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Mes: julio 2018

Serrano usó agentes de la seguridad presidencial para espiar a su ex asesor

El seguimiento y presunto secuestro del activista Fernando Balda en Colombia no sería el único caso de operaciones encubiertas ilegales perpetradas por el correísmo, específicamente por José Serrano desde sus cargos como ministro de Estado.
Otro operativo de similares características, en el que también se habrían usado recursos públicos, y que fue comandado por Serrano, se realizó en 2012 en contra de su ex asesor Diego Vallejo, cuando el entonces Ministro del Interior ordenó que tres personas de la seguridad presidencial de Rafael Correa viajaran a Perú a espiarlo, con lo cual se revela además que esas operaciones se realizaban con el conocimiento del ex mandatario.
La información que Vallejo tenía en su poder y que hizo pública al salir del Gobierno le convirtieron en otro de los blancos de la estructura de espionaje y persecución desplegados por el correismo. Vallejo responsabilizó a Serrano de los seguimientos realizados a Balda en Colombia; así como del montaje de la teoría de golpe de Estado alrededor de los hechos del 30S y el uso ilegal de la información financiera en contra del ex fiscal general Washington Pesántez. También denunció irregularidades en el proceso selección del Fiscal General, Galo Chiriboga.
Poco después de esta serie de revelaciones, en 2012 se dictó una sentencia a dos años de prisión en contra de Vallejo por asociación ilícita, basada en un montaje de evidencia falsa, según él lo ha reiterado. Tras recuperar su libertad, Vallejo consiguió asilo político en Estados Unidos. Desde allí ha reactivado sus denuncias no solo sobre la persecución que él sostiene que se realizó en su contra, sino sobre actos de corrupción de las más altas autoridades gubernamentales de la década anterior. El 9 de mayo pasado rindió su versión, vía videoconferencia desde EE.UU., sobre el supuesto secuestro del activista político Fernando Balda. Su testimonio no solo colocó a Serrano en los primeros planos de esta historia, por haber sido quien planificó y coordinó la estrategia desplegada alrededor del presunto rapto al ex legislador Balda, sino que señala a Correa como la cabeza de las órdenes que se impartieron para traerlo desde Colombia a “como diera lugar”
Sobre su propio caso Vallejo presentó una demanda por intimidación, ante la Fiscalía el 24 de marzo de 2017, en contra de Serrano y Correa. Un año y cuatro meses después, este proceso se ha reactivado.
Cómo y por qué pasó de asesor a perseguido?
Diego Mauricio Vallejo Cevallos, ex militar en servicio pasivo, es experto en análisis financiero y en temas de lavado de activos. Fue contratado en noviembre de 2009 como asesor del ex ministro José Serrano en la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión para investigar un centenar de casos de corrupción de funcionarios públicos que habían sido denunciados ante esa entidad. Casi un año más tarde ingresó a la Secretaria Nacional de Inteligencia (SENAIN) como consultor cuando su titular era Francisco Jijón. Allí fue designado para investigar el caso 30S y actuó como el nexo entre la SENAIN y la Unidad de Respuesta Judicial, creada en el Ministerio de Justicia para llevar a instancias judiciales a todos quienes el Gobierno involucró en el 30S, como el Coronel Cesar Carrión, el Mayor Fidel Araujo y Max Marín.
Vallejo narra que supo que en la cartera de Justicia se estaba diseñando una estrategia, ordenada desde el Palacio de Carondelet, que involucraba construir la teoría del golpe de Estado alrededor de los hechos del 30S. Relata que para ello se fabricaron historias y testigos falsos, todo con pleno conocimiento de Ledy Zunig y Xavier Córdova, entonces ministra de Justicia y viceministro de Seguridad Interna, respectivamente.
Vallejo también asegura que en el Ministerio de Justicia funcionaba una unidad encubierta de inteligencia, a órdenes exclusivas del titular de esa cartera, José Serrano. El trabajo de este equipo estaba encaminado a descubrir posible ilegalidades de determinadas personas que puedan ser utilizadas políticamente por Serrano. Este grupo realizó grabaciones de audio y de video, seguimiento de personas y otras actividades de espionaje. 
Luego como consultor en el Ministerio de Justicia (desde enero del 2011) Vallejo recibió órdenes de Serrano para hacer un análisis técnico del movimiento de las cuentas del ex fiscal de la Nación Washington Pesántez y de sus familiares. Sin embargo, Vallejo solicitó la entrega de un documento por escrito para hacerlo de manera formal, ya que los expedientes tenían el formato de la Unidad de Análisis Financiero. De otra forma la obtención de esa información no era legal.
Serrano insistía en acceder al análisis financiero de Pesántez, pero nunca entregó a Vallejo el documento firmado. Para esas fechas el ex Fiscal ya sabía que Serrano investigaba sus cuentas y de acuerdo con Vallejo aprovechó las acciones realizadas por el ex ministro, en un caso de corrupción de funcionarios judiciales, para enfrentarlo. Vallejo, por disposición de Serrano, descubrió el cobro de coimas realizado por jueces del Guayas y las inconsistencias de sus cuentas. Varios funcionarios judiciales fueron detenidos por cohecho mediante un operativo que habría sido ilegal. Esa fue la coyuntura que según Vallejo permitió a Pesántez llegar hasta Serrano, pues el fiscal Pablo Encalada, supuestamente cercano a Pesántez, vinculó a Vallejo en ese proceso. El 29 de octubre del 2011, en la audiencia de formulación de cargos, el juez Luis Fernando Quiroz ordenó la prisión preventiva de Vallejo, pese que el Fiscal de entonces Galo Chiriboga no presentó acusación particular en su contra.
Como consecuencia de esto Vallejo decidió hacer públicos las operaciones de espionaje y seguimientos a Pesántez y a Fernando Balda. Lo hizo desde la clandestinidad y a los pocos días Correa en el enlace ciudadano 246 (26 de noviembre de 2011) se quejó de la actuación del juez en contra de funcionarios del Ministerio de Justicia “por denunciar actos de corrupción” y enseguida Quiroz retrocedió en su decisión inicial, argumentando haber tenido un Iapsus calami (equivocación), con lo cual Vallejo fue sobreseído de ese proceso. 
Aquí se evidencia una vez más la injerencia directa que ejerció Correa en la justicia para favorecer a sus colaboradores al menos en este punto de la historia del caso Vallejo, pues luego la situación del ex consultor se revirtió, tras su salida definitiva del Gobierno.
Vallejo se integró a la Corporación Transparencia por Ecuador como su director. Desde ese espacio continuó haciendo denuncias de corrupción en contra de varios funcionarios públicos. Por ejemplo, aseguró que en abril de 2011 personas que trabajaban con el ministro Serrano (entonces al frente del ministerio de Justicia) le entregaron documentos y fotografías de Fernando Balda en Colombia, así como un video donde el activista político se refiere a la sexualidad del ex presidente Correa. En un evento organizado por el Ministerio de Justicia, el 28 de abril de 2011 se entregó esta información al ex mandatario y días después Serrano ordenó al Viceministro, Xavier Córdova, que viaje a Bogotá para que coordine acciones en contra de Balda.


Vallejo también reveló que los miembros del comité de selección de Fiscal General de la Nación enviaron información privilegiada a Galo Chiriboga con el fin de que sea electo para el cargo; así como las irregularidades para la designación de Carlos Pólit como Contralor General del Estado. El ex consultor de Serrano sostuvo además que en el caso 30S presentó un informe indicando que el Coronel César Carrión no realizó ningún bloqueo de la puerta de acceso al hospital de la Policía para impedir el paso de Rafael Correa, acusación que fue impulsada y judicializada por el Gobierno pasado, según Vallejo mediante el montaje de testigos para incriminar no solo a Carrión sino también al Mayor Fidel Araujo.


Ya desvinculado del Gobierno de la revolución ciudadana, entre abril y junio de 2012, Vallejo viajó a EE.UU. y Perú para contactar a organizaciones vinculadas a actividades de lucha anticorrupción, con el fin de organizar una convención para septiembre de ese año en Quito. En el mismo lapso de tiempo en que el ex asesor estuvo en Lima, Perú, Serrano envió personal de la Unidad de Gestión de Seguridad Interna (UGSI) de la Presidencia de la República a esa ciudad en misión de inteligencia. La UGSI fue creada por Correa en agosto de 2007 mediante Acuerdo Ministerial 144. Se activa con órdenes directas del Palacio de Carondelet con el objetivo de dar protección al primer Mandatario. Pero en más de una ocasión ha sido involucrada en seguimientos políticos. 
En el caso de Vallejo, Serrano dispuso mediante acuerdo ministerial #2974, que los agentes: Tnte. Guillermo Rodríguez, Sgto. Oscar Fierro Puente y el Cbo. Edwin Quezada Morocho viajen a Lima en comisión de servicios, entre el 30 de mayo y el 6 de junio de 2012. Esta autorización se encuentra publicada en el Registro Oficial No. 825 del 7 de noviembre del 2012.
A su retorno al país y tras un operativo policial, Vallejo fue detenido el 29 de junio del 2012. En el vehículo en el que se movilizaba se requisaron dos armas sin municiones y un croquis de la casa de Paulo Rodríguez miembro del Consejo de la Judicatura. A decir de Vallejo estas armas fueron embaladas y depositadas en una mochila, que pertenecía a Oswaldo Rivadeneira, miembro fundador, junto con Vallejo, de la Corporación Transparencia por Ecuador, y quien, según el relato del ex asesor, había dejado esa mochila en encargo para ser retirada más tarde.
Pocos meses  después Rivadeneira  fue promovido al cargo de juez penal y luego al de asesor de Serrano en el ministerio del Interior.
El 2 de mayo de 2013 el entonces asambleísta César Montúfar pidió a la embajada de Perú en Ecuador que le informe si el gobierno nacional solicitó permiso al gobierno peruano para las actividades de los servidores policiales que viajaron a Lima “o, si existió alguna coordinación entre ambos gobiernos para la actuación de policías ecuatorianos en territorio peruano. Transcurrió casi un mes desde entonces y el ex viceministro del Interior, Xavier Córdoba, acudió a la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea para informar sobre las actividades de la UGSI, dependencia de inteligencia de la presidencia. Ante las preguntas de Montúfar sobre la misión que cumplieron los agentes en Lima no hubo mayores detalles. 
En una denuncia presentada ante la fiscalía de Pichincha, la esposa de Vallejo, Alexandra del Yépez  Urquizo indicó que los agentes de la UGSI ingresaron a Perú en calidad de turistas. Mediante correo electrónico del 25 de junio de 2013 Yépez pidió a la consejera de la embajada peruana en Ecuador, Roxana Castro, que la confirmación que le hizo vía telefónica de que los servidores policiales viajaron a ese país con visa de turismo y sin coordinación previa con su par peruano sea realizada por escrito. Hasta el momento eso no se ha concretado.
Como parte de su defensa legal Vallejo presentó un informe sobre 25 llamadas realizadas entre su ex colaborador Oswaldo Rivadeneira y el capitán Pablo Luna Guevara, de la UGSI, entre el 28 y el 31 de mayo, día en que Vallejo viajó a Lima. En otro reporte del informe aparecen también 14 llamadas entre Rivadeneira y Francisco Piñeiros, ex agente de los Ministerios de Justicia y del Interior, cuando estuvo al mando José Serrano. Piñeiros fue acusado de estafa en Cayambe durante el 2010 por tres personas que lo inculparon de haberles pedido dinero a cambio de adjudicarles equipos de laboratorio clínico y vehículos que la Policía iba a rematar, sin que Piñeiros sea oficial de policía.
Otro elemento que confirmaría no solo el seguimiento hecho a Vallejo en Perú sino el amedrentamiento a él y a su familia, fue un anónimo que recibió su esposa con una fotografía del ex asesor en compañía de una mujer en Lima, en la que los remitentes insinuaban un acto inmoral.
Los testimonios que se han pedido a Vallejo sobre el secuestro de Balda, en este año (el 9 de mayo pasado), han puesto nuevamente en escena no solo este caso sino la presunta persecución en contra del ex asesor de Serrano y sus otras denuncias realizadas años atrás. El asambleísta César Carrión (CREO) ha pedido a la presidencia de la República un informe “ejecutivo, concreto y específico, de la comisión de servicios realizada por los servidores Luis Guillermo Rodríguez Villegas; Oscar Rolando Fierro Puente; y Edwin Vinicio Quezada Morocho, de la Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia de la República… que fueron comisionados por el entonces Ministro del Interior, José Serrano, a la ciudad de Lima entre el 30 de mayo y el 6 de junio de 2012”.
Este requerimiento presentado en oficio No. 105-CC-PDI-2018 y enviado 5 de junio de 2018 por Carrión, aún no tiene respuesta de la Presidencia de la República según confirmó a Mil Hojas el asambleísta, quien considera que hay que profundizar las investigaciones en torno a las denuncias de Vallejo, pues la SENAIN no cumplió con la Ley de Seguridad Pública del Estado. Para ello precisó que hay que pedir que se desclasifiquen los expedientes de cada tema, pues “todos los delitos se encubrieron con la clasificación de reservado o secreto”. En esa línea Carrión dijo que ha pedido la desclasificación, en todas las dependencias que hayan manejado el caso 30S, pues deben esclarecerse muchos hechos, como la muerte de Froilán Jiménez.
El 2 de julio de este año Diego Vallejo realizó el reconocimiento de firmas en la denuncia que presentó en marzo de 2017, en contra de Rafael Correa y de José Serrano, por el presunto delito de intimidación hacia el ex asesor y su familia por parte de los miembros de la Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia.
Jimena Mena Martínez es la fiscal de la Unidad de Investigaciones Previas que ha sido asignada para el caso.

Thania Moreno: «Si hubo indicios en contra del ex ministro Serrano a mí no me correspondía determinarlo»

Luego de tres meses de suspensión (emitida el 20 de marzo pasado) y de 15 días adicionales de vacaciones, Thania Moreno Romero, Fiscal Provincial de Pichincha y quien ejerció también como Fiscal General subrogante, se reincorporó a sus funciones, este 6 de julio.
A la funcionaria se le iniciaron cuatro sumarios administrativos por cuestionamientos a su gestión, planteados ante el Consejo Nacional de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. 
La primera queja en su contra fue del ministro del Interior, César Navas, a inicios de marzo pasado, por dolo debido a una comunicación que Moreno envió al Comandante General de la Policía, reclamando el cambio de sus equipos de investigadores. La segunda semana de ese mes la asambleísta Cristina Reyes, del Partido Social Cristiano, solicitó la destitución de Moreno acusándola de conexiones políticas con el ex ministro del Interior y ex presidente de la Asamblea, José Serrano, así como por negligencia en el caso "Estrella Dorada o pases policiales". 
La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) pidió al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio investigar la designación de Moreno como fiscal provincial en mayo de 2016, justo cuando debía presentarse el dictamen fiscal en la audiencia preparatoria de juicio del caso pases policiales.
El portal Mil Hojas entrevistó a Moreno para conocer su posición en estos temas. De manera insistente y repetitiva ella defiende su actuación en el caso con el que se estrenó como Fiscal de Pichincha y que motivó la denuncia de la CNA: “pases policiales”. Moreno recalca que no fue la única autoridad judicial que lo tramitó, pues 10 operadores de justicia adicionales –contando jueces y fiscales- actuaron en el caso y en ninguna instancia cuestionaron sus actuaciones. Es enfática al señalar que muchas de las responsabilidades u omisiones que le endilgan, como el no haber vinculado a José Serrano al proceso, debieron ser resueltas por su predecesor Wilson Toainga, quien se desempeñó como fiscal provincial de Pichincha hasta mayo del 2016. 

 
¿Cuándo y cómo se inició su participación en el caso ‘Pases Policiales’?
Con un parte realizado por un policía, en enero de 2015, en el cual nos indica que en la Policía había una estructura, con alias El Duro, que estaría mal utilizando el equipo para cometer ilícitos. Por lo que se delega a la unidad judicial al mando del capitán (Marco) Paredes y con el cabo Milton Albacura
¿Estos policías estaban bajo la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti)?
Los señores no pertenecían a la Fiscalía, si no a la Dirección General de Inteligencia
¿Es la institución policial la que presenta la denuncia, no el Ministerio del Interior?
Exacto. En enero de 2015 nos dan algunos números telefónicos que se están utilizando, según ese parte policial. Se pide una relación de llamadas. El policía (quien hizo el parte) tiene un accidente de tránsito, por lo que se paraliza la investigación unos tres meses.
¿Cómo se llama el policía a cargo del caso?
Milton Albacura. Se espera a que él se reintegre, se hacen algunas diligencias y vemos que uno de los números telefónicos da a un miembro policial de la Dirección General de Personal. En julio de 2015 dimite el comandante general (Ramiro Mantilla) y sale el escándalo público. Hasta ahí no tengo nada. Solo hay un escándalo de hechos de corrupción en la Policía y vemos que se relaciona parte de esos hechos con la investigación que yo tenía
¿Usted se encargaba de la parte operativa de la investigación? ¿y el fiscal Toainga cómo actuaba?
En 2015 sigo investigando y el 28 de diciembre de 2015, con los resultados de mi investigación, como fiscal Fedoti, formulo cargos por delincuencia organizada, en contra de los miembros policiales, entre ellos oficiales y gente de clases.
¿Cuántas personas fueron vinculadas?
Como 20. Nadie de fuero hasta ese momento. Entre ellos el Tnte. Ernesto Montenegro, quien estaba prófugo.
¿Y el Tnte. Alexis Cifuentes?
También como prófugo. Pero el Tnte. Montenegro, en enero (2016), decidió entregarse a la Fiscalía. Yo tomo la versión. Él (Montenegro) indica que quiere someterse a colaboración eficaz y me nombra al Gral. Tamayo, quien gozaba de fuero, por lo que me corresponde pasar todo lo investigado al Dr. Wilson Toainga, fiscal provincial de Pichincha en ese momento. Esto quiero hacer hincapié porque quedó como que yo tapé. Pero yo me deslindo del caso porque así corresponde en ley. No tengo nada que ver en febrero, en marzo y el 27 de abril (2016) se cierra la instrucción fiscal. El Dr. Toainga hace diligencias, vincula al Gral. Tamayo y toma versiones a quienes cree pertinente.
¿Por qué cuando usted retomó el caso en mayo (2016) no llamó a declarar a los miembros de la Comisión Técnica de Pases?
Hasta el 27 de abril, con el resultado de las investigaciones, si el Dr. Toainga consideraba que había alguien más (involucrado) de fuero, como el ex ministro (Serrano) tenía que pasar el caso al Fiscal General. Pero ya no es mi competencia. 
Pero Toainga llamó a declarar a estos funcionarios
El sí llama. Pero no es que llamo y ya vinculo. A criterio de él no había elementos o sí había elementos y él cierra la instrucción sin vincular a nadie de fuero, a mí no me correspondía.
¿O el fiscal Toainga llamó a estos funcionarios a declarar, pero cuando usted se hizo cargo del caso ya no ratificó ese llamado?
Cuando voy a la audiencia la instrucción ya está cerrada. Se cerró el 27 de abril porque así dice la norma. No puede pasarse un día más. Yo me posesiono el 2 de mayo (2016). Dentro de las diligencias el Tnte. Montenegro firma una colaboración eficaz con el Dr. Toainga, no conmigo. El Dr. Toainga pide el testimonio anticipado de estos señores y voy a ese testimonio, fijado para el 2 de mayo
Justo cuando usted se posesiona
Ya posesionada voy. Pero es una diligencia. 
¿Por disposición del fiscal Toainga?
Claro y me corresponde presentar el dictamen en la audiencia preparatoria, con los únicos procesados a ese momento. No me puedo pronunciar de alguien que no estaba entre quienes procesé como Fedoti y los que procesó el Dr. Toainga. Ósea si había indicios para el ministro Serrano, el viceministro o lo que sea,  a quién le correspondía era al Dr. Toainga, no a mí.
Si Toainga no lo hizo, ¿por qué usted, en el período de sus investigaciones solo estableció que se puede procesar a esas 20 personas y no a los altos funcionarios?
Porque ya no tengo elementos para esos funcionarios 
¿Su trabajo llegó solo hasta cuando le mencionaron a Tamayo?
Exacto. Cuando el Sr. Ernesto Montenegro me dice ‘mire el Tnte. Cifuentes me dice que cobremos por los pases porque esto era para la moza del ministro y para el pago de sánduches’ y que todo estaba autorizado por el comandante’, eso se pone a órdenes ya del Dr. Wilson Toainga.  Y si el Sr. Montenegro nos dice esto, el Sr. Cifuentes tenía que haber dicho ‘este dinero que era producto de los pases, yo le di al ministro’
Y no lo hizo?
Lo que dice el Sr. (Cifuentes) en la audiencia de juzgamiento es ‘yo no sé por qué me involucra porque yo no trabajaba en la Policía, estaba desvinculado desde 2010, trabajaba en la presidencia de la República’. Él nunca menciona que ese dinero lo entregó o por qué lo hizo, eso tendrá que responder el Sr. Cifuentes. Cuando rinde la versión conmigo me dice ‘yo no tengo nada que ver aquí’.
¿Y a usted como investigadora no le pareció raro que personas de los rangos de ellos puedan hacer semejante operación sin que la parte superior de la Comisión de Pases tengan conocimiento? 
Es que era clarito. Estoy procesando por delincuencia organizada y coincido con el Dr. Toainga que en esto hay un cumplimiento de roles: ‘yo me agrupo por un determinado tiempo para un fin ilícito, tengo a los captadores o los que ofrecían el beneficio; muy bien, tomen ustedes por los pases hasta $1.500, y ustedes podrán cobrar $2.000 pero a nosotros nos entregan’. Para eso tenía que haber la red en la Dirección General de Personal. No tiene por qué haber en otro lugar. Tenía que haber el director general de personal, el jefe de pases y los analistas. Vimos que el Tnte. Cifuentes, le puso al Tnte. Coronel Aldrín Torres como jefe de pases. Él es el que hace los famosos partes que los llevaba el Tnte. Montenegro y él dice que ‘viene por disposición de mi comandante’. No había otro documento, ni otro análisis que fundamente porque el pase como tal no es ilegal. Entonces el Tnte. Montenegro llegaba con el listado de pases donde el Sr. Torres, lo hacía con él y los daba con un analista. Demostramos que hubo esa estructura en la Policía
¿Una estructura tan fuerte como para que el mismo comandante y otros oficiales de alto nivel tengan que pagarle al Sr. Cifuentes para los pases?
Lo que dijo el Sr. Montenegro es que les llegaba el dinero en efectivo, producto de los pases.  Él ofertaba y se quedaba con una comisión. Él entregó más de $200 mil en efectivo a Cifuentes y a Tamayo. 
¿Para usted Tamayo era el último eslabón?
Claro, era la cabeza
La Comisión Técnica estaba presidida por el viceministro de seguridad interna y cinco representantes de la Policía y del Ministerio del Interior. Cómo pudo funcionar ese esquema solo a nivel del comandante?
Tenga claro esto. Cuando va a la Comisión de Pases quien hace de secretario es el director general de personal. Ósea no es que revisan la documentación. Son por listados
¿No revisan individualmente?
Exacto. Eso dijo el Sr. Aldrín Torres. Yo le dije, ‘ustedes hicieron alguna observación y pusieron en conocimiento que el Tnte. Montenegro está haciendo tantos pases’
Pero además se hacían actas ¿y en esas no se podían hacer observaciones?
No hay ninguna observación de nadie
Por lo tanto ¿tampoco desde la Comisión Técnica de Pases se hizo una verificación adecuada?
Exactamente. Entonces el Dr. Toainga toma la versión del jefe de la Comisión de pases que era el viceministro (Diego Fuentes). Y si de esa investigación consideraba que había irregularidades, ‘a ver señor usted no cumplió su trabajo y hay elementos para formular cargos’ y se va arriba porque el viceministro también tiene fuero. Pero yo no tomo la versión, toma el Dr. Toainga porque le correspondía a él, por el fuero. Eso es lo que quiero que quede claro. Con el Dr. Toainga, coincidimos en su mayoría con respecto a sostener la acusación.
La teoría del caso la armó en coordinación con Toainga con los elementos que apuntan hasta el Gral. Tamayo?
Por supuesto. Hasta el Gral. Hay también una reconstrucción de los hechos que hace el Dr. Toainga de todo el procedimiento de los pases, con expertos, para ver quién no más debía estar dentro del cobro. Ahora, yo como fiscal digo ‘esta es mi teoría, es lo que necesito para probar los hechos’. No les pongo al viceministro y al ministro porque no eran mis testigos. Quien pide el testimonio de Serrano y del presidente (de la República) es la defensa del Sr. Tamayo y del Sr. Cifuentes, pero ellos voluntariamente prescinden de toditos. Entonces ellos era de que les lleven ante los jueces y digan ‘ahí está pues el trabajo de la fiscal’ porque ellos son los que tienen que hacer la defensa técnica. Yo no tengo por qué darles haciendo el trabajo.
Cuando salieron a la luz videos del ‘grupo de los intocables ¿por qué no investigó sus versiones?
Esos videos se presentaron posteriormente, cuando el Sr. (Fernando) Balda les ayuda a que hagan un video porque ellos estaban prófugos.
¿No podían integrarse al proceso?
No porque era una prueba ilegal. Son videos que están en las redes. No sabíamos origen
¿Y no se podía hacer un peritaje para verificar el origen y darles legalidad?
Es que ya se acabó la parte procesal. Investigarles a ellos por estos mismos hechos ya no habría…
¿Y por otra figura legal y de oficio?
Ah por otra figura. Pero…. en el tema de lavado… A mí me llegó el día de la audiencia. Imagínese que yo quiera presentar ese día, con toda razón ahí sí la defensa me decía la Fiscal está actuando en forma irresponsable
¿Tampoco se podía a partir del informe #032 de la Contraloría (2017) donde se señala que la Comisión de Pases sí tuvo actos negligentes?
Ese informe, formalmente, no me ha llegado. 
¿Pero con un informe de una entidad de control, no podía iniciar una investigación de oficio?
Como Fiscalía necesitamos que la Contraloría nos diga que hay responsabilidad penal
¿Y eso no se establece en el informe?
(Responsabilidad) Administrativa es lo que yo sé. No sé si estableció responsabilidad penal y pasaron directamente a la Fiscalía General. Formalmente nunca me llegó donde me diga que había indicios de responsabilidad penal. El único que me llegó es el informe de Contraloría de enriquecimiento ilícito del Gral. Tamayo que fue el que dio antecedente para formular cargos 
En su investigación se establece que la estructura delincuencial daba lugar a irregularidades, extrañamente, del Comandante General para abajo y no del comandante para arriba 
Pero nunca le pusieron a órdenes de la Comisión de Pases, sino que pasan como listados y eso es lo que aprueban
¿Ósea la Comisión solamente veía la lista, no verificaba?
Coincido con usted. Pero por lo que hemos visto… son negligentes. Si muy bien, pero la negligencia no es motivo para sanción penal
¿Aun cuando luego Cifuentes haya mencionado a Serrano en el caso?
O si el comandante hubiera dicho en sus versiones ‘sabe que este dinero también lo daba al Sr. Presidente de la Comisión de Pases para que me apruebe rápido’
Tamayo llegó a decir que iba para los sánduches de Alianza País
No me dijo a mí y tampoco en la audiencia de juzgamiento.
Pero Cifuentes sí mencionó a Serrano
No mencionó a Serrano, sino a Montenegro. Y lo que dice el Sr. Tamayo en la audiencia es prácticamente que él no se enteraba de nada. 
Se puede aplicar la misma lógica con el ex viceministro y decir que el Sr. Diego Fuentes tampoco se enteraba de nada, no conocía nada
Eso es lo que él dice. Pero en la colaboración eficaz Montenegro me dice ‘todo esto era autorizado por el comandante Tamayo y le entregué a él dinero en efectivo’. Eso está corroborado con el informe de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. 
Cuando Cifuentes responsabilizó a Serrano, ex ministro del interior, también dijo que su madre fue llevada a la oficina de Serrano y que usted estuvo en esa reunión.  Eso un procedimiento normal?
Bueno, yo no lo puedo decir. Lo que a mí me informaron era para ver si el Sr. Cifuentes se entregaba porque él estaba prófugo
¿La reunión era para eso?
Para que el Sr. Cifuentes se entregue y se someta a colaboración eficaz. En ese tiempo cuando yo apliqué esa figura, le criminalizaron. Pero era una figura jurídica muy clara para desarticular estructuras porque es el testimonio de una persona que formaba parte de la organización y el más claro (ejemplo actual) es el del Sr. de Odebrecht. Pero en ese tiempo era: ‘la colaboración eficaz, Thania Moreno, negocios oscuros’ 
¿La reunión con la madre de Cifuentes era parte del procedimiento que se aplica en esta figura?
Por qué la pena tan baja? Porque así dice la ley pues. Yo no me traje de la cabeza. No sé si es un complot porque veo que el Sr. Eco. Rodríguez tiene la fijación en el caso pases. No sé si porque el hijo era el abogado de uno de los señores del caso y viene a denunciar ahora cuando esto fue público desde octubre de 2016. Eso también no se llama oscuros intereses? Si el Sr. Rodríguez creía que hay algo, presente la denuncia en la Comisión Anticorrupción. No sé por qué tienen esa obsesión y ahora quiere todo el mundo revisarlo. Y solo Thania Moreno. Por qué no al fiscal Toainga?
También se ha cuestionado a la jueza Romero porque reconoció públicamente su afiliación con el partido de Gobierno 
Pero no somos solo dos personas. 
Serrano y Fuentes estaban en el Gobierno del movimiento Alianza País y una jueza del caso se declara abiertamente aliancista ¿no son elementos que pueden generar desconfianza?
Aceptaría su teoría si el caso hubiera estado solo a cargo de ella (Romero). No le parece que donde han actuado más de 11 operadores de justicia se mencione solo a Thania Moreno? Por qué no se menciona al Tribunal de Segunda Instancia? Por qué no se ve que indebidamente bajaron la pena? No lo dice Thania Moreno, si no el recurso de casación. No es el único caso en el que he actuado. 
¿Cómo está su situación en la Fiscalía?
Me iniciaron 4 sumarios administrativos. Mi criterio legal es que a quien denuncia le corresponde la carga de la prueba. La Sra. Cristina Reyes se limitó a presentar una denuncia en la cual relata lo que dijo el fiscal general (Carlos Baca Mancheno en la Asamblea) el 9 de marzo, presenta copias simples y un flash memory y nada más. Por eso dije ‘por favor, de qué me debo defender.  
¿La asambleísta no menciona ningún otro caso de irregularidades cometidas por usted?
No menciona y no prueba. Yo sí he sido víctima de que ‘dicen, dicen’. Todo lo que he hecho, el caso La Luna, los operativos, etc no valen nada. El único caso que abrí investigaciones como fiscal general subrogante, no de oficio, fue al ex fiscal general (Carlos Baca). Ahí era el mismo argumento ‘que él (ex fiscal Baca) hizo público ese audio (Serrano- Pólit) y yo fui corriendo a abrir investigaciones. Como que soy una tonta. Eso es indignante. Pero nadie me ha preguntado por qué abrí ese día
¿Por qué lo hizo?
Porque me presentan denuncias formales el Sr. Andrés Páez y un ex funcionario de la fiscalía de El Oro el 20 y 21 (de febrero). Yo recibo, pero el 22 y el 23 (de febrero) yo estaba encargada de la Fiscalía General, entonces no podía hacer las dos funciones. El 26 de febrero que me reintegro a mis funciones de subrogante, abro las denuncias. Dónde está el complot? No abrir sí sería terrible. E iniciar una investigación no significa que ya es culpable.
¿En qué consistían las denuncias?
Abrí la indagación por incumplimiento de orden legítimo, pues este señor aducía que ha pedido que lo reintegren tras ganar un proceso en el Contencioso Administrativo y eso no se cumplió, pese a que es un mandato jurisdiccional. Y la otra es del 30S 
En el concurso para fiscal provincial en que usted participó se cuestionó que la Fiscalía no intervino en la calificación de la parte práctica de la evaluación
No participé solo yo. Somos 23 fiscales de todas las provincias
¿En ese proceso hubo objeciones?
Pasó toda la fase de oposición. Por qué ponen solo mi nombre. Otra cosa es que se abra el concurso y participe solo yo y solo se me nombre a mí. Hubo un proceso. Luego de categorizar a los fiscales en 2015, el siguiente año, de los fiscales #3, se llamó a fiscales provinciales porque así dice la norma, y de esos sale el fiscal subrogante, el mejor puntuado
Pero la Fiscalía no tuvo delegado en el proceso. Se habría incumplido el Instructivo (artículo 25) para el concurso de fiscales provinciales
Eso tendría que responder el Consejo de la Judicatura. No yo
¿Usted no sabe si eso se omitió?
De lo que sé se convocó, pero no fueron de la Fiscalía. Eso tendría que responder el Fiscal Chiriboga