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Mes: julio 2020

LOS PAPELES SECRETOS DE CHINA

No conformes con la condena al silencio sobre estas operaciones, las autoridades de China “recomendaron” al gobierno de Rafael Correa, limpiar informes de Contraloría, investigar y sancionar a quienes difundiesen esa información. A partir de esta publicación entregamos a la ciudadanía los documentos cuya condición de reserva estuvo dirigida a ocultar una gigante trama de corrupción aún no investigada por la justicia.

Las condiciones financieras de los créditos y los términos comerciales de los contratos de provisión de petróleo fueron totalmente reservadas. Esa fue una de las condiciones que impuso China al Ecuador para firmar los contratos de desembolsos pagados con petróleo.

El Gobierno de Rafael Correa, por supuesto, cumplió la exigencia rigurosamente: en octubre de 2010, dos meses después de firmada la primera línea de crédito por $ 1.000 millones, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) declaró secretas y reservadas todas las operaciones de endeudamiento público.

El exministro de Economía y Finanzas, Carlos De la Torre, en declaraciones que El Universo recogió, confirmó que fueron los bancos chinos quienes pidieron la confidencialidad de los créditos.

«No querían que se sepa en qué condiciones le entregaban (créditos) al Ecuador porque, si no, ellos tendrían que responder ante terceros países entregándoles condiciones similares», dijo De la Torre.

Pese al secretismo y la falta de transparencia que rodean la operaciones con China, este portal ha revelado que las líneas de créditos fueron contraídas en condiciones no beneficiosas para el país.

«YO NO AUTORICÉ LA FIRMA DE ESE CONTRATO»

En abril de 2016 el portal Focus publicó una nota y reveló en un video los detalles de la Línea de Crédito IV, de $ 2.000 millones, negociada con el China Development Bank (CDB). Con ese préstamo se comprometió 181 millones de barriles a Petrochina que deben entregarse desde 2018 hasta 2026.

La publicación señalaba que el contrato era lesivo por los altos intereses (7,5%) que el país debía pagar y por el perjuicio que generaba la intermediación petrolera, pues China, que recibía el crudo ecuatoriano a precios menores a los del mercado, luego lo revendía a terceros a precios superiores.

El video, además, explicaba que el contrato de préstamo evadió los procedimientos regulares de contratación de Petroecuador y que firmó una carta de garantía soberana que le daba a China la potestad de embargar el crudo ecuatoriano en cualquier parte del mundo.

Una de las ilegalidades de esa operación lo confirmó el entonces ministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli (ahora en prisión) que acusa de haberse suscrito el contrato de provisión de 181 millones de barriles con Petrochina, vinculado a la línea de crédito de $2 mil millones del CDB, sin contar con la autorización del directorio de Petroecuador, presidido por él.

“Yo no autoricé la firma de ese contrato”, enfatizó Pareja, quien sostiene esta acusación en la cooperación eficaz suscrita con el exfiscal Carlos Baca Mancheno, documento olvidado en algún escritorio fiscal.

La publicación del video disgustó enormemente al CDB, tanto, que enviaron un oficio al entonces subsecretario de Financiamiento Público del Ministerio de Finanzas, William Vásconez Rubio, solicitando explicaciones y pidiendo la colaboración para investigar la “revelación inadecuada de información confidencial de la Línea IV de crédito”.

Periodismo de Investigación accedió a ese oficio de mayo de 2016. En el documento, Wang Hongjun, sub-apoderado de la Misión Residente del Banco de Desarrollo de China en Ecuador, pide que se investigue la “revelación inadecuada de información confidencial de la Línea IV de crédito”.

Según Hongjun, el video reveló detalladamente las condiciones financieras, estructura de transacción y causó daños a la imagen de Alianza País, de Petroecuador, Petrochina y del CDB, porque contenía “ataques, distorsiones e incluso calumnias hacia nuestra cooperación de la Línea IV”.

En la misiva CDB-ECU-2016-001, el banco chino hace cuatro pedidos puntuales.

El CDB advirtió que “de continuar difundiéndose entre el pueblo ecuatoriano” el video “la posterior cooperación sino-ecuatoriana se arriesgaría a quedarse afectada” y pidió que se investigue quiénes y en qué canales se reveló la información, además de que se evalúe la “influencia negativa causada por la difusión inadecuada de este video y proponernos adecuadas medidas a tomar para mitigar en la mayor medida posible la potencialidad de consecuencias negativas”. 

En el mismo renglón, China ordenó al Ministerio de Finanzas “aclarar y responder públicamente” a la publicación del portal Focus, enfatizando que la cooperación china-ecuatoriana era de beneficio mutuo y con ganancia recíproca.

Recalcaron que las altas autoridades del CDB “conceden suma importancia al evento de esta divulgación inadecuada” por tanto esperaban que se les notifique detalladamente el resultado de la investigación y las propuestas para solucionarlo, aclarando que esas soluciones debían ser “satisfactorias” para el CDB.

El CDB además solicitó a William Vásconez los informes con “calificaciones positivas” elaborados por la Contraloría General del Estado sobre las tres líneas de crédito anteriores, “con reconocimiento de que los términos y condiciones financieras de los préstamos de CDB han sido entre los mejores de todos los convenios de créditos que el Estado ecuatoriano ha contraído en las últimas tres décadas”.

LOS CONTRATOS DE PETROCHINA GLOSADOS 

En 2013 la Contraloría General del Estado emitió el informe DA3-0015-2012 que establecía que el país perdió $ 39,1 millones en el primer contrato de compraventa de crudo, firmado en 2009 con Petrochina.  Por esto, la Contraloría predeterminó glosas por $ 39 millones a cinco funcionarios de Petroecuador.

En marzo de 2013, la Contraloría General del Estado aprobó el informe DA3-0015-2012 que predeterminó glosas a cinco funcionarios de Petroecuador: Luis Aurelio Jaramillo Arias, entonces presidente Ejecutivo; Manuel Elías Zapater Ramos, a la fecha gerente General; Susana Cristina Bustos Navarrete, de la Jefatura de la Comercialización; Nielsen Giordano Arias Sandoval, entonces subgerente de Comercio Internacional y Mario Danilo Aldana Vargas, también de la Gerencia de Comercio Internacional.

La glosa de $39.1 millones fue repartida así: $ 34.45 millones impuestos a Luis Jaramillo, Susana Bustos Navarrete y Mario Aldana Vargas, por vender el petróleo con premios muy bajos.

$2.4 millones para Luis Jaramillo y Mario Aldana y 90.134,70 para Manuel Zapater y Nilsen Arias, por negociar en condiciones desfavorables y sin estudios técnicos la calidad de los crudos Oriente y Napo.

Otros $ 2.079.699,80 perdió Petroecuador por no establecer correctamente las cotizaciones de los precios del crudo. Por esta observación se predeterminó glosas en $1.933.461,91 a Luis Jaramillo y en $ 146.237,89 a Manuel Zapater.

Este documento en la era de Carlos Pólit fue criticado con fuerza. Jorge Glas se apresuró a desmentirlo en cadena nacional, insistiendo que no hubo perjuicio para el país y amenazó con enjuiciar al entonces asambleísta Cléver Jiménez y al periodista Fernando Villavicencio que insistían en que los acuerdos de comercialización de crudo perjudicaban a Petroecuador.

DESVANECEN LA GLOSA DEL CONTRATO DE PETROCHINA

Glas dijo, en agosto de 2013, en un correo electrónico, dirigido a Alexis Mera, Fernando Alvarado y Rafael Correa, que el informe de Contraloría había sido “aclarado y desvanecido”. A esa fecha, eso aún era un pedido.

Esto ocurrió recién en marzo de 2016, un mes antes de la firma del contrato de crédito de la Línea IV, el entonces subcontralor general del Estado, Pablo Celi concretó los deseos de Glas y los chinos y desvaneció la glosa. De mantenerse en pie ese informe de Contraloría las futuras líneas de crédito y/o preventas podían tambalear.

La Contraloría, en su examen que fue tirado al tacho de la basura, dijo que el país vendió el crudo con premios y diferenciales inferiores a los del mercado internacional, pues fijó los premios “sin respaldar los aspectos técnicos, económicos y comerciales que justifiquen que (…) fueron los más convenientes”, además de que el crudo vendido por Petroecuador no iba a las refinerías de Petrochina.

El informe mencionó la participación de una empresa (Taurus) como intermediaria en los embarques y traslados del crudo adquirido por Petrochina a otros países, lo que llevó a contemplar la posibilidad de que la estatal china podría estar revendiendo el crudo a precios superiores a los comprados a Petroecuador.

Tres meses después de desvanecida la glosa, los Papeles de Panamá revelaron que, en la primera venta de crudo, Enrique Cadena Marín y Jaime Baquerizo Escobar recibieron comisiones de $1 dólar por cada barril de crudo vendido a Petrochina. La intermediación fue manejada a través de las empresas Castor Petroleum Ltd., Gunvor Group Ltd., Waterway Petroleum y Eston Trading Ltd.

LOS DOCUMENTOS RESERVADOS 

Los documentos confidenciales de la Línea de crédito IV a los que este medio tuvo acceso dan cuenta que una de las exigencias de China era la confidencialidad. De hecho, su cumplimiento era una condición determinante para avanzar en las negociaciones, según la minuta de entendimiento, firmada por Xu Yan, director del CDB; Li Shuai, gerente de Comercio de Petrochina; Nilsen Arias, gerente de Comercio Internacional de Petroecuador.

Las actas confidenciales establecen una línea de tiempo de las negociaciones desde 2014, cuando el CDB visitó al Ministerio de Finanzas y “mostró apertura” para una nueva línea de cooperación, para septiembre de ese año.

En diciembre de 2014, se realizaron los primeros acercamientos para iniciar las negociaciones. Entre el 7 y el 11 de septiembre de 2015 una delegación del Ministerio de Finanzas viajó a China y propuso una nueva oferta de negociación de crudo que el CDB se comprometió a analizar.

En noviembre de 2015, funcionarios del MEF y Petroecuador viajaron a Beijing para insistir en la oferta de comercialización de crudo y detallar los tiempos de explotación y volúmenes que serían parte de la negociación. A partir de esa fecha, la negociación continuó con intercambios y requerimientos de información.

El 11 de enero de 2016, la delegación del Ministerio de Finanzas y Petroecuador viajó a Beijing a firmar el contrato de préstamo. 16 días tardaron las negociaciones en la matriz del CDB.

El 14, 18, 20 y 21 de enero se sumillaron los términos financieros de la Línea IV impuestos por el CDB. El 26 de enero de 2016, Petroecuador presentó una nueva propuesta de cobertura de crudo que, finalmente fue aceptada por el CDB.

Desde el 3 de marzo al 11 de marzo de 2016, representantes del CDB, Petroecuador y Petrochina se reunieron en Beijing para discutir los términos del préstamo. Finalmente acordaron que la deuda se pagaría con dos contratos de venta de 181.440.000 barriles repartidos entre Petrochina y Unipec, a ocho años plazo más dos de gracia.

“La forma del contrato de compraventa se ajustará sustancialmente a los contratos anteriores entre Petroecuador y Petrochina Int. y deberá ser de forma y sustancialmente satisfactoria para el CDB”, dice la minuta de entendimiento.

Finalmente, en abril de 2016, en medio de la tragedia que enfrentaba el país por el terremoto, se firmó el contrato de préstamo, además de la carta de confidencialidad del 25 de abril de 2016. El monto $2.000 millones se dividió en dos tramos, el A que entregó $ 1.500 de libre disponibilidad para programas y proyectos del plan anual de inversiones, y el Tramo B que se destinó para financiar proyectos con contratistas chinos aprobados por el CDB.

El interés, para el Tramo A fue fijado en 7,25% y para el B 6,87 %.  Tasas superiores a las firmadas en las tres líneas de créditos anteriores. Además, el país tuvo que pagar el 1,30% por la comisión de gestión. El acuerdo de préstamo fue firmado por el entonces ministro de Finanzas Fausto Herrera y el vicepresidente del CDB.

Poco antes de la firma del contrato, Carlos Barrionuevo Toasa, entonces subsecretario de Financiamiento Público, subrogante, explicó la conveniencia de la tasa del crédito establecida por el CDB comparándola con la alternativa de emitir bonos de deuda externa en el mercado internacional.

Dijo, en un oficio enviado al entonces ministro de Finanzas Fausto Herrera, que el cupón al cual los inversionistas demandarían un título valor del país sería de alrededor del 11,97%, “por lo que la tasa del CDB es menor a aquella de emitir de bonos de deuda”. Y citó el hecho de que los Bonos Global 2020 tenían una tasa fija del 10,50%, por lo que concluyó que el crédito era conveniente para el país y las condiciones “adecuadas”.

Ese análisis fue enviado también al Comité de Deuda y Financiamiento que tenía que aprobar los términos y condiciones del préstamo. Patricio Rivera, como representante de Rafael Correa, Fausto Herrera, Adolfo Salcedo de Senplades y Carlos Barrionuevo subsecretario de financiamiento fueron quienes aprobaron el préstamo, el 14 de abril de 2016.

Al cierre de esta edición el directorio de Petroecuador aprobó una nueva línea de crédito por $1400 millones con el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC), que será pagada con un contrato de provisión de 50 millones de barriles a suscribirse entre Petroecuador y Petrochina o Unipec.

Estas operaciones reeditan el cuestionado mecanismo aplicado por el régimen de Rafael Correa; con un agravante, en este caso Petroecuador emitió un informe negativo en el que advierte un perjuicio de 2 dólares por barril, $119 millones.

Frente a la resistencia de la estatal petrolera, el presidente Lenín Moreno, asumió plenos poderes y con decreto 1075 sometió una vez más el interés de Ecuador a las condiciones del imperio chino.

SINGUE, EL REGALO DE PAPÁ

Hace ocho años, un 21 de marzo de 2012, el entonces ministro de Hidrocarburos, Wilson Pástor Morris, autorizó la suscripción de uno de los últimos contratos de su larga gestión petrolera, el de exploración y explotación del bloque Singue, con el consorcio DGC, integrado por las empresas Dygoil (60%) y Gente Oil Development LLC (40%).

Este contrato, en el que aparece vinculada su hija, Silvana Pástor Tapia, tiene a su padre y a otras personas, entre ellas al ex vicepresidente Jorge Glas, en el banquillo de los acusados por el delito de peculado.

SIGUE EL CASO SINGUE EN ESTA LÍNEA DE TIEMPO DESDE EL 2011 

Periodismo de Investigación encontró una auténtica simulación en torno a la creación de Gente Oil, la negociación, firma del contrato y operación de Singue. Un libreto en el que las fechas y los actores se suceden como puntadas de sastre, configurando un tejido de irregularidades e ilegalidades.

LICITACIÓN PARA UN SOLO OFERENTE

La décima ronda petrolera en la que fue licitado el bloque Singue, se convocó el 16 de junio del 2011, para esa fecha aún no se había creado en Ecuador el consorcio DGC, ni siquiera la empresa Gente Oil Development LLC.

La referida compañía fue registrada en el paraíso fiscal de Delaware y luego domiciliada en California – EEUU., recién en septiembre de 2011, tres meses después de abierta la licitación.

El 26 de septiembre de 2011, tres días después de su creación, el consorcio DGC presentó su oferta, la única existente. Luego de los análisis, el Comité de Licitación Hidrocarburífera – COLH, liderado por Jorge Glas, recomendó al ministro Wilson Pastor, autorizar la firma del contrato.

La autorización la suscribió Pastor, apenas dos días después de que la empresa Gente Oil Development LLC., se había registrado en la Superintendencia de compañías (19 de enero de 2012) aunque todavía no estaba inscrita en el registro de Hidrocarburos, algo que sucedió recien el 19 de marzo de 2012. El contrato fue suscrito el 30 de abril de ese año.

LA SOMBRA DE IVANHOE Y EL LABERINTO SOCIETARIO 

Gente Oil Development LLC, es propiedad de Gente Oil Exploration LLC, otra empresa creada en Delaware y cuyos socios son David Martin, Giacomo Pecorari y Mathew Martin. En calidad de representante figura David Martin, accionista de Ivanhoe, transnacional que abandonó Ecuador el 2014, luego del fracaso del contrato del campo Pungarayacu, considerado por Rafael Correa como el mejor contrato de la historia.

Giacomo Pecorari ostenta en la actualidad el cargo de Director de Gente Oil Ecuador PTE, operadora del bloque Singue.

La creación de Gente Oil en EEUU por parte de Martin, coincidió con el colapso anticipado de Pungarayacu. Es decir, la máxima autoridad petrolera (Wilson Pastor) pese a saber del engaño de Ivanhoe, le preparaba un nuevo banquete geológico, esta vez sin riesgo alguno.

El gerente de operaciones de Ivanhoe, a esa fecha, era nada menos que Santiago Pastor Morris, hermano del entonces ministro.

El 18 de septiembre de 2012, antes siquiera de que DGC inicie las actividades operativas en Singue, los representantes del consorcio solicitaron a Wilson Pastor, autorice la transferencia del 60% de participaciones de Dygoil y el 40% de Gente Oil Development LLC., a una nueva empresa, inexistente a esa fecha en Ecuador y creada apenas 24 horas antes en Singapur: Gente Oil Ecuador PTE LTD.

Dygoil ya había cumplido su papel y el siguiente paso era que Gente Oil tome el control total del proyecto. En esa dirección, el 5 de octubre de 2012, Wilson Pastor dispuso se elabore un informe orientado a autorizar las transferencias.

La retirada inmediata de Dygoil  -la empresa que aseguró la solvencia técnica, económica y legal para la firma del contrato-, dejaba en evidencia que la empresa de César Guerra, fue el comodín hasta conformar el consorcio y adjudicarse el bloque. La flamante Gente Oil no tenía experiencia ni en clavar un alfiler.

Documentos revisados por nuestro portal identifican que Gente Oil Ecuador PTE LTD, fue constituida en Singapur el 17 de septiembre de 2012 y domiciliada en Ecuador en enero de 2013. Es decir, una persona nacida en Singapur a la que le pusieron de nombre Ecuador. Esta empresa, de acuerdo con documentos de la Superintendencia de Compañías, es de propiedad de Gente Oil Global PTE LTD, creada también en Singapur en las mismas fechas.

Gente Oil Global Pte., registra nuevamente como directores a los mismos accionistas de la primera Gente Oil, creada en EEUU: David Martin y Giacomo Pecorari. Además incluye a Izeldin D. Sultan El-Saigh, Abdullah SA. Araj, Baey Cheng Song, y Yeo Poh Noi Caroline. En términos sencillos, la familia Gente Oil, tiene un mismo progenitor: Ivanhoe.

Una vez consumado todo el proceso, Wilson Pastor Morris, abandonó el ministerio. Viajó a Austria, designado por Rafael Correa como su embajador. Desde ahí manejaría hasta el final del correato, la representación en la OPEP y continuaría asesorando al régimen en materia petrolera.

El cambio de ministro en nada afectó los intereses de Gente Oil. Con acuerdo ministerial 504, de 15 agosto de 2013, suscrito por Pedro Merizalde, se autorizó la esperada transferencia de participaciones de Dygoil y Gente Oil Development a Gente Oil Ecuador PTE.

En uno de los considerandos del acuerdo ministerial, se señala que la garantía solidaria emite la empresa Gente Holdings PTE en calidad de casa matriz. Esta garantía de solvencia financiera y operativa la tenía que asegurar la propia contratista, pero Gente Oil Ecuador era solo un membrete.

Esta es la única mención que se hace a Gente Holdings en toda la información revisada. No hemos podido encontrar documentos que justifiquen la relación entre Gente Oil Ecuador PTE con Gente Holdings y Gente Oil Group, otra empresa que aparece apadrinando el proceso, pese a que el referido acuerdo ministerial sostiene que la supuesta casa matriz tiene el 70% de acciones de Gente Oil Ecuador.

El epílogo de este laberinto de simulación se escribió el 2 de septiembre de 2014. Silvana Pastor Tapia, apoderada de Gente Oil Ecuador PTE e Yvonne Fabara Arias, secretaria de Hidrocarburos, suscribieron el contrato modificatorio a través del cual, la compañía singapurense asumió el 100% de los derechos y obligaciones del contrato y se convirtió en operadora del bloque, sin cumplir los requisitos de capacidad operativa exigidos en los pliegos licitatorios.

De esta forma, la empresa manejada por la hija del ex ministro de Hidrocarburos, se aseguraba el control total de Singue. Dos años después de firmado el contrato original, los verdaderos actores de esta historia presentaban sus rostros.

La firma del contrato modificatorio incluyó exclusivamente la transferencia de participaciones de Digoil y Gente Oil a la nueva empresa creada en Singapur, pero no mejoró la participación del Estado en el negocio como dispone el artículo 16 de la Ley de Hidrocarburos, pese a que a que a esa fecha, era evidente que tanto la producción como las reservas de Singue, superaban diez veces las cifras establecidas en el contrato original.

Yvonne Fabara fue excluida del proceso penal pese a que la Contraloría determinó responsabilidades en su contra.

TIGRES DE PAPEL

El sinuoso sendero recorrido por la familia Gente Oil, representada en Ecuador desde 2013 por Silvana Pastor Tapia, es digno de incorporarse al guión de una película inspirada en los Panamá Papers.

Al ingresar al registro de identidad de Gente Oil nos encontramos con un auténtico holding petrolero: siete empresas aparentemente distintas pero con un mismo origen.

Dos creadas y domiciliadas en Estados Unidos, en la dirección de Ivanhoe, y las cinco restantes, concebidas casi en la misma fecha (2012) aparecen acomodadas en la oficina 32-01 de Land Tower de Singapur.

Al buscar los proyectos hidrocarburíferos de este gigante, representado por rimbombantes nombres americanos y árabes, nos encontramos con un solo proyecto perdido en una esquina de la depredada Amazonía ecuatoriana: el pequeño campo Singue. Así como leen, un enjambre de empresas, miles de fojas, escritura sobre escritura… puro papel.

Y un nombre que no puede escaparse de nuestro recuerdo: David Martin, el dueño de Ivanhoe, el mismo encantador de serpientes que en 2008 le regaló a Rafael Correa un barrilito de plástico en señal del “mejor contrato de la historia”, aquel contrato que con la ayuda de la tecnología Heavy to Light (HTL) haría de Pungarayacu, el nuevo boom petrolero. Seis años después hasta el barrilito de plástico se llevó Rafael.

DE CAMPO MARGINAL A PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Meses antes de que se convoque a la décima ronda, Dygoil había rescindido un contrato anterior (campo marginal) suscrito en 2008 para la explotación del mismo campo Singue.

Hasta aquí Singue seguía siendo campo, no bloque. En ese contrato la firma ecuatoriana actuó asociada a la empresa venezolana Suelo Petrol, en el Consorcio Petrolero Amazónico (CPA). Un informe de la Contraloría de 2012, estableció que CPA no realizó inversiones para desarrollar el campo, además observó a las autoridades de hidrocarburos por no precautelar los intereses nacionales.

La tarifa pactada en este contrato, no superaba los 8 dólares por barril incremental, una tarifa radicalmente baja comparada con la definida en el nuevo contrato de prestación de servicios (33,50 U$/BL). ¿Por qué Dygoil y el consorcio CPA no desarrollaron el proyecto durante casi tres años?

Una tarifa de 8 dólares por barril, no era un negocio apetecido, dicen los expertos; además, estaban confiados que el ministerio de Hidrocarburos adelantaba el nuevo modelo contractual de prestación de servicios, con una tarifa muy generosa.

Así las cosas, había que dar sepultura al contrato de campo marginal para resucitarlo con el contrato de servicios, maquillado por Wilson Pastor Morris.

LA AMISTAD DE RAFAEL CORREA CON DYGOIL 

Con el cambio de la modalidad contractual resuelta en la reforma a la ley de Hidrocarburos de 2010, las compañías debieron migrar a los nuevos contratos de prestación de servicios o revertir las áreas al Estado.

Los acercamientos para negociar el contrato de Singue se dieron al más alto nivel. En una misiva suscrita por el gerente de Dygoil, César Guerra, remitida al presidente de la República, Rafael Correa, en enero de 2011, informa que mantuvo reuniones con el entonces ministro Wilson Pastor, con quien negoció las posibles inversiones que llegaban a 26.7 millones de dólares y una tarifa de 29,3 dólares/barril.

El 3 de febrero de 2011, Guerra informó a su socio de SueloPetrol, que ha comunicado a su amigo Rafael Correa su predisposición a firmar los contratos de prestación de servicios para los campos Pucuna y Singue.

En la misiva, el gerente de Dygoil señala que ha presentado la oferta en consideración a las buenas relaciones personales que mantiene con el señor Presidente.

En la carta agrega que el nuevo contrato en principio sería suscrito por el Consorcio Petrolero Amazónico, pero que luego solo quedaría Dygoil como la única accionista y operadora. Por ello, solicita la transferencia de las participaciones de SueloPetrol a favor de Dygoil.

Las razones por las que no prosperó la negociación con CPA, es algo que algún día se sabrá; lo cierto es que, una vez rescindido el contrato del campo marginal, Suelo Petrol quedó fuera e inmediatamente surgió la idea de constituir una nueva empresa. Así nació Gente Oil.

La relación documentada entre Rafael Correa y César Guerra, no fue suficiente para Fiscalía, que acabó desvinculando del proceso al expresidente, pese a que Contraloría determinó su  responsabilidad penal.

CONTRALORÍA DETERMINÓ PECULADO

Tras la denuncia publicada en 2015 por el portal Focus Ecuador, la Contraloría abrió un examen especial. Luego de dos años de investigación, en agosto del 2017, el organismo de control presentó a la Fiscalía General del Estado, un primer informe con responsabilidad penal y en febrero de 2018, un informe complementario en el que involucró al expresidente Rafael Correa, varios ex funcionarios públicos y ejecutivos privados, por el delito de peculado.

El consorcio DGC no cumplió con lo requerido en las bases de licitación, que exigían la presentación de información sobre la capacidad operativa de la oferente correspondiente a los años 2006 a 2010.

Los miembros del equipo negociador recomendaron al COLH que se apruebe la negociación con DGC a pesar de que no se contaba con el análisis de los informes y certificaciones referentes a las fuentes de financiamiento para el proyecto, conforme a las inversiones comprometidas.

Los miembros del equipo negociador recomendaron al COLH que se apruebe la negociación con DGC a pesar de que no se contaba con el informe de la capacidad o fuentes de inversión del oferente.

En la corrida matemática contenida en el sobre 2, no existe evidencia de que la tarifa de $33,50 por barril, responda a la aplicación de las variables establecidas en el modelo de contrato.

El equipo negociador, sin argumento técnico, consideró un total de 3.015.446 barriles a recuperar en 20 años y como lineamientos el 19,2% de tasa interna de retorno (TIR) para establecer el riesgo incurrido por amortización de la inversión, costos y gastos y una utilidad razonable.

En 2011 Dygoil ofertó una tarifa de $29,3 por barril, sin embargo, la misma empresa ofertó meses después de $34,5, la que se negoció y adjudicó por el monto final de $33,5 por barril; esto es, $4,2 sobre la tarifa original. Ese incremento, según Contraloría, implicó un perjuicio de $5.2 millones para el Estado.

SINGUE, UN BLOQUE CREADO EN LA ERA PASTOR 

Singue fue descubierto por Petroecuador en 1990 con la perforación del pozo exploratorio Singue 1 y con la realización de 102 Km de sísmica 2D.

Posteriormente, durante los años 2005-2006, la estatal impulsó el proyecto de sísmica 3D denominado Lilian-VHR, con la empresa china Sinopec.

Un reporte de 30 de mayo del 2011, emitido por el Subsecretario de Estudios y Patrimonio Hidrocarburifero, señaló que Geotech Group Limited (2006) estimó reservas de 4.522.196 barriles.

En 2009, Petroecuador contrató un estudio de interpretación Sísmico 3D Cuyabeno-Sansahuari, con Geotech Groups Ltd. (China), donde se determinó que la estructura Cuyabeno-Sansahuari y Singue forman una sola y que las reservas probadas del área de Singue superan los 20 millones de barriles.

Según el reporte final presentado por Geotech, el 30 de noviembre del 2009: “No hay una separación acusada entre la estructura Cuyabeno-Sansahuari y Singue. Estas dos estructuras forman una sola”.

Esta información que ahora está en manos de la Fiscalía, no fue considerada en la elaboración de los términos de referencia de la décima ronda, tampoco en la negociación del contrato con el consorcio DGC.

Documentos en poder de Periodismo de Investigación dejan al descubierto que el consorcio DGC y los funcionarios del Ministerio de Hidrocarburos, conocieron plenamente esta información que les fue entregada por la Secretaría de Hidrocarburos con el Data Room de la  Ronda Intracampos para el Campo Sahino Norte.

Este mismo reporte que incluía los estudios de Sinopec 2005, Geotech 2006 y Geotech 2009 -ocultados en el informe oficial de reservas de 2010- fue utilizado en septiembre de 2013 por la compañia GEOTRACE COMPANY – DENVER, contratada por el consorcio DGC para realizar una nueva interpretación sísmica.

En un informe de 2013, Gente Oil informa que la empresa contratada por ellos (Geotrace) solo utilizó la información de Sinopec – Geotech: “El Consorcio DGC no obtuvo nuevos datos sísmicos; la empresa simplemente reprocesó los datos en 3D existentes, adquiridos por Sinopec, para el Bloque Singue”, dice.

Con esta información, la misma contratista confirmó, un año después de firmado el contrato, lo que se sabía desde el año 2009: que las reservas no eran los 3.1 millones de barriles remanentes y posibles, volumen con el que se negoció la tarifa de 33.5 US$/BL, sino mucho más.

Esto ponía en evidencia que el consorcio DGC conoció esa información antes de presentar la oferta.

Pese a contar con los dos estudios (Sinopec-Geotech 2005-2006 y Geotecht 2009), el 9 de agosto de 2011, la Secretaría de Hidrocarburos, emitió la resolución 0755, aprobando el nuevo mapa de bloques petroleros del Ecuador, en el que se creaba de forma oficial el bloque Singue con el número 53, dentro del bloque 58, Cuyabeno-Tipishca.

Esta resolución fue aprobada cincuenta y cuatro días después de convocada la licitación internacional a la Décima Ronda Petrolera, realizada el 16 de junio del 2011. Es decir, la licitación se realizó sin que exista oficialmente el bloque Singue.

Hasta el 2010, Singue era un pequeño campo integrado a la estructura Cuyabeno – Sansahuari, ¿qué pasó para que le convirtieran en bloque? Geológicamente nada.

Singue debía convertirse en bloque pues de lo contrario no podía ser licitado. La reforma legal creada por Pastor habla de bloques, no de campos, un bloque puede tener varios campos. Todo estaba calculado.

 En la oferta, acuerdos de negociación y en el contrato, el consorcio DGC se comprometió a perforar un pozo exploratorio para confirmar reservas adicionales por 1.1 millones de barriles o más.

El costo del pozo era de $7.9 millones. Si el resultado era exitoso se debía definir una tarifa adicional para la explotación de las nuevas reservas.

¿Por qué incluyeron un pozo exploratorio si de antemano sabían que existían más reservas? El objetivo era que la figura de riesgo exploratorio mejoraba la tarifa para la contratista, como se verá más adelante.

Cuando todo estuvo consumado, en 2015, la SH reconoció que las reservas remanentes de Singue eran al menos 15.6 millones de barriles y no los 3.1 millones con los que negoció la tarifa y el contrato.

Para esa fecha, Gente Oil ya había explotado casi la mitad de las reservas en momentos en que los precios del crudo eran inmejorables. Así las cosas, el propio Estado reconocía que había sido parte de un delito aunque este tipo de delitos siempre quedan en la impunidad. Un Estado delincuente.

Sin duda el objetivo de la creación falsa del bloque 53 estaba orientado a que, hacia el futuro, Gente Oil, reclame la aplicación de la cláusula décima tercera del contrato, relativa a campos o yacimientos unificados y se haga con la explotación de la enorme reserva contenida en Cuyabeno–Tipishca, como ocurrió con el cuestionado caso Palo Azul y la transnacional Petrobras, un proceso en el que los hermanos Pastor Morris también tienen que responder.

EL FRAUDE DE LAS RESERVAS PROBADAS 

Como se ha referido, el informe oficial de reservas de diciembre de 2010, estableció 2 millones 040 mil 556 barriles. Ese documento ocultó la información de noviembre del 2009, presentada por Geotech, que estableció 20 millones 630 mil 294 barriles. La diferencia de 18.1 millones, no fue considerada para el análisis económico financiero del bloque 53, lo que generó un perjuicio económico al país.

En el análisis económico y financiero, el grupo negociador consideró, a más de las reservas remanentes (2 millones), una producción adicional de 1 millón 113 mil 759 barriles, que se obtendría con la perforación del pozo exploratorio. En total, las reservas con las que se definió el modelo económico fueron de 3 millones 015 mil 446 barriles.

Pero, no había razón para perforar un pozo exploratorio porque el estudio de 2009 elaborado por Geotech, ya había determinado la existencia de reservas de 20 millones de barriles. La figura del pozo exploratorio solo fue otro comodín utilizado para introducir un supuesto riesgo y mejorar la tarifa para la compañía, como en efecto sucedió.

Las autoridades y la compañía sabían que, si el pozo exploratorio resultaba exitoso y se confirmaba la existencia de nuevas reservas, debía suscribirse un contrato modificatorio incluyendo una tarifa adicional, que con seguridad iba a ser inferior a la establecida en el contrato original. En esas condiciones perforar el pozo era pegarse un tiro en el pie.

Pocos meses después de asumir la operación y tras realizar mínimas inversiones con el reacondicionamiento del pozo Singue 1 ($900 mil), y la perforación de dos pozos de desarrollo, se alcanzó una producción de 2000 barriles diarios en 2013, para 2014 subió a 5000 barriles y el año 2015 se disparó a 7000.

El alto volumen de extracción cuestionaba los parámetros técnicos y económicos establecidos anteriormente. Milagrosamente, aumentaron las reservas en cerca de 18 millones de barriles adicionales, sin que la contratista haya invertido un centavo en exploración.

Ese milagro, léase eficiencia de Gente Oil, se explica con una expresión: ocultamiento de información.

MANIPULACIÓN DE TIR PERJUDICÓ EN $61 MILLONES 

Para justificar la firma de un aparente contrato de exploración y explotación, el consorcio DGC incluyó la perforación del pozo exploratorio por un costo de $7,9 millones. Era justamente la exploración, es decir el supuesto riesgo que asumía la contratista, el elemento que presionó por una tarifa más alta. Las inversiones propuestas a esa fecha fueron de $27.849.000, este rubro incluyó la inversión del citado pozo.

Para la definición de la tarifa de 33,5 US$/Bl, se reconoció una rentabilidad del 19,2%, la cual estaba condicionada justamente al éxito del pozo exploratorio. Al no haberse perforado ese pozo, la rentabilidad del 19,2% debió ser revisada, algo que nunca se hizo, sin embargo el cálculo económico se realizó contando con 1.1 millones de barriles adicionales estimadas del pozo exploratorio.

Queda claro que al definir la tarifa se mezclaron los conceptos de Tasa Interna de Retorno (TIR) para el desarrollo de actividades sin riesgo exploratorio (15%), con las actividades con riesgo exploratorio (25%), con el único objeto de beneficiar a la contratista con un TIR del 19,2%.

De no haberse incluido la presunta inversión de $7.9 millones en exploración, el monto total de las inversiones debió ser de $19.922.000, una reducción del 28% del monto comprometido en el contrato.

Sin embargo, la comisión negociadora aceptó la inclusión de la producción adicional falsa de 1.113.759 barriles, de un pozo que nunca se perforó, lo que dio un total de 3.015.446 barriles a recuperarse en 20 años.

En el análisis económico y financiero realizado por el grupo negociador, se estableció que: “el mayor beneficio para el Estado se obtiene al realizarse el pozo exploratorio y ser este exitoso. El beneficio en este caso sería de 61 millones de dólares, cumpliéndose el objetivo de esta licitación”.

En consecuencia y al no haberse perforado el pozo exploratorio no se cumplió con el objeto del contrato y se causó un perjuicio económico para el Estado de 61 millones de dólares, solo en este componente.

Si la información contenida en los estudios de 2005 y 2009, hubiese sido considerada en la licitación y en la negociación contractual, los resultados serían radicalmente distintos. Al tratarse de 20 millones de barriles y no 2, se hubiesen presentado varias ofertas, no solo DGC, y la tarifa hubiese sido más conveniente para el Estado.

TARIFA ÚNICA Y ACUMULACIÓN

Según la cláusula 14.3 del contrato, la tarifa acordada para Singue fue de $33,50 por cada barril neto, producido y entregado al Estado. Estos valores serán los únicos pagos que efectuará la SH a la Contratista…”.

Se considera tarifa, al valor que el Estado paga a la contratista por cada barril de petróleo extraído. De acuerdo con el contrato, el país se reserva como “margen de soberanía” el 25% del ingreso bruto antes de cualquier distribución.

Del valor remanente después de descontar del ingreso bruto el 25%, se cubrirán los costos de transporte y comercialización. Una vez realizadas estas deducciones y cubiertos los tributos establecidos en la Ley, con el “ingreso disponible”, se pagará cada mes la tarifa.

De no alcanzarse a cubrir toda la tarifa cuando bajen los precios del petróleo, el contrato incluye una cláusula de “Acumulación”, la cual determina que, “el saldo faltante mensual se acumulará durante el mes o año Fiscal pertinente…”, es decir, la compañía no ha perdido esos recursos, deberá esperar que el precio del crudo se incremente para recuperarlos.

El modelo económico consideró un precio internacional del petróleo de 80 U$/BL (WTI). Si el precio del crudo llegaba a $50  o menos, el saldo faltante mensual se acumulará durante el mes o año fiscal pertinente.

En ningún caso el contrato establece que si el precio del crudo cae por debajo de los $50 el barril, el Estado no pagará a la contratista. El contrato de Singue no tiene tarifa variable, como afirman los representantes de Gente Oil, mantiene durante todo el período una sola tarifa de $33,50 por barril.

El único caso en que la contratista pierde el valor acumulado es si al término del contrato (20 años) el precio del barril de petróleo se mantiene por debajo del valor considerado para el cálculo de la tarifa.

Algunos contratos terminaban en el 2018 y el Estado ecuatoriano tenía la oportunidad de aplicar la cláusula de soberanía, es decir no pagar los valores acumulados (carry forward),  pero el gobierno anterior benefició a las contratistas extendiendo los plazos. Lo propio hizo el gobierno actual que extendió plazos de varios contratos que estaban por vencer. En el caso de Singue el contrato vence en 2032.

Entre 2013 y 2016, se extrajeron de Singue 6 millones de barriles. Gente Oil registró ingresos por $179,2 millones ($149.5 millones por pago efectivo de tarifa y $29,7 por acumulación, tarifa adeudada). Durante el mismo período, el Estado recibió $86.7 millones por concepto de margen de soberanía (25%), impuesto a la renta, leyes 10 – 40, costos de comercialización y transporte.

La compañía empezó a recibir ingresos inmediatos, semanas después de firmado el contrato (2013). Tras realizar un pequeño gasto de 900 mil dólares en el reacondicionamiento del pozo Sigue 1, cobró su primera factura. Desde entonces los ingresos de la Gente Oil fueron creciendo exponencialmente.

Entre los citados años, la empresa dirigida por Silvana Pastor ha cobrado facturas mensuales de entre 3 y 5.5 millones de dólares, lo que confirma un negocio sin riesgo, contrario a lo señalado por la compañía. Esta realidad cuestiona también las supuestas inversiones externas provenientes de los socios qataríes. Del mismo cuero salieron las correas.

Durante el mismo período, la contratista declaró inversiones por $120 millones. Revisados los rubros centrales se advierten costos inflados principalmente en perforación de pozos y otros servicios. Gente Oil contrata todo, desde catering hasta torres de perforación.

Gente Oil tiene un horizonte pintado de prosperidad, con más del 50% de reservas por explotar en 12 años adicionales de vida del contrato y con mínimas inversiones que realizar.

 

ABOGADO DE ODEBRECHT DEMANDA PENALMENTE A FERNANDO VILLAVICENCIO

Es el abogado de la multinacional Odebrecht, Juan Falconí Puig, quien lo demanda por supuesta difamación y la jueza que ha seguido tramitando la causa, a pesar de que esta ha caducado, es Yadira Proaño, de la Unidad Judicial Penal de Quito.

Lo que motivó la demanda de Falconí Puig fue un reportaje, publicado el primero de agosto de 2019 en el portal Periodismo de Investigación, de coautoría de Fernando Villavicencio y Christian Zurita, titulado “EL RETORNO DE ODEBRECHT: CÓMO, QUIÉNES Y POR CUÁNTO NEGOCIARON”, y varios mensajes publicados por Villavicencio en la red social twitter.

En este trabajo se detalla cómo se pactó y construyó el acuerdo con el Gobierno de Rafael Correa para permitir el retorno de Odebrecht, dejándola exenta de sus responsabilidades civiles y penales, derivadas de varios incumplimientos contractuales.

Para ello se archivaron glosas por $80 millones y una demanda internacional de $250 millones por el crédito otorgado por el BNDES. La contrapartida para el Estado fue una indemnización de apenas $20 millones.

En la investigación periodística se revela que gran parte del lobby político, previo a la firma del Convenio, se habría manejado desde Odebrecht y desde el estudio jurídico de Juan Falconí Puig, abogado contratado por el conglomerado brasilero.

Esto se confirma con la serie de correos electrónicos intercambiados entre Falconí Puig; el ex vicepresidente, Jorge Glas; el ex secretario jurídico de la presidencia durante el correísmo, Alexis Mera; el ex procurador del Estado, Diego García; y el ejecutivo del Odebrecht, José C. Santos Filho.

Por sus servicios Falconí Puig, habría recibido $1,3 millones.

La reacción del abogado de Odebrecht a esta publicación fue una acción penal en contra de Villavicencio por supuesta difamación, figura que consta en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) como una contravención de 4ta clase.

Según esta norma, a partir del supuesto cometimiento del delito (1 de agosto de 2019 día de la publicación) el demandante tenía 3 meses para notificar a Villavicencio. El 2 de septiembre de 2019 Falconí Puig presentó la demanda (designada con el número 17294201901337) ante la jueza Yadira Proaño, de la Unidad Judicial Penal de Quito; el 25 de ese mismo mes la jueza convocó a audiencia de juzgamiento para el 21 de noviembre, pero Villavicencio no había sido notificado.

Al no concretarse este trámite al demandado, el 8 de enero de 2020 la jueza señala que si la causa prescribe no será responsabilidad de los operadores de justicia, pues debe tomarse en cuenta el plazo que existe para la sustanciación de la causa.

A partir de esa observación Falconí pidió que se notifique a Villavicencio mediante su cuenta de twitter y una cuenta de correo electrónico.

En un video difundido por redes sociales Falconí Puig ha destacado que el 23 de enero pasado se notificó a Villavicencio, es decir cuando ya pasó el plazo previsto en el COIP.

No es sino hasta este 9 de julio en que Fernando Villavicencio conoció que tiene un juicio en su contra. Tras publicar en su cuenta de twitter que Juan Falconí Puig tiene carné de discapacidad este respondió que se enfrentarán en los tribunales. Y a día seguido el ex presidente Rafael Correa hizo mención al juicio, respaldando a Falconí Puig.

Al verificar en la página web de la función judicial que la audiencia de juzgamiento de la demanda interpuesta por Falconí Puig ha sido fijada para este 13 de julio, Villavicencio solicitó a la jueza Proaño su diferimiento para preparar su defensa, así una copia de la demanda para conocer los detalles del proceso. La nueva fecha para la audiencia es el 21 de julio.

“Soy el más interesado en defenderme”, dijo el periodista, quien observó también que “luego de que Correa calificara de mafiosa a Odebrecht y cuestionara por qué la Fiscalía no demanda a esta empresa, ahora salga a respaldar al abogado de esa empresa mafiosa por haberme demandado”.

Hay que recordar que Falconí Puig, asesoró al gobierno de Correa en la incautación de los bienes del grupo Isaías y fue embajador en Reino Unido, durante el correato.

En un escrito presentado por Villavicencio ante la jueza Proaño anunció que presentará una serie de pruebas que requerirán de varias pericias, las cuales dejarán en evidencia lo que se expone en la investigación periodística titulada “EL RETORNO DE ODEBRECHT: CÓMO, QUIÉNES Y POR CUÁNTO NEGOCIARON”.

Para ello pidió que comparezcan a la audiencia: Jorge Glas Espinel, Alexis Mera Giler, Ciro Moran Maridueña, Sergio Ruiz Giraldo, José Conceicao Dos Santos Filho, y el periodista y coautor del reportaje mencionado, Christian Zurita Ron, con el fin de receptar sus testimonios.

El experto penalista, Ramiro García, considera que este accionar de la justicia constituye una forma de criminalización de la actividad periodística, “es volver a lo que se vivió en 10 años de persecución correísta, pues se está utilizando el sistema penal para aspectos que están expresamente proscritos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante varias resoluciones”.

Lo de fondo es que los operadores judiciales están actuando en contravía a lo resuelto por el organismo internacional de derechos humanos en materia de respeto a la libertad de expresión, opinó García.

Villavicencio agrega que es impresentable y vergonzoso para la justicia ecuatoriana que Odebrecht no tenga un solo juicio por parte del Estado ecuatoriano por una serie de delitos de sobreprecios y sobornos y sea más bien esta empresa, a través de su abogado, la que demanda a uno de los periodistas que ha develado los mayores escándalos de corrupción de Odebrecht, siendo el principal el caso ‘Arroz verde’ donde se confirma por parte de la propia versión del cooperador eficaz, José Santos Filho, que Odebrecht entregó $5,5 millones para la campaña electoral de Rafael Correa.  

“Aquí hay una suerte de confabulación de la justicia con Odebrecht y sus abogados para atacar al periodismo”, cuestionó.

El periodista anunció que elevará una denuncia ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Relatoría de Libertad de Expresión de las Naciones Unidas para que se observe el comportamiento de la justicia de Ecuador en este caso, pues se está vulnerando el derecho del periodismo a investigar hechos de corrupción.

REPORTES DE CAMPAÑA RATIFICAN IRREGULARIDADES EN ARROZ MORENO

El 21 de mayo de 2018 el Movimiento Alianza PAIS presentó al CNE las cuentas consolidadas de la campaña electoral de la Consulta Popular de febrero de 2018. El informe de cuentas fue entregado por Patricio Beltrán Vinueza y Verónica Castro Maya que fueron protagonistas del irregular financiamiento de la campaña presidencial de 2017.

Patricio Beltrán figuró como uno de los coordinadores que recaudaron dinero para la campaña del binomio Moreno-Glas y Verónica Castro, que era funcionaria de la prefectura de Pichincha, fue supervisora de ese proceso.

El reporte dice que que PAIS financió $194,071.93 en efectivo y otros $413,000.00 adicionales en donaciones de bienes y servicios, un total de $607,071.93.

Al hacer una revisión de los 64 contribuyentes a la campaña se desprende que 29 de ellos no contaban con capacidad económica para respaldar sus aportes. Se identificó además que siete aportantes, luego de los comicios, recibieron cargos públicos y contratos con el Estado.

Al igual que en el Informe Majano (que identificó aportes del Gobierno provincial de Los Ríos a la campaña de Lenín por $350.000) la prefectura de esa provincia, con Marco Troya a la cabeza, fue determinante en la campaña por el SI: 12 aportantes trabajaron en esa prefectura y contribuyeron, cada uno, con montos de $10.000 en promedio.

Los sueldos recibidos por esos funcionarios no guardan relación con los aportes de campaña.

Por ejemplo: Karem Jassenia Varas Mora asistente en la prefectura de Los Ríos con sueldo de $700,00 ($8.400,00 al año) aportó $10.000,00.

Del número total de aportantes sobresalen siete que recibieron retribuciones como contratos y cargos públicos.

Por ejemplo:  José Napoleón Pasquel Pasquel, luego de aportar electoral por un total de USD 30.000,00 es nombrado en marzo del año 2018 gerente financiero de la empresa Fabrec EP. El gerente financiero es la máxima autoridad dentro de un proceso de compras públicas.

César Alexis Recalde Pasquel realizó una contribución de $28.000,00, es accionista de la compañía Herands C.L.; otro de los accionistas de esa compañía es Herley Andrés Sánchez Valencia.

Sánchez Valencia es además accionista de otra compañía denominada Constructora Sierra Centro Construsierra S.A.  A esta constructora también pertenece Segundo Mauricio Valverde López, que realizó una aportación a la campaña electoral por un monto de $15.000,00 es decir totalizaron dos aportaciones de $43.000,00.

Carlos Miguel Vaca Viteri contribuyó con $22.000,00 es accionista de la compañía Biolegal Consultores Cia.Ltda. Otro accionista de esa compañía es Rodrigo Francisco Borja Román quién también realizó una aportación por $18.000,00.

Borja Román fue proveedor del estado, el 26 de octubre de 2017 se le adjudicó un contrato que debió cumplir hasta el 3 de febrero de 2018. Seis días más tarde el 9 de febrero de 2018 se registró su primera aportación a la campaña por $10.000,00.

En noviembre del año 2019 fue nombrado director de Planificación de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador.

Marx Engels Alarcón Coello que aportó $10.000 fue nombrado Director Ejecutivo del Consejo de Seguridad Ciudadana del Cantón Baba. Algo similar sucedió con Pedro Eduardo Lino Solórzano que aportó el mismo valor y en 2019 fue nombrado coordinador de fiscalización y administrador de Obras del Municipio de Baba.

En los documentos reportados al CNE por Alianza PAIS aparecen además cuatro facturas del Raúl Lionel Ernst Edwards que según el Servicio de Rentas Internas no eran válidas para su emisión.

Ernst es un viejo conocido del estado de propaganda correísta. Gerenció la empresa Medaglia que recibió cuantiosos contratos, entre ellos los que implementaron los troll center que hostigaron a opositores en redes sociales.

De igual manera se encontraron otras cuatro facturas del proveedor Enrique Xavier Reina Benítez que no cuentan con los datos que permitan visualizar la validez de los documentos. El uso de esos instrumentos hacen pensar se intentó justificar las aportaciones con facturas irreales o compra de facturas que conllevan a una alteración de la documentación, tal como sucedió en Arroz Verde y el Informe Majano.

La liquidación de fondos de campaña electoral, los comprobantes de recepción de contribuciones y aportes, comprobantes de ingreso y los comprobantes de egreso, reportados por la organización política no se encuentran en el formato establecido por el Consejo Nacional Electoral.