Mes: diciembre 2019

En la vida nada es gratis. Y en la política, mucho menos. Cuando el presidente Lenin Moreno lanzó el 2 de octubre de 2017 la Consulta Popular con siete preguntas que incluían la eliminación de la reelección indefinida, entendió que, para ganar, debía captar el mayor respaldo posible de aliados. Principalmente, de su propio movimiento, de aquellos que hasta entonces todavía se declaraban admiradores del ex presidente Rafael Correa. Y, marginalmente, de todos aquellos que tengan un membrete político, un partido con vida legal y unos cuantos militantes. Todos fueron invitados.

El ex prefecto de Guayas, Jimmy Jairala, fue uno de los primeros que se sumó con entusiasmo a la cruzada. El 4 de octubre ya anunciaba que su partido Centro Democrático apoyará las decisiones del presidente Lenín Moreno, “que más allá de lo bien visto que es por la gente, necesita un colchón, un soporte político y popular que nosotros queremos darle de manera organizada. Porque no sé hasta que punto el partido del presidente se allanará a sus decisiones. Siempre tiene que existir un plan B”. Ese plan, para Jairala fue la formación de un gran frente, lleno de nombres y carteles, al que bautizó como “Somos Ecuador”. El paso del tiempo demostraría que ese colchón y plan B resultó costoso al país.

Para el 24 de octubre, Jairala declaró que ya existían 80 colectivos unidos para fortalecer al presidente Moreno, en un “gran frente de respaldo”. Dos días después, el 26 de octubre de 2017, Luis Jairala Zunino, primo hermano del prefecto, asumió la gerencia general del hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo, en donde no completó ni un año de gestión.

La Contraloría General del Estado presentó en mayo de 2019 los resultados de la auditoría realizada a la corta gestión de Jairala Zunino al frente del hospital Teodoro Maldonado de Guayaquil: el perjuicio económico que sufrió el hospital fue de USD 32 millones, divididos en USD 12 millones por sobreprecios en la adquisición de medicinas y USD 20 millones por excesos de compras y no utilización de insumos médicos. Todo esto utilizando una figura ilegal, convenios de pagos y no contratos, para los que recurrió a proveedores vinculados. Los informes de la Contraloría fueron remitidos a la Fiscalía en donde se abrieron las indagaciones pero todo camina lento.

Volviendo al origen de todo esto, noviembre de 2017 fue un mes clave. Algunos funcionarios de hospitales del país cuentan que fue como por mediados de ese mes, cuando ocurrió una “barrida” general en las jefaturas de los hospitales, por órdenes superiores que venían de Quito. La disposición, dicen las fuentes que hablaron con nosotros, fue que, a partir de entonces, las cabezas serían nuevas.

Para el 23 de noviembre de 2017, todo estaba consumado. Ese día, el presidente Lenin Moreno recibió en el parque Samanes de Guayaquil el efusivo apoyo de sesenta organizaciones políticas que se comprometieron a apoyar la campaña por el Sí en la Consulta Popular. El prefecto del Guayas Jimmy Jairala tomó la palabra y dijo que el apoyo que darían “no sería aguado”, sino todo lo contrario, muy fuerte. Y desinteresado.

No hay certeza de los términos exactos del acuerdo. Tal vez existan similitudes con los contratos colectivos que denunció el ex vicepresidente Alberto Dahik en 1995, cuando se cansó de los chantajes del Congreso de entonces y se lo contó todo al recordado periodista Jorge Vivanco, quien explotó la bomba en su columna de diario Expreso. Pero lo que sí están seguros los miembros de la Comisión Anticorrupción es que los repartos políticos gozan actualmente de muy buena salud. Lo sostiene Jorge Rodríguez, quien fue su vocero más reconocido y sigue muy activo con la Comisión, pese a que expresó públicamente su deseo de renunciar. “Tanta corrupción cansa, pero más agobia la impunidad”, relata como una explicación.

La torta se repartió

Sin más rodeos. Rodríguez sostiene que el gobierno de Lenín Moreno tuvo que recurrir a la vieja práctica del reparto político para conseguir apoyo. Casi al mismo tiempo que Dalo Bucaram del partido FE anunciaba su apoyo a la Consulta de Lenín Moreno, comenzaron los rumores de la injerencia de los políticos Bucaram en las empresas eléctricas. Y en los hospitales. Ellos siempre lo negaron.

Pero el gran escenario del reparto habría sido la Asamblea Nacional. “Eso es un secreto a voces”, nos dice el legislador del movimiento CREO, Roberto Gómez Alcívar. También lo confirma el asambleísta por Carchi, Daniel Cadena, quien forma parte de la bancada socialcristiana. Inclusive alguien del bloque correísta, de extrema confianza del ex presidente, quien delata a sus ex compañeros de Revolución, con la única condición de que no salga su nombre, porque “estos nunca dejan pruebas”.

Lo cierto es que el mapa del reparto está en la cabeza de muchos. Y el nuevo objetivo –troncha se llamaba en los ochenta- es muy diferente de los antiguos: “Lo que antes era las Aduanas, ahora son los hospitales”, dice el asambleísta Gómez. Y no es para menos. La ley faculta a cada hospital hacer sus propios gastos y disponer con total autonomía y libertad de su presupuesto.

Hagan cuentas. Solo en los hospitales del IESS, en los últimos tres años, se han gastado 740 millones de dólares para la compra de medicamentos, distribuidos en 929 proveedores o contratistas. En los hospitales del Ministerio de Salud otra cantidad millonaria similar. Y casi mil millones al año en pagos a prestadores externos de salud. Vayan sumando.

El reparto político implica tomar el control de los hospitales, tanto del IESS como del Ministerio de Salud. En algunas provincias, ciudadanos se decidieron a lanzar los nombres de los Asambleístas que quitan y ponen a los directores de hospitales. Y hasta hacen sus propios mapas. Es que dicen estar cansados de tanta corrupción.

Lo que pasa en Santo Domingo, se queda allí

En el hospital del Ministerio de Salud Gustavo Domínguez de Santo Domingo, han ocurrido cosas raras. Como que se contrató a un médico para que atienda pacientes, pero resultó que el escogido no era médico y los papeles que había presentado el aspirante resultaron falsos. La denuncia fue presentada en la Fiscalía por Luis Felipe Buenaño, quien era el representante del Consejo de Participación Ciudadana, o Quinto Poder, en esta provincia. Y luego de eso, pasó algo más raro: recibió la llamada del asambleísta de Alianza País, Manuel Ochoa, quien lo invitó a conversar, a tomar un café. Buenaño recuerda que no aceptó el café ni reunirse con el legislador, porque nunca antes lo había llamado y no le parecía pertinente hacerlo en ese momento. Y Buenaño ató cabos, recordando que a Ochoa lo relacionaban con cierta injerencia política en ese mismo hospital. Por todo eso, prefirió marcar distancia.

Mientras tanto, Galo Calero es un médico que vivió más de veinte años en Los Ángeles, Estados Unidos, pero decidió regresar a Santo Domingo para ejercer su profesión. Así lo hace, en medio del bullicio y ajetreo de las calles del centro de la ciudad. También se da tiempo para liderar la delegación provincial de la Comisión Anticorrupción, misión a la que ha dedicado, inclusive, dinero de su propio bolsillo, de acuerdo a sus palabras.

Calero y otros integrantes de Anticorrupción de Santo Domingo nos recibieron en pleno para señalar al presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea, reelecto en ese cargo, el legislador William Garzón, de las filas del gobierno. Aseguran sin dudar que mantiene todo el control del hospital del IESS en la ciudad. Y eso implica, sostiene, que decide quienes están al frente del hospital, como la designación del actual gerente de la casa de salud, Nilo de la Torre López. Mencionaron que algunos parientes del asambleísta están dentro del IESS y señalaron que el contrato de alimentación para los enfermos y empleados del hospital está en manos de su ex esposa. Mientras que, a su actual esposa, la ex alcaldesa de Santo Domingo, Verónica Zurita, también la mencionan.

Aseguran que personas de su entera confianza entraron a la administración del IESS. Y de todo eso, afirma Calero, está al tanto el presidente del directorio del IESS, Paúl Granda, quien visitó Santo Domingo meses atrás. “En esa ocasión, nos reunimos y le informamos para que tome acciones al respecto. Pero no se hace nada. Todo sigue igual”, se queja el médico. El presupuesto que maneja al año el hospital del IESS es de USD 27 millones, de los que USD 17 millones están destinados a la compra de medicinas e insumos médicos.

Garzón atendió una llamada que le hicimos sobre estos cuestionamientos. El legislador negó tener cualquier tipo de injerencia en la administración del hospital. “No es cuestión de decir una cosa así. Como asambleísta me he dedicado al papel de asambleísta y en ningún momento ha habido reparto ni designación de nada en los hospitales, peor en el IESS. La única relación que puedo tener con los hospitales acá en Santo Domingo es cuando la gente se acerca a pedirme favores por un turno o la asignación de una cama, o una derivación a otra ciudad. Esa es mi única relación. Si estos señores tienen las pruebas que hagan las denuncias respectivas. No se trata solo de querer hacer daño a la gente. No dudo que alguien se haya tomado mi nombre para alguna cosa. Eso tampoco lo dudo. Pero tendrán que presentar las pruebas”.

De parientes, dijo que solo una funcionaria del IESS es su prima, “pero ella viene trabajando desde hace algún tiempo en la Dirección Provincial por su capacidad”. En cuanto al contrato de alimentación de su ex esposa en el hospital, indicó que eso fue entregado por concurso, desde tiempo atrás, “y yo no tengo nada que ver, además yo no tengo ninguna buena relación con mi ex esposa. No tiene sentido lo que están diciendo”.

Garzón descarta completamente la injerencia política en los hospitales y dice que la responsabilidad de la designación de sus autoridades está “en los hospitales. El IESS pone a la gente que ellos quieren poner. No tenemos ninguna injerencia nosotros”.

Las declaraciones que hicieron los integrantes de la delegación provincial de Santo Domingo de la Comisión Anticorrupción, fueron respaldadas por actuales funcionarios del hospital del IESS que pidieron no ser identificados porque temen sufrir represalias. Ellos aportaron con datos que entregaron a la Comisión.

Manabí. Tierra hermosa y de millones

“Esto no es de ahora, viene desde el gobierno anterior. Lo hemos denunciado: la salud se convirtió en un botín político de los asambleístas”. En esto coinciden los integrantes de la delegación de Manabí de la Comisión Anticorrupción, que nos recibieron en pleno en los jardines de la Universidad Técnica de Manabí, en Portoviejo. Y hacen un mapa:

“En Portoviejo y Bahía, el asambleísta Daniel Mendoza, en Chone Karina Arteaga, en Jipijapa Teresa Benavides -ha puesto a su hija como directora de una casa de Salud y también fue directora provincial del IESS-, Karla Cadena en Portoviejo -su hermano fue director de hospital-, en Manta Carlos Bergmann. Y quien fue el árbitro de fútbol, Carlos Vera, mantiene su poder en Portoviejo en el hospital Verdi Cevallos y en el cantón Junín. Entonces todos estos asambleístas son los que ponen a los directores y gerentes en estas unidades de Salud. Pero eso tiene un costo: los diezmos. Si se atrasan un mes los sacan. Es verdad que no hay documentos de esto, pero eso lo sabe toda la gente, dentro de los hospitales, lo sabe todo el mundo. Lo que pasa es que nadie dice nada porque lo botan. Esa es una realidad y lo hemos venido denunciando públicamente pero no pasa nada”.

El relato lo hace el médico ginecólogo Jorge Chávez Mera, quien fue director de un dispensario médico del IESS durante 20 años y respaldado por sus compañeros de la Comisión. Y continúa con su propia experiencia: “Alguna vez me llamaron de Guayaquil a través de una Subsecretaría, hace algunos meses, me ofrecieron la gerencia del Hospital de Especialidades, me pidieron la documentación y después me llamaron y me dicen: doctor, esto tiene un costo. Este puesto vale de USD 50.000 a USD 100.000, porque dicen que a la ministra de Salud Catalina Andramuño, en ese momento encargada, le cuesta la ratificación en su puesto de USD 10 a USD 14 millones. Y andamos buscando gente como usted, de confianza. Les contesté que en mi vida he hecho eso, que no soy ladrón y que ahí me mandan a robar. Así que los mandé a buscar otro”, relata Chávez.

Grave relato. ¿Cómo funcionan estas redes, quién hace los contactos, quién realiza las llamadas? El médico Chávez contesta: “a mí me contactaron a través de Irina Bowen, quien me dice doctor, andan buscando gente para esto y nosotros hemos dado su nombre. Por ahí viene la cosa. Cuando ya me contactaron, me dicen que han revisado mi currículum y que yo soy la persona ideal, tráiganos un documento del Frente Cívico, al que yo pertenezco, y les llevé. Después de eso, pasó el tiempo y me llamaron, no le puedo asegurar quienes son, y me dijeron que ya todo estaba listo. Pero con esas condiciones”.

¿Por qué no denunció a la Fiscalía en ese momento? “Y cómo voy a denunciar, si no tengo pruebas, no grabé la llamada. Por andar denunciando la corrupción a mí ya me ha costado dinero, tiempo y un juicio. Me botaron de mi puesto. A mí me descontaban USD 75 mensuales de mi sueldo para Alianza País y no me había dado cuenta. Cuando reclamé pensando que era un error, mandé un oficio a la directora del hospital indicando que por favor suspenda esos pagos. No me contestaron y me siguieron descontando. Al año perdí la paciencia y mandé otro oficio, ahora con palabras más fuertes, exigiendo ahora que no solo me suspenda los pagos, sino que se me reintegre todos los valores descontados por rol, sin mi autorización. Recursos Humanos de Quito del IESS me contestó que ese descuento se daba porque yo era afiliado a Alianza País, lo que era falso. Y que, para suspenderme esos pagos, tenía que desafiliarme de AP. Y me lo mandan por escrito”.

Toda esa documentación la tiene en sus manos el Contralor Pablo Celi, indica Chávez: “ahí es que suman y descubren que habían descontado al personal del IESS como USD 400.000. Y cuando di seguimiento a mi denuncia, me dijeron que ya había retirado mi denuncia, lo que nunca hice. Entonces me aplicaron la renuncia voluntaria obligatoria. Me botaron”.

Eso no es lo más grave, dicen los delegados de la Comisión Anticorrupción de Manabí. Ellos están haciendo un estudio que están por terminar respecto a las múltiples derivaciones de pacientes que hacen los hospitales a los prestadores externos o clínicas privadas. Solamente el IESS paga al año alrededor de USD 1000 millones a estos prestadores externos, “que es prácticamente la misma cantidad de presupuesto con el que se mantiene a todas las unidades de Salud del IESS del país”. Lo extraño es que, con la misma cantidad de dinero, el IESS atiende tres veces más la cantidad de pacientes que los prestadores externos. Y en Manabí hay la suficiente capacidad de atención y cobertura -en infraestructura y personal médico- para ya no depender de las clínicas y operadores externos, pero a nadie le interesa romper este círculo porque “es en la derivación de pacientes donde las autoridades tienen la mordida. Y por eso es que los asambleístas están metidos en esto y utilizan a esta gente en las administraciones para que vayan a hacer la mañosería y se benefician de estas cosas”, explica el ginecólogo Chávez.

Ese estudio de la Comisión Anticorrupción de Manabí está prácticamente listo y eso que conseguir la información fue una tarea bastante complicada, indica el coordinador del grupo, Julio Villacreses. Pero pronto lo harán público y anticipan que habrá muchas novedades.

Para muestra, dan un ejemplo, ocurrido en Manta: a un odontólogo se le pagaba hasta USD 13.000 mensuales y el promedio de pago a los odontólogos era de USD 8000 mensuales. “Hicimos la investigación y denunciamos a la Contraloría, hace cuatro años. Encontramos que un odontólogo facturaba por procedimientos que tuvieron en promedio, dos, tres, cinco minutos. Es decir que en una hora facturaba hasta quince procedimientos. Y lo normal es que una hora puede facturar dos procedimientos. Lo que hacían es que decían que sacaban tres muelas y en realidad era una. Cobraban por cuatro calces a dientes y solo era uno. Yo tuve una reunión con el director del IESS Jaime Coello y me dijo, doctor, no puedo hacer nada, esto es político y no puedo botar a nadie”, explica Chávez.

Los delegados de Anticorrupción tienen la película clara: mientras más derivan, mientras más cobra el prestador externo, el político tiene mayor porcentaje y gana más. Por eso nadie hace nada.

Los gastos en insumos es otro tema en donde denuncian despilfarro. “En diciembre del año pasado, en el Hospital del IESS de Portoviejo prefirieron comprar USD 200.000 en papel toalla para baños y no había medicinas para los hipertensos y diabéticos. Hicieron la auditoría, redactaron el borrador y establecieron responsabilidades. Pocas semanas después, anularon esa auditoría y nombraron un nuevo equipo de la Contraloría para que haga otro informe”, indican los Comisionados. En ese momento uno de los responsables del hospital era Marcelo Cadena Vélez, director administrativo y hermano de la asambleísta Karla Cadena. Cadena Vélez hace pocos días salió del cargo que tenía en el hospital.

En Carchi e Imbabura se tapan goteras: Del tío Andresito a la niña Nathy

El reparto político de los hospitales no discrimina regiones ni es exclusivo de las provincias de la Costa. Tampoco es únicamente un espacio destinado a los asambleístas. En Carchi hay un personaje vinculado familiarmente a la ministra de Gobierno, identificado como una figura central en las decisiones que se toman en esa provincia, su lugar de origen, y también en Imbabura, pues es en su capital Ibarra en donde vive.

El 1 de octubre de 2019, Nathalia del Pilar Rosas López, gerente encargada del hospital general de Carchi Luis Dávila, firmó un contrato con Jaime Ramiro Pastillo Andrango, para la impermeabilización de la terraza del hospital, una obra que se repite en los hospitales de las provincias vecinas Carchi e Imbabura.

El contrato que firmó Rosas López fue por USD 254.071 más IVA. Y sobre ese contrato habla Rosas con Andrés Romo Molina, tío de la ministra María Paula Romo, en un audio que circula en las redes sociales:

Simultáneamente, en el hospital de Otavalo, en Imbabura, también se contrató la impermeabilización de la terraza y el control de la fauna urbana, es decir la eliminación de los nidos de pájaros, por USD 112.593.

El asambleísta de CREO Roberto Gómez Alcívar, interpelante del casi fracasado juicio político en contra de la ministra María Paula Romo, hizo público el segundo audio sobre este tema. Aquí habla directamente la ministra, cuando contesta una llamada de “la niña Nathy”:

“Señora ministra, buenas tardes, le saluda Nathalia Rosas, gerente del hospital de Tulcán. Tenga la gentileza, le voy a robar dos minutitos de su tiempo. Quiero comentarle que hoy voy a poner mi renuncia en vista de que me dijeron que era de su parte que el señor Andrés Romo me dice que es por el hecho de no haberle concedido algunos contratos, pues que presente el día de hoy mi renuncia. Él me dijo que era su tío y todo, pero no cabe hacerlo, mas bien a pedirle mil disculpas y agradecerle por la oportunidad que me dio de haber estado aquí…”

– “Mire, la única persona que le puede pedir su renuncia son sus superiores…si sus superiores no se lo piden no tendría que ponerla”.

– “Yo le agradezco mucho señora ministra y mil disculpas por haberla molestado”.

La ministra Romo reconoce que habla en el segundo audio y dice que ha escuchado el primero, en donde interviene su tío. Y al respecto, nos declaró lo siguiente:

“El señor Romo no tiene ninguna responsabilidad ni cargo en el gobierno, por lo que no tiene injerencia alguna en las designaciones. Si tiene alguna relación con la señora con la que habla al teléfono, habría que preguntárselo a él. Como se escucha en la llamada, yo no conozco a la persona que me llamó y no tenía idea de lo que me hablaba. Aunque la llamada me pareció extraña, le resté importancia y no supe más del asunto hasta que Gómez la sacó”.

De quien se habla en este asunto es Andrés Romo Molina, tío de la ministra, quien fue diputado del PRE a fines del milenio pasado y fue destituido del Congreso por haber sido involucrado en la tristemente célebre y recordada “Red Peñaranda”, que fue como el origen del reparto político a los diputados en los 90, hoy convertida en el moderno sistema de prebendas “Arroz Verde”.

Romo se había retirado de la política, pero en las elecciones de 2017 regresó como candidato a la Asamblea, nuevamente en el partido de los Bucaram pero con poca fortuna y aceptación. Perdió.

La ministra Romo niega completamente el reparto de los hospitales: “El gobierno no ha repartido ni hospitales ni ninguna otra instancia de gestión. No es la manera en que funcionamos”.

Los miembros de la Comisión Anticorrupción no piensan lo mismo y dicen que ya es hora de poner fin al reparto. Para conseguir ese resultado, están dispuestos a asumir las consecuencias.

Lea la primera entrega de: El Reparto de los Hospitales.