Skip to main content

Mes: septiembre 2018

Fiscal General de Colombia oculta bienes y fondos en España con una empresa fachada panameña de su propiedad

Foto de Presidencia de la República / Foto de Gonzalo Guillén
Por GONZALO GUILLÉN / LA NUEVA PRENSA
MADRID (España). El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, oculta bienes y fondos en España al amparo de una empresa panameña de la que es dueño con su núcleo familiar. Se llama Amanda Advisors S.A., posee el cien por ciento de las acciones, todas al portador, por lo que su nombre no figura en ellas ni las ha declarado ante las autoridades tributarias colombianas.
Los bienes hasta ahora detectados en España son un lujoso apartamento en Madrid, valorado en cerca de tres millones de euros, así como fondos bancarios en el Banco de Santander, recibidos, mediante transferencias provenientes presuntamente de paraísos fiscales, indicaron fuentes judiciales españolas.
Martínez Neira adquirió en Panamá la empresa de fachada Amanda Advisors S.A., creada en octubre de 2007 por la firma de abogados de Ciudad de Panamá Rosas & Rosas, cuya actividad es similar a la de Mossack Fonseca, famosa desde cuando su gigantesco banco de datos y actividades fue hecho público mediante filtraciones que recibieron la Red de Periodismo de Investigación Estructurado y Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, con lo cual más de cien medios de comunicación publicaron centenares de historias apoyadas en varios millones de documentos sobre el funcionamiento del bufete entre los años 1970 y 2015. Esto desató el escándalo mundial –todavía en efervescencia– conocido como “Panamá Papers”.

Amanda Advisors S.A. no ha sido inscrita en el Registro Único Empresarial y Social de las Cámaras de Comercio de Colombia.
Rosas & Rosas ha sido judicialmente señalada de blanquear fondos negros de la constructora Odebrecht con el objeto de pagar sobornos alrededor del mundo, como lo revelaré en un reportaje que verá la luz después de este.
Amanda Advisors S.A., la empresa del Fiscal colombiano, fue registrada en la Notaría Décima del Circuito de Ciudad de Panamá por Eliseo de León y Elisa Edghill. Sus directores son tres compañías de islas vírgenes británicas, a saber: Fairfax Invest Corp., Pointview Financial Limited y Ultra Mega Development S.A. (estas tres últimas tienen una misma dirección en las Islas Vírgenes Británicas).
La mencionada Ultra Mega Development S.A. fue reemplazada en la directiva de la firma del fiscal Martínez Neira por HBM B.V.I LTDA, representada por Rosas & Rosas Abogados.
Eliseo de León, Elisa Edghill y las tres firmas de las Islas Vírgenes Británicas también figuran en los documentos notariales de fundación y existencia de la firma Winter Blue S.A. (creada por Rosas & Rosas). Respecto de esta, una investigación del diario de Argentina Clarín descubrió que su dueño es el ex jefe de Aduanas de Buenos Aires Eduardo Bernardi y la utilizó para esconder de las autoridades tributarias al menos medio millón de dólares.
 (ver). Bernardi fue juzgado y condenado por la justicia argentina bajo el cargo penal de blanqueo de dinero.
Aparte de los registros notariales correspondientes, la similitud de la ficha directiva simple de Winter Blue S.A., del argentino Bernardi, y Amanda Advisors S.A., del Fiscal Néstor Humberto Martínez, saltan a la vista:

Amanda Advisors S.A. fue creada –repito– por Rosas & Rosas e inscrita en 2007 con el número de asiento 187053.
Elisa Edghill, quien figura en las empresas del argentino y en la del Fiscal General colombiano, aparece en la misma posición en otras 5.308 sociedades panameñas y 4.845 directorios de firmas fundadas en Panamá. Algo parecido ocurre con Eliseo de León.
Rosas & Rosas y sus tres firmas radicadas en Islas Vírgenes Británicas (inscritas como directores de la empresa del Fiscal Martínez Neira) figuran en un escándalo de lavado de activos y evasión que se desató en Gran Bretaña, cuya cabeza principal es el empresario Derek James Tiney, quien recibía, al parecer, fondos negros de Odebrechet.
En cuanto a la firma offshore del Fiscal General colombiano, Amanda Advisors S.A., fue inscrita en Ciudad de Panamá con un capital social autorizado de US$ 10 mil, dividido en 10 mil acciones comunes al portador, todas con iguales derechos y privilegios. Cada una vale un dólar. Con esta estructura el dueño de los bienes de la empresa es quien posee sus acciones al portador (en este caso Martínez Neira y su familia nuclear), con lo cual consigue evitar que figuren a nombre propio.
Expertos explicaron que Martínez Neira y su núcleo familiar encuadran en el concepto jurídico de “beneficiario real”, desarrollado por la organización no gubernamental alemana Transparencia Internacional, consagrada a la promoción de medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en el ámbito internacional. Se fundó en 1993 y publica anualmente el índice de Percepción de Corrupción, una lista corporativa de corrupción a nivel mundial.
Lo mismo que en España, el precepto de “beneficiario real” lo acogió por primera vez en Colombia la Superintendencia Financiera y luego se hizo reglamentario.
Offshore es el término usado en el mundo de las finanzas y el derecho para describir los paraísos fiscales o guaridas fiscales (en inglés tax haven, “refugio fiscal”)?. Son utilizados para eludir el pago de impuestos, así como gozar de secreto bancario para evadir y eludir impuestos y blanquear y ocultar capitales.
Llama la atención que el capital autorizado de Amanda Advisors S.A. –la firma offshore del Fiscal Martínez Neira– sea de US$ 10 mil y al mismo tiempo esa firma posea en España un bien valorado en cerca de tres millones de euros, más fondos por una cantidad no especificada.
La información referente a la constitución, existencia y tradición de Amanda Advisors S.A. fue adquirida legalmente en Panamá por este periodista a través del servicio Dato Capital.
El apartamento de Néstor Humberto Martínez Neira y su núcleo familiar en Madrid, España, (puesto a nombre de Amanda Advisors S.A.), está situado en Calle José Ortega y Gasset, número 17, piso cuatro B, puerta izquierda.
La inscripción en el municipio de Madrid corresponde a finca raíz y tiene el “número 14492 Indufir: 28088000019716”. El apartamento fue adquirido en 2014 por medio de compraventa y pagado con un cheque contra una cuenta bancaria española.
La descripción oficial del apartamento respecto a su ubicación y tamaño, es esta:

Foto de Gonzalo Guillén

Por medio de dineros de Amanda Advisors S.A. situados en España, el Fiscal Martínez Neira y su núcleo familiar cubren los gastos de propiedad y uso del apartamento de la exclusiva calle Ortega y Gasset.
Este periodista conoce el nombre –pero no lo revela, por ahora–  de la intermediaria (esposa de un destacado diplomático) que buscó esa propiedad raíz por petición expresa de Martínez Neira. Luego, cuando el Fiscal colombiano encontró que era de su agrado y la eligió, ella se la vendió.
El propietario anterior era Isabel Rúa Figueroa-Ortiz, viuda del periodista Salvador López de la Torre, quien falleció el 2 de febrero de 2011.
El apartamento no tiene empadronamiento debido a que, según se explicó en el ayuntamiento de Madrid, “pertenece a extranjeros”.
En la conserjería del edificio número 17 de la calle Ortega y Gasset, en cuyo primer piso se encuentra una tienda de la perfumera y joyera italiana Bulgari, se informó que, en efecto, el piso 4, sector B, puerta izquierda, es del colombiano Néstor Humberto Martínez Neira, quien, por cierto, la semana pasada lo visitó durante el viaje oficial que lo llevó con su esposa a Madrid y Londres.
Para esta investigación, durante tres meses fue entrevistada una veintena de personas en Madrid y Bogotá, quienes pidieron provisionalmente el anonimato. Dijeron saber con certeza que el apartamento en cuestión es de Martínez Neira. Varias de ellas indicaron que han estado como invitados en esa propiedad, así como en otras dos –dijeron algunos–, situadas en París y Nueva York.
El Fiscal General Martínez Neira fue invitado a dar su versión de los hechos por medio de un correo electrónico enviado a la jefatura de prensa de la Fiscalía General de la Nación. No respondió. 

La nota en LA NUEVA PRENSA

Litigio entre contratistas destapa pago de coimas en Municipio de Tulcán

Pagos desde $1 500 hasta $113 000 fueron realizados en favor de funcionarios del Municipio de Tulcán por el consorcio que ejecutó el proyecto de remodelación de la Plaza Central de esa ciudad, entre 2011 y 2012.
Ninguna de esos pagos se han justificado hasta el momento, el caso ya se investiga en la Comisión de Transparencia del Consejo de Participación Ciudadana y también se han presentado denuncias en la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General.
El caso se dio a conocer en medio de un litigio entre los socios del consorcio Construnor, a cargo de la rehabilitación del Mercado Central de Tulcán, un proyecto con una inversión de $1,5 millones:  $1,2 millones por el contrato inicial y uno complementario por $287 750.
El mercado cerró sus puertas en febrero de 2011 para dar paso a la remodelación y se reabrió en noviembre de 2012. A la inauguración de la plaza asistieron las dignidades de aquel entonces: María Fernanda Espinosa, como ministra de Patrimonio; Laura Mafla, como gobernadora del Carchi; René Yandún, quien figuraba como prefecto del Carchi; Julio Robles, que ya ocupaba la Alcaldía de Tulcán, hasta hoy.
Ocho años después, el 10 de julio pasado, Jorge Fernando Paredes, uno de los tres socios que conformaron el Consorcio Construnor demandó a otro socio: Diego Santillán De la Vega, por el presunto no pago de sus utilidades. “Me he visto perjudicado por el accionar de un ex socio de trabajo y por funcionarios públicos del GAD Municipal de Tulcán”, alega Paredes en la denuncia presentada ante el Consejo de Participación Ciudadana en Carchi.
“Al finalizar los trabajos y no recibir la parte proporcional de las utilidades, y al no tener respuesta a mis requerimientos, me vi en la necesidad de platear una acción de rendición de cuentas”, asegura Paredes en el documento de la demanda.

La rendición de cuentas solicitada fue presentada por Santillán ante el juez Milton Terán Grijalva, de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en Ibarra. Allí se detallan las comisiones pagadas en favor varios de funcionarios municipales y del mismo Municipio: $1.500 para el jefe de Fiscalización, $2 000 para el director administrativo y otros $2 000 para el director financiero del GAD de Tulcán.

Otros rubros más altos indican un pago de $13 500 en favor de Gonzalo Terán, cuyo roll de participación en el proyecto no se especifica en el documento; $2 000 adicionales para el abogado del GAD de Tulcán; otros USD 3 000 entregados en apoyo para las fiestas de Tulcán; y, el rubro más alto, USD 113 000 para promoción y contribución al mismo gobierno local.

En la misma rendición de cuentas presentada y firmada por Santillán en su defensa asegura que las utilidades del denunciante y ex socio si fueron pagadas, pero también admite que se entregaron valores para beneficiarse de la adjudicación de la obra. “Es necesario reconocer que un porcentaje de los ingresos recibidos en calidad de anticipo fueron repartidos entre los tres socios girándose cheques en nuestro beneficio y, de ese valor entregamos una parte a terceras personas por la adjudicación de la obra”, cita el documento.

Agrega que los cheques entregados fueron firmados de manera conjunta, lo que implicaría una responsabilidad compartida tanto del acusado como del demandante. En declaraciones para un medio local en la provincia del Carchi alegó: “Nos cogieron desprevenidos. Estábamos realizando un peritaje con un contador externo sobre los dineros utilizados para esta obra cuando nos solicitaron que entreguemos la rendición de cuentas; por, ello no se revisó de forma adecuada el escrito”, dijo.
A raíz de esto iniciaron las investigaciones y el concejal del municipio de Tulcán, René Granda presentó una denuncia por presunto cohecho ante el Consejo de Participación Ciudadana, Contraloría y la Fiscalía, para que se investiguen los “posibles actos indebidos ocurridos en la construcción de una obra municipal en 2012”.
No es la primera vez que el concejal Granda denuncia presuntas irregularidades de la actual administración. En otras ocasiones ha expresado sus sospechas de que los hijos de varios concejales del GAD de Tulcán estarían trabajando también en el Municipio. Pero esta acusación la hizo sin dar nombres.

Consultado por este tema, el alcalde de Tulcán, Julio Robles, aseguró que se las acusaciones se dan en el marco de una estrategia política previo a las próximas elecciones en marzo, en las que aspira presentarse como candidato a la Prefectura de la ciudad.
Robles fue electo alcalde de Tulcán por primera vez en 2009, respaldado por el Movimiento Social Conservador del Carchi, del cual es su fundador. En esa ocasión superó en votos al candidato del Movimiento PAIS, Pedro Velasco, con quien también compitió por la Alcaldía en 2014, cuando Robles fue reelecto por cinco años más.
Dicho de otra forma, Robles era alcalde cuando se firmó el contrato de adjudicación para la remodelación del Mercado Central de Tulcán.
El alcalde prefiere mantener distancia respecto al litigio de los socios de Construnor. “El Municipio como institución, el alcalde como alcalde o el alcalde como ciudadano, o cualquiera de los concejales del anterior periodo o de este, ninguno hemos sido mencionados o involucrados en esta denuncia”, dijo en una entrevista concedida este portal.

Aseguró no haber sido citado en el marco del proceso de indagación previa del proceso judicial y que la alcaldía está abierta a proporcionar toda la información que requieran los organismos de control, incluso estar dispuesto rendir su versión ante la justicia en caso de requerirlo.
“No hemos sido involucrados, mencionados o citados. La Fiscalía no me ha pedido ni notificado en nada sobre este primer caso”, manifiesta el alcalde. “Excepto, me han preguntado por escrito los nombres de las personas que ocuparon esos cargos en ese período. Entiendo que nuestra jefe de Talento Humano, en los próximos días estará dando su versión en la Fiscalía en referencia a la información que nos consultaron”.
Señaló que el listado con los nombres de dichos funcionarios ya fue remitido a la Fiscalía pero no quiso revelarlos. Aseguró que son varios los funcionarios que ocuparon en su primer período los cargos que constan en la rendición de cuentas como receptores de los pagos y que algunos de ellos todavía ocupan cargos en el Municipio de Tulcán.

La constructora
El Consorcio Construnor participó en el proceso para la adjudicación del proyecto en 2011, compitió contra tres ofertas. El presupuesto referencial para esta obra fue de $1 565 000. Su oferta, registrada en 573 fojas, fue terminar el proyecto en 320 días con un presupuesto inicial de $1 215 326,88, sin considerar obras complementarias. Esto según reposa en los archivos del Municipio del Tulcán al cual tuvimos acceso.
El mercado cerró sus puertas en febrero de 2011 para dar paso a la remodelación y se volvieron a abrir en noviembre de 2012. La obra fue presentada sin quejas por parte de la Alcaldía respecto a las estructuras, lo que si hubo fueron multas retrasos por un monto cercano a los USD 30 000.

Mercado Central de Tulcán, un proyecto con una inversión de $1,5 millones:  $1,2 millones por el contrato inicial y uno complementario por $287 750.

A la inauguración de la plaza asistieron las dignidades de aquel entonces: María Fernanda Espinosa, como ministra de Patrimonio; Laura Mafla, como gobernadora del Carchi; René Yandún, quien figuraba como prefecto del Carchi; y Robles que ya ocupaba la Alcaldía.

El día de la inauguración del remodelado mercado las autoridades municipales decidieron llamar a la obra plaza del Buen Vivir, asisitieron autoridades gubernamentales y felicitaron al alcalde por la eficiencia municipal.

María Fernanda Epinoza y Silvia Salgado se encargaron de cortar la cinta, un recuerdo de la obra y también de la corrupción.

La mencionada firma no figura en nuevos contratos con el Municipio de Tulcán. Los registros de la empresa en el Servicio de Rentas Internas muestran que las actividades del Consorcio iniciaron el 11 de marzo de 2011 y finalizaron el 14 de agosto de 2012.
La gaceta del SRI registra un auto de pago por USD 10.398,70 en octubre de 2017 y el mismo mes se resuelve cancelar el RUC 0491510633001 del Consorcio el mismo mes, junto con el de otras 147 sociedades.
Actualmente, Construnor no figura en los registros de la Superintendencia de Compañías. Consultando en el portal de sociedades Ecuador Pymes, no aparecen números telefónicos de referencia y la dirección de sus oficinas en Tulcán (La Emerita s/n La Ofelia, Carchi – Tulcán) no existe en los mapas.
Tampoco se conoce ninguna referencia entres los habitantes de la ciudad, aparte de las publicaciones realizadas por el mismo Municipio referentes a la remodelación del Mercado Central. El alcalde Robles tampoco dio ninguna pista adicional sobre la empresa.
Consultados por este medio, el abogado Galo Borja, como representante de Jorge Paredes, como denunciante, no quiso dar información sobre el proceso legal en curso.