías. Fue posesionada el mismo día de la audiencia preparatoria del juicio y sin que tercie protocolo alguno sacó del caso en plena audiencia al fiscal Wilson Toainga y desisitió de acusar al ministro del interior de ese entonces José Serrano.
Noviembre de 2016, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia condena por delincuencia organizada al ex comandante de policía Fausto Tamayo  y otro número de oficiales; la investigación fiscal dejó fuera a la ex secretaria particular del ex presidente Corra, Mariana Pico, así como al entonces ministro del Interior, José Serano
El funcionamiento del caso pases se basó en la conformación de un grupo de Inteligencia, cuyos integrantes visitaban los repartos policiales para identificar a los uniformados que requerían irse a otra localidad.?A ellos se les ofertaba los cambios. Los policías que aceptaban tenían que depositar el dinero en las cuentas de otros agentes, quienes eran los recaudadores. 
Las denuncias por el montaje de una red para cobrar hasta $1.500 a cada policía que buscaba cambiarse de una ciudad a otra llegaron a la Fiscalía en el 2015. Pero ¿cómo la asignación de pases en la Policía se convirtió en un organizado sistema de cobros con ingentes ingresos para sus beneficiarios?
La investigación se inició en enero de 2015 con 27 personas indagadas. Desde entonces cuatro ex policías han sido sentenciados, cinco fueron absueltos y dos tuvieron un dictamen mixto.Esos montos al final presuntamente eran entregados al teniente Alexis Cifuentes, pero, ¿cómo un oficial, con rango de teniente, pudo haber tenido tanto poder para ubicar incluso a sus generales superiores en las plazas por las que pagaban, sin tener el aval de un actor de jerarquía superior en la línea de mando de la Policía Nacional?
El sistema de pases que rigió hasta 2011 otorgaba al Comandante General de la Policía y al área de recursos humanos analizar y tramitar los pases, pero esa facultad se modificó con el Acuerdo Ministerial 2405, del 7 de noviembre de ese año.
Sobre esta base legal se integró una Comisión Técnica de Pases con el viceministro de Seguridad Interna del Ministerio del Interior (quien la presidía), el inspector general de la Policía Nacional, el director general de personal, un asesor de seguridad del Ministerio del Interior (designado por el ministro), el suboficial más antiguo de la Policía Nacional y un representante de los clases y policías.
Las atribuciones que tenía la comisión apuntaban a los trámites de autorización de pases, delegaciones, comisiones, cursos y otras actividades profesionales de la policía que impliquen traslados.
Pero las irregularidades que se daban en la práctica ya empezaron a ser investigadas por la fiscalía.  El primer hito que marca el inicio del caso pases policiales arrancó con una indagación previa en enero de 2015.
El cabo Milton Albacura, miembro de la Dirección Nacional de Inteligencia, DGI, emitió un parte policial que mencionaba la existencia de una red de corrupción en la policía, liderada por alguien denominado "El duro".
Este documento sirvió de base para que el teniente Marco Paredes Aldaz, jefe de la Unidad Judicial de la DGI, pida al fiscal provincial de Pichincha, Wilson Toainga, el inicio de una indagación previa. Thania Moreno entró en escena, pues fue la fiscal especial asignada para el caso.
El caso pasó casi desapercibido hasta que el 1 ero de julio de 2015 cuando el entonces ministro del interior, José Serrano, en su cuenta de twitter apareció ante la opinión pública como el denunciante de los ilícitos : "Urgente, hemos encontrado red de corrupción de pases (traslados d un lugar a otro) de nuestros Policías, esto es intolerable y bochornoso" (sic).  Se trató de una jugada que pretendía capitalizar para sí lo actuado hasta ese momento por la Fiscalía.
Y luego el 3 de julio de 2015 Serrano informaba también vía twitter que el Comandante General de la Policía, Fausto Tamayo había presentado su renuncia tras el inicio de una investigación administrativa por supuestos actos de corrupción en pases policiales.
Este tweet del entonces ministro se difundió mucho después de que la fiscalía vinculó a Tamayo dentro del delito de delincuencia organizada, disponiendo también su prisión preventiva y la prohibición de enajenar bienes, según se constata en un comunicado de prensa emitido por el mismo Ministerio del Interior. (http://www.ministeriointerior.gob.ec/fausto-tamayo-recibe-prision-preventiva-en-caso-de-corrupcion-por-pases-policiales/)
Una denuncia formal del caso fue presentada por el Ministerio del Interior ante la Fiscalía 17 días después. 
Observamos lo extraño de las acciones de Serrano que, seis meses después de que fiscalía concluyera la etapa de indagación, hizo públicos los hechos en un trino como si se tratara de su descubrimiento. Poco después Serrano se justificó y dijo que la estructura de corrupción de pases en la policía ya existía desde hace dos décadas y que era la nueva red, que funcionaba desde 2014, la que él denunció. Pero esto solo confirmaba que, con los cambios que este mismo funcionario lideró, la estructura de corrupción no solo continuó sino que empeoró.

El caso estrella dorada implicaba el análisis de un promedio de 2.000 a 3.000 pases al año pero en 2015 la cifra llegó hasta los 5.000 pases. Casi un año después de iniciadas las investigaciones, el 29 de diciembre del 2015, se instaló la audiencia de formulación de cargos, en la cual la fiscalía acusó a 19 policías en servicio activo de ser parte de una presunta estructura delincuencial. Entre ellos constaban los tenientes Alexis Cifuentes, quien lideraba la red, junto a Ernesto Montenegro, quien visitaba las provincias para identificar las necesidades de los miembros policiales y gestionar los pases a cambio de un pago. No se mencionaba al general Fausto Tamayo.
Los pagos iban entre $1.000 y $1.500, de acuerdo con la tesis de la Fiscalía.  Este esquema había funcionado entre octubre del 2014 y julio del 2015. Según las investigaciones de la fiscalía, la red habría negociado 1.309 pases por un monto de alrededor de $6 millones. Las diligencias en el caso continuaron bajo la tutela del Fiscal provincial Wilson Toainga. El aparece hasta el 15 de abril de 2016 cuando se realiza la reconstrucción de los hechos en restaurantes del Centro Histórico de Quito, cuarteles policiales y viviendas para conocer el listado de los aspirantes a los pases.
Para el 9 de mayo de 2016 Toainga ya no investiga en el proceso y Serrano sale de la teoría del caso, una vez que Thania Moreno fue designada como Fiscal Provincial de Pichincha.
Dos ex policías, Ernesto Montenegro y Luis Carrera fueron condenados a ocho meses y cuatro días de prisión tras acogerse al proceso abreviado dentro del proceso de delincuencia organizada. En las cuentas personales del primero y en las de su esposa, se encontró dinero.
El 15 de septiembre de 2016 el excomandante de la Policía Fausto Tamayo, en sus declaraciones dentro del juicio implicó a varios funcionarios del ejecutivo, de la Fiscalía General del Estado y de la Asamblea Nacional, así como a Pierina Correa, hermana del ex presidente, Rafael Correa, sobre quien aseguró que lo visitó tres veces solicitando pases.
La fiscal Moreno refutó tal aseveración indicando que los funcionarios pueden pedir pases y Pierina Correa lo hizo como Fedeguayas. Pero Tamayo no paró ahí. Aseguró también que el ex ministro del Interior, José Serrano, conocía de los listados que el teniente Ernesto Montenegro enviaba a la comandancia general de la Policía pidiendo los pases. También dijo que parte del dinero recaudado por la venta de pases fue al ministerio del Interior y a concentraciones de Alianza PAIS.
Serrano desestimó estas aseveraciones y en rueda de prensa mostró 350 documentos de funcionarios y personas que solicitaron pases en la Policía Nacional, entre ellos el asambleísta de oposición, Andrés Páez, en junio de 2004.
Otro detalle importante de la audiencia del caso fue cuando la defensa de Tamayo, desistió el 16 de septiembre de 2016, de convocar a sus testigos debido a información que circulaba en las redes sociales sobre la presidenta del tribunal judicial que lleva el proceso. Se refería a un tweet sobre la afiliación de la jueza Inés Maritza Romero al movimiento Alianza País.
El mismo día que Serrano intentaba desmarcarse de los ilícitos de los que le acusaban, en su testimonio el policía Alexis Cifuentes, arremetió contra el entonces ministro del Interior, asegurando que llevaron a su madre hasta el despacho del funcionario, donde él y la fiscal del caso Thania Moreno, le habían ofrecido beneficios en su proceso a cambio de que se declarara culpable.
Según diario Expreso, Serrano reconoció que habló con la madre del acusado. Quería que envíe un mensaje a su hijo: “que se entregue, que facilite las investigaciones porque podría beneficiarse”. http://www.expreso.ec/actualidad/acusado-dice-que-es-el-chivo-expiatorio-GH696080
Un elemento clave dentro del proceso fue el informe DAAC-0032-2017 en el que la contraloría evaluó la gestión de la Comisión Técnica de Pases, entre el 1 de octubre del 2012 al 31 de diciembre del 2015. Entre sus conclusiones consta que “existieron actos negligentes de los miembros de la Comisión, y de quien la presidía, pues se realizaron pases sin la autorización previa por parte de la Comisión Técnica (…) que ocasionó que se ejecuten movimientos del personal policial al margen del Reglamento de Designación, Pases y Traslados de Personal Policial y del Acuerdo 2405, ya que al establecer procedimientos para implementar la autorización de los trámites mencionados (pases) no detectaron inconsistencias e irregularidades, como el caso de 4.700 pases, que se ejecutaron sin documentación de respaldo o justificativos que demuestren el cumplimiento de los requisitos reglamentarios….Estos fueron soportados solo con partes informativos suscritos en su mayoría por el jefe de la Sección de Designación, Pases y Traslados de la Policía”.
La Contraloría determinó también que "los miembros de la Comisión Técnica, los directores de personal y los jefes de procesos de designación, pases y traslados que actuaron entre el 1 de octubre del 2012 y el 21 de julio de 2015 inobservaron normas contempladas en el Acuerdo 2405, el Reglamento de Designación y la Ley Orgánica de la Contraloría del Estado.
En este lapso de tiempo se concretaron 82.129 pases. Solo entre el 2014 y el 2015 se efectuaron 47.223 pases.
Es decir, en la auditoría del organismo de control se realiza un análisis que demuestra las irregularidades en las que incurrió la Comisión de Pases, presidida por Diego Fuentes Acosta, viceministro de seguridad interna, en delegación del entonces ministro del interior, José Serrano y otros servidores policiales como el director general de operaciones, el director general de personal, un asesor de seguridad designado por el ministro del interior, el suboficial más antiguo de la Policía Nacional y el representante de clases y policías.
Establece que era la comisión de pases, presidida por el ministro del interior y delegada al viceministro (José Serrano y Diego Fuentes, respectivamente) quienes tenía la responsabilidad de los pases policiales.
El fiscal Toainga verificó esto mediante el convenio de cooperación eficaz suscrito con el teniente coronel Aldrin Torres, jefe de pases de la policía y de la agenda de dicho servidor policial, donde se confirma quien dispuso dichos pases. Sin embargo aquellos altos funcionarios no fueron llamados por fiscal Moreno a que justifiquen sus actuaciones pese a que expresamente fueron quienes autorizaron los pases en unos casos y en otros los avalaron posterior a que se ejecute la orden del ministro del interior y de otras autoridades civiles.
Nombramiento al apuro de Thania Moreno coincide con inicio del juicio en el caso de pases policiales
El Consejo de la Judicatura organizó y concluyó de forma maratónica el concurso para el cambio de fiscales provinciales. El 7 de marzo de 2016 se hizo la convocatoria y en menos de 30 días hábiles se nombraron a 9 fiscales provinciales. Por lo tanto el Consejo de la Judicatura como la fiscalía incumplieron la Constitución, así como leyes, códigos, reglamentos e instructivos.
El art. 25 del Instructivo para el Concurso de Méritos y Oposición para la Designación de Fiscales Provinciales establece que la evaluación práctica la realizará un tribunal conformado por dos funcionarios designados por el Consejo de la Judicatura (juez / conjuez de la Corte Nacional designado por la Escuela Judicial y director nacional o provincial designado por el director general del Consejo de la Judicatura), y un tercer funcionario de la Fiscalía General designado por el fiscal general.
Sin embargo, la fiscalía no tuvo presencia en los tribunales que se conformaron para la valoración práctica y la calificación de los fiscales provinciales, es decir, no evaluó a los concursantes, por lo que el pleno del Consejo de la Judicatura, al emitir la resolución No. 060-2016 de 18 de abril de 2016, que aprueba el “Informe Final del Concurso para la Designación de Fiscales Provinciales a Nivel Nacional”, violó el mencionado artículo 25.
En la actualidad nadie recuerda que el Consejo de la Judicatura otorgó un puntaje de 50/100 a la evaluación práctica por considerarla la más importante. Y en ese contexto destacan que la omisión de los vocales del Consejo (al aprobar la Resolución 060-2016), irrespetaron el Código Orgánico de la Función Judicial (el art. 254) y atentaron contra la independencia e imparcialidad de la Fiscalía al manipular el concurso para favorecer a funcionarios públicos de, tal como establecen los arts. 176 y 178 del Constitución.
Como si esto no fuese suficiente los nombramientos de los fiscales provinciales se hicieron sin procesos previos de impugnación y control social, pese a que el artículo 176 de la Constitución preserva estos derechos ciudadanos en los concursos para designar a servidores judiciales. Con esos antecedentes se posesionaron los 9 fiscales provinciales, entre ellos Thania Moreno Romero, quien como fiscal de Pichincha debió conocer casos en los cuales estaban implicados servidores públicos con fuero de Corte, como el denominado “estrella dorada” o “pases policiales”.
Es decir, el Consejo de la Judicatura, violando su propio Instructivo, el Código Orgánico de la Función Judicial, los derechos ciudadanos de participación y control social previstos en la Constitución nombró a Thania Moreno, quien dejó de ser Fiscal 1 Fedoti 1, sustituyendo a Wilson Toainga Toainga que por el caso de fuero de algunos funcionarios públicos denunciados, estaba investigando el caso de los pases policiales.
Moreno fue nombrada y posesionada el 9 de mayo de 2016 a las 09H00 como Fiscal Provincial por el Consejo de la Judicatura, la misma fecha fijada para la audiencia preparatoria de juicio y sustentación del dictamen fiscal en contra de los servidores policiales y autoridades civiles por el caso pases. Se esperaba que la audiencia esté a cargo de Toainga, Fiscal Provincial titular hasta ese día; sin embargo, solo pudo instalarla, puesto que minutos después compareció la nueva fiscal provincial con modificaciones sustanciales en su tesis respecto al caso.
Lo ético hubiese sido que Moreno se inhiba de presidir la acusación fiscal y dejar a Toainga que desarrolle su teoría del caso. Pero no lo hizo: Moreno se metió con apretujones a dirigir esa audiencia y beneficiar a Serrano.
Hay que recordar que Toainga, antes de ser relevado del cargo, llamó a rendir versiones a José Serrano; Diego Fuentes Acosta, ex viceministro de Seguridad Interna; a Diego Fierro, asesor del ministro del interior; a Vicente Peralta, ex subsecretario jurídico de la presidencia; al mayor Francisco Saavedra Yépez, jefe de operaciones de la dirección general de inteligencia; y, al general Diego Mejía, subsecretario de policía del Ministerio del Interior.

Con el ingreso de Thania Moreno al proceso estos funcionarios ya no fueron convocados. La flamante fiscal fundamentó su investigación penal en una lista de 1.317 servidores policiales que se habría beneficiado con pases y que formarían la “estructura delincuencial” y sostuvo que el actual Comandante General de la Policía Nacional, el Inspector General de la Policía Nacional, entre otros altos funcionarios policiales, le pagaron al Teniente Alex Cifuentes para sus pases, es decir un oficial de rango inferior les cobró a sus superiores por sus pases.

¿Cómo Alex Cifuentes podía tener el poder político para actuar y ordenar a sus superiores? ¿Imagina usted a un oficial de bajo rango ordenar al comandante general disponer cobros? La respuesta es que si es posible, siempre que ese oficial represente la voz de las mas altas autoridades, como José Serrano.  Al interior de Carondelet también se sabía que Cifuentes era un “mimado de MarianaPico”, la funcionaria que manejó el despacho del presidente Correa. Thania Moreno lo sabía pero prefirió encontrar en Cifuentes al responsable mayor de toda la trama de corrupción organizada desde la presidencia y el Ministerio del Interior.
Para cerrar con broche de oro, la jueza ponente del caso pases policiales, Inés Maritza Romero Estévez hizo un reconocimiento público que comprometió su imparcialidad.  En la audiencia pública de juzgamiento, Romero reconoció ser militante del Movimiento Alianza PAIS, el partido de gobierno del ex Presidente Correa. Pese a ello, ni la fiscal provincial, ni los vocales del Consejo de la Judicatura han tomado ninguna acción en el caso.
En este maremágnun de dudas y cuestionamientos la Fiscal Moreno investigará por peculado al Fiscal General Carlos Baca Mancheno.

El veneno viene del cielo

Lise Josefsen y Rebeca Calabria, Danwatch
Encontramos un gran surtido de barriles, tinas y cubos de pesticidas en un pequeño cobertizo junto a una de las muchas pistas para avionetas fumigadoras a lo largo y ancho de las provincias bananeras de Ecuador. Los numerosos contenedores dan testimonio de lo que realmente hay bajo la pegajosa llovizna de la que somos testigo en los campos del banano. Es última hora de la tarde y las fumigaciones han terminado a excepción de las avionetas que vuelven a la pista.
El 
nombre Dithane 600 aparece en muchos de los bidones. Es el aerosol químico más común en la producción bananera ecuatoriana, y está permitido en la UE. Otro de los pesticidas, uno que vemos en un cobertizo alambrado en una plantación bananera, es GramoxoneSu principio activo es Paraquat, que está prohibido tanto en toda la UE. Jorge Acosta es piloto de avionetas fumigadoras retirado. Ha rociado toneladas de pesticidas sobre las plantaciones bananeras ecuatorianas, y sobre cualquier otra cosa que estuviera directamente bajo sus alas.
"Al principio, no sabía nada sobre los riesgos”, reconoce. Más tarde empezó a ser consciente del daño y en una conferencia, un toxicólogo nos dijo que podíamos beber un galón de Mancozeb, y que no nos pasaría nada ". Acosta le invitó a hacerlo él mismo delante de los allí presentes y el toxicólogo declinó la invitación.
"El peor pesticida aún en uso"

Antes de llegar a la historia personal de Acosta, detengámonos en uno de los siete productos químicos que están prohibidos en la UE, pero que se rocían a diario sobre las plantaciones bananeras de Ecuador: el paraquat.
Alexander Naranjo es ingeniero ambiental. En 2017, publicó el estudio The Other War: The Pesticide Situation” en Ecuador para la organización ambiental Acción Ecológica, que mostró que había 26 ingredientes activos de plaguicidas en la producción bananera de Ecuador.

"El paraquat es verdaderamente tóxico. Es el peor pesticida que todavía se usa en Ecuador ", dice Naranjo. Un estudio de 2016 de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. mostró un vínculo entre paraquat y el riesgo de bronquitis crónica, trastornos metabólicos e incluso la incidencia de la enfermedad de Parkinson. Varios países europeos habían prohibido el paraquat antes de 2003, pero desde 2007 se convirtió en algo ilegal para toda la UE.
El paraquat es altamente tóxico y causa un daño inmediato si entra en contacto con la boca, el estómago o el intestino, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. El paraquat provoca reacciones químicas tóxicas en el cuerpo, principalmente en los pulmones, el hígado y los riñones, y también puede causar una mutación celular.
Dependiendo de cuánto se ingiere, el efecto tarda entre algunas horas y semanas antes de que las consecuencias de la exposición a la toxina sean evidentes. Estos pueden incluir insuficiencia cardíaca, renal y hepática, cicatrización de los pulmones, coma, edema pulmonar, y la muerte.
Según el Centro para el Control y la Prevención de las Enfermdades en EEUU, no existe un contra agente que pueda tratar a los pacientes envenenados con Paraquat. La autoridad estadounidense para la prevención de enfermedades recomienda que, si el Paraquat se deposita sobre la ropa, debe retirarse lo más rápido posible, y si está en una camisa, no debe quitarse por la cabeza, sino cortarse y colocarse en una bolsa. Si la sustancia entra en contacto directo con la piel, debe lavarse de la manera más rápida y exhaustiva posible. Tanto Paraquat como Dithane 600, con su ingrediente activo Mancozeb, son familiares para Helle Raun Andersen, un experto en medicina ambiental de la Universidad del Sur de Dinamarca. "Mancozeb es un fungicida y se sospecha que afecta la función tiroidea. Si las mujeres embarazadas están expuestas, puede afectar al feto, porque su cerebro en desarrollo depende de las hormonas de la glándula tiroides de la madre. Esto se ha demostrado en estudios de mujeres embarazadas y en estudios en animales ", dice Raun Andersen. El paraquat, por otro lado, es un herbicida, explica. "El paraquat y el diquat están
relacionados. Ambos son herbicidas que queman e irritan. El paraquat es el más peligroso, y la razón por la que no está permitido en la UE es porque daña los pulmones y su efecto puede ser extremadamente duradero ".
La enfermedad interminable
 
Bidones plásticos vacíos son la evidencia del uso constante de productos químicos en el sector bananero, los restos suelen quedar en las cabeceras de las decenas de pistas para avionetas desde Esmeraldas hasta la provincia de El Oro
Las lesiones físicas y perceptibles más inmediatas no son las más graves, según el epidemiólogo Jaime Breilh, rector de la Universidad Andina en Quito y autor de varios estudios sobre los efectos de las aspersiones de plaguicidas en la salud de los trabajadores bananeros. Jaime Breilh explica que es posible que el componente cancerígeno no se manifieste de inmediato, pero podría manifestarse uno o incluso diez años más tarde, según lo nocivo que sea. Una cosa es el daño que provoca un pesticida en particular y otro, el método que se aplica para fumigar las plantaciones. Aproximadamente una vez a la semana una avioneta sobrevuela sobre cada una de las plantaciones de la región haciendo círculos lo suficientemente anchos como para llegar a todos los bananos y esto hace que algunas veces caiga también parte del pesticida sobre las poblaciones.
En promedio, el número de fumigaciones ha aumentado de 22 a 45 por año por plantación en Ecuador. Esto quiere decir una aplicación por semana, según el informe de Alexander Naranjo.
La UE reconoce que la fumigación aérea puede tener graves consecuencias negativas para la salud humana, y trata de evitar estas secuelas sobre los ciudadanos de la UE, gran cliente de las exportaciones bananeras de Ecuador. Por lo tanto, desaconseja la fumigación aérea de cultivos con pesticidas, a menos que existan condiciones excepcionales que hagan que la fumigación sea una ventaja en lugar de un riesgo para los humanos y el medio ambiente.
Sin embargo, en el caso del banano, corren riesgos para la salud, tanto los consumidores europeos al consumir un producto rociado con pesticidas nocivos, como los propios trabajadores de esta industria o los familiares que viven con ellos.
Niños bajo una nube de pesticidas

El capitán Acosta tomó conciencia de los agrotóxicos que por aspersión regó sobre las plantaciones cuando empezó a sufrir los efectos en su salud, entonces organizó a trabajadores y constituyó Astac, el síndicato que defiende derechos de trabajadores y habitantes cercanos a bananeras
El fallecimiento de la esposa de Jorge Acosta fue un punto de  inflexión en la carrera y en la vida de este piloto fumigador.  Abandonó su avioneta para siempre para crear ASTAC, el sindicato de  trabajadores bananeros ecuatorianos, y luchar por mejorar sus condiciones laborales y en algunos casos, velar por su integridad  física.
Las regiones bananeras se encuentran a la cabeza de las estadísticas nacionales en nacimientos de bebés con malformaciones, según un 
informe de la Defensoría del Pueblo, defensora de los derechos humanos del país. Un gran número de expertos creen que esto está ligado a los pesticidas que se rocían constantemente sobre los trabajadores y habitantes de las plantaciones bananeras. La conciencia estaba acabando con el piloto Jorge Acosta (57) cada vez
que se subía en una avioneta hasta que un día decidió bajarse de la avioneta para siempre."Una vez en la provincia de El Oro, tuve que fumigar sobre una casa de dos pisos. Había dos niñas jugando afuera. Cuando me acerqué con la avioneta, vi que estaban recogiendo la ropa. Me negué a fumigar sobre esa casa, esas niñas y esa ropa. Más tarde, el productor de banano se quejó de que no había fumigado su plantación ". Su crisis de conciencia no era algo que le afectaba solo a él. Sus compañeros pilotos sufrían por su salud y su conciencia. "Muchos de mis antiguos colegas tuvieron problemas de hiperventilación, visión borrosa y mareos. Cuando hablamos sobre nuestras experiencias, todos teníamos los mismos síntomas. Hubo un compañero piloto que se desmayó al salir de la avioneta después de rociar una combinación de Mancozeb y Calixin ", asegura.
Calixin también figura en la lista de productos químicos no aprobados para su uso en la UE. "Yo también sufrí pulso rápido, visión borrosa y cansancio, pero pensé que era un problema cardíaco. Fui al médico, pero dijo que todo
estaba bien, y que probablemente se debió a una intoxicación: la intoxicación por plaguicidas con toda probabilidad, porque los síntomas eran los mismos para todos los que trabajábamos en ello. Empecé a preocuparme porque un día, justo después de volar y rociar Mancozeb, casi me desmayo ", asegura Acosta.
Diariamente decenas de avionetas fumigan desde el cielo cientos de hectáreas de plantaciones de banano, ninguna institución ha realizado una seria investigación de los efectos de estos productos en la población 
El ingeniero ambiental Alexander Naranjo ha escuchado historias como las de Acosta antes. "El envenenamiento por Mancozeb es algo bastante común. Cuando se rocía, las personas deben evitar la plantación durante al menos 24 horas. No sirve de nada irse un rato", explica. Ninguno de los trabajadores a los que hemos entrevistado reconocen que nunca han abandonado el trabajo tanto tiempo después de fumigar. Algunos comentan que se van por la tarde cuando se realiza la fumigación y comienzan a trabajar otra vez a primera hora de la mañana del día siguiente. Casi todos reconocían que se les obligaba a continuar trabajando en la plantación mientras se estaba fumigando y en algunos casos se ponían a cubierto en alguna parte de la plantación.
Naranjo confirma que no solo los trabajadores bananeros están en riesgo, también lo están los miembros de las comunidades que viven cerca de las plantaciones. "Los aerosoles químicos se mueven con el viento. Se ha encontrado Mancozeb, por ejemplo, a un kilómetro de distancia de las plantaciones de banano. Los pesticidas son dinámicos: se mueven con los ríos, la lluvia y el viento ", asegura.
Un cóctel peligroso
Naranjo alberga serias preocupaciones sobre el uso de pesticidas. 
"La gente no entiende lo que significa ser el país exportador de banano más grande del mundo". Están orgullosos de nuestros plátanos, sin embargo, estos pesticidas se usan al azar. Es realmente una situación terrible ", dice. "Los productos químicos que están prohibidos en la UE se utilizan en todas las plantaciones convencionales de banano en Ecuador", explica Naranjo. Lo cual no quiere decir que Ecuador sea único entre los países productores de banano. "Lo mismo ocurre en Colombia, Costa Rica, Guatemala y Perú", aclara.
Parte del problema es que no se vierte un solo pesticida en la producción de banano. "Es un cóctel entero de pesticidas. Se mezclan varios, y uno de ellos es siempre Mancozeb. El problema es que se sabe muy poco sobre los efectos de esa combinación de pesticidas así ", dice Naranjo.
Efectos crónicos sobre la salud
Patricia Polo Almeida es geógrafa de la salud que ha realizado unaserie de estudios sobre la salud y las condiciones de trabajo de los trabajadores bananeros en varias provincias ecuatorianas. 
Sus informes muestran que los trabajadores son conscientes de que los pesticidas afectan su salud. Permanecen en sus trabajos para mantener a sus familias, pero no quieren que sus hijos los sigan en el negocio. "Sienten que no hay otras opciones a su alcance más allá del banano porque tienen familias y tienen que trabajar", dice Almeida.
No solo los trabajadores del banano tienen razones para estar preocupados. También los residentes de poblaciones cercanas tienen motivos, asegura Polo Almeida. "Están rociando un cóctel de productos químicos". La fumigación con
pesticidas desde un avión afecta a todos. Se mueve con el viento. Hay muchos niños discapacitados cuyos padres trabajan en el banano ", dice Almeida.
"El problema es la fumigación. Tiene un olor desagradable y contamina todo. Te mareas y te pica en la nariz. Las plantaciones de banano están cerca, pero la gente necesita trabajar. Si no lo hacen, ¿qué van a comer? ¿de qué van a vivir? ¿qué pueden hacer? Tienen que seguir trabajando o les despedirán". Según los estudios consultados, de los 26 pesticidas que se usan en Ecuador, siete son ilegal es en la UE, muchos de ellos porque son
demasiado peligrosos. Conoce a Jorge Acosta, un piloto fumigador que dejó su profesión porque le mataba la conciencia.

 

 

VIVEN Y MUEREN DEL BANANO
El pueblo de San Pedro de la "Y" está en el medio de múltiples plantaciones de banano. La mayoría de sus residentes trabajan en la industria bananera. Los plátanos son su medio de subsistencia y su maldición. Todos los que se ganan la vida en las plantaciones corren el riesgo de enfermarse. Algunos incluso mueren. San Pedro de la "Y", como cualquier otro pueblo típico ecuatoriano a lo largo de la costa, está rodeado de plantaciones de banano. Se encuentra en una de las tres provincias bananeras de Ecuador, Los Ríos, de donde provienen la mayoría de las bananas del país El ruido de las avionetas fumigadoras es parte del día a día. Y aquí la cosa se pone seria. Hay un porcentaje considerablemente más alto de cáncer y de bebés nacidos con malformaciones con respecto a cualquier otra provincia. Los expertos coinciden en la conexión entre estas enfermedades y el uso de pesticidas tóxicos sobre los campos de bananos.
Gregoria no ha vuelto a trabajar en la plantación desde que nació Taison. Ella dedica su tiempo a cuidar de su hijo, que ahora tiene 
seis años. Todavía usa un pañal, y probablemente lo hará por el restoEn una de estas casas humildes de San Pedro de la Y vive Sara. Al igual que el resto de los doscientos habitantes de esta aldea, la familia vive con las justas. La foto enmarcada de un hombre cuelga en una pared. "Soy su hermana", aclara Sara. Murió como consecuencias de los pesticidas en la cara.
Una familia afectada por pesticidas
Sara comienza a hablar sobre su hermano, enterrado en el cementerio de 
la iglesia. Poco antes de morir, fue a trabajar a la plantación. "Era casi como si el líquido se hubiera comido la mitad de su cara. Murió poco después de recibir pesticidas en la cara en la plantación. Los médicos no nos dijeron la causa de la muerte ni si los pesticidas fueron los culpables ", dice.
Sara tiene 40 años y ha vivido en este pueblo los últimos 13. No logra contener las lágrimas al hablar de su hermano. Después continúa con su hijo. Nació con múltiples malformaciones, como muchos otros niños de esta aldea bananera. "Mi hijo tiene problemas cardíacos, sus testículos no descendieron correctamente y tiene un tumor en la cabeza. Todo es muy complicado. Le han operado una vez y necesita tres cirugías más. ¿De dónde voy a
sacar el dinero para todos estos tratamientos?
El hijo discapacitado de Sara, Brandon, tiene diez años. A unos metros de distancia, parece un niño de cinco años. "Él no crece mucho ". Brandon nació prematuro y pasó sus primeras semanas en una incubadora. Según los toxicólogos y epidemiólogos, algunas de las consecuencias para la salud de los pesticidas, son los abortos espontáneos, los nacimientos prematuros, las malformaciones y otras discapacidades. Sin embargo, los habitantes de San Pedro de la Y nos aseguran que los médicos no les han confirmado nunca las evaluaciones de los expertos, o nunca por escrito, por lo que es difícil para ellos reaccionar para emprender acciones legales.
La pregunta más difícil
Brandon está en sexto grado y acaba de aprender a escribir su nombre. "Lo llevo a la escuela para que pueda hacer amigos", dice Sara. Se le saltan las lágrimas otra vez mientras hablamos sobre el futuro de su
hijo. "Esa es la pregunta más difícil. ¿Qué será de él cuando yo ya no esté aquí? No tengo respuesta para eso ". Mientras hablamos con Sara, escuchamos las avionetas. Están fumigando las plantaciones de banano alrededor de la pequeña aldea. Según los expertos y los residentes, aquí es donde comienzan los problemas. "Cuando escuchamos las avionetas, nos vamos dentro. Deberían advertirnos antes de fumigar, y sí, no deberían fumigarnos a sobre nuestra comunidad, sino sobre las plantas de banano ", dice Sara con una expresión de resignación.
"Estamos rodeados de plantaciones de bananos, ese es el problema. Creo que los problemas de mi hijo están relacionados con los químicos que están rociando. Solían rociar nuestro pozo ". El esposo de Sara trabaja en una plantación. "Es el único trabajo que hay por aquí". Sara nunca ha ido a la escuela, y no sabe leer ni escribir. Ella quiere mostrarnos la documentación del médico y el hospital, pero no entiende qué dicen. Los documentos médicos no describen una conexión directa entre los pesticidas y las enfermedades de su hijo, algo que escuchamos de varios otros trabajadores y familias que entrevistamos en el área.
¿Realmente no hay conexión entre los pesticidas y las enfermedades y lesiones que sufren los trabajadores bananeros? Los expertos consultados creen que hay una conexión fuerte.
Más enfermedades en las regiones bananeras
Adolfo Maldonado asiente al describir la falta de información de Sara sobre la muerte de su hermano y la enfermedad de su hijo. Ya lo ha escuchado antes. Es especialista en enfermedades tropicales y autor de varios estudios
sobre las consecuencias para la salud del uso de pesticidas al que se ven sometidos los trabajadores bananeros y las comunidades locales en Ecuador. "Es muy difícil estar 100% seguro de que una enfermedad o lesión específica puede ser atribuida a los pesticidas, pero estos tipos de problemas genéticos son consecuencias típicas de estos químicos. Y las tasas significativamente más altas de enfermedad son muy llamativas en estas regiones", dice Maldonado.
En 2007, Maldonado fue coautor de un informe que examina los efectos de la contaminación ambiental como consecuencia del uso de plaguicidas en la región de Las Ramas-Salitre-Guayas. El informe mostraba que los
recién nacidos en Ecuador en ese momento tenían un 0,22% de riesgo de nacer con malformaciones. En las provincias bananeras, sin embargo, el riesgo fue de 2.58%, es decir más de once veces mayor.
El sueño de Sara es que sus hijos vayan a la escuela y tengan la alternativa de trabajar en otro lugar que no sea en las plantaciones. "Solo quiero que mis hijos reciban una educación, para que no terminen como yo. Espero que no acaben en una plantación bananera donde rocían pesticidas, y donde les puede pasar lo mismo que a mi hermano. Tampoco fue a la escuela, no sabía escribir ni su nombre, y es por eso que terminó en la plantación".
Afuera, el calor es seco y sofocante. Una mujer se sienta a dar el seno a su bebé en el patio de su casa. Las hojas de banano se meten en el patio.

La enfermedad de mi hijo fue causada por los pesticidas
A escasos metros de la madre alimentando al bebé vive Gregoria Ramírez. Tiene 45 años y trabajó durante 11 años en una plantación. Es madre de cuatro hijos. El 9 de marzo de 2011, su vida y la de su familia cambiaron para siempre. El cuarto hijo de Gregoria, Taison, nació con malformaciones: un agujero en la columna vertebral, un testículo no descendido y un pie torcido. En los embarazos de los tres hijos mayores no trabajó en la plantación. En el de Taison, lo hizo dos meses.
"Pregunté en el hospital qué lo había causado y me dijeron que eran los productos químicos. Me preguntaron si había trabajado con plátanos. Dije que sí, trabajé en una plantación, y también mi esposo. Los doctores me dijeron que esa era la causa; que, si trabajas con esos químicos y te quedas embarazada, el bebé nacerá con deformidades".
Al igual que Sara, Gregoria no pudo hacer que los médicos evaluaran por escrito que las enfermedades de su hijo estaban relacionadas con los pesticidas. Sin embargo, tras nuestra estancia en las plantaciones bananeras, le mostramos el historial médico y los diagnósticos de muchos de los enfermos a los que entrevistamos y que nos ceden su material para escuchar la versión del Dr. Maldonado. Respecto al caso
del pequeño Taison, éste médico tropical no tiene dudas. "Estos son síntomas absolutamente típicos de los efectos de estos pesticidas", dice Maldonado. De su vida, dice Gregoria. "Quién sabe cuánto tiempo vivirá", dice ella.
"Está mal que fumiguen"
Aquí la comunidad está acostumbrada a las avionetas fumigadoras. "Está mal que fumiguen. Cuando llegan las avionetas, entramos rápido a la casa porque apesta. El olor entra a la casa también. El líquido se
pega a las plantas y flota en el agua en el río como el aceite. "Creo que está mal, pero no hay otro trabajo aquí. Tienen que trabajar allí". Así dice otro de los vecinos de Gregoria, Cerilo Calderón. Lo
despidieron de la plantación hace unos años, tras perder la vista. Él cree que fue por los pesticidas, pero no tiene un diagnóstico por escrito que lo respalde. Todas las casas del pueblo tienen historias similares que contar, y
todas las historias giran en torno a las palabras "enfermedad", "bananos" y "pesticidas".
"Solo espero que mi hijo no termine como yo"
También conocemos a un trabajador bananero de 28 años, a quien llamaremos David, que deseaba permanecer en el anonimato por miedo a 
perder su trabajo y meterse en otro problema. Él ha trabajado limpiando las plantaciones durante tres años. David vive a 200 metros de una hacienda y se sienta a hablarnos en frente de la carretera con su hijo dormido de tres meses. "Quiero lo mejor para mi hijo". No quiero que termine como yo, trabajando en una plantación", dice David. Él es muy consciente de los muchos químicos a los que se ve sometido en el trabajo que desempeña.
"Cuando fumigan desde el aire y estamos trabajando abajo, nos empieza a picar todo el cuerpo. Fumigan algunos productos químicos realmente fuertes ". Gramoxone, Basta, Glifosato. David sabe los nombres, y sabe que es
venenoso, dice. ¿Pero de qué le sirve eso a él? "No hay otro trabajo para nosotros, los pobres sin educación. Es la única forma en que puedo ganar suficiente dinero para mantener a mi
familia ".
Los químicos fueron una muerte lenta para mí
Trabajar en el banano arruinó su vida. Los pesticidas lo enfermaron, o al menos eso le dijeron los médicos. Nunca le dieron por escrito cual era la causa real de su enfermedad, sin embargo, a Efrén Vélez Cedeño
le daban a entender que los pesticidas fueron los responsables. Los trabajadores con los que nos pusimos en contacto, coinciden en que este es un problema generalizado.
A las tres y media de la tarde, comenzó a vomitar sangre. Después se desmayó. "Vomité sangre cinco veces. La última vez no recuerdo", dice Efren Velez Cedeño, de 56 años, al describir su último día de trabajo
hace ya cuatro años.
Durante treinta años, se dedicó al control de calidad del banano que se exporta a Rusia o países de la UE. Ese día de febrero de 2013 fue su último día de trabajo. Cedeño recibió un diagnóstico de cirrosis hepática. Descarta la ingesta de alcohol como causante de la enfermedad, el origen debía ser laboral. Al estar en contínuo contacto con los pesticidas, los médicos le aconsejaron que no reanudara el trabajo, porque su enfermedad empeoraría volviendo a estar cerca de los químicos.
"Los doctores dijeron que probablemente los pesticidas habían arruinado mi cuerpo y arruinado mi vida. También dijeron que examinarían mi caso más de cerca, pero nunca lo hicieron ", dice Cedeño.
Una muerte lenta
Aunque los médicos le aconsejaron no volver a la plantación por su proximidad a los pesticidas. "Los productos químicos fueron como una muerte lenta para mí", dijeron. Sería mejor tomar precauciones y no volver a estar expuesto a
los pesticidas. Pero no me dieron un certificado escrito para confirmar que fueron los productos químicos los que me enfermaron ", dice. 
"Un médico me dijo que solo estaban siguiendo órdenes desde arriba",dijo Cedeño, pero no le dijeron nada más sobre lo que podría significar. Todas las personas enfermas con las que el equipo de reporteros tuvo contacto y entrevistó, que trabajaban en plantaciones o viven cerca de plantaciones, cuentan la misma historia: que sus médicos les dicen extraoficialmente que su enfermedad la han causado los pesticidas, pero cuando llega el momento de obtenerla por escrito, los doctores pusieron reparos o se negaron. El banano significa mucho cualitativa y cuantitativamente para Ecuador, y pocos se atreven a tocar una industria tan poderosa, especialmente si viven y trabajan en una de las provincias productoras de banano del país.
Cedeño tiene esposa, dos hijas y cinco nietos. La familia vive en un barrio muy humilde a las afueras de Quevedo, una de las principales ciudades de la región bananera de Ecuador. Viven juntos en una habitación, que también es cocina.
En varias ocasiones, mientras trabajaba en las plantaciones, le atrapó una nube de pesticidas, dice. "Quema la piel. Picaduras y picazones. Nunca nos dijeron de antemano que los aviones iban a fumigar. Nunca. Teníamos que tratar de
escondernos debajo de algún plástico". Él trata de mantener la calma mientras nos cuenta su historia. Los médicos le han aconsejado no llevarse disgustos que pudiesen afectar a la salud. 
El equipo de reporteros contactó con varias plantaciones de banano en un intento de entrevistar a sus propietarios. Ninguno estaba interesado en hablar con periodistas.
Sueños que nunca se hicieron realidad
Actualmente, Efrén Vélez Cedeño se preocupa por sus colegas del gremio del banano. "Hay 200,000 de nosotros que trabajamos directamente en el negocio de exportación de banano en Ecuador. ¿Cuántos miles de
nosotros nos enfermamos?”  Al igual que el resto de trabajadores con los que hablamos, siente que no tienen otra opción. 
Cedeño no parece un pusilánime, sin embargo, cuando le preguntamos si lamenta haber trabajado en la plantación, tarda más de la cuenta en contestar. "Por un lado, valió la pena, porque sustenté a mi familia y pudimos
vivir de ello. Pero, por otro lado, ha sido mi perdición, debido a esta enfermedad. Espero que, si luchamos hoy, mientras aún vivimos, las próximas generaciones puedan evitar lo que me sucedió. Espero que no todos se contaminen como yo y que los pesticidas no los maten ".
Eduardo Ledesma, presidente de los exportadores de banano:
"Cumplimos con todas las regulaciones"

Eduardo Ledesma, presidente de los exportadores de banano de Ecuador, ha trabajado en la industria bananera durante veinte años y nos recibe en su oficina en el puerto de Guayaquil, la ciudad más grande del
país. La industria bananera es una de las más importantes en Ecuador, y muchas personas dependen de ella. Más de 200,000 personas recogen y empacan bananas en las 5737 plantaciones del país, que ocupan unas
163,000 hectáreas. Según la organización comercial de la industria en Ecuador, el país representa el 29% de las exportaciones de banano en todo el mundo.
Eduardo Ledesma habla del orgullo ecuatoriano por la industria. "El banano es un referente a nivel nacional e internacional, pero es una constante pelea con el gobierno, el país no lo reconoce. Sí, los ecuatorianos presumen de banano, pero el gobierno no le da la atención que le debería dar al banano… Lamentablemente los políticos se volvieron bananeros y los bananeros se volvieron políticos”.
P: ¿Y las exportaciones? ¿Mejorará con la UE a partir de ahora?
El año pasado exportamos 319 millones de cajas y este año hemos de pasar 323, estamos creciendo en un 2 ó 3 %
P: ¿Quiénes son sus clientes más importantes?
Vendemos más a Rusia, con un 25%. Para la UE como un bloque, vendemos el 33%, y luego los EE. UU. Con el 9%.
P: ¿Cuánto cuesta una banana en Ecuador? ¿Sabe cuánto vale en Europa?¿Quién gana en este proceso?
Casi los regalan en los supermercados. No se venden individualmente, y un kilo cuesta aproximadamente $ 0,50. Digamos unos 10 centavos por plátano. Los supermercados son los grandes ganadores, pero también son
los más exigentes. La producción de banano en Ecuador cumple con todas las regulaciones internacionales. Defendemos las normas internas para proteger a los empleados, les pagamos por encima del salario mínimo,
por supuesto, respetamos las normas medioambientales, los acuerdos sociales, las leyes bananeras y el seguro social. Cumplimos con los requisitos de la UE con respecto a la tolerancia a los pesticidas. La
tendencia en Ecuador es ir eliminando plaguicidas de acuerdo a las necesidades o exigencias de cada país. Ecuador no utiliza productos que no están permitidos en la UE o los EE. UU.
P: Puedo garantizarle que algunas de las plantaciones que hemos visitado usan pesticidas prohibidos por la UE.
R: No sé a qué haciendas han ido que hayan visto pesticidas no autorizados por la Unión Europea para hacer las denuncias respectivas. No me sorprende porque de todo hay en la viña del señor y nosotros
como asociación tratamos de que nuestros asociados cumplan con las reglamentaciones.  Lo que sí sé es que hay un terrorismo por parte de Europa que vienen a molestar y a afectar al sector bananero ecuatoriano. ¿Por qué no se van a Guatemala donde pagan 6 dólares y nosotros pagamos casi 30? ¿Por qué no se van a Guatemala a afectar y molestar? Hemos pedido a la Cancillería y al Ministerio de Comercio Exterior que tome cartas en el asunto y mande las quejas respectivas sobre estas empresas que quieren afectar a Ecuador.
P: ¿Los pesticidas que se utilizan en Ecuador afectan a la salud humana?
R: Algunos si y otros no. Hay que usarlos de acuerdo a la reglamentación de pesticidas. Los pesticidas que se utilizan aquí son los mismos que se utilizan en Guatemala, Colombia que van a todos los países. Si están prohibidos por la UE le puedo asegurar que no se utilizan aquí. Y si es así, dígame el nombre del producto y de la bananera. A ver dígame quienes son, dígame quienes son. Si es periodista y es frontal, dígalo, es obligación de ustedes denunciar.
Si usted es una periodista idónea dígamelo. Con mis asociados no se aplican pesticidas prohibidos por la UE.
P: Sr. Ledesma, hemos hablado con trabajadores que nos aseguran que trabajan en las plantaciones mientras están fumigando.
Eso es mentira. Eso es mentira, porque los trabajadores son notificados. Deja de insistir en eso, porque es una mentira. Obviamente he estado presente cuando están rociando, y nadie es tan
estúpido como para hacer eso. Te digo, es una mentira. Si realmente quieres convertir la verdad en una mentira (libras sobre la mesa), entonces terminemos esta entrevista. Te digo, es una mentira. Eso es falso eso es falso porque mientras se da el anuncio los  trabajadores se es falso, no siga insistiendo porque es falso. Yo he estado cuando fumigan por supuesto que sí y nadie es tonto para estar fuera del sitio. Le estoy contestando que es falso. Si usted quiere
sacar de verdad a mentira, (golpe en la mesa) terminemos la entrevista. Es falso.
P: Hemos visitado comunas donde viven trabajadores y ex trabajadores de banano. Dicen que las avionetas fumigan sobre ellos.
R: No es verdad, pues no es verdad señorita. Es falso es falso hay más contaminación en otros productos que en banano. En banano no cabe la contaminación porque no la utilizan las personas. Viene en un avión con un GPS que controla donde tiene que caer y cómo tiene que caer. Si las personas están guarecidas, si se fumigase sobre poblaciones o de una forma irresponsable, probablemente ocurriría. Son datos falsos probablemente de algún país competidor que quiere afectar a Ecuador.
P: Pasemos al tema de la enfermedad. El informe de Manuela Espejo demuestra que la incidencia de enfermedades como el cáncer es significativamente más alta en las regiones productoras de banano que
en otras.

R: Eso no ha sido probado. No confío en el informe de la institución en cuestión.
P: El informe de Manuela Espejo también analiza la incidencia del cáncer y bebés que nacen con malformaciones cerca de las plantaciones de banano.
R: Eso no es verdad. Si usted me va a seguir preguntando sobre cáncer y malformaciones se lo voy a seguir negando porque no son realidades. No es verdad puede haber un informe o muchos informes amañados. ¿Por
qué no han ido a Colombia, han ido a Costa Rica han ido a Guatemala? ¿Filipinas? ¿India?
P: ¿Qué tipo de documentación necesitaría para admitir que este es un problema real?
R: Yo creo que la poca documentación es una documentación alterada con efecto de hacer daño.  Estoy seguro de que no la hay y si la hay, es forzada. No. Creo que mis productores bananeros cumplen con todas las
normativas.

 
 

Rafael Correa es involucrado con responsabilidad penal en adjudicación del campo Singue

La papa caliente sobre las irregularidades penales en las que habría incurrido el ex presidente Rafael Correa en la adjudicación del campo petrolero Singue está ahora en la cancha del Fiscal General del Estado, Carlos Baca Mancheno. El tema volvió a sus manos, pero esta vez con un pez más gordo.
A partir de nueva información encontrada por la Contraloría General del Estado se incluyó al ex presidente en los indicios de responsabilidad penal que encontró en la adjudicación del mencionado campo.
Singue es uno de los casos por los cuales el vicepresidente Jorge Glas (sentenciado a 6 años de prisión por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht),  podría ser acusado de peculado, pero este proceso no ha prosperado en la Fiscalía General del Estado desde el año pasado, pese a que el 27 de octubre del 2017 el contralor general del Estado, Pablo Celi, ordenó la destitución de Glas, por confirmarse su responsabilidad administrativa culposa en el proceso de adjudicación del campo Singue.
En su informe DASE-0044-2017, enviado a la Fiscalía General el primero de agosto de 2017, el organismo de control determinó irregularidades en la negociación del contrato de prestación de servicios entre el Estado ecuatoriano y el consorcio DGC, integrado por las compañías DYGOIL, Consultoría y Servicios Petroleros Cia.Ltda, y Gente Oil Development Ecuador LLC. cuando Glas fue miembro del Comité de Licitación Hidrocarburífera (COLH), y mientras fue ministro coordinador de Sectores Estratégicos.
Se determinó que en la fase precontractual, el Comité de Licitación no contó con respaldos como la certificación del Instituto Geográfico Militar del mapa de bloques Petroleros 2011, por lo que la Décima Ronda Petrolera, no contenía las áreas certificadas para la exploración y/o explotación de yacimientos de hidrocarburos; tampoco tuvo informes de aval técnico sobre el análisis económico y de la capacidad de financiamiento.  Debido a esta falta de sustentos Glas, como miembro del COLH, debió declarar la descalificación de la oferta presentada y no lo hizo. 
Además se concluyó que la adjudicación del contrato se dio con una tarifa acordada en $33.50 por barril. Estas determinaciones de indicios penales fueron producto de un examen especial que hizo la Contraloría a las fases pre contractual, contractual y de ejecución del contrato para la prestación de servicios para la exploración y explotación del campo Singue. 
El 27 de febrero de 2018, como alcance a lo ya enviado a la Fiscalía el año pasado, la Contraloría no solo presentó documentos que ratifican su primer informe, sino que adjuntó otro muy revelador que prueba que Rafael Correa estuvo al tanto de los pormenores de las “negociaciones” para la adjudicación de Singue, desde que Dygoil operaba el pozo formando parte del Consorcio Petrolero Amazónico (CPA) en un contrato para campos marginales, pues así lo delata la comunicación directa que el representante legal de Dygoil envió a Correa.
Se trata del Oficio N° 018-DYG-2011-YG de 26 de enero de 2011 en el que César Guerra, gerente de Dygoil, dirigió al ex presidente y menciona que el Consorcio Petrolero Amazónico del cual formaba parte su empresa tenía un contrato para la exploración y explotación del campo Singue y que como consecuencia de reuniones con la Comisión negociadora, presidida por el Ministro de Recursos Naturales no Renovables y el Secretario de Hidrocarburos, concluyó con la propuesta final del CPA sobre las inversiones a realizarse en el campo Singue es de $26,7 millones con una tarifa de operación propuesta por el Ministro de entonces de $29,3 por barril producido. "Tarifas que fueron aceptadas por el Consorcio Amazónico y que consideramos no son exorbitantes”.
En esta trama es importante tomar en cuenta cómo fueron encajando los tiempos y las acciones para la décima ronda petrolera con el fin de acceder al contrato del campo Singue, pero en esta vez por parte de un nuevo consorcio: DGC, en el cual se incorporó Dygoil. Antes de la convocatoria a la nueva ronda de licitación para contratos de prestación de servicio que fue el 16 de junio del 2011, el gerente de Dygoil envió la mencionada comunicación (N° 018-DYG-2011-YG de 26 de enero de 2011) a Correa y tres días después de constituido el consorcio DGC, (el 23 de septiembre del 2011) este presentó la única oferta para la operación de Singue. 
El organismo de control señaló a la Fiscalía que con esto se confirma el informe DASE-0044-2017, es decir que la empresa tenía pleno conocimiento de las condiciones de operación y reservas de Singue y también tenía estudiada una tarifa para el cambio de modalidad de contrato. Y pese a ello, el consorcio DGC ofertó $34,5 por barril,  cifra que al final de la negociación se adjudicó en $33,5, es decir $4,2 más la justa y no exorbitante tarifa que Dygoil destacó ante Correa 8 meses antes.


La Contraloría planteó en su oficio enviado a la Fiscalía con este nuevo hallazgo: “Por qué la razón de este incremento en el lapso de pocos meses?”
Entre los anexos que respaldan las afirmaciones del organismo de control está la certificación de la Presidencia de la República de que el oficio enviado a Correa está en los archivos de Carondelet.
La expectativa sobre el curso que se dé a este alcance al primer informe de la Contraloría sobre el tema se centra en las acciones que tome el Fiscal General, Carlos Baca. 
El ex presidente ya ha reaccionado al alcance del informe de la Contraloría y en el tono y discurso que tiene siempre que se revela un caso de corrupción de su Gobierno, diciendo que no conoce nada ni a nadie relacionado con el tema:   “@MashiRafael;  ¡Ups! La venganza de los sinvergüenzas. Ahora estoy “involucrado” en el “caso Singue”, del cual ni siquiera había escuchado hablar hasta hace pocos meses. La persecución es evidente, pero todos callan. …” "El querer involucrarme en el caso Singue (que no conocía), por una supuesta carta enviada a la Presidencia por la empresa Digoil (que no conozco), demuestra el grado de ridiculez al que está dispuesto a llegar Celi con sus patrones, para tratar de acusarme de algo.¡Ya basta!
Otras irregularidades en la adjudicación del campo Singue fueron denunciadas en 2015 por el portal digital Focus.  Una de las firmas que integran el consorcio DCG es Gente Oil, cuya apoderada es Silvana Pástor Tapia, hija del ex ministro de petróleos y actual embajador en Viena, Austria, Wilson Pástor Morris.
Es decir, Pástor habría favorecido con un contrato petrolero a una empresa de su hija, firma que estaba vinculada la transnacional Ivanhoe.

Las contradicciones del CPCCS

“Moreno mintió cuando dijo que los miembros del CPCCS transitorio no pertenecerían a partidos políticos ni habrían trabajado para el Estado, peor aún en el caso de Xavier Zavala Egas, que tiene dinero en un paraíso fiscal”, manifestó Marcelo Espinel, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, en entrevista con Mil Hojas sobre el futuro del Consejo de Participación Ciudadana.
Luego de enviar (el pasado 19 de febrero) a la Asamblea Nacional su propuesta de ternas para conformar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de transición, el presidente Lenín Moreno dijo “he cuidado que no sean amigos, ni parientes ni funcionarios de Gobierno”.
Ante la desconfianza que existe sobre el proceso de preselección de los nuevos consejeros definitivos Espinel planteó la necesidad de contar con una veeduría internacional para garantizar transparencia.
¿Han existido aportes de la sociedad civil a la realización del proyecto de Ley que reforma el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social?
Nosotros, como organización, presentamos unas observaciones al Proyecto de Ley presentado por Moreno, y nos dimos cuenta que es una copia del sistema Boliviano de elección de jueces.
¿Qué diferencias hay entre el boliviano y el ecuatoriano?
La diferencia sustancial es que el filtro en lugar de ser el CNE, en el caso boliviano es la Asamblea Nacional. Hablando de números se presentaron más de 400 jueces dentro del parlamento, se crearon dos comisiones para analizar los perfiles, de los cuales 50 obtuvieron el voto de las dos terceras partes.
¿Cuál fue el problema?
El ciudadano al momento de votar por sus jueces no comprendía el rol que iba a ejercer, el resultado de la votación fue el 65% de los votos en blancos y nulos. Es decir la gente no sabía lo que estaba decidiendo.
¿Qué pasaría en el caso ecuatoriano?
Independientemente que el mecanismo de selección sea el Consejo Nacional Electoral (CNE) o la Asamblea Nacional, la gente no va a comprender por qué está votando, considerando que el nuevo CPCCS se va a elegir junto con los representantes a los GAD’s, quienes si contarán con recursos para hacer campaña. Los primeros van a ser totalmente invisibilizados
¿Hay algún aspecto adicional que preocupe en la propuesta de Moreno?
Claro que si, establece que los postulantes podrán ser conocidos por la ciudadanía a través de la difusión equitativa de sus perfiles y propuestas. ¿Cómo es posible que alguien que pretenda llegar al Consejo definitivo pueda hacer una propuesta cuando claramente están delimitadas sus funciones.
¿Cree usted que si se realizan propuestas se puede caer una especie de populismo?
Por supuesto, vas a tener una especie de populismo cívico en el cual la gente diga ‘yo quiero llegar al CPCCS para escoger el mejor fiscal’. No podemos supeditar este tema tan importante a este tipo de manifestaciones
¿Qué opina sobre el hecho de que el CNE haga la preselección de los candidatos?
En primer lugar, implica continuar con el sistema actual de designación de consejeros, simplemente no se va a quedar en el concurso de méritos y oposición que actualmente ya puede hacer el CNE para su designación, sino que ahora se pasa un proceso de elección.
¿Se ha ido contra el voto popular?
La gente votó en contra de cómo se integra actualmente el CPCCS. Están manteniendo el sistema solo que le añades votación popular. Más allá de eso, los consejeros, el CNE son designados por el Consejo de Participación Ciudadana y ahora el mismo puede pasar a través de un proceso de designación del mismo CNE, tienes una puerta giratoria.
¿Cuál sería la propuesta?
El concurso, este sistema de preselección, que es de obligatoria realización, porque alguien tiene que comprobar que se cumplan con estos requisitos tan etéreos, debe estar en manos de instituciones que tengan legitimidad ciudadana y que no sean designados en el futuro por el CPCCS.
¿Qué instituciones?
Lo únicos que tenemos en nuestro aparataje institucional son: la Presidencia de la República, la Corte Constitucional y la Asamblea Nacional. Nosotros propusimos que el concurso se realice con un representante de cada una de estas instituciones. Por ejemplo, en la Asamblea este representante debe contar con el apoyo de al menos de las dos terceras partes.
¿Es necesaria una veeduría internacional?
De esto no se ha hablado y es muy necesario, el proceso de preselección debe contar con una veeduría internacional para darle legitimidad al proceso ya que hay tanta desconfianza en las instituciones.
¿Cree usted que el CPCCS debe desaparecer?
Definitivamente debe desaparecer, no es necesario. La participación ciudadana no se puede estatizar, debe ser un control vertical hacia las instancias de poder.
¿Cree usted que el CPCCS fue un instrumento del poder para deslegitimar a las organizaciones de la sociedad civil?
Para mi desde el inicio esa fue la intención y claro, les quitaron legitimidad a los otros espacios. La creación del CPCCS fue un engaño que pretendió desarmar a los procesos organizativos. El Gobierno lo que hizo fue meter en un cajón la participación ciudadana y de esta manera ejercer control.

Una mirada a lo que fue el CPCCS
En el 2008 la Constitución de la República del Ecuador estableció la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) como una entidad autónoma, que forma parte de la Función de Transparencia y Control Social. Inició con una asignación presupuestaria de $5,9 millones y para el 2017 se le asignó $12,4 millones.
Además, el CPCCS debía garantizar la existencia de una sociedad libre de corrupción. En estos años han ingresado 103 denuncias sobre posibles hechos de corrupción en la gestión pública; sin embargo, el pleno emitió 85 resoluciones concluyentes. En tanto que hay 296 expedientes en indagación.
Una de las funciones del CPCCS era la de nombrar autoridades como: al Contralor Carlos Pólit, quien permanece prófugo de la justicia; al Procurador, Diego García, quien ha recibido duros cuestionamientos por su accionar en el caso Odebrecht; al Fiscal, Galo Chiriboga, quien también fue objetado en su gestión sobre los casos de Odebrecht y Petroecuador; sin olvidar al superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, quien al momento enfrenta un juicio político; y Gustavo Jalkh, quien por medio de correos filtrados presuntamente recibía órdenes del ex presidente Rafael Correa.
Además, el CPCCS anterior fue la oficina de colocación de personal en cargos públicos de los amigos, las parejas y familiares del Gobierno pasado.
En cuanto al manejo del presupuesto, la mayor parte del dinero estaba destinado a gasto corriente. Un ejemplo de ello es que en febrero de 2018 se contrataron $7,546.39 en “servicio de telefonía celular para las máximas autoridades del CPCCS”, es decir,7 personas cuyo plan de datos era de $225 mensuales que incluían: 8 megas de datos, redes whatsApp y facebook, llamadas ilimitadas a operadoras locales, 100 minutos a destinos internacionales, llamadas ilimitadas entre las siete líneas del CPCCS y un número privado.
En cuanto a sueldos el CPCCS destinaba $6'752.652 solamente para pagar remuneraciones a los funcionarios que ahí laboraban. http://www.cpccs.gob.ec/es/transparencia-lotaip/#1454341802263-4782c7ea-7638. Además, llama la atención que se contrate a través de régimen especial “pólizas de seguros en las ramas de incendio, robo, equipo electrónico, rotura de maquinaria, responsabilidad civil y vehículos de propiedad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social”.
El pasado jueves 22 de febrero se realizó la última sesión del CPCCS con los anteriores miembros, a la reunión solo asistieron 4 de los 7 vocales. En esa reunión los consejeros salientes se comprometieron a entregar toda la información que el nuevo Consejo requiera.