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Mes: diciembre 2018

Ecuador en la mira de EEUU por reunión Moreno-Manafort


Por: Fernando Villavicencio y Christina Solórzano
Casi de forma simultánea a que el fiscal especial de los EEUU., Robert Mueller, dispusiera investigar la reunión realizada en mayo de 2017 en Quito entre Paul Manafort, ex jefe de campaña de Donald Trump —investigado en la trama rusa— y el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, cita en la que se habría abordado la situación de Julian Assange, el Secretario de Estado de EEUU., Mike Pompeo, mantenía en Washington un encuentro con el canciller ecuatoriano, José Valencia. Días después, 11 de diciembre del 2018, varios senadores y congresistas del Partido Demócrata, exigían que Pompeo informe si en la reunión se trató el futuro del editor de Wikileaks, asilado desde 2012 en la Embajada de Ecuador en Londres.
Una carta remitida por los Demócratas plantea a Mike Pompeo seis preguntas relacionadas con las presuntas visitas de Paul Manafort a Julian Assange en la Embajada ecuatoriana. Los congresistas se preguntan: ¿pidió al Ministro de Relaciones Exteriores, José Valencia, que confirmara si Paul Manafort visitó a Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres?
El fiscal especial de Estados Unidos, Robert Mueller, investiga la trama rusa en las elecciones. 
Los líderes demócratas también exigen conocer si  el registro completo de las visitas de Assange en la Embajada “esté disponible para todas las investigaciones en curso en Estados Unidos” y si se pidió al Ministro de Relaciones Exteriores ecuatoriano que proporcionara las imágenes de las cámaras de seguridad de esas visitas.

Varios congresistas de Estados Unidos presentaron sus inquietudes al secretario de Estado Mike Pompeo.
Adicionalmente, preguntaron a Pompeo si solicitó que el canciller Valencia confirmara si Paul Manafort habló con el Presidente ecuatoriano Lenin Moreno sobre Julian Assange en Quito, Ecuador, en mayo de 2017 y que en el caso de que haya recibido una confirmación explique si pidió al Ministro de Relaciones Exteriores que le proporcionara todas las notas e información relevante de la reunión de Paul Manafort con el Presidente ecuatoriano Lenin Moreno. Por último, consultaron a Pompeo si preguntó a Valencia sobre el “estado de las discusiones del Gobierno ecuatoriano con el Gobierno británico sobre el estado de Julian Assange”.
Los demócratas, en su carta, indican que el “Congreso y el pueblo estadounidense merecen respuestas sobre la interferencia extranjera en las elecciones de los Estados Unidos de 2016” y expresaron la “urgencia de resolver rápidamente los desafíos planteados por la presencia de Julian Assange en la embajada ecuatoriana e instaron a Pompeo a mantenerse en contacto cercano” con el canciller ecuatoriano.
Los encuentros de Manafort en Quito
En septiembre de 2018 ingresó a la Fiscalía de Ecuador una petición de asistencia penal internacional para que se recepte la versión de Paul Manafort, sobre la reunión realizada en mayo de 2017, en Quito con el presidente Lenín Moreno. El interés era conocer si en esa cita además de tratar inversiones chinas se abordó una posible salida de Julian Assange de la Embajada. La Fiscalía ecuatoriana guardó silencio; no así el fiscal Mueller, quien dispuso investigar el misterioso encuentro como parte del proceso que lleva adelante sobre la injerencia rusa en las presidenciales estadounidenses de 2016.
Paúl Manafort y Jason Maloni, dos ex integrantes de la campaña de Trump en el ojo del huracán. 
Para esa fecha ya se tenía indicios de que Moreno y Manafort no descuidaron tratar en la cita de mayo, la suerte del líder de Wikileaks, información confirmada ahora por el portavoz de Manafort, Jason Maloni y el New York Times. La verdad es que Manafort, no solo participó en una reunión sino en dos. En la primera con inversionistas chinos, lobistas y altos asesores del gobierno de Moreno; y, en una segunda con el actual consejero presidencial Santiago Cuesta (contacto de Manafort) y el ex secretario particular de Lenín Moreno, Eduardo Mangas, cónyuge de la actual presidenta de la Asamblea General de la ONU, María Fernanda Espinosa.
En el entorno del presidente Moreno estuvo Eduardo Mangas, pareja de María Fernanda Espinosa. 
A través del Secretario de Comunicación Andrés Michelena, solicitamos una entrevista con Santiago Cuesta, la cual fue confirmada para el martes 11 de diciembre y suspendida horas antes. Previamente enviamos las preguntas y hasta el cierre de esta edición no hemos recibido respuesta.
Las preguntas que no respondió Santiago Cuesta:
1) ¿Usted fue el contacto con Paul Manafort para la reunión con el presidente Lenín Moreno. En qué fecha se realizó la reunión o cuántas reuniones se realizaron?
2) ¿Cuántas veces se ha reunido usted con Manafort antes de las citas con el presidente Moreno y en dónde se realizaron esas reuniones?
3) ¿Cuándo y quién le presentó a Paul Manafort?
4) ¿En la cita o citas con el Presidente se trató la situación de Julian Assange?
5) ¿En la reunión o reuniones con Manafort participaron María Fernanda Espinosa y Eduardo Mangas?
6) ¿Conoce usted de reuniones realizadas por funcionarios de Ecuador con diplomáticos británicos y con el embajador de Rusia en Ecuador sobre la situación de Assange?
7) ¿Cuál es su criterio respecto a la investigación dispuesta por el fiscal Robert Mueller a cerca de la reunión entre Lenin Moreno y Paul Manafort?
En la Embajada en Londres, las cámaras de seguridad toman las reuniones de Julián Assange. 
Assange metió a Ecuador en la trama rusa
La Embajada de Ecuador en Londres es el lugar donde permanece asilado, desde hace seis años, el fundador de Wikileaks, Julian Paul Hawkins (Assange), hoy en la mira de la justicia norteamericana, por difundir los correos demócratas que perjudicaron a la entonces candidata presidencial, Hillary Clinton. Reportajes publicados por La Fuente, revelaron que Julian Assange convirtió la Embajada en su centro de operaciones: allí instaló su equipo de trabajo (WikiLeaks), implementó su propia red de comunicación, incluso satelital (lo que le permitió “interceptar” y “recolectar” información de la Embajada) y recibió numerosas visitas de controvertidos personajes (hackers, ciudadanos rusos cercanos al Kremlin, a Donald Trump, a lobistas y políticos como Adam Waldman, Nigel Farage y otros).

El millonario contacto ruso
Adam Waldman se reunió varias veces con Assange. Waldman es lobista del multimillonario ruso, Oleg Deripaska, a quién Estados Unidos sancionó económica y financieramente, en abril de este año, por interferir en las elecciones de 2016.
Deripaska, que forma parte del círculo de confianza de empresarios cercanos al presidente ruso Vladimir Putin,  está siendo investigado por el fiscal especial Robert Mueller, pues jugó “un papel clave” en las actividades que influyeron en las pasadas elecciones.
¿Cómo lo hizo? La respuesta podría estar en su conexión con Paúl Manafort, ex jefe de campaña de Donald Trump. Según revelaciones de la inteligencia norteamericana, Manafort habría estado dispuesto a compartir información confidencial con Deripaska, sobre las elecciones de 2016, antes de que Trump aceptara ser el candidato oficial del Partido Republicano.
¿Ecuador es parte de la “trama rusa”? ese es uno de los objetivos a probar en las investigaciones de Mueller. Lo que falta por esclarecer es el papel que jugó el país en la divulgación de los correos: ¿Assange recibió la información pirateada en la Embajada?, ¿la filtró desde allí o lo aprobó?
Más allá de los hackeos y las conexiones entre las cúpulas del poder de Rusia, Estados Unidos y WikiLeaks, por estos días, Mueller ha puesto su interés en la visita que hiciera Paul Manafort al presidente electo Lenín Moreno, en mayo de 2017.
En días pasados, información de medios internacionales indicaba que Mueller estaba “específicamente interesado” en saber si en la reunión que mantuvieron Moreno y Manafort en 2017, hablaron sobre Julian Assange y WikiLeaks. Ahora se conoce que las conversaciones no se limitaron a negocios, también hablaron sobre el destino de Assange. Jason Maloni, portavoz de Manafort, dijo que fue Moreno quien abordó el tema de Assange y manifestó “su deseo de sacar a Julian Assange de la embajada de Ecuador”, según la nota publicada por The New York Times. “Cuando el señor Manafort se reunió con el presidente Moreno de Ecuador para discutir el Fondo de Desarrollo de China, el presidente mencionó al señor Manafort su intención de retirar a Julian Assange de la embajada de Ecuador", dijo  Maloni.
Paul Manafort visitó a Moreno en calidad de lobista y representante de intereses chinos. Las corporaciones chinas estaban interesadas en “comprar las empresas ecuatorianas, CELEC, CNT, Banco del Pacífico y aseguradora Sucre. La inversión total era por 30.000 millones de dólares”, según Santiago Cuesta, amigo del zar petrolero Enrique Cadena, consejero presidencial de Lenín Moreno y responsable del encuentro. Hasta aquí está claro que el contacto entre Manafort y Moreno fue Cuesta, pero, ¿quién presentó a Manafort con Cuesta? Este medio conoció que la amistad entre Manafort y Cuesta se originó cinco años atrás en España.
Manafort aprovechó su cercanía con Trump (fue su jefe de campaña hasta agosto de 2016) para convertirse en “agente de influencia internacional” y continuar con su lucrativo oficio de lobista y empresario. Quienes lo conocen dicen que tenía gustos caros que financiaba con cabildeos internacionales.  Presionado por saldar las deudas y pagar las cuentas legales viajó a Ecuador para ver si podía negociar un acuerdo mediante el cual China invirtiera en el sistema de energía de Ecuador, posiblemente generando una gran comisión para él, señala The New York Times.
En sus viajes internacionales “se presentó como un enlace con la nueva administración de Trump y, en algunos casos, como un agente para organizar inversiones de un fondo asociado con el Estado, propiedad del China Development Bank”, el principal prestamista de Ecuador a cambio de la entrega de petróleo, el cual es desviado a la reventa por brokers privados, entre otros Gunvor, la multinacional vinculada a Putin. Esta operación de intermediación es investigada por la justicia de Ecuador, bajo sospecha de un multimillonario negociado.
El medio norteamericano señala que, en al menos dos reuniones, Manafort, Moreno y sus asesores, “discutieron su deseo de deshacerse de Assange”, Manafort sugirió que podría ayudar a negociar un acuerdo para la entrega del hacker a Estados Unidos a cambio de “concesiones como alivio de la deuda”. “Le dijo al equipo de Moreno que podía organizar una importante infusión de efectivo del fondo chino en la empresa eléctrica ecuatoriana, y podría aliviar cualquier preocupación potencial de la administración de Trump sobre dicha inversión”, indica el medio.

A finales del año pasado Mueller acusó a Manafort de una serie de actividades de cabildeo, lavado de dinero y violaciones de impuestos en relación con su trabajo de consultoría para los intereses alineados con Rusia en Ucrania antes de las elecciones de 2016. A inicios de este año, se declaró culpable de dos cargos de conspiración y manipulación de testigos y de mentir reiteradamente al fiscal, además de admitir públicamente que cometió crímenes financieros.  Un jurado de Virginia lo halló culpable de ocho cargos de fraude fiscal relacionados con ingresos que provenían de Ucrania. Manafort fue consultor por casi 10 años del expresidente ucraniano Viktor Yanukovych.
En una entrevista con CNN, el presidente Lenín Moreno se refirió a la visita de Manafort, aseguró que solo se reunieron una vez, “yo me reuní con Manafort, yo había ganado las elecciones y el señor Manafort fue con unos inversionistas chinos a pedirnos la posibilidad de que nosotros concesionemos la energía eléctrica del país. Manafort para ese momento había sido asesor del presidente Trump en las elecciones (del 2016), y no tenía ningún proceso, eso sí bien claro, no tenía absolutamente ningún proceso. Él iba como inversionista porque parece que es un hombre adinerado o que tiene contacto con inversionistas”, y aseguró haberse reunido sólo una vez con Manafort durante “unos 20 minutos, fue a la oficina de campaña donde yo estaba atendiendo y había ganado las elecciones (del 2017) y fueron estos inversionistas chinos llevados por el señor Manafort”, explicó Moreno y dijo esfáticamente que "es una mentira" el que se haya conversado sobre Assange.
Las conexiones entre Manafort con personas vinculadas a Rusia y Wikileaks se remontan a mucho antes del encuentro con Lenín Moreno. El 9 de junio de 2016, el hijo mayor de Donald Trump, Donald Trump Jr, Jared Kushner, su yerno y Paul Manafort, entonces jefe de campaña, se reunieron con la abogada rusa Natalia Veselnitskaya, relacionada con el Kremlin, según las agencias de inteligencia de Estados Unidos. La abogada les prometió facilitar información en contra de Hillary Clinton. Es posible que en sus encuentros, Adam Waldman y Julian Assange, hayan hablado sobre los vínculos del hacker con Rusia y las intenciones que tenía el líder de WikiLeaks de negociar con Estados Unidos un acuerdo de inmunidad temporal.
De las posibles visitas de Manafort al australiano en la Embajada en Londres, la de 2016 podría ser clave para futuras explicaciones, señala el diario británico de The Guardian, pues en ese período Manafort se convirtió en uno de los rostros más cercanos a Trump en su carrera por la Casa Blanca. Manafort y WikiLeaks han negado estos encuentros y Lenín Moreno ha indicado que no tiene conocimiento sobre esas reuniones, “nosotros descubrimos que el señor Assange tenía gente dentro de la Embajada que pertenecía al gobierno anterior (Correa) y que seguramente le estaban ayudando en sus cosas… El señor Assange tuvo, tiene y podrá tener derecho a recibir visitas. Nosotros no lo podemos privar de ese derecho”, dijo Moreno a CNN.
Aunque la lupa del fiscal Mueller y los ojos de la prensa internacional pongan atención en ilustres visitantes como posibles enlaces entre las agencias rusas y Assange, fuentes de la Embajada ecuatoriana en Londres no dejan de mirar a personas cercanas al círculo del hacker, principalmente al ex cónsul Fidel Narvaez, quien facilitó el asilo a Assange, el salvoconducto a Edward Snowden y el último intento de escape a Moscú.
El ex cónsul del Ecuador intentó presentar a Julián Assange como diplomático ecuatoriano en el Reino Unido. 
El fallido escape de Assange a Rusia
Casi como regalo navideño, el 12 de diciembre de 2017, siete meses después del controvertido encuentro entre Lenín Moreno y Paúl Manafort, el gobierno ecuatoriano otorgó la nacionalidad a Assange y rápidamente, tres días después (15 de diciembre), lo nombró como consejero de la Embajada de Ecuador en Londres, para luego de cuatro días (19 de diciembre) otorgarle el nombramiento de consejero en la Embajada de Moscú, Rusia.
Previo a estos rápidos movimientos, el 4 de diciembre de 2017, Assange, junto con su abogado Baltazar Garzón, ya había expresado al país, su “decisión de dar por terminado el asilo político”, confiado en que siete días después recibiría la carta de naturalización. Este documento de pitonisa revela que la operación de escape diplomático, había sido concertada, el texto es clarividente: “al haberme concedido el estatus de agente diplomático “in itinere”, hasta llegar a la misión diplomática de mi destino, posteriormente durante todo el tiempo que esté en la misión del país receptor, y hasta mi viaje de vuelta a Ecuador”.
El Ecuador naturalizó a Julián Assange, carta que no ha sido revocada hasta el momento. 
Es decir, Assange sabía 11 días antes que le nombrarían agente diplomático. Resulta bastante claro que el plan de salida de Assange de su cautiverio en Londres, no podía ser ajeno a una estrategia internacional previamente acordada entre los distintos actores interesados. Después se sabría que el fracaso de la intentona se debió a otros factores.
Una luz para Assange estaría por llegar en mayo de 2017 con el fallo absolutorio de la justicia sueca. Casi de forma simultanea se realizó en Quito el referido encuentro entre Moreno, Manafort y los inversionistas chinos, y una segunda reunión con la presencia de Paul Manafort, Eduardo Mangas y Santiago Cuesta, en la que el futuro del huésped sin duda estuvo en la agenda.
Eduardo Mangas, de origen nicaraguense, a esa fecha era la persona de mayor confianza y poder en el círculo de Moreno. Luego fue secretario particular y delegado presidencial en las empresas públicas. Antes, entre 2014 y 2015, lo había acompañado en Ginebra como delegado de la Cancillería para el manejo de varios temas, entre otros el asilo de Assange. Informes de la embajada en Londres dan cuenta de que Mangas visitó al hacker al menos tres veces.
Lo acordado en las reuniones de mayo de 2017 en Quito permitió diseñar la estrategia a ejecutarse en los siguientes siete meses. Para esa fecha, la armonía política aún cobijaba a Rafael Correa y Lenín Moreno, los desencuentros empezarían a expresarse semanas después.
La denuncia por un presunto abuso sexual cometido por Assange en Suecia.
La noticia esperada llegó el 19 de mayo de 2017, cuando la justicia de Suecia dejó en libertad a Julian Assange, acusado de abuso sexual según denuncia formulada en 2010 por una joven sueca que acusaba al hacker, de haber mantenido una relación sexual mientras ella dormía y de hacerlo sin preservativo a pesar de que ella había rechazado varias veces cualquier relación sin protección.
Inmediatamente de conocido el fallo, el 23 de mayo de 2017, Ecuador envió una comunicación a la Cancillería Británica en la que pedía extender un salvoconducto para sacar a Assange de la embajada y traerlo a Ecuador. El gobierno de Reino Unido negó el pedido.
El 24 de mayo de 2017, Lenín Moreno posesionó a María Fernanda Espinosa como ministra de Relaciones Exteriores y desde entonces redobló esfuerzos para insistir en la salida de Assange. Apenas a un mes de su gestión (junio 2017) Espinosa había impulsado dos importantes reuniones, solicitadas por el propio presidente Moreno. “Hemos tenido ya una serie de diálogos, de intercambios, e incluso una reunión de trabajo con la Embajadora del Reino Unido aquí en Ecuador, contactos incluso en Cancún con representantes del gobierno del Reino Unido (…) y la voluntad y la decisión es llegar a una solución de que simplemente beneficie y garantice los derechos de la persona asilada”, indicó.
Los ex cancilleres Ricardo Patiño y María Fernanda Espinosa tuvieron una cercana relación con Julián Assange. 
En esa misma dirección se sabe de la realización de reuniones con diplomáticos rusos, algo nada descartado considerando que sin un acuerdo con Rusia no se justificaba adelantar el nombramiento de Assange como agregado diplomático en Moscú, otorgado el 19 de diciembre de 2017. Los detalles del acuerdo con Rusia para enviar al fundador de WikiLeaks a ese país, fueron manejados con demasiada cautela, incluso la información fue declarada reservada. Sin embargo, la salida de Assange de la embajada utilizando la vía diplomática era una estrategia manejada desde el 2012 por la Senain. Este medio pudo revisar documentos que permite descurbir cómo se tejió la operación.

Ecuador nombró a Assange diplomático con misión en Londres.
Para mediados de agosto de 2017 los abogados de Assange en Londres preparaban los documentos requeridos para obtener la nacionalidad ecuatoriana. El 5 de septiembre Assange ingresó una declaración jurada sobre su identidad y el día 9 del mismo mes presentó la petición de naturalización. Al finalizar noviembre, la cancillería concovó a Assange a la entrevista de rigor previo a obtener la nacionalidad. El mismo día de la entrevista (4 de diciembre) Assange se despojaba de su condición de asilado con la certeza de que el 12 de diciembre sería ciudadano ecuatoriano, como en efecto ocurrió.
Rafael Correa y el ex cónsul Fidel Narváez, una relación cercana. 
A partir de entonces se empezó a ejecutar la segunda parte del plan: el escape diplomático a Rusia. En este escenario vuelve a jugar un rol importante el cónsul Fidel Narvaez, amigo personal de Assange y quien sirvió de contacto con Wikileaks desde el 2011 para la obtención del asilo, como lo reveló una investigación de La Fuente. Narvaez ya había demostrado su fidelidad con Assange y los buenos contactos con los rusos, cuando el 22 de junio de 2013, arrogándose funciones, emitió el salvoconducto a Edward Snowden para que pudiese trasladarse de Hong Kong a Rusia, donde actualmente recibe asilo político.

Assange también fue nombrado consejero de la Embajada en Rusia.
Ante la ausencia por motivos navideños, del embajador en Londres, Carlos Abad, asumió varias responsabilidades en la embajada el cónsul Fidel Narvaez. Y es justamente él quien, el 20 de diciembre de 2017, pone en conocimiento de la cancillería británica los nombramientos de Julian Assange como consejero diplomático en Londres y Rusia. Al día siguiente, llegaría la negativa del gobierno de Reino Unido, poniendo fin al plan.
Para acompañar el operativo de salida de Assange, el 15 de diciembre se movilizó a Londres, el entonces jefe de la Secretaría de Inteligencia – Senaín, Rommy Vallejo, quien estuvo en la embajada hasta el día de la negativa británica (22 de diciembre). Un mes antes, Vallejo, realizó una visita inesperada de varios días a Moscú.
Julian Paul Assange, nació en australia el 3 de julio de 1971, un día antes de la fecha de independencia de los Estados Unidos de Norte América, país que lo acusa de conspiración internacional. Su padre es John Shipton y su madre Christine Hawkins. El apellido Assange lo asumió de su padrastro y desde ahí lo usa en su vida periodística, aunque nunca estudió y peor se graduó de periodista. Sus aficiones académicas fueron las matemáticas y la física en la universidad de Melbourne. Desde el 12 de junio de 2012 es huésped de la embajada de Ecuador en Londres y el 12 de diciembre de 2017 recibió la nacionalidad ecuatoriana, ahora, espera un descenlace que con seguridad solo le significará cambiar el sitio de cautiverio.

La cronología de Assange
Con la  información relacionada con la naturalización de Assange, estos portales establecieron una línea de tiempo que detalla los intentos de Ecuador por sacar a Julian Assange de la Embajada ecuatoriana en Londres, quien, luego de su renuncia voluntaria al asilo el 4 de diciembre de 2017, permanece en la sede diplomática como ecuatoriano protegido en su propia embajada:
Assange renunció al asilo en la Embajada ecuatoriana, pero el Gobierno no le aceptó el escrito. 
• 23 de agosto de 2012, la Cancillería británica señaló que no existía base legal para aceptar el salvoconducto para Assange solicitado por Ecuador.
• Noviembre de 2012, Gran Bretaña indicó que no reconocía el asilo diplomático y Assange debía responder a la justicia británica. En un oficio del 17 de septiembre de 2018, enviado a la asambleísta Paola Vintimilla, el actual ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, José Valencia, indicó que desde 2012, las autoridades ecuatorianas “han efectuado múltiples representaciones antes las autoridades británicas y han solicitado en dos oportunidades la entrega de salvoconductos” para que Assange pueda salir de la Embajada y la posición de Reino Unido no ha cambiado: se ha negado a otorgar el salvoconducto.
• Mayo de 2017 se reúnen en Quito el presidente electo Lenín Moreno con el entonces asesor de Donald Trump, Paul Manafort y abordan una posible salida de Assange. La cita fue planificada por el actual consejero de Moreno, Santiago Cuesta.
• 19 de mayo de 2017, la justicia sueca declara inocente a Assange de los cargos de abuso sexual.
• 23 de mayo de 2017, el gobierno de Ecuador solicita a su similar de Reino Unido, emita el salvoconducto para trasladar a Assange a Ecuador. Petición rechazada.
• Junio de 2017, la Canciller María Fernanda Espinosa, realizó reuniones de alto nivel con diplomáticos británicos en Cancún y Quito en busca de la salida del hacker.
• 5 de septiembre de 2017, Assange presenta al Consulado de Londres una declaración jurada justificando la diferencia de sus nombres: en la partida de nacimiento consta como Julian Paul Hawkins y en el pasaporte Julian Paul Assange.
• 16 de septiembre de 2017, Julian Assange presentó la solicitud de nacionalidad de ecuatoriana mediante carta de naturalización.
• 4 de diciembre de 2017, Assange, junto a su abogado Baltazar Garzón, informó sobre su decisión de dar por terminado el asilo político.
• 12 de diciembre de 2017, el viceministro de Movilidad Humana, José Luis Jácome le otorgó la carta de naturalización.
• 15 de diciembre de 2017, el entonces ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, subrogante, Byron Suárez, nombró a Assange Consejero en la Embajada de Ecuador en Londres.
• 19 de diciembre de 2017, el mismo ministro lo nombró como Consejero de la Embajada de Ecuador en Moscú, Rusia.
• 20 de diciembre 2017, el Cónsul en Londres Fidel Narvaez, notificó al Gobierno Británico que Julian Assange era Consejero político de la referida Misión Diplomática.
• 21 de diciembre de 2017, la Cancillería británica respondió que “no considera al señor Assange como un miembro aceptable de la Misión (diplomática ecuatoriana) y, como resultado, la Dirección de Protocolo no tiene otra alternativa que rehusarse a reconocer al señor Assange como tal”.
• 22 de diciembre de 2017, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana respondió indicando que “deplora” la decisión de Reino Unido de no aceptar a Assange como miembro de la Misión Diplomática ecuatoriana y que “no existe justificación que impida su acreditación como tal”.
• 27 de diciembre de 2017, María Fernanda Espinosa declaró nulo el Acuerdo Ministerial 000146 que designó a Julian Assange como diplomático ecuatoriano en Londres.
• 28 de diciembre de 2017, la Embajada del Reino Unido indica que su posición “sigue siendo igual”.
• 29 de diciembre de 2017, el ministro de Relaciones Exteriores, subrogante, Byron Suárez, declaró nulo el Acuerdo Ministerial 000147, que nombró a Assange como diplomático en Rusia. Ese mismo día se lo hicieron saber a Assange.
• Inicios de 2018, Espinosa confirmó la naturalización de Assange y lamentó que se haya filtrado esa información porque era un caso que debía “manejarse con absoluta discreción”.
• Junio de 2018, Espinosa solicitó licencia para hacer campaña para el cargo en la ONU. Espinosa fue elegida como presidenta de la Asamblea General de la ONU el 5 de junio de 2018. Jennifer Robinson, abogada de Assange, dijo que esperaba que Espinosa eleve el caso de su cliente al órgano de deliberación multilateral.
• 1 de agosto de 2018, Reino Unido volvió a ratificarse señalando que la posición de esa nación es la de “no reconocer su condición de asilado. Para las autoridades gubernamentales y judiciales británicas, el sr. Assange debe responder por una violación al régimen de presentación a un juzgado británico”.
Desenlace
El destino de Assange aún es incierto, lo que sí queda claro es el deseo de Lenín Moreno de que el hacker abandone la Embajada ecuatoriana “en primer lugar porque representa un ingente gasto a Ecuador (USD 6 millones entre 2012 y 2017). En segundo lugar, por el derecho del señor Assange, más de cinco años en calidad de asilado no es algo deseable para un ser humano. Y en tercer lugar porque de acuerdo al gobierno británico ellos jamás extraditarían a una persona a un país donde corra peligro su vida”. La salida de Julian Assange de la Embajada en Londres, es una decisión de corto plazo, pero eso no significa que la justicia de los Estados Unidos dejará de investigar la trama rusa en la que nos introdujo el líder de Wikileaks desde la estrecha sede diplomática del Ecuador en Londres.

 

Los carteles del narcotráfico en la Mitad del Mundo

Redacciones La Fuente, MilHojas y PlanV

El Ecuador tomado por el narcotráfico. Es la pesadilla que cada día se hace realidad y que fue promocionada y permitida por el régimen de la década pasada.
Nunca antes una fotografía dijo tanto del narcotráfico en Ecuador. Fue encontrada en el teléfono Black Berry del capitán del Ejército en retiro, Telmo Remigio Castro Donoso, luego de su captura en junio de 2013. Llamado como “El Capi” por los narcotraficantes, ayudó a transportar toneladas de cocaína del cartel de Sinaloa, cobijado por su trabajo de inteligencia al interior de las Fuerzas Armadas.
El nombre de Castro Donoso trascendió este 13 de diciembre porque fue nombrado en el juicio que la fiscalía de Nueva York impulsa contra de El Chapo Guzmán, en la corte federal de Brooklyn, Estados Unidos. La declaración del narcotraficante colombiano Jorge Cifuentes, parte del círculo cercano del capo mexicano, aseguró que ‘El Capi’ recibió 100 dólares por cada kilo de cocaína transportado desde el Ecuador.
Telmo Castro fue sentenciado el 16 de diciembre de 2014 a 13 años de prisión luego de ser capturado en El Empalme, provincia del Guayas, junto a los mexicanos Luis Joel Aguirre Castro y Miguel Ángel Valdez Ruiz, cuando cargaban 498 kilos de alcaloide en una avioneta.
En el proceso judicial la Fiscalía identificó en el teléfono de ‘El Capi’ de una fotografía que describe al Ecuador una narcodemocracia, tal como lo expuso Francisco Huerta Montalvo en 2008. La imagen muestra a Rafael Correa Delgado, junto a José Antonio Aguilar Orozco, Darwin Stalin Gómez Vélez y Edgar Fernando Sandoval Puga, todos involucrados en diversos operativos antinarcóticos.
Esta es la fotografía encontrada en el celular de Telmo Castro. Correa sonríe junto a José Antonio Aguilar Orozco, Darwin Stalin Gómez Vélez y Edgar Fernando Sandoval Puga.
José Antonio Aguilar Orozco posa junto a una acompañante desconocida.
Castro era el principal enlace en Ecuador de El Chapo Guzmán y en su Black Berry (serial número 352631052479124) la DEA encontró —entre otras informaciones que reposan en un informe policial— una fotografía en la que se muestra, con gesto de grata satisfacción, al entonces presidente de Ecuador, Rafael Correa, junto con tres ostensibles traficantes de cocaína.
De acuerdo con información militar, Telmo Castro, había dejado el Ejército Nacional tres meses antes de que eso suceda, esto es en julio de 2009. En un primer operativo, Castro fue detenido en octubre de 2009 con 557 kilos de cocaína “… en un camión disfrazado en similar forma que los vehículos militares, pintado de verde y con logotipos falsos del Ejército para evitar los controles”.
La participación del excapitán Telmo Castro y su vinculación con El Chapo no es desconocida por las autoridades ecuatorianas, incluso la Fiscalía de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti) investigó el caso, luego de la captura del narco-militar. La información obtenida del móvil de Castro permitió identificar una serie de contactos en el mundo delictivo. No se conoce de alguna acción realizada por la justicia de Ecuador a raíz de este informe, que hoy lo publicamos íntegro.


Las fotos de Correa con la gente de Sinaloa
Estas fotografías fueron encontradas en uno de los celulares de un procesado por el operativo Sinaloa efectuado en el 2017. En esa acción policial se detuvo a un grupo de narcos de Sinaloa que operaban en Quito. Dentro del juicio, el perito que analizó las fotos dijo, bajo juramento, que algunos involucrados estaban en reuniones con Rafael Correa.
La foto del celular de Telmo Castro no es la única evidencia de la relación del expresidente con gente acusada de narcotráfico. En uno de los procesos por tráfico de drogas de 2017 se menciona que el perito José Miguel Ramírez, del Departamento de Criminalística, manifestó bajo juramente que dentro del caso realizó el informe 1580, remitido a la Fiscalía el 17 de agosto del 2017. En este se menciona lo siguiente: “de la pericia de extracción de información de varios dispositivos de almacenamiento digital que se encontraban en cadena de custodia, dentro del caso policial 069 UAZP2017, que de los 22 teléfonos celulares extrajo contactos telefónicos, registros de llamadas, mensajes e imágenes fotográficas”.Esta información fue analizada por el perito en su informe y la dio a conocer a la Fiscalía. Dijo que los teléfonos estaban en regular estado de conservación, buen funcionamiento y estaban ingresados con la respectiva cadena de custodia en las bodegas de la Jefatura Provincial Antinarcóticos de Pichincha. En el interrogatorio de Fiscalía contestó que de uno de los teléfonos se pudo extraer imágenes fotográficas entre las que se observaba a varias personas reunidas, entre ellas al expresidente de la República, Rafael Correa.
Lo mencionado en el párrafo anterior es un extracto del proceso 17282-2017-02614 por Organización y financiamiento para la producción o tráfico de sustancias ilícitas catalogadas sujetas a fiscalización. El juicio corresponde al Operativo Sinaloa. Según el parte policial, “la Policía Nacional del Ecuador, a través de la Dirección Nacional Antinarcóticos y la Unidad de Investigaciones Antinarcóticos, UIAN, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, la Policía Nacional de Colombia, la Agencia de la DEA, el día jueves 01 de julio de 2017, puso en ejecución la Operación Policial Antinarcóticos denominado Sinaloa”. Se aprehendió un peso bruto de 101.886 gramos de cocaína. Todos los detenidos en Quito eran mexicanos y residentes en Sinaloa.


Este fue el informe policial:
Dos de los involucrados en el operativo Sinaloa. Dos de los principales capturados fueron puestos en libertad.
“Por medio de la gestión investigativa se llegó a conocer sobre la existencia de una organización dedicada al acopio, adecuación, y envío de cocaína, estableciendo su centro de operaciones en la Provincia de Pichincha, específicamente en tres inmuebles ubicados estratégicamente, desde donde mantenían el control de las operaciones; en base a este accionar delictivo se impulsaron por medio de la Fiscalía General del Estado, la apertura de una investigación previa tendiente a identificar e individualizar el nivel jerárquico de los miembros de la estructura narco delictiva; es así que la organización envió desde México a la ciudadana Karen Paulina Velarde Osuna con la finalidad de organice la logística para el adecuamiento de la cocaína en forma de semillas de cacao; el financiamiento se encontraba a cargo de Ángel Barraza Cabada, quien manejaba el dinero para la adquisición y camuflaje de la cocaína, la coordinación de envío se encontraba a cargo del ciudadano Miguel Ángel Colmenero Acuña, Juan Carlos Nozato Silva, Jesús Manuel Barraza Tirado; el camuflaje de la cocaína se encontraba a cargo de seis ciudadanos mexicanos”.
Detalle de una de las fojas del proceso que se derivó del Operativo Sinaloa, en el cual se menciona a Rafael Correa.
Detalle de la primera página del proceso que derivó del Operativo Sinaloa.
"Todo el dinero fruto de la comercialización de la cocaína era transportada desde México hasta Ecuador, donde sería empleada para adquirir bienes y constituir empresas de fachada bajo la figura de empresas de exportación de semillas de cacao que enviaría la sustancia hasta México donde sería destinada a la empresa MEX S PRODUCTS para posteriormente ser distribuida a los mercados negros de consumo de Norteamérica. Por medio de la presente operación se ha logrado desarticular un importante brazo operativo mexicano, y se ha retirado del mercado 280.000 dosis aproximadamente”, concluyó el reporte.
El cártel de la mitad del mundo
“Ecuador es un país de tránsito para los precursores químicos para el procesamiento de narcóticos ilegales y también es vulnerable a la delincuencia organizada transnacional debido a la debilidad de las instituciones públicas, las fronteras permeables y la corrupción”. Así afirma el informe del departamento de Estado de Estados Unidos, emitido en marzo del 2016. Esta aseveración fue rechazada categóricamente por el entonces ministro del Interior, José Serrano, quien dijo que se trataba de un informe “antojadizo”.El Departamento de Estado de Estados Unidos, además de señalar al Ecuador como un país de tránsito de droga, indicaba en esa fecha que las “organizaciones criminales transnacionales incluidos los carteles de los Zetas, Sinaloa y del Golfo y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), operan en Ecuador. Los carteles mexicanos usan cada vez más aeronaves privadas y rutas clandestinas para transportar dinero a Ecuador y cocaína hacia México y Centroamérica”.
Aunque las autoridades del Ecuador se enfurecieran por estas afirmaciones, la realidad respaldaba dicho informe. Ya en el 2012, la Revista Semana de Colombia habló de que la poderosa transnacional del crimen, maneja el negocio de la cocaína desde el Ecuador. Ya en ese año se decomisaban cargamentos de droga procedentes desde el Ecuador, valorados en cinco mil millones de dólares.

Informe de fuentes vinculadas a la investigación sobre las actividades del grupo que acompaña a Rafael Correa en esta fotografía. Para ver el informe completo, pinche en la fotografía.
Muchas veces, según Semana, los envíos de droga se pagaban con armas, las cuales fueron a las organizaciones irregulares como las FARC.
Además de las armas, aunque algunos funcionarios gubernamentales lo negaron, hay grupos delictivos internacionales integrados por colombianos y mexicanos, los cuales se dedican al tráfico de drogas en América del Sur y cuentan en su actividad criminal con ecuatorianos. En su mayoría, son socios de El Chapo. A su tiempo el capo mexicano aseguró desde la clandestinidad que buena parte de su millonaria “mercancía” sale de Ecuador.
En el 2015 se supo que El Chapo tejió una red delictiva compleja en Ecuador. Captó a bandas locales para que se encargaran de la logística y de custodiar las pistas clandestinas en las que se embarcan drogas y se transporta el dinero ilícito. Además para que vigilen cargamentos ilegales que parten, por ejemplo, en lanchas rápidas o barcos. En ese mismo año, el Departamento de Estado de EE.UU. señaló que el Cartel de Sinaloa operaba con emisarios en Ecuador.
Una muestra de aquello fue la detención de Óscar B. en el aeropuerto El Dorado de Bogotá cuando pretendía ingresar a ese país procedente de Quito. Él estaba en la mira de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) ya que estaba identificado como representante del cartel de El Chapo en Ecuador.
La segunda captura de El Chapo, de febrero de 2014, fue posible gracias a la información proporcionada por la Policía Antinarcóticos del Ecuador. “La captura del capo mexicano se concretó, en parte, gracias a la información reservada entregada por la Policía de Ecuador sobre las actividades de Guzmán y su presunta relación con Ecuador”, manifestó el entonces ministro del Interior, José Serrano.
El Chapo Guzman, detenido por el gobierno mexicano, está en Estados Unidos en un juicio en su contra.
En junio del 2013, en el cantón El Empalme, de la provincia del Guayas, se realizó el operativo Galaxia, donde la Policía logró el decomiso de 557 kilos de cocaína, varias granadas de mano y la detención de 10 personas, entre ellos dos ciudadanos mexicanos, siete ecuatorianos y uno de nacionalidad colombiana. Entre los detenidos estuvo el excapitán Telmo Castro.
En ese entonces, Serrano precisó que Castro mantenía fuertes vínculos con el cartel de Sinaloa. “Es el narcotraficante con mayores vínculos con el Cartel de Sinaloa en Ecuador era su mayor proveedor”. Según fuentes reservadas, parte de la información entregada por el Ecuador para la captura de El Chapo habrían sido sus comunicaciones con Castro.


Como se evidencia en los hechos, el peligroso cartel de Sinaloa viene operando en el Ecuador desde hace mucho tiempo. Entre el 2012 y diciembre del 2014 al menos ocho avionetas sospechosas de traficar drogas fueron descubiertas en Ecuador. En estos casos estuvieron involucrados pilotos y tripulación de nacionalidad mexicana.En el 2016, los medios de comunicación ecuatorianos constantemente emitieron noticias sobre la incautación de droga y la detención de pescadores artesanales que habrían servido a los propósitos del cartel de El Chapo. Según pescadores de Esmeraldas, ellos aceptaban transportar la droga vía marítima por sus necesidades económicas. Por el trabajo les pagan entre 20.000 y 70.000 dólares.
El jueves 21 de enero de 2016 fue noticia internacional que investigaciones policiales determinaron que entre 20 y 30 mexicanos obtuvieron documentos ecuatorianos con la identidad de otras personas y que entre ellos podrían estar El Chapo y dos menores, presuntamente sus familiares.
El caso aún se investiga, pero se dio a conocer que las cédulas fueron sacadas por los mexicanos hace 10 años.
El narcotráfico entre funcionarios del gobierno ecuatoriano
Durante los últimos nueve años, Ecuador ha sido testigo de las más fragosas historias de narcotráfico que de una u otra manera vincularon a ciertos funcionarios del Gobierno de Rafael Correa.
De acuerdo al informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la evolución sobre las aprehensiones de droga muestra que durante los años 2002, 2003 y 2004, mientras se encontraba la Base de Manta activa, se mantuvo una tendencia a la baja con un punto de inflexión en el año 2005, para luego descender nuevamente durante los años 2006, 2007, 2008 hasta el año 2009, año en que se alcanza el máximo de aprehensiones de droga con un total de 68 toneladas. En los últimos años se produce un incremento constante en la cantidad de droga aprehendida. En el 2014 se decomisó 61,38 toneladas de drogas. En el 2015, 70,16 toneladas, principalmente de cocaína.
Huracán Verde
En octubre del 2007, la Policía capturó en Esmeraldas a siete ciudadanos con 3.7 toneladas de cocaína, en el operativo denominado Huracán Verde. El alcaloide, que estaba en tanques de agua bajo tierra, pertenecía a los hermanos Jefferson, Miguel y Édison Ostaiza Amay. Según la Fiscalía de Antinarcóticos del Guayas, los hermanos Ostaiza eran líderes de una red de narcotráfico vinculada a los carteles de Cali y de Sinaloa.Los hermanos Ostaiza se convirtieron en la pesadilla del régimen correísta, pues siempre los asociaron. En noviembre del 2007 dos agentes de inteligencia de la policía informaron a Rommy Vallejo, ex edecán del presidente Correa y exsecretario de la SENAIN, que el ex subsecretario del Ministerio de Gobierno, José Ignacio Chauvin, estaba implicado en la red de narcotráfico de los Ostaiza y de supuestas conexiones petroleras de Fabricio y Pierina Correa, hermanos del entonces presidente del Ecuador. Según información extraoficial, los hermanos Ostaiza habrían apoyado a la campaña de Correa.
El director del Comité de Derechos Humanos, Ecológicos y Ambientales, Alfonso Ortiz, denunció públicamente haber recibido amenazas por las investigaciones de dos supuestos atentados en contra de los hermanos Miguel Ángel y Edison Ostaiza en la Penitenciaría del Litoral del Guayas, en donde se encuentran recluidos por narcotráfico.
Los hermanos Ostaiza desde su detención pidieron la ayuda de Francisco Huerta, uno de los integrantes de la Comisión de la Verdad, por los atentados que estaban recibiendo dentro de la cárcel. Según los Ostaiza, Huerta les habría dicho que el entonces ministro de Defensa, Ricardo Patiño, los quería eliminar. Y luego de la reunión con Huerta, los hermanos Ostaiza indicaron que no dieron dinero a la campaña de Correa.
Pero no solo el representante de los Derechos Humanos y uno de los integrantes de la Comisión de la Verdad los visitó. También el asesor de Correa, Francisco Latorre, quien les habría pedido que no revelaran nada que comprometa al gobierno de Correa.
Francisco la Torre es conocido como el ángel de Correa, ya que siempre estaba para solucionar sus problemas. Fue el hombre que le pasó a Correa la máscara para protegerse de las bombas del 30S. Fue su compañero de colegio. Ha pasado por varios oficios: fue su chofer, guardaespaldas, asesor de imagen, el que conseguía la comida en las campañas electorales para sus “compañeritos”, hasta llegar a ser el asesor político del expresidente.
Una persona cercana a los Ostaiza, en una conversación informal luego de la frustrada audiencia de juzgamiento, manifestó que los Ostaiza habrían establecido los contactos para que Ricardo Patiño y Gustavo Larrea, ex ministro de Seguridad Interna y Externa del Régimen, dialogaran con las FARC.
Los hermanos Ostaiza en la cárcel debían cuidar sus espaldas. Incluso como medida de prevención, sus familiares les llevan alimentos para que ellos mismos preparen su comida en la cárcel.
En el informe de Angostura se establece que las FARC mantenían frecuentes reuniones en la hacienda El Aromo, con los hermanos Ostaiza. Igualmente se precisa que “los Riascos y los Ferrín fueron identificados por agentes de Inteligencia como los encargados de transportar clorhidrato de cocaína hasta las costas de Esmeraldas, desde donde pensaban sacarlo en un semi – sumergible que se estaba construyendo en la orilla norte del río Mataje”.

Audiencia del juicio contra los hermanos Ostaiza, que luego de salir en libertad dijeron que habían aportado dinero a la campaña de Rafael Correa.
Simultáneamente a la captura de los Ostaiza, despegaba un avión desde el pequeño aeropuerto de Tachina, provincia de Esmeraldas, con destino a México. Esa aeronave salió de Quito el 20 de octubre, a las 13:38, hizo escala en Tachina, y luego partió a Acapulco. Ese mismo día, el avión fue detenido en México por la policía antinarcóticos, encontrándose huellas de cocaína.

De acuerdo con la Comisión que investigó el caso Angostura, en este avión se intentó exportar las 3,7 toneladas de clorhidrato de cocaína incautadas en la  finca del sector de Colope, en Esmeraldas. Según la Fiscalía Antinarcóticos del Guayas, los propietarios de dicha droga eran los hermanos Ostaiza.
Originalmente el avión había volado de México a Quito, donde aterrizó sin contar con los permisos de las autoridades de Ecuador. Allí permaneció 13 días, en un hangar de la FAE (Fuerza Aérea Ecuatoriana). Sorprendentemente en ese lapso, la DAC (Dirección de Aviación Civil) legalizó la irregular presencia de la aeronave en el país.  Sobre el referido caso, la DAC entregó a Correa un informe reservado en el que explicaba por qué el avión modelo GLF59, de la compañía Empresarios del Calzado S.A, procedente de México, aterrizó sin autorización en Quito. Después de estar 13 días, regresó a México desde un aeropuerto local, el de Tachina, violando la legislación aérea.
El informe fue suscrito por Eduardo Larrea Cruz, director encargado de la DAC, y en su parte central señala que el cambio de ruta fue legalizado por el entonces subdirector de la DAC, el comandante Milton Martínez. El texto dice: “Por disposición del señor subdirector Milton Martínez, por intermedio del señor José Acaro, se cambia la ruta de salida de este mismo radiograma (autorización) ya transmitido. Operará Tachina-México (directo)”.
De acuerdo a la Ley Aeronáutica ecuatoriana, los aviones extranjeros solo pueden aterrizar y despegar desde una pista internacional. Esa categoría la tienen las pistas de Quito, Guayaquil, Manta y Latacunga. El avión detenido el 20 de octubre del 2007 en México, era pilotado por Jorge Arévalo Kessler, vinculado al cartel de Sinaloa.
DEA captura aviones de empresario ecuatoriano
A los pocos días del escándalo “Huracán Verde”, Eduardo Larrea Cruz abandonó la DAC y montó, con su hermano Juan Pablo, la empresa Sky Ecuador y una escuela de aviación en la provincia de Santo Domingo de los Colorados y en Guayaquil. Poco tiempo después Juan Pablo Larrea y su madre María Cruz constituyen la compañía Sky Jet Elite, en Florida (EEUU), que registra al menos tres aeronaves.

La aeronave de la empresa Sky Jet cuando fue incatada por la DEA, en EE.UU. (Imagen de Infobae)
El mes de julio de 2014, la DEA capturó en el aeropuerto de Fort Lauderdale (Florida) varios aviones de la compañía Sky Jet Elite, que supuestamente pudieron haber servido para viajes secretos de algunos funcionarios del Ecuador, según la denuncia realizada por el ex legislador ecuatoriano Cléver Jiménez. Se trata del jet ejecutivo Gulfstream II, de matrícula N378MB, y de dos avionetas tipo Cessna, de matrículas N-438EL y N-576RA.
Esto fue desmentido por el abogado y tío de los dueños de Sky Jet Elite, Fernando Larrea, quien aseguró que el tema de los aviones estaba aclarado y que incluso los aviones retenidos para las respectivas investigaciones ya habían sido vendidos.
La DEA vuelve a involucrar a Larrea
En julio del 2015, las autoridades de Estados Unidos realizaron un fuerte operativo para capturar una red de narcotráfico que transportaba 6,5 millones de dólares en cocaína, embutida dentro de un avión Gulfstream II chorro de 1976. La banda retiró los paneles, asientos y tablas del suelo del avión para colocar allí la cocaína.
Los culpables de este hecho están en la cárcel y los fiscales federales afirmaron que la red de narcotráfico era ecuatoriana y que se encargaba de volar la droga desde Venezuela hasta el sur de Florida.
Juan Pablo Larrea, hermano del ex director de aviación Civil del Ecuador, Eduardo Larrea, consta como una de las personas a las que se le confiscó la cuenta bancaria para investigaciones durante este operativo, en el proceso No. 14-60314-CR-DIMITROULEAS.
Operativo Huracán de la Frontera
Otro caso legendario es el Huracán de la Frontera que vincula directamente a ex funcionarios del actual Gobierno con el narcotráfico. Para febrero de 2009, el caso Chauvín ya había estallado: José Ignacio Chauvín, antiguo dirigente del movimiento oficialista del expresidente Correa, Alianza País, reconoció haberse visto en siete ocasiones con alias Raúl Reyes, dirigente de las FARC, muerto en su campamento en Ecuador en marzo de 2008 en un bombardeo de las Fuerzas Armadas Colombianas.
Chauvín fue apresado en febrero de 2009 por asociación ilícita con los hermanos Jefferson, Miguel y Édison Ostaiza Amay, acusados y detenidos por narcotráfico.
La investigación de estos casos quedó en el olvido, justamente por estar asociados con el anterior Gobierno. La exasambleísta oficial María Augusta Calle fue señalada en varios informes de inteligencia como contacto de las FARC en Ecuador, e incluso también su esposo, Juan Meriguet Martínez, quien fue subsecretario de Participación en el Ministerio Coordinador de la Política y asesor del exministro de Defensa, Ricardo Patiño.
La frontera porosa
Como “porosa” se calificó, en el Informe de Angostura, a la frontera de 640 kilómetros que une Ecuador y Colombia. “Porosa” no solo porque ha permitido el tránsito ilegal de más de un millón de desplazados colombianos a Ecuador, sino porque es el cordón de paso y disputa de precursores químicos, droga, armas, guerrilla, paramilitares, dinero. Historias cargadas de muerte y dolor.
En el informe se relata la historia de Ángel Lapo, un comunero de frontera, quien a los pocos días de haber facilitado información a un investigar de la Comisión apareció asesinado. Los hechos hablan de un cuadro de frontera donde los campesinos e indígenas ecuatorianos han sido desplazados, instalándose en algunos casos bases con “desplazados plantados por las FARC”, que facilitan el narcotráfico y las acciones de grupos irregulares.

Este fue el hueco que se produjo tras el bombardeo de la fuerza aérea colombiana el campamento de Raúl Réyez, en el 2008.
Durante las últimas tres décadas, Ecuador ha enfrentado la evolución acelerada del narcotráfico. En la línea de frontera se han instalado laboratorios de procesamiento de drogas, campamentos fijos y móviles, depósitos de armas y combustibles, y más de 42 pasos ilegales. La provincia de Sucumbíos (Amazonía ecuatoriana) era utilizada como centro de operaciones por los Frentes 48 y 32 de las FARC. En las provincias de Esmeraldas y Carchi ejerció su influencia el Frente 29. Mientras que en Esmeraldas, otros grupos salidos del paramilitarismo colombiano, como los Rastrojos, Nueva Generación, Águilas Negras, y los Zorros se “disputaban a sangre y fuego” el control de los campamentos de precursores, armas y drogas, decía el informe de Angostura de 2009.
Operativo Resurgir
El operativo Resurgir se ejecutó el 27 de septiembre del 2011, cuando una unidad antinarcóticos de la Policía, gracias a una denuncia de un ciudadano identificado como “Joselo”, capturó más de una tonelada de cocaína en una propiedad cercana al aeropuerto de Tachina, en Esmeraldas. Uno de los principales implicados fue nada más y nada menos que el comandante de la Policía de Esmeraldas, general Galo Alfredo Carrera Vizuete, quien fue detenido junto a otros integrantes de la banda.La Policía española advirtió de este suceso a la Policía nacional antes de la llamada de “Joselo”. Agentes españoles estuvieron tras la pista de este caso. Uno de los primeros personajes que apareció en esta escabrosa historia fue el representante de una organización de asistencia a migrantes, Fassae (Fundación de Asistencia Social y Apadrinamiento en el Ecuador), Marco Vinicio Chávez Vallejo. Él, coincidentemente, era el tesorero en España de la campaña de Alianza País. Además fue jefe zonal del Consejo Nacional de Sustancias Sicotrópicas (CONSEP). Una suerte de gato cuidando la quesería.


Informe de la Policía de Cataluña sobre el oeprativo Resurgir.
En los informes de la Policía de Cataluña se encontró información que vincula a Fassae con el mexicano Héctor de Jesús Martínez Ramírez, alias “El Ingeniero“, una pieza clave del cartel de Sinaloa en Ecuador. En otras dos entidades, AERE (Asociación de Españoles Residentes en Esmeraldas) y CONAMOS (Consejo Nacional de Movimientos  Sociales), figuran como representantes, Eduardo Cedeño y Cristian Arana, también sindicados y detenidos.
Dentro de la investigación de la Policía española se realizaron algunas intervenciones a las líneas telefónicas de Marco Vinicio Chávez, de donde se desprendió una amplia información que llevó a la detención de los implicados en esta red de narcotráfico y lavado de activos. La investigación arrojó nombres como Gregorio Tello Mejía, ex viceministro del Interior, durante el gobierno de Correa. También apareció Eduardo Sandoya Sánchez, quien fue subsecretario de Coordinación Institucional del Ministerio de Justicia; Nicolás Issa Obando, ex embajador de Ecuador en España; Ramiro González, exministro de Industrias, exlíder el movimiento político Avanza que fue aliado de Correa y actualmente prófugo de la justicia.

Eduardo Cedeño, Nicolás Isa y Marco Chávez.
También se reveló la participación del oficial de la Marina Luis Khon Becerra; de Édgar Aguayo Molina, quien desempeñó funciones de intendente y director de Autoridad Portuaria de Esmeraldas; de Homero Cervantes Coronel, abogado, exgobernador de Esmeraldas y antiguo dirigente del Partido Comunista del Ecuador que participó en el gobierno de la Revolución Ciudadana; y del entonces Comandante de la Policía de Esmeraldas, coronel Galo Alfredo Carrera, sentenciado y encarcelado.
Además, muestra la vulnerabilidad del puerto de Esmeraldas para actividades ilegales, situación que dio indicios para las investigaciones de las relaciones de estos personajes con los carteles mexicanos. La Policía española identificó en primer lugar al “Ingeniero”, un mexicano que después del operativo Resurgir fue identificado como Héctor de Jesús Ramírez Martínez, vinculado también con el caso ‘narcovalija’. Un aspecto particular del operativo Resurgir fue que el modus operandi era el traslado del alcaloide y altas sumas de dinero a través de valijas diplomáticas, mulas y conteiners.
Quien denuncia es asesinado
El abogado Wellington Alcívar y el alcalde de Muisne, Walker Vera, no eran brujos ni tenían dotes de pitonisas, pero ellos sabían que quien no pisa la huella del cartel de Sinaloa pule la lápida para su tumba. Los dos anunciaron públicamente que serían asesinados y hasta dieron nombres de algunos de sus verdugos. Alcívar y Vera murieron abaleaos por sicarios y nadie hizo nada para impedirlo. Esta historia no fue parte de un guión de alguna narcopelícula, pero en Esmeraldas, quien anuncia su muerte, está muerto.

Walker Vera (con gorra blanca), alcalde de Muisne, camina junto a militantes de Alianza PAIS durante la campaña por el SÍ en la consulta del mayo del 2011. Vera fue incriminado por narcotráfico y asesinado.
El 11 de octubre del 2011 con ocasión de la llegada del presidente Rafael Correa a Portoviejo, Manabí, Wellington Alcívar logró evadir el cerco policial y acercarse al Mandatario. Allí le dijo que tenía información sobre las operaciones del cartel de Sinaloa en Esmeraldas. Él llevaba un sobre manila donde aseguraba estaban los documentos con nombres y datos precisos. Correa en ese momento ordenó a uno de sus acompañantes que tome el sobre. Para demostrar que no era locura suya, Alcívar formalizó el 27 de septiembre de 2011, en la Fiscalía de Manabí, una denuncia en contra de varios ciudadanos esmeraldeños que lo habían amenazado de muerte, y que estaban vinculados al cartel de Sinaloa.
Días después, Alcívar fue entrevistado en el informativo de Manavisión, donde denunció que personas vinculadas al poderoso cartel mexicano controlaban la justicia de Esmeraldas, y querían asesinarlo. Puede parecer paranoico que alguien anuncie su muerte, y mucho más, de la forma como lo predijo Alcívar, pero, él sabía la peligrosidad de las amenazas, y sentía cada instante el respiro de la muerte en la nuca. En la presentación en el canal, insistió que todas las pruebas las tenía Correa y su ministro José Serrano. Sin embargo, soltó el nombre del exviceministro del Interior, Gregorio Tello Mejía, como uno de los responsables. Al final de la entrevista, Alcívar indicó que ya estaba resignado a morir. Cuatro meses después, llegó la resignación: dos disparos en la cabeza silenciaron la vida del abogado. El sobre manila con los documentos sigue en manos de Correa y de Serrano hasta la actualidad.
Los nombres que mencionó Alcívar
Gregorio Tello Mejía, exviceministro del Interior, fue involucrado en un delito aduanero en 2009 cuando era Gerente Distrital de Aduanas en Esmeraldas. Según la Fiscalía, Tello permitió el contrabando de mercadería, generando un perjuicio al Estado de unos 30 millones de dólares. El juez que asumió la causa, José María Mosquera, aseguró que después de haber emitido el fallo, recibió amenazas de muerte. Mosquera movió la cabeza, suspiró y mostró uno de los últimos mensajes que recibió en su teléfono celular el 17 de octubre del 2011: “Yo sé cómo te cojo, malparido, cuenta tus pocas horas y minutos que te quedan malnacido. Vamos a ver dónde te llega malparido tu gran vida”, decía el texto. Al juez huérfano de autoridad, solo le quedaba alertar por su vida: “Quiero dejar en claro a la colectividad que si me pasa algo a mí o a mi familia serían responsables los del caso de delito aduanero”, expresó. Las amenazas se habrían extendido también al fiscal Diego Pérez Gallo.
La persecución al juez Mosquera y al fiscal Pérez Gallo fue advertida por Alcívar: “Estoy pidiendo al señor Presidente en esta denuncia, que reestructure a la Función Judicial de manera inmediata en Esmeraldas, porque este grupo de Sinaloa tiene amenazada de muerte a mucha gente”.
A manos de José María Mosquera, juez del IV de Garantías Penales de Esmeraldas, le llegaron los temas más ardientes y peligrosos: el proceso aduanero contra Tello Mejía, y la causa contra el jefe de Policía de la Provincia, coronel Galo Carrera (Resurgir). Lo propio sucedió con el fiscal Diego Pérez, que además de la instrucción contra el exviceministro Tello Mejía, le correspondió actuar en el caso del excomandante Carrera; del asesinato de Cristóbal Colorado Matamba, hijo del abogado Colón Colorado; y en el intento de asesinato del propio Colón Colorado Pozo, cuya responsabilidad según la Policía, apuntaba a César Vernaza Quiñonez, alias “El Empresario”, del grupo de los Templados y hombre fuerte de El Chapo en Ecuador. El otro hijo de Colon Colorado Pozo, Manuel Colón Colorado Velasco, ex funcionario del Municipio de Esmeraldas, consta en el informe de los Mossos D Escuadra. Posteriormente, la Fiscalía de Manabí también sindicó a “El Empresario“ en el asesinato del abogado Alcívar.
La SENAIN investigó a Mario Latore
La Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN) le siguió los pasos al asesor presidencial Mario Latorre, a raíz de las denuncias de Cristian Arana, sentenciado por el caso Resurgir. Arana acusó a Latorre de haber sido él quien proporcionó el dinero para adquirir la propiedad donde se encontró la tonelada de droga frente al aeropuerto de Tachina. En el reporte de la SENAIN de octubre de 2012 se involucra a Homero Cervantes, como uno de los asesores de Latorre, quienes “tienen una central política denominada Comando PAIS”, se lee en el documento.
Mario Latorre apoyó políticamente a Janeth Bustos, quien fue acusada por el Colegio de Abogados y el alcalde de Muisne, Walker Vera, como tramitadora de jueces en Esmeraldas, e inauguraron lo que ellos llamaron ‘la casa de País’. Extraoficialmente se conoció que Mario Latorre ayudó a pagar el arriendo de tal central, junto a Carlos Barcia y Gustavo Dueñas, según el informe.
Homero Cervantes fue representante de Mario Latorre en Esmeraldas y fue el enlace con varios empresarios de prensa, como el gerente del diario la Verdad, afirmó la SENAIN y agregó que Mario Latorre estaba invirtiendo económicamente en el diario La Verdad de Esmeraldas y que estaba a punto de comprar el canal de televisión 23.
Se decía que Mario Latorre, a través de Cervantes, estaba formando un grupo de periodistas que lo ayudaran en la campaña electoral, para ello tenían previsto apoyarse en el abogado Moisés Bautista, asesor de Janeth Bustos, con quien -se dijo- manejaban a los jueces de la Corte de Esmeraldas. Según el texto de Inteligencia, Homero Cervantes fue el enlace del fiscal Ulises Rivadeneira, persona de confianza del Ministro Fiscal de Esmeraldas, Simón Lara. Rivadeneira consta también en el informe de la Policía española, concluyó el mencionado documento.
El 1 de mayo de 2016, fueron apresados, en la ciudad de Esmeraldas, el abogado Homero Cervantes y Miguel Álvarez Martínez, acusados del presunto delito de tráfico de influencias, para liberar al ex Alcalde de Muisne.
El nombre de Miguel Álvarez volvió a ocupar titulares en la prensa luego del escándalo de narcotráfico “Torres Gemelas” que permitió la captura de Hernán Prada y el desmontaje de una poderosa red de tráfico de estupefacientes y lavado de activos. Álvarez apareció en varias ocasiones junto al ex presidente León Febres Cordero y al empresario José Dapelo, impulsor de importantes proyectos energéticos en Panamá, durante el gobierno de Ricardo Martinelli. Miguel Álvarez fue acusado de facilitar el proceso de nacionalización del capo colombiano, Prada, y de haber acompañado al expresidente de Ecuador, Fabián Alarcón, a Cartagena, Colombia, al domicilio de Prada.
La Narcovalija y la impunidad
En los últimos años, en Ecuador, se han registrado varios casos importantes de narcotráfico en los que fueron detenidos miembros de la Policía Nacional y personal allegado a diferentes niveles del Gobierno ecuatoriano. Por ejemplo en el caso Narcovalija. Aunque parezca una historia sacada de los libros más escabrosos de misterios no es sino uno de los casos más impresionantes de narcotráfico del Ecuador.
En febrero de 2012, cinco ecuatorianos fueron arrestados por policías de la comisaría de Bonola (Milán). Se trató del director y autor teatral Cristian Loor, Jorge Luis Redrobán, Julio Jesús Pazo Toro y Jean Paul Flores, todos ellos residentes en Milán. El entonces canciller Ricardo Patiño, no pudo sostener el silencio y confirmaba que en el operativo italiano, se había encontrado 40 kg de cocaína líquida en una valija diplomática ecuatoriana que se dirigía a Italia, portando artesanías pertenecientes a Ruga Planet, compañía que representaba la obra de teatro Ruga La Tortuga.
¿Pero quiénes son los personajes de esta historia? Cristian Loor,  es recordado en el medio de las comunicaciones por su participación en proyectos de televisión y teatro, escribió guiones para el canal TC Televisión y participó en programas como “Oh La La”, además de muchas obras teatrales; se conoce que residía en Italia desde hace 11 años. Su último logro como director de teatro en Europa fue conseguir el apoyo del consulado general del Ecuador en Milán para su obra “Ruga, La Tortuga”, un proyecto sociocultural que pretendía difundir la cultura y el entorno de Galápagos.
El caso de la Narcovalija fue un escándalo de proporciones, que involucró al entonces canciller Ricardo Patiño.
Desde el 2008 Narcisa Soria aparece como Cónsul y en el 2009 Loor participó en el encuentro “Ecuador Turismo, Cultura y Comercio” y el Consulado le pagó 235 euros. En el 2010, Loor aparece nuevamente y esa dependencia diplomática le vuelve a pagar 40 euros, pero esta vez por presentarse como ‘voluntario’ para atender en un stand turístico. En el 2011, la embajada ecuatoriana en Italia autorizó a Loor el uso del logotipo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador para que lo use mientras tramite el apoyo para su obra de teatro.
Por otro lado Jorge Luis Redrobán en Italia, salía en revistas y organizaba eventos masivos para los ecuatorianos residentes en dicho país. El informe oficial de la policía de Milán reconoce la relación que él tenía con el Consulado de Ecuador en Milán, cuerpo diplomático que hasta ahora es manejado por Narcisa Soria. Incluso el informe de la policía de Milán reveló, el grado de cercanía entre los implicados al punto que esta les presta las llaves de la misión diplomática, como se puede apreciar en las intervenciones telefónicas realizadas a Redrobán. Desde Italia se revelan más datos sobre el nexo entre este personaje y el Consulado. Este  organizó eventos culturales desde 2005 hasta 2010, donde se incluían servicios en sus restaurantes.

¿Cómo se vinculan estos ciudadanos con el narcotráfico? El 26 y 29 de diciembre de 2011, 26 días antes de la detención de estos personajes en Italia, en la provincia de Manabí se registra la denuncia de Cristian Loor en la que manifestó que está siendo extorsionado para traficar: “Quieren que yo transporte junto a la escenografía y vestuario de mi obra de teatro Ruga la Tortuga e incluso pretenden usar mi nombre para transportar droga vía diplomática”.
Dentro de las declaraciones de Cristian Loor se refiere a que tanto él como su amigo Jorge Luis Redrobán estaban siendo presionados para traficar droga e incluso fueron  amenazados de muerte. Así mismo afirma que Marcos Alfredo Kattan (para julio de 2012 Kattan ya había sido asesinado en Guayaquil, con más de 15 tiros mientras era investigado por la policía) y otro personaje conocido como el Sambo eran quienes los estaban amedrentando: “esta gente me está obligando a decir cosas al teléfono que yo no entiendo, en clave, pero lo que sí sé es que hablan de droga, pues de las conversaciones que he escuchado de ellos, se refieren de haber hablado con El Ingeniero y son 80 metros cuadrados de loza o dice El Ingeniero que son 80 baldosas, clave que yo no entiendo a que se refieren”. Cuando se acordó el caso Resurgir, se habló ya de “El Ingeniero“, como un ciudadano mexicano, líder de operaciones de uno de los carteles más fuertes en Sinaloa -México.
Cuando estalló el escándalo de la Narcovalija, el proceso puso a Loor como principal protagonista sin tomar en cuenta cómo podrían estar implicadas también las relaciones diplomáticas y políticas que este sembró en Milán y Ecuador. Tampoco se realizó una investigación de las denuncias de extorsión presentadas en Montecristi. Sin embargo el informe de la Policía de Milán asegura que desde junio de 2011, agentes italianos ya indagaban a los ahora implicados y detenidos. La intervención de los teléfonos de los detenidos brindan las pruebas de su asociación ilícita.
En este año, febrero 2016, de los cinco sentenciados en Italia por el tráfico de drogas hacia Italia desde el Ecuador, utilizando la valija diplomática, uno de ellos fue puesto en libertad, pero no la disfrutó, apenas salió de la cárcel de Milán, Jean Paul Flores Mosquera, regresó al Ecuador y fue asesinado por sicarios en Guayaquil.  El caso parece estar en el olvido porque la Fiscalía no determina responsables.
En esta fecha, la hermana del Presidente Correa, Pierina, viajó a Italia, en un viaje relámpago que causó polémica en Ecuador porque habría sido acompañada por guardia presidencial. Aunque causó escándalo en redes sociales este viaje de Pierina, como siempre, ante estos casos, el régimen guardó silencio.
La modificación al reglamento de la valija diplomática
Uno de los detalles particulares de este caso es la modificación del reglamento de envío de las Valijas del Ministerio de Relaciones Exteriores. El entonces canciller Ricardo Patiño pasó esa responsabilidad a un funcionario de tercer nivel en importancia. Fue así como, en ausencia de las dos altas autoridades, este trascendental cambio al reglamento fue firmado el 25 de mayo de 2011, por Rafael Quintero, dirigente del Partido Socialista Frente Amplio. Debido a este escándalo, Quintero salió del gobierno, pero fue nombrado en enero de 2015, como Embajador de Ecuador en Venezuela, luego de habérsele retirado todas las sanciones por el controversial episodio.
En la alteración del reglamento de envío de Valijas Diplomáticas consta el artículo 14, donde se menciona que en “valija extraordinaria” se puede enviar material promocional y turístico, además de la correspondencia oficial, sin tomar en cuenta que una reglamentación no puede contradecir a instrumentos internacionales, que rigen por igual para el Ecuador y los otros países signatarios de las convenciones de Viena.


El numeral 4 del artículo 27 de esa norma internacional precisa que los bultos que constituyan valija diplomática “solo podrán contener documentos diplomáticos u objetos de uso oficial”. Sin embargo, el nuevo Reglamento abrió el abanico de elementos que pueden ser transportados bajo el concepto de valija extraordinaria.
“De las excepciones” es el ítem que permite además del envío y recepción de documentos desde y hacia las misiones, el transporte de “obras de arte, joyas, muestras artesanales, muestras comerciales y otros objetos sin valor comercial”.
Estos objetos, al ser considerados “excepcionales”, no deben cumplir con la obligación de tener una guía interna que detalle su contenido, como lo señala el art. 11. De hecho, según fuentes de Cancillería, bajo esta nueva reglamentación también se transportaron latas de atún, flores y otros productos para promocionar artículos ecuatorianos.
Otro de los particulares de esta modificación sería que si bien el reglamento se firmó en mayo de 2011, fue publicado en el Registro Oficial seis meses después, en noviembre, dos meses antes del envío de la droga.
El Ministerio de Relaciones Exteriores autorizó el embarque de diez cajas que contenían “material promocional de la obra” dirigida por Cristian Loor, donde se incluían cosas de utilería como alfombras, computadores etc., destinadas a la Oficina Comercial del Consulado de Milán. Según fuentes policiales, Loor instauró relaciones de trabajo con el Consulado de Ecuador en Milán para organizar la expedición de la droga a través de un “paquete diplomático”.
Roberto Rincón y el ministro del Interior del Ecuador
En noviembre de 2014 se celebró el matrimonio de Ricardo Rincón y Lucía De Gema en Manta, Ecuador. El novio es hijo del empresario Roberto Rincón, hombre de negocios que vio incrementada su fortuna desde que se convirtió en proveedor seguro de Bariven (PDVSA),  tras el paro petrolero de noviembre de 2002 a febrero de 2003. Hombre cercano al chavismo capturado por los Estados Unidos por supuesto lavado de dinero y narcotráfico.
Según un video realizado por la productora Verité, cuyos socios son Andrés Proaño, hijo del cantante ecuatoriano Damiano, e Ismael González se observa la espectacular boda del hijo de Rincón. En este video se escucha la voz del Ministro del Interior, José Serrano, quien los habría casado.

Inicia el juicio sobre toneladas de medicinas falsificadas

Miles de medicamentos falsificados se encontraron en el opertivo Fármaco IV ejecutado por la Policía Nacional y las entidades de control en 2017, Cuenca era el centro de producción
Luego de año y medio de la incautación de 18 toneladas de medicamentos caducados, más cientos de pruebas documentales mas otros peritajes se inició el juicio contra los dueños la empresa acusada de estas ilegalidades: Mediveza. Es uno de los mayores casos de producción, desde la clandestinidad, de medicamentos inservibles y hasta perjudiciales para la salud, que luego eran distribuidos y comercializados en varias provincias del país a través de farmacias y otros puntos de expendio.  Este entramado funcionaba gracias a una organización dedicada a la falsificación, adulteración de registros sanitarios y venta de productos farmacéuticos, especialmente en el sur del país.
Hasta el 18 de diciembre el caso Mediveza será juzgado en la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Azuay y los procesados son: Andrés Omar Vásquez Espinoza y María Isabel Talbot González.
Cómo nace esta historia en la que se habría cometido uno de los peores crímenes en contra de la salud pública?


Luego de dos meses de investigaciones, el 25 de julio de 2017 se allanaron 18 establecimientos en Cañar, Azuay, El Oro y Loja, con el despliegue del operativo “Fármaco IV” que involucró al: Grupo de Intervención y Rescate (GIR), la Policía Judicial, la Fiscalía, la Unidad de Delitos Aduaneros y Tributarios (UDAT)  y la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA).
Policía Nacional Informa sobre el hallazgo de toneladas de medicinas adulteradas que se vendian para el consumo. Foto: Diario La Hora
En un gran galpón ubicado en San Miguel de Putushí, de la parroquia Sayausí, cantón Cuenca, además de un contenedor con medicamentos caducados desde 2001, los hallazgos del operativo fueron: una infraestructura clandestina con equipos para fabricación y reacondicionamiento de fármacos, así como máquinas para re-etiquetado de frascos de jarabes y suspensiones, cambios de lotes y fechas de vencimiento en las cajas de productos farmacéuticos.
También se encontraron recipientes llenos de agua con botellas de plástico de jarabes, selladas herméticamente,  proceso empleado para facilitar el retiro de las etiquetas originales y sustituirlas por otras; productos químicos disolventes, sin las precauciones necesarias para evitar la contaminación. En los baños se acumulaban medicinas no aptas para el uso y consumo humano; cápsulas al granel en fundas plásticas, sin información sobre su procedencia, así como fecha de elaboración y composición; una máquina (desemblistadora) que se utiliza para retirar tabletas o cápsulas de un blister original; una tableteadora y una mezcladora; cajas listas para acondicionar los medicamentos para la venta con su empaque externo; cientos de etiquetas de múltiples medicamentos; y material publicitario.
El seguimiento del recorrido de los productos desde las farmacias, condujo hasta este gran galpón o nave que funcionaba, sin permiso, en esta zona rural.
Las 18 toneladas incautadas incluyeron: multivitamínicos, antibióticos, antinflamatorios, antiulcerosos, antihipertensivos y otros productos, que exhibía en su etiqueta laboratorios fabricantes extranjeros, especialmente de China, con registros sanitarios inexistentes al cotejar con las bases de datos de ARCSA.
Infraestructura interna de empacado y almacenamiento de Madiveza
Se capturaron a 9 personas presuntamente vinculadas con este ilícito.
Este caso no ha estado exento de polémica en la actuación judicial. El 26 de julio del 2017 se realizó la audiencia de formulación de cargos, en la que el juez Guido Chalco dictó solo medidas cautelares en contra de cinco implicados:
Producto antes de ser empaquetado y etiquetado (ejm: formas farmacéuticas sólidas orales)
Andrés Omar Vásquez Espinoza, María Isabel Talbot González, dos bodegueros y una secretaria. Las medidas fueron: prohibición de ausentarse del país, enajenación de bienes, así como presentarse cada 15 días en el juzgado.
Noventa días después se realizó la audiencia preparatoria del juicio (el 7 de diciembre de 2017) en la que el juez Chalco determinó que no había suficientes indicios para llamar a juicio. Por lo tanto declaró el sobreseimiento de los imputados. Respecto a los medicamentos se limitó a indicar que emitiría un pronunciamiento en el futuro y los productos incautados quedaron bajo custodia en un recinto militar.
Desblisteadora: Función de la máquina: desempacar las cápsulas, tabletas o grageas del blíster original
El Consejo Nacional de la Judicatura ordenó la suspensión del Juez. Mientras la fiscalía y los abogados del Ministerio de Salud apelaron. Para entonces esta cartera de Estado ya presentó la acusación particular (el 3 de octubre del 2017), por falsificación de medicamentos, infracción tipificada en el artículo 217 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Izq: Encapsuladora semi-automática. Función de la máquina: encapsular el polvo farmacéutico. En el círculo rojo los discos para encapsular. Der: Blisteadora. Función de la máquina: empaque primario de formas farmacéuticas sólidas orales (cápsulas, tabletas y grageas).
La apelación fue aceptada y el caso fue asumido por la sala de lo penal de la Corte Provincial del Azuay, que declaró la nulidad de lo actuado por Chalco, pues indicó que no motivó su dictamen de sobreseimiento y tampoco se pronunció sobre los medicamentos.
Área de empaquetado. Producto: Amixen Plus. Elaborado por: Laboratorios Naturales y Genéricos S.A.C, que no existe en el Ecuador.
Luego, el proceso pasó al juez Felipe Córdova, quien sí determinó que existen indicios suficientes para llamar a juicio a dos de los imputados, pues a los otros tres los sobreseyó.
Cinco meses después Córdova llamó a la audiencia de juicio y el Tribunal que procesa el caso, desde este 13 de diciembre, está integrado por los jueces: Patricia Novillo Rodas (ponente), Pablo Galarza Castro y Luis Flores Idrovo. Ellos definirán la culpabilidad o inocencia de los imputados.
Llenadora de líquidos. Función de la máquina: llenar la forma farmacéutica de líquidos orales (jarabes y suspensiones)
Si en la sentencia se resuelve que son culpables, dada la figura por la que acusa la Fiscalía, la prisión es de hasta cinco años por el delito de producción, comercialización y distribución de medicamentos falsificados.
Aunque el Ministerio de Salud, en su acusación particular, y la ARCSA, en sus análisis del caso, han  identificado el cometimiento de un cúmulo de delitos contemplados en el COIP como el de estafa (previsto en el artículo 186), daño permanente a la salud (art 215), engaño al comprador sobre la calidad de productos o servicios vendidos (art 235), y falsificación y uso de documento falso (Art 328), la Fiscalía se concentró solo en el delito de falsificación de medicinas.
Además hay otro tipo de violaciones que deberían investigarse por cuerda separada porque existirían delitos aduaneros y tributarios dado que toda la maquinaria que utilizaban para el delito de falsificación de fármacos no está registrada en la aduana como importada legalmente.

El Ministerio de Salud ha estimado el monto de los daños y perjuicios en más de 1 millón de dólares y según el expediente del proceso señala: “en atención al Art. 77 del Código Orgánico Integral Penal… solicito la Reparación Integral de los Daños, toda vez que de la investigación se evidencia el afán de causar daño a la comunidad con la provisión de medicinas no aptas para el consumo humano…”
Por lo  tanto, las expectativas respecto a las sanciones incluye también el resarcimiento económico de los daños con el fin de que se cubra incluso la destrucción de los medicamentos falsificados y caducados con el fin de evitar que estos salgan a comercializarse y causen daños graves a la salud y también para precautelar el medio ambiente, pues deben ser destruidos bajo estándares específicos que tienen un costo.
De hecho en las audiencias previas se ha mencionado los daños que pudo ocasionarse a la ciudadanía y se ha señalado que es un tema de conmoción social porque atenta a un bien protegido por la Constitución que es la salud de la población. Sin embargo desde la misma Fiscalía no se ha abierto el abanico para delegar a otros fiscales de manera que conozcan estos otros presuntos delitos. El fiscal a cargo del caso es Jorge Cárdenas Verdezoto.
Según ha reportado la prensa cuencana, la cartera de Salud ha dicho que “ el accionar del Ministerio en el caso tiene la finalidad de “precautelar y garantizar la salud de los ciudadanos”, y anunció que se efectúan controles permanentes por la Agencia de Regulación y Control Sanitario para evitar que se registren nuevos casos de adulteración de medicinas en Azuay.
El expediente de este caso tiene más de 3.000 fojas que incluyen 152 informes técnicos de ARCSA, decenas de fotos y videos y se espera que todo esto sea valorado por el Tribunal.

Zobeida Aragundi: «Silencio absoluto en el Gobierno sobre el informe del 30S»

23 de octubre de 2018: Zobeida Aragundi, acompañada de víctimas del 30S y sus familiares, entregó al entonces Fiscal General, Paúl Pérez Reina, un informe que revela que, con pruebas falsas, se procesó a 715 personas inocentes. Fotos: CNJ
¿Cómo nació la idea de revisar la actuación de 204 jueces y 42 fiscales en el Caso 30S?
Ha sido interés de esta vocalía y de la plataforma de Derechos Humanos sistematizar la información sobre los juicios entablados entorno al 30S, el afán es buscar el resarcimiento a las víctimas de este hecho vergonzoso que evidencia la utilización del sistema judicial para perseguir y sentenciar a miembros de la Policía, a militares y la sociedad civil sobre delitos inexistentes.
¿Se logrará resarcir el daño causado?
Eso buscamos, para ello hemos asumido esta responsabilidad ineludible frente a la sociedad. Además, como autoridades del servicio público que somos, si tenemos conocimiento de una serie de delitos y atropellos, tenemos la obligación de denunciarlos.
¿Hay pruebas irrefutables contra esos 204 jueces y 42 fiscales?
El resultado de la investigación que hicimos es contundente, contiene muchísimos indicios de responsabilidad y pruebas de que se cometió fraude procesal como prevaricato, manipulación de pruebas, videos editados, cortados, ralentizados y unidos para judicializar a inocentes, como lo han denunciado colectivos ciudadanos, los mismos procesados y sus familiares.
¿Tan contundente como para probar que el Gobierno de Rafael Correa montó una estructura de persecusión con el propósito de sustentar su tesis sobre el presunto intento de magnicidio?
Correcto. Todo eso entra en la figura de fraude procesal y prevaricato. También se cometió cohecho. Hemos identificado con pruebas recabadas del mismo Consejo de la Judicatura que, en 17 provincias instauraron 51 procesos penales conocidos como el caso 30S, por delitos como terrorismo, sabotaje, intento de magnicidio y otros inexistentes.
¿Cuántas víctimas dejan estas diversas formas de persecución?
Logramos establecer que 715 personas fueron vinculadas.
¿Recuerda usted alguna persecución similar tramada desde un Gobierno contra ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, policías, opositores políticos o simplemente críticos de su gestión?
No recuerdo ninguna, sobre todo por la magnitud de la persecución en 17 provincias. La mayor carga procesal está en Pichincha, con 21 procesos que representan el 41%, seguida por Los Ríos, con siete juicios, cuatro en Bolívar, tres  en Imbabura…. Por número de procesados, Pichincha lidera la lista con 459 personas, que vienen a  ser el 64.29% del total.
Cree usted que esos jueces y fiscales obedecían órdenes dictadas desde las más altas esferas del poder?; en ese sentido, ¿Cuál es el aporte del informe entregado al ex Fiscal General Paúl Pérez Reina?
En las denuncias de las víctimas del 30S, de la ciudadanía y de las organizaciones sociales hay pruebas de la injerencia política desde las más altas esferas gubernamentales y de la administración de justicia, a cuyas directrices muchos jueces y fiscales se sometieron. Sobre eso, que era un rumor, hemos presentado indicios del cometimiento de delitos. Ojo que esto nace del informe que la Contraloría emitió luego de auditar al Servicio de Inteligencia Nacional entre el 01/09/2013 y el 10/03/2014. En esta auditoría se estableció que había una cuenta de gastos especiales y que se manejó un rubro como fondos reservados. La Contraloría encontró solicitudes de pago por 3 mil y 30 mil dólares por procesamiento, edición, peritaje y facilitación de material audiovisual al proveedor Daniel Alonso Tapia.

¿Se refiere al trabajo contratado por la Comisión del 30S presidida por Carlos Baca Mancheno, ex asesor de Correa y ex Fiscal General?
Exactamente, este informe, que tenía el carácter de reservado, fue ventilado en el juicio político contra Baca Mancheno y nos ha permitido dar a conocer graves indicios de responsabilidad porque utilizó dinero público para contratar gente que forjó pruebas, editó audios y manipuló videos. Eso sirvió de base, en la mayoría de procesos penales para condenar a gente inocente. Muchos fiscales cometieron el delito de fraude procesal y varios de los jueces prevaricaron al aceptar pruebas de origen ilícito, a sabiendas de que lo eran.
El ex fiscal Pérez Reina dispuso alguna investigación, este es uno de los temas que forzó su renuncia?
El ha dicho que deja el cargo por temas de índole personal y familiar. Las denuncias que esta vocalía le presentó sobre el Caso 30S son graves, más aún cuando involucran a fiscales en funciones, que son compañeros del ex fiscal general, un funcionario de carrera. Por supuesto que es una situación fuerte, que demanda decisiones firmes, pero no me atrevería a afirmar que este sea el motivo de su renuncia. 
¿Qué respuesta dio Pérez Reina al informe del 30S?
En eso si debo expresar mi sorpresa porque, hasta el día que fui a dejar las denuncias del caso 30S, yo formaba parte de la terna propuesta por la Fiscalía para integrar el Consejo de la Judicatura definitivo, luego ya no estuve.

¿Sobre este tema Pérez Reina le debe al país una explicación?
Así es, seguramente en algún momento la dará.
¿Qué hizo luego de que le entregaran el informe del 30S?
No dio ninguna respuesta. Es más, cuando fui a presentarle el informe, acompañada de algunas víctimas, hizo muchos reparos al texto y exigió que sean las víctimas las que presenten sus denuncias. Con varias de las víctimas estamos construyendo las denuncias individuales.
¿Qué expectativa tiene sobre la gestión de la nueva fiscal subrogante Ruth Palacios respecto al caso 30S?
Esperamos que proceda con firmeza y decisión para investigar estos hechos. En los próximos días acudiremos con las denuncias firmadas por las víctimas, para que sean sumadas a las pruebas que entregamos ya a la Fiscalía. Entre ellas de gente que, como testigos presenciales de la manipulación de pruebas, ha decidido sumarse a nuestra causa y aportar con sus testimonios.
¿Ellos van a romper el silencio que mantuvieron durante 8 años?
Sí, van a declarar y a revelar detalles sobre los mecanismos de presión a los que fueron sometidos muchos funcionarios judiciales. A la Fiscalía General no le queda más que iniciar la investigación contra todos los funcionarios judiciales que actuaron de manera inadecuada.
¿Todos los jueces y fiscales que actuaron en el 30S lo hicieron de manera irregular?
No todos, hay casos en los que algunos fiscales se abstuvieron de procesar y jueces que absolvieron a los acusados. Ellos pueden estar tranquilos porque actuaron adecuadamente, a pesar de las presiones de todo tipo que soportaron. Tanto quienes actuaron en derecho como quienes lo hicieron al margen de la ley están plenamente identificados en el informe. Nuestro trabajo es tan profundo que abarca el número del proceso, la ciudad o cantón, la unidad policial y otros detalles que facilitan el análisis. 
¿Entonces, la Fiscalía no debería tardar en esclarecer y cerrar este triste capítulo de la historia del Ecuador?
El más triste y vergonzoso de nuestra historia. No debería demorarse tanto la Fiscalía porque hemos proporcionado todos los elementos de convicción.
¿Hay un poder judicial independiente que garantice una investigación seria y la reparación a las víctimas?
Quiero mantener la confianza en las autoridades de la Fiscalía. Han intervenido en otros juicios complejos contra el expresidente Correa, el ex vicepresidente Glas y ex ministros por varias acciones delictivas. Con ese mismo valor, esperamos que se inicie la investigación del caso 30S, sin importar que afecte a decenas de fiscales y jueces que siguen actuando como tales.
¿Tuvieron acceso a correos electrónicos con directrices, dictando sentencias como en otros casos ha ocurrido?
Tenemos pruebas aún más contundentes. Hemos aportado copias de las 51 sentencias condenatorias dictadas en base a cd manipulados y editados, trabajo contratado con dinero público.
¿Eso quiere decir que cometieron varios delitos a la vez?
Claro, la defensa de las víctimas, de forma unánime, advirtió a los jueces y fiscales que esos videos habían sido editados y manipulados. Sin embargo, hicieron caso omiso y dictaron sentencia. Toda esta maraña empezó a salir a la luz en el juicio político instaurado contra el ex fiscal Baca Mancheno.
El Consejo de la Judicatura Transitorio tiene los días contados, usted fue incluida en la terna para integrar el Consejo definitivo; sin embrago, Pérez Reina borró su nombre de la terna. ¿El informe del 30S fue la causa?
Es público que formé parte de la terna que la misma Fiscalía General remitió al Consejo de Participación Ciudadana.
¿Qué pasó, por qué borraron su nombre?
Esa es la gran pregunta.
¿Eso evidencia lo complejo que es desmontar la estructura de corrupción judicial instaurada en el correato?
Durante más de 10 años se tejió una telaraña para la impunidad, es muy difícil desmontarla en pocos meses. Sin embargo, tengo esperanza de que el Consejo de la Judicatura definitivo sea integrado por hombres y mujeres que honren esa designación y continúen esta investigación que dejamos como semilla, como un impulso para acabar con la impunidad y sentar un precedente en la administración de justicia.

Resulta contradictorio que al ser promotora de esta investigación que dio como resultado un informe con pruebas contundentes sobre el 30S la borren de la terna ¿Qué piensa hacer?
Muchas personas me dijeron que no entregue el informe, que no era oportuno ir a la Fiscalía General con esta bomba, pero considero que los principios y valores no se negocian. Trabajamos más de dos meses con las víctimas del 30S, quienes depositaron en nosotros su confianza, su esperanza. Una de ellas me dijo: “Hace una semana salí de prisión, cumplí siete años de condena; ahora estoy sin trabajo, necesito la revisión de mi proceso y que se declare que soy inocente, a pesar de que he cumplido una injusta condena”. Muchas víctimas ven en este trabajo una posibilidad de acceder a recursos de revisión, pues hemos introducido nuevas pruebas que sustentan cualquier demanda. Ante algo tan contundente, no podíamos esperar, no había espacio para ningún cálculo político.
¿Han tenido alguna respuesta, algún tipo de respaldo de parte del presidente Lenín Moreno?
No he sabido de ninguna reacción del presidente Moreno sobre esta iniciativa. Hay un silencio absoluto en el Gobierno sobre el informe del 30S.
¿Ese silencio oficial es otra puñalada para las víctimas y los familiares del 30S?
Sin duda. Me habría gustado que haya un pronunciamiento del Gobierno, eso sería esperanzador para las víctimas que siguen sufriendo las consecuencias de haber sido involucradas en procesos penales de manera tan perversa. Y ese sufrimiento incluye a sus familias, afectó además sus proyectos de vida, sus carreras fueron truncadas, mucha gente murió en el camino, otros se suicidaron, sus familiares enfermaron por el dolor y la tristeza.
¿Cuáles son los casos que más indignación le causan?
Todos. Los más emblemáticos son la persecución a Mery Zamora, ex presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE); al coronel Fidel Araujo; a los colegas abogados Guerrero; el caso del coronel César Carrión; la dolorosa muerte de Froilán Jiménez, pero también hay gente muy humilde que fue perseguida.
¿A quiénes se refiere?
Tenemos el caso de Diógenes López Bermello, en Manabí, cuya documentación tiene la Fiscalía. Él denunció su situación incluso a través de un audio en el que revela que el secretario del fiscal provincial le exigió dinero para no acusarlo. Al señor Esteban Moreira Burgos le pidieron 4 mil dólares para sacarlo del proceso, como solo pudo conseguir 2 mil dólares fue condenado a un año de prisión. La mayoría de perseguidos era el sustento de su familia. Hay mucho sufrimiento causado, mucho daño psicológico y físico. Nuestro compromiso es luchar para que esto no quede en la impunidad.
¿Hay casos de jueces y fiscales que se vieron obligados a actuar así por temor a perder su puesto o por otro tipo de amenazas?
Creo que en un buen número de casos, los jueces, los fiscales y los defensores públicos actuaron bajo presión, pues a las audiencias -y esto es público-, concurrían delegados del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia, del Consejo de la Judicatura, para vigilarlos. Ellos realmente soportaron una presión enorme y una amenaza  de perder sus puestos. Por eso considero fundamental reconocer el trabajo de los funcionarios judiciales que, bajo esas circunstancias, hicieron lo correcto y actuaron en derecho.
A muchos de ellos les echaron de sus cargos. ¿De cierta manera ellos también son víctimas del 30S?
Así es, muchos fueron sancionados utilizando la figura del error inexcusable, algo para lo cual el Consejo de la Judicatura no tenía facultad ni base jurídica. Sin embargo, lo utilizaron como una herramienta para perseguir a los funcionarios judiciales que desobedecían las órdenes dadas desde las sabatinas y los ministerios del Interior y de Justicia.
¿Qué hará si no hay un pronunciamiento del Ejecutivo y sobre todo si la nueva fiscal no inicia una investigación?
Cuando se concluye un informe de esta naturaleza, el compromiso aumenta. Estamos en vigilancia constante. Si hubiera voluntad, eso no debería tomar mucho tiempo porque los delitos están documentados y las pruebas no fueron sometidas a una cadena de custodia como la ley establece.
¿Cuál es el procedimiento legal y técnico que debieron cumplir los jueces y fiscales?
Por ejemplo, en el caso de los incidentes en Ecuador TV, debieron iniciar las diligencias en la televisora que hizo los videos; el fiscal debió trasladarse de inmediato, el mismo 30 de septiembre de 2010 o al día siguiente a cada uno de los canales que difundieron la noticia y solicitar las grabaciones sin editar. Así debieron  actuar todos los fiscales que manejaron el 30S en 17 provincias. Ese material sin editar debió ser sometido a cadenas de custodia con vigilancia de la Policía Judicial. Debieron redactar solicitudes al bodeguero de la Policía Judicial y actas de entrega-recepción cada vez que los fiscales requerían  las filmaciones.

¿Qué hicieron en lugar de eso?
Crearon la Comisión del 30S, que la presidió el ex fiscal Baca Mancheno, y enviaron a varias personas a recoger en las 17 provincias el material grabado en audio y video. Incluso lo hicieron con las grabaciones de las radio patrullas. La Comisión contrató gente para que edite ese material y forje pruebas para acusar a inocentes.
¿Qué pruebas tiene para demostrar este comportamiento?
El informe de la Contraloría, que también está en manos de la Fiscalía, señala que la Comisión del 30S pagó por la edición, el peritaje y la facilitación del material. Hay casos en los que los fiscales llegaban con los cd. Nadie me contó, yo vi como una  fiscal sacaba de la cartera varios cd que los presentó como pruebas. De esta manera condenaron a personas porque en los videos aparecía una oreja y dijeron que es de fulano de tal. Los acusaron de sabotaje y terrorismo y los condenaron a 5, 7, 12 años de prisión. Esto es una vergüenza. Los jueces y fiscales que solaparon esas actitudes no pueden seguir administrando justicia.
¿Qué espera del Ejecutivo respecto al informe sobre el 30S?
Al Ejecutivo, al próximo Consejo de la Judicatura definitivo, a la Asamblea Nacional,  al Consejo de Participación Ciudadana, les digo que, una vez terminada la elección de autoridades de control, viene la etapa de lucha contra la corrupción que, si bien es un desastre y se llevaron mucho dinero, el caso 30S es el episodio más doloroso y vergonzoso, que afecta la moral y la ética del país. No es mayor el trabajo que tiene que hacer la Fiscalía General para que no siga reinando la impunidad.

Todos los nombres de Coca Codo Sinclair

Redacciones PlanV, MilHojas y La Fuente

En 1927 el geólogo norteamericano Joseph Sinclair, recorría el río Coca y llegó a una curva pronunciada la cual luego sería bautizada como Codo Sinclair. Así nació el nombre de Coca Codo Sinclair.

Esta es la historia de la firma del contrato y negociación para Coca Codo Sinclair, contada a través de sus protagonistas
En 2007, el flamante presidente Rafael Correa Delgado, prometió la construcción de la hidroeléctrica “más grande del país”: Coca Codo Sinclair. La más grande y la más cara. Documentos revisados por este medio, señalan que, hasta el momento, el Ecuador ha gastado USD 3.200 millones en una obra que, desde 2013 presenta fisuras, grietas, soldaduras mal hechas, trabajos mal ejecutados.
En su deseo por promover el desarrollo del sector eléctrico, Correa cambió el nombre del Ministerio de Energía y Minas por Ministerio de Electricidad y Energía Renovable del Ecuador. Por esa cartera de Estado pasaron Alberto Acosta, Alecksey Mosquera, Esteban Albornoz, Miguel Calahorrano, todos promotores del proyecto hidroeléctrico Coca Codo.
Alberto Acosta, durante su administración, destacó la importancia de construir la central Coca Codo Sinclair. Para 2007, solo los estudios de prefactibilidad habían costado, en los últimos 20 años, USD 25 millones. Actualizarlos requería entre 6 y 10 millones de dólares, según las declaraciones de Acosta de esa época.
Con la llegada de Alecksey Mosquera (julio 2007) al Ministerio de Electricidad, la construcción de Coca Codo se concretó: el entonces ministro entregó directamente, sin concurso público, el 30% del proyecto a la empresa argentina Energía Argentina S.A. Enarsa, fundada por el ex presidente de ese país, de Nestor Kirchner.

29 de abril del 2008. Colocación de la primera piedra del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair. Quedó sin avanzar dos años.
La llegada de Enarsa fue vista como una oportunidad para Odebrecht que buscaba ejecutar el proyecto en acuerdo con la empresa argentina, pero esa posibilidad se fue al traste luego de la expulsión de la constructora brasilera por el escándalo de la central hidroeléctrica San Francisco.
Enarsa llegó al Ecuador con un supuesto cartel de experiencia y bajo el acuerdo de alianza estratégica para los países del sur. Pero en la práctica era una empresa de papel que no tenía capacidad de gestión, aseguraban manejar concesiones petroleras off shore en Atlántico sur pero su trabajo para estructurar el financiamiento de Coca Codo fue menos que mediocre.  
Pese a ello Galo Borja firmó un acuerdo de pago por $5.5 millones para comprar el paquete accionario que Correa les había adjudicado.

Septiembre 4 del 2009 Firma de Contrato Coca Codo Sinclair a cargo de Galo Borja. Quito Salón Amarillo del Palacio de Carondelet. Foto: presidencia de la República
Mosquera recibió críticas por promover un proyecto para generar 1500 megavatios de energía sin los estudios técnicos completos. En su defensa dijo que la mayoría de estudios no habían cambiado. Él mismo recalcó que los estudios de impacto ambiental terminaron de realizarse en julio de 1992, pero que serían actualizados una vez que empiece la construcción de la obra.




Galo Borja, entonces ministro Coordinador de los Sectores Estratégicos respaldó a Mosquera y la transparencia del proceso. “En los próximos días (se firmará el contrato) y estamos trabajando paralelamente la parte técnica, la parte financiera, y esto va a avanzar lo más acelerado posible”, señaló Borja.
En 2009, en declaraciones para radio Democracia, recogidas por el portal Ecuador Inmediato, Mosquera indicó que los estudios que se hicieron sobre topografía, cartografía y convenios, no cambian si se construye la planta para generar 800 o 1500 megavatios, como tampoco los estudios de hidrología y sedimentología. “Las galerías exploratorias, ahora ya terminamos la última etapa, es decir, se perforaron alrededor de 2100 metros más para minimizar riesgos, la vulcanología, el estudio vulcanológico no cambia, la sismología y tectónica tampoco, la mecánica de suelos no cambia, la mecánica de rocas no cambia, el factor de planta, ese cambia”, aseguró.
A inicios de 2009, el Banco de Importación y Exportación de China (Eximbank) y la ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, suscribieron un acuerdo de compromiso para el financiamiento de Coca Codo.
En julio de 2009, Alecksey Mosquera dejó el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable del Ecuador, en medio de fuertes cuestionamientos. Dos días después, asumió como titular de esa cartera de Estado, Esteban Albornoz Vintimilla. Apenas estuvo cinco meses en el cargo (julio 2009-diciembre 2009).
El 31 de agosto de 2009, Enarsa abandonó el proyecto alegando “falta de recursos”, “con ellos hemos acordado que van a salir del proyecto, van a vender las acciones", dijo Galo Borja. Enarsa estaba fuera de cualquier posibilidad de acuerdo para levantar Coca Codo y quedó en evidencia cuando María Elsa Viteri firmó, en febrero de 2009, el acuerdo con el banco chino.
El 5 de octubre de 2009, el Directorio de Coca Codo Sinclair EP adjudicó a Sinohydro
Corporation el contrato para la construcción de Coca Codo. Firmaron el contrato por CocaSinclair: Galo Borja Pérez, ministro Coordinador de Sectores Estratégicos, Antonio Borrero Vega, presidente de CELEC S.A, Ítalo Centanaro Villacís, secretario de la Junta General Universal y por Sinohydro: Song Dongsheng, Yang Huijun y Cai Runguo, embajador de la República Popular China.
A esto le siguió el “memorando de entendimiento”, suscrito el 20 de noviembre de 2009, por Viteri y Li Jun, del Banco de Exportación e Importación de China.
El 27 de octubre de 2009, el procurador general del Estado, Diego García Carrión, autorizó al Ministerio de Finanzas para pactar el arbitraje internacional. Casi un mes después, el ministro de Electricidad, Esteban Albornoz Vintimilla, recibió de Diego Martínez Vinueza, entonces secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, Senplades, el informe que calificó como prioritario el proyecto Coca Codo y estableció que costaría una USD 2.616.921 .951,90 suma a la que se sumaría USD 599 millones de las líneas de transmisión, obras también financiadas por el Eximbank.
¿Nuevos acuerdos entre privados?
En medio del escándalo de Odebrecht por el pago de $1 millón de coima al exministro de electricidad Aleczey Mosquera, ahora en prisión, el entonces presidente Rafael Correa salió en defensa del acusado, señalando que no se trataba de un soborno, sino de un acuerdo entre privados, Odebrecht y Mosquera.
Tras las revelaciones de pagos por $18.3 millones de Sinihydro a la offshore Recorsa de propiedad de Conto Patiño Martínez, amigo personal del presidente Lenín Moreno, en medio de la disputa legal que busca justificativos a esas transferencias, se ha desatado una polémica pública. Si la suma entregada a Patiño corresponde a una comisión del 1% por gestión del contrato inicial ($ 1979 millones), ¿cómo se justifica legalmente este pago en el marco de una alianza estratégica entre gobiernos, la cual justamente buscaba eliminar los intermediarios y las comisiones?
En redes sociales se desprendió información relacionada al proyecto CCS, el ingeniero Ítalo Centanaro, que conoce al sector eléctrico y que firmó el contrato de CCS aseguró en su cuenta personal de Twitter que Conto Patiño sí recibió comisiones por la firma del contrato. “El Sr. Conto Patiño, no era empleado de Sinohydro, era una tercera persona que logró la representación de esa empresa China para la licitación del proyecto. No confundir, por favor. El Estado Ecuatoriano, no reconoció nada al Sr. Patiño, Sinohydro le dio una comisión del 1% del monto del contrato. No miren las irregularidades, donde no existen”, indicó.

Conto Patiño Martínez a la derecha de la foto junto a socios en Paraguay.
Centanaro es un técnico que ha estado al frente varios proyectos energéticos y de muchos de ellos conoce sus fallas. Al referirle que en un contrato entre estados no puede haber comisiones a privados dijo que la comisión del 1% fue entregada por Sinohydro.
Esa referencia nos hace preguntar ¿a quién trasladó Sinohydro el valor de esa comisión? Centanaro ha dicho que “entonces tienen que enjuiciar a Sinohydro que fue quien dio esa comisión por representarlos en el proceso de licitación. Se realizó una licitación, no fue otorgado a "dedo", aunque la empresa China era estatal”, replicó en Twitter.
Centanaro aseguró que para la contratación de Sinohydro, “se realizó una licitación internacional. Se inscribieron 2 empresas chinas,1 italiana y 1 de Irán. Se retiraron 2 por no tener financiamiento. Entre las 2 Chinas ganó Sinohydro”.
Este medio comprobó que, para febrero de 2009, el Banco de Importación y Exportación de China (Exim Bank) y la entonces ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, ya habían suscrito un acuerdo de compromiso para el financiamiento de Coca Codo.
A partir de esa fecha, toda empresa estaba fuera de cualquier posibilidad de acuerdo para levantar Coca Codo y quedó en evidencia cuando María Elsa Viteri firmó, en febrero de 2009, el acuerdo con el banco chino.

Policía reporta posible atentado contra Villavicencio y Jiménez

Cléver Jiménez y Fernando Villavicencio son posibles blancos de un atentado con explosivos, según reporta la propia Policía Nacional, entidad que les brinda seguridad hasta que termine la amenaza.
La Policía Nacional reportó a la Fiscalía General del Estado que Fernando Villavicencio y Cléver Jiménez tienen encima de una amenaza de un atentado con explosivos. La noticia de la amenaza partió de Colombia.
Según versión de las más altas autoridades ecuatorianas, un individuo se acercó a un grupo de policías ecuatorianos, en la ciudad de Tulcán, e informó que grupos irregulares estaban preparando una serie de atentados en contra de varios personajes públicos y autoridades del Ecuador; y que uno de estos atentados sería con explosivos en contra de Villavicencio y Jiménez.
Este informante dijo que podía seguir aportando con información pero la condición que pedía a los policías era que se le permita transportar droga, sin restricciones, desde Colombia a Ecuador. Esto ocurrió el 22 de noviembre del 2018. La inusual "oferta" fue rechazada por las autoridades policiales.
Ese mismo día, Fernando Villavicencio había presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado en contra de Rafael Correa Delgado y otros 40 funcionarios por el ilegal allanamiento de su casa y al despacho del exasambleísta Cléver Jiménez y el robo de sus pertenencias, la noche del 26 de diciembre del 2013.
Allanamiento a la casa de Fernando Villavicencio
Siete días después de este hecho, el 29 de noviembre, la policía hizo un parte informativo que llegó a las manos de la Comandancia de la Policía y a conocimiento de la ministra del Interior.
Por precaución y siguiendo el procedimiento legal, la Policía del Ecuador presentó una denuncia “urgente” ante la Fiscalía General del Ecuador para que empiece una investigación penal sobre esta amenaza. Y se decidió avisar a las personas mencionadas.
En la noche del viernes 30 de noviembre, Villavicencio recibió la llamada del Comandante General de la Policía en la cual se le informaba de la situación y anunciaba que el caso estaba ya en manos de la Fiscalía para la investigación correspondiente.
Un fiscal llegó a su casa y mostró a su familia la información proporcionada por la Policía. La información contenida en el informe policial fue considerada "sumamente grave". De acuerdo con el referido informe estos explosivos ya habrían entrado al Ecuador.
Más tarde, esa misma noche, la casa de la familia Villavicencio-Saráuz fue abordada por un escuadrón antibombas del GIR, con dos perros rastreadores, con los cuales se hicieron barridos tanto en el apartamento, como en el edificio residencial donde viven y la manzana del barrio. Esto alertó a los vecinos y sumó un grado de presión mayor sobre la familia.
Cléver Jiménez, de su parte, dijo que recibió una llamada del comandante de la Policía, para informar de los hechos; también lo llamó la Fiscalía, y conoce que se ha abierto una indagación previa. Él cree que se trata "de una falsa alarma", pero que ha recibido la protección policial adecuada. De todas maneras, dice estar prevenido en Zamora Chinchipe, donde permanece "con los ojos abiertos".
La Policía Nacional también ha proporcionado seguridad externa a la familia de Fernando Villavicencio, quien fue persuadido por las autoridades para inscribirse en el Programa de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General, para contar con mayor protección, acción que se efetivizó en la mañana de este lunes 2 de diciembre.
De estos hechos se ha notificado a Fundamedios y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, en Washington, ya que tanto Villavicencio como Jiménez cuentan con medidas cautelares.