Mes: mayo 2019

Imagine amable lector que con apenas $5000 dólares de entrada pueda adquirir un departamento en uno de los edificios de la zona de mayor valor de Quito. Imagine también que la entidad estatal para la usted trabajó, le prestó el resto del dinero para pagar el departamento. Finalmente imagine que usted fue funcionario del mismo organismo que guardaba en reserva los datos de ese departamento.
El uso de esa información privilegiada tiene un nombre,  Mauro Alejandro Naranjo Benítez,  pero sobre todo tiene un perjudicado: el empresario Pablo Maya Rivadeneira, dueño del departamento , que desde el feriado bancario nunca dejó de cumplir las obligaciones de pagos que le exigió la Agencia de Garabntía de Depósitos (AGD) y mas tarde el BCE. Él asegura que nunca pudo recuperar el bien, a pesar de haber pagado el crédito original.
Maya Rivadeneira perdió su departamento en un remate realizado en Guayaquil, sin que tenga conocimiento. El departamento pasó a manos de un funcionario del Banco Central del Ecuador, MauroNaranjo Benítez. Aquí la historia.
El 21 de marzo de 2018 la Fiscalía General del Estado receptó la denuncia de Pablo Alejandro Maya Rivadeneira y Marco Vinicio Antonio Tamayo Lalama por el delito de falsedad de información financiera y otros delitos conexos. La denuncia 1701018033139 detalla cómo Karla Jeannine López Solórzano fue usada como testaferro por su pareja sentimental Mauro Alejandro Naranjo Benítez, miembro de AP, exasesor de la expresidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, y también de la Superintendencia de Bancos y del Banco Central del Ecuador.
Documento de la denuncia en la Fiscalía de Pichincha. Ver el PDF aquí
Naranjo Benítez fue asesor de la Gerencia General y como tal accedió a información privilegiada del Banco Central del estado legal y financiero de varios bienes inmuebles que se encontraban en garantía desde la crisis bancaria del 1999.
Con información en mano escogió un departamento de lujo ubicado en la av. González Suárez, en Quito valorado en $200.000., lo llevó a remate en Guayaquil, en un proceso por demás oscuro y lo adquirió en $50.000 con crédito directo del Banco Central, a cinco años plazo y apenas con $5.000 de entrada.
Es uno de los cientos de casos registrados por el Colectivo de Deudores de Buena Fe, que desde hace 18 años se han visto impedidos de pagar sus obligaciones y han vivido prisioneros de las acciones corruptas de la entonces Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), Banco Central y actualmente la llamada Compañía de Servicios Auxiliares de Gestión de Cobranzas, Recycob.
El departamento
En 1996 la empresa Taguachips fabricante de botones de tagua para exportación, que llegaban a mercados como el Asia y Turquía, realizó un crédito en sucres al Banco del Progreso por un equivalente a $65.000. Por este préstamo Taguachips dejó en garantía real el departamento en la avenida González Suárez de propiedad de Maya Rivadeneira.
La compañía había cancelado capital e interés por tres años, la empresa generaba ingresos y crecía. Además daba trabajo a más de setenta personas. Era un emprendimiento en marcha. A la fecha del cierre del Banco del Progreso el pago total por ese crédito fue del 45%. “Ya solo quedaba por pagar $29.000”, cuenta Maya en 2019.
En lugar de que la AGD proceda a reestructurar las obligaciones de la empresa y brindar una solución, arrancaron procesos coactivos y fueron tras los bienes en garantía, que parecía un frenesí de cobros como una acción que suplía el mal accionar de los banqueros sobre quienes tenían deudas. “Fue terrible, cuando ocurrió esto nos quedamos sin poder operar. Y pasamos a ser perseguidos y extorsionados con llamadas de funcionarios y juicios de coactivos ilegítimos”, recuerda.
Notificaron a todos los bancos la condición de morosos a pesar de haber mantenido la calificación “A” como deudores de empresa, que tenía incluso cartas de crédito a su favor en el Banco del Progreso off shore pero que nunca se lograron registrar y se dieron con los años por perdidas.
Mauro Alejandro Naranjo y Karla Jeannine López
Cuando la AGD inició los cobros a Taguachips, esta había quebrado y liquidado por los problemas del feriado bancario. Maya pidió una solución con la dación en pago de la deuda mediante la entrega definitiva del departamento en garantía, pero la AGD nunca realizó un avaluó real y peor el reconocimiento de todo lo pagado. “Nosotros proponíamos soluciones y reestructuración, pero jamás nos contestaban”, en la misma condición le sucedió a la mayoría de los deudores del feriado bancario.
“En lugar de preocuparme porque mis empleados tengan mejores condiciones de vida con el desarrollo de mi empresa, tuve que pasar días enteros en las instalaciones de la AGD recibiendo maltratos con un juicio coactivo en el que no había solución y enfrentando una prohibición de salida del país”.
Miles de deudas sin poder cobrarse y sin voluntad política para encontrar una salida técnica a este problema. “Ahora, en 2019, existen 14 mil casos, en ese entonces el número tiene que haber sido diez veces más”.
La AGD no respondió a esos pedidos, de hecho, el juicio fue declarado nulo por las irregularidades hasta 2009 cuando Naranjo identificó el bien inmueble. Para Pablo Maya fue la continuación de un problema que empeoró porque perdió el bien y siguió endeudado. Según la denuncia de Tamayo y Maya en 2010 se conoció que la entonces gerente del Banco Central en 2010, Hilda de la Torre, trasladó el caso del juzgado de coactivas de Quito al de Guayaquil. “Llegamos a enterarnos que sin nuestro conocimiento y sin que hayamos consentido o prorrogado expresamente la competencia de la causa que tuvo origen y se radicó en Quito” por resolución de la Superintendente de bancos, Gloria Sabando, terminó rematándose en Guayaquil de la mano de la gerente del BCE, Hilda de la Torre.
Hall de ingreso al edificio en la exclusiva zona de la avenida González Suárez en Quito; posee acabados en madera de chanul.

De la información que se ha podido recabar Naranjo Benítez era asesor de la gerente y por ello tuvo acceso a la información del departamento que luego se adjudicó.
Así los funcionarios de coactiva ordenaron el embargo del departamento y avaluaron el inmueble en $42.000. Es decir, luego de 10 años se dio paso al nuevo avalúo del bien (realizado por Gonzalo Beltrán Torres), pero con el objeto de rematarlo a favor de Naranjo.
Al tiempo que Maya perdía su inmueble de manera amañada por la AGD, su salud se deterioró y enfrentó problemas en el colon y un trastorno nervioso, ambos provocados por la situación de estrés al que estaba sometido.
El remate
Aprobado el avalúo el 24 de febrero de 2011 el juez de coactivas remató el inmueble y adjudicó a Carla López Solorzano, novia de Mauro Naranjo, por $51.000 pagaderos a cinco años.
En Guayaquil, en abril de 2012, cuando el departamento fue rematado y consolidado a favor de la novia de Naranjo, el juzgado de coactiva de Quito pidió nuevamente que el caso sea remitido otra vez a su sede en Quito. “Era para que yo no conozca” dice Pablo Maya. El abogado de coactivas en aquel entonces era Juan Posligua Aveiga y Roberto Gómez.
El departamento estuvo deshabitado desde que lo compraron. Según los guardias del edificio consultados por Maya, Naranjo pagaba las alícuotas de la vivienda sin habitar el mismo, un par de meses luego del haber obtenido el departamento en remate se mudó allí.
Para el 13 de marzo del 2019, luego del impulso que ha dado Maya a su caso, se logró que la fiscalía llame a rendir versiones como parte de la etapa de indagación previa, a quienes se apropiaron del departamento en la av. González Suárez: Mauro Alejandro Naranjo Benítez y Karla Jeannine López Solórzano. Ambos se acogieron al derecho al silencio y no se pudo obtener los testimonios.

JUAN CARLOS CALDERÓN V. / Director de Plan V
MARTA ROLDÓS B. / Directora de Mil Hojas
El asesor presidencial, Santiago Cuesta, en entrevista con el periodista Carlos Vera, respondió a las denuncias presentadas en los portales La Fuente y Mil Hojas, sobre INA Papers y Arroz Verde 502, las cuales están basadas en documentos verificados y filtraciones investigadas por Fernando Villavicencio y Christian Zurita.
En esta entrevista, así como en distintas publicaciones en su cuenta de Twitter y otras redes sociales, Cuesta ha desatado una campaña de infamias en contra de la honra y la familia de los dos reporteros investigadores.
No es la primera vez que Cuesta, señalado por su relación con el magnate Enrique Cadena investigado por la Fiscalía y su rol en la visita de Paul Manafort, entra en una confrontación directa con periodistas.  Pese a los avances iniciales del gobierno de Lenin Moreno —desactivando los mecanismos de censura a la prensa instaurados por el correísmo, el aparente desmantelamiento del Estado de Propaganda y el fin del espionaje en contra de blancos políticos— las declaraciones de Cuesta y el retorno de la utilización de las denuncias por violación de copyright por la publicación de información pública, fotos y documentos de la página de la Presidencia de la República, evidencian un grave retroceso hacia la censura como mecanismo para procesar denuncias documentadas, las cuales deberían investigarse.
Con Carlos Vera, Santiago Cuesta exhibió los movimientos bancarios del hermano de Fernando Villavicencio, quien es propietario de varias pizzerías en la ciudad de Quito.  Lo hizo para afectar la credibilidad y la honra del denunciante de los casos Inapapers y Arroz Verde 502. El único argumento del consejero político del presidente Lenín Moreno ha sido la calumnia contra una persona particular, que maneja un negocio exitoso, afectando su buen nombre de una manera ruin.

Insultando a la inteligencia, Cuesta dice ahora que esa información le fue entregada por sus fuentes, igual que Villavicencio recibe la información de las suyas.  Sin embargo, la información de las filtraciones entregadas a periodistas —desde Panama Papers, a INA Papers y Arroz Verde— proviene de correos electrónicos que contienen algunos anexos.  Esta información no contiene estados de cuenta.  Usualmente, solo cuando se decide iniciar una investigación a partir de tales filtraciones, la Fiscalía pide orden judicial para obtener información bancaria, que no sólo está protegida legalmente por el sigilo bancario, sino que se supone que cuenta con la seguridad digital más avanzada para evitar filtraciones. Eso dice la norma y los periodistas la han respetado; el señor Cuesta, funcionario público, no.
Si Santiago Cuesta obtuvo la información bancaria del hermano de Villavicencio gracias a su posición de poder, sin que medie investigación ni orden judicial alguna, no solo estamos ante un abuso del poder, sino ante una ilegalidad y una violación de derechos fundamentales.  Por otra parte,  si es verdad que Cuesta obtuvo la información de los movimientos de cuenta del hermano de Fernando Villavicencio por medio de filtraciones, eso significaría una grave falla en la seguridad de las instituciones financieras ecuatorianas. 
En ambos supuestos, el problema es gravísimo y va mucho más allá de la afectación al hermano de Fernando Villavicencio, el propio Fernando e incluso al periodismo de investigación.  Si  la seguridad de las instituciones bancarias puede ser comprometida tan fácilmente, eso significa que la información de todos sus depositantes y clientes está en riesgo y su posible exposición puede llevar a otras situaciones de riesgo que van desde extorsiones a la alteración de la misma.

Es increíble e inaudito que un Consejero Presidencial no hubiera vislumbrado estas amenazas.  Una persona comprometida con los más altos intereses del Estado hubiera evaluado el riesgo que tal fragilidad del sistema significa y se hubiera preocupado de cómo enfrentarlo y remediarlo en lugar de utilizarlo como herramienta de venganza personal.  Por otra parte, si Cuesta obtuvo esa información gracias a la posición de poder que detenta, vía las instituciones del Estado, también es grave.  Cualquier ciudadano que moleste a un funcionario como Cuesta o cercano al Presidente puede ser víctima de una práctica como esta.
Por otra parte, cualquiera que haya sido el origen de los estados financieros del hermano de Villavicencio,  la actuación de Cuesta ante Vera y su posterior afirmación de que obtuvo esta información mediante una filtración, casi cataloga ante la creación de pánico financiero. 
(Por cierto no es la primera vez que desde el poder se inventan supuestas fuentes “legítimas” para justificar información privada que se obtuvo abusando de las capacidades estatales.  Cuando se filtraron los correos electrónicos de Martha Roldós en el diario oficial “El Telégrafo”, Orlando Pérez el director del medio, dijo que habían obtenido los correos de Roldós mediante una solicitud de FOIA, Freedom of Information Act, la cual ni funcionaba como el indicaba ni daba acceso a correos privados de una ciudadana extranjera).

Irónicamente, Santiago Cuesta, consejero del Presidente Lenin Moreno, pretende equiparar su situación  con la de un periodista de investigación.  Pero él no está exponiendo al poder, él es el poder reaccionando ante las denuncias.  Los estándares internacionales en materia de transparencia y privacidad son claros.   Los ciudadanos, como el hermano de Fernando Villavicencio están protegidos por las normas de privacidad.  Los funcionarios públicos, en cambio deben someterse al máximo escrutinio por parte de la prensa y la ciudadanía. Es inaudito que un alto funcionario público esté ahora exigiendo cuentas a un ciudadano particular. Esa era práctica del correísmo, que el señor Cuesta ha reeditado.

Adicional a esto, hay un timing sorprendente.  ¿Por qué Cuesta decide irse con tanta fuerza contra Villavicencio cuando publica una investigación como Arroz Verde, que supuestamente deberían favorecer al gobierno morenista, que está en la mira de las autoridades judiciales por el caso  INA Papers? Cabe otra inquietud no menos grave: Cuesta y Rafael Correa (y su aparato de propaganda en la sombra) coinciden, una vez más, en atacar a Villavicencio y Zurita. No solo coinciden en las formas de descrédito y desprestigio, desviando el tema de fondo —que es el financiamiento corrupto de las campañas políticas a través de coímas de proveedores del Estado o fondos de campaña no declarados — hacia la crítica de cómo y de qué viven los periodistas denunciantes. ¿Las prácticas mafiosas ahora se juntan para proteger un sistema corrupto, que ha hecho de la política un negocio financiado con dinero sucio?
Que Arroz Verde sea el disparador de la diatriba de Santiago Cuesta nos hace reflexionar sobre las rupturas y continuidades entre el morenismo y el correísmo y dónde estuvo el Consejero Presidencial en los peores momentos de corrupción y persecución a la prensa, al asalto a los fondos públicos y a la violación sistemática de los derechos humanos durante el correato.
Finalmente, lo que más sorprende es la falta de visión de Santiago Cuesta y el mal predicamento en el que sus palabras y acciones ponen al gobierno de Lenín Moreno a escala nacional e internacional.  El mayor golpe no se lo da a Villavicencio sino a la institucionalidad del Ecuador.  Ante el concierto de las naciones, el canciller del Ecuador ha hecho esfuerzos por establecer un corte frente a los Estados autoritarios que abusan derechos básicos.  El Consejero Presidencial, por otro lado, nos retrotrae a las prácticas que creíamos superadas del correato. 
A estas alturas, Lenin debería preguntarse cuánto le cuesta Cuesta al Ecuador y a su gobierno.