El cambio sustancial que trajo este nuevo informe consigo es un considerable aumento en el monto total de la deuda que la empresa cementera deberá pagar en caso de que el fallo final fuese a favor de los ex trabajadores. En la versión anterior del informe el monto era de US$ 101.980.923.14. Con las correcciones técnicas en cambio pasó a ser 109,899,616.13.
La Asociación de Jubilados y Veteranos de “La Cemento Nacional”, actualmente HOLCIM ECUADOR S.A., manifestó que aprueba el informe y que felicita la labor del perito, según se indicó en un comunicado oficial.
Arturo Campodónico, abogado procurador de la Asociación, declaró que, para ellos, este es un triunfo histórico que los llena de emoción, pero que sin embargo se mantendrán muy atentos al desarrollo final del caso y en especial a las acciones futuras de la Jueza Wolf.
En una nota de Diario El Universo, Eduardo Carmigniani, el abogado de Holcim, aseguró que el peritaje de Jimmy Ricardo Franco incumple algunas normativas dictadas por la Corte Constitucional, y que la empresa impugnará el fallo. Incluso manifestó que se tomarán acciones legales contra el perito Ricardo Franco.
El caso llama la atención por larga duración (más de 20 años). Incluso en noviembre del 2019, la Corte Constitucional ordenó al Consejo de la Judicatura abrir procedimientos sumarios administrativos disciplinarios contra los responsables del incumplimiento de una sentencia constitucional de 2010 que determinaba el pago de 89 millones en favor de los jubilados.
Hasta ahora no se han conocido informes sobre el estado de dichos procedimientos. Este portal seguirá investigando para ampliar y actualizar este tema.
Los jubilados esperan que este proceso no se prolongue más y que después de tanto tiempo se sentencie y se cumpla el pago.
Hoy este dilatado proceso judicial podría resolverse con la presentación del peritaje de Jimmy Ricardo Franco, que establece que Holcim debe pagar USD 101.980.923.14 a los demandantes.
La decisión está en manos de la jueza Vanessa Mercedes Wolf, quien deberá emitir un pronunciamiento y resolver si acoge o no el análisis del perito.
Los miembros de la “Asociación de Jubilados y Veteranos de la Cemento Nacional” (hoy HOLCIM ECUADOR S.A.) reclaman esos recursos como un régimen de jubilación especial por los problemas de salud que les causó la producción de cemento.
Eduardo Carmigniani, abogado de Holcim dijo a El Universo que la empresa ya impugnó el peritaje de Jimmy Ricardo Franco por no acogerse a las fórmulas establecidas por la Corte en 2014, e hizo referencia a un peritaje privado realizado por el economista Walter Spurrier que señala que Holcim debe pagar solo $3 millones.
Carmigniani aseguró a ese diario que la empresa nada tiene que pagar “porque en 2017 ya se cancelaron los $3 millones al Seguro Social”.
La nota de El Universo recoge el testimonio de Raquel Jiménez de Garzón, jubilada de 71 años, quien trabajó en la cementera por 35 años.
Ella señala que tiene problemas auditivos causados por el fuerte ruido al que estuvo expuesta por más de tres décadas.
Además, ha tenido que enfrentar el contagio del Covid-19 sin tener los medios económicos suficientes para garantizar su recuperación.
Sus compañeros de lucha viven una situación similar, pues en su avanzada edad, a más de padecer enfermedades respiratorias provocadas por los años de trabajo cerca del cemento, deben hacer frente a la crisis sanitaria y económica que vive el país.
Su esperanza de mejores días, dicen, está puesta en la justicia y en lo que hoy resuelva la jueza Vanessa Wolf.
El niño Lenin Boltaire Moreno Garcés creció en la década de los 50 en medio de la Amazonía ecuatoriana. En su memoria conserva los mejores recuerdos de esos tiempos y como si del Libro de la Selva se tratase, con algo de fantasía y algo de realidad, ciertos capítulos han sido narrados por él en primera persona: “De repente nos topábamos con animalitos como el tigrillo, como el tigre, al cual le teníamos pavor y como las serpientes, a las cuales paradójicamente no les teníamos ningún tipo de miedo y jugábamos con ellas, así como lo hacían en la antigüedad en Grecia, en donde tenían dentro de sus casas serpientes que jugaban con los niños”, narraba un apacible y convencido Moreno en medio de la Cumbre Presidencial Amazónica, en septiembre de 2019, ante sus sorprendidos colegas.
Lenin Moreno siempre recuerda su niñez. Tiempos en los que ni a él ni a nadie de su familia, nunca se les ocurrió pensar que ese pequeño llegaría a la Presidencia de la República. Era un hombre con una vida de clase media, sin lujos y con las necesidades cubiertas hasta donde se podía. Junto con su mujer, Rocío de González, siempre se preocuparon de darle la mejor educación a sus tres hijas y con ese objetivo planteado, todo lo demás podía esperar. Así fue hasta el 2007.
Moreno no registró ninguna casa propia en las primeras declaraciones juramentadas de bienes que presentó apenas asumió como Vicepresidente de la República. En esos documentos consta el pequeño patrimonio que hasta entonces había conseguido: tres terrenos en el cantón Tena, provincia de Napo, en el Oriente ecuatoriano, el más valioso avaluado en menos de tres mil dólares; otro terreno con usufructo vitalicio ubicado en la parroquia Tababela de Quito, valorado en 15 mil dólares; y lo que es tal vez el lujo más grande hasta ese momento, una membresía que costó 10 mil dólares para el club Casa Blanca ubicado en Same, una bella playa de la provincia de Esmeraldas. Nada más.
Es que las cosas para la familia Moreno- González nunca resultaron sencillas, mucho más cuando el jefe del hogar quedó en silla de ruedas tras recibir un tiro por la espalda, en un asalto ocurrido el 3 de enero de 1998, en Quito. Tenía 46 años y desde entonces no volvió a caminar. Moreno, quien ya era conocido en las noches de bohemias quiteñas como un tipo alegre, se convirtió tiempo después del asalto –luego de atravesar una etapa de depresión- en un motivador que daba charlas en las que contaba su experiencia y de cómo pudo superar sus dolores físicos con la terapia de la risa.
Hasta que llegó el 2006. Fue Gustavo Larrea, amigo de su militancia de izquierda, quien le propuso a Moreno ser binomio del entonces candidato a presidente Rafael Correa, un ventarrón político que terminó como un fenómeno electoral. Moreno aceptó y desde entonces nada es igual. Ni para Moreno, ni para su esposa, ni para sus hijas, ni para sus hermanos. Ni para otros familiares cercanos. Ahora los Moreno tienen poder.
Así fue que Irina Moreno, una de las tres hijas de Moreno, estuvo durante seis años -tres de los cuales con su papá de Presidente- como funcionaria diplomática del Ecuador en las Naciones Unidas, primero en Ginebra, después en Nueva York, con un sueldo mensual de USD 8000. Solo en mayo de 2020 dejó su cargo, con la agudización de la crisis fiscal. Los hermanos de Moreno, Gary y Edwin, tienen cada uno partido político, que participarán activamente en las próximas elecciones de 2021. Otro hermano, Guillermo, a más de ser Fiscal, fue candidato a la Asamblea en 2017, sin éxito. Por el lado de la Primera Dama, Rocío González, su primo Héctor González es gobernador de Cotopaxi, y dos esposos de sus primas están al frente de oficinas del Estado en esa misma provincia. Mientras que al frente del Consejo Nacional de la Judicatura está su concuñada, María Maldonado.
Su patrimonio también ha cambiado. Aunque no está declarado como propio y hay indicios de una triangulación societaria, apareció a nombre de la empresa Ina, creada por el hermano de Moreno, Edwin, un departamento en Alicante, España, y una cuenta bancaria en Panamá, con varios millones de dólares depositados por una constructora china, lo que originó una investigación fiscal todavía en desarrollo.
LAS COIMAS QUE QUEDARON EN LA NADA
Un primo, un cuñado, un hermano. A su turno, cada uno de estos tres familiares de Lenin Moreno han aparecido en noticias relacionadas con presuntas coimas derivadas del ejercicio político y contrataciones públicas. Los dos primeros casos -el primo y el cuñado-están cerrados en la Justicia, mientras el del hermano Edwin sigue en investigación fiscal, pudo comprobar esta investigación desarrollada por La Historia en alianza editorial con CONNECTAS y con el apoyo del Internacional Center For Journalists (ICFJ).
La primera vez que un familiar de Lenin Moreno estuvo involucrado en un presunto acto de corrupción, ocurrió en el 2008, un año después de asumir como vicepresidente. Su primo Arturo Germán Moreno Encalada fue detenido en Quito acusado de cohecho. Según la denuncia presentada, Moreno Encalada llegó hasta el despacho del Director Regional del Servicio de Rentas Internas, Marcelo León Jara, con un maletín con USD 12.500, que era parte de una coima para desvanecer una deuda por impuestos de la constructora Hidalgo&Hidalgo por USD 1,2 millones. El funcionario León no aceptó el trato, pero la maleta fue dejada en su oficina, contra su voluntad. Por eso, León pidió ayuda a la Policía. Los agentes pusieron micrófonos y grabaron cuando en una visita posterior, Moreno reconoció que el maletín era de su propiedad. Los policías, que estaban escondidos en el baño, detuvieron al primo del Vicepresidente.
El juez de lo Penal Luis Fernández legalizó la detención de Moreno Encalada y en ese momento Lenin Moreno solo indicó públicamente que debían desarrollarse las investigaciones con independencia. El juicio siguió adelante y Moreno Encalada finalmente fue absuelto, pues se consideró que las pruebas obtenidas por la Policía no tenían validez procesal porque no habían sido ordenadas por un Juez. Después se dedicó a hacer política con su organización Pueblo, Igualdad y Democracia, con la que hizo campaña a favor del Sí en la Consulta Popular promovida por su primo en 2018.
El segundo caso de una denuncia contra un pariente de Lenin Moreno, esta vez su cuñado, tuvo un protagonista con mayor peso. El denunciante era nada menos que el hermano mayor del presidente Rafael Correa, Fabricio Correa. “Yo fui personalmente a la casa de Lenin, en Quito, y le dije en su sala que su cuñado Antonio Hidalgo estaba pidiendo coimas por la adjudicación de una obra en Loja”, recuerda en estos días Fabricio. La respuesta que recibió de Moreno, según Correa, fue que era algo preocupante y que se investigaría. Como respaldo, el denunciante presentó una letra de cambio por el valor de un millón y medio de dólares, que respondería al monto de la coima. Pero cuando el tema se hizo público, el Vicepresidente Moreno le restó validez, dijo que la letra de cambio presentada por Correa era falsa y que “cualquier estudiante de primer año de Diseño Gráfico la podía falsificar”.
El hermano de Correa asegura que presentó el caso ante el Fiscal Washington Pesántez, pero éste no le dio ninguna esperanza de que el caso se investigaría: “Me dijo que no podía hacerle eso al gobierno de mi hermano con quien se llevaba muy bien desde cuando estudiaron juntos en Bélgica”, relató el denunciante. Esta referencia es negada por el ex fiscal Pesántez, quien calificó como “una estupidez más” de Fabricio Correa tal afirmación: “Nunca me dijo nada y yo nunca le hubiera contestado así”, refiere. Hasta allí llegó la acusación contra el cuñado de Lenin Moreno.
Lenin Moreno apareció por primera vez involucrado directamente en un caso de corrupción por el caso conocido como “Inapapers”, en alusión al nombre de la compañía offshore Ina Investment Corp. Esta sociedad, que fue creada por su hermano Edwin Moreno primero en Belice y luego en Panamá, recibió USD 18 millones pagados por la constructora china Sinohydro, la misma que fue denunciada por sobreprecios en la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, una obra que costó alrededor de USD 2500 millones.
Ese pago fue hecho por los servicios de lobby con la constructora realizados por Xavier Macías y Conto Patiño, amigos personales del presidente Moreno, quien era Vicepresidente en ese momento, tal como lo publicó el portal La Fuente de los periodistas Fernando Villavicencio y Christian Zurita. El lobby ocurrió en 2012, pero la existencia de la empresa y de los millonarios pagos recién se hicieron públicos en 2018 por los periodistas Villavicencio y Zurita. Ina, la razón social de la offshore, coincide con el final de los nombres de las tres hijas del presidente Moreno: Irina, Karina y Cristina.
El tema se hizo público y la primera consecuencia fue de corte privado: el hermano del presidente, Edwin, disolvió Ina Investment 12 días después de la publicación por parte de la prensa. Pero los periodistas Villavicencio y Zurita ya habían revelado que de las cuentas bancarias de la offshore habían salido pagos para comprar un departamento en Alicante, España, e incluso para comprar los muebles costosos que ocupó el mismo Lenin Moreno mientras vivió en Ginebra, Suiza, como Representante Especial para las Discapacidades de la ONU, en el periodo de 2013 a 2016.
Los aludidos hermanos Moreno, Lenin y Edwin, dieron su explicación: todo se trataba del pago de una deuda pues años atrás, cuando Edwin Moreno era migrante en Estados Unidos, le hizo un préstamo a Xavier Macías, necesitado de dinero. Y los depósitos que hizo Macías a Edwin Moreno eran la devolución.
Del caso InaPapers se motivó una investigación por parte de la Fiscalía General, indagación que avanza a pasos lentos, sin mayores hallazgos por parte del Ministerio Público. Casi dos años después de haberse iniciado esta causa, lo que se ha conseguido es que Panamá envíe la información completa de los movimientos de las cuentas bancarias de Ina Investment. Pero esta información no es pública porque goza de la reserva impuesta por la ley al tratarse de una investigación en curso. Lo que sí se sabe es que la fiscal General Diana Salazar también solicitó información bancaria de los investigados a Suiza, pero ese país se lo negó.
Edwin Moreno en 2018 constituyó el movimiento político Ecuatoriano Unido para apoyar políticamente a su hermano y a la Consulta Popular que convocó ese año. Igual que lo hizo el otro hermano, Gary Moreno Garcés, máximo líder del movimiento Libertad es Pueblo. Las dos organizaciones de los hermanos Moreno han presentado candidatos presidenciales para competir en las elecciones del próximo 7 de febrero.
Al Presidente de la República se le pidió una entrevista para tocar los temas planteados en este reportaje, por medio de la titular de la Secretaría de Comunicación, Caridad Vela. No se obtuvo una respuesta.
EL PODER DE LA PRIMERA DAMA
Rocío González Navas es de Latacunga, capital de Cotopaxi, una ciudad de fiestas y tradiciones. En esa provincia es donde su primo es gobernador y dos esposos de sus primas ocupan jefaturas en la Contraloría y Empresa Eléctrica.
Rocío González Navas, la Primera Dama del Ecuador, nació en Latacunga dentro de una de las familias más tradicionales. Cuando su esposo llegó al poder, Rocío González decidió ayudarlo, especialmente en el campo social de la Vicepresidencia, de donde salió Moreno con altos índices de popularidad. Ahora que es Presidente, ella tiene una activa participación en el plan de construcción de casas populares, pero la aceptación del político Moreno ya no es la misma de antes.
Las críticas se sienten más fuerte en Latacunga. El Gobernador de la provincia de Cotopaxi, Héctor González Jara, quien es primo hermano de la Primera Dama y vivió en casa de ella durante su juventud es el foco de esas acusaciones. A más del nepotismo, a González se lo señala de no cumplir con eficiencia sus labores y estar en ese cargo únicamente por el dudoso mérito de su parentesco. “Es una sinvergüencería que se repartan así los cargos. Pero para pagarnos nuestros sueldos no sirven y se atrasan constantemente”, se queja la profesora Rosana Palacios, quien ha sido presidenta de la organización nacional de maestros escolares más grande del Ecuador.
González Jara ha estado dos veces en el cargo, las dos por decisión de su primo político. En el 2019 renunció solo para ser candidato a Prefecto de Cotopaxi, pero perdió. Ya derrotado, volvió a ser designado Gobernador y allí sigue, sin conceder muchas entrevistas a los periodistas.
Héctor González Jara no es el único familiar de la Primera Dama en el sector público. También está el Gerente de la Empresa Eléctrica de Cotopaxi, José Alberto Semanate Noroña, quien está casado con Paulina González, otra prima de Rocío González. Y a la vez, el Director Regional de la Contraloría, Iván Andrade Hidalgo, está casado con Ruth Angélica González Jara, prima de la esposa del Presidente. “No hay derecho, no es justo. Mientras a los profesores nos deben dos meses de sueldo, los parientes del Presidente están muy bien ubicados y con buenos cargos”, reclamaba el pasado 18 de agosto frente a la Gobernación de Cotopaxi el profesor Luis Rivera.
No solo en Cotopaxi la Primera Dama tiene autoridades con parentesco. En enero de 2019, Ecuador recibió con sorpresa la noticia de que la jurista María del Carmen Maldonado, ex jueza de la Corte Constitucional en el gobierno de Correa, y quien había seguido las directrices políticas de ese régimen, ahora estaba al frente del Consejo de la Judicatura, el organismo que controla y sanciona las actuaciones de todos los jueces y fiscales del país. Lo que no se dijo es que la Primera Dama y María Maldonado son concuñadas.
A nadie le importó demasiado esta cercanía familiar. Hasta que en septiembre de 2019, tres abogados denunciaron que Diego Molina Restrepo, esposo de la presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, les había pedido USD 120.000 a cada uno para conseguirles el nombramiento de Notario en Quito. Y que ellos estuvieron dispuestos a pagar e hicieron un adelanto de USD 60.000 cada uno, dinero que fue entregado a Christian Ramírez, delegado de Molina Restrepo, según relatan. El asunto fue que, según los denunciantes, nunca se les entregó el cargo ofrecido ni tampoco se les devolvió el dinero pagado. Se sentían estafados.
La presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, reaccionó de inmediato: convocó a una rueda de Prensa y dijo que todo se trataba de un pasquín, que las firmas de los supuestos denunciantes habían sido falsificadas. Pero la Fiscal General Diana Salazar abrió una investigación y llamó a declarar a Maldonado y a su esposo, versiones que fueron rendidas el 28 de diciembre pasado. Desde entonces, no se ha sabido nada más, pues la indagación sigue siendo reservada. La concuñada de la Primera Dama ha continuado ejerciendo su complicado cargo.
EL CASO IRINA Y SU INFLUYENTE YERNO
Al Presidente Lenin Moreno se le hizo difícil hacer público el anuncio sobre la salida de su hija, Irina Moreno González, del cargo diplomático que mantuvo como Consejera de la Misión de Ecuador ante la ONU en Nueva York, con un sueldo mensual cercano a los 8 mil dólares. La hija del Presidente llegó a esta representación en 2014, primero en Ginebra, Suiza, acompañando a su padre que había sido designado por la ONU en la función honorífica para las Discapacidades, con todos los gastos pagados por el Estado ecuatoriano y la decisión tomada por el gobierno de Correa.
Cuando Moreno decidió correr por la Presidencia, su hija pidió el cambio a Nueva York y se lo dieron. Moreno ganó la Presidencia y su hija siguió en el cargo hasta que, a fines de mayo de 2020, el Presidente informó que su hija había decidido renunciar. Esto ocurrió luego de que se dieran fuertes críticas al cargo de su hija y a su generoso sueldo en plena crisis económica -en sus 6 años en el cargo, se le pagó USD 570.000-. El último intento para justificar el cargo de Irina Moreno lo hizo el ex Canciller José Valencia, quien calificó como bueno el trabajo que la joven realizaba en las Naciones Unidas. Fue un intento vano porque ella se fue, al igual que el Canciller, quien renunció un mes después.
Otra de las hijas del Presidente, Cristina, hizo noticia en las páginas sociales a inicios de 2013. Fue por su matrimonio realizado en la patrimonial iglesia de La Compañía, en Quito, con el joven ingeniero agrónomo guayaquileño Juan Enrique Rodríguez Malo. Del yerno del Presidente se tuvo noticias posteriormente en 2016, cuando se reveló que una empresa suya había ganado un contrato público por USD 1,6 millones para limpiar unidades de Policía. El asunto no levantó mucho polvo ni fue ningún obstáculo para la campaña presidencial de Moreno, que consiguió un triunfo sobre Guillermo Lasso, que acusó de fraude en las elecciones de 2017.
El joven yerno, Juan Enrique Rodríguez Malo , tendría una fuerte influencia en la designación de funcionarios públicos, según un audio filtrado al medio digital La Fuente, en el que habla Santiago Cuesta Caputi, entonces asesor presidencial de Lenin Moreno. En ese audio, Cuesta dice que Rodríguez Malo ha puesto al director de la Agencia de Regulación y Control Sanitario, una importante oficina del gobierno que aprueba la importación y venta de insumos médicos y medicinas en Ecuador. Buscamos una entrevista con el yerno del presidente, sin una respuesta positiva. La Historia intentó contactar sin éxito a Rodríguez Malo para consultarle sobre lo que se ha publicado respecto a él y su supuesta influencia en el gobierno de su suegro.
La influencia del yerno en el gobierno es un hecho real, dice el periodista Fernando Villavicencio, autor de la investigación Arroz Verde, con la que condenaron a 8 años de cárcel por cohecho al ex presidente Correa y a 19 procesados más. Para muestra pone otro botón: la designación de María de Lourdes Rodríguez Malo, hermana del yerno del Presidente, como funcionaria de la embajada de Ecuador en Madrid, España. Y pide prestar también atención a la relación societaria del yerno Rodríguez Malo con el español Emilio Torres Copado, quien fue el vendedor del departamento en Alicante para la empresa Ina, lo que ahora está en investigación por la Fiscalía.
Lenin Moreno no ha dicho que hará después que entregue el poder el próximo 24 de mayo de 2021. Pero lo cierto es que con una aceptación de apenas el 6% de la población, según las últimas encuestas, el futuro está marcado como para un retiro definitivo de la política. Serán 14 años de un vertiginoso paso por el poder que cambiaron su vida y la de los suyos, sin habérselo propuesto siquiera. Ese niño que nació en medio de la selva amazónica solo pretendía jugar con las serpientes.
Este reportaje fue realizado por La Historia en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ) en alianza con CONNECTAS.
El niño Lenin Boltaire Moreno Garcés creció en la década de los 50 en medio de la Amazonía ecuatoriana. En su memoria conserva los mejores recuerdos de esos tiempos y como si del Libro de la Selva se tratase, con algo de fantasía y algo de realidad, ciertos capítulos han sido narrados por él en primera persona: “De repente nos topábamos con animalitos como el tigrillo, como el tigre, al cual le teníamos pavor y como las serpientes, a las cuales paradójicamente no les teníamos ningún tipo de miedo y jugábamos con ellas, así como lo hacían en la antigüedad en Grecia, en donde tenían dentro de sus casas serpientes que jugaban con los niños”, narraba un apacible y convencido Moreno en medio de la Cumbre Presidencial Amazónica, en septiembre de 2019, ante sus sorprendidos colegas.
Lenin Moreno siempre recuerda su niñez. Tiempos en los que ni a él ni a nadie de su familia, nunca se les ocurrió pensar que ese pequeño llegaría a la Presidencia de la República. Era un hombre con una vida de clase media, sin lujos y con las necesidades cubiertas hasta donde se podía. Junto con su mujer, Rocío de González, siempre se preocuparon de darle la mejor educación a sus tres hijas y con ese objetivo planteado, todo lo demás podía esperar. Así fue hasta el 2007.
Moreno no registró ninguna casa propia en las primeras declaraciones juramentadas de bienes que presentó apenas asumió como Vicepresidente de la República. En esos documentos consta el pequeño patrimonio que hasta entonces había conseguido: tres terrenos en el cantón Tena, provincia de Napo, en el Oriente ecuatoriano, el más valioso avaluado en menos de tres mil dólares; otro terreno con usufructo vitalicio ubicado en la parroquia Tababela de Quito, valorado en 15 mil dólares; y lo que es tal vez el lujo más grande hasta ese momento, una membresía que costó 10 mil dólares para el club Casa Blanca ubicado en Same, una bella playa de la provincia de Esmeraldas. Nada más.
Es que las cosas para la familia Moreno- González nunca resultaron sencillas, mucho más cuando el jefe del hogar quedó en silla de ruedas tras recibir un tiro por la espalda, en un asalto ocurrido el 3 de enero de 1998, en Quito. Tenía 46 años y desde entonces no volvió a caminar. Moreno, quien ya era conocido en las noches de bohemias quiteñas como un tipo alegre, se convirtió tiempo después del asalto –luego de atravesar una etapa de depresión- en un motivador que daba charlas en las que contaba su experiencia y de cómo pudo superar sus dolores físicos con la terapia de la risa.
Hasta que llegó el 2006. Fue Gustavo Larrea, amigo de su militancia de izquierda, quien le propuso a Moreno ser binomio del entonces candidato a presidente Rafael Correa, un ventarrón político que terminó como un fenómeno electoral. Moreno aceptó y desde entonces nada es igual. Ni para Moreno, ni para su esposa, ni para sus hijas, ni para sus hermanos. Ni para otros familiares cercanos. Ahora los Moreno tienen poder.
Así fue que Irina Moreno, una de las tres hijas de Moreno, estuvo durante seis años -tres de los cuales con su papá de Presidente- como funcionaria diplomática del Ecuador en las Naciones Unidas, primero en Ginebra, después en Nueva York, con un sueldo mensual de USD 8000. Solo en mayo de 2020 dejó su cargo, con la agudización de la crisis fiscal. Los hermanos de Moreno, Gary y Edwin, tienen cada uno partido político, que participarán activamente en las próximas elecciones de 2021. Otro hermano, Guillermo, a más de ser Fiscal, fue candidato a la Asamblea en 2017, sin éxito. Por el lado de la Primera Dama, Rocío González, su primo Héctor González es gobernador de Cotopaxi, y dos esposos de sus primas están al frente de oficinas del Estado en esa misma provincia. Mientras que al frente del Consejo Nacional de la Judicatura está su concuñada, María Maldonado.
Su patrimonio también ha cambiado. Aunque no está declarado como propio y hay indicios de una triangulación societaria, apareció a nombre de la empresa Ina, creada por el hermano de Moreno, Edwin, un departamento en Alicante, España, y una cuenta bancaria en Panamá, con varios millones de dólares depositados por una constructora china, lo que originó una investigación fiscal todavía en desarrollo.
LAS COIMAS QUE QUEDARON EN LA NADA
Un primo, un cuñado, un hermano. A su turno, cada uno de estos tres familiares de Lenin Moreno han aparecido en noticias relacionadas con presuntas coimas derivadas del ejercicio político y contrataciones públicas. Los dos primeros casos -el primo y el cuñado-están cerrados en la Justicia, mientras el del hermano Edwin sigue en investigación fiscal, pudo comprobar esta investigación desarrollada por La Historia en alianza editorial con CONNECTAS y con el apoyo del Internacional Center For Journalists (ICFJ).
La primera vez que un familiar de Lenin Moreno estuvo involucrado en un presunto acto de corrupción, ocurrió en el 2008, un año después de asumir como vicepresidente. Su primo Arturo Germán Moreno Encalada fue detenido en Quito acusado de cohecho. Según la denuncia presentada, Moreno Encalada llegó hasta el despacho del Director Regional del Servicio de Rentas Internas, Marcelo León Jara, con un maletín con USD 12.500, que era parte de una coima para desvanecer una deuda por impuestos de la constructora Hidalgo&Hidalgo por USD 1,2 millones. El funcionario León no aceptó el trato, pero la maleta fue dejada en su oficina, contra su voluntad. Por eso, León pidió ayuda a la Policía. Los agentes pusieron micrófonos y grabaron cuando en una visita posterior, Moreno reconoció que el maletín era de su propiedad. Los policías, que estaban escondidos en el baño, detuvieron al primo del Vicepresidente.
El juez de lo Penal Luis Fernández legalizó la detención de Moreno Encalada y en ese momento Lenin Moreno solo indicó públicamente que debían desarrollarse las investigaciones con independencia. El juicio siguió adelante y Moreno Encalada finalmente fue absuelto, pues se consideró que las pruebas obtenidas por la Policía no tenían validez procesal porque no habían sido ordenadas por un Juez. Después se dedicó a hacer política con su organización Pueblo, Igualdad y Democracia, con la que hizo campaña a favor del Sí en la Consulta Popular promovida por su primo en 2018.
El segundo caso de una denuncia contra un pariente de Lenin Moreno, esta vez su cuñado, tuvo un protagonista con mayor peso. El denunciante era nada menos que el hermano mayor del presidente Rafael Correa, Fabricio Correa. “Yo fui personalmente a la casa de Lenin, en Quito, y le dije en su sala que su cuñado Antonio Hidalgo estaba pidiendo coimas por la adjudicación de una obra en Loja”, recuerda en estos días Fabricio. La respuesta que recibió de Moreno, según Correa, fue que era algo preocupante y que se investigaría. Como respaldo, el denunciante presentó una letra de cambio por el valor de un millón y medio de dólares, que respondería al monto de la coima. Pero cuando el tema se hizo público, el Vicepresidente Moreno le restó validez, dijo que la letra de cambio presentada por Correa era falsa y que “cualquier estudiante de primer año de Diseño Gráfico la podía falsificar”.
El hermano de Correa asegura que presentó el caso ante el Fiscal Washington Pesántez, pero éste no le dio ninguna esperanza de que el caso se investigaría: “Me dijo que no podía hacerle eso al gobierno de mi hermano con quien se llevaba muy bien desde cuando estudiaron juntos en Bélgica”, relató el denunciante. Esta referencia es negada por el ex fiscal Pesántez, quien calificó como “una estupidez más” de Fabricio Correa tal afirmación: “Nunca me dijo nada y yo nunca le hubiera contestado así”, refiere. Hasta allí llegó la acusación contra el cuñado de Lenin Moreno.
Lenin Moreno apareció por primera vez involucrado directamente en un caso de corrupción por el caso conocido como “Inapapers”, en alusión al nombre de la compañía offshore Ina Investment Corp. Esta sociedad, que fue creada por su hermano Edwin Moreno primero en Belice y luego en Panamá, recibió USD 18 millones pagados por la constructora china Sinohydro, la misma que fue denunciada por sobreprecios en la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, una obra que costó alrededor de USD 2500 millones.
Ese pago fue hecho por los servicios de lobby con la constructora realizados por Xavier Macías y Conto Patiño, amigos personales del presidente Moreno, quien era Vicepresidente en ese momento, tal como lo publicó el portal La Fuente de los periodistas Fernando Villavicencio y Christian Zurita. El lobby ocurrió en 2012, pero la existencia de la empresa y de los millonarios pagos recién se hicieron públicos en 2018 por los periodistas Villavicencio y Zurita. Ina, la razón social de la offshore, coincide con el final de los nombres de las tres hijas del presidente Moreno: Irina, Karina y Cristina.
El tema se hizo público y la primera consecuencia fue de corte privado: el hermano del presidente, Edwin, disolvió Ina Investment 12 días después de la publicación por parte de la prensa. Pero los periodistas Villavicencio y Zurita ya habían revelado que de las cuentas bancarias de la offshore habían salido pagos para comprar un departamento en Alicante, España, e incluso para comprar los muebles costosos que ocupó el mismo Lenin Moreno mientras vivió en Ginebra, Suiza, como Representante Especial para las Discapacidades de la ONU, en el periodo de 2013 a 2016.
Los aludidos hermanos Moreno, Lenin y Edwin, dieron su explicación: todo se trataba del pago de una deuda pues años atrás, cuando Edwin Moreno era migrante en Estados Unidos, le hizo un préstamo a Xavier Macías, necesitado de dinero. Y los depósitos que hizo Macías a Edwin Moreno eran la devolución.
Del caso InaPapers se motivó una investigación por parte de la Fiscalía General, indagación que avanza a pasos lentos, sin mayores hallazgos por parte del Ministerio Público. Casi dos años después de haberse iniciado esta causa, lo que se ha conseguido es que Panamá envíe la información completa de los movimientos de las cuentas bancarias de Ina Investment. Pero esta información no es pública porque goza de la reserva impuesta por la ley al tratarse de una investigación en curso. Lo que sí se sabe es que la fiscal General Diana Salazar también solicitó información bancaria de los investigados a Suiza, pero ese país se lo negó.
Edwin Moreno en 2018 constituyó el movimiento político Ecuatoriano Unido para apoyar políticamente a su hermano y a la Consulta Popular que convocó ese año. Igual que lo hizo el otro hermano, Gary Moreno Garcés, máximo líder del movimiento Libertad es Pueblo. Las dos organizaciones de los hermanos Moreno han presentado candidatos presidenciales para competir en las elecciones del próximo 7 de febrero.
Al Presidente de la República se le pidió una entrevista para tocar los temas planteados en este reportaje, por medio de la titular de la Secretaría de Comunicación, Caridad Vela. No se obtuvo una respuesta.
EL PODER DE LA PRIMERA DAMA
Rocío González Navas es de Latacunga, capital de Cotopaxi, una ciudad de fiestas y tradiciones. En esa provincia es donde su primo es gobernador y dos esposos de sus primas ocupan jefaturas en la Contraloría y Empresa Eléctrica.
Rocío González Navas, la Primera Dama del Ecuador, nació en Latacunga dentro de una de las familias más tradicionales. Cuando su esposo llegó al poder, Rocío González decidió ayudarlo, especialmente en el campo social de la Vicepresidencia, de donde salió Moreno con altos índices de popularidad. Ahora que es Presidente, ella tiene una activa participación en el plan de construcción de casas populares, pero la aceptación del político Moreno ya no es la misma de antes.
Las críticas se sienten más fuerte en Latacunga. El Gobernador de la provincia de Cotopaxi, Héctor González Jara, quien es primo hermano de la Primera Dama y vivió en casa de ella durante su juventud es el foco de esas acusaciones. A más del nepotismo, a González se lo señala de no cumplir con eficiencia sus labores y estar en ese cargo únicamente por el dudoso mérito de su parentesco. “Es una sinvergüencería que se repartan así los cargos. Pero para pagarnos nuestros sueldos no sirven y se atrasan constantemente”, se queja la profesora Rosana Palacios, quien ha sido presidenta de la organización nacional de maestros escolares más grande del Ecuador.
González Jara ha estado dos veces en el cargo, las dos por decisión de su primo político. En el 2019 renunció solo para ser candidato a Prefecto de Cotopaxi, pero perdió. Ya derrotado, volvió a ser designado Gobernador y allí sigue, sin conceder muchas entrevistas a los periodistas.
Héctor González Jara no es el único familiar de la Primera Dama en el sector público. También está el Gerente de la Empresa Eléctrica de Cotopaxi, José Alberto Semanate Noroña, quien está casado con Paulina González, otra prima de Rocío González. Y a la vez, el Director Regional de la Contraloría, Iván Andrade Hidalgo, está casado con Ruth Angélica González Jara, prima de la esposa del Presidente. “No hay derecho, no es justo. Mientras a los profesores nos deben dos meses de sueldo, los parientes del Presidente están muy bien ubicados y con buenos cargos”, reclamaba el pasado 18 de agosto frente a la Gobernación de Cotopaxi el profesor Luis Rivera.
No solo en Cotopaxi la Primera Dama tiene autoridades con parentesco. En enero de 2019, Ecuador recibió con sorpresa la noticia de que la jurista María del Carmen Maldonado, ex jueza de la Corte Constitucional en el gobierno de Correa, y quien había seguido las directrices políticas de ese régimen, ahora estaba al frente del Consejo de la Judicatura, el organismo que controla y sanciona las actuaciones de todos los jueces y fiscales del país. Lo que no se dijo es que la Primera Dama y María Maldonado son concuñadas.
A nadie le importó demasiado esta cercanía familiar. Hasta que en septiembre de 2019, tres abogados denunciaron que Diego Molina Restrepo, esposo de la presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, les había pedido USD 120.000 a cada uno para conseguirles el nombramiento de Notario en Quito. Y que ellos estuvieron dispuestos a pagar e hicieron un adelanto de USD 60.000 cada uno, dinero que fue entregado a Christian Ramírez, delegado de Molina Restrepo, según relatan. El asunto fue que, según los denunciantes, nunca se les entregó el cargo ofrecido ni tampoco se les devolvió el dinero pagado. Se sentían estafados.
La presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, reaccionó de inmediato: convocó a una rueda de Prensa y dijo que todo se trataba de un pasquín, que las firmas de los supuestos denunciantes habían sido falsificadas. Pero la Fiscal General Diana Salazar abrió una investigación y llamó a declarar a Maldonado y a su esposo, versiones que fueron rendidas el 28 de diciembre pasado. Desde entonces, no se ha sabido nada más, pues la indagación sigue siendo reservada. La concuñada de la Primera Dama ha continuado ejerciendo su complicado cargo.
EL CASO IRINA Y SU INFLUYENTE YERNO
Al Presidente Lenin Moreno se le hizo difícil hacer público el anuncio sobre la salida de su hija, Irina Moreno González, del cargo diplomático que mantuvo como Consejera de la Misión de Ecuador ante la ONU en Nueva York, con un sueldo mensual cercano a los 8 mil dólares. La hija del Presidente llegó a esta representación en 2014, primero en Ginebra, Suiza, acompañando a su padre que había sido designado por la ONU en la función honorífica para las Discapacidades, con todos los gastos pagados por el Estado ecuatoriano y la decisión tomada por el gobierno de Correa.
Cuando Moreno decidió correr por la Presidencia, su hija pidió el cambio a Nueva York y se lo dieron. Moreno ganó la Presidencia y su hija siguió en el cargo hasta que, a fines de mayo de 2020, el Presidente informó que su hija había decidido renunciar. Esto ocurrió luego de que se dieran fuertes críticas al cargo de su hija y a su generoso sueldo en plena crisis económica -en sus 6 años en el cargo, se le pagó USD 570.000-. El último intento para justificar el cargo de Irina Moreno lo hizo el ex Canciller José Valencia, quien calificó como bueno el trabajo que la joven realizaba en las Naciones Unidas. Fue un intento vano porque ella se fue, al igual que el Canciller, quien renunció un mes después.
Otra de las hijas del Presidente, Cristina, hizo noticia en las páginas sociales a inicios de 2013. Fue por su matrimonio realizado en la patrimonial iglesia de La Compañía, en Quito, con el joven ingeniero agrónomo guayaquileño Juan Enrique Rodríguez Malo. Del yerno del Presidente se tuvo noticias posteriormente en 2016, cuando se reveló que una empresa suya había ganado un contrato público por USD 1,6 millones para limpiar unidades de Policía. El asunto no levantó mucho polvo ni fue ningún obstáculo para la campaña presidencial de Moreno, que consiguió un triunfo sobre Guillermo Lasso, que acusó de fraude en las elecciones de 2017.
El joven yerno, Juan Enrique Rodríguez Malo , tendría una fuerte influencia en la designación de funcionarios públicos, según un audio filtrado al medio digital La Fuente, en el que habla Santiago Cuesta Caputi, entonces asesor presidencial de Lenin Moreno. En ese audio, Cuesta dice que Rodríguez Malo ha puesto al director de la Agencia de Regulación y Control Sanitario, una importante oficina del gobierno que aprueba la importación y venta de insumos médicos y medicinas en Ecuador. Buscamos una entrevista con el yerno del presidente, sin una respuesta positiva. La Historia intentó contactar sin éxito a Rodríguez Malo para consultarle sobre lo que se ha publicado respecto a él y su supuesta influencia en el gobierno de su suegro.
La influencia del yerno en el gobierno es un hecho real, dice el periodista Fernando Villavicencio, autor de la investigación Arroz Verde, con la que condenaron a 8 años de cárcel por cohecho al ex presidente Correa y a 19 procesados más. Para muestra pone otro botón: la designación de María de Lourdes Rodríguez Malo, hermana del yerno del Presidente, como funcionaria de la embajada de Ecuador en Madrid, España. Y pide prestar también atención a la relación societaria del yerno Rodríguez Malo con el español Emilio Torres Copado, quien fue el vendedor del departamento en Alicante para la empresa Ina, lo que ahora está en investigación por la Fiscalía.
Lenin Moreno no ha dicho que hará después que entregue el poder el próximo 24 de mayo de 2021. Pero lo cierto es que con una aceptación de apenas el 6% de la población, según las últimas encuestas, el futuro está marcado como para un retiro definitivo de la política. Serán 14 años de un vertiginoso paso por el poder que cambiaron su vida y la de los suyos, sin habérselo propuesto siquiera. Ese niño que nació en medio de la selva amazónica solo pretendía jugar con las serpientes.
Este reportaje fue realizado por La Historia en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ) en alianza con CONNECTAS.
El Asambleísta Raúl Tello sostuvo en Radio Rumba el 25 de enero de 2019: “Desde cuándo recomendar es gestionar un cargo” y entonces pasó a recomendar en la provincia de Pastaza algunos puestos para sus amigos y amigas, parientes.
A su cuñada, María Cecibel Ponce, casada con Franklin Tello Benalcázar, su hermano, la recomendó para dirigir el Ministerio del Ambiente en Pastaza.
No estuvo mucho tiempo en gestión, pero de inmediato fue reemplazada por Edgardo Mena, quien tampoco negó ser muy “amigo desde la juventud con Raúl Tello”.
El asambleísta Tello reconoce que amigos suyos ocupan cargos públicos en Pastaza, porque, según él, es amigo de casi todos, o al menos del 80% de la población de esa localidad.
“Es normal que aquello ocurra porque yo vivo en una provincia pequeña y todos o casi todos los funcionarios son mis amigos”. “Si lo relacionan con el tema de la amistad es difícil…porque yo soy amigo de medio mundo aquí y además soy político”, dice. “El hecho de que mis amigos ocupen determinados cargos no significa que ellos hayan ingresado por alguna gestión de mi parte, bajo ningún punto de vista”, agrega.
Y añade: “de los que usted me nombra (…) ahí faltan en el listado algunos que son mis amigos. La propia gobernadora es mi amiga, el director del IESS es mi amigo, la directora del hospital del IESS es mi amiga”, dice Tello.
El legislador amazónico, otrora radical de izquierda, obtuvo más espacio de gestión al integrar el bloque parlamentario BADI, liderado por el también amazónico Eliseo Azuero, a quien se lo responsabiliza del acuerdo para la designación de René Tamayo, exdirector del SECOB, ahora detenido por el escándalo de corrupción del hospital de Pedernales.
Frente al escándalo del gran reparto de hospitales e instituciones públicas a asambleístas y otras autoridades, Tello destaca que como legislador siempre se mostró crítico del Gobierno y asegura que “jamás” ha tenido vínculos o compromisos con el Gobierno ni ha gestionado ningún tipo de beneficio para él o sus cercanos.
Dice que en el caso de su cuñada María Cecibel Ponce tampoco tuvo nada que ver, pues según Tello, ella obtuvo ese cargo por una “relación de amistad con un subsecretario”.
LOS JUICIOS POLÍTICOS DE TELLO
Raúl Tello es el legislador que más juicios políticos ha planteado. Al inicio de su gestión ya lo llamó al ex Superintendente de Bancos Christian Cruz, después lo hizo con Gustavo Jalkh, expresidente de la judicatura, también al ex Procurador Diego García, al Defensor Público Ernesto Pazmiño.
Ahora mismo está pidiendo juicio político al Ministro Richard Martínez. También y por dos veces consecutivas el Asambleísta Raúl Tello, pidió juicio político en contra de Diana Atamaint y las autoridades del CNE.
En lugar de continuar con el juicio político a Diana Atamaint y CNE, Raúl Tello prefirió continuar con su estilo de no gestionar cargos públicos sino recomendar personas.
Recomendó entonces a Martha Cox para que cumpla con la dirección del CNE en Pastaza; ella fue posesionada el 14 de agosto de 2019 .
“Me parece algo totalmente fuera de lugar, yo no he tenido ninguna decisión en el tema de alguien del Consejo Electoral que me pueda vincular con ningún compromiso, ninguna decisión, ninguna gestión trascendente como legislador que me permita tramitar una cuestión de esas”, dijo Tello cuando este medio le preguntó sobre la funcionaria Cox.
LOS RECOMENDADOS AMIGOS DE TELLO
Martha Cox fue por muchos años su co-idearia; es madre de Brenda Guillén Cox, alterna de Richard Falconí, concejal del Cantón Pastaza por la lista 61-6, (de Tello) y ex asesor del asambleísta.
Desde aquel entonces, Raúl Tello no es más crítico de la gestión del CNE y Diana Atamaint sino su defensor como lo manifestó en el curso del juicio político planteado por Jeannine Cruz y legisladores de CREO a inicios de este año, cuando pasó de crítico a defensor de la gestión del órgano electoral.
En su propósito de “seguir recomendando” personas que ocupen cargos públicos, en Pastaza ubicó también a otro “amigo de toda la vida”, Juan Carlos López en la Dirección Provincial de Educación de Pastaza.
Él debía firmar “la comisión de servicios” para que Narcisa Arboleda, esposa de Jaime Guevara, Prefecto y aliado de Tello, no renuncie a su cargo de maestra pese a que la Ley no le permitía otra comisión de servicios sin sueldo, al haber agotado plazos al paso de su esposo Jaime Guevara, en su primera y segunda administración como Prefecto.
Ese tema lo resolvería el amigo de Raúl Tello, como estipendio al Prefecto por haberlo patrocinado electoralmente. Raúl Tello, desde su militancia en el MPD, ha estado cerca del sector educativo y ahora está más cerca aún con su “recomendado”.
Raúl Tello también ha recomendado a cinco amigos suyos, para colocarlos en la legislatura, más allá de la cuota normal de los legisladores. Ellos son: Constante Altamirano Jaime Eduardo, Colala Peñarreta Eduardo Efraín, Montero Mariño Segundo Manuel, Arboleda Sanabria Patricio Jovanni y Pozo Carabajo Angel Vladimir.
Todos fueron recomendados por el Asambleísta Raúl Tello, inmediatamente después de su desempeño en el juicio a José Carlos Tuarez, ex del Consejo de Participación Ciudadana.
Y, aunque el asambleísta reconoce que “hay unos nombres que pertenecen a la comisión mía”, asegura que en ningún momento propuso esos nombres.
El Contralor General del Estado, fue convocado en varias oportunidades por Raúl Tello, al seno de la Asamblea Nacional. Seguramente en cualquiera de esos momentos supo recomendar a su esposa Vilma del Rocío Espinosa Cabrera, para que le eleven su cargo a “Experta Supervisora de la Contraloría General del Estado”, delegación Pastaza.
Antes, Vilma del Rocío había trabajado con Andrés Erazo, esposo de la ex-asambleísta de Manabí por AP Anny Marllely Vásconez Arteaga. Andrés Erazo, un policía en grado de Capitán en aquel entonces, pidió licencia para trabajar en la SENAIN y es ahí donde fue jefe temporal de la esposa de Tello, hasta que ella ascendió a Directora Administrativa.
En tiempos de Pablo Romero, Vilma del Roció llevaba las cuentas de la SENAIN. Se desvinculó en 2013 y pasó a trabajar en la Contraloría en condición de Auditora General Interna de los gobiernos autónomos descentralizados, hasta hace algunos meses que por recomendación de Raúl Tello y la anuencia de Pablo Celi, pasó a ser “Experta Supervisora de la Contraloría”.
Pablo Celi solicitó en junio de 2019 que en el plazo de 6 meses, la Contraloría delegación Pastaza, entregue un informe sobre la actuación de los consejeros provinciales en relación a la legalidad de actuación de Jaime Guevara, Prefecto, cuestionado por tener una sentencia de última instancia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
TELLO GRITA, AMENAZA, PRESIONA Y CONSIGUE
Estamos justo a un año y esa resolución no llega; no sale porque “el asambleísta Tello grita, amenaza, presiona y consigue”, ha dicho en una emisora local el Asambleísta Henry Moreno.
Tello, por su parte, insiste que su relación con el prefecto es exclusivamente política.
Jaime Guevara sigue ejerciendo de Prefecto Provincial de Pastaza, gracias a las omisiones de la Contraloría, también el silencio de Pablo Celi, quien delegó a funcionarios de la zonal de Ambato el tratamiento del tema cuando despedía de su despacho a Cumandá Guevara, Viceprefecta de la provincia.
“No se preocupe” le dijo “Jaime Guevara ejerce ilegalmente la Prefectura de Pastaza”. De eso ya también es un año.
Un año ya que la Contraloría camina con pies de plomo y nada dice que obrará para hacer valer las dos destituciones que perpetró contra Jaime Guevara a fines de 2013.
La Contraloría también “se ha olvidado” de darle seguimiento a la glosa por $ 130.023, 37 que en el año 2014 fue ratificada por el Ing. Paúl Noboa León, a nombre del Contralor General del Estado.
Ahora, de vuelta al Tribunal Contencioso Administrativo, a fines de 2019, dicha glosa prácticamente está desvanecida, (El Tribunal ha declarado la nulidad de la glosa), pero no porque se ha resuelto el motivo, sino porque la Contraloría no supo darle el correspondiente seguimiento.
Pese a que existe otra instancia jurídica, la casación, Tello dará por descontado que el órgano contralor mirará para otro lado…
Entre los hechos de corrupción develados en la pandemia del Covid 19 sobresale la entrega de 3.000 carnés de discapacidad de manera ilegal. Ese documento, que desde 2013 es entregado por el Ministerio de Salud Pública, representa importantes beneficios: exoneración de tributos en la importación de vehículos, rebajas en servicios básicos, devolución del impuesto al valor agregado (IVA).
El carné además otorga puntos en caso de postulaciones a concursos, asensos y nombramientos en la función pública y permite la jubilación anticipada por discapacidad.En julio pasado, José Martínez, director del sistema de pensiones del IESS alertó sobre el crecimiento inusual de jubilaciones por discapacidad e indicó que encontraron casos que no cumplían con los requisitos para la jubilación.
El escándalo de los carnés salpicó a asambleístas, jueces, ministros, gobernadores, abogados, médicos y hasta deportistas. El portal La Historia reveló que los asambleístas Marcia Arregui (mencionada en el reparto de hospitales en Manabí), Fabricio Villamar e Israel Cruz tenían el documento.
El periodista Fernando Villavicencio del portal PeriodismodeInvestigacion.com también recibió varias denuncias sobre el tema y las hizo públicas por redes sociales. Una de ellas mencionó al médico de la provincia del Cañar Juan Quevedo Abad.
Villavicencio escribió varios mensajes sobre el caso en la red social Twitter. En uno indicó: “En Azogues, el médico Juan Fernando Quevedo Abad, su hermano y varios miembros de su familia tienen carnés de discapacitados, han importado vehículos y se han beneficiado de privilegios…”.
En Azogues, el médico Juan Fernando Quevedo Abad, su hermano y varios miembros de su familia tienen carnés de discapacitados, han importado vehículos y se han beneficiado de privilegios. Además se los vincula con la entrega de certificados a otras personas. pic.twitter.com/2GsISBUx0e
— Fernando Villavicencio (@VillaFernando_) July 4, 2020
Villavicencio mostró cuatro documentos del Servicio Nacional del Ecuador (Senae) que indican los porcentajes de discapacidad y el grado de exoneración de tributos de los familiares y allegados al médico. Este medio pudo confirmar que su hermano, Víctor Quevedo Abad, abogado de 60 años y su esposa Victoria Zalamea Landázuri de 62, tienen carnés de discapacidad con el 63% y el 41%, respectivamente. Además, René González Ochoa, cuñado de Victoria Zalamea, registra discapacidad del 40%. El cuñado de Juan Quevedo Abad, Juan Flores Vásquez, también tiene discapacidad del 60%.
El mismo Juan Fernando Quevedo Abad, de 57 años, tiene carné de discapacidad. El Senae señala que importó un vehículo el 12 de abril de 2018.
Por la publicación de ese tuit, Villavicencio fue demandado penalmente por el médico alegando injurias. La denunciada fue realizada el pasado 27 de julio en la Unidad Judicial Penal de Azogues.
Juan Fernando Quevedo Abad es un ginecólogo nacido en Cañar. Labora, según su perfil de LinkedIn, en el Hospital de Especialidades Médicas Clemed S.A. de Azogues, del que es accionista junto a otras 47 personas. También ha laborado en el sector público, como el Hospital General Homero Castanier.
El 5 de agosto de 2020 el juez de lo penal de Azogues, Ariel León Mendieta, admitió a trámite la denuncia en contra de Fernando Villavicencio.
Pero el juez Ariel León también fue mencionado por el portal PeriodismodeInvestigacion.com en la lista de jueces del Consejo de la Judicatura con discapacidad; él registra un grado de discapacidad visual del 65%. Así lo confirmó el reportaje “LOS JUECES CON CARNÉ DE DISCAPACIDAD” del 13 de julio de 2020.
Además, la esposa del juez, Bertha María Augusta Rodríguez Romero, quien hasta 2018, fue jueza de lo penal de Azogues, también tiene discapacidad del 75%.
Buscamos un pronunciamiento del médico Juan Fernando Quevedo para entender la razón de iniciar un proceso penal por temas de opinión, su abogado Diego Salamea respondió: “Lo que hemos hecho es una invitación jurídica para que él pruebe sus aseveraciones, que no son ciertas. (…) procesalmente hemos iniciado la acción para que, si el señor Villavicencio tiene pruebas las presente en el proceso y lógicamente se resuelva a través de la justicia”.
El abogado indicó que “no se trata de crear problemas, puede ser que el señor Villavicencio recibió una información que no estuvo contrastada con la realidad…”, dice refiriéndose a las denuncias.
Pero el trino emitido en esa red social por Villavicencio no refiere una denuncia y tampoco lo es: simplemente cuenta un hecho específico que se respaldó en documentos.
Sin embargo, el abogado confirmó que los hermanos Quevedo Abad sí tienen carnés y aunque dijo desconocer qué tipo de discapacidad tienen, señaló que los carnés fueron obtenidos legalmente, que no fueron adquiridos de la noche a la mañana, sino “en base a las situaciones médicas que tenemos y cuya hoja de vida e historia clínica nosotros hemos aportado procesalmente».
Además de los nombres publicados por Villavicencio este medio encontró que otros familiares de Juan Quevedo también tienen carnés. Por ejemplo, sus tíos, Flavio (80 años), Olga (84 años) -que importó un vehículo en marzo de 2018- y Edison Abad (93 años) registran discapacidad, según el Senae.Edison Abad es padre de los políticos Raúl y Ruth Abad Vélez. Raúl, un político de mucho peso en Cañar, fue asambleísta de esa provincia por Alianza PAIS. Su hermana ocupó el cargo de gobernadora.
Javier, Vicente y Homero Abad Salinas, primos de Juan Quevedo, también tienen carné de discapacidad. Los dos primeros, según el Senae tienen el 37% y 33%. Homero registra una importación de un vehículo el 10 de julio de 2018.
Lilia Molina, esposa de Vicente Abad Salinas, registra discapacidad del 40%. Este portal además encontró que Elva González Ochoa, hermana de René González Ochoa, también tiene discapacidad. En abril de 2019 importó un vehículo. César Zalamea Landázuri, hermano de Victoria, también registra un grado de discapacidad del 51%.
Respecto a que otros familiares de Juan Quevedo también poseen carnés de discapacidad, el abogado indicó que desconocía el tema, “realmente no sé, cada quién responde por sus actos, si hay familiares o no familiares… realmente cada uno justificará su condición médica”, indicó.
Apenas se enteró de la existencia del proceso penal, el 28 de agosto de 2020, Villavicencio a través de su abogado elevó una queja al Consejo de la Judicatura y solicitó observe el comportamiento ilegal del juez Ariel León Mendieta. El periodista sostiene que su domicilio es la ciudad de Quito, que no ha viajado a Azogues por más de 10 años, es decir cuestiona la jurisdicción donde se inició la causa, pese a que es de dominio público que, el demandado vive en Quito.
Además, revela que nunca fue notificado personalmente, se enteró por un medio de comunicación.En el texto, la defensa del periodista observa la violación a lo establecido en el artículo 76.7 de la Constitución, el numeral 3 del artículo 404 del COIP y el artículo 129 del Código Orgánico de la Función Judicial. Villavicencio señala además que el juez León debía excusarse de conocer el caso, por cuanto aparece vinculado en la investigación periodística de su autoría.
La petición del periodista fue conocida por el Subdirector Nacional de Transparencia del CNJ, Feliciano Azuero (hermano del exdiputado prófugo Eliseo Azuero),quien también fue señalado en el reportajeEl Gran Reparto, publicado por Fernando Villavicencio. Feliciano, ocultó deliberadamente el requerimiento durante más de un mes, vulnerando el debido proceso y los derechos humanos del comunicador.
El Ecuador aún no termina de adecuar las leyes a los estándares internacionales que protegen la libertad de expresión. “No se puede a nombre de la honra perseguir a un ciudadano crítico”, dijo la asambleísta Jeaninne Cruz, cuando se debatía la propuesta del Ejecutivo de cambiar la pena por delitos contra la honra por labor social.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos insta a “abstenerse de usar el derecho penal para silenciar las voces críticas”. El organismo llama a los Estados a “derogar las leyes que consagran el desacato y la difamación criminal en casos que involucran el interés público, modificar las leyes penales ambiguas o imprecisas que limitan la libertad de expresión, e incorporar los estándares interamericanos a la legislación civil de manera tal de que los procesos civiles adelantados contra personas que han hecho declaraciones sobre asuntos de interés público apliquen el estándar de la real malicia, de conformidad con lo dispuesto en el principio 10 de la Declaración de Principios de la Libertad de Expresión de la CIDH, y que resulten proporcionales y razonables”.
La CIDH impulsa la promulgación de leyes y acciones civiles “que garanticen el derecho de rectificación o respuesta. En este sentido, el Estado garantiza la protección de la vida privada de todos los individuos sin hacer un uso abusivo de sus poderes coactivos para reprimir la libertad individual de formarse opinión y expresarla”.
El develamiento del uso irregular de carnés de discapacidad del operador de la corrupción en el reparto de los hospitales, el atlético Daniel Salcedo, junto a su novia y varios amigos, abrió un debate acalorado en Ecuador porque es el hecho mas concreto y cercano que la sociedad ha digerido sobre la corrupción.
Luego apareció el caso del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Christian Cruz, tiene 81% de discapacidad visual y auditiva.
En ese contexto contar públicamente la historia de un médico y su familia, buena parte de ellos con carné de discapacidad, no es un error y mucho menos una denuncia o acusación.
Hoy este dilatado proceso judicial podría resolverse con la presentación del peritaje de Jimmy Ricardo Franco, que establece que 
a las fórmulas establecidas por la Corte en 2014, e hizo referencia a un peritaje privado realizado por el economista Walter Spurrier que señala que Holcim debe pagar solo $3 millones.
Moreno no registró ninguna casa propia en las primeras declaraciones juramentadas de bienes que presentó apenas asumió como Vicepresidente de la República. En esos documentos consta el pequeño patrimonio que hasta entonces había conseguido: tres terrenos en el cantón Tena, provincia de Napo, en el Oriente ecuatoriano, el más valioso avaluado en menos de tres mil dólares; otro terreno con usufructo vitalicio ubicado en la parroquia Tababela de Quito, valorado en 15 mil dólares; y lo que es tal vez el lujo más grande hasta ese momento, una membresía que costó 10 mil dólares para el club Casa Blanca ubicado en Same, una bella playa de la provincia de Esmeraldas. Nada más.
El asambleísta Tello reconoce que amigos suyos ocupan cargos públicos en Pastaza, porque, según él, es amigo de casi todos, o al menos del 80% de la población de esa localidad.
Martha Cox fue por muchos años su co-idearia; es madre de Brenda Guillén Cox, alterna de Richard Falconí, concejal del Cantón Pastaza por la lista 61-6, (de Tello) y ex asesor del asambleísta.
Estamos justo a un año y esa resolución no llega; no sale porque 
Juan Fernando Quevedo Abad
