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Mes: julio 2019

EXPORTACIONES FICTICIAS: EL DINERO LLEGA A LOS AMIGOS DE GLAS Y DIRECTIVOS DE LA LIGA PRO

La justicia al servicio del delito

En enero de 2016, la jueza de Garantías Penales del Guayas, María Jaramillo Hidalgo, sobreseyó a Luis Zúñiga Burneo, Álvaro Pulido Vargas, Amir Nassar Tayupe y Luis Sánchez Yánez, accionistas y representantes de la empresa Fondo Global de Construcción S.A. (FONGLOCONS), del delito de lavado de activos.

Entonces la justicia investigaba posibles irregularidades en las exportaciones que esa empresa, Fondo Global, hizo a Venezuela, entre 2012 y 2013, con el uso del Sistema Único de Compensación (Sucre).

La jueza Jaramillo consideró que la Fiscalía General del Estado no demostró la participación de los implicados en el delito. La resolución judicial, también ordenó la devolución de $ 56,3 millones a Fondo Global que permanecían retenidos en el Banco Central del Ecuador. De ese valor, $ 47.5 millones se encontraban en una cuenta corriente (3501068xxx) del Banco Amazonas y $ 8.8 millones en el Banco del Austro.

Las órdenes de retención del dinero  fueron revocadas mediante oficios del 22 y 23 de febrero de 2016, dirigidos al Banco Central del Ecuador, Banco Amazonas, a Juan Vélez, procurador general del Banco del Austro y al director de la Superintendencia de Bancos del Ecuador. Adicionalmente, el Banco Amazonas devolvió otros $ 3.3 millones de los saldos que Fondo Global tenía en otra cuenta corriente.

¿Cómo y quiénes retiraron los $56,3 millones de Fonglocons?

Fondo Global de Construcción suscribió un contrato de administración de portafolio y adendum con la empresa Kapital One Casa de Valores S. A. Kaovalsa, sobre los dineros depositados en el banco Amazonas, y autorizó a Kapital One a invertir el dinero en bonos del Estado.

Kapital One estuvo vinculada accionariamente con el Banco Amazonas y al Grupo empresarial Amazonas S.A. En julio de 2012, Banco Amazonas transfirió las acciones que tenía en Kapital One a Fausto Recalde Arboleda. El banco Amazonas es de propiedad de Simón Parra.

Actualmente, tiene siete accionistas de nacionalidad colombiana (Acosta Consultores, Alberto Carrasquilla, Agustín Morales, Álvaro Puentes y Gloria Velásquez; las empresas colombianas Cion S.A. e Inversiones Alcante; también se registra a Blue Crossway, una empresa panameña.

El 11 de marzo de 2016, Víctor Silva Sosa, entonces gerente general de Fonglocons, en una comunicación dirigida a Kapital One, solicitó “se realicen inversiones en valores de renta fija y renta variable negociados a través del mercado bursátil (Bolsa de Valores de Guayaquil y/o Quito), cuyo capital y rendimiento de las mismas deberán ser restituidos y/o depositados en las cuentas que se encuentren en procesos de apertura a favor de mi representada, Fondo Global de Construcción S.A. Foglocons”, dice la solicitud.

Dos meses después, en mayo de 2016, Silva Sosa indicó que iban a realizar una “inversión del 100% del dinero que se encuentra en custodia de Kapital One Casa de Valores, esta inversión será en Bonos del Estado Ministerio de Finanzas emitidos como pago de jubilación a profesores del Magisterio Nacional o en Certificados de la Tesorería Nacional”, indicó.

Los bonos fueron puestos a nombre de las empresas panameñas Prymera Asesores S.A., Whangarei Asset Corp. y M&M Loor Investments LLC, de origen estadounidense. Las tres compañías están relacionadas con Miguel Ángel Loor Centeno, actual presidente de la Liga profesional de Fútbol del Ecuador. En 2018, Loor fue investigado por el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) por ser un posible testaferro del exvicepresidente Jorge Glas.

Entre mayo y agosto de 2016, hubo varias solicitudes de desbloqueo de fondos y transferencias de dinero a través del sistema de pagos en línea desde la cuenta de Fondo Global a la cuenta de Kapital One.

Las solicitudes de retiro de fondos fueron realizadas por Víctor Silva Sosa y Miguel Ángel Loor, principalmente.

Por ejemplo, el 16 de junio de 2016, Víctor Silva escribió a Kapital One “solicito respetuosamente el retiro de los fondos producto de la venta de CETES mediante liquidaciones No. 220035 y 4095 debiendo ser acreditados a nombre de las siguientes personas: M&M Loor Investments LLC, USD 100.000 a la Cta. Cte. 81007xxx del Biscayne Bank en Miami-Florida; Jorge Zavala Egas, USD 100.000 a la Cta. Cte. 913836xxxx de Citibank en Miami-Florida y Ab. Víctor Silva Sosa, USD 348.243,56 a la Cta. Cte. 312104xxxx de Banco Pichincha”.

Al día siguiente, Sosa pidió que $ 91.000 sean depositados en la cuenta de M&M Loor Investments LLC, de Miami. El 24 de junio de 2016, Sosa Silva solicitó que $ 904.000 fuesen repartidos entre él, Zavala y M&M Loor Investments. Tres días después, hizo otra solicitud de retiro de fondos por $ 1.4 millones que se repartirían entre los mencionados anteriormente.

El 8 de agosto de 2016, Miguel Ángel Loor Centeno, representante legal de las empresas Whangarei Asset Corp. y Prymera Asesores S.A. pidió a Kapital One Casa de Valores negociar en el mercado bursátil secundario los títulos que tenían sus representadas bajo los contratos de administración de portafolio de valores de terceros (No. CAP-KO-0071 y No. CAP-KO-0070), porque “por motivos internos de la compañía requerimos monetización del mismo”, señaló en la solicitud.

Ese mismo día, Víctor Silva Sosa, representante legal de Fondo Global, solicitó a Kapital One “el retiro de los fondos por $ 44.000.000,00 producto de los recursos que se consignarán en cuenta de administración de portafolio, debiendo ser acreditados a nombre de las siguientes compañías: Prymera Asesores S.A. USD 24.000.000,00 y Whangarei Asset Corp. USD 10.000.000,00. Fondo Global de Construcción S.A. Foglocons, luego de estos retiros mantendrá como saldo en cuenta de administración de portafolio de valores de terceros No. CAP-KO-0069 el valor de USD 10.000.000”, indicó Sosa.

A esto le siguieron otras solicitudes de fondos, como la del 29 de agosto de 2016, por $ 2.985.000,00 millones, en la que Miguel Ángel Loor Centeno pidió que fuesen repartidos de la siguiente manera: “Ab. Miguel Ángel Loor Centeno $ 2.585.000,00 mediante transferencia a la Cta. 8100xxxx de Biscayne Bank en Miami-Florida; Joel Espinoza mediante dos cheques por USD 40.000 cada uno, Víctor León mediante dos cheques por USD 40.000 cada uno, Óscar Farez mediante dos cheques por $ 40.000 cada uno, Gabriel Bonilla mediante dos cheques por USD 40.000 cada uno, Néstor Molina mediante un cheque por USD 40.000 , Eduardo Yépez mediante un cheque por $ 40.000, Andrea Alonzo mediante dos cheques por USD 75.000 cada uno, Carlos Pesántez mediante 2 cheques por $ 75.000 cada uno, Edwin Porro mediante 2 cheques por $ 75.000 cada uno y Jorge Saltos mediante 2 cheques por $ 75.000 cada uno”.

El dinero de Fondo Global fue desviado a terceros sin justificación legal alguna.

Según documentos revisados por este medio, 18 personas fueron beneficiarias de los fondos de la empresa. En dos meses (entre el 17 de junio de 2016 y el 30 de agosto de 2016), retiraron un total de $53 millones de las cuentas de Fondo Global de Construcciones.

Los beneficiarios del dinero lavado

El 9 de agosto de 2016, fueron depositados $ 20 millones en las cuentas de Prymera Asesores S.A. y $ 10 millones a Whangarei Asset Corp., ambas empresas representadas por el abogado Miguel Ángel Loor.

Prymera Asesores y Whangarei Asset Corp son dos compañías panameñas creadas con $ 10.000 cada una, fueron inscritas en el Registro Público el 1 de julio de 2016. Cuarenta días después recibieron las millonarias transferencias de Fondo Global. Según el Registro Público de Panamá, el 30 de agosto de 2016, Miguel Loor fue nombrado presidente de las dos compañías.

Prymera Asesores y Whagarei Asset tienen el mismo directorio, conformado por María Moya, Jorge Vásquez e Iris Herrera, todos registrados con la dirección de la firma De Obaldía & García de Paredes, agente residente de las dos sociedades.

Otra de sus empresas, M&M Loor Investments LLC, creada en 2014, en Miami, Estados Unidos, recibió $791.000,00, por concepto de “devolución de fondos”. En septiembre de 2015, cambió su denominación a Usarel Management Group, LLC.

A título personal, Loor también recibió $ 6 millones, en una cuenta del Biscayne Bank en Miami, EE. UU.

En total, recibió $ 36,9 millones según los documentos revisados por este medio. Según datos de la Superintendencia de Compañías es accionista en 11 empresas.

¿Quién es Loor Centeno?

Loor Centeno fue investigado en 2018 por el Centro de Inteligencia Estratégica (ex Senain) por supuestos vínculos con Heriberto Glas, hermano del exvicepresidente Jorge Glas. Un documento de inteligencia señala que Loor junto a otro abogado “fueron vistos juntos en una camioneta marca Ford, modelo F150, color blanco y sin placas (…) dentro de esta camioneta se trasladaba dinero en efectivo proveniente de actividades ilícitas, dentro de cajas de poliestireno”.

Lea aquí la historia de Loor: “Los testaferros de Glas”

El organismo de inteligencia, solicitó (SEN-s16-2018-000) se haga una investigación exhaustiva para conocer quién es el beneficiario del dinero en efectivo que se trasladó en el vehículo Ford “en conjunto con los dos abogados mencionados y el hermano del exvicepresidente”; también pidió se genere un informe sobre los bienes, inmuebles y demás activos de Heriberto Glas y los vínculos que éste tiene con los abogados Xavier Cabezas y Miguel Loor.

El abogado Víctor Silva Sosa, exgerente general de Fondo Global de Construcción, recibió $ 5. 5 millones, que fueron retirados del Banco Amazonas bajo la razón de “devolución de fondos” y “retiro de fondos de portafolio”.

Desde 2012, Silva se desempeñó como representante de la empresa. En junio de 2014, fue designado como gerente general, por un período de cinco años. Silva, fue parte de la defensa del venezolano Luis Eduardo Sánchez Yánez, entonces accionista de Fondo Global. Luis Sánchez Yánez, es hermano de Jaime Sánchez Yánez, venezolano-ecuatoriano, quien fue guardaespaldas de Rafael Correa Delgado. Jaime Sánchez era uno de los hombres de confianza del expresidente de Venezuela Hugo Chávez Frías.

Los registros contables del 9 agosto de 2016, del Banco Amazonas, señalan que $5.5 millones fueron invertidos en bonos del Estado a nombre de Fondo Global, la misma fecha en que la empresa fue reactivada en la Superintendencia de Compañías. Actualmente, su situación legal es inactiva, pero en los registros de la Superintendencia puede leerse que las empresas españolas Fondo Global Petrolero S.L. y Grupo FGDC Latinoamericana Sociedad Limitadas son sus accionistas. Ambas relacionadas con Inna Veruska Pertuz Elles y Víctor Silva.

El abogado Jorge Zavala Egas recibió $ 3,8 millones en una cuenta del Citibank en Miami-Florida. Durante el juicio seguido por la Fiscalía en contra de Fondo Global, él asumió la defensa de Álvaro Pulido Vargas.

Como representante legal de Prymera Asesores S.A., Miguel Ángel Loor Centeno, solicitó el retiro de $ 390.000,00 para que fueran entregados a Luis Esteban de Guzmán de Ollague.

El 29 de agosto de 2016, Loor solicitó un retiro de fondos por $ 2.985.000,00 para él y otras 10 personas.  Según documentos revisados por este medio, se autorizaron 18 cheques que sumaron 1 millón de dólares. Dinero que fue repartido entre Joel Espinoza ($ 80.000), Víctor León ($80.000), Óscar Farez ($80.000), Gabriel Bonilla ($80.000), Néstor Molina ($ 40.000), Eduardo Yépez ($ 40.000), Jorge Saltos ($150.000) y los empleados de sus empresas: Andrea Alonzo Sabando ($150.000), Carlos Pesántez Siguenza ($150.000) y Edwin Porro Coronel ($150.000).

Carlos Pesántez desempeñó, entre 2014 y 2015, el cargo de contador en las empresas Maloorceleg S.A. y Zeynec S.A. Desde agosto de 2017, es contador en Mironova S.A. Las tres empresas pertenecen a Miguel Loor Centeno.

Andrea Alonzo fue auxiliar de contabilidad en 2015 y 2017, en las empresas Zeynec S.A. y Mironova S.A., respectivamente. El 30 de agosto de 2016, Kapital One, entregó al mismo Pesántez Sigüenza, contador de Miguel Loor, la notificación de que los cheques emitidos a terceros (incluido él mismo) habían sido autorizados por Prymera Asesores S.A.

En 2015, Edwin Porro trabajó en Zeynec S.A., para 2017, formaba parte de la nómina de Mironova S.A.

Jorge Zavala Egas, abogado de Fonglocons y Álvaro Pulido, confirmó que el dinero recibido fue por honorarios pactados con esa empresa. «Hubo dos expedientes diferentes: al que usted se refiere era procesado Álvaro Pulido, la empresa Fonglocons y otros más, en éste fui abogado de él (Álvaro Pulido) y de ésta (Fonglocons) por cuanto la incautación recayó sobre fondos de propiedad de ella».

Este medio envió varios mensajes y realizó llamadas a Miguel Ángel Loor Centeno, sin obtener respuestas. Ante su silencio se le remitió un banco de preguntas, las cuáles adjuntamos:

Los hombres de Fonglocons en el círculo de Correa

Mientras Jaime Sánchez Yánez cubría las espaldas a Rafael Correa Delgado, paralelamente su hermano, Luis Sánchez Yánez, trabajaba en lo que se convertiría en el mayor escándalo de lavado de dinero de los últimos años.

El 28 de noviembre del 2011, los presidentes Hugo Chávez y Juan Manuel Santos sellaron en Caracas, un acuerdo de preferencias arancelarias entre Venezuela y Colombia.  Meses más tarde, en marzo de 2012, el Ministerio de Vivienda de Venezuela firmó contratos por 654 millones de dólares, para la entrega de 8.400 casas a estratos populares. Como la falta de insumos ya afectaba al país bolivariano, el gobierno también autorizó la importación de casas prefabricadas, especialmente de Ecuador. Aquí aparecen los colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido, socios de la empresa Fondo Global de Construcciones, constituida en Bogotá el 24 de noviembre de 2011, apenas cuatro días antes de la suscripción del convenio de preferencias arancelarias entre los dos países.

En septiembre del 2012 Saab y Pulido concretaron un cuantioso negocio, al firmar contratos por 465 millones de dólares para exportar casas prefabricadas a Venezuela. De inmediato abrieron en Ecuador una ramificación del Fonglocons, a través del propio Pulido y un nuevo socio: Luis Sánchez Yánez. Álvaro pulido esta relacionado familiarmente con la ex senadora colombiana Piedad Córdova, cercana a las Farc.

Pero los negocios bolivarianos se truncaron en poco tiempo. El 4 de junio del 2013, la Fiscalía de Pichincha abrió una indagación para investigar la actividad del Fondo Global de Construcciones. En su pesquisa detectó que esta empresa desvió 156 millones de dólares recibidos de Venezuela, hacia cuentas en paraísos fiscales. Es decir, nunca se enviaron las casas prefabricadas, a pesar de haber registrado la exportación, sino que solo se recibió el dinero para transferirlo a cuentas de terceros. Las exportaciones ficticias constituyen un mecanismo de defraudación que ha generado miles de millones de dólares en pérdidas para la economía venezolana, utilizado para esconder todo tipo de actividades ilícitas.

Uno de los principales proveedores de Fonglocons, fue la empresa ecuatoriana Electrocables, propiedad del empresario Nasib Nehme, sobre quien se abrió una indagación por lavado de activos. En el expediente fiscal constan varios cheques de Fonglocons a favor de Electrocables, incluso pagos de la empresa de Nehme a Luis Eduardo Sánchez. Pese a existir estas evidencias, sorpresivamente, cuando se esperaba se formalice la instrucción fiscal, en junio de 2016, por petición del fiscal del caso un Juez resolvió el archivo del proceso.

Pero, las cifras manejadas en los procesos judiciales no son sino una sombra de la magnitud del mecanismo de lavado de dinero sucio venezolano en el sistema financiero ecuatoriano. Varias investigaciones han logrado detectar una cifra no menor a $2000 millones que se habría blanqueado en cuentas bancarias de empresas de fachada. En un nueva entrega presentaremos evidencia de este monumental sistema criminal forjado bajo el liderazgo y complicidad de los gobiernos de Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Rafael Correa y que hasta hoy se mantiene en la impunidad.

Arroz verde: la historia del sepulturero


Fernando Villavicencio, Christian Zurita, Nina Osorio

Pocos entendían por qué el Consejero despotricó con tanta vehemencia en contra de una investigación que aparentemente no afectaba al gobierno de Lenín Moreno, sino directamente al de Rafael Correa, su adversario reciente.
Pero, Cuesta sabía que los documentos de Arroz Verde pronto lo pondrían en escena junto a Pamela Martínez, Rafael Correa y Laura Terán. En esa entrega periodística exhibimos un mensaje de 16 de noviembre de 2012, enviado por Laura Terán Betancourt a Pamela Martínez Loaiza, en el que Terán le recuerda: “Estaría pendiente la cita con el señor Santiago Cuesta”.
El poderoso consejero de Lenín sabía que ese email abriría las puertas al infierno. Nuevas evidencias que forman parte del archivo de Terán Betancourt, aún no reveladas, ubican a Cuesta Caputi en la mesa de Arroz Verde y como parte de una trama de millonarios perjuicios al Estado ecuatoriano.
“Querido Presidente. Nunca antes había recurrido a Usted, para solicitarle intervención alguna en ninguna materia, ahora recurro ante Usted, por en un litigio que mantengo con el Ex Gerente de Seguros Sucre, quien desde el 5 de Septiembre de del 2011, ilegalmente me quitó un contrato y no me canceló valores que mi empresa ya había sufragado (…) encarecidamente le solicito me dé una cita de manera urgente para que conozca de primera mano este problema, ya que cuenta con varios informes que demuestran mi honesto accionar y me ayude a que no se cometa una injusticia en mi contra”.
Con este nivel de cortesía y complacencia, Santiago Cuesta Caputi se dirigió al ex Presidente Rafael Correa Delgado el 15 de noviembre de 2012 y le solicitó que intervenga ante la justicia para que se archive la denuncia por peculado que presentó Maximiliano Donoso, Ex Gerente de Seguros Sucre en su contra.

Santiago Cuesta Caputi, desde que ostenta el cargo de Consejero pulverizó su memoria y no le ha faltado oportunidad para derrochar odio e insultos en contra del expresidente Correa, calificándolo como “el más corrupto de la historia”.
El actual Consejero Presidencial, desde inicios de esta década, acarrea un problema judicial del que no ha podido librarse. Una auditoría externa contratada por Seguros Sucre en 2011 y un informe de la Contraloría de enero de 2013, señalan a su empresa Seprofin como autora de sobre facturación y refacturación, en la prestación de servicios exequiales a ciudadanos beneficiarios del bono de desarrollo humano, lo que le valió una demanda de peculado por un perjuicio de $3 millones. Eran los tiempos en que para Santiago Cuesta, Correa no era “el más corrupto de la historia”.
Al finalizar 2012, asustado por las acciones judiciales en su contra, Santiago Cuesta imploró ayuda a su amiga Pamela Martínez, con ella intercambió correspondencia, se reunió al menos una vez, buscó la intervención de Correa y obtuvo un informe presidencial a su favor que le permitió en la Fiscalía, dirigida entonces por Galo Chiriboga, sepultar el caso Seprofin (El sobreprecio con los muertos).
El encuestador de Alianza Pais, en su carta a Rafael Correa, via correo electrónico, le informó que Pamela Martínez había emitido un informe a su favor: La Dra. Pamela Martínez, que trabaja en directa relación con usted, y tengo entendido que a petición suya también emitió un informe en donde determinó tampoco había cometido delito alguno”,(sic).
La buena relación entre Martínez y Cuesta quedó marcada en una serie de comunicaciones y en un encuentro donde no solo se desgustó yogurt con pan de yuca y café, sino que dejó en escena el manejo de dinero en efectivo, a esa fecha y en ese despacho presidencial, de una cifra cercana a 700 mil dólares, de los que, ese día, se entregó $200 mil con un recibo de 400 mil dólares.
La correspondencia entre Pamela y Santiago


Con fecha 15 de noviembre de 2012, a las 17H48, Santiago Cuesta Caputi, desde la cuenta [email protected], dirigió un mensaje a la cuenta [email protected]de Pamela Martínez Loaiza, a esa fecha asistente de la Presidencia de la República, solicitando una cita con el entonces presidente Rafael Correa Delgado. En el mensaje Cuesta le cuenta a Martínez, que le ha escrito una carta al Presidente y remitido al email que Correa le había dado para que le envíe las encuestas de su empresa CMS. “Si Usted interceder o puede hacer algo por que me den la cita, le quedare eternamente agradecido” (Sic).
En efecto, al referido email se adjuntó una carta remitida minutos antes a la cuenta personal de Correa Delgado [email protected], misiva en la que Cuesta implora “desesperadamente” ayuda presidencial frente a la investigación que realizaba a esa fecha Seguros Sucre, la Contraloría General del Estado yla Fiscalía, por presuntos delitos de peculado y sobre facturación en los contratos que la empresa Seprofin, mantenía con la aseguradora estatal.
El mismo 15 de noviembre, seis minutos después, a las 17H54, Pamela Martínez, desde su BlackBerry respondió a Santiago Cuesta: “Me parece muy acertado el texto”. A las 22H50 del mismo día, hay otra comunicación entre Cuesta y Martínez, con el asunto: “Carta solicitu de cita al Presidente Correa” (sic).
A día seguido, viernes 16 de noviembre de 2012, a las 13H03, se registra otro mensaje de Pamela Martínez a Santiago Cuesta, en el que responde: “Claro con gusto”.
En horas de la tarde del mismo 16 de noviembre, a las 18H00, Santiago Cuesta y Pamela Martínez volvieron a comunicarse a través de las mismas cuentas de email y esta vez se incluyó una copia a Laura Terán Betancourt, asistente de Martínez Loaiza. En esta ocasión Cuesta le informa a Martínez: Pamela se canceló el programa de TV, estoy viajando ahora hacia Guayaquil, cree Usted que me pueda recibir a las 4pm” (sic).
Seis meses después, en mayo y junio de 2013, se retoman las comunicaciones entre Santiago Cuesta, Pamela Martínez y Laura Terán. El 28 de mayo, a las 22H26, Cuesta envía un mensaje a Martínez, con el asunto: Carta, en la que dice: “Estimada Pamela nuevamente recurro a Usted, como tabla de salvación para que me ayude en el mismo problema…”.(sic) Cuesta se refiere a los mismos litigios judiciales entre Seprofin y Seguros Sucre, hasta esa fecha no resueltos.
Dos minutos después, a las 22H28, Pamela Martínez, respondió el mensaje de Cuesta, con copia a la cuenta [email protected], de Laura Terán Betancourt, en el que dice “Voy a incluirlo en los temas de despacho de SP (Señor Presidente), el código utilizado en la trama de corrupción Arroz Verde.
El viernes 7 de junio de 2013, a las 17H46, Laura Terán Betancourt, desde su cuenta personal [email protected]dirigió un mensaje a la cuenta [email protected], de su jefa Pamela Martínez Loaiza: “Estimada Doctora acompaño registro despacho para su revisión” (sic). Uno de los tres adjuntos era un registro completo de los chats entre Laura Terán y Pamela Martínez del día 17 de enero de 2013. El intercambio de mensajes entre Terán (Laury) y Martínez (PAM/Jesús yo confío en ti) incluyen disposiciones sobre una reunión con Santiago Cuesta Caputi.
Según la correspondencia revisada, Santiago Cuesta tenía un encuentro pactado con Pamela Martínez en el Club La Unión el 17 de enero del 2013. Ella pidió a Laura Terán retrasar 30 minutos la cita, pero, en el mismo chat se advierte que Cuesta acudió a la oficina de Pamela Martínez en el edificio Concorde en Quito, ubicado en la avenida 12 de Octubre y Salazar (a una cuadra de La Unión). En el chat archivado por Laura Terán el mismo día de la reunión (17 de enero de 2013) consta un diálogo entre Martínez y Terán, en el que Pamela ordena “sáqueme doscientos mil líquido” de la caja con “clave del closet 041968”, ademas dispone que el recibo sea por $400 mil y el código “395”.


La metida de mano que benefició a Cuesta
El 24 de abril de 2014 se dictó auto de sobreseimiento en favor de Santiago Cuesta por el caso Seprofin. El fiscal Byron Granda, en acuerdo con Galo Chiriboga, se abstuvo de acusar a Cuesta, dejando de lado el contundente informe de Contraloría de enero del 2013 y los resultados de la auditoria externa realizada por Seguros Sucre, que determinaron que la empresa de Cuesta perjudicó al Estado en más de 3 millones de dólares.
En un evidente tráfico de influencias, Santiago Cuesta solicitó la intervención de Correa para salvarle de un juicio por peculado, doble facturación y falsificación de documentos. Correa medió y el caso Seprofin quedó empolvado en la Fiscalía.
La caja del muerto SÍ tiene bolsillo
Seprofin es la empresa de Santiago Cuesta que en 2011 protagonizó un escándalo de sobrefacturación y refacturación de servicios exequiales, utilizando los servicios funerarios a través de cuatro coordinadoras funerarias, la mayoría piratas.
Cuando moría un beneficiario del bono de desarrollo humano, sus familiares gestionaban los beneficios para entierro, traslado y seguro de vida del fallecido. A ellos, siempre llegaba una de las coordinadoras para atender los servicios funerarios con el objetivo central de ser intermediarias y pasar la factura a Seprofin que al final, era la empresa que cobraba a Seguros Sucre.
Las coordinadoras se valían de los servicios que legalmente prestaban las funerarias en cualquier lugar del país, a ellas comprometían el pago, a precio de mercado, recibían la factura, copiaban los datos del muerto y le “ponían bolsillo”. Estas coordinadoras se guardaban las facturas del proveedor local (real) y enviaban otra a Seprofin, con sobreprecios desmesurados; Seprofin a su vez, utilizaba las facturas de las “coordinadoras” para cobrar a Seguros Sucre.
El proceso precontractual y contractual entre Seguros Sucre y Seprofin está plagado de irregularidades. La sobrefacturación que la empresa de Cuesta presentó a Sucre, más de 3 millones de dólares que debieron destinarse para atender a los beneficiarios fallecidos del Bono de Desarrollo Humano, terminaron en los bolsillos de Seprofin, como establecen los informes de Contraloría y MC.
Santiago Cuesta hizo negocio con la gente que moría: se aprovechó del ínfimo subsidio que el Estado entrega a las familias del Bono de Desarrollo Humano. Como representante legal de Seprofin, usó a esta empresa para lograr un contrato “a dedo” para “brindar servicios de exequias”, cuando Seprofin desde su constitución en 1999, era proveedora de Servicios de Procesamiento Contable y Asesoría en Finanzas Internacionales, de ahí sus siglas. Santiago Cuesta cambió el objeto social de la empresa a “Prestadora de Servicios de Exequias” para poder “legalizar” el contrato con Seguros Sucre. Acto seguido, creó una red fantasma con 4 coordinadoras que intermediaban con las funerarias locales, cuando un beneficiario del bono fallecía.
La Contraloría General del Estado el 13 de enero de 2013 aprueba un informe de examen especial a Seprofin, (entre agosto de 2009 y septiembre de 2011) en el que se incluye el perjuicio de Seprofin a Seguros Sucre por más de 3 millones de dólares. Esta cifra de pérdidas coincide con los resultados de una auditoria externa que Seguro Sucre contrató con la empresa Management Consultants para revisar los fraudes cometidos en el contrato a inicio de 2011.

Seprofin: de asesora contable a funeraria
Los beneficiarios del Bono de Desarrollo, junto a los $50 que reciben como subsidio del Estado desde 1998, tienen derecho a diversos beneficios, entre ellos la asistencia en caso de fallecimiento. En el marco de la atención a las familias vulnerables en condiciones de pobreza y extrema pobreza, el Ministerio de Inclusión Económico y Social (MIES), el 5 de octubre de 2009, contrata con Seguros Sucre una póliza de vida y servicios de exequias a favor de las personas habilitadas en el Bono de Desarrollo Humano, Pensión por Adulto Mayor y Pensión para Personas con Discapacidad, llamada “Póliza de Seguro colectivo de Vida 000491”.
El 1 de octubre de 2009, Oscar Herrera, gerente de Seguro Sucre, firma un contrato de prestación de servicios con Seprofin, con vigencia al 31 de diciembre del mismo año. Seprofin firma el contrato pese a no haber ofertado; ofertó si, Fidelity Assistance en alianza con Seguros Porvenir. Pero, ¿cómo es que firma el contrato sin haber ofertado? ¿Cómo es que firma el contrato si su razón social lo impedía? Pues fácil para Santiago Cuesta.
Según el informe de Contraloría referido, Él dijo que su empresa no podía aumentar el capital de Fidelity porque el trámite llevaba entre 60 y 90 días y era Seprofin una empresa que tenía un patrimonio más cercano para lograr la contratación. Lo mismo sucedió con el otro tema, si no estaba calificada para dar servicios funerarios, cambió su objeto y razón social; ahora Seprofin era “Servicios Exequiales Previsivos Integrados, Seprofin”, y listo, Santiago tenía vía libre para su negocio.
Seprofín S.A. realizó el cambio de razón social en la Notaría 17 del doctor Remigio Poveda Vargas el 15 de septiembre de 2009. Seprofin reformó sus estatutos y agregó a su objeto social: “La prestación en forma directa o indirecta de servicios exequiales, funerarios, de sepultamiento, de cremación, velación, traslado de restos mortales, arrendamiento de sala de velaciones, y más actividades relacionadas”
Contraloría observó que Seprofin al momento de la firma del contrato tenía como objeto social una actividad económica diferente a la que consta en el contrato. Para el 1 de octubre de 2009, fecha de la firma del contrato, Seprofin no contaba con la razón social de prestación de servicios exequiales. El gerente de Seprofin, Santiago Cuesta, no informó que su razón social eran servicios contables, ni que se realizó el cambio de la razón social de la empresa. El cambio del objeto social solo se legalizó el 9 de noviembre del 2009.
No solo que Seprofin ofreció servicios que no constaban en su razón social, sino que la contrataron bajo Régimen Especial o a dedo, como era el estilo del correísmo. Seguros Sucre omitió realizar un concurso de ofertas para la previsión de los servicios de exequias, una negociación directa que no garantizó la idoneidad y capacidad de la empresa para ofrecer los servicios de manera transparente. Se terminó adjudicando un contrato millonario a una empresa de contabilidad, que a último momento se transformó en empresa funeraria.
Seprofin aumenta sus ganancias
La primera oferta de Seprofin fue un plan de seguro de vida por $1000, por el servicio de previsión de exequias de hasta $1500 y un costo de $1 mensual por afiliado. Luego de negociaciones con el MIES y los ejecutivos de Seguros Sucre, se acuerda que el valor de aporte por afiliado sea de $0,50, que se reparte así: $0,13 para Seguros Sucre y 0,37 para Seprofin por los servicios exequiales.  En el primer período, entre el 1 de octubre y 31 de diciembre Seguros Sucre entrega a Seprofin $1.842.134,18 por la atención de 1469 casos de exequias. Después, 1 de enero del 2010 el contrato con Seprofin fue inmediatamente renovado. Durante ese período Seguros Sucre pagó $8.936.144,91 por la atención de 13323 casos.
Seprofin, durante su segunda contratación, aumentó sus ingresos porque el 3 de mayo del 2010 junto con el gerente de Seguros Sucre modificaron una cláusula en la que ahora la aseguradora reconoce pagar $0,42 en vez de los $0,37 anteriores, lo que significó un aumento del 14% del contrato. Además, si comparamos el contrato de 2010, con el de 2009, en el de 2010, Seguros Sucre se compromete a pagar el 2% de comisión por la administración del servicio exequial, sobre el total del valor facturado por Seprofin.
La red de funerarias: una pantalla de intermediación
Seprofin logra una segunda renovación de la póliza y vuelve a firmar el contrato con Seguros Sucre el 28 de diciembre del 2010, con vigencia de un año. A partir del 1 de enero de 2011 Seprofin cambia su modalidad de operación. Durante esta etapa, entre enero y julio de 2011, se atendieron 10042 casos y Sucre pagó a Seprofin $6.532.177,43.
Seprofin, sin ser una empresa que brinda servicios exequiales, tenía un contrato millonario que solventar. Tal avalancha de servicios exequiales, requirieron la creación de una red de cuatro coordinadoras subcontratadas por Seprofin para que brinden dichos servicios en todo el territorio nacional.
Servicios Exequiales San Daniel, Funerarias Gonzalo Mendoza, Funeraria Terán Jiménez y Taller Funeraria Valdéz son las funerarias contratadas. Esta coordinadora intermediaba entre los servicios prestados por funerarias locales y Seprofin. La coordinadora emitía facturas a Seprofin, con sobreprecio que en algunos casos llegaba al triple de los costos reales. Ninguna de las 4 coordinadoras ofreció servicios realmente, estableció Contraloría.
El informe presentado por la auditoría de Management Consultants apunta que Funerales Gonzalo Mendoza fue la única empresa de la coordinadora que disponía de los medios e instalaciones adecuadas para brindar el servicio a Seprofin. Las otras tres funerarias constan en el SRI como personas naturales que carecían de los medios suficientes para prestar estos servicios. Esta fue la razón por la que acudieron a solicitar servicios en funerarias locales.

El bolsillo del muerto se explica de la siguiente manera: Una funeraria local, en cualquier parte del país, presta sus servicios y factura a una de las 4 empresas “coordinadoras”, creadas por Santiago Cuesta y estas, a su vez, sobrefacturan a Seprofin, empresa que nunca estuvo apta para este trabajo, pero que refacturaba a Seguros Sucre para cobrar los sobreprecios.
Santiago Cuesta, como representante de Seprofin, nunca comunicó de manera escrita a Seguros Sucre de la contratación de las 4 coordinadoras funerarias a nivel nacional, pese a que el contrato lo permitía. Pero en una comunicación del 9 de diciembre del 2011 a Seguros Sucre, Cuesta asegura que sí lo hizo vía correo electrónico. El 16 de mayo del 2012, la Directora de Operaciones Técnicas del Programa de Protección Social emite un informe técnico donde certifica que no existe la recepción del mail que el gerente de Seprofin aseguró haber enviado. Santiago Cuesta mintió a la aseguradora para sostener su negocio. Si revelaba la contratación de las funerarias coordinadoras, Sucre se hubiera enterado que no todas eran empresas, sino personas naturales. Además, dejaría al descubierto que esas 4 coordinadoras estuvieron obligadas a subcontratar con funerarias reales que sí brindaron sus servicios y pondría en evidencia la refacturación y sobrefacturación de la que se benefició Seprofin.
Seprofin y el negocio con la muerte de los pobres
¿Pero cómo funcionó le mecanismo de refacturación y sobrefacturación que realizó Seprofin según el informe de Contraloría?
Contraloría en su examen especial analizó 37 facturas de las funerarias que prestaron los servicios excequiales en diferentes provincias del país. Estas funerarias locales emitían facturas a nombre de la Coordinadora de Servicios Excequiales (intermediarias) por cada caso atendido. A su vez, la Coordinadora (intermediaria) emitía una segunda factura, ésta ya con sobreprecio, a su nombre, con Seprofin como destinatario, donde hacía constar de forma íntegra la información de los fallecidos: número de caso, nombres y apellidos, lugar, etcétera. Es decir, Seprofin tomaba la factura de su intermediaria la ponía a su nombre y presentaba a Seguros Sucre. Aquí, un claro ejemplo, el caso 23080 que tiene un 113% de sobreprecio.
Seprofin recibe las facturas de las cuatro coordinadoras y refactura cada caso con sobreprecio a Seguro Sucre para que la aseguradora pague por los servicios, en donde además incluía el 2% de comisión. Las facturas emitidas por Seprofin a Sucre nunca reflejaron costos reales de los servicios de exequias en territorio. Deliberadamente, Seprofin remitía solo las facturas provenientes de sus cuatro coordinadoras, pero ocultó las facturas de funerarias que ofrecieron los servicios reales. Seprofin en las facturas afirma que los prestadores de servicios fueron sus coordinadoras (intermediarias), lo cual es falso.
Las coordinadoras a nombre de Seprofin sí pagaron a los proveedores los costos reales (como destaca el cuadro) que no se reflejaron en las facturas que ellas entregaron a Seprofin, lo cual, según la Contraloría, constituyó un perjuicio total para Seguros Sucre de $3.074.549, 78 (Tres millones setenta y cuatro mil quinientos cuarenta y nueve dólares con setenta y ocho centavos).

Este incremento de precios fue injustificado; Seprofin generó información falsa y especulación que configura el delito de peculado. Santiago Cuesta vio una posibilidad millonaria de negocio en la sepultura y velación de los más pobres de este país de 2009 a 2011, usó a su empresa de contabilidad (Seprofin) y armó una red fantasma de funerarias para engordar sus bolsillos a costa de los recursos de los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano.
Funcionarios de Seguro Sucre sospecharon del fraude que realizaba Cuesta con Seprofin, así que dispuso una investigación sobre los costos por servicios de exequias en Quito, Guayaquil, Portoviejo y Manta, con una auditoria externa realizada por Management Consultants. Los resultados de la auditoria coinciden con el informe de Contraloría. El Servicio de Rentas Internas, en silencio.
Dadas estas irregularidades, Seguros Sucre suspende el contrato con Seprofin de forma anticipada el 5 de septiembre de 2011. El 8 de septiembre del mismo año, Maximiliano Donoso coloca una denuncia en Fiscalía en contra de Santiago Cuesta Caputti por el delito de peculado, 2,3 millones de dólares es el monto real que costaron los servicios exequiales a los beneficiarios del Bono de enero a junio de 2011, pero Seguro Sucre terminó pagando a Seprofin 5,3 millones de dólares. El perjuicio es de más 3 millones.
La sepultura de Seprofin
Seprofin, como empresa de asesoría contable, no había recibido contratos significativos hasta que se ganó la lotería con el contrato de Seguros Sucre cuando debió disfrazarse de funeraria. En los años 2005, 2006, 2007, 2008 Seporfin registra un pago $0,00 de impuesto a la renta, incluso aludía presentar pérdidas. Solo en 2009 cuando se firma el contrato con Sucre pagó más de 60 mil dólares de impuesto a la renta; $244.488,90 en 2010; y, $44.990,82 en 2011. Una vez suspendido el contrato con Seguros Sucre, Seprofin vuelve a declarar $0,00 de impuesto a la renta hasta la actualidad. Es decir, el único contrato de la empresa de Santiago Cuesta, fue el de los pobres muertos.

Seprofin muere después de haber hecho negocio con el dinero de los beneficiarios del Bono de Desarrollo. Es una empresa inactiva, declarada como tal en abril del 2014 por la Superintendencia de Compañías, y finalmente disuelta por la autoridad el mismo año, por inactividad.
El negocio con el dinero de los fallecidos más pobres del país engordaron los bolsillos de Santiago Cuesta, a través de Seprofin. Cuesta es públicamente conocido como encuestador, dirige la empresa encuestadora Credit Management Solutions (CMS), sin embargo, esta empresa registra $0,00 pago de impuesto a la renta de 2010 a 2014.

Una justicia cuesta arriba: La impunidad de Seprofin
Son ya ocho años que los familiares de los fallecidos beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano ni siquiera han reparado que Seprofin hizo negocio con sus muertos. La complicidad no se represa en el SRI, la Fiscalía jugó un papel preponderante para sepultar en el olvido la corrupción de la empresa de Santiago Cuesta. El 24 de abril de 2014, el fiscal de Pichincha de la Unidad Especializada de Soluciones Rápidas, Byron Granda presentó un dictamen abstentivo a favor de Santiago Cuesta, frente a la denuncia hecha por Donoso desde Seguros Sucre.
La intervención de Correa y Pamela Martínez en la justicia son la explicación de la decisión del fiscal, que además sobreseyó a Cuesta, cuando había de por medio un informe de Contraloría que dejó en evidencia el millonario perjuicio que causó Seprofin a Seguros Sucre.  El fiscal Granda desconoció este informe, y no tomó en cuenta la facturación a precio de mercado de las proveedoras privadas, sino solo las emitidas por las coordinadoras, que son las que Seprofin y Santiago Cuesta forjaron para beneficiarse de este negocio.
Santiago Cuesta nunca apuesta limpio, ayer le dio lo mismo llamar a Rafael Correa “Querido Presidente” que ahora tildarlo del mayor de los corruptos. Después de haber enterrado tantos muertos con sobreprecio, recordamos al poeta español León Felipe: “No sabiendo los oficios los haremos con respeto. Para enterrar a los muertos como debemos, cualquiera sirve, cualquiera… menos un sepulturero”.

ASÍ ERA MY WEB DAY, EL SOFTWARE DE ODEBRECHT CON INFORMACIÓN DE LOS SOBORNOS

*Este artículo fue originalmente publicado por El Comercio de Perú el 28 de octubre del 2018

Era un programa tan reservado al que solo un puñado de los más de 128.000 trabajadores de Odebrecht podía acceder. Ingresar a él significaba conocer el lado oscuro de la compañía: saber cómo y dónde la constructora brasileña había sobornado con millones de dólares a funcionarios y políticos alrededor del mundo.

Tal vez por ello, cuando se sintió cercado por los avances de la operación Lava Jato, Hilberto Silva, líder de la división de sobornos de Odebrecht, no tuvo mejor idea que arrojar su computadora portátil y la llave de acceso al software My Web Day B al fondo del mar de Miami. Era mediados del 2015.

En su declaración a la justicia de Brasil, en noviembre del 2016 (ocho meses después de su arresto), Silva contó que My Web Day B era un software corporativo que crearon específicamente para “solicitar, procesar, pagar y controlar todas las operaciones” del área que dirigía: el Departamento de Operaciones Estructuradas (DOE). El programa administraba la contabilidad paralela de la compañía. Por esa razón, su acceso era exclusivo para quienes conformaban su diminuto equipo (no menos de cinco personas), con la excepción de Marcelo Bahía Odebrecht, quien recibía informes periódicos de lo que allí pasaba.

Orígenes

La idea de My Web Day B nació en el 2006, al año siguiente que Marcelo Odebrecht asumiera el liderazgo del holding. Silva, veterano trabajador de finanzas de la multinacional, fue convocado para fundar y liderar el DOE.

No se sabe con exactitud desde cuándo la empresa comenzó a pagar sobornos, pero sí que desde que se creó el DOE dicha práctica se multiplicó de manera vertiginosa, al igual que las ganancias de la empresa: la fiscalía de Brasil estima que el DOE alcanzaba cifras récord de 10 millones de dólares en movimientos en un solo día. Hoy se conoce que por cada dólar que gastaba la empresa en sobornos, recuperaba el triple en utilidades.

Al inicio, las coordinaciones entre los miembros del DOE se hacían con un sistema ordinario que tenía la multinacional, llamado My Web Day. Este era utilizado principalmente por el área de tesorería para registrar sus tareas diarias. Sin embargo, este no cumplía con las nuevas demandas de Silva, quien instaló las oficinas del DOE en Sao Paulo y Salvador de Bahía (ciudad natal de la familia Odebrecht)

“Tenía la necesidad de tener un control informatizado de los pagos. Sin embargo, el sistema que tenía la empresa (My Web Day) no atendía las necesidades de gestión de mi área en cuanto a las funciones de tesorería y cuentas a pagar”, narró Silva a la justicia.

Así que solicitó apoyo al área de sistemas para que crearan un software alternativo al oficial, que permitiría a cada uno de los miembros del DOE ingresar desde sus computadoras sin importar donde estuvieran. Los técnicos le dieron la solución: «My Web Day B».

Mudanzas y perfección

A fines del 2006, decidieron, por razones de seguridad, cambiar de lugar el servidor que almacenaba la información del nuevo programa. El destino elegido fue Angola. Ahí estuvo hasta mediados del 2007 debido a que el país africano presentaba muchos problemas de conexión a Internet. “Pensé cambiar de local en Panamá, pero era un país donde teníamos operaciones y la premisa era estar en un lugar donde no lo había. Me decidí por Ginebra [Suiza]”, contó Silva.

Odebrecht contrató a Safe Host, empresa dedicada al almacenamiento de datos informáticos de entidades bancarias y transnacionales, con sede en la comuna de Plan-les-Ouates. Allí también alojaron Drousys, el sistema de correos electrónicos que utilizaban los ejecutivos del DOE para comunicarse con los ‘doleiros’ (traficantes de divisas), testaferros y operadores financieros.

Sin embargo, las preocupaciones de Silva continuaban.

Por entonces, las solicitudes de pago de los líderes empresariales o los superintendentes de cada país se hacían por teléfono o el correo corporativo. Una modalidad desprolija a criterio de Silva. En el 2009, el ejecutivo pidió de nuevo apoyo al área de sistemas de Odebrecht.

Ellos crearon un correo cifrado separado de los servidores oficiales para que canalicen los requerimientos de pago. El dominio era @fox.com y solo se podía acceder por intermedio de una IronKey –memoria USB encriptada– que se le dio a cada ejecutivo y líder empresarial que participaba en este esquema de sobornos.

El sistema alcanzó tales niveles de sofisticación que, en palabras de Deltan Dallagnol, el fiscal brasileño líder del equipo Lava Jato, hicieron casi irrastreable la ruta que siguió el soborno.

  • 3.300 millones de dólares fue la cifra en sobornos y aportes a campañas políticas que destinó el DOE durante nueve años
  • ​6 terabytes es la cantidad de información contable que almacenó My Web Day (tres veces más que los Panamá Papers)
  • La Policía Federal de Brasil identificó cerca de 2000 nombres en código de personas que recibieron sobornos de Odebrecht por intermedio de My Web Day B.A medida que avanzaba la operación Lava Jato, las alarmas de la constructora se intensificaron. A mediados del 2014, Odebrecht dispuso que el DOE se trasladara fuera de Brasil.

Caída y pericias

“Creo que todos ustedes deberían irse al extranjero a trabajar porque aquí cuando usen el teléfono tendrán miedo, cuando usen la computadora tendrán miedo […] e irán a dormir preguntándose si al día siguiente la policía vendrá por ustedes”, les dijo el entonces CEO de la constructora al equipo de Silva.

Los ejecutivos se instalaron en Santo Domingo (República Dominicana) y los fines de semana se iban a Miami. De esa manera, seguían operando pero con mayor precaución. La empresa reconoció que entre el 2015 y 2016 continuaban pagando sobornos en Ecuador y Guatemala, a pesar de que Marcelo Odebrecht había sido arrestado el 19 de junio del 2015, en la fase 14 del Caso Lava Jato.

Pero la historia para My Web Day B estaba acabando. El sistema fue desactivado luego de la detención de Odebrecht y recibieron la orden de desmantelar lo que habían creado. Según una pericia de la policía brasileña de inicios de este año, se hallaron evidencias en el servidor de la empresa “de destrucción de datos”.

Esto ocurrió tres días después de que cayera Odebrecht. Los miembros del DOE intentaron destruir los datos almacenados y las IronKey con el propósito de impedir que accedieran al sistema.

En marzo del 2016, la fiscalía suiza confiscó el servidor alojado en Ginebra, luego de arrestar al tesorero del DOE cuando quería cerrar una cuenta. Los suizos consiguieron una copia de seguridad, la cual compartieron con Brasil. Hoy el desafío de las autoridades es descifrar los secretos de este complejo sistema. Secretos que Silva trató de esconder en el fondo del mar.

Sepa más

  • Odebrecht tenía una copia de su servidor en el Data Center de la empresa Bahnhof Internet Med Sekretess, en Estocolmo, Suecia. Esta fue enviada a Brasil por la misma empresa en el 2017.
  • La primera en acogerse a la delación premiada del equipo de DOE fue María Lúcia Tavares, a cargo de los pagos en Brasil. Esto sucedió en marzo del 2016 y significó el inicio de las delaciones de sus demás ejecutivos.
  • Además de los miembros de DOE, estaba Isaias Ubiraci Chaves Santos, quien no aparecía en el organigrama oficial, pero era quien confeccionaba las planillas de pago a pedido de los lideres empresariales o superintendentes.
  • Los fondos de DOE provenían de la caja 2, contabilidad paralela de Odebrecht producto de dinero no declarado y sobrecostos de obras.