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Mes: agosto 2018

El peculado está por configurarse en la Plataforma financiera

MIlhojas.is
En marzo de este año concluía el plazo para la entrega –  recepción definitiva de la Plataforma Gubernamental Financiera, siempre que los problemas técnicos y económicos registrados en la ejecución de su contrato de construcción hayan sido subsanados. Sin embargo, ello no ha ocurrido hasta el momento, por lo que tampoco se ha realizado su liquidación final.
El 9 de septiembre de 2015, Salvador Jaramillo Vivanco, entonces Director General del SECOB, y Yang Liang como el apoderado general de China CAMC Engineering Co. Ltd., firmaron el contrato de construcción de la obra. El valor a pagar se fijó en $197'975.643,58, sin IVA.
La obra se contrató bajo la modalidad de Plazo y Precio Fijo. Es decir, que no existe reajuste ni cualquier otro mecanismo de variación de precios, pues en su valor ya debe estar cubierto el costo de construcción de toda la obra, el valor de depreciación, operación y mantenimiento de los equipos del contratista y el costo del arrendamiento en caso de ser alquilados, así como el costo de los materiales de la  contratista, mano de obra, transporte, señalización, seguridad industrial, seguros, mitigación ambiental, impuestos, tasas, revisión del diseño, contribuciones y servicios necesarios. Es decir, todo lo se requiera para entregar la obra lista para ser puesta en servicio. Así lo determina para este tipo de contrataciones el artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública.
Se dispuso además que no se pueden celebrar contratos complementarios y el plazo de ejecución tampoco podía cambiarse, excepto en casos de fuerza mayor o caso fortuito. [1]

Uno de los mayores impedimentos para el cierre contractual definitivo de esta controversial obra es una diferencia a favor del Estado por $22,6 millones en el monto final de la construcción, la cual fue establecida por la Contraloría General del Estado. Por lo que los valores definitivos de pago a la contratista China CAMC Engineering Co. Ltd se emitirán en función de las observaciones realizadas por el ente de control.
En otras palabras sobre el Servicio de Contratación de Obras (SECOB), entidad contratante, pende una espada de Damocles, pues tiene que resolver cómo pagará el valor total de la construcción a la contratista, cuando la Contraloría ha establecido que el ahorro en favor del Estado es una cifra equivalente al 11,43% del precio del contrato. Esta diferencia es un nivel alto, según expertos consultados por Mil Hojas, en relación al valor contractual que fue de $197’975.643,58 (sin IVA).
Esta, junto a 11 observaciones adicionales, fueron planteadas por la Contraloría en el informe DNA1-0020-2018, aprobado el 20 de marzo pasado. Han transcurrido casi cinco meses desde que los resultados del examen especial se entregaron a los directivos de Inmobiliar y del SECOB, encargados de llevar adelante las etapas precontractual y contractual, respectivamente para la construcción y fiscalización de la Plataforma de Gestión Financiera.
Este contrato, cuya ejecución debió concluir en 510 días contados a partir de la firma del contrato (que terminaron en febrero de 2017), ha tenido 2 prorrogas de un total de 90 días, según el SECOB ha explicado a Mil Hojas, mediante correo electrónico. El contrato se encuentra en la etapa comprendida entre la recepción provisional y definitiva. La recepción provisional, se firmó el 20 de septiembre de 2017 y su plazo de conclusión era de seis meses o hasta que las observaciones sean enmendadas.
Hasta el momento solo tres de las 12 observaciones y recomendaciones hechas por la Contraloría han sido cumplidas. Según el SECOB, las nueve restantes están en ejecución.
Esta megaobra, construida y ensalzada por el ex presidente Rafael Correa y sus acólitos funcionarios, por sus supuestas potencialidades para optimizar el servicio a la ciudadanía y para generar ahorro fiscal, es una jaqueca, no solo desde el punto de vista de la funcionalidad del edificio para usuarios y funcionarios, sino para las actuales autoridades que están al frente de las instituciones responsables de la terminación de los contratos de construcción y fiscalización, así como de la administración del edificio.
Los problemas aparecieron desde los estudios técnicos del proyecto que estuvieron a cargo del Consorcio Naranjo & Balcazar. La Contraloría ha detectado “inconsistencias técnicas en cuanto a los ítems relacionados al diseño de la cimentación, estructura de la escalera biomasa del bloque 2, diseño de jardineras, acceso al bloque 3”.
A criterio del SECOB, la más relevante de estas inconsistencias fue la de cimentación, “la cual no hubiera sido posible realizar de acuerdo al tipo de suelo encontrado en el sitio. Esto conllevó a que se realice un nuevo diseño validado por el consultor del proyecto”.

Rafael Correa no podía faltar el día de la inauguración de la onerosa plataforma financiera, hoy contraloría desnuda buena parte de las irregularidades de la contratación. Foto: API

China CAMC propuso el rediseño de cimentación de la Plataforma debido a “la imposibilidad de garantizar la seguridad de los obreros en el nivel inferior de la excavación, así como el poco tiempo para ejecutar esta actividad”. La fiscalización a cargo de ESPE Innovativa y la administración del contrato aprobaron la propuesta.
Este rediseño se concretó, no obstante la Contraloría observó que los cambios realizados no contaron con el análisis económico por parte de la contratista, ni fue solicitado por la fiscalización y por el administrador del contrato para los Estudios técnicos definitivos del proyecto.
Por ello el organismo de control concluyó que el administrador del contrato de estudios técnicos, ejecutado por el Consorcio Naranjo & Balcazar, al haber recibido los mencionados estudios con las inconsistencias técnicas mencionadas, incumplió la Ley de Contratación Pública y su Reglamento, así como los Términos de Referencia del contrato.
La constructora también propuso cambios en el diseño de la estructura metálica del proyecto. Sus argumentos fueron la necesidad de cumplir con normas técnicas vigentes (sobre desempeño sísmico y los niveles de resistencia), optimizar el uso de los materiales, facilitar la construcción y así poder cumplir con los plazos.
La Fiscalizadora aprobó el pedido, precisando que hubo un sobredimensionamiento de la estructura en los cálculos originales del proyecto.
En su examen especial la Contraloría concluyó que: “considerando las cantidades finales utilizadas en la estructura metálica que constan en el hito 6 y aplicando los precios unitarios del presupuesto del formulario 1.5 de la oferta, la diferencia generada por el rediseño en los rubros de perfilería metálica es de $22 645 008,32”.

Esta es la diferencia entre lo presupuestado por la contratista y la cantidad realmente ejecutada. El organismo de control destaca que “el precio del contrato y el presupuesto del proyecto se definieron sobre la base de estudios, diseños y planos originales y si éstos fueron optimizados, sus beneficios debieron evidenciarse en el precio y plazo final del proyecto”.
No obstante, en cuanto al plazo como lo admite el propio SECOB en sus respuestas a Mil Hojas, la obra tuvo prórrogas por 90 días. Es decir, pese a haber concluido el vencimiento de su recepción provisional en marzo pasado, se mantiene en ese estatus, sin que se concrete el cierre del contrato.
La Contraloría cuestionó que las modificaciones en el diseño de la estructura metálica no contaran con un análisis económico de la contratista, del administrador del contrato y tampoco de la fiscalización, ni se hayan dado acuerdos con el contratista sobre los beneficios económicos a favor de la entidad contratante. Por lo que concluye que el valor del precio fijo del contrato, calculado sobre la base de los diseños originales no era real.
Tanto quien fue Director General del SECOB en el período en que se firmó el contrato, Salvador Jaramillo, como el administrador del contrato, el fiscalizador y la constructora China CAMC se amparan en la cláusula 30 del contrato para explicar que no analizaron el impacto económico del rediseño, pues esa disposición solo demanda un aval técnico. Agregan que el rediseño contó con la aprobación de quien hizo los estudios técnicos originales.
Jaramillo fue nombrado director del SECOB (29 de abril de 2015), de una terna presentada por el presidente del Comité del Servicio de Contratación de Obras (SECOB), que en ese entonces era Vinicio Alvarado Espinel, ex Secretario Nacional de la Administración Pública. 
Otro argumento de estas autoridades y contratistas es que si bajo el modelo de contrato de precio y plazo fijos se producen mejoras en los diseños del proyecto, que conlleven reducciones económicas, esto no implica que el monto del contrato varíe.
La Contraloría considera que el administrador del contrato (funcionario del SECOB) y la empresa fiscalizadora, incumplieron las reglas de la invitación hecha a la empresa China CAMC a participar en el proceso, que señalan que el valor de la obra se pagará considerando que se construya con los diseños originales. El administrador del contrato además incumple con la Ley de Contratación Pública y su reglamento General. La fiscalización, el ex Director General y el Coordinador Zonal 9 del SECOB incumplieron varias Normas de Control Interno.
Las observaciones y recomendaciones hechas por la Contraloría son de cumplimiento inmediato y obligatorio. Algunas de las interrogantes que surgen ante este panorama es cómo y cuándo el SECOB e INMOBILIAR lograrán hacer el cierre y liquidación del contrato, con una diferencia tan amplia en los cálculos del valor realmente ejecutado en la obra y lo determinado por la Contraloría?
Si el contratante no se puede beneficiar de ese ahorro, esos $22,6 millones ¿a dónde van a parar?, ¿quién se beneficiará de este presunto ahorro?
OTROS PENDIENTES

La Contraloría detectó también, como era obvio, errores en el diseño definitivo y construcción del desvío del colector de alcantarillado de la calle Villalengua de la Plataforma Financiera. Este tema fue incluido en el examen especial de los auditores luego de la inundación que se registró en la plataforma en mayo de 2017 a pocos días de haber iniciado sus actividades y de ser inaugurada oficialmente.

A pocas horas de ser inaugurado, el edificio se inundó a causa de una fuerte pero común lluvía invernal de la capital, estaban con el agua a nivel de las rodillas, hoy los problemas legales y financieros les llega hasta el cuello.

El primer diseño del colector fue realizado por la compañía JOrtiz S.A. Construcciones. Su contrato tuvo un valor de $36’159,14 y un plazo de 45 días desde su suscripción. Pero a criterio de la auditoría oficial el trabajo de esta consultora tuvo fallas de cálculo en la determinación de caudales y en el dimensionamiento de la sección hidráulica del desvío del colector.
Un segundo diseño fue elaborado por la misma constructora de la plataforma, China CAMC, que percibió por este trabajo $904.988. Pero esta empresa también cometió errores de cálculo y construyó un colector cuya capacidad hidráulica es menor a la requerida, por lo que no cubre las necesidades reales.
La Contraloría recomendó que antes de la entrega definitiva de la obra, el administrador del contrato y la fiscalización verifiquen que la contratista implemente un nuevo ramal del colector de acuerdo a los diseños presentados por SECOB que deben ser aprobados por la EPMAPS…”
Según el SECOB, esta recomendación está en proceso de ejecución. Pero lo que ninguna autoridad gubernamental ha aclarado aún es quién se hará cargo de los costos del nuevo colector. Esto, pese a que  “los contratistas de esta modalidad asumen todos los riesgos y responsabilidades por el cumplimiento del objeto del contrato en las condiciones acordadas”. Entre otras obligaciones que asumió la contratista consta que en la obra se utilizará “mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el Contratista como sus trabajadores y subcontratistas , emplearán diligencia y cuidado en los trabajos , de tal modo que respondan hasta por culpa leve”.
Hay que anotar también que en el pomposo “estreno” de actividades de la Plataforma Financiera se incumplieron disposiciones municipales. Verónica Rodríguez, gerente de Plataformas de Inmobiliar admitió que en el gobierno de Rafael Correa se cometió un error en esa megaobra, pues el Municipio de Quito y el Cuerpo de Bomberos no habían otorgado los permisos de ocupación y habitabilidad y ya se realizó la mudanza hacia la nueva edificación. La funcionaria reconoció: “entiendo que por los compromisos, en su momento del Gobierno anterior, quisieron entregar la plataforma, pues hubo una disposición ya de orden superior de que se trasladaran los funcionarios mientras ese permiso estaba en proceso”.
Esto también fue cuestionado por la Contraloría que dispuso que en futuras obras, podrán ocuparse los inmuebles previa obtención de estos permisos.
La falta de transparencia en la información del proceso contractual y de ejecución de los estudios y construcción de esta obra fue otra de las observaciones de la Contraloría.
En el período del 14 de agosto del 2014 y el 31 de agosto de 2015, plena revolución ciudadana, no se publicó información relevante en el portal de compras públicas sobre: estudios técnicos definitivos del proyecto, el contrato de construcción, el diseño definitivo del desvío del colector, planillas de avance de obra, informes de fiscalización.
Por lo tanto, se incumplió la Ley de Contratación Pública, lo que “ha impedido a la ciudadanía, conocer el desarrollo de los referidos procesos”.
Por ello, el organismo de control recomendó que “para el caso del contrato de construcción de la Plataforma Financiera, se efectuarán los trámites ante el SERCOP a fin de que se habilite la herramienta y se suba la información faltante al portal”.
El SECOB afirma que el sistema de compras públicas realizó un cambio en su configuración, lo que se contrapone al contrato de precio y plazo fijos; ello imposibilitó el ingreso de la información total. El director actual del SECOB, Jorge Wated, solicitó al SERCOP una solución para ingresar la información restante. Sin embargo, sostiene que la respuesta fue que no se podía alterar el sistema actual y que se considerará a posterior una opción para contratos por precio fijo.
Condiciones con las que se financió la obra
Casi 15 días después de firmado este contrato, en un contexto económico adverso en el país para adquirir más deuda y en medio del anuncio oficial de nuevos recortes en la inversión pública de $800 millones, el Gobierno del ex presidente Rafael Correa y la Embajada china anunciaron la construcción de la Plataforma Gubernamental Financiera.
El contrato de construcción de la plataforma financiera, una de las mayores obras asignadas por el Ecuador a China CAMC, fue costeado en su mayor parte con crédito del Banco de Desarrollo Chino (CDB), uno de los brazos financieros de ese país con amplia presencia en la región.

El 25 de mayo de 2016, la Consejera Comercial de China en Ecuador Ji Xiaofeng visitó las obras de la Plataforma.

En un documento emitido en 2015 por autoridades del Ministerio de Finanzas se evidencia los condicionamientos a los que el Gobierno ecuatoriano se sometió al firmar el Convenio  de financiamiento con el Banco de Desarrollo de China (CDB), el 20 de diciembre de 2012. En oficio No. MINFIN-SEP-2015-0206-0, se destaca que “el Tramo B de la Línea de Crédito III, de China busca financiar proyectos específicos elegibles, dentro de los que se encuentra este Proyecto. Pero precisa que para acceder a esos créditos, el Estado, a través del  SECOB, deberá suscribir un contrato de construcción con "cualquier corporación u otras entidades de propiedad o controladas por una entidad de la República Popular  de China, o del  Gobierno de esta". Se invitó a cinco empresas chinas domiciliadas en Ecuador: GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED, SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, CHINA CAMC ENGINEERING CO. LTD., CHINA INTERNACIONAL WATER ELECTRIC CORP. y CRCC 14 TH BUREAU GROUP ECUADOR CO. LTD.
Además del mandato que debía cumplir el Estado ecuatoriano respecto a las contrataciones con compañías del país asiático, el argumento oficial para invitarlas fue su “amplia experiencia en construcción de proyectos emblemáticos de infraestructura dentro del Estado ecuatoriano”. Claro, era innegable la presencia de estas empresas por los descomunales montos asignados en contratos a las cuatro primeras invitadas: más de $2.300 millones, de acuerdo con una investigación realizada en 2017 por International Center Four Journalists (ICFJ) y Connectas.
La información sobre las condiciones de este financiamiento fue calificada como reservada mediante un acuerdo ministerial según las disposiciones del entonces mandatario Rafael Correa. Por lo tanto, la fórmula para dar acceso a esa información sería un nuevo acuerdo ministerial, con la previa decisión política del presidente Lenín Moreno. Ello no ha sucedido aún.
¿Quién da más?
Desde que se realizaron los primeros anuncios oficiales sobre la construcción de esta enorme armazón, hasta la conclusión de la obra, se han lanzado una serie de cálculos y cifras sobre su valor.
Durante el enlace ciudadano #362 del 25 de febrero de 2014, el ex presidente Rafael Correa anunció que el costo del proyecto iba a ser de $79,5 millones para la construcción de 91.100 m2.  Para abril de 2017, también en enlace ciudadano, el ex mandatario dijo que la superficie de construcción era de 132.824 m2 y el valor total ascendía a $208,95 millones, es decir un costo 2,6 veces más alto que lo declarado en 2014. [2]
Al parecer ese dato tiene como base el monto de inversión que para este proyecto manejaba Inmobiliar en el 2014, con ligeras variaciones: $208´643.148,69. Así consta en su Informe de Rendición de Cuentas de ese año.[3]
En el contrato para la construcción de la Plataforma Financiera el valor de la obra se fijó en $197’975.643,58 (sin IVA). Luego de ello, el SECOB publicó igual monto, especificando que la obra comprendía un área de 132.823,70 m² de construcción.

Mientras en un documento titulado “Informe de Rendición de Cuentas de 2015, Inmobiliar publica que para la construcción de esta obra se firmó un contrato” por  $221’732.720,81 (esta cifra ya incluye el IVA, por lo que concuerda con el contrato), también señala un área de construcción de 130.263,86 m2, que es ligeramente menor que la registrada por el SECOB. Aquí menciona que el financiamiento es mediante un crédito chino y recursos fiscales.[4]
El 22 de mayo de 2017, durante la inauguración de la obra, el ex presidente Rafael Correa, en su discurso dijo: "esta plataforma nos cuesta cerca de $225 millones”.  Calificó a la construcción como la más grande que se ha hecho en la historia del país en cuanto a edificios. Y enfatizó que no se trata de obras faraónicas, “son obras extremadamente útiles, esto nos ahorra arriendos, dignifica el trabajo de los funcionarios públicos y logra eficiencia”. Sin embargo, hasta el momento no hay cifras oficiales sobre el valor de ese ahorro.
Inmobiliar en comunicados difundidos tras la inauguración de la plataforma publicó que el costo de esta edificación fue de $225’550.083,49, [5] pero sin detallar qué incluye esa cifra, pues ni sumando los costos de construcción y fiscalización con IVA da como resultado ese valor.
Si se toma en cuenta los valores que se registran en el contrato de construcción, firmado con China CAMC, que es  $197’975.643,58 (sin IVA) y los 130.263,86 m2 de construcción que es la cifra que más se repite en las publicaciones oficiales, se puede estimar un costo por metro cuadrado de esta obra de $1.519,80.
Si al valor del contrato se agrega el de fiscalización, que es $6´929.147,53, da un costo total de $204'904.791, por lo que el valor sería de $1.572,99 por metro cuadrado de construcción.
En cambio, si se toma como referencia, la cifra más alta manejada por Inmobiliar sobre el total invertido en la obra $225’550.083,49, el costo por metro cuadrado de construcción subiría a $1.731,48.
En estas cifras no están incluidos los $800 mil que el ex presidente Rafael Correa, anunció que se necesitarían para la modificación del colector que no soportó la lluvia del 15 de mayo de 2017 y que ocasionó una inundación en el inmueble.

Respecto a estas variaciones, Verónica Rodríguez, gerente de Plataformas de Inmobiliar, en entrevista con Mil Hojas, admitió que la obra estuvo contemplada primero para cierta cantidad de metros cuadrados, que no precisó. Pero sobre la base de los $197,7 millones del contrato y los 130 mil m2 de construcción, Rodríguez hizo su propia estimación del costo de construcción del m2 de esta obra en $1.515 y lo comparó con valores de hasta $2.500 por m2 que alcanzan los edificios que se construyen en la zona de Iñaquito para vivienda, sin los servicios que brinda la plataforma financiera. Por lo tanto, para la funcionaria es razonable el costo por metro cuadrado alcanzado por la edificación.  Su reflexión apunta a que la Plataforma Financiera cuenta con complementos como locales comerciales; patio de comidas; salones de reuniones, auditorios y las denominadas biomasas que son 4 plazas más una terraza con jardines colgantes. “Es más parecido a un centro comercial que a un edificio de oficinas”, admitió la funcionaria.
Pero no solo las cifras sobre su precio han variado. También el plazo de conclusión de la obra. La gerente de Plataformas de Inmobiliar admitió que la demora en la culminación de la Plataforma Financiera se debió a las condiciones extraordinarias derivadas del terremoto de abril del 2016 que afectó las entregas de materiales. Otro factor que incidió fue un ajuste al requerimiento inicial de la obra, pues el Gobierno anterior pidió el incremento de 450 espacios para aglutinar a más entidades. 
Esta gigantesca obra ha estado en la mira pública, especialmente desde la inundación que sufrió en los parqueaderos y las filtraciones por techos y paredes. A los daños que este incidente ocasionó se suman al día a día de esta enorme armazón, percances como la constante rotura de vidrios de los grandes ventanales e incluso del moderno ascensor panorámico y hasta los repulsivos olores que emanan de las alcantarillas que rodean a la plataforma y que están afectando al personal de servicios que trabaja en la planta baja del edificio.

No en vano el actual régimen incluyó a las plataformas gubernamentales, hasta noviembre del 2017, en un listado de 523 obras con problemas y el Municipio de Quito consideró que la Plataforma Financiera debía estar dentro del mapa de riesgos de la ciudad, por la vulnerabilidad de su construcción frente a las lluvias.
Una contratista con polémico historial
El desempeño y las prácticas empresariales de la multinacional CAMC Engineering Co., Ltd. han estado en la mira de los organismos de control y de justicia de la región.
En Bolivia, la empresa China CAMC accedió a contratos por $500 millones para la construcción de hidroeléctricas y vías, así como para la provisión de equipos para el Estado. Sin embargo, el accionar de la compañía asiática fue vinculado a un enmarañado tráfico de influencias en el que el presidente de ese país, Evo Morales, salió salpicado. Gabriela Zapata, expareja del mandatario, fue gerente de China CAMC y luego de más de un año de juicio fue sentenciada a 10 años de cárcel, por contribuciones y ventajas ilegítimas, asociación delictiva, falsedad material y uso de instrumento falsificado.
En Ecuador China CAMC no ha estado exenta de cuestionamientos. La Contraloría en su informe del 20 de marzo de 2015 (DAAC-0173-2015) identificó fallas y fisuras en la infraestructura de algunos de los centros del ECU-911, diferencias entre valores planillados y verificados, planos que no corresponden a lo verificado en el terreno [6]. Esto, luego de investigar el contrato (045) firmado el 23 de diciembre de 2011, por $61,81 millones, entre el Ministerio Coordinador de Seguridad, el SECOB y China CAMC para la construcción de los edificios de los centros que conforman el Sistema Nacional de Comando y Control para la Seguridad Ciudadana.
En 2016 la Contraloría determinó que la multinacional no pidió autorización al Instituto de Contratación de Obras (ICO) para subcontratar parte de sus trabajos en los contratos de construcción de los hospitales Monte Sinaí y Zofragua.
China CAMC también ha sido señalada por indicios de responsabilidad penal en el contrato de construcción de seis centros de emergencia del ECU 911. En otro informe de la Contraloría (DAAC-0058-2017) se determinó un perjuicio al Estado por un pago excesivo de $33 millones a las empresas China CAMC y China Electronics Export and Import Corporation (Ceiec).
A fines del año pasado, en su informe Nº DNA3-0001-2017, la Contraloría concluyó la revisión de una muestra de proyectos ejecutados con créditos chinos y que alcanzaron los $14.759’.060.883,79. Se auditó el manejo de los procesos de endeudamiento público entre el primero de agosto de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, así como el uso de los recursos provenientes del Banco de Desarrollo de China (CDB), entre el primero de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2015.

De acuerdo con información del sistema de compras públicas y de la propia China CAMC esta empresa ha participado también en la construcción del hospital de Napoleón Dávila Córdova de Chone.  Intervino en el proyecto del parque Los Samanes y en la construcción de la Escuela del Milenio de Yachay. Además ha construido la Universidad Regional Amazónica IKIAM y la Universidad Nacional de Educación.
La ESPE estuvo a cargo de la Fiscalización de la obra
Los procesos pre contractuales y contractuales para la fiscalización de esta obra se concretaron en menos de dos meses.
Luego de que en agosto de 2015 el SECOB invitara a ESPE-INNOVATIVA a la fase pre contractual[7], realizó un análisis de la mencionada empresa pública y determinó que ésta cuenta con experiencia  en  fiscalización  de  obras  de  ingeniería  civil, por lo el primero de septiembre de 2015, el Director del SECOB, autorizó el inicio del proceso; aprobó  los pliegos, designó a la Comisión Técnica, dispuso que se invite de forma directa a ESPE-INNOVATIVA  E.P. y se publique el proceso en el portal de compras públicas, bajo la modalidad de Régimen  Especial y con No. RE-SECOB-006-2015.
Una semana más tarde (8 de septiembre de 2015) la Comisión Técnica determinó que la oferta presentada por ESPE-INNOVATIVA E.P., cumplía con los requisitos y recomendó su adjudicación.
El contrato de fiscalización RE-SECOB-006-2015  fue firmado el 9 de septiembre de 2015, por $6’929.147,53 más IVA, con un plazo de 510 días (17 meses).
Salvador Jaramillo Vivanco suscribió el contrato como director general del SECOB y Mario Calderón, en representación de la empresa ESPE-Innovativa E.P.
Esta empresa de las Fuerzas Armadas, creada el 9 de enero de 2015 [8], además de fiscalizar esta obra, ha participado en la consultoría para la actualización de los estudios de riego y drenaje del Proyecto Propósito Múltiple Chone; en la fiscalización de la reparación de la vías en la provincia de Manabí, ocasionadas por el sismo del 16 de abril del 2016; en la fiscalización de la obra de reparación de la vías en la provincia de Esmeraldas también ocasionadas por el sismo del 16 de abril del 2016; en la revisión de los diferentes contratos realizados con la Refinería de Esmeraldas para su posterior liquidación y cierre y en la fiscalización de la construcción de la Plataforma Gubernamental de Gestión de Desarrollo Social.

‘Trabajadores del sector bananero viven una forma moderna de esclavitud’


MilHojas.is
Un día se bajó de las avionetas que fumigaban las plantaciones bananeras, por el daño que causaban a los trabajadores del campo y sus familias; hoy el capitán Jorge Acosta lucha por el bienestar de ese sector en Ecuador. Hace poco estuvo en Europa para exponer la serie de explotaciones que sufre el agricultor que es partícipe de la siembra y producción del banano. Lo hizo ante la Comisión de vigilancia del Acuerdo Comercial entre la Unión Europa y Ecuador.
Al final, explica en una entrevista con Mil Hojas, diputados que conforman esa importante Comisión, especialmente los españoles, consideraron que en el Ecuador se estaría incurriendo en el conocido domping social (delito económico consistente en la competencia comercial desleal basada en la explotación y bajos salarios a los trabajadores).
Ahora teme que las colonias de países europeos, que son productoras de la apetecida fruta, presenten quejas por la situación expuesta, pero sobre todo espera que el Gobierno Ecuatoriano tome medidas que beneficien al sector, que representa y defiende a través de la Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas, Bananeros y Campesino (ASTAC).
¿Cuál es el principal problema de los trabajadores del banano?
Es un problema que se vuelve crítico en el Ecuador, ya tiene muchos años, pero en lugar de superarlo se ahonda. Ha habido pronunciamientos, como el de la Relatora Especial de las Naciones Unidas, en el año 2010, en los que se refiere de la “forma contemporánea de esclavitud las plantaciones de banano”, entre otras actividades agrícolas.
En el 2012, la Defensoría del Pueblo emitió una resolución reconociendo que en Ecuador hay una serie de violaciones de derechos, afectaciones a la salud y los derechos de la naturaleza. A partir de ahí, se ha denunciado frecuentemente la violación de los derechos laborales, derechos de medio ambiente. Lastimosamente ningún gobierno, ni el anterior ni ahora, han hecho absolutamente nada. No se han preocupado  por solucionar estos problemas o por lo menos mitigarlos…

¿Cuál es la principal problemática o falencia a la que se enfrenta hoy un trabajador del banano?
Uno de los principales problemas es la falta de libertad sindical. Los trabajadores no tienen la posibilidad de que se les reconozca su derecho a formar sindicatos; como no hay sindicatos no hay organizaciones que defiendan los derechos. Las empresas se permiten violarlos, afectarlos y llegar al extremo que, como dije antes, la Relatora de la Especial de las Naciones Unidas determinó que hay esclavitud en el sector bananero, y otras áreas de producción agrícola, del Ecuador.
¿Pero de qué manera han venido denunciando esas violaciones?, ¿Cómo se han organizado en esa lucha?
Desde que nuestro sindicato se activó, a partir del 2009, ha sido como coordinador de trabajadores bananeros. En el 2014 ya como Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas, Bananeros y Campesinos (ASTAC), hemos denunciado la violación de los derechos. Se han creado normas, pero nunca se las cumple; ni la autoridad ha ejercido control sobre ello.
Al 2015, cuando el Presidente Rafael Correa y el Ministerio de Trabajo, promulgaron el Acuerdo 233 para regular las actividades agropecuarias. Ahí están incluidos los trabajadores del campo, tanto de ganadería como del agro, pero que trabajan en cultivos de ciclo corto; ¿Cuáles son esos sembríos? Maíz, arroz, pimientos, tomates, etcétera. Y son de ciclo corto porque desde la siembra hasta la cosecha no pasan más allá de 4 meses y se vuelve a sembrar… Esos sí son trabajadores por temporada. Ese acuerdo sirve para regular esa actividad…
En el 2016, el Ministro de Trabajo y el Presidente Rafael Correa expiden el Acuerdo Ministerial 054, que es donde incluyen en esa modalidad de trabajo, a los trabajadores bananeros y florícolas. Dijeron -y engañando- que la actividad bananera es por temporada, por ciclo. Se la compara a la producción de arroz o de maíz, lo cual no es similar. La actividad bananera es continua, es intensiva, es permanente. En cosecha de banano se trabaja todos los días del año. Los (trabajadores) de empaque, en las grandes haciendas bananeras, trabajan de cinco a seis días hasta 12 horas diarias. Todos los días se cosecha. En las fincas pequeñas es diferente. Ellos procesan cajas dos o tres días de la semana. Pero el Código de Trabajo actual ya establece una modalidad de contratación para quienes laboran en esas condiciones.

Jorge Acosta fue piloto de fumigación, como tal comprobó los graves efectos de ciertos agrotoxicos en la salud de los pilotos, nunca se ha investigado la concurrencia de accidentes y el uso de esos productosFoto: danwatch.dk

¿Cómo se ahondando la crisis de los derechos del trabajador bananero?
El Acuerdo Ministerial el 029 del 2017, que salió meses antes de que Rafael Correa entregue el Gobierno, ratifica los anteriores y despoja a los trabajadores bananeros de su salario básico, incumpliendo varios artículos de la Constitución, el mismo Código del Trabajo, Tratados en materia de Derechos Humanos, Convenios con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), todo queda violentado con esos acuerdos.
¿Cuánto percibe de salario un trabajador de banano?, ¿Ganan al menos el sueldo básico?
Ahora un trabajador del sector bananero no tiene salario básico. Trabajan por destajo (cobran por trabajo y no por tiempo empleado) o por cajas, o por tareas; en muchos casos quedan en libertad de lo que le quiera pagar el empresario, según su conveniencia. No existe un suelo básico, como tienen todos los trabajadores del Ecuador, que están regularizados. Es muy variable, puedo mostrar roles de pago de quienes ganan 40 dólares a la semana; es decir, por cinco días de trabajo.
¿Usted considera que hubo un retroceso en materia de derechos?
Claro, que lo hubo: todos los acuerdos ministeriales han afectado los derechos del trabajador del banano. Sucedió en años anteriores, hasta los últimos meses de Rafael Correa en el poder; y se repite en el Gobierno actual: En abril del 2018, viene el ministro actual Raúl Ledesma, que dicho sea de paso es hijo del Director Ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano, Eduardo Ledesma, y saca un Acuerdo Ministerial, supuestamente para generar empleo; y lo que hace es reconocer todos los acuerdos violatorios anteriores, pero aparte de eso crea una supuesta modalidad de trabajo de seis horas al día. Es totalmente falso: los trabajadores del banano, en el proceso de corte y empaque trabajan entre diez y doce horas al día, desde las 06h00 hasta las 20h00, en muchas ocasiones. A veces sobrepasan las doce horas.

¿Y cuánto llegan a ganar en un día de hasta doce horas?
Empresas grandes pueden llegar a pagar 15 dólares el día, aproximadamente un dólar y algo más por hora; y no tienen posibilidades de horas extras.
¿Se viola el derecho a tener al menos un salario básico?
La Organización Internacional del Trabajo estableció un convenio, que es el 131, establece la necesidad de un salario mínimo, como forma de protección; y el Ecuador ha ratificado ese convenio, pero también lo está violando. Entonces, esta modalidad de contrato, aparte de que explota al trabajador, le da al empleador la posibilidad de persiga al trabajador, que no puede defenderse desde una agremiación.
¿De qué manera lo persigue?
Hay un caso de una compañera que es parte de este sindicato. Ella estaba en periodo de lactancia, pese a eso estaba laborando doce horas al día. Sin que se le respete su derecho a la lactancia. La empresa bananera le había dicho que haga uso de su derecho a la lactancia después de las seis de la tarde; es decir, al cabo de 12 horas de trabajo. La niña estaba con un problema de salud, estaba anémica. Cuando presentamos un reclamo, lo único que hizo la bananera fue contratarla por seis horas. Pero, además, en represalia despiden a su esposo y a ella ahora le dan solo dos días de trabajo por semana. Sustentados en esos Acuerdos Ministeriales atentatorios contra los derechos.
¿Cuándo inician la relación laboral no les hacen firmar contrato?
Algunos les hacen firmar un contrato, pero no se los entregan, lo que ya es una violación a sus derechos.

¿Y los aseguran?
Hay un alto porcentaje que no está asegurado; estimamos que un 70% del trabajadores del banano que no están asegurados al IESS. Hay otros que trabajan 12 horas, pero solo los aseguran por medio tiempo, esto es seis horas. Hay trabajadores a los que hacen facturar, desconociendo todos sus derechos, como que dan servicios prestados. Todas esas formas de explotación contra los trabajadores nacen de estos acuerdos ministeriales.
¿Y sigue funcionando el sistema de contratar a los trabajadores por grupos, con un líder, a quien le pagan por todos?  
Eso existe, se los llama cuadrillas. Todavía hay ese problema también. Igual es para no reconocer los derechos de los trabajadores de manera individual.
¿La ley sigue atentando contra los trabajadores?
Supuestamente se quiere formalizar a esos trabajadores; y la forma de legalizarlos es haciéndolos visibles, pero en formas precarias de trabajo. Por ejemplo, el acuerdo 074 del 2018 refiere que los trabajadores pueden laborar seis días a semana. Pero si se estable como derecho fundamental el descanso continuo de 48 horas, por ejemplo, ahí se está desconociendo ese derecho.
Es decir, se violan todos los acuerdos, protocolos, códigos y hasta la Constitución…
Todas esas violaciones a los derechos caen en el incumplimiento de la Constitución, del Código de Trabajo, Convenios de la OIT, Protocolos de los Derechos Humanos. Pero también viola el Acuerdo Comercial con la Unión Europea, que en su Título XIX, habla de que las partes están obligadas a respetar los Derechos Humanos, Laborales y de Medio Ambiente; y que los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) deben ser respetados.
¿En que otro detalle no se respeta los Derechos Fundamentales de la OIT?
La OIT, entre sus convenios fundamentales, tiene el 087 y 098 que refiere sobre la Libertad Sindical y ASTAC (Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas, Bananeros y Campesino), nuestra organización sindical, hasta ahora no tiene registro. Violando el Convenio 087, fundamental según el Acuerdo Comercial. Ahí se refiere la libertad sindical.

Acosta impulsa con esmero la organización de trabajadores en el eje banero y ha concretado acuerdos con organizaciones relacionadas en Centroamérica y Europa.

¿Ha reaccionado de alguna forma la OIT a favor de ASTAC?
La OIT ha acogido nuestra queja, porque estamos pidiendo el registro de ASTAC como sindicado desde el 2014. Le indicó al Gobierno de Rafael Correa y ahora también al Gobierno de Lenin Moreno. Pero ninguno de los dos ha respondido a nuestro petitorio. Por tanto, los derechos de los trabajadores del banano siguen siendo violados en el Ecuador. Incluso, la mensualización de los décimos también ha servido para esconder la explotación porque al agricultor no le pagan los 386 dólares de salario básico, como les correspondería.
¿Y el Acuerdo con la Unión Europea no corre riesgos?
La Unión Europea, lastimosamente, establece prohibiciones pero no sanciones, para los países. Son varias las denuncias, entre esas está la nuestra, pero los gobiernos no respetan. En el Artículo 277 del Título XIX, donde se refiere que por el Comercio o por la Inversión no se pueden reducir los niveles de protección en temas laborables y de Medio Ambiente. El salario básico es una forma de protección para el trabajador. Al quitárselo se está retrocediendo y se está incumpliendo el Artículo 277 del Acuerdo Comercial con la Unión Europea. Es decir, hay dos causales para decir que el Ecuador no está cumpliendo con los trabajadores del banano.

¿Qué se ha hecho en torno a esta situación desde ASTAC?
Hace poco estuve en Europa, en Bruselas y en Alemania, tuve una serie de reuniones con sindicatos de la región, con Sindicatos Portuarios. He dicho que el Acuerdo Comercial con la Unión Europea no se está cumpliendo a cabalidad y que el Título XIX que establece prohibiciones, pero no sanciones, simplemente es de adorno dentro del Acuerdo Comercial. Algunos parlamentarios coincidieron en que Ecuador está incurriendo en dumping social (delito económico consistente en la competencia desleal basada en la explotación y bajos salarios a los trabajadores), porque existen países europeos que tienen en sus colonias producción bananera, pero, a diferencia de acá, se respetan los derechos laborales de los trabajadores y eso sería domping social. Sería importante que el Gobierno del Ecuador tome acciones para proteger y precautelar los Derechos Laborales de los miles de trabajadores del banano.
¿Han obtenido alguna respuesta del Presidente Lenin Moreno?
Lo que ha hecho el Presidente de la República es querer comparar los salarios de los trabajadores del banano con los que pagan países vecinos, como Colombia y Perú.  Entonces dice: el trabajador bananero del Ecuador gana un salario más alto que los trabajadores de la región, pero no es posible hacer esa comparación, porque las condiciones y costo de vida son distintos en esos países. Además, nosotros tenemos el dólar, los vecinos tienen otro tipo de moneda. No es posible hacer esa comparación. Claro, posiblemente 200 dólares para Perú o Colombia sean buenos, pero aquí no, porque 200 dólares es muy inferior al costo de la canasta básica (que supera los 500 dólares). En países vecinos, por ejemplo, les dan bonos para incentivar la producción. Acá no sucede, cientos de agricultores no llegan ni al salario básico.
¿Ante la existencia de un potencial domping social que podría pasarle a Ecuador frente al Acuerdo Comercial con la Unión Europea?
No sé qué harán las colonias de los países europeos que producen banano ante la existencia del domping social, pero si analizan están en todo su derecho porque la explotación se está dando, desde el momento en que se despoja al trabajador bananero de su salario básico. En Ecuador se están violentando derechos fundamentales y vamos a presentar una demanda de inconstitucionalidad de los Acuerdos Ministeriales creados entre el 2016 y 2018; y también vamos a pedir una audiencia en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

La derrota de Michel Deller en el Mall del Pacífico

Milhojas.is
Matilde Peñafiel Arauz, 62 años, jubilada, fue docente en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. El 22 de abril de 2016 el pleno de la Corte Constitucional emitió una sentencia a su favor porque consideró que se vulneraron sus derechos personales cuando el municipio de Manta entregó a una empresa privada un complejo deportivo de la que era usuaria y perdió el espacio en el que practicaba deportes.
Michel Deller, dirige el destino de 42 empresas, principal accionista del grupo Quicentro Shopping,  levanta grandes y modernos centros comerciales en todo el país, es dueño del club de fútbol Independiente del Valle, es parte de una importante comisión de la FIFA.
 Michel Deller, a la izquierda es el impulsor del Mall del Pacífico en el malecón de Manta, el proyecto incluye un hotel de lujo pero su construcción tiene retraso; en la derecha una imagen de Matilde Peñafiel, la jubilada que acudió a la Corte Constitucional para denunciar la vulneración de sus derechos.
Ninguno de los dos se conoce, pero inexorablemente sus destinos se han encontrado: la sentencia de la Corte Constitucional, que favorece a Matide Peñafiel, ha puesto en jaque la millonaria inversión que el grupo Deller hizo en el Mall del Pacífico, un moderno complejo comercial que levantó en Manta y es el actual polo de desarrollo de la ciudad. La sentencia de la Corte Constitucional obliga a la empresa dueña del mall, Inmocostazul, ceder el terreno en que se asienta el centro comercial al Municipio de Manta, pero el cabildo no quiere recibir ese terreno, ni la empresa entregarlo y mucho menos la justicia ejecutar la sentencia, de hecho seis jueces que conocieron el caso fueron cambiados a otros despachos.
El centro comercial fue uno de los espacios mas esperados en la ciudad. Ocupa un espacio de 30 mil metros; el terreno fue antes ocupado por el complejo deportivo Tohally y su destrucción desató el conflicto. Los constructores aseguran que se trata de una guerra comercial para perjudicar la inversión.
Es un conflicto apalancado en una serie de irregularidades que los gobiernos seccionales en todo el Ecuador se acostumbraron cometer.
La empresa constructora Inmocostazul asegura que el Municipio tomó la mejor decisión al canjear esa propiedad, el complejo deportivo que allí existió había cumplido su vida útil, no servían sus instalaciones y que lo mejor que se hizo fue levantar en ese espacio un centro comercial que brinda trabajo a mas de 1000 personas y dinamizó la economía de la ciudad.
La empresa cree también que los problemas fueron impulsados por otro grupo económico que busca perjudicar el proyecto, que supera los 200 millones; cree también que usaron a Peñafiel como su herramienta para perjudicar la inversión.
La profesora, que usaba día a día las canchas de ese complejo en sus actividades deportivas, fue muy crítica con la decisión de permuta y se pronunció públicamente varias veces contra las obras: “Eso provocó una reacción fuerte en mi contra, destruyeron mi reputación en medios de comunicación y redes, me dijeron atrasa pueblos, en entonces decidí actuar”.
LA HISTORIA
En el piso nueve del edificio Torre Centro de Manta, labora el abogado Ricardo Fernandez de Córdova, representa a la empresa Imocostazul, constructora de Mall del Pacífico. Al preguntarle cómo es que una jubilada ha puesto en jaque ese proyecto respondió sin tapujos que se trata de una guerra comercial provocada por su principal competidor.
¿De quién se trata? No lo dice pero brinda los nombres de quienes, supuestamente, actuaron a favor de su competencia: “Le puedo traer las acciones constitucionales, todas iguales, unas firmadas por un abogado Heredía, otras por el hijo de ese abogado …Varias personas presentaron acciones constitucionales muy parecidas y una de ellas fue Matilde Peñafiel que es una señora de la que todo el mundo ha hablado pero que nadie le ha preguntado qué quiere y cuánto dinero ha invertido en esta campaña”.
Matilde Peñafiel practicaba todos los días deporte en el llamado complejo deportivo Tohally. En una extensión de 36 mil metros se repartían canchas, piscina olímpica, coliseo multiusos pero un día el complejo fue cerrado, demolido y empezó el levantamiento del mall. Peñafiel cuenta que fue muy crítica con el cierre de ese centro de recreación, que servía y era accesible a toda la comunidad.
Inmocostazul,  la empresa constructora del mall, entregó un nuevo complejo deportivo a cambio de los terrenos municipales del viejo centro deportivo, se encuentra en el límite de la ciudad. 
“Siempre hice deporte y cuando conocimos la idea de que el coliseo iba a derrocarse me opuse, luego crearon una página web en que destruyeron mi prestigio por oponerme al proyecto del centro comercial, además contrataron radios para hablar en mi contra, yo era la atrasa pueblos, que vive de impedir el desarrollo de Manta. Hubo notas de periódicos que me relacionaron con un traficante de tierras, que al haber vendido mi conciencia se trataba de un acto natural al ser hija de un traficante. No me creo la protagonista, pero si una piedra en el zapato porque tengo principios y valores, no tengo mas de lo que puedo administrar…”
 Las acciones que emprendió Matilde Peñafiel desataron su persecución y destruccuión de su reputación en la ciudad, se levantó una página de Facebook en su contra.
Las acusaciones, dice Peñafiel, la motivaron a buscar un abogado que inicie el pedido de acción de protección constitucional. “No solo era un centro deportivo, era el lugar de encuentro de todas las actividades educativas,  luego me enteré que Contraloría había glosado al Consejo Municipal por haber entregado ese terreno a un valor mas bajo del previsto.
Para Fernández de Córdova nunca hubo misterio: “donde ahora se encuentra el mall estaba un complejo deportivo que se caía a pedazos, inservible, nadie invirtió en ese centro y lo que se pensó es matar varios pájaros de un tiro: darle una mejor infraestructura deportiva a la ciudad y hacer algo con ese terreno que era un bien municipal”.
Con ese precepto el 7 marzo de 2013 el Concejo Municipal de Manta aprobó una permuta (intercambio) que buscaba cambiar el complejo deportivo Tohally, inaugurado en 1984, por otro de infraestructura deportiva similar y con mayor extensión de terreno pero ubicado en las afueras de la ciudad.
Jaime Estrada, el alcalde que pensó en todo, menos en la legalidad del proceso de permuta, hoy aspira ser elegido nuevamente autoridad en la provincia de Manabí 
El entonces alcalde de la ciudad, Jaime Estrada, fue un entusiasta y quien impulsó ese proceso. A la luz del tiempo nadie le ha preguntado a ese ex alcalde por qué dio paso a un proceso con vicios legales, que con el tiempo ha perjudicado la inversión y los intereses de la ciudad.  La ley prohíbe vender o transferir bienes del Estado si estos tienen infraestructura que beneficia a la población. Estrada optó por la permuta porque le permitía esquivar el Código Orgánico Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD. Estrada limpió el piso con esa ley, la más importante para municipios y prefecturas porque establece las competencias y atribuciones de los Gobiernos Autónomos.
Pero la realidad es que a nadie en el Concejo Municipal le molestó deshacerse de ese viejo complejo y levantar allí un centro comercial moderno y dinámico. Entonces dieron paso a la escritura de permuta, que fue valorada en $24.6 millones. En términos didácticos los terrenos municipales y la infraestructura existente en el complejo Tohally se valoraron en 12.3 millones. Por tanto Inmocostazul debió entregar terrenos más infraestructura por el mismo monto.
Un año después de la firma de la escritura aparecieron los problemas: en abril de 2015, la Contraloría General del Estado publicó un examen especial de ingeniería (DR5-DPM-ApyA-0005-2005). Concluyó que el valor negociado por el Municipio de Manta le había generado un perjuicio de 3,37 millones de dólares.
El Concejo Municipal aprobó el valor de cada metro cuadrado en $387,5 pero Contraloría identificó que terrenos aledaños a ese complejo se vendieron en años pasados en un valor de $1000 cada metro. Pese a ello buscó un valor mas conservador y ese organismo estableció que el costo promedio a negociarse no podía ser menor de $500 cada metro.
El examen de contraloría estableció además que se cometió responsabilidad administrativa culposa y destituyó a una concejala que se mantenía en ese cargo. No pudo hacerlo con el resto de concejales responsables porque ya habían acabado su mandato.
Estrada y Deller  en una  imagen publicada en marzo pasado por el portal fútbolecuador
¿Qué pasó con los concejales destituidos?, le preguntamos al alcalde Jorge Zambrano: “Uno sigue en función”. ¿Cómo sigue en funciones si está destituido? “La ley dice que el ente nominador es el que debe separar y yo no soy el ente nominador sino el Consejo Nacional Electoral. Yo puedo despedir al personal administrativo pero la señora concejal ha presentado un recurso en el contencioso”.
Ricardo Fernandez de Córdova dice que ese examen especial es propio de las distorsiones que enfrentó la Contraloría al haber sido dirigida por Carlos Pólit, acusado y sentenciado por corrupción. “Esto es una de las cosas que jamás debieron haber pasado, en otros países cuando un juez es sospechoso de corrupción automáticamente todo lo actuado entra en proceso de análisis, hablo de Contraloría , esto es ejercido por un contralor prófugo, esto es un complot comercial que debe ser investigado, yo no lo voy decir quién es pero es así”. Agrega que “no hay un lío legal, el tema de contraloría pudo haber sido hecho por un estudiante universitario que utiliza una analogía propia de gente que desconoce una realidad geográfica”
La realidad es que el Municipio nunca tuvo el apalancamiento legal para permutar un bien que era intransferible, lo dijo contraloría y el peso de los errores han caído sobre el actual alcalde, Jorge Zambrano: “Yo he tenido una espada de lado y lado”. Entiende que no puede irse contra la decisión de la Corte Constitucional pero tampoco desamparar la millonaria inversión que significa el centro comercial y un hotel de lujo que está en construcción y se levanta en más de cinco pisos.
El conflicto ha detenido los avances en el hotel que se levanta sobre el mall
“La sentencia es irrefutable y se debe acatarla, la resolución dice que se anula la resolución administrativa de abril de 2013 que autorizaba hacer la permuta, es un acto administrativo que dice que vuelva a todo a su estado inicial”, explica Zambrano.  La pregunta es ¿cuál es el estado inicial? “La sentencia sale después de la autorización de la construcción del centro comercial y cuando la construcción del nuevo complejo deportivo estaba avanzado. Si se devuelve el complejo nuevo íbamos a conculcar el derecho de otros y si se pensaba en la demolición del mall significaba conculcar el derecho de muchos otros”, explica el alcalde.
La sentencia de la Corte Constitucional nunca habló de demoliciones, el estado inicial de la sentencia habla del efecto jurídico por tanto el terreno pasa a ser nuevamente propiedad municipal. Si el terreno se entrega al municipio ¿qué sucederá con todo lo que se encuentra sobre ese espacio?, ¿en qué condición legal quedará el mall construido por Inmocostazul? La pregunta es una pesadilla, nadie quiere responderla.
La sentencia constitucional llegó diez días antes del brutal terremoto que cambió esa provincia, dos meses después el Independiente del Valle jugó la final de la Copa Libertadores y Michel Deller donó la taquilla de los partidos finales en favor de los damnificados. El acto le valió el respeto de todo el país y no es de dudar que esas decisiones apalancaron los avances en la construcción del mall.
GUERRA AVISADA
El 21 de septiembre de 2015 el municipio de Manta reconoció los varios errores que incurrió al momento de autorizar la permuta. Un abogado llamado Simón Zambrano Vinces, usó el mecanismo de participación denominado “Silla Vacía”, que  es la posibilidad de que el ciudadano común tenga voz y voto dentro del Concejo Municipal y participe en debates y propuestas. Explicó que se violentó el COOTAD, del código civil y la ley del deporte, sobre todo el artículo 145 de esta última Ley, que dice que las instalaciones deportivas destinadas al uso público no son transferibles. “El artículo 1839 del código civil dice que no pueden cambiarse las cosas que no se pueden vender”.
Ese día seis ediles aceptaron declarar nula la permuta.
Fernández de Córdova deja evidencia que Zambrano actuó como parte de la intriga contra el centro comercial. “Ha gastado miles de dólares en remitidos de prensa, ¿quién los paga?, ¿quién paga la defensa de Peñafiel?”
Peñafiel también ha señalado que por varios medios intentaron callarla: “me mandaron a decir que podía arreglarme la vida, yo debo decirles a todos que a mi no me han entregado dinero, todos deben estar desesperados porque han vendido un bien de forma ilegal, la sentencia ordena que las cosas vuelvan a su anterior condición y ello quiere decir que el predio debe volver al municipio. (pie de foto)
El abogado que acompaña a Matilde en su lucha es Marcial Alcivar, lleva en la cabeza cada detalle del proceso de la Corte Constitucional pero no guarda preferencia por las fechas. Su estudio jurídico ocupa una de las habitaciones de su casa y desde allí delineó las acciones que Peñafiel le pidió:  “cuando se dictó esta sentencia la parte accionada debió suspender la obra pero hicieron tantos incidentes con el objeto de seguir. La sentencia que ordena que las cosas vuelvan a su estado anterior, esa permuta debe quedar sin efecto y todos los actos posteriores tienen la misma línea porque lo accesorio sigue la suerte de lo principal; hemos pedido que se ordene la inscripción de la sentencia ante el registro de la propiedad y hasta hoy no se cumple con el pedido”.
¿cuál es el camino para regularizar esta situación?, preguntamos a Alcivar: “Que asuma el municipio la inscripción,  la titularidad del dominio y que allí hagan lo que les de la gana,
¿Porque no se ha logrado? Es la gran pregunta, dice el abogado Marcial Alcivar: "De hecho seis jueces recibieron el pedido de inscripción de sentencia pero todos han ocupado cargos temporales y como están las cosas, los jueces despacharán todo, menos esa sentencia".
En 2017 la empresa constructora y el municipio llegaron a un nuevo acuerdo para zanjar los perjuicios ocasionados de acuerdo al informe de Contraloría, en vez de limar las irregularidades jurídicas se hizo otra permuta en la que Inmocostazul pavimentó la calle posterior al mall y se acordó la construcción de una plazoleta, mas la entrega de 400 metros de terreno para uso del Municipio sin costo y por 50 años.

Pero el nuevo acuerdo no solucionó el conflicto, que se mantiene intacto; mientras tanto el mall goza de gran salud, ha dinamizado la economía, generado empleos e impuestos para la ciudad. Una obra que Manta aplaude pero levantada en sinuosas ilegalidades que a largo plazo sin duda es una derrota.

Los secretos financieros de los jueces constitucionales

Redacción La Fuente y Milhojas.is
A puertas de que el pleno del Consejo de Participación Ciudadana de Transición (CPCCS-T) conozca un informe de la evaluación a los jueces de la Corte Constitucional, que podría devenir en el cese anticipado de todos sus magistrados -y en medio de una investigación penal abierta por la Fiscalía General del Estado- el alto organismo de control constitucional pretendió limpiar su historial con un sospresivo fallo que echó abajo las cuestionadas enmiendas constitucionales aprobadas por la misma magistratura durante el gobierno de Rafael Correa.
La Fiscalía General del Estado, basada en informes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), inició, en junio de este año, indagaciones previas por presunto delito de lavado de activos, en contra de varios magistrados y funcionarios de la Corte Constitucional (CC).
Información revisada por este medio, indica que, en los movimientos financieros de los investigados, se encontraron “operaciones inusuales e injustificadas”, como “depósitos en efectivo y cheques que no registran ordenantes, “emisión de cheques de gerencia” hechas a un “beneficiario desconocido”, “pagos de cheques sin registro de beneficiario”, “depósitos significativos” de ordenantes no identificados o envíos de dinero a paraísos fiscales.
Los jueces investigados son: Francisco Butiñá Martínez, Wendy Molina Andrade, Pamela Martínez Loayza, Marien Segura Reascos, Alfredo Ruíz Guzmán, Ruth Seni Pinoargote, Tatiana Ordeñana Sierra, Manuel Olvera Maldonado y Antonio Gagliardo Loor.
Una de las indagaciones previas, signada con el número 170101818061503 apunta al magistrado Manuel Viteri Olvera, por la misma razón. Una segunda indagación previa con registro 170101818061405 señala a la jueza Emma Roxana Silva Chicaiza.
Los jueces bajo sospecha
Francisco Butiñá Martínez
: “militante activo” de Alianza País, como él mismo se define, es juez de la Corte Constitucional desde el 5 de noviembre de 2015. Estuvo a cargo de del pedido de referéndum impulsado por el colectivo Rafael Contigo Siempre, que buscaba la reelección indefinida del ex presidente Rafael Correa. Butiñá Martínez dio paso al proceso de recolección de firmas en favor de la reelección de Correa.
Francisco Butiñá tiene una extensa carrera laboral dentro del gobierno correísta: fue asesor de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, del Ministerio del Deporte y en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
En 2006, fue gerente general de la empresa Adextelecom S.A., que registra 12 participaciones en el Servicio de Compras Públicas (Sercop) y una adjudicación por USD 45.000,00 con la Empresa Pública de Transporte de Guayaquil.
Sus movimientos financieros indican que, entre 2012 y 2018, tuvo ingresos totales por aproximadamente USD 452.000 mil dólares, de esta cifra USD 281 mil dólares corresponden a depósitos en efectivo y cheques que no registran ordenantes. En 2010, hizo una transferencia al paraíso fiscal de Namibia, por USD 514,00.
Según la Superintendencia de Compañías registra participación accionaria y administrativa en las empresas Adextelecom S.A. (gerente general), Smiths Heiman Gmbh (apoderado), Operatec Operaciones Técnicas S.A. (accionista), Alcestis S.A. (gerente general) y Divanca S.A (accionista). Es dueño de dos inmuebles en Guayaquil.
El valor más alto, pagado por impuesto a la renta, lo registró en 2016 y 2017, con USD 7.238,00 y USD 6.249,00 respectivamente. En 2015, declaró 0 dólares y en 2014, USD 295,09.
Su círculo cercano lo integran Alfredo Alvarado, registrador mercantil del Loja, Isidro Guamán, experto constitucional, Ximena Loyo, Vladimir Bazante, experto constitucional, el abogado Pablo Sevilla, Jairo Escobar, experto constitucional jurisdiccional y Pablo Alarcón Peña, hijo del ex presidente de la República Fabián Alarcón Rivera.

Wendy Molina Andrade: jueza constitucional desde 2012. En ocho años (2010-2018) tuvo ingresos por 446.108,00. Los principales ordenantes de pagos son la cuenta del Ministerio de Economía, el Fondo de Capitalización del Biess y Carranza Barona Juan, seguido por depósitos que “no registran ordenantes”.
De los egresos totales, según la información revisada por este medio, USD 231.000 se deben a “emisión de cheques de gerencia” hechas a un “beneficiario desconocido”.
A su nombre aparecen dos bienes inmuebles, con un avalúo municipal de USD 1.1 millón de dólares. Además, registra entradas de divisas desde Panamá en su cuenta bancaria, de “ordenante desconocido”, por USD 22.590,00 en el año 2010.
En 2010, fue asesora del entonces presidente de la CC presidente Patricio Pazmiño. Trabajó en la Procuraduría General del Estado y en el Ministerio del Ambiente.
En su círculo de confianza figura Ernesto Pazmiño Chávez, hijo del ex presidente de la Corte Constitucional y actual miembro de la Corte IDH, Patricio Pazmiño. También forma parte de sus allegado, Pablo Alarcón.

Pamela Martínez Loayza:  jueza desde noviembre de 2015. Entre 2010 y 2015, fue asesora del despacho presidencial y expresidenta de la extinta Comisión de Calificación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de 2012 a 2013. Su hermano Jorge Martínez desempeña el cargo de asesor en la Presidencia.
Sus ingresos totales sumaron USD 399.753, compuestos en su mayoría por transferencias recibidas del Ministerio de Economía, y de cuentas propias, seguido de “depósitos en efectivo y cheques que no registran ordenantes por USD 59.744”. Entre 2012 y 2015, recibió transferencias por USD 3.000 del entonces cónsul del Ministerio de Relaciones Exteriores en Murcia, Gustavo Mateus.
Los egresos, por su parte, alcanzaron los USD 40.835, de ese valor USD 5.395 corresponden al “pago de cheque sin registro de beneficiario”. A su nombre constan dos inmuebles en Quito, avaluados en USD 96.401.
Según la información revisada por este portal, registra transferencias a paraísos fiscales por USD 823,00 entre 2014 y 2017. Varias fuentes señalan que, en 2015, junto a su esposo Jimmy Salazar, dirigió el programa de televisión “Es de justicia”, que se transmitía todos los domingos por TC Televisión, espacio que fue aprovechado para hacer “proselitismo político en favor del expresidente Correa”.
Su entorno más cercano lo conforman su esposo y presidente del Colegio de Abogados de Guayas, Jimmy Salazar, además de Daniel Burneo, experto constitucional y Héctor Carrera, actuario de la Corte Constitucional. También aparece relacionada con el ex Secretario Jurídico de la Presidencia Alexis Mera Giler, del estudio Romero & Menéndez.

Marien Segura Reascos
: llegó a la Corte Constitucional en 2016, luego de ser postulada por el expresidente Correa, para ese cargo.
Sus movimientos financieros indican que, entre 2010 y 2018, tuvo un ingreso total que alcanzó los USD 410.703, de esa suma, USD 51.775 corresponden a depósitos en efectivo y cheques “que no registran ordenantes”. De sus egresos (USD 108.744), USD 4.200 pertenecen a un pago hecho a Martha Durango, tesorera de la Secretaría Técnica Plan Ecuador.
En junio de 2017, Amparo Gómez, expareja de Ricardo Rivera, acusó a Segura, de cumplir “una consigna”, mientras fue Jueza de la Niñez y Adolescencia, “ella me tuvo 4 años sin pensión alimenticia, sin un centavo”, dijo refiriéndose al juicio de alimentos que planteó en contra de Rivera.
Es cercana a Francisco Albuja, experto constitucional, Miguel Tapia, experto constitucional jurisdiccional y Mariana González, actuaria de la CC.
Alfredo Ruíz Guzmán: presidente de la Corte Constitucional desde noviembre de 2015. Sus ingresos totales, de los años 2010 a 2018, suman USD 161.962, de este rubro, USD 24.880 corresponden a “depósitos y cheques que no registran ordenantes”. La información revisada por este medio, señala que “no se evidencia los ingresos por relación de dependencia en sus cuentas de ingresos, así como tampoco se reflejan los pagos a proveedores en sus cuentas de egresos, por cuanto se presume dispone de cuentas en otras entidades financieras (cooperativa, sociedades financieras)”. Los egresos totales ascienden a USD 42. 097, “compuestos únicamente por pago de tarjetas de crédito por USD 42.097, entre 2012 y 2017”. Registra dos bienes inmuebles en Guayaquil, avaluados en USD 149.713.
Su círculo de trabajo lo integran: Pablo Alarcón Peña, Pamela Aguirre Castro, ex secretaria técnica jurisdiccional, Carlos Aguirre, experto constitucional, Pedro Alarcón, experto constitucional, Carlos Villacreses Pincay, coordinador del despacho institucional, Jaime Pozo, secretario general, Freddy Villagrán, experto constitucional jurisdiccional; todos funcionarios de la Corte Constitucional. Igualmente, está relacionado con Alexis Mera Giler. Tambien figura como cercano Ivolé Zurita, registrador de la propiedad de Guayaquil.
Ruth Seni Pinoargote: jueza constitucional desde noviembre de 2012. Registra obligaciones pendientes ante el Servicio de Rentas Internas como declaración de impuesto a la renta de los años 2015 y 2016 y anexo de gastos personales, año 2015 y 2016. Su hijo, Luis Cevallos Seni, registra participación en dos empresas: Seniconstructora S.A., y Constructora Eskala S.A., ésta última registra 32 participaciones en el Sercop y una adjudicación con el Municipio de Olmedo para mejoramiento de vías, por USD 247.447.
Sus ingresos totales, de 2010 a 2018, suman USD 600.529. De esa cantidad, USD 81.610 corresponden a “depósitos en efectivo y cheques que no registran ordenantes”. De los egresos totales (USD 110.358), USD 26.405 fueron pagados con cheques del Banco Bolivariano a beneficiario “sin registro”. A su nombre se encuentran registrados 28 bienes inmuebles y uno en Manta, por un avalúo total de USD 725.760.
Forman parte de su grupo de trabajo sus hijos Homero y David Cevalos Seni, Asdrubal Homero Granizo Haro, experto constitucional, Victor Hugo Holguín Cárdenas, coordinador del despacho institucional y Nelson Alejandro Enríquez Caicedo, experto constitucional, funcionarios de la CC.
Tatiana Ordeñana Sierra: jueza constitucional desde noviembre de 2012. Entre 2010 y 2013 fue consejera en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
De 2010 a 2018, sus ingresos alcanzaron los USD 830.979, por transferencias recibidas que suman los USD 548 mil dólares; y de cuentas propias (USD 32.000); además de depósitos en efectivo y cheques recibidos “que no registran ordenantes” por USD 147.717.
Los egresos totales suman USD 334.919. De esta suma, USD 206.600 mil corresponden a transferencias enviadas, entre 2012 y 2018, al Fideicomiso Catalina Aldaz, “a más de un beneficiario” y a cuentas propias, “cabe mencionar que envió a más de un beneficiario y cuentas propias USD 40.366 a Estados Unidos entre 2016 y 2017”. “Los ingresos registrados en sus cuentas son superiores en relación a su facturación y relación de dependencia (…), registra transferencias de más de un ordenante por más de medio millón de dólares”, dicen los documentos revisados por este medio. A nombre de Ordeñana constan seis bienes inmuebles: cinco en Quito y uno en Guayaquil, cuyo avalúo total es de USD 508.642.
El círculo cercano de Tatiana Ordeñana lo integran: Alvaro Diego Contreras, coordinador constitucional, Pamela Lizeth Barrionuevo Soto, experta constitucional y el abogado Jimmy Salazar Gaspar, presidente del Colegio de Abogados del Guayas.
Manuel Viteri Olvera
: juez constitucional desde 2012. El Sistema Migratorio Ecuatoriano, registra una alerta de la Interpol en contra de Olvera.
Los movimientos financieros indican que, desde 2012 a 2018, sus ingresos sumaron USD 553.405, por transferencias de USD 297.035 recibidas entre 2012 y 2016, “siendo sus principales ordenantes no identificados”, también recibió cheques y depósitos en efectivo que “no registran ordenantes” por USD 254.664.
Tuvo egresos totales por USD 367.339, compuestos en su mayoría por cheques del exterior, que sumaron USD 335.906, de 2012 a 2017, “siendo los principales beneficiarios no identificados, con registro a los cuales realizó envíos de dinero hacia Estados Unidos por USD 314. 950, en 2017 y al paraíso fiscal africano de Namibia por USD 20.956, en 2012; además de retiros por USD 6.108 y emisión de cheques a beneficiarios no identificados. En 2017, registró un impuesto a la salida de divisas por USD 15.051,25.
Su hija, Martha Viteri Thompson es funcionaria del Consejo de la Judicatura y su hijo Manuel Viteri fue funcionario en esa misma entidad entre 2009 y 2011.
El circulo de Viteri, está integrado por su hijo Manuel Viteri Thompson, el abogado Nicolas Castro Patiño, Raúl Renato Cedeño Bonilla, experto constitucional funcionario de la Corte y Alfredo Isidro Guamán Bagua, también funcionario de la CC.

Roxana Silva Chicaiza
: jueza constitucional desde noviembre de 2015.  Sus datos financieros, según la información revisada por este medio, indican que, entre 2010 y 2018, sus ingresos totales alcanzaron los USD 795.598, “siendo sus principales ordenantes: más de un ordenante por USD 236. 305, cuentas propias por USD 169.842 y Multianalytica Cía Ltda por USD 32.004, seguido por depósitos en efectivo y cheques que recibió por USD 321.766 de ordenantes no identificados y venta de divisas”.
Sus egresos sumaron USD 686.135.  De éstos, USD 363.842 fueron transferidos, entre 2012 y 2018, a Banco Pichincha, a José Silva Tutiven, cuentas propias. En enero de este año, emitió un “cheque de gerencia a favor de Nelson Moncayo Cadena por USD 206.500 quien registra como actividad económica actividades de ingeniería civil”.
Según datos de la Superintendencia de Compañías, es accionista de Cervecería Nacional con el 0,0002% de participación. A su nombre constan ocho bienes: seis en Quito y dos en Guayaquil, cuyo avalúo total aproximado es de USD 1.1 millón de dólares.