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Mes: mayo 2020

CORONAVIRUS: JUEGUEN SEÑORES, «DE ESTO NADIE SE VA A MORIR»

El 1 de marzo de 2020, en el Comité de Operaciones de Emergencia (COE), en Samborondón, el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duart dijo que el virus era una “gripe severa” y nadie iba a morir por eso, Ocles y Zambrano estuvieron de acuerdo en que las ciudades no debían parar sus actividades (eso incluía los multitudinarios partidos de fútbol), Zambrano, además, estaba “alarmada” por el uso de mascarillas y Andramuño aseguró que el sistema de salud estaba preparado para enfrentar la emergencia. Al final, el partido de fútbol se jugó con público. A esta decisión poco acertada, se sumaron otras que agravaron la emergencia. El virus avanzó rápidamente y el sistema de salud colapsó. Murieron más de 10 mil personas solo en Guayaquil

CORONAVIRUS: JUEGUEN SEÑORES, «DE ESTO NADIE SE VA A MORIR»

La estrategia de mentirse como vía de escape a las grandes tragedias es una espiral que conoce el país desde su origen. El Ecuador se mintió con la supuesta reivindicación de Tumbes Marañón o la guerra. Lo hizo con la herida abierta en la derrota de 1941. Dejó en el olvido la masacre de mayo de 1959. Fue impune a la crisis económica del año 2000.

Hoy en pleno desarrollo de la pandemia del Sars Cov 19 las autoridades quieren borrar su responsabilidad asegurando que se trata de un azote mundial. Lo único cierto es que el gobierno vivía fuera de la realidad. Solo así puede definirse su acción y de ello existen pruebas contundentes.

Una de ellas es la reunión del pasado 1 de marzo del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) que se realizó en Samborondón y que marcó el destino de Guayaquil y el país para siempre.

Periodismo de Investigación tuvo acceso a un audio de 37 minutos de esa cita que evidencia cómo las autoridades María Paula Romo, ministra de Gobierno; Pedro Pablo Duart, gobernador del Guayas; Alexandra Ocles, secretaria de riesgos; Catalina Andramuño, ministra de salud y varios funcionarios más creían haber controlado la crisis sanitaria en Guayaquil.

 

 

Frases como “de esto nadie se va morir”“estamos en un escenario en que no circula el virus”“deben ser jóvenes sanos quienes vayan al partido de fútbol”“no podemos llegar a un estado en que sitiemos la ciudad”“estamos cumpliendo con protocolos de prevención”, o “debemos confiar en nuestro sistema de salud”, son cruelmente ciertas y las presentamos para que nunca se olvide quiénes son los responsables de los miles de muertos de Guayaquil.

Perdidos en la pandemia con pocas voces que decían peligro, el 1 de marzo abrieron el camino a la mayor desgracia de la historia nacional.

La voz cantante la tuvo el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duart que impuso su criterio con ayuda de funcionarios como Alexandra Ocles y la gobernadora subrogante de Los Ríos, María Fernanda Zambrano.

Textualmente dijo:  “Yo creo que sí debemos de contemplar el escenario de qué va pasar y minimizar el hecho; sí de preocuparnos, pero si minimizarlo: no es que no salgan de las casas, no eventos públicos, no vacacionales, sino mas bien continuemos con las debidas precauciones, este es un tipo de gripe, severa, no soy especialista, no soy doctor, pero lo entiendo así. Hay muchas quejas ciudadanas incluso cuando entre al aeropuerto: yo acabo de regresar de Estados Unidos y no había un solo cartel de corona virus y nadie se alarmó”, dijo.

La intención de Duart era proponer un plan de comunicación basado en mantener la calma, pero cuando alguien intentó interpelarlo lo mandó a callar y dijo: “¡de esto nadie se va morir!”.  Y agregó: “Los que se mueren son las que o tienen diabetes, hipertensión, o tienen VIH, o tienen alguna enfermedad catastrófica severa, o que tengan 70 y pico de años”.

Luego hizo referencia al partido de fútbol que provocó masivamente la transmisión del virus en el puerto: “Yo sÍ creo que debemos de manejar una buena comunicación, incluir a la Secom y ver qué va pasar después. Tenemos un partido de fútbol, de Barcelona, Copa Libertadores creo…el día viernes, cancelar ese evento es un caos para la ciudad. Tenemos vacacionales de niños en toda la provincia del Guayas, cancelarlos sería una alarma innecesaria”, dijo.

Escarmiento social: «cojan un par de presos«

El gobernador intentó fundamentar su pedido con las supuestas acciones que emprendió para evitar el desabastecimiento de insumos como mascarillas y señaló que debían existir detenidos como escarmiento social:

“Estamos realizando, como ya lo dijo Guillermo, controles minuciosos, ayer 450 policías estaban controlando los establecimientos de ventas y distribuidores de farmacias, acompañados de comisarios que vinieron de otros cantones. Eso lo vamos a mantener, a seguir, yo he pedido que cojan un par de presos para que la gente demos el mensaje y se baje…”(sic).

Otro participante, luego de la intervención del gobernador Duart ejemplificó la capacidad de atención médica en la provincia, dijo que al momento el hospital de El Guasmo contaba con 26 espacios  y cuatro para aislamiento y que el personal contaba con todas las medidas de bioseguridad, a más de contar con siete ambulancias operativas.

Por la naturaleza del audio es difícil identificar a todos los participantes pero uno de ellos llamó la atención por estar tan perdido de la realidad (escuche los audios completos). En este momento estamos en un escenario en que no circula el virus, dijo.

Aseguró además que el virus llegó por una paciente del exterior y parece que olvidó las palabras del gobernador Duart cuando aseguró que al llegar al Ecuador desde los Estados Unidos, no existía ningún tipo de control en el aeropuerto de Guayaquil. Entonces añadió:  “El objetivo es la contención, evitar la propagación del virus, por eso el seguimiento de los casos”.

Luego, como si su plan estuviese controlado, comentó: “entonces viene un segundo escenario donde ya detectaríamos un caso autóctono , si se confirma un caso que no viene de fuera. Ese sería un marcador para decir probablemente el virus ya está circulando acá”.

En lo único que ese funcionario acertó fue al asegurar que “en caso de circulación sostenida del virus los sistemas de control no tienen sentido”.

En un momento de la reunión se preguntaron si es correcto evitar la presencia de hinchas en el partido de fútbol de Barcelona contra Independiente del valle, incluso bromearon a un comentario de que en un partido se saludan y se abrazan.

La respuesta fue que deberían asistir los jóvenes sanos de 18 años en adelante”, es decir justo aquellos que por su condición de asintomáticos son quienes provocaron los altos grados de transmisión.

El consenso de los presentes fue que la ciudad debe seguir

  • Todo depende de cómo avance, fue uno de los criterios, mientras hablaban sobre el período de incubación del virus.
  • “La ciudad no puede detenerse, no podemos llegar a un estado en que sitiemos la ciudad y pongamos en cuarentena, no podemos llegar, fue la respuesta.

La gobernadora subrogante de la provincia de Los Ríos, María Fernanda Zambrano, habló de la preocupación y la condición de la paciente cero. Aseguró que los protocolos de seguridad con los relacionados a esa paciente se llevaban muy bien pero “que faltaba responsabilidad de la familia”, dijo.

Fue el momento que pidió ayuda al COE por la situación de la provincia. “No tenemos ambulancias para trasladar enfermos en caso de emergencias. Y es una preocupación que buscamos su ayuda de alguna manera. Era una preocupación ver a toda le gente en Babahoyo con mascarillas, incluso el alcalde y hubo que decirle que el uso de mascarillas era exclusivo para personas con sintomatología”.

Controlar al alcalde de Babahoyo

Luego le tocó la palabra a la secretaria Alexandra Ocles, que estaba preocupada por la emisión de estados de emergencia en los municipios de la Costa. “La primera cosa es que no necesitamos armar Coe para declarar emergencia en una provincia, me comprometo hablar con el alcalde de Babahoyo para frenar ese tipo de acciones”, refiriéndose al impedimento de reuniones sociales en Babahoyo. “Lo que genera es mayor pánico en la ciudad y no necesitamos entrar en esa lógica”, sentenció.

Luego le dio un espaldarazo al gobernador Duart y prácticamente dio semáforo verde al partido de fútbol. Me parece que un trabajo fundamental en este momento cuando Pedro Pablo Duart decía que la vida de la ciudad debe seguir y efectivamente hay acciones que nos permiten dar muestras que estamos cumpliendo con protocolos de prevención, se me ocurre». Ocles en verdad creía que las acciones del gobierno eran acertadas y controlaban la situación.

Mientras Ocles hablaba se incorporó la entonces ministra de Salud Catalina Andramuño; fue presentada por la secretaria de riesgos y continuó con su presentación.

En este pensar y reflexionar si se suspenden o no eventos masivos en ciertas situaciones resulta complejo, sin embargo hay medidas que se pueden tomar que me parece que pueden considerarse para ir dando muestras de que está todo el mundo activado alrededor de los protocolos de prevención. Hoy que veníamos en vuelo de Quito a Guayaquil decíamos: ¿qué tal si TAME, que es una empresa pública, cuando te subes te ponen un poquito de gel en las manos? Esas muestras ya te van tranquilizando, entonces todo el mundo está colaborando frente a un tema común. O en las paradas de la Metrovía, o al ingresar a los restaurantes están haciendo eso, o al ingresar a esos sitios de concentración masiva puede ser una alternativa, hay que ir pensando cuáles son esas iniciativas que nos permiten ir generando tranquilidad en el ciudadano, porque ya vimos lo desaforados que estaban los ciudadanos…”.  

Agregó: “pensemos que esos elementos también que puedan ir generando esa tranquilidad y la confianza del ciudadano en su sistema de salud, es un sistema que funciona, que entiende, que está garantizando los derechos de los ciudadanos…”

La ministra Andramuño prefirió responsabilizar a la población de lo que podía pasar y se enfocó en recordarles a todos que el sistema de salud público había emprendido todos los protocolos.

Dijo que “estoy observando que la gente nos está demandando mucho como Estado y nos está demandando mucho como ministerio y realmente tenemos que hacer una campaña para que también las personas ayuden en las medidas higiénico sanitarias…”.

Para finalizar buscó generar confianza en los presentes, nada había que temer: “Nosotros como sistema estamos preparados, hemos trabajado con antelación, estamos con los protocolos activados, hemos identificado aquellos centros de salud, aquellos hospitales que nos van servir para atender los casos. Estamos abastecidos de medicamentos e insumos, nos hemos preparado. No solamente la parte pública sino también hemos integrado a la parte privada y yo si quisiera que todas las instituciones nos procuramos sobre todo por aquellas noticias, aquellos rumores que realmente es lo que más daño le está causando a la gente…”

CASO INA: SUIZA PIDIÓ LEVANTAR INMUNIDAD A MORENO PARA ENTREGAR INFORMACIÓN

El primer país ya informó la entrega de un cuadernillo con 82 páginas de información pero en varios comunicados la justicia de ese país ha sido clara en señalar que requiere mayor precisión en sus pedidos.

Suiza en cambio ha evidenciado un interés especial de proteger al primer mandatario. El pasado 19 de febrero, cuando se realizaban las audiencias del caso Sobornos – Arroz Verde, la Fiscalía recibió una carta de la Oficina Federal de Justicia de Suiza (FOJ) en que negaba, nuevamente, la entrega de información sobre las cuentas bancarias del presidente y su esposa bajo un falso argumento de inmunidad del presidente ecuatoriano.

La Fiscalía arrancó en marzo de 2019 la indagación contra el actual presidente Lenin Moreno Garcés, su hermano Edwin Moreno Garcés, Conto Patiño Martínez, Xavier Macías Carmigniani, María Auxiliadora Patiño Herdoíza y Ricardo Alemán Alfaro, tomando como base la investigación periodística “El laberinto offshore del circulo presidencial”, publicada por los portales La Fuente y Milhojas (Periodismo de Investigación).

Entre las diligencias dispuestas por la entonces Fiscal Ruth Palacios, constaba el pedido al Servicio de Rentas Internas (SRI), para que emita un informe sobre las compañías Recorsa C.A. y Recorsa S.A., así como de los demás ciudadanos investigados. También se solicitó a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que remita los movimientos financieros de 2012 a 2018, de las compañías y las personas referidas.

En la apertura de la investigación, la Fiscal requirió de igual forma a la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), información sobre los pagos realizados por la empresa china Sinohydro Corporation a la offshore panameña Recorsa S.A, de propiedad de Conto Patiño Martínez.

El 8 de abril de 2019, Diana Salazar tomó posesión como Fiscal General de la Nación. Y respecto al caso ya bautizado como #InaPapers inició haciendo lo que correspondía para los casos de delitos transnacionales.

Para julio de 2019 obtuvo una respuesta por parte de la Procuraduría General de la Nación de Panamá, de su oficina de la Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales.

Con fecha 15 de julio, con oficio dirigido a Patricia Carranco, Directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General del Ecuador, se le indica que lo solicitado por el Estado requirente -esto es “toda la información de todas aquellas empresas que fueron constituidas por los señores Lenin Boltaire Moreno Garcés, Judith Rocío González Navas, Edwin Ovidio Moreno Garcés, Conto Augusto Patiño Martínez, Xavier José Macías Carmigniani, María Auxiliadora Patiño Herdoíza y Ricardo José Alemán Alfaro (de los cuales no se cuenta con mayor información) está formulado en términos generales e indefinidos, por lo tanto, recomendamos al Estado requirente realizar lo pedido a través de las fuentes de cooperación informal que permitirán la confidencialidad necesaria a fin de obtener información expedita, como método de desestimación, descarte y fase preparatoria para posteriormente formalizar una solicitud de asistencia jurídica internacional”.

La recomendación de Panamá continúa: “En ese sentido, el Estado requirente podrá realizar el pedido de información de las empresas por medio de la Red de Recuperación de Activos de GAFILAT(RRAG) y de este modo podrá determinar una especificidad razonablemente limitada que permita al Ministerio Público de la República de Panamá ejecutar acciones concretas… Siendo así estaremos en espera de la información adicional requerida…”, concluye la respuesta firmada por el Secretario de la Procuraduría panameña, Elías Nuñez.

En otras palabras, la Procuraduría de Panamá, oficina que cumple las funciones de Fiscalía, le pidió a Ecuador que sea más específico y le marcó un camino para conseguir la información adicional útil para el propósito de la investigación.

La respuesta del 15 de julio obedecía a un oficio enviado por la Fiscalía de Ecuador el 29 de mayo.

Pero hay otra respuesta más de Panamá. La misma oficina de la Procuraduría responde a Ecuador el 7 de agosto de 2019, refiriéndose en esta ocasión a un requerimiento de fecha 2 de mayo del mismo año, con la “solicitud de asistencia penal internacional No. 030-2019, por el delito de cohecho en contra de Lenin Boltaire Moreno Garcés y otros”.

La Fiscalía de Ecuador le pidió a Panamá que envíe las cuentas bancarias del presidente en ese país. Y la respuesta fue:

“Observamos que lo solicitado está formulado en términos generales e indefinidos. La República de Panamá carece de un Banco Central con facultades para aglutinar toda la información bancaria del país, por lo que sería muy difícil precisar rápidamente si en alguna de las más de 200 instituciones financieras del país será exitosa la acción pretendida, lo que dilataría considerablemente el diligenciamiento”.

Pedidos y respuestas de Panamá

La Procuraduría de Panamá recomendó: “El Estado requirente podrá realizar el pedido de información de las cuentas bancarias por medio de su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a través del grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera y de este modo podrá determinar una especificidad razonablemente limitada, que permita al Ministerio Público de la República de Panamá ejecutar acciones concretas, a fin de evitar una “fishing expedition” y con ello vulnerar el derecho interno, por lo que requeriremos información adicional que defina de manera concreta las acciones por ejecutar en instituciones financieras y cuentas bancarias precisas”.

“Siendo así estaremos en espera de la información adicional requerida”, concluye Panamá.

Panamá pedía un número de cuenta precisa, que la Fiscalía de Ecuador no le dio. Y en Ecuador hasta en memes se viralizó el número de cuenta 100-4-1071378 del Balboa Bank Panamá.

Finalmente, el 26 de diciembre de 2019, la Procuraduría de Panamá respondió a Isabel Garrido Cisneros, secretaria de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, la respuesta al pedido de asistencia judicial hecha por la Fiscal General por la investigación de cohecho en contra de Edwin Moreno y otros. La información llegó en un cuadernillo de 82 hojas. ¿Qué información consta en ese cuadernillo enviado por Panamá?

Consultamos a la Procuraduría de Panamá y su oficina de relaciones públicas confirmó el envío del documento que incluye un cuadernillo con 82 fojas de la información solicitada por la Fiscalía General del Estado.

 

Suiza: Levanten la inmunidad al Presidente

Diana Salazar también envió el 3 de julio de 2019 una solicitud de asistencia penal internacional por este caso, que cruzó el Atlántico y llegó a Suiza. La Oficina Federal de Justicia de ese país respondió desde Berna el 19 de febrero de 2020, a una insistencia hecha desde Ecuador el 23 de diciembre de 2019.

Lo que dice Suiza en su respuesta es: “Sin embargo, como se describe en nuestra carta anterior con fecha 18 de septiembre de 2019, de acuerdo al derecho internacional consuetudinario, el actual presidente del Ecuador, Lenin Boltaire MORENO GARCES, se beneficia de la inmunidad absoluta de la jurisdicción de Suiza.

Por lo tanto, para poder otorgarle asistencia legal en esta materia, las autoridades suizas necesitarían la siguiente información:

  1. Un documento oficial que acredite que la inmunidad de jurisdicción del Presidente Lenin Boltaire MORENO GARCES ha sido levantada explícitamente por la autoridad competente de Ecuador bajo el derecho internacional consuetudinario.
  2. Un documento que pruebe la competencia de la autoridad que ha levantado la inmunidad de jurisdicción de acuerdo al derecho internacional consuetudinario”.

Pero la verdad es que la legislación ecuatoriana no reconoce al presidente inmunidad alguna y en esos términos la Fiscalía le ha hecho conocer a la justicia suiza. La Fiscalía no está obligada a solicitar a ninguna entidad, ni la Asamblea ni la Corte Constitucional,  el levantamiento de inmunidad porque simplemente no existe.

Es decir le basta un informe jurídico para que su requerimiento sea tramitado en Suiza. La fiscal Salazar aseguró que sus pedidos han sido recurrentes pero no detalló qué acciones emprendió luego de la última respuesta de la Oficina Federal de Justicia del pasado 19 de febrero.

Nuestro medio consultó a la La Oficina Federal de Justicia de Suiza respecto a la respuesta remitida a Quito. Sonja Margelist, Subjefe de Información, confirmó haber recibido una solicitud de «Asistencia Legal Mutua de las autoridades ecuatorianas con respecto al asunto que usted menciona. Este es actualmente un procedimiento en curso. Por lo tanto, no se puede proporcionar más información», señala el comunicado.

Las cuentas suizas de la familia presidencial

Para mayo de 2019, en algunos círculos periodísticos ya se hablaba de las cuentas bancarias de la familia presidencial en Suiza. Entonces, el presidente Lenín Moreno y su esposa Rocío González, en una señal interpretada como transparente, solicitaron a la fiscal Diana Salazar, investigar dos cuentas bancarias en Suiza y también la cuenta de Ina Investment en el Balboa Bank de Panamá.

Sin embargo, esa petición de los Moreno González, tan publicitada en los medios, quedaría como un simple tiro al aire, considerando la exigencia de Suiza de levantar previamente la inmunidad que según dice ostenta el primer mandatario.

En efecto, el 8 de mayo de 2019, Lenín Moreno pidió a la Fiscalía que investigue las cuentas a su nombre que tenía entre 2013 y 2016, mientras residió en Suiza y otras cuentas bancarias «que considere pertinentes». En la petición pidió puntualmente investigar la cuenta que tenía como enviado especial de la ONU No. 0900 0000 91-15 8649-3 en el banco PostFinance y la cuenta personal CHO 500279279137003 OB en el UBS Switzerland. 

En la misiva también, pidió indagar la cuenta  100-4-1071378 perteneciente a la empresa Ina Investment del Balboa Bank de Panamá, de la que se realizaron las cuestionadas compras.

El 10 de mayo, la primera dama Rocío González, dirigió carta similar a la fiscal Diana Salazar Méndez, pidiendo investigue la cuenta bancaria a su nombre, mientras vivió en Ginebra.

«Solicito señora Fiscal General, que dentro de la investigación que lleva adelante, se sirva analizar, bajo la respectiva asistencia penal internacional, la cuenta bancaria de la que fui titular, que la aperturé y cerré mientras vivía en el exterior», manifestó. La señora González se refería a la cuenta Nro. 14 -450222-9 CHF, del Banco Post Finance.

Nuestro equipo de investigación revisó la información bancaria referida por la pareja presidencial en el PostFinance, un sistema de pago que se denomina como “el socio confiable para clientes privados y comerciales que buscan administrar de forma independiente sus finanzas”, según su sitio web.

En un reporte de transacciones de la cuenta 0900 0000 91-15 8649-3, emitido el 5 de agosto de 2015, que señala que, a mayo de 2015, tenía un saldo de USD 585.655,89.

El 1 de mayo de ese año, se pagó desde esa cuenta USD 13.000 a la compañía inmobiliaria Besson, Dumont, Delaunay & Cie SA, ubicada en Les Acacias, Ginebra.

Cuatro días después, el 5 de junio, se transfirió a Lenín Moreno USD 14.800,00 a través del sistema E-Finance (finanzas electrónicas); de igual forma USD 5.000,00 a Julio Bueno Arévalo, exdirector de la Sinfónica Nacional y hombre de confianza de Moreno; y a Eduardo Mangas Mairena, exsecretario de la Presidencia de Lenín, por USD 7.000. También hubo una transferencia “para la cuenta 31-90192-6.

Moreno Garcés Lenin Boltaire. Géneve”, por USD 865. El documento no detalla la razón de estas transacciones.

El 20 de mayo de 2015, hicieron alrededor de 12 transferencias, que tenían como beneficiarios a Eduardo Mangas (USD 238.47), Julio Bueno (USD 232,78), Rosángela Adoum (USD 232,78), actual asesora 1 del presidente, Rita Almeida Padilla (USD 81,57), enfermera privada de Lenín. Junto a los nombres de Bueno, Adoum y Almeida, aparece como detalle “pasaje-kr-ge”.

La cuenta realizó giros internacionales al Banco de la Producción S.A. (USD 9.744) por concepto de pasajes, el 21 de junio transfirió a Rubén Patricio Sucuzhañay USD 448 y al mismo Lenín, a su cuenta del Banco del Pacífico por USD 3.793 por “reembolso pasaje Honduras”. Igual a su cuenta “31-90192-6. Moreno Garcés Lenin Boltaire. Géneve”, por USD 5.000 para “pago de tarjeta de crédito”.

0900 0000 1445 0222 9 es otra cuenta de Suiza, manejada por la esposa del presidente Lenín Moreno, Rocío González Navas. El 24 de octubre de 2016, desde Quito, llenaron el “formulario de terminación de cuenta de cliente privado PostFinance”, para que la cuenta fuese cancelada el 30 de octubre de 2016 y, a su vez, la tarjeta física destruida. Como motivo del cierre de la cuenta, señalaron “otras razones”.

Pidieron que, el dinero restante de esa cuenta, sea transferido a otra (026009593) del Bank of America, de New York, EE. UU, que tenía como beneficiario final a Irina Moreno, hija de Lenín Moreno, cuya dirección en Nueva York, es, según el documento, “866 un plaza, suite 516, New York, NY, 10016”.

La Fiscal General Diana Salazar ya despachó exitosamente y con sentencia condenatoria el caso Arroz Verde/Sobornos. Ahora tiene tiempo para seguir con el caso conocido como Ina Papers y su trámite en la Asamblea. De eso depende que uno de los velos más infranqueables en el sistema financiero mundial, por fin se levante. Y nos entregue la información que podría marcar un antes y un después en la lucha contra la corrupción en nuestro país.

LA OTRA PLAGA: LA BUROCRATIZACIÓN DE LA SALUD

Por fin salió a la luz en ciertos medios que el dengue tiene un nuevo brote en el país durante los primeros meses de 2020, pero de eso las autoridades sanitarias no nos hablaron. Como tampoco dijeron que, lamentablemente, contagiarse de dengue y COVID-19 es una posibilidad.

LA OTRA PLAGA: LA BUROCRATIZACIÓN DE LA SALUD

Al parecer las autoridades de riesgos y salud se han limitado a darnos una serie de cifras cuya utilidad en términos del manejo de la epidemia dejan mucho que desear.

¿Cómo llegamos a esto? El gobierno precedente y el actual tienen vela en este entierro.

La situación actual, la pandemia y sus repercusiones, responden a un proceso de determinación social.

El punto de partida es junio de 2012. El Ministerio de Salud Pública del Ecuador emitió el “Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Salud Pública”. Meses antes, desde la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) se emitieron políticas, lineamientos, reglamentos y normas para una nueva gestión del territorio; aquí se lo dividió en circuitos, distritos, y zonas de planificación. Todo esto aupado por el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017.

El nombre del estatuto es largo y parece intrascendente. Sin embargo, definió la nueva institucionalidad del Ministerio de Salud Pública (MSP), que reestructuró a dicha entidad.

Desde la emisión de este estatuto, el ministerio cuenta con: dos viceministerios, cinco subsecretarías, cinco coordinaciones generales, 41 direcciones nacionales, nueve coordinaciones zonales, 90 direcciones zonales.

Además, tiene 140 Direcciones Distritales y cuatro entidades adscritas ( Indot, Acces, Inspi y Arcsa).

Es decir, la nueva institucionalidad también propició la creación de unas entidades y la extinción de otras, como el “Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria” (SNEM).

El “Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria” fue una entidad que se creó el 19 de mayo de 1967 mediante Decreto Supremo.

Tres años más tarde, otro decreto determinó su funcionamiento como dependencia directa (entidad adscrita) del Ministerio de Salud Pública.

En 2003, este servicio cambió de denominación a: “Servicio Nacional de Control de las Enfermedades Transmitidas por Vectores Artrópodos”.

Desde ahí, se encargó del desarrollo de los programas de control de: malaria (paludismo), dengue, enfermedad de Chagas, leishmaniasis, oncocercosis, fiebre amarilla y otras enfermedades trasmitidas por vectores.

El nuevo servicio mantuvo las siglas originales.

El 2 de septiembre de 2014, el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Salud Pública, determinó que el SNEM (entidad adscrita al MSP con autonomía) debía ser parte de la Dirección Nacional de Estrategias de Prevención y Control (ni siquiera de la Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica).

Esto supuso la extinción del servicio, ya que perdió sus atributos como entidad adscrita.

Dejó de funcionar como una instancia y pasó a ser parte de otra. Las funciones del SNEM en los territorios pasaron a las direcciones zonales de vigilancia de la salud pública y a las unidades distritales de vigilancia de la salud pública.

Podemos decir que a más de oficializar la desaparición del SNEM, el estatuto marcó el inicio de una nueva institucionalidad en el Ministerio de Salud Pública.

Esta nueva institucionalidad se caracteriza por implementar o modificar algunas prácticas del ministerio, entre ellas, la contratación del talento humano que trabaja en él. Más allá de honrosas excepciones, esto ha propiciado la contratación de directores/as nacionales, gerentes de proyectos institucionales, coordinadores/as, subsecretarias/os, viceministros/as y ministras/os sin formación y experiencia en salud pública.

Algunos cargos han sido ejercidos por personas sin título que acredite su educación de tercer nivel. La Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP)  denomina a este cargo:

Nivel Jerárquico Superior (NJS), una clase de nombramiento provisional, de libre remoción del que no se tiene certeza de sus competencias porque no ha llegado ahí como parte de una carrera sanitaria (porque no existe tal carrera).

Sin embargo, tiene a su cargo la dirección política, administrativa y técnica de una entidad del Estado.

Es decir, reiteramos, salvo destacables excepciones, quien ocupe un Nivel Jerárquico Superior no está ahí por méritos académicos, tampoco porque sea alguien legitimada/o por la sociedad o colectivos como una autoridad en los temas del área que dirige.

Todos los cargos ejercidos desde el “Nivel Jerárquico Superior” son excluidos de la carrera del servicio público, tal como lo establece la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) en el artículo 83.

Esto, a más de un buen salario, le confiere la competencia de tomar decisiones en salud pública pese a que no tenga la capacidad técnica para hacerlo y tiene más responsabilidades políticas que técnicas.

En estas circunstancias en general muchos de los Niveles Jerárquicos Superiores ostentan su cargo gracias a su capital social y político antes que por su capital académico y de experiencia.

Esto, a su vez, determina que la mayor parte de quienes estén en un cargo directivo, lo ejerza apenas por unos meses. Esta nueva representación de la institucionalidad ha desplazado la figura del/la sanitarista y ha colocado en su lugar al “Nivel Jerárquico Superior”.

Si en Ecuador se implementara la carrera sanitaria esto obligaría a reestructurar el Ministerio de Salud Pública bajo un escalafón y mapa de puestos que proporcione respuestas adecuadas a las necesidades de salud de la población. Manteniendo una remuneración que guarde congruencia con su nivel de formación, competencias, antigüedad, experiencia y resultados de evaluaciones.

La Organización Panamericana de la Salud OMS conceptualiza a la carrera sanitaria como el conjunto de “normas y disposiciones que regulan el empleo público en salud, define la relación laboral de los trabajadores con las instituciones que conforman el componente público de los sistemas de servicios de salud y toma en consideración el indispensable reconocimiento de los derechos de la población en los procesos y actividades de atención de la salud”. Pese a que la propuesta de Código Orgánico de Salud (COS) retoma a la carrera sanitaria, esta no ha podido ser implementada desde 2018 ya que este código aún no se aprueba.

¿Qué repercusiones tiene esto? Lo explico en el siguiente gráfico:

El gráfico es un canal epidémico o endémico. Se construye con el número de casos (de una enfermedad o infección) ocurridos entre los últimos 5 y 7 años. Eso permite delimitar en zonas de colores: verde, amarillo y rojo. La línea y puntos azules muestran los casos ocurridos en el año en curso, es decir 2020. En la semana epidemiológica 11 (la semana comprendida ente el 8 y 14 de marzo) hubo un número de casos que sobrepasó el color rojo, es decir la zona de alarma. Por lo tanto, el gráfico nos alerta sobre un brote o epidemia de dengue en Ecuador que se suma a la pandemia de coronavirus. Recordemos que el dengue también mata.

¿Aún se pregunta qué repercusiones puede existir? Piense en lo que podría suceder si se infecta de dos virus distintos a la vez.

Asimismo, piense en la calidad de la información con la que dispone como ciudadano/a. El Ministerio de Salud no ha podido establecer si existe o no asociación en la letalidad de la coinfección SARS-CoV-2 y dengue.

Considere que el Sistema de Vigilancia Epidemiológica del país cuenta con al menos 5 subsistemas de vigilancia (p. ej., infecciones asociadas a la atención en salud, inmunoprevenibles entre otros), y que cada uno tiene una forma de recoger los datos y un sistema de información distinto.

Por ello no es sorprendente que la información sea inconsistente, inoportuna e inútil para tomar decisiones.

Esta tónica se repite en varias de las direcciones nacionales del Ministerio de Salud. La gestión de la información finaliza con la solicitud de una matriz o informe (a las zonas, o distritos) que le sirve solo a “Nivel Jerárquico Superior” para imprimirla y engrosar la carpeta de su informe de fin de gestión, al fin y al cabo, es un funcionario de libre remoción.

 
 

SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN DE LA PRESIDENCIA EN LA PICOTA

En un duro comunicado al presidente Lenín Moreno la Fiscal General de la Nación le ha dicho que la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia no tiene ninguna utilidad, que entorpece las investigaciones fiscales, que puede alertar a los investigados por actos de corrupción y que esa dependencia presidencial representa un gasto innecesario para las arcas del Estado.

SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN DE LA PRESIDENCIA EN LA PICOTA

La carta, que posee la firma electrónica de la fiscal Diana Salazar, se entregó este 6 de mayo en el despacho del presidente y evidencia lo que todo el país sabía: la Secretaría Anticorrupción es una instancia de ineficiencia y gasto excesivo que aúpa la corrupción.

El comunicado expresa que las actividades investigativas de la fiscalía “se han visto afectadas en varias ocasiones por la información o requerimientos que se efectúan desde la Secretaría Nacional Anticorrupción a los diferentes fiscales que se encuentran a cargo de las investigaciones, así como también por la información que se publica diariamente en redes sociales, sin ser sujetos procesales”.

Dice que ese “accionar causa preocupación, por cuanto, lejos de coadyuvar con la investigación penal alerta a los sospechosos o investigados y eleva el riesgo de fuga con la evidente destrucción de evidencia, siendo necesario salvaguardar la investigación, tanto más, que el propio Código Orgánico Integral Penal en el artículo 584, determina la reserva de la investigación a excepción de los sujetos procesales”.

Le dice además al presidente Moreno que es la Constitución la que establece qué órganos son los que poseen la atribución o la potestad de administrar justicia, en clara alusión de que las acciones de esa entidad de la Presidencia está fuera de la ley.

La carta describe los principios legales que amparan a la FGE en su trabajo: “Como se evidencia en las normas citadas, el marco constitucional y legal que rige la convivencia social en el Ecuador otorga, de forma extremadamente clara, las atribuciones de perseguir delitos mediante el ejercicio de la acción pública penal a la Fiscalía General del Estado, como organismo autónomo de la Función Judicial”.

Aclara que las competencias de la FGE son indelegables y que no puede mediar injerencias de ningún otro ente público estatal.

Agrega que la presencia de esa secretaría puede provocar una relación de dependencia de los fiscales  respecto de otros órganos. “Puede tener un impacto sobre su actuación independiente, tanto en la efectividad e impulso de la investigación, así como en las implicaciones que tenga en el debido proceso”.

CASO INA: SUIZA PIDIÓ LEVANTAR INMUNIDAD A MORENO PARA ENTREGAR INFORMACIÓN

El primer país ya informó la entrega de un cuadernillo con 82 páginas de información pero en varios comunicados la justicia de ese país ha sido clara en señalar que requiere mayor precisión en sus pedidos.

Suiza en cambio ha evidenciado un interés especial de proteger al primer mandatario. El pasado 19 de febrero, cuando se realizaban las audiencias del caso Sobornos – Arroz Verde, la Fiscalía recibió una carta de la Oficina Federal de Justicia de Suiza (FOJ) en que negaba, nuevamente, la entrega de información sobre las cuentas bancarias del presidente y su esposa bajo un falso argumento de inmunidad del presidente ecuatoriano.

La Fiscalía arrancó en marzo de 2019 la indagación contra el actual presidente Lenin Moreno Garcés, su hermano Edwin Moreno Garcés, Conto Patiño Martínez, Xavier Macías Carmigniani, María Auxiliadora Patiño Herdoíza y Ricardo Alemán Alfaro, tomando como base la investigación periodística “El laberinto offshore del circulo presidencial”, publicada por los portales La Fuente y Milhojas (Periodismo de Investigación).

Entre las diligencias dispuestas por la entonces Fiscal Ruth Palacios, constaba el pedido al Servicio de Rentas Internas (SRI), para que emita un informe sobre las compañías Recorsa C.A. y Recorsa S.A., así como de los demás ciudadanos investigados. También se solicitó a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que remita los movimientos financieros de 2012 a 2018, de las compañías y las personas referidas.

En la apertura de la investigación, la Fiscal requirió de igual forma a la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), información sobre los pagos realizados por la empresa china Sinohydro Corporation a la offshore panameña Recorsa S.A, de propiedad de Conto Patiño Martínez.

El 8 de abril de 2019, Diana Salazar tomó posesión como Fiscal General de la Nación. Y respecto al caso ya bautizado como #InaPapers inició haciendo lo que correspondía para los casos de delitos transnacionales.

Para julio de 2019 obtuvo una respuesta por parte de la Procuraduría General de la Nación de Panamá, de su oficina de la Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales.

Con fecha 15 de julio, con oficio dirigido a Patricia Carranco, Directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General del Ecuador, se le indica que lo solicitado por el Estado requirente -esto es “toda la información de todas aquellas empresas que fueron constituidas por los señores Lenin Boltaire Moreno Garcés, Judith Rocío González Navas, Edwin Ovidio Moreno Garcés, Conto Augusto Patiño Martínez, Xavier José Macías Carmigniani, María Auxiliadora Patiño Herdoíza y Ricardo José Alemán Alfaro (de los cuales no se cuenta con mayor información) está formulado en términos generales e indefinidos, por lo tanto, recomendamos al Estado requirente realizar lo pedido a través de las fuentes de cooperación informal que permitirán la confidencialidad necesaria a fin de obtener información expedita, como método de desestimación, descarte y fase preparatoria para posteriormente formalizar una solicitud de asistencia jurídica internacional”.

La recomendación de Panamá continúa: “En ese sentido, el Estado requirente podrá realizar el pedido de información de las empresas por medio de la Red de Recuperación de Activos de GAFILAT(RRAG) y de este modo podrá determinar una especificidad razonablemente limitada que permita al Ministerio Público de la República de Panamá ejecutar acciones concretas… Siendo así estaremos en espera de la información adicional requerida…”, concluye la respuesta firmada por el Secretario de la Procuraduría panameña, Elías Nuñez.

En otras palabras, la Procuraduría de Panamá, oficina que cumple las funciones de Fiscalía, le pidió a Ecuador que sea más específico y le marcó un camino para conseguir la información adicional útil para el propósito de la investigación.

La respuesta del 15 de julio obedecía a un oficio enviado por la Fiscalía de Ecuador el 29 de mayo.

Pero hay otra respuesta más de Panamá. La misma oficina de la Procuraduría responde a Ecuador el 7 de agosto de 2019, refiriéndose en esta ocasión a un requerimiento de fecha 2 de mayo del mismo año, con la “solicitud de asistencia penal internacional No. 030-2019, por el delito de cohecho en contra de Lenin Boltaire Moreno Garcés y otros”.

La Fiscalía de Ecuador le pidió a Panamá que envíe las cuentas bancarias del presidente en ese país. Y la respuesta fue:

“Observamos que lo solicitado está formulado en términos generales e indefinidos. La República de Panamá carece de un Banco Central con facultades para aglutinar toda la información bancaria del país, por lo que sería muy difícil precisar rápidamente si en alguna de las más de 200 instituciones financieras del país será exitosa la acción pretendida, lo que dilataría considerablemente el diligenciamiento”.

Pedidos y respuestas de Panamá

La Procuraduría de Panamá recomendó: “El Estado requirente podrá realizar el pedido de información de las cuentas bancarias por medio de su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a través del grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera y de este modo podrá determinar una especificidad razonablemente limitada, que permita al Ministerio Público de la República de Panamá ejecutar acciones concretas, a fin de evitar una “fishing expedition” y con ello vulnerar el derecho interno, por lo que requeriremos información adicional que defina de manera concreta las acciones por ejecutar en instituciones financieras y cuentas bancarias precisas”.

“Siendo así estaremos en espera de la información adicional requerida”, concluye Panamá.

Panamá pedía un número de cuenta precisa, que la Fiscalía de Ecuador no le dio. Y en Ecuador hasta en memes se viralizó el número de cuenta 100-4-1071378 del Balboa Bank Panamá.

Finalmente, el 26 de diciembre de 2019, la Procuraduría de Panamá respondió a Isabel Garrido Cisneros, secretaria de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, la respuesta al pedido de asistencia judicial hecha por la Fiscal General por la investigación de cohecho en contra de Edwin Moreno y otros. La información llegó en un cuadernillo de 82 hojas. ¿Qué información consta en ese cuadernillo enviado por Panamá?

Consultamos a la Procuraduría de Panamá y su oficina de relaciones públicas confirmó el envío del documento que incluye un cuadernillo con 82 fojas de la información solicitada por la Fiscalía General del Estado.

 

Suiza: Levanten la inmunidad al Presidente

Diana Salazar también envió el 3 de julio de 2019 una solicitud de asistencia penal internacional por este caso, que cruzó el Atlántico y llegó a Suiza. La Oficina Federal de Justicia de ese país respondió desde Berna el 19 de febrero de 2020, a una insistencia hecha desde Ecuador el 23 de diciembre de 2019.

Lo que dice Suiza en su respuesta es: “Sin embargo, como se describe en nuestra carta anterior con fecha 18 de septiembre de 2019, de acuerdo al derecho internacional consuetudinario, el actual presidente del Ecuador, Lenin Boltaire MORENO GARCES, se beneficia de la inmunidad absoluta de la jurisdicción de Suiza.

Por lo tanto, para poder otorgarle asistencia legal en esta materia, las autoridades suizas necesitarían la siguiente información:

  1. Un documento oficial que acredite que la inmunidad de jurisdicción del Presidente Lenin Boltaire MORENO GARCES ha sido levantada explícitamente por la autoridad competente de Ecuador bajo el derecho internacional consuetudinario.
  2. Un documento que pruebe la competencia de la autoridad que ha levantado la inmunidad de jurisdicción de acuerdo al derecho internacional consuetudinario”.

Pero la verdad es que la legislación ecuatoriana no reconoce al presidente inmunidad alguna y en esos términos la Fiscalía le ha hecho conocer a la justicia suiza. La Fiscalía no está obligada a solicitar a ninguna entidad, ni la Asamblea ni la Corte Constitucional,  el levantamiento de inmunidad porque simplemente no existe.

Es decir le basta un informe jurídico para que su requerimiento sea tramitado en Suiza. La fiscal Salazar aseguró que sus pedidos han sido recurrentes pero no detalló qué acciones emprendió luego de la última respuesta de la Oficina Federal de Justicia del pasado 19 de febrero.

Nuestro medio consultó a la La Oficina Federal de Justicia de Suiza respecto a la respuesta remitida a Quito. Sonja Margelist, Subjefe de Información, confirmó haber recibido una solicitud de «Asistencia Legal Mutua de las autoridades ecuatorianas con respecto al asunto que usted menciona. Este es actualmente un procedimiento en curso. Por lo tanto, no se puede proporcionar más información», señala el comunicado.

Las cuentas suizas de la familia presidencial

Para mayo de 2019, en algunos círculos periodísticos ya se hablaba de las cuentas bancarias de la familia presidencial en Suiza. Entonces, el presidente Lenín Moreno y su esposa Rocío González, en una señal interpretada como transparente, solicitaron a la fiscal Diana Salazar, investigar dos cuentas bancarias en Suiza y también la cuenta de Ina Investment en el Balboa Bank de Panamá.

Sin embargo, esa petición de los Moreno González, tan publicitada en los medios, quedaría como un simple tiro al aire, considerando la exigencia de Suiza de levantar previamente la inmunidad que según dice ostenta el primer mandatario.

En efecto, el 8 de mayo de 2019, Lenín Moreno pidió a la Fiscalía que investigue las cuentas a su nombre que tenía entre 2013 y 2016, mientras residió en Suiza y otras cuentas bancarias «que considere pertinentes». En la petición pidió puntualmente investigar la cuenta que tenía como enviado especial de la ONU No. 0900 0000 91-15 8649-3 en el banco PostFinance y la cuenta personal CHO 500279279137003 OB en el UBS Switzerland. 

En la misiva también, pidió indagar la cuenta  100-4-1071378 perteneciente a la empresa Ina Investment del Balboa Bank de Panamá, de la que se realizaron las cuestionadas compras.

El 10 de mayo, la primera dama Rocío González, dirigió carta similar a la fiscal Diana Salazar Méndez, pidiendo investigue la cuenta bancaria a su nombre, mientras vivió en Ginebra.

«Solicito señora Fiscal General, que dentro de la investigación que lleva adelante, se sirva analizar, bajo la respectiva asistencia penal internacional, la cuenta bancaria de la que fui titular, que la aperturé y cerré mientras vivía en el exterior», manifestó. La señora González se refería a la cuenta Nro. 14 -450222-9 CHF, del Banco Post Finance.

Nuestro equipo de investigación revisó la información bancaria referida por la pareja presidencial en el PostFinance, un sistema de pago que se denomina como “el socio confiable para clientes privados y comerciales que buscan administrar de forma independiente sus finanzas”, según su sitio web.

En un reporte de transacciones de la cuenta 0900 0000 91-15 8649-3, emitido el 5 de agosto de 2015, que señala que, a mayo de 2015, tenía un saldo de USD 585.655,89.

El 1 de mayo de ese año, se pagó desde esa cuenta USD 13.000 a la compañía inmobiliaria Besson, Dumont, Delaunay & Cie SA, ubicada en Les Acacias, Ginebra.

Cuatro días después, el 5 de junio, se transfirió a Lenín Moreno USD 14.800,00 a través del sistema E-Finance (finanzas electrónicas); de igual forma USD 5.000,00 a Julio Bueno Arévalo, exdirector de la Sinfónica Nacional y hombre de confianza de Moreno; y a Eduardo Mangas Mairena, exsecretario de la Presidencia de Lenín, por USD 7.000. También hubo una transferencia “para la cuenta 31-90192-6.

Moreno Garcés Lenin Boltaire. Géneve”, por USD 865. El documento no detalla la razón de estas transacciones.

El 20 de mayo de 2015, hicieron alrededor de 12 transferencias, que tenían como beneficiarios a Eduardo Mangas (USD 238.47), Julio Bueno (USD 232,78), Rosángela Adoum (USD 232,78), actual asesora 1 del presidente, Rita Almeida Padilla (USD 81,57), enfermera privada de Lenín. Junto a los nombres de Bueno, Adoum y Almeida, aparece como detalle “pasaje-kr-ge”.

La cuenta realizó giros internacionales al Banco de la Producción S.A. (USD 9.744) por concepto de pasajes, el 21 de junio transfirió a Rubén Patricio Sucuzhañay USD 448 y al mismo Lenín, a su cuenta del Banco del Pacífico por USD 3.793 por “reembolso pasaje Honduras”. Igual a su cuenta “31-90192-6. Moreno Garcés Lenin Boltaire. Géneve”, por USD 5.000 para “pago de tarjeta de crédito”.

0900 0000 1445 0222 9 es otra cuenta de Suiza, manejada por la esposa del presidente Lenín Moreno, Rocío González Navas. El 24 de octubre de 2016, desde Quito, llenaron el “formulario de terminación de cuenta de cliente privado PostFinance”, para que la cuenta fuese cancelada el 30 de octubre de 2016 y, a su vez, la tarjeta física destruida. Como motivo del cierre de la cuenta, señalaron “otras razones”.

Pidieron que, el dinero restante de esa cuenta, sea transferido a otra (026009593) del Bank of America, de New York, EE. UU, que tenía como beneficiario final a Irina Moreno, hija de Lenín Moreno, cuya dirección en Nueva York, es, según el documento, “866 un plaza, suite 516, New York, NY, 10016”.

La Fiscal General Diana Salazar ya despachó exitosamente y con sentencia condenatoria el caso Arroz Verde/Sobornos. Ahora tiene tiempo para seguir con el caso conocido como Ina Papers y su trámite en la Asamblea. De eso depende que uno de los velos más infranqueables en el sistema financiero mundial, por fin se levante. Y nos entregue la información que podría marcar un antes y un después en la lucha contra la corrupción en nuestro país.

LA MÁS GOLPEADA DEL MUNDO: ¿POR QUÉ GUAYAQUIL?

El 4 de abril cayó sábado. Era el día 19 de la cuarentena declarada en Ecuador y esa semana en particular tenía señales claras de que la tragedia estaba golpeando con fuerza los hogares de los guayaquileños. Eran los días en que, al hacer las filas para entrar a los supermercados, la conversación que se escuchaba entre amigos era respecto a los fallecidos conocidos que cayeron por el Covid19 en las últimas horas.

-Anoche murió José. Era un hombre joven, no tenía más de 45.

-Y también el suegro de mi hija. Fue fulminante.

¿Te enteraste lo de la pobre Esther? Con voz alta ponía al tanto de otra desgracia, una mujer por teléfono ubicada más adelante.

En torno a eso giraban los diálogos en Guayaquil. En enterarse de quien había fallecido. Las causas nadie preguntaba, porque ya se suponían. El coronavirus estaba dando sus golpes más fuertes. Y eso se sentía por esos días en las calles, en donde las personas no contestaban preguntas de extraños y muchos ya preferían el silencio. Cosa bastante rara en una ciudad acostumbrada a los gritos, al hablar fuerte y claro casi como un signo de la raza guayaca.

La mayor tragedia en 500 años.

Ese 4 de abril ha quedado marcado como el día récord de la muerte en toda la historia de Guayaquil y la provincia del Guayas, porque 677 personas no pudieron más con la enfermedad. De estos, más de 600 únicamente en Guayaquil.

No existen registros de una tragedia de igual magnitud en los casi 500 años que lleva la ciudad llamándose Guayaquil. Ni los incendios, ni los piratas, ni las epidemias del siglo XVII y XVIII, trajeron tanta muerte junta en apenas 24 horas.

Pero la fecha solo es un detalle para el registro porque la realidad en conjunto se multiplicó hasta llegar al 30 de abril a una cifra que suena irreal: más de 10.000 padres, madres, hijos, hermanos, ricos y pobres, gerentes y obreros, trabajadores y desempleados, o sencillamente hombres y mujeres que todavía tenían una vida por delante, 10.000 de ellos murieron en los meses de marzo y abril de este año 2020 como el efecto mortal de la pandemia del coronavirus en esta zona bautizada sin acta como el Gran Guayaquil y que incluye a Durán, Daule y Samborondón, eternos vecinos y ahora hermanos en el dolor.

La cifra es la más alta que se pueda encontrar en los archivos, pero es estrictamente apegada a la realidad de las inscripciones de defunciones que trae el Registro Civil del Ecuador. Y estremece más cuando se compara con Wuhan, la cuna de la epidemia en China, que registra 3869 fallecimientos por Covid-19 hasta la fecha.

O con Brasil, que, con 210 millones de habitantes, hasta fines de abril contó 5901 muertos, siendo Sao Paulo la ciudad más afectada. Inclusive con Nueva York, que teniendo más muertos, su incremento de mortalidad es del 341% frente al 485% que registra Guayas, incluida Guayaquil, ubicándose con esa cifra como la urbe más golpeada por el coronavirus en el mundo. Hasta ahora y tomando como base las estadísticas de marzo y abril.

La pregunta es: ¿Por qué Guayaquil? Y la respuesta es por una serie de factores.

Los retornados

La migración nos jugó en contra. Y la casualidad hizo que justo en un mes de vacaciones para toda la Costa, febrero, el virus aterrizó en el país adentro de los cuerpos de algunos de los miles de viajeros que arribaron por el aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Y no fue precisamente el 14 de febrero, con la tantas veces mencionada y publicada en redes Paciente Cero, la señora migrante de Babahoyo que llegó de España y tuvo las típicas recepciones sociales de bienvenida, como es la costumbre. Pero la Paciente Cero no fue la responsable de la expansión del virus en Guayaquil.

Luis Sarrazín, ex ministro de Salud y parte del equipo de expertos conformado por el municipio de Guayaquil tiene una certeza: el brote de coronavirus en Guayaquil se originó en Samborondón.

Y lo explica en que muchos de sus habitantes de clase alta y media alta, habían regresado de sus vacaciones en Europa y Estados Unidos. Algunos de ellos, contagiados. Luego participaron en eventos sociales y otras actividades en donde diseminaron el virus, tanto entre invitados como entre empleados. “Debido al desorden completo de sus habitantes se diseminó la pandemia de una forma rápida”, dijo Sarrazín.

Esto lo confirma el gobernador del Guayas, Pedro Duart, quien indicó que muchos ciudadanos de Samborondón “continuaron haciendo lo que les daba la gana y no acataron las medidas cuando ya fue decretada la pandemia”.

Y es que la entrada del coronavirus por el aeropuerto Olmedo fue libre. Tanto, que los infaltables bromistas de las redes hicieron un meme del solitario empleado sanitario a quien el Ministerio de Salud le puso una escuálida mesa de control a la salida del aeropuerto.

“Nos fallaste flaco”, decía el chiste. Gracioso y todo, la imagen era un reflejo de la precariedad del cerco epidemiológico que se intentaba aplicar esos días con un flujo intenso de viajeros retornados. Casi nada.

El dichoso control epidemiológico resultó un espejismo, dice el periodista Cristian Zurita. “Mientras funcionarios armaban un discurso técnico sobre el cerco que rodeaba a la paciente cero, a Guayaquil entraban centenas de personas de todas las latitudes del mundo”.

En realidad, miles, según el matemático Fernando Sandoya quien maneja la cifra de 24.249 personas que arribaron al país desde España, Italia y de Estados Unidos solo en la primera quincena de febrero. La mayoría, 18.135, desde Estados Unidos. “Los viajeros diseminaron el mal, mientras las autoridades vigilaban su propia burbuja”, resume Zurita.

Algo que complementa el médico salubrista Esteban Ortiz. “Con la llegada de los migrantes, eso implicaba una reunión social, la bienvenida. Eso es una tradición”, lo que propagó a una velocidad inusitada el virus y determinó que en apenas quince días o tres semanas el nivel de contagio haya llegado a picos no calculados por nadie.

Y eso explicaría, por ejemplo, el bajísimo nivel de la enfermedad que sufre Venezuela, para sorpresa de todos. “Venezuela ya estaba bloqueado, con sus vuelos reducidos, líneas aéreas que ya no llegaban y un turismo casi en cero. Les benefició que el flujo migratorio estaba prácticamente detenido”, explica el matemático Fernando Sandoya.

El dengue. Un virus nuevo cayó en tierra con un virus viejo

La primera noticia al respecto al dengue nos llegó desde Londres, en una publicación de la BBC: «La pandemia de covid-19 llega a América Latina cuando otras epidemias y brotes que han azotado a la región por generaciones siguen estando allí», dijo a BBC Mundo la doctora Josefina Coloma, investigadora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de California, Berkeley, y miembro del comité asesor de la OPS.

«Este es el problema de la llamada ‘doble carga’ de dos enfermedades, como dengue y covid-19, que se pueden dar al mismo tiempo, en las mismas personas y en los mismos lugares». Y eso es lo que podría estar ocurriendo en Guayaquil, dice la investigadora.

«No tenemos datos específicos, pero pensamos que tiene que ver con esta doble carga», analiza. «Si ves las tablas epidemiológicas que publica Ecuador, la curva de dengue era muy alta (a principios de año) y de pronto en marzo, cuando empezó el covid-19, (el dengue) bajó a cero. Y no es que haya bajado a cero, sino que el sistema de salud se satura y nadie está realmente siguiendo específicamente los casos de dengue”.

La hipotésis del dengue no es respaldada por no encontrar bases que la sustenten por parte del salubrista Esteban Ortiz, pero sí por el epidemiológo Marco Fornasisi, que encuentra en la suma del dengue y el Covid una “posibilidad muy alta” que explique el alto nivel de mortalidad que explotó en Guayaquil. “Es difícil establecerlo a ciencia cierta, porque no se están haciendo los análisis a los cuerpos de los fallecidos, pero tiene sentido”, nos dice Fornasini.

El 19 de marzo, diario Expreso publicaba que en comparación al 2019, los primeros meses del 2020 trajeron un incremento de casos de dengue del 1000%. Y un año atrás, en marzo de 2019, en La Historia reportábamos la protesta por su despido de 300 trabajadores del Ministerio de Salud que precisamente realizaban fumigaciones para evitar los criaderos de mosquitos. Toda acción trae una consecuencia.

La política y la corrupción

Para el 22 de marzo, los hospitales y las clínicas privadas de Guayaquil ya estaban colapsadas y sin posibilidad alguna de recibir ni un paciente más. Todo estaba lleno y las Emergencias se repletaban con personas que no podían respirar. Habían pasado apenas seis días desde que en la noche del 16 de marzo, el presidente Lenin Moreno anunció el Estado de Excepción, el cierre de fronteras y la suspensión de las jornadas laborales, comenzando oficialmente la cuarentena.

¿Por qué en menos de una semana el sistema de Salud de Guayaquil ya no pudo más? ¿Pudo haber estado mejor preparado el sistema hospitalario? ¿Se pudieron evitar muchas de las muertes que se dieron dentro de las casas de los enfermos, porque no fueron recibidos en ninguna casa de Salud?

Las respuestas que tenemos es que sí era posible hacer mucho mejor las cosas. Y estaba en las manos de las autoridades del gobierno realizarlo.

El coronavirus golpeó más en Guayaquil porque la ciudad ya era víctima, desde años atrás, de otro virus invisible: la corrupción. Tanto era así que apenas un mes antes que ataque la pandemia, el 19 de febrero, el Contralor Pablo Celi declaraba que los hospitales Teodoro Maldonado, Los Ceibos y Guasmo Sur entraban a una vigilancia especial por las irregularidades y malversación de recursos que se cometían en sus contrataciones. Justamente estos tres hospitales fueron los designados por el gobierno para recibir a los enfermos de Covid-19 en esta emergencia y son estos tres hospitales en donde más han fallecido las víctimas del Coronavirus en Guayaquil.

Fue en el Teodoro Maldonado en donde se grabaron videos macabros con cadáveres en fundas negras amontonados en el piso; fue en el hospital del Guasmo en donde se denunció que para encontrar el cuerpo de un fallecido, sus familiares tenían que pagar hasta USD 100 a un “gestor”; fue en el hospital de Los Ceibos en donde a un periodista que agonizaba le robaron su billetera, celular y reloj y hasta después de haber muerto, seguían sacando dinero de su cuenta con la tarjeta de débito que le habían sustraído.

Con los antecedentes que traían estos hospitales, lo que ha pasado durante la pandemia parece una secuela del modus operandi de la corrupción que ya mandaba en su interior.

¿Por qué los hospitales cayeron en administraciones corruptas? Sobre el tema hubo varias denuncias que publicamos en sendos reportajes en La Historia y Periodismo de Investigación.

El primero fue “El hospital desahuciado por la corrupción”, refiriéndonos justamente al hospital del IESS Teodoro Maldonado, publicado el 30 de octubre de 2019:

Después siguió, el 19 de diciembre de 2019, el reportaje “Arroz Verde en la Salud: El reparto de hospitales”, en donde aparecían los nombres de Asambleístas de Manabí y Santo Domingo involucrados en el manejo político de las casas de Salud.

La última parte se subió este año, el 20 de enero, https://periodismodeinvestigacion.com/2020/01/20/la-tragedia-de-los-rios/

Y las publicaciones se quedaron cortas. Luego llegó información de que el mismo sistema de reparto se ejecutó en Guayas, El Oro, Chimborazo y otras provincias.

El gobierno de Lenin Moreno no acepta haber ejecutado ningún reparto. La ministra María Paula Romo nos dijo que “el gobierno no ha repartido ni hospitales ni ninguna otra instancia de gestión. No es la manera en que funcionamos”. Por esos días también se hizo pública una grabación de audio en la que el tío de Romo, Andrés Romo, habla con la gerente del hospital de Tulcán, sobre la adjudicación de contratos. Luego, la misma Gerente llamó a la ministra Romo para informarle de la novedad de la injerencia de su tío.

“El señor Romo no tiene ninguna responsabilidad ni cargo en el gobierno, por lo que no tiene injerencia alguna en las designaciones. Si tiene alguna relación con la señora con la que habla al teléfono, habría que preguntárselo a él”, dijo la ministra a La Historia y Periodismo de Investigación.

El 15 de enero habló Paúl Granda, entonces presidente del directorio del IESS:

“No vamos a permitir que los hospitales sean cuota política de nadie”, declaró.

“Si es que existe un manejo político o un manejo interesado para beneficiarse de uno de nuestros hospitales para adquirir medicamentos a la voz del Carnaval, no lo vamos a permitir. Vamos a proteger hasta el último centavo de los afiliados”, dijo en ese momento Granda, quien tres meses después dejó el cargo en medio de un escándalo por la compra en el IESS con sobreprecios de hasta el 300% de mascarillas N95 en medio de la emergencia por el Coronavirus.

El jefe de Gabinete, Juan Sebastián Roldán, también se refirió al tema del reparto de hospitales el pasado 18 de febrero. Ni lo confirmó ni lo desmintió. “Que yo conozca, no hay reparto. Y si se demuestra, las personas tendrán que responder dentro y fuera del gobierno”.

Pero ese mismo día dijo algo determinante: “Sí hay dinero para medicinas. El problema es que o se va en corrupción o en mala administración”.

Una de las dificultades y freno para el desarrollo que sufre el país es la impunidad que sigue siendo la marca principal del sistema de justicia. Roldán dijo que “si se demuestra” el reparto, alguien tendrá que responder.

El problema es que nadie ha investigado el hecho o se ha tomado el trabajo de tratar de demostrarlo, ni siquiera la Fiscalía a la que han llegado denuncias por parte de la Comisión Anticorrupción. Esa es una queja del ex Coordinador de dicha Comisión, Jorge Rodríguez.

“Lo malo es que hasta la presente fecha, la Fiscalía sigue con la denuncia guardada que hizo la Comisión Anticorrupción en junio del año pasado y no hay un solo proceso que avance para meter presos a los que están metidos en esto y son políticos que desde la Asamblea y desde afuera apoyan a este gobierno”, dijo Rodríguez.

La Fiscal General Diana Salazar, implacable y diligente en el caso #ArrozVerde/Sobornos, en el que ya existe sentencia, no tiene hasta ahora ningún resultado concreto para enseñar del reparto político de hospitales.

Tampoco aceptó hablar con La Historia y Periodismo de Investigación al respecto. Quien sí habló fue una autoridad del gobierno que, a cambio de mantener su nombre en reserva, confirmó que lo del reparto era un hecho cierto, dando detalles y más nombres de involucrados.

Tanta notoriedad ganó el tema que hasta Rafael Correa tuiteó el pasado 23 de abril: “Ahora prioridad es salvar vidas, pero jamás olvidar: Convirtieron sistema de salud en BOTÍN POLÍTICO. Manabí ha tenido en último semestre 5 coordinadores de Salud, respondiendo a cuotas políticas”.

Un público lavado de manos que es rechazado por Julio Villacreses, de la Comisión Anticorrupción de Manabí: “Este es el campeón de los cínicos porque el sistema del reparto como un botín comenzó en su gobierno, él lo instauró y lo continuó Moreno.

Todos los asambleístas a los que se repartieron hospitales, fueron correístas, luego morenistas y ahora ya ni se sabe”.

¿Qué tanto daño ha hecho la corrupción en las circunstancias actuales de emergencia? Jorge Rodríguez lo pone sencillo: “El IESS invierte al año USD 500 millones en medicinas y de eso se roban por lo menos USD 200 millones en sobreprecios. ¿Usted sabe cuántos respiradores pudieron comprarse con ese dinero? ¿Tenemos una idea de cuántas camas más para Cuidados Intensivos pudieron sumarse con esa cifra? La corrupción también mata porque con toda seguridad si no se hubiesen robado esa plata, mucha gente que falleció sin ser atendida estaría hoy viva”.

El problema es que todo nace desde las cabezas del poder, advierte el legislador no querido de CREO, Roberto Gómez, una voz solitaria que denuncia el reparto de la Salud como botín político entre sus colegas.

“¿Quién pone a la ministra Romo? ¿Quién designa a la ministra Andramuño? El presidente Moreno, el mismo que termina felicitando a Paúl Granda por su trabajo en el IESS, cuando este se va en medio de un escándalo de corrupción por la compra de mascarillas”.

No solo actores de la política apuntan a la corrupción como un factor determinante para lo mal que lo hemos pasado. El epidemiólogo Marco Fornasini también tiene una “muy mala impresión del Ministerio de Salud. Creo que es un nido de corrupción tremendo”.

Cómo se manejarían las cosas en ese Ministerio, que el ex asesor presidencial Santiago Cuesta reconoció muy suelto de huesos que él había puesto a la ministra de Salud  Catalina Andramuño y que Jhony (Juan Rodríguez Malo), yerno del presidente Lenín Moreno, incidía en el sistema de salud.

La primera cabeza que rodó por el desastre en el manejo de la crisis, fue justamente la de Andramuño. De los trasfondos de la designación de Andramuño no dio detalles Cuesta. Eso no impide que personas entiendan la situación.

La directora de Televisión Catrina Tala lo observa así: “Ningún país estuvo preparado para enfrentar esta pandemia. Ninguno. Pero eso no justifica la precariedad de nuestro sistema de salud, que hace años fue entregado a mafias y sigue en manos de ellas. Se han rifado los hospitales y los responsables siguen fuera. Impunidad total”.

Exceso de confianza

Quien lo declaró a un noticiero internacional a manera de confesión de un pecado venial fue el prefecto del Guayas, Carlos Morales: “Nos confiamos”. A principios de marzo, a nadie se le cruzaba por la mente que Guayaquil sería dos semanas después un protagonista mundial de noticias decadentes. Y es que febrero fue un mes especial, lleno de regresos de viajeros, vacaciones y fiestas de los graduados de los colegios, en grandes salones de 500 o hasta más invitados.

Tan normal era todo que las fiestas de Carnaval de este año, que empezaron el 22 de febrero y continuaron el 23 y 24, tuvieron un gasto elevado -más de USD 3 millones- por parte de municipios en todo el país, para la contratación de artistas que se presentaron al aire libre en grandes espacios, escogidos especialmente para que acudan la mayor cantidad posible de personas. Nadie reparó que para esas mismas fechas, Italia encendió la alerta roja por la llegada del Coronavirus y tomó la medida extrema de suspender el Carnaval de Venecia cuando estaba en pleno desarrollo, una medida que resultó tardía para ellos también si tomamos en cuenta sus números fatales.

La primera alerta con impacto en Ecuador se dio el 29 de febrero cuando la entonces Ministra Catalina Andramuño confirmó el primer caso de contagio de Coronavirus en Ecuador, la denominada Paciente Cero. Fue entonces que las farmacias ese día se abarrotaron de gente que buscaba comprar mascarillas y el Ministerio de Gobierno prohibió los eventos masivos. Pero fue un susto que duró pocas horas.

Las autoridades comenzaron a dar discursos llamando a la tranquilidad y así comenzó marzo, intentando llevar las actividades de la manera más normal posible, como si ningún virus hubiese llegado a la ciudad.

Con esa lógica se autorizó la presencia del público para el partido del 4 de marzo de Copa Libertadores Barcelona-Independiente, al que acudieron casi 20 mil personas.

Fue una medida polémica porque el 29 de febrero el Ministerio de Gobierno había dispuesto lo contrario y se dejó sin efecto la prohibición para Guayaquil.

“El peor virus es el miedo”, sentenció entonces el gobernador del Guayas Pedro Duart. En Italia, los especialistas han dicho que la realización del partido de la Champions Atalanta-Valencia, que se jugó el 19 de febrero en Milán, tuvo los efectos de una “bomba biológica”, al ser señalado como el gran detonante de la pandemia en Italia y España, considerando que los equipos eran de esos países al igual que los hinchas que acudieron al estadio milanés San Siro. En Guayaquil hasta ahora nadie ha dicho lo mismo del partido de Copa Libertadores, pues todos los comentarios se han centrado en el desastroso juego que presentó Barcelona esa noche. Pero la frase del gobernador Duart quedó marcada, aunque ahora él sostiene que “no creo que el partido sea el motivo para que se desprestigie mi trabajo en la Gobernación. Epidemiólogos están trabajando para conocer las verdaderas causas”.

Marzo seguía avanzando y los eventos no se detenían en Guayaquil. El 12 de ese mes se desarrolló uno con casi mil personas en el Teatro Centro de Arte, para escuchar y ver juntos a Jaime Nebot y el jefe del gabinete Juan Sebastián Roldán. El encuentro político tuvo éxito, considerando la asistencia. Y al día siguiente el gobierno decidió finalmente suspender todo acto masivo.

Pero la prohibición quiso ser burlada por mucha gente, reconoce el gobernador Duart, quien el 14 de marzo tuvo que personalmente acudir a cinco matrimonios con cientos de invitados en Samborondón, para terminarles la fiesta. Duart conoce que muchos de los invitados se contagiaron en esas recepciones y algunos murieron.

Para el 18 de marzo, cuando la alcaldesa Cynthia Viteri tomó la decisión radical de invadir con camionetas la pista del aeropuerto de Guayaquil, para impedir el aterrizaje de un avión de Iberia que venía solo con su tripulación, la acción desesperada ya lucía tarde y sin mucho sentido.

La desunión

Justamente la acción arrebatada de la alcaldesa de Guayaquil al cerrar a la fuerza la pista del aeropuerto, fue la primera señal inequívoca de que esta tragedia no serviría para nada al objetivo sensato en estas circunstancias, de que las autoridades de la ciudad, las del gobierno y los políticos nacidos aquí que quieren llegar a la Presidencia -los tres mencionados en encuestas-, se unan con el mismo objetivo: intentar que el fuerte golpe que recibiría Guayaquil, duela lo menos posible. Pues no. Y no fue posible porque ninguno de los que estuvieron llamados a liderar la causa, dio el primer paso en ese sentido.

Las miles de muertes duelen y seguirán doliendo por un largo tiempo, pero las escenas de los políticos, cada uno por su lado, intentando con sus acciones aisladas paliar los estragos de la pandemia y quedar bien al mismo tiempo, molestan, porque esos egoísmos finalmente sí causan daño, al desparramar esfuerzos que unidos podrían ser realmente efectivos y no lo que terminaron siendo, campañas débiles que no estuvieron listas con sus resultados en los momentos más cruentos de la tragedia.

Esa deuda queda pendiente y se une a tantas otras que tienen los políticos con Guayaquil. Y con el país. Nuestros muertos son parte de esta historia, podrán ser expulsados de los registros oficiales, pero no de la memoria y del recuerdo colectivo.