Mes: marzo 2019

El Servicio de Rentas Internas (SRI) ha hecho graves hallazgos en materia de determinación de gastos injustificados por parte de Tecnazul en 2014 y hay serios indicios también en contra  Worley Parsons, ambas empresas involucradas en los megaproyectos de repotenciación de la Refinería Esmeraldas y la inexistente Refinería del Pacífico.  Más grave aún, el SRI tiene plazo hasta fin de este mes de marzo  para auditar el ejercicio del año fiscal de 2015 de Worley Parsons, Tecnazul y las otras empresas del Grupo Azul.
La consultora Tecnazul, cuyo dueño y accionista mayoritario es William Phillips Cooper, asesor y amigo personal del ex presidente Rafael Correa, simuló en 2014  gastos por $17.6 millones. El uso de ese dinero nunca pudo ser justificado ante la autoridad tributaria.
Tecnazul además es parte de la Corporación Azul que se encargó de traer al país a la consultora australiana WorleyParsons, la que, a su vez, fue seleccionada por el ex presidente Correa y el vicepresidente Jorge Glas, para gerenciar y fiscalizar la repotenciación de la Refinería Esmeraldas y el proyecto de la inexistente Refinería del Pacífico. En estas dos megaproyectos el Estado gastó no menos de $5.000 millones. Todo ese dinero fue gestionado por WorleyParsons, de la mano de William Phillips Cooper.

La empresa Tecnazul ha sido investigada por la Fiscalía de Ecuador por dar coima a Alex Bravo, Gerente de la Refinería Esmeraldas, a cambio de contratos. Sin embargo, William Phillips siempre fue protegido por su cercana relación con el poder.
Este portal analizó el Acta de Determinación del Servicio de Rentas Internas, que se refiere a la auditoría  de gastos de Tecnazul del año 2014.

Los hechos:
Cumplido el tiempo que concede la ley a empresas auditadas para que presenten los reparos al acta borrador, la consultora Tecnazul no pudo demostrar la legalidad de los gastos de: software por $ 4´500.000; know how por $3´600.000; comisiones ventas por $ 2´250.000 y representación por $ 7´270.000, dando un total de $ 17´620.000.
Ante la falta de justificación el SRI emitió un Acta de Determinación y poco tiempo después, una  resolución definitiva glosando a Tecnazul.
Pese a la gravedad de esta situación, la consultora de William Phillips no ha tomado acciones por las vías judicial y constitucional para responder las glosas emitidas por el SRI, ni ha presentado prueba alguna dentro del proceso administrativo para justificar los gastos glosados.
William Phillips Cooper es la cabeza del grupo Azul al que pertenece la consultora Worley Parsons, seleccionada por el ex presidente Rafael Correa y el ex vicepresidente Jorge Glas, para fiscalizar la repotenciación de la Refinería Esmeraldas y la inexistente Refinería del Pacífco
También llama la atención que el mismo SRI no ha dado el paso siguiente en este proceso: Impulsar una investigación ante la Fiscalía por defraudación tributaria y peculado, pues para hacerlo el plazo vence HOY.
Tecnazul empresa de  William Phillips Cooper, esposo de Mónica Hernández, también ex asesora de Correa y líder del conservador Plan Familia, se acogió a la Ley de Remisión de multas e intereses, impulsada por el gobierno de Lenín Moreno, y pagó $ 3’ 500.000 sobre un valor de $ 3’ 432.000, es decir, graciosamente pagó un excedente de $ 68.000. Lo hizo luego de que no tuviera argumentos, ni documentos para justificar los gastos glosados.
Si bien Tecnazul pagó el impuesto del valor glosado por el SRI, no pudo responder por los $ 17’ 620 000.
La simulación de gasto de los $17’620,000 es una revelación resultado de los actos de determinación del SRI. Tal simulación evidencia no solo un delito de defraudación tributaria, sino también apuntaría a la figura de peculado si esos fondos públicos fueron a parar en las millonarias cuentas personales del amigo del ex presidente Correa.
El artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sobre la defraudación tributaria, señala que:  “La persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria para dejar de pagar en todo o en parte los tributos realmente debidos, en provecho propio o de un tercero será sancionada". Y en los casos que estaría incursa esta empresa podría enfrentar una pena privativa de libertad de 1 a 3 años.
En consecuencia con su propio trabajo, la  autoridad tributaria está en la obligación de poner una denuncia ante la Fiscalía General y hasta ahora no lo ha hecho.

Directivos de Tecnazul fueron procesados por la Fiscalía por hacer pagos al ex gerente de Petroecuador, Alex Bravo, supuestamente para beneficiarse con contratos
Auditorías privadas no detectaron anomalías
Las auditorías a Tecnazul pasaron por alto las irregularidades que fueron encontradas por el SRI.  La firma  Astrileg Cía. Ltda.,  auditó los estados financieros de la consultora Tecnazul en el 2014.  En su informe señala que la empresa de Phillips Cooper tuvo ingresos por $ 45’233. 032, con costos de $ 35’195. 789, por lo tanto una utilidad de $ 10‘372.243.
Si tomamos en cuenta el hallazgo del SRI de que Tecnazul tuvo valores injustificados por $ 17´620.000, el margen de utilidad de la consultora realmente debió ser de $ 27´657.243. Esto significa una utilidad bruta del 61.14%, cifra extremadamente alta e injustificada.
Por lo tanto, si el monto de sobreprecio no justificado de $ 17´620.000 acorde a los rubros glosados por el SRI, se encontraron en los estados financieros catalogados como costos y no como gastos, el propósito de ello era ocultar el verdadero margen de utilidad bruta de la operación de Tecnazul para ese período y la auditora no lo detectó.
Mientras el Servicio de Rentas Internas en su Acta de Determinación y resolución manifiesta que los ‘gastos’ por software $ 4´500.000, know how $ 3´600.000, comisiones ventas $ 2´250.000 y representación $ 7´270.000 carecen de elementos reales que demuestren la procedencia, Astrileg Cía. Ltda., en su informe de auditoría a los estados financieros de Tecnazul no emitió observación alguna y manifestó que: “los estados financieros adjuntos se presentan razonablemente, en todos los aspectos (…) los flujos de efectivo por el 2014 son de conformidad con las normas internacionales de información financiera”.
Astrileg Cía. Ltda.,  y TC Audit Cía. Ltda. no solo haN auditado a Tecnazul sino también a otras cinco empresas del grupo Azul:
1.-Campetrol S.A., auditada Astrileg del 2011 hasta el 2014
1.-Campetrol S.A., auditada Tcaudit año  2015
2.-Caterpremier S.A auditada Astrileg año 2015
3.-Impexazul S.A. auditada Astrileg del 2010 hasta el 2014
4.-Ofparis S.A., auditada Astrileg del 2011 hasta el 2014
5.-Consultora Tecnazul Cía. Ltda. Auditada Astrileg del 2010 hasta el 2015
El Estado ha gastado $1.500 millones en trabajos previos a la construcción de la Refinería del Pacífico, un proyecto que nunca concluyó 
Los estados financieros de Worley Parsons y el SRI
De la revisión a los estados financieros a los años 2014 y 2015, se pudo evidenciar lo siguiente:
En 2014, WorleyParsons generó ingresos por un $ 114´842.278,50 y costos y gastos por un valor de $ 111´823.344,33, dejando un margen de utilidad de  $3´018.934.17 que corresponde a 2.63%. Sin embargo, en los estados financieros también se reveló que esta empresa no tuvo gastos o costos por personal, ni de mano de obra ni administrativo, ya que todo fue subcontratado. Los comprobantes del pago de los trabajadores ecuatorianos al IESS tampoco se presentaron.
Eso quiere decir que WorleyParsons no realizó ninguna de las actividades de fiscalización para las que había sido contratada por el Estado ecuatoriano con personal propio a pesar de que la Ley Orgánica de Contratación Publica prohíbe subcontratar el 100% del contrato.
Y ya que a partir de 2008 no existe en Ecuador la tercerización de personal se evidencia que la contratista simulaba ejecutar la fiscalización, pero a través de terceras personas y empresas.
WorleyParsons en realidad no realizó directamente ninguna tarea. Subcontrató con empresas de grupo Azul.  De los $114´842.278, 50  que WorleyParsons recibió como ingresos en 2014  pagó  a Tecnazul un valor de $ 34´975.926.42.  Es decir,  sólo con una  empresa de su mismo grupo subcontrató  el 30%  de lo que recibió como ingresos.
En 2015 WorleyParsons obtuvo ingresos por $107´180.426,81 y pago a Tecnazul $ 26´196.151,51. Nuevamente, tan solo a una empresa de Grupo Azul le correspondió el 24%  de los ingresos obtenidos por WorleyParsons
A la fecha actual la empresa WorleyParsons ya ha sido determinada por la administración tributaria, causando un  impuesto a la renta a pagar del  año 2014 un valor de  $14´369.346,09.  Eso quiere decir que la administración tributaria glosó costos y gastos por un valor de $65´315.209,50  aproximadamente tal como se muestra en la página del SRI.
Todos los contratos firmados con Worley Parsons para fiscalizar la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas superan los $228 millones
Si  la venta del ejercicio fiscal de 2014 tuvo ingresos por $ 114´842.278, 50 y el SRI le glosó un valor de $ 65´315.209,50 y le ordenó pagar por impuesto a  la renta  un valor de $14´369.346,09 eso quiere decir que el porcentaje de gastos nos sustentados, gastos no deducibles o simulados, fue del 57%. En términos legales ello significa que 57% de los gastos no existieron.
Desde otro punto de vista dichos gastos no deducibles o inexistentes vienen a ser directamente el sobreprecio.  Si el gasto no existió o es irreal es inexistente. En otras palabras, la fiscalización tuvo que tener un menor precio con gastos reales  y sustentados.
Del análisis realizado al estado financiero del año 2015 no cabe duda que es una empresa que  simula realizar una actividad y no realiza absolutamente nada pues todo lo hace por medio de terceros.  En los estados financieros reportados por WorleyParsons en 2015, se evidencia que no tuvo empleados durante ese ejercicio fiscal.  Deja mucho que pensar el que una empresa que generó ventas o ingresos por $ 107´180.426,81 no haya tenido la necesidad de contratar en relación de dependencia ni empleados administrativos ni  mano de obra. Nunca necesitaron una secretaria, un bodeguero ni una recepcionista, pues todo fue subcontratado. En ese sentido, en 2015 la empresa tuvo el mismo comportamiento que el año 2014WorleyParsons fue auditada en los años 2014 y 2015 por la  firma “Ernst & Young Ecuador E&Y Cía. Ltda.” que en su opinión no menciona absolutamente nada en relación al personal administrativo o de mano de obra y por consiguiente no existe beneficios sociales o estudio actuarial ya que todo fue subcontratado, así mismo es importante resaltar que quien hacía la función de contador de dicha empresa es la firma auditora Deloitte.
De la revisión a la página del SRI se puede ver que WorleyParsons ha cumplido con la obligación de declarar sus estados financieros hasta el año 2017.   Sin embargo, la empresa no ha cumplido con los informes de auditoría de los años 2016, y 2017 a la Superintendencia de Compañías.

Es de suma importancia que la Administración Tributaria audite el ejercicio fiscal del año 2015, de WorleyParsons y de todas las empresas del Grupo Azul como son Tecnazul, Campetrol, Caterpremier, Headsada, Impexazul, Ofparis, Sierrazul.
Si el Servicio de Rentas Internas no abre una auditoría del ejercicio fiscal de 2015 hasta fines del mes de este mes pierde la facultad determinadora que le establece el artículo 94 del Código Tributario, la misma que establece que el período de caducidad es de 3 años para auditar costos y gastos a partir de la fecha de la declaración.
La Administración Tributaria tendría elementos suficientes para abrir una investigación en contra de los representantes legales, contadores y auditores de las empresas WorleyParsons y Tecnazul, bajo los preceptos jurídicos de defraudación tributaria, ya que existe basta información  que colige que existe simulación de gastos.

El país llega a votar hoy en medio del entusiasmo de las campañas para dignidades seccionales y, en paralelo, con la absoluta confusión respecto de cómo votar y de cómo se va a contabilizar el voto para elegir a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como también en contraste con una aparente apatía de los propios sujetos políticos en torno a las tareas vinculadas al control electoral. 
Hay dos novedades en este proceso. La primera es que este CNE post correísta se inaugura con esta lid electoral y la segunda, que la responsabilidad de la designación de los integrantes de los Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) es ahora de los votantes.
Este 24 de marzo de 2019 los ecuatorianos acuden a votar por 11.000 autoridades seccionales entre más de 80.000 candidatos. Las cifras no sólo son estratosféricas en términos de dignidades y candidatos.  El país cuenta con 13’261,994 de electores, según el último padrón aprobado por el CNE, en octubre de 2018, y tiene más de 6’440.350 de afiliados o adherentes a alguno de los 278 partidos y movimientos políticos registrados en el país. 
En cuanto a elecciones seccionales, más allá de la multiplicación de opciones, no hay mayores novedades para los electores.  Los ecuatorianos estamos acostumbrados a votar por prefectos, alcaldes, concejales e incluso, donde corresponde, juntas parroquiales. En este tipo de comicios existen procedimientos pre-establecidos por parte de la autoridad electoral para el conteo e impugnación, que son conocidos por el electorado, los delegados a mesas y los sujetos políticos.
El reto de los electores reside en que, en cumplimiento del mandato de la Consulta Popular de febrero de 2018,  ahora tienen la responsabilidad de designar a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadano y Control Social, que antes eran designados por la presidencia de la República.  Y es aquí donde la situación se complica.
Anexo a la pregunta 3 “Las consejeras y consejeros serán elegidos por sufragio universal, directo, libre y secreto cada cuatro años coincidiendo con las elecciones a las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados. El régimen de sus elecciones estará contemplado en ley orgánica que regule su organización y funcionamiento.”
El 4 de febrero de 2018 un país desesperado por romper el blindaje de impunidad a la megacorrupción y violación de derechos humanos del correísmo acudió a votar una Consulta Popular donde en su pregunta 3 se facultaba al Presidente a cesar al existente CPCCS y a nombrar un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. 
Este Consejo fue creado en la Constitución de Montecristi por el correísmo.  Con este nuevo poder del Estado se buscaba, en una suerte de carambola, captar la fiscalía, la justicia y todas las autoridades de control mediante su capacidad de designación para dichas dignidades.  
Ante las nefastas consecuencias que trajo para la institucionalidad del país este estratégico invento correista  (único en el mundo) la tarea del Transitorio consistía en evaluar y, de ser el caso, destituir a tales autoridades y nombrar nuevas.
Pero la pregunta tres, tenía un anexo, en el cuál además de las facultades del Transitorio se hicieron cambios a la Constitución y, pese a las críticas, se dejó vivo al CPCCS, al determinar que a partir de las próximas elecciones seccionales (las de hoy) sus integrantes se elegirían por voto popular. 
Tras la aprobación de esta pregunta y su anexo, la urgencia era cesar al CPCCS en funciones y dar paso al nuevo Transitorio.  La ciudadanía en general dejó de lado la preocupación por cómo elegir el CPCCS definitivo.  Pero como no hay plazo que no se cumpla, al día de hoy, la mayor parte de los ciudadanos enfrentan un dilema.  La mayoría ni siquiera sabe quiénes son los candidatos por los que van a votar porque su campaña, con los apretados minutos de promoción electoral divididos en segmentos de treinta segundos, solo ha permitido una mínima presentación de los mismos y que sus propuestas se reduzcan a eslóganes que se pronuncian a la mayor velocidad posible como si se trataran de trabalenguas. 
Con esa escasa información millones de electores tienen que enfrentarse a tres papeletas, en las que debe decidir por tres hombres, tres mujeres y un representante de las nacionalidades para que integren, ni más ni menos, que uno de los poderes del Estado.
Hay quien señala, no sin razón, que muchos tampoco conocen a los candidatos a concejales. La diferencia, es que en esa categoría los ciudadanos tienen la opción de votar por una lista de un partido político al que le quieran dar su representación. 
Más allá de lo cuestionable del CPCCS como institución los problemas en esta elección tienen diversos orígenes. 
En el anexo a la pregunta 3 de la Consulta se introdujo una modificación a la Constitución que establece no sólo que los candidatos no puedan ser patrocinados por partidos y movimientos políticos, sino que tampoco puedan ser afiliados, adherentes ni dirigentes de los mismos en los últimos cinco años.  En esa situación están 6’440.350 de ecuatorianos. Por lo tanto, el universo elegible se redujo a la mitad de quienes están en capacidad de elegir y ser elegidos en el país.  En una elección en que la ley orgánica elaborada para dar cumplimiento al mandato de la consulta establece la existencia de una papeleta de nacionalidades, en un país en que parte importante del movimiento indígena está vinculado a una fuerza política, deja fuera de la papeleta a figuras importantes.
Como señala Alberto Molina, consejero del CNT Transitorio “La Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)” generó otros problemas al expedir la exigencia de que se vote en una papeleta con tres listas,  una para hombres, mujeres y nacionalidades. Estas exigencias en términos de promoción electoral redujeron a los candidatos exclusivamente a los spots del CNE y obligaron a que sólo pudieran candidatizarse quienes tuvieran título de tercer nivel.  El Consejo Nacional Electoral Transitorio demandó la inconstitucionalidad de esto pero tal demanda, en tiempos aún de la llamada Corte Cervecera, no prosperó.  Por lo tanto, la ley orgánica quedó vigente.
Lo inmanejable, en términos prácticos de la papeleta planteada por el legislador llevó a que el CNE decida manejar tres papeletas.  Con esto surge otro problema: el cómputo de los votos nulos.   
La disputa sobre el tema del cómputo de los votos nulos se volvió relevante cuando el nulo se convirtió en una opción promocionada por varios sectores del país.  Sobre el tapete el tema de la igualdad del voto:  ¿Por qué si una papeleta con votos positivos vale 3 votos, el voto de quien la anula sólo vale 1?  
El intento, un tanto tardío de solucionar este problema en el Pleno del CNE se dio mediante una propuesta del consejero Luis Verdezoto, quien sostuvo el principio de la igualdad de los votos ciudadanos.  Tal propuesta contó con el apoyo del consejero Enrique Pita y la oposición de los consejeros Esthela Acero y José Cabrera y no se concretó por la abstención de la Presidenta del CNE, Diana Atamaint.  Quienes justificaron la no aprobación de la propuesta dijeron que los candidatos al CPCCS podrían objetar que tal interpretación perjudicaría sus intereses. 
El tema de principio de la igualdad del voto de todos los ecuatorianos fue entonces soslayado, alegando temas de seguridad jurídica.  El problema fue derivado a un Tribunal Contencioso Electoral que se acaba de declarar este viernes 22 de marzo incompetente para conocer esa materia.
Ahora, a la incertidumbre sobre cómo elegir entre un grupo de virtuales desconocidos, se suma el tema de cómo se van a contar tales votos.
Ante este panorama se vislumbran algunas propuestas de cómo votar y por qué hacerlo de esa manera.
Quienes llaman a votar nulo.  En esta opción no sólo estarán quienes se hagan eco de una propuesta de periodistas, intelectuales y políticos que sostienen que es la manera de rechazar políticamente la existencia del CPCCS y que, en algunos casos, aspiran no sólo a un resultado simbólico sino efectivo.  Si los nulos son mayores a los votos positivos, debería volverse a convocar la elección.  
En la orilla de quienes llaman a votar en positivo, pues quieren recuperar el control del país está el ex presidente Rafael Correa (quien no regresa al Ecuador por sus deudas con la justicia) y su actual movimiento político Revolución Ciudadana.  Correa pretende recuperar el CPCCS a través de varios candidatos que lograron colocar en el proceso para desmantelar lo actuado por el Transitorio.  Correa incluso ha señalado quienes son estos candidatos.  
Finalmente están quienes llaman a votar en positivo, pese a creer que el CPCCS debe desaparecer, para cerrar el paso a los candidatos correístas, que pese a ser minoría, tal porcentaje pudiera serles suficiente para ganar si el resto de ciudadanos anula o vota de manera dispersa.  Por parte de quienes promueven esta propuesta se han realizado diversas “pollas” de los candidatos no correístas más aceptables.  El rango de quienes llaman a votar en positivo de esta manera va desde el FUT hasta organizaciones de ciudadanos articulados en grupos de WhatsApp que fueron claves en la movilización contra los abusos del correísmo. Para quienes hacen este llamado también debe desaparecer el CPCCS, pero es una tarea para después del proceso eleccionario de este 24 de marzo. Es una especie de apuesta, una vez más, por sobrevivir.
En cuanto a cómo reaccionen los ciudadanos a estos llamados, habrá que verlo hoy.  Seguramente en el campo de los votos nulos estarán no sólo quienes hayan leído o escuchado a quienes lo promueven, sino quienes, sin esas reflexiones, reaccionen con enojo o frustración ante una papeleta donde no saben cómo votar.  Tampoco hay que descartar todos los votos anulados por errores comprensibles ante una elección que los ciudadanos no habían tenido que realizar antes.  
En cuanto a los votos positivos de lado y lado, el cruce y contrastación de “pollas” de por quién votar es la actividad en las redes sociales familiares, de amigos y profesionales.  Los ciudadanos que han decidido votar en positivo están en una especie de quiniela o apuesta de torneo de fútbol mundialista, esperando no equivocarse demasiado.
En un momento en que es prematuro evaluar los logros del CPCCS Transitorio para recuperar la independencia en la fiscalización, el control y la justicia, pues es una tarea inacabada, los actuales consejeros serán reemplazados en un proceso en el que primará un alto nivel de desconocimiento e incertidumbre de los electores.  Quienes resulten electos pasarían a integrar una institución que tiene la capacidad de armar o desarmar la institucionalidad de justicia y control en el Ecuador. 
La apuesta también es alta para el nuevo Consejo Nacional Electoral.  Después de más de una década de un despotismo controlado les ha tocado hacerse cargo de una institución diezmada por Juan Pablo Pozo.  La presencia y desplazamientos de los observadores internacionales, la veeduría técnica de un grupo de enviados de las universidades ecuatorianas para el conteo digital son buenas señales.  
Por otro lado, son graves falencias: la falta de decisión sobre la forma de contar o la lentitud en sancionar abusos como los del movimiento Revolución Ciudadana que promocionó candidatos al CPCCS contra norma expresa.  Nuevamente la apuesta es muy alta.
Esta elección no es el fin de nada, pero sí un momento muy importante en este proceso de distensión que vive el Ecuador después del correísmo. Tendremos que leer un nuevo mapa de fuerzas políticas y de entrada quedan planteados nuevos retos. No sólo qué hacer ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cómo sea que quede constituido, sino qué hacer con una institucionalidad electoral que tiene el incentivo perverso de la dispersión y no de ofrecer al país las mejores propuestas.